Accidentes Del Trabajo Tomo I Ok

TIRO

RETIRO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ACCIDENTES DEL TRABAJO

MUERTE Y LESIONES LEVES

Tomo I Tomo I MUERTE Y LESIONES LEVES

ACCIDENTES DEL TRABAJO TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

RETIRO

La Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito. ADVERTENCIA ACCIDENTE DEL TRABAJO TOMO I © LEGAL PUBLISHING CHILE 2012 Legal Publishing Chile • Miraflores 383, piso 10, Santiago, Chile • Teléfono: 510 5000 • www.legalpublishing.cl ISBN Obra Completa 978 - 956 - 346 - 166 - 4 Registro de Propiedad Intelectual Nº 214.653 • I.S.B.N. 978 - 956 - 346 - 167 - 1 1ª edición marzo 2012 Legal Publishing Chile Tiraje: 500 ejemplares Impresores: CyC Impresores - San Francisco 1434, Santiago IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ACCIDENTE DEL TRABAJO TOMO I © LEGAL PUBLISHING CHILE 2012 Legal Publishing Chile • Miraflores 383, piso 10, Santiago, Chile • Teléfono: 510 5000 • www.legalpublishing.cl ISBN Obra Completa 978 - 956 - 346 - 166 - 4 Registro de Propiedad Intelectual Nº 214.653 • I.S.B.N. 978 - 956 - 346 - 167 - 1 1ª edición marzo 2012 Legal Publishing Chile Tiraje: 500 ejemplares Impresores: CyC Impresores - San Francisco 1434, Santiago IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE ADVERTENCIA La Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito.

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I

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Página PRÓLOGO..........................................................................................................................

XIII

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ......................................................................... a. El hecho de citar normas de responsabilidad contractual, en un caso de responsabilidad extracontractual, no genera una falta de idoneidad. b. Es facultad imperativa de los tribunales señalar cuál es el derecho que resuelve el conflicto. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Al no existir parámetros en la legislación para determinarlo, por lo tanto, es discrecional debiendo regularse prudencialmente por el juez b. Para establecer el quántum debe considerarse que la cónyuge estaba separada hace ocho años y que los hijos, mayores de edad, no vivían con su padre a la época del accidente. III. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No corresponde otorgarla a la cónyuge, porque no sufrió daño patrimonial, puesto que recibe pensión de los organismos de seguridad social. b. Impide otorgarla, el hecho que el organismo administrador pueda repetir contra el empleador responsable del accidente, puesto que estaría siendo doblemente gravado a un mismo pago.

5

FICHA Nº 2

FICHA Nº 1 I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB ...................................... a. Tiene el carácter de obligación legal b. Le corresponde al empleador probar que lo cumplió para eximirse de responsabilidad c. La ausencia de medidas de prevención genera culpa del empleador II. SUMARIO SANITARIO a. Su sobreseimiento no exime de responsabilidad civil b. Decisión del Seremi de Salud no obliga a los Tribunales de Justicia

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I. DEBER DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB ...................................... a. Tiene el carácter de obligación legal b. Le corresponde al empleador probar que lo cumplió para eximirse de responsabilidad c. La ausencia de medidas de prevención genera culpa del empleador II. SUMARIO SANITARIO a. Su sobreseimiento no exime de responsabilidad civil b. Decisión del Seremi de Salud no obliga a los Tribunales de Justicia

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FICHA Nº 1

FICHA Nº 2

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

I.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ......................................................................... a. El hecho de citar normas de responsabilidad contractual, en un caso de responsabilidad extracontractual, no genera una falta de idoneidad. b. Es facultad imperativa de los tribunales señalar cuál es el derecho que resuelve el conflicto. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Al no existir parámetros en la legislación para determinarlo, por lo tanto, es discrecional debiendo regularse prudencialmente por el juez b. Para establecer el quántum debe considerarse que la cónyuge estaba separada hace ocho años y que los hijos, mayores de edad, no vivían con su padre a la época del accidente. III. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No corresponde otorgarla a la cónyuge, porque no sufrió daño patrimonial, puesto que recibe pensión de los organismos de seguridad social. b. Impide otorgarla, el hecho que el organismo administrador pueda repetir contra el empleador responsable del accidente, puesto que estaría siendo doblemente gravado a un mismo pago.

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PRÓLOGO..........................................................................................................................

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Página I

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FICHA Nº 3 7

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FICHA Nº 5

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II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No sirve de fundamento para otorgarla, el proyectar la remuneración de la víctima al momento de su fallecimiento durante su vida laboral útil, puesto que ello es aleatorio y falto de certeza. b. Para que ésta se otorgue debe probarse que ha existido un daño patrimonial. 8

FICHA Nº 4

II. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS a. Las acciones u omisiones de sus órganos son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente.

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FICHA Nº 6

II

ÍNDICE

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Página

INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ................................................................................ a. Para probarlo no basta la prueba testimonial, se requieren pericias médicas o antecedentes médicos que indiquen el estado de salud y eventual expec tativa de vida de la víctima.

FICHA Nº 3

I.

I.

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INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. Carácter de su indemnización (no es reparario sino un medio para paliar el dolor sufrido). b. Regulación debe ceñirse a los principios de equidad y prudencia del juzgador. c. Valoración pecuniaria debe considerar la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. d. Indemnización no puede constituir fuente de enriquecimiento injusto.

DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB ............................................................. a. La empresa no puede eludir su cumplimiento en razón que el trabajador se encontraba bajo la influencia del alcohol. b. La imprudencia del trabajador genera una rebaja del 50% del monto de la indemnización.

I.

FICHA Nº 5

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. Es de origen extracontractual, puesto que se trata de una víctima indirecta que demanda el daño por repercusión. b. El hecho que no exista vínculo contractual entre las partes genera que la acción sea cuasidelictual. c. El fundamento legal para su otorgamiento descansa en la responsabilidad extracontractual.

II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No sirve de fundamento para otorgarla, el proyectar la remuneración de la víctima al momento de su fallecimiento durante su vida laboral útil, puesto que ello es aleatorio y falto de certeza. b. Para que ésta se otorgue debe probarse que ha existido un daño patrimonial.

I.

I.

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. Es de origen extracontractual, puesto que se trata de una víctima indirecta que demanda el daño por repercusión. b. El hecho que no exista vínculo contractual entre las partes genera que la acción sea cuasidelictual. c. El fundamento legal para su otorgamiento descansa en la responsabilidad extracontractual.

DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB ............................................................. a. La empresa no puede eludir su cumplimiento en razón que el trabajador se encontraba bajo la influencia del alcohol. b. La imprudencia del trabajador genera una rebaja del 50% del monto de la indemnización.

FICHA Nº 4 I.

II. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS a. Las acciones u omisiones de sus órganos son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente.

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. Carácter de su indemnización (no es reparario sino un medio para paliar el dolor sufrido). b. Regulación debe ceñirse a los principios de equidad y prudencia del juzgador. c. Valoración pecuniaria debe considerar la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. d. Indemnización no puede constituir fuente de enriquecimiento injusto.

FICHA Nº 6

I.

I.

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INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ................................................................................ a. Para probarlo no basta la prueba testimonial, se requieren pericias médicas o antecedentes médicos que indiquen el estado de salud y eventual expec tativa de vida de la víctima.

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Página FICHA Nº 7 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 16.744 ................................................................... a. Los trabajadores del sector público están sujetos a dicha ley en los mismos términos que aquellos del sector privado, incluso en los casos de robo, asalto u otra forma de violencia delictual. II. CONCEPTO DE CULPA a. Consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, en una negligencia. III. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. La empleadora cumplió su deber puesto que tomó todas aquellas medidas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. b. Se debe considerar las características del lugar de trabajo y la naturaleza de los servicios que otorga el lugar donde se desempeñaba la trabajadora.

I.

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FICHA Nº 8 I.

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. El dueño de la obra responde subsidiariamente de las obligaciones laborales y previsionales que afectan a los contratistas y subcontratistas. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ................................................................................ a. Para determinarla no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima, ya que existen numerosas eventualidades que por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. b. Ante la ausencia de petición subsidiaria, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder otorgarse otra, más ajustada al mérito del proceso. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Los hechos que causaron la muerte del trabajador son motivo suficiente para producirles daño que da lugar a esta indemnización.

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FICHA Nº 9 I.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ......................................................................... a. La naturaleza de la reparación que se origina entre el empleador y un tercero relacionado con la víctima del accidente es de índole extracontractual. b. Se trata de un tercero sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. II. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO a. En los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo, se excepciona la responsabilidad extracontractual.

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I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ......................................................................... a. La naturaleza de la reparación que se origina entre el empleador y un tercero relacionado con la víctima del accidente es de índole extracontractual. b. Se trata de un tercero sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. II. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO a. En los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo, se excepciona la responsabilidad extracontractual.

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FICHA Nº 9 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. El dueño de la obra responde subsidiariamente de las obligaciones laborales y previsionales que afectan a los contratistas y subcontratistas. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ................................................................................ a. Para determinarla no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima, ya que existen numerosas eventualidades que por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. b. Ante la ausencia de petición subsidiaria, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder otorgarse otra, más ajustada al mérito del proceso. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Los hechos que causaron la muerte del trabajador son motivo suficiente para producirles daño que da lugar a esta indemnización.

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FICHA Nº 8 I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 16.744 ................................................................... a. Los trabajadores del sector público están sujetos a dicha ley en los mismos términos que aquellos del sector privado, incluso en los casos de robo, asalto u otra forma de violencia delictual. II. CONCEPTO DE CULPA a. Consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, en una negligencia. III. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. La empleadora cumplió su deber puesto que tomó todas aquellas medidas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. b. Se debe considerar las características del lugar de trabajo y la naturaleza de los servicios que otorga el lugar donde se desempeñaba la trabajadora.

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FICHA Nº 7 Página ÍNDICE

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25 28 37 53 62 78 88 102 119 129 141

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ANEXO DE JURISPRUDENCIA 21

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FICHA Nº 11 FICHA Nº 10 Página IV

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25 28 37 53 62 78 88 102 119 129 141

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ROL N°: 676-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/12491/2010 .............................................. ROL N°: 6806-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/11950/2010........................................... ROL N°: 8469-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/5554/2010 ........................................... ROL N°: 4601-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7233/2006 ........................................... ROL N°: 3980-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7231/2006 ........................................... ROL N°: 2852-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/7230/2006 .......................................... ROL N°: 1243-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7229/2006 ........................................... ROL N°: 691-2004, CITA ONLINE: CL/JUR/3926/2004 ............................................. ROL N°: 2610-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/2742/2004 ........................................... ROL N°: 13-2000, CITA ONLINE: CL/JUR/2366/2000 ............................................... ROL N°: 98-2000, CITA ONLINE: CL/JUR/3024/2000 ..............................................

I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. La responsabilidad del dueño de la obra empresa o faena es subsidiaria y no solidaria. b. Es un requisito de procesabilidad que la acción deba dirigirse contra el contratista y el dueño de la obra. II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE CONVIVIENTE a. Nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tan es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. b. El artículo 69, letra b) de la ley Nº 16.744, dispone que las personas a quienes el accidente cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho.

ANEXO DE JURISPRUDENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ......................................................................... a. Las indemnizaciones que se generan del incumplimiento del deber de protección tienen un origen contractual. b. Son los Juzgados de Letras del Trabajo los llamados a conocer las acciones que se deducen por infracción al deber de protección y seguridad.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ......................................................................... a. Las indemnizaciones que se generan del incumplimiento del deber de protección tienen un origen contractual. b. Son los Juzgados de Letras del Trabajo los llamados a conocer las acciones que se deducen por infracción al deber de protección y seguridad.

FICHA Nº 11 I.

ROL N°: 676-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/12491/2010 .............................................. ROL N°: 6806-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/11950/2010........................................... ROL N°: 8469-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/5554/2010 ........................................... ROL N°: 4601-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7233/2006 ........................................... ROL N°: 3980-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7231/2006 ........................................... ROL N°: 2852-2005, CITA ONLINE: CL/JUR/7230/2006 .......................................... ROL N°: 1243-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/7229/2006 ........................................... ROL N°: 691-2004, CITA ONLINE: CL/JUR/3926/2004 ............................................. ROL N°: 2610-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/2742/2004 ........................................... ROL N°: 13-2000, CITA ONLINE: CL/JUR/2366/2000 ............................................... ROL N°: 98-2000, CITA ONLINE: CL/JUR/3024/2000 ..............................................

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. La responsabilidad del dueño de la obra empresa o faena es subsidiaria y no solidaria. b. Es un requisito de procesabilidad que la acción deba dirigirse contra el contratista y el dueño de la obra. II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE CONVIVIENTE a. Nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tan es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. b. El artículo 69, letra b) de la ley Nº 16.744, dispone que las personas a quienes el accidente cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho.

I.

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FICHA Nº 10

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ÍNDICE

V

Página ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES I.

FICHA Nº 1

ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD ................................................ a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último.

155

FICHA Nº 4

I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. No basta un cumplimiento meramente formal, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido. b. La ausencia de un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones sumado a la ausencia de implementos de seguridad generan la negligencia de la demandada.

149

FICHA Nº 2 I.

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. La empresa mandante al contratar a otra (empleadora directa) para rea lizar labores especializadas que no son propias de su giro queda liberada de la responsabilidad solidaria. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Forma parte de éste, el deber de informar al trabajador los riesgos del trabajo y qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo.

151

FICHA Nº 3 I.

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. La responsabilidad inmediata del mandante se traduce en que debe cumplir con el deber de protección y seguridad no sólo en términos formales sino que se le exige eficacia en las medidas adoptadas. b. La responsabilidad directa de la empresa mandante sólo significa que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales. c. Los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información, no de las obligaciones de protección de la empresa mandante.

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I.

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. La responsabilidad inmediata del mandante se traduce en que debe cumplir con el deber de protección y seguridad no sólo en términos formales sino que se le exige eficacia en las medidas adoptadas. b. La responsabilidad directa de la empresa mandante sólo significa que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales. c. Los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información, no de las obligaciones de protección de la empresa mandante.

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FICHA Nº 3 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. La empresa mandante al contratar a otra (empleadora directa) para rea lizar labores especializadas que no son propias de su giro queda liberada de la responsabilidad solidaria. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Forma parte de éste, el deber de informar al trabajador los riesgos del trabajo y qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo.

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FICHA Nº 2 I.

FICHA Nº 4

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. No basta un cumplimiento meramente formal, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido. b. La ausencia de un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones sumado a la ausencia de implementos de seguridad generan la negligencia de la demandada.

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FICHA Nº 1

I.

ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD ................................................ a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES Página ÍNDICE

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FICHA Nº 8 160

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FICHA Nº 7

FICHA Nº 6 158

FICHA Nº 6 160

d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD a. No basta contar con Comité Paritario, otorgar elementos de protección o realizar charlas de capacitación si no se cuenta con un procedimiento de trabajo seguro.

FICHA Nº 8 162

VI

ÍNDICE

RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO ................................................................. a. El empleador acreditó correctamente el cumplimiento del deber de seguridad.

Página

I.

FICHA Nº 5

DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB ............................................................. a. El empleador no tomó las medidas necesarias: aseo estricto, puertas cerradas, ni instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio. b. Falta de eficiencia en el cumplimiento del deber puesto que la jefa directa no informó al prevencionista de riesgo, ni adoptó medidas tendientes a averiguar lo sucedido. c. Existencia de culpa levísima del empleador en el cumplimiento de su obligación legal.

157

I.

I.

FICHA Nº 7

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL .................................................................................. a. Debe considerarse que el trabajador tuvo que alterar su versión al recibir las primeras atenciones, tuvo que tratarse en el sistema público de salud y después de un año de ocurrido el accidente y, luego de recabar pruebas, logró cobertura definitiva de las secuelas.

ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR ............................................................... a. Puesto que gozar de la vida e integridad física y psíquica es una condición previa para disfrutar el derecho de propiedad, el empleador debe responder de culpa levísima. b. La adecuada prevención de accidentes forma parte de la totalidad de actividades que el empleador debe desarrollar dentro de su giro social. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Lo futuro del daño no impide su determinación, por lo tanto, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo. b. La proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento real mente producido que se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor.

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I.

I. ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR ............................................................... a. Puesto que gozar de la vida e integridad física y psíquica es una condición previa para disfrutar el derecho de propiedad, el empleador debe responder de culpa levísima. b. La adecuada prevención de accidentes forma parte de la totalidad de actividades que el empleador debe desarrollar dentro de su giro social. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Lo futuro del daño no impide su determinación, por lo tanto, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo. b. La proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento real mente producido que se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor.

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL .................................................................................. a. Debe considerarse que el trabajador tuvo que alterar su versión al recibir las primeras atenciones, tuvo que tratarse en el sistema público de salud y después de un año de ocurrido el accidente y, luego de recabar pruebas, logró cobertura definitiva de las secuelas.

I.

I.

DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB ............................................................. a. El empleador no tomó las medidas necesarias: aseo estricto, puertas cerradas, ni instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio. b. Falta de eficiencia en el cumplimiento del deber puesto que la jefa directa no informó al prevencionista de riesgo, ni adoptó medidas tendientes a averiguar lo sucedido. c. Existencia de culpa levísima del empleador en el cumplimiento de su obligación legal.

d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD a. No basta contar con Comité Paritario, otorgar elementos de protección o realizar charlas de capacitación si no se cuenta con un procedimiento de trabajo seguro. FICHA Nº 5

RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO ................................................................. a. El empleador acreditó correctamente el cumplimiento del deber de seguridad.

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I.

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VII

Página b. El siniestro se debió a causas no imputables al empleador (cruce de animal en la vía pública). c. No se verificó el requisito de causalidad. FICHA Nº 9

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184............................................................. a. Existe relación de causalidad entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el trabajador. b. Medidas de seguridad no fueron efectivas ni eficaces. c. Falta del deber de cuidado y protección que la ley le exige al empleador. II. INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE a. Para que se otorgue debe acreditarse que se dejó de percibir determinados ingresos como consecuencia de una lesión física. b. No existió merma en sus ingresos si recibió la cobertura que otorga la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. El empleador debe adoptar acciones destinadas a llenar de contenido dichos deberes básicos. b. No se tomaron todas las medidas necesarias puesto que no existía comité paritario, ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor ni existía una supervigilancia de los trabajos.

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168

FICHA Nº 12 I.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ............................................................................ a. Debe responder el demandado, aunque no sea el empleador, del mal estado del lugar que tiene a su cargo b. Se exime de responsabilidad al empleador puesto que cumplía debidamente con su deber de protección y seguridad y el recinto no estaba a su cargo.

FICHA Nº 10

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FICHA Nº 11

INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ................................................................................ a. Es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca. b. No procede la indemnización si el trabajador tiene una relación laboral vigente y está recibiendo el pago de licencias médicas. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Procede puesto que se ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, además, se verifica el perjuicio de agrado. I.

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I. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE ................................................................................ a. Es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca. b. No procede la indemnización si el trabajador tiene una relación laboral vigente y está recibiendo el pago de licencias médicas. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Procede puesto que se ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, además, se verifica el perjuicio de agrado.

FICHA Nº 11

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FICHA Nº 10 I.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ............................................................................ a. Debe responder el demandado, aunque no sea el empleador, del mal estado del lugar que tiene a su cargo b. Se exime de responsabilidad al empleador puesto que cumplía debidamente con su deber de protección y seguridad y el recinto no estaba a su cargo.

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FICHA Nº 12

I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184............................................................. a. Existe relación de causalidad entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el trabajador. b. Medidas de seguridad no fueron efectivas ni eficaces. c. Falta del deber de cuidado y protección que la ley le exige al empleador. II. INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE a. Para que se otorgue debe acreditarse que se dejó de percibir determinados ingresos como consecuencia de una lesión física. b. No existió merma en sus ingresos si recibió la cobertura que otorga la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. El empleador debe adoptar acciones destinadas a llenar de contenido dichos deberes básicos. b. No se tomaron todas las medidas necesarias puesto que no existía comité paritario, ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor ni existía una supervigilancia de los trabajos.

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b. El siniestro se debió a causas no imputables al empleador (cruce de animal en la vía pública). c. No se verificó el requisito de causalidad. Página ÍNDICE

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FICHA Nº 15 172

FICHA Nº 14 172

FICHA Nº 15 174

FICHA Nº 13 c. La circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades labores, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar a efectos de otorgarla.

FICHA Nº 16 175

ÍNDICE

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. Para que se entienda que ha habido un incumplimiento debe señalarse de manera concreta porque las condiciones eran defectuosas y las medidas no eran las adecuadas.

Página

I.

VIII

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL O LUCRO CESANTE ........................................................... a. Para que procedan dichas indemnizaciones es necesario que el empleador haya actuado con culpa o dolo. b. Dichos elementos no concurren si el empleador ha tomado todas las medidas de seguridad acordes con el trabajo que el accidentado desempeñaba.

170

I.

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. Constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste. b. Su cumplimiento no queda entregado a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. c. Corresponde al empleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó todos los elementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo. II. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. Existe responsabilidad aplicable en la solidaridad para las obligaciones laborales y previsionales cuando el dueño de la obra no ha ejercido sus deberes de información y retención.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. Quien ejerce la facultad de mando tiene el tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público. b. La protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidente mente fundamentales, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal. c. El empleador debe responder de culpa levísima.

I.

FICHA Nº 14 I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. Quien ejerce la facultad de mando tiene el tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público. b. La protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidente mente fundamentales, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal. c. El empleador debe responder de culpa levísima.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. Constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste. b. Su cumplimiento no queda entregado a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. c. Corresponde al empleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó todos los elementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo. II. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. Existe responsabilidad aplicable en la solidaridad para las obligaciones laborales y previsionales cuando el dueño de la obra no ha ejercido sus deberes de información y retención.

I.

FICHA Nº 13

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL O LUCRO CESANTE ........................................................... a. Para que procedan dichas indemnizaciones es necesario que el empleador haya actuado con culpa o dolo. b. Dichos elementos no concurren si el empleador ha tomado todas las medidas de seguridad acordes con el trabajo que el accidentado desempeñaba.

c. La circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades labores, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar a efectos de otorgarla.

I.

I.

Página

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. Para que se entienda que ha habido un incumplimiento debe señalarse de manera concreta porque las condiciones eran defectuosas y las medidas no eran las adecuadas.

ÍNDICE

VIII

TIRO

ÍNDICE

IX

Página FICHA Nº 17 I.

ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD ................................................ a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último. d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obli gaciones de protección y seguridad por el empleador.

177

II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral. b. Abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, además, quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. I.

INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE ................................................................................. a. La inexistencia de informes emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad sumado al hecho que mantiene relación laboral vigente, no otorgan antecedentes ciertos sobre la disminución en sus ingresos.

180

FICHA Nº 20

FICHA Nº 18

I.

INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE ............................................................. a. Corresponde al organismo médico calificar el grado de incapacidad. b. No existiendo incapacidad, no existe factor de cuantificación del daño para efectos de determinar la procedencia de la indemnización de perjuicios.

I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. El empleador adoptó las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. b. Considerando la labor desempeñada por el trabajador, más allá de la entrega de guantes de seguridad que pueden reducir el daño, pero no evitarlo, no se vislumbra otra medida que pueda ser exigida al empleador.

178

FICHA Nº 19

179

FICHA Nº 19 I.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB .......................................... a. El empleador adoptó las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. b. Considerando la labor desempeñada por el trabajador, más allá de la entrega de guantes de seguridad que pueden reducir el daño, pero no evitarlo, no se vislumbra otra medida que pueda ser exigida al empleador.

I.

INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE ............................................................. a. Corresponde al organismo médico calificar el grado de incapacidad. b. No existiendo incapacidad, no existe factor de cuantificación del daño para efectos de determinar la procedencia de la indemnización de perjuicios.

179

178

FICHA Nº 18

FICHA Nº 20 I.

INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE ................................................................................. a. La inexistencia de informes emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad sumado al hecho que mantiene relación laboral vigente, no otorgan antecedentes ciertos sobre la disminución en sus ingresos.

II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral. b. Abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, además, quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida.

180

I.

ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD ................................................ a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último. d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obli gaciones de protección y seguridad por el empleador.

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FICHA Nº 17 Página ÍNDICE

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RETIRO

188

FICHA Nº 25 187

FICHA Nº 24 186

FICHA Nº 22

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FICHA Nº 23

183

FICHA Nº 24 187

c. Para fijarla debe considerarse la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. d. Su limitación está dada por la inexistencia de parámetros objetivos que no permiten la compensación por equivalencia.

FICHA Nº 25 188

ÍNDICE

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184............................................................. a. No basta con contar con los implementos de seguridad, sino que el empleador debe entregarlos personal y controladamente y vigilar su uso en el cumplimiento de sus labores.

Página

I.

X

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. Para fijarlo debe considerarse que no se ha acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida

FICHA Nº 21

I.

I.

186

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. El sentenciador debe fijarla para compensar una lesión de derechos de rango constitucional. b. Es imposible la compensación dineraria por equivalencia. c. Al fijarla se debe velar por la reparación integral del daño e impedir el enriquecimiento sin causa.

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 CTRAB ............................................... a. La empresa no es responsable del accidente del trabajo si ha tomado todas las medidas de seguridad en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. b. Si los implementos de seguridad resultaron eficaces no se puede exigir medidas extraordinarias para evitar accidentes no predecibles

FICHA Nº 22

I.

I.

184

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. El deber de protección y seguridad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, con independencia del lugar donde se prestan los servicios. b. Corresponde a la dueña de la obra probar que ejerció su deber de información y retención, de lo contrario, deberá responder solidariamente.

RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ......................................................... a. El deber de protección y seguridad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, con independencia del lugar donde se prestan los servicios. b. Corresponde a la dueña de la obra probar que ejerció su deber de información y retención, de lo contrario, deberá responder solidariamente.

FICHA Nº 23

I.

I.

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DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 CTRAB ............................................... a. La empresa no es responsable del accidente del trabajo si ha tomado todas las medidas de seguridad en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. b. Si los implementos de seguridad resultaron eficaces no se puede exigir medidas extraordinarias para evitar accidentes no predecibles

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. El sentenciador debe fijarla para compensar una lesión de derechos de rango constitucional. b. Es imposible la compensación dineraria por equivalencia. c. Al fijarla se debe velar por la reparación integral del daño e impedir el enriquecimiento sin causa.

I.

FICHA Nº 21

INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL ................................................................................... a. Para fijarlo debe considerarse que no se ha acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida

c. Para fijarla debe considerarse la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. d. Su limitación está dada por la inexistencia de parámetros objetivos que no permiten la compensación por equivalencia.

I.

I.

Página

DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184............................................................. a. No basta con contar con los implementos de seguridad, sino que el empleador debe entregarlos personal y controladamente y vigilar su uso en el cumplimiento de sus labores.

ÍNDICE

X

TIRO

ÍNDICE

XI

Página b. La extrema diligencia supone no sólo la existencia de un Reglamento Interno, sino también la explicación reiterada del mismo. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Independiente de las posibles imprudencias del accidentado, no procede para reducir la indemnización puesto que es un caso de responsabilidad contractual. III. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL DAÑO FÍSICO a. Se confunde con el daño moral al no ser un daño patrimonial, ni poder incluirse en el extra patrimonial. b. Para acreditarlo, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, puesto que el padecimiento que producen surge de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el Juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. IV. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otros. b. La reserva no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos.

1 2 3 4 5 6 7 8

ROL N°: 602-2011, CITA ONLINE: CL/JUR/7265/2011 ................................................ ROL N°: 197-2011,CITA ONLINE: CL/JUR/6960/2011 .................................................. ROL N°: O-1097-2011, CITA ONLINE: CL/JUR/9275/2011 ........................................... ROL N°: O-214-2011, CITA ONLINE: CL/JUR/9285/2011 ............................................. ROL N°: 1649-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15690/2010 .......................................... ROL N°: O-3718-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/7176/2011 ........................................... ROL N°: 1440-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16436/2010 ........................................... ROL N°: 1184-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16346/2010 ............................................

195 209 223 229 241 252 259 268

ANEXO DE JURISPRUDENCIA I.

ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD ................................................................................. a. El empleador debe responder aun cuando el trabajador haya estado realizando labores no especificadas en su contrato de trabajo.

192

FICHA Nº 27 I.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR .................................................... a. El empleador tiene una obligación: es un deudor de seguridad a sus trabajadores. b. La obligación de dar seguridad en el trabajo es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección.

191

FICHA Nº 26

FICHA Nº 26 I.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR .................................................... a. El empleador tiene una obligación: es un deudor de seguridad a sus trabajadores. b. La obligación de dar seguridad en el trabajo es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección.

191

FICHA Nº 27 I.

ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD ................................................................................. a. El empleador debe responder aun cuando el trabajador haya estado realizando labores no especificadas en su contrato de trabajo.

192

ANEXO DE JURISPRUDENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8

ROL N°: 602-2011, CITA ONLINE: CL/JUR/7265/2011 ................................................ ROL N°: 197-2011,CITA ONLINE: CL/JUR/6960/2011 .................................................. ROL N°: O-1097-2011, CITA ONLINE: CL/JUR/9275/2011 ........................................... ROL N°: O-214-2011, CITA ONLINE: CL/JUR/9285/2011 ............................................. ROL N°: 1649-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15690/2010 .......................................... ROL N°: O-3718-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/7176/2011 ........................................... ROL N°: 1440-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16436/2010 ........................................... ROL N°: 1184-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16346/2010 ............................................

195 209 223 229 241 252 259 268

b. La extrema diligencia supone no sólo la existencia de un Reglamento Interno, sino también la explicación reiterada del mismo. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Independiente de las posibles imprudencias del accidentado, no procede para reducir la indemnización puesto que es un caso de responsabilidad contractual. III. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL DAÑO FÍSICO a. Se confunde con el daño moral al no ser un daño patrimonial, ni poder incluirse en el extra patrimonial. b. Para acreditarlo, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, puesto que el padecimiento que producen surge de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el Juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. IV. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otros. b. La reserva no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos. Página ÍNDICE

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280 295 310 316 335 348 354 364 369 376 384 395 404 416 426 437 442 455 470 Página

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ÍNDICE

280 295 310 316 335 348 354 364 369 376 384 395 404 416 426 437 442 455 470

ROL N°: O-2998-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/6997/2011 ......................................... ROL N°: 1220-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16364/2010 ........................................... ROL N°: 7506-2008, CITA ONLINE: CL/JUR/16753/2010 .......................................... ROL N°: 965-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16261/2010 ............................................. ROL N°: O-2557-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16513/2010 ........................................ ROL N°: O-2617-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15758/2010 ........................................ ROL N°: O-1311-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16420/2010 ......................................... ROL N°: O-1766-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15544/2010 ....................................... ROL N°: O-1654-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15510/2010 ........................................ ROL N°: O-1550-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/16387/2010 ....................................... ROL N°: O-1531-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15451/2010 ......................................... ROL N°: O-968-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15092/2010 ........................................ ROL N°: O-52-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16211/2010 ........................................... ROL N°: 4637-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16750/2010 ........................................... ROL N°: O- 1229-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/14738/2010 ...................................... ROL N°: O-313-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/9026/2009 ......................................... ROL N°: 3995-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/6065/2006 ........................................ ROL N°: 141-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/5509/2006.............................................. ROL N°: 4560-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/3739/2010 ...........................................

ROL N°: O-2998-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/6997/2011 ......................................... ROL N°: 1220-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16364/2010 ........................................... ROL N°: 7506-2008, CITA ONLINE: CL/JUR/16753/2010 .......................................... ROL N°: 965-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16261/2010 ............................................. ROL N°: O-2557-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16513/2010 ........................................ ROL N°: O-2617-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15758/2010 ........................................ ROL N°: O-1311-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16420/2010 ......................................... ROL N°: O-1766-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15544/2010 ....................................... ROL N°: O-1654-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15510/2010 ........................................ ROL N°: O-1550-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/16387/2010 ....................................... ROL N°: O-1531-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15451/2010 ......................................... ROL N°: O-968-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/15092/2010 ........................................ ROL N°: O-52-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16211/2010 ........................................... ROL N°: 4637-2010, CITA ONLINE: CL/JUR/16750/2010 ........................................... ROL N°: O- 1229-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/14738/2010 ...................................... ROL N°: O-313-2009, CITA ONLINE: CL/JUR/9026/2009 ......................................... ROL N°: 3995-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/6065/2006 ........................................ ROL N°: 141-2006, CITA ONLINE: CL/JUR/5509/2006.............................................. ROL N°: 4560-2003, CITA ONLINE: CL/JUR/3739/2010 ...........................................

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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TIRO

PRÓLOGO

XIII

PRÓLOGO

1 Así lo señala PEÑA GONZÁLEZ, C., “La idea de responsabilidad”, Responsabilidad, Apuntes de Derecho VII, Santiago de Chile, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 2001, pág. 5. 2 Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “Presupuestos de la Responsabilidad Jurídica”, La Responsabilidad en el Derecho (Coord. Fernando Pantaleón), Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Nº 4, Madrid, 2000, pág. 71. 3 En este sentido ROCA E., Derecho de daños, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2003, pág. 27.

Pero también resulta fundamental comprender que para enfrentar un problema de daños es necesario referirse a dos ámbitos que generan diversos métodos: el dogmático y el Es cierto que hay pocas cosas más misteriosas1 y al mismo tiempo más decisivas para la cultura humana que la idea de responsabilidad, la idea de que acontecen cosas en el mundo que dependen, en algún momento, de la decisión de alguien. Sin embargo, la exigencia de responsabilidad frente a hechos lesivos es uno de los instrumentos clásicos del Derecho para conseguir sus fines. Esto significa considerar a una medida como lesiva cuando de uno u otro modo se distribuyen o redistribuyen hechos o circunstancias que consideramos socialmente como males. Por ello, el problema de justificar las normas que imponen responsabilidad jurídica no es diferente, aunque sí más agudo que el de cualquier norma que restrinja o anule derechos. La responsabilidad jurídica supone que alguien va sufrir una privación o restricción de derechos o zonas protegidas por el ordenamiento jurídico, como consecuencia de un hecho lesivo previo que trata de repararse o de un hecho que se intenta prevenir. Como cualquier otra medida que entrañe privación de derechos, requiere justificación en dos sentidos: desde la perspectiva de la utilidad práctica debe explicarse cómo es que un ordenamiento jurídico que tiene por finalidad la preservación de bienes jurídicos, puede imponer consecuencias que consistan materialmente en lesionarlos; y desde la óptica de la distribución debe explicarse por qué el efecto beneficioso final que espera obtenerse con la imposición de consecuencias se hace precisamente a costa del responsable jurídico y no de otros2. En el fondo, estamos en presencia de una regla fundamental de la sociedad moderna: la responsabilidad tiene siempre una finalidad resarcitoria, de acuerdo con la cual los daños que un individuo sufre deben ser compensados; a partir de aquí, habrá de determinar si todos los daños están en la categoría anterior o sólo están los segundos, operando entonces diversos criterios de selección, según sea la política jurídica que se utilice3.

Esto significa considerar a una medida como lesiva cuando de uno u otro modo se distribuyen o redistribuyen hechos o circunstancias que consideramos socialmente como males. Por ello, el problema de justificar las normas que imponen responsabilidad jurídica no es diferente, aunque sí más agudo que el de cualquier norma que restrinja o anule derechos. La responsabilidad jurídica supone que alguien va sufrir una privación o restricción de derechos o zonas protegidas por el ordenamiento jurídico, como consecuencia de un hecho lesivo previo que trata de repararse o de un hecho que se intenta prevenir. Como cualquier otra medida que entrañe privación de derechos, requiere justificación en dos sentidos: desde la perspectiva de la utilidad práctica debe explicarse cómo es que un ordenamiento jurídico que tiene por finalidad la preservación de bienes jurídicos, puede imponer consecuencias que consistan materialmente en lesionarlos; y desde la óptica de la distribución debe explicarse por qué el efecto beneficioso final que espera obtenerse con la imposición de consecuencias se hace precisamente a costa del responsable jurídico y no de otros2. En el fondo, estamos en presencia de una regla fundamental de la sociedad moderna: la responsabilidad tiene siempre una finalidad resarcitoria, de acuerdo con la cual los daños que un individuo sufre deben ser compensados; a partir de aquí, habrá de determinar si todos los daños están en la categoría anterior o sólo están los segundos, operando entonces diversos criterios de selección, según sea la política jurídica que se utilice3. Es cierto que hay pocas cosas más misteriosas1 y al mismo tiempo más decisivas para la cultura humana que la idea de responsabilidad, la idea de que acontecen cosas en el mundo que dependen, en algún momento, de la decisión de alguien. Sin embargo, la exigencia de responsabilidad frente a hechos lesivos es uno de los instrumentos clásicos del Derecho para conseguir sus fines.

Pero también resulta fundamental comprender que para enfrentar un problema de daños es necesario referirse a dos ámbitos que generan diversos métodos: el dogmático y el

1 Así lo señala PEÑA GONZÁLEZ, C., “La idea de responsabilidad”, Responsabilidad, Apuntes de Derecho VII, Santiago de Chile, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 2001, pág. 5. 2 Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “Presupuestos de la Responsabilidad Jurídica”, La Responsabilidad en el Derecho (Coord. Fernando Pantaleón), Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Nº 4, Madrid, 2000, pág. 71. 3 En este sentido ROCA E., Derecho de daños, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2003, pág. 27.

PRÓLOGO PRÓLOGO

XIII

RETIRO

PRÓLOGO

Tengo en cuenta aquí las observaciones de ATRIA, F., “Los peligros de la Constitución. La idea de igualdad en la jurisdicción en la legislación nacional”, Cuadernos de análisis jurídico Nº 36, Santiago de Chile, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales”, 1997, págs. 21 - 22. 5 Ídem. 6 VALDIVIA, J.M., “Codificación del Derecho de la Responsabilidad del Estado”, en Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello, T. II, (Dir. M.D. Martinic – M. Tapia), LexisNexis, Santiago de Chile, 2005, pág. 896.

XIV

4

análisis de la práctica judicial4. El presente Tratado pretende referirse a este último, pues es difícil sostener que el contenido efectivo de una disposición o regla de responsabilidad es inmutable, a despecho del modo en que es entendida y aplicada. En los hechos, entre los llamados “operadores del derecho” hay ciertas prácticas o convenciones que demuestran cómo éstos entienden lo que las reglas disponen5.

A su vez, sobre el deber de protección y seguridad del artículo 184 del Código del Trabajo, se aprecia que es un deber cuyo contenido se establece prácticamente en el caso a caso, al

La imposición del deber de indemnizar constituye una manifestación del más puro decisionismo judicial caso a caso. La inevitable vinculación entre la responsabilidad y las circunstancias de hecho que la motivan adquiere especial relevancia en el terreno de la responsabilidad. Quien quiera estudiar hoy el derecho positivo de daños inevitablemente debe recurrir a la jurisprudencia. En realidad, el asunto debe necesariamente quedar en manos del juez, pues éste, mejor nadie, está en condiciones de determinar si una conducta merece o no un reproche que justifique poner a cargo de quien responde por ese hecho la reparación de las consecuencias dañosas que provoque (a) o para tomar en cuenta, en función de la equidad, simplemente la necesidad de la reparación de la víctima (b) 6.

En relación con la indemnización del daño moral, si bien se busca que la víctima intente alcanzar el mismo o más próximo nivel de bienestar emocional que tenía antes del accidente, en la práctica eso resulta complejo dado lo precario de los montos otorgados. Ello, sin considerar que no existen parámetros claros que fundamenten su otorgamiento y que no es posible detectar una correlación lógica entre las características del daño y la reparación entregada.

El presente es el primer libro de una serie destinado a estudiar por primera vez en Chile la manera en que los jueces entienden la práctica del derecho de daños y lo hemos hecho sobre la base de analizar la manera en que Tribunales deciden los montos de las indemnizaciones que solicitan los litigantes ante ellos.

En este primer libro resulta fácil concluir que por regla general los Tribunales no otorgan la indemnización por lucro cesante, al considerar que la incertidumbre y las condiciones del mercado no permiten asegurar que el trabajador fuera a permanecer toda la vida activa como dependiente de la empresa; además, consideran que su naturaleza es incompatible con las prestaciones que otorga la ley N° 16.744.

El primero de ellos está dedicado a Accidentes del Trabajo, el segundo a Responsabilidad Médica, el tercero a Responsabilidad por Accidentes del Tránsito y el último a Responsabilidad Municipal. Hemos seleccionado las áreas del derecho de daños en donde existe una representación significativa de casos de derecho de daños.

El primero de ellos está dedicado a Accidentes del Trabajo, el segundo a Responsabilidad Médica, el tercero a Responsabilidad por Accidentes del Tránsito y el último a Responsabilidad Municipal. Hemos seleccionado las áreas del derecho de daños en donde existe una representación significativa de casos de derecho de daños.

En este primer libro resulta fácil concluir que por regla general los Tribunales no otorgan la indemnización por lucro cesante, al considerar que la incertidumbre y las condiciones del mercado no permiten asegurar que el trabajador fuera a permanecer toda la vida activa como dependiente de la empresa; además, consideran que su naturaleza es incompatible con las prestaciones que otorga la ley N° 16.744.

El presente es el primer libro de una serie destinado a estudiar por primera vez en Chile la manera en que los jueces entienden la práctica del derecho de daños y lo hemos hecho sobre la base de analizar la manera en que Tribunales deciden los montos de las indemnizaciones que solicitan los litigantes ante ellos.

En relación con la indemnización del daño moral, si bien se busca que la víctima intente alcanzar el mismo o más próximo nivel de bienestar emocional que tenía antes del accidente, en la práctica eso resulta complejo dado lo precario de los montos otorgados. Ello, sin considerar que no existen parámetros claros que fundamenten su otorgamiento y que no es posible detectar una correlación lógica entre las características del daño y la reparación entregada.

La imposición del deber de indemnizar constituye una manifestación del más puro decisionismo judicial caso a caso. La inevitable vinculación entre la responsabilidad y las circunstancias de hecho que la motivan adquiere especial relevancia en el terreno de la responsabilidad. Quien quiera estudiar hoy el derecho positivo de daños inevitablemente debe recurrir a la jurisprudencia. En realidad, el asunto debe necesariamente quedar en manos del juez, pues éste, mejor nadie, está en condiciones de determinar si una conducta merece o no un reproche que justifique poner a cargo de quien responde por ese hecho la reparación de las consecuencias dañosas que provoque (a) o para tomar en cuenta, en función de la equidad, simplemente la necesidad de la reparación de la víctima (b) 6.

A su vez, sobre el deber de protección y seguridad del artículo 184 del Código del Trabajo, se aprecia que es un deber cuyo contenido se establece prácticamente en el caso a caso, al

análisis de la práctica judicial4. El presente Tratado pretende referirse a este último, pues es difícil sostener que el contenido efectivo de una disposición o regla de responsabilidad es inmutable, a despecho del modo en que es entendida y aplicada. En los hechos, entre los llamados “operadores del derecho” hay ciertas prácticas o convenciones que demuestran cómo éstos entienden lo que las reglas disponen5.

4 Tengo en cuenta aquí las observaciones de ATRIA, F., “Los peligros de la Constitución. La idea de igualdad en la jurisdicción en la legislación nacional”, Cuadernos de análisis jurídico Nº 36, Santiago de Chile, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales”, 1997, págs. 21 - 22. 5 Ídem. 6 VALDIVIA, J.M., “Codificación del Derecho de la Responsabilidad del Estado”, en Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello, T. II, (Dir. M.D. Martinic – M. Tapia), LexisNexis, Santiago de Chile, 2005, pág. 896.

PRÓLOGO

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TIRO

PRÓLOGO

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punto que incluso cumpliendo con dicha obligación no se exime a la empresa del pago de las indemnizaciones. En este primer libro, ha actuado como coordinadora Francesca De Ferrari Moncada y como analistas de jurisprudencia, Pablo Valladares Ljubetic y Eduardo Yáñez Monje. Esperemos que este primer esfuerzo por estudiar la manera en cómo se valoran los daños en nuestro sistema legal, sea de utilidad para los operadores legales. LUIS CORDERO VEGA Director de Contenidos Thomson Reuters

LUIS CORDERO VEGA Director de Contenidos Thomson Reuters Esperemos que este primer esfuerzo por estudiar la manera en cómo se valoran los daños en nuestro sistema legal, sea de utilidad para los operadores legales. En este primer libro, ha actuado como coordinadora Francesca De Ferrari Moncada y como analistas de jurisprudencia, Pablo Valladares Ljubetic y Eduardo Yáñez Monje. punto que incluso cumpliendo con dicha obligación no se exime a la empresa del pago de las indemnizaciones. PRÓLOGO

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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FICHA Nº 1 I. DEBER DE PROTECCIÓN Y DE ALTA SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Tiene el carácter de obligación legal. b. Le corresponde al empleador probar que lo cumplió para eximirse de responsabilidad. c. La ausencia de medidas de prevención genera culpa del empleador. II. SUMARIO SANITARIO a. Su sobreseimiento no exime de responsabilidad civil. b. Decisión del Seremi de Salud no obliga a los Tribunales de Justicia.

I. El deber de protección y seguridad impuesto al empleador en el artículo 184 del Código del Trabajo tiene el carácter de obligación legal, de manera que debe ser el empleador quien deba acreditar que hizo efectivas todas las medidas de seguridad para eximirse de la responsabilidad que el legislador le atribuye. En la especie, acreditado que el occiso era trabajador del empleador demandado, que perdió la vida en un accidente laboral, y que éste se debió a la falta de medidas de prevención del empleador, sin que se haya probado la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, o que el siniestro se hubiese debido a un acto voluntario de la víctima o bien que las medidas de seguridad fueron debidamente arbitradas. En razón de lo anterior, resulta establecida en la causa la culpa del empleador demandado, traducida en la inobservancia de su deber legal de otorgar seguridad efectiva a su trabajador, por lo que corresponde acceder a la demanda de indemnización de perjuicios por DOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Chofer de camión. EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Estando la excavadora en terreno, el operador procede a realizar maniobra de retroceso, lo que tuvo como consecuencia el deceso del trabajador) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $10.000.000 (para cada uno de los demandantes) Lucro Cesante No solicita -. ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 676-2010 Tipo: Recurso de Apelación (Acogido-Revoca). Partes: María Llanca Gajardo y otros con Alejandra Uribe Cuevas Ministros: Sr. Carlos Aldana F., Sra. Rosa Mackay F. y Sr. Patricio Mella C. Cita OnLine: CL/JUR/12491/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 676-2010 Tipo: Recurso de Apelación (Acogido-Revoca). Partes: María Llanca Gajardo y otros con Alejandra Uribe Cuevas Ministros: Sr. Carlos Aldana F., Sra. Rosa Mackay F. y Sr. Patricio Mella C. Cita OnLine: CL/JUR/12491/2010 Lucro Cesante

No solicita

MONTOS OTORGADOS $10.000.000 (para cada uno de los demandantes) -.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Chofer de camión. EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Estando la excavadora en terreno, el operador procede a realizar maniobra de retroceso, lo que tuvo como consecuencia el deceso del trabajador) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $100.000.000 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

DOCTRINA I. El deber de protección y seguridad impuesto al empleador en el artículo 184 del Código del Trabajo tiene el carácter de obligación legal, de manera que debe ser el empleador quien deba acreditar que hizo efectivas todas las medidas de seguridad para eximirse de la responsabilidad que el legislador le atribuye. En la especie, acreditado que el occiso era trabajador del empleador demandado, que perdió la vida en un accidente laboral, y que éste se debió a la falta de medidas de prevención del empleador, sin que se haya probado la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, o que el siniestro se hubiese debido a un acto voluntario de la víctima o bien que las medidas de seguridad fueron debidamente arbitradas. En razón de lo anterior, resulta establecida en la causa la culpa del empleador demandado, traducida en la inobservancia de su deber legal de otorgar seguridad efectiva a su trabajador, por lo que corresponde acceder a la demanda de indemnización de perjuicios por

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y DE ALTA SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Tiene el carácter de obligación legal. b. Le corresponde al empleador probar que lo cumplió para eximirse de responsabilidad. c. La ausencia de medidas de prevención genera culpa del empleador. II. SUMARIO SANITARIO a. Su sobreseimiento no exime de responsabilidad civil. b. Decisión del Seremi de Salud no obliga a los Tribunales de Justicia. FICHA Nº 1 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

daño moral solicitada por la cónyuge e hijos del occiso, que el tribunal fija en diez millones de pesos para cada actor. (considerandos 6º a 9º y 13º sentencia Corte de Apelaciones) II. El hecho de haberse sobreseído a la demandada en el sumario sanitario, que persigue la aplicación de una multa para los casos señalados en la ley, no implica que ello exima de responsabilidad en el accidente a la demandada; además, lo opinado por la Seremi de Salud, no obliga a esta Corte y que la causa de sobreseimiento fue que no se determinó cabalmente responsabilidad de la empresa del accidente laboral fatal acaecido, no porque no tuviera responsabilidad o porque hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que sobre ella pesaba. (Considerando 7 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69 letra b.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69 letra b. II. El hecho de haberse sobreseído a la demandada en el sumario sanitario, que persigue la aplicación de una multa para los casos señalados en la ley, no implica que ello exima de responsabilidad en el accidente a la demandada; además, lo opinado por la Seremi de Salud, no obliga a esta Corte y que la causa de sobreseimiento fue que no se determinó cabalmente responsabilidad de la empresa del accidente laboral fatal acaecido, no porque no tuviera responsabilidad o porque hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que sobre ella pesaba. (Considerando 7 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) daño moral solicitada por la cónyuge e hijos del occiso, que el tribunal fija en diez millones de pesos para cada actor. (considerandos 6º a 9º y 13º sentencia Corte de Apelaciones) 4

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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FICHA Nº 2 I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE a. El hecho de citar normas de responsabilidad contractual, en un caso de responsabilidad extracontractual, no genera una falta de idoneidad. b. Es facultad imperativa de los tribunales señalar cuál es el derecho que resuelve el conflicto. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Al no existir parámetros en la legislación para determinarlo, es discrecional, por lo tanto, debe regularlo prudencialmente el juez. b. Para establecer el quantum debe considerarse que la cónyuge estaba separada hace ocho años y que los hijos, mayores de edad, no vivían con su padre a la época del accidente. III. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No corresponde otorgarla a la cónyuge, porque no sufrió daño patrimonial, puesto que recibe pensión de los organismos de seguridad social. b. Impide otorgarla el hecho que el organismo administrador pueda repetir contra el empleador responsable del accidente, puesto que estaría siendo doblemente gravado a un mismo pago.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 6806-2010 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Desierto). Partes: María Cristina Lamas Perinés y otros con Sociedad Serpac S.A. Ministros: Sras. Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., Sr. Roberto Jacob Ch., y los abogados integrantes Sres. Rafael Gómez B. y Ricardo Peralta V. Cita OnLine: CL/JUR/11950/2010 Rechazado

$6.538.325

Lucro Cesante

$5.000.000 (para cada uno de los demandantes)

$70.000.000 (para cada uno de los demandantes)

Daño Moral

MONTOS DEMANDADOS

CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

OCUPACIÓN: Obrero EDAD: 63 CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Traumatismo cráneo encefálico severo por caída desde el techo de un galpón que se encontraba desarmando por orden y en compañía de sus superiores, los cuales no brindaron medidas de seguridad adecuadas para evitar la caída) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta ANTECEDENTES GENERALES:

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Obrero EDAD: 63 CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Traumatismo cráneo encefálico severo por caída desde el techo de un galpón que se encontraba desarmando por orden y en compañía de sus superiores, los cuales no brindaron medidas de seguridad adecuadas para evitar la caída) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$70.000.000 (para cada uno de los demandantes)

$5.000.000 (para cada uno de los demandantes)

Lucro Cesante

$6.538.325

Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 6806-2010 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Desierto). Partes: María Cristina Lamas Perinés y otros con Sociedad Serpac S.A. Ministros: Sras. Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., Sr. Roberto Jacob Ch., y los abogados integrantes Sres. Rafael Gómez B. y Ricardo Peralta V. Cita OnLine: CL/JUR/11950/2010

I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE a. El hecho de citar normas de responsabilidad contractual, en un caso de responsabilidad extracontractual, no genera una falta de idoneidad. b. Es facultad imperativa de los tribunales señalar cuál es el derecho que resuelve el conflicto. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Al no existir parámetros en la legislación para determinarlo, es discrecional, por lo tanto, debe regularlo prudencialmente el juez. b. Para establecer el quantum debe considerarse que la cónyuge estaba separada hace ocho años y que los hijos, mayores de edad, no vivían con su padre a la época del accidente. III. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No corresponde otorgarla a la cónyuge, porque no sufrió daño patrimonial, puesto que recibe pensión de los organismos de seguridad social. b. Impide otorgarla el hecho que el organismo administrador pueda repetir contra el empleador responsable del accidente, puesto que estaría siendo doblemente gravado a un mismo pago. FICHA Nº 2 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DOCTRINA I. El tribunal de alzada ha revocado la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción por fundarse en normas de responsabilidad contractual, aduciendo que en el caso particular se citaron las normas de carácter contractual para indicar qué comprende el daño (daño emergente y lucro cesante) no restando validez así a la pretensión y dando lugar a la indemnización por daño moral. (Considerando 3º sentencia Corte de Apelaciones) II. Siendo discrecional la determinación del daño moral, los sentenciadores de alzada consideraron la circunstancia constatada de que la cónyuge se encontraba separada del trabajador fallecido desde hacía 8 años, que los hijos matrimoniales no vivían con su padre y a la fecha del accidente y muerte de aquél eran mayores de edad, para arribar a la disminución prudencial del monto solicitado. (Considerando 16º sentencia Corte de Apelaciones) III. En lo referente al lucro cesante demandado éste no será acogido a favor del cónyuge por estimarse que no ha sufrido daño patrimonial por el fallecimiento de su marido, ya que los organismos de seguridad social le otorgan una pensión por este hecho. Se suma a ello la circunstancia que el organismo administrador tiene derecho a repetir contra el responsable del accidente. (Considerando 11º sentencia Corte de Apelaciones)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69. III. En lo referente al lucro cesante demandado éste no será acogido a favor del cónyuge por estimarse que no ha sufrido daño patrimonial por el fallecimiento de su marido, ya que los organismos de seguridad social le otorgan una pensión por este hecho. Se suma a ello la circunstancia que el organismo administrador tiene derecho a repetir contra el responsable del accidente. (Considerando 11º sentencia Corte de Apelaciones) II. Siendo discrecional la determinación del daño moral, los sentenciadores de alzada consideraron la circunstancia constatada de que la cónyuge se encontraba separada del trabajador fallecido desde hacía 8 años, que los hijos matrimoniales no vivían con su padre y a la fecha del accidente y muerte de aquél eran mayores de edad, para arribar a la disminución prudencial del monto solicitado. (Considerando 16º sentencia Corte de Apelaciones) I. El tribunal de alzada ha revocado la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción por fundarse en normas de responsabilidad contractual, aduciendo que en el caso particular se citaron las normas de carácter contractual para indicar qué comprende el daño (daño emergente y lucro cesante) no restando validez así a la pretensión y dando lugar a la indemnización por daño moral. (Considerando 3º sentencia Corte de Apelaciones) DOCTRINA 6

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

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NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2329. FICHA Nº 3 I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Carácter de su indemnización (no es reparario, sino un medio para paliar el dolor sufrido). b. Regulación debe ceñirse a los principios de equidad y prudencia del juzgador. c. Valoración pecuniaria debe considerar la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. d. Indemnización no puede constituir fuente de enriquecimiento injusto.

El daño moral sufrido por los actores se encuentra acreditado en la causa, por su regulación debe ceñirse a los principios de equidad y a la prudencia del juzgador, quien tiene plena competencia para hacerlo. La indemnización por el daño moral reclamado no puede prestarse para especulaciones ni constituir fuente de enriquecimiento injusto. Tampoco ella tiene carácter reparatorio, ya que el pago de una indemnización en dinero no hace desaparecer el daño causado, sino que es sólo un medio de paliar el dolor sufrido, cumpliendo una función satisfactoria en lo material y espiritual y, por tanto, su valoración pecuniaria debe ser apreciada en concordancia con la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. (Considerandos 3º y 4° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Clasificador EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Caída desde la cubierta de un galpón cubierto de aserrín y sin las medidas adecuadas de seguridad, le ocasionó múltiples lesiones graves que tres días después le ocasionaron la muerte) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $300.000.000 (100 para cada $54.000.000 (20 millones uno de sus padres y 50 para para cada uno de sus padres y cada hermano) 7 millones para cada hermano) Lucro Cesante No solicita -. ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 8469-2009 Tipo: Recurso de Casación en la Forma (Inadmisible). Partes: Sucesión de Alex Cáceres Pastor con Bosques Santa Elena S.A. Ministros: Sres. Héctor Carreño S., Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B. , Sr. Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Benito Mauriz A. Cita OnLine: CL/JUR/5554/2010 DOCTRINA

DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 8469-2009 Tipo: Recurso de Casación en la Forma (Inadmisible). Partes: Sucesión de Alex Cáceres Pastor con Bosques Santa Elena S.A. Ministros: Sres. Héctor Carreño S., Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B. , Sr. Haroldo Brito C. y el abogado integrante Sr. Benito Mauriz A. Cita OnLine: CL/JUR/5554/2010 Lucro Cesante

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Clasificador EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Caída desde la cubierta de un galpón cubierto de aserrín y sin las medidas adecuadas de seguridad, le ocasionó múltiples lesiones graves que tres días después le ocasionaron la muerte) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $300.000.000 (100 para cada $54.000.000 (20 millones uno de sus padres y 50 para para cada uno de sus padres y cada hermano) 7 millones para cada hermano) No solicita -. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

El daño moral sufrido por los actores se encuentra acreditado en la causa, por su regulación debe ceñirse a los principios de equidad y a la prudencia del juzgador, quien tiene plena competencia para hacerlo. La indemnización por el daño moral reclamado no puede prestarse para especulaciones ni constituir fuente de enriquecimiento injusto. Tampoco ella tiene carácter reparatorio, ya que el pago de una indemnización en dinero no hace desaparecer el daño causado, sino que es sólo un medio de paliar el dolor sufrido, cumpliendo una función satisfactoria en lo material y espiritual y, por tanto, su valoración pecuniaria debe ser apreciada en concordancia con la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. (Considerandos 3º y 4° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Carácter de su indemnización (no es reparario, sino un medio para paliar el dolor sufrido). b. Regulación debe ceñirse a los principios de equidad y prudencia del juzgador. c. Valoración pecuniaria debe considerar la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. d. Indemnización no puede constituir fuente de enriquecimiento injusto. FICHA Nº 3

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2329. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. En lo que al lucro cesante respecta, el demandante proyecta la remuneración de la víctima directa al momento de su fallecimiento durante lo que se entiende ser vida laboral Rechazado

II. En lo que al lucro cesante respecta, el demandante proyecta la remuneración de la víctima directa al momento de su fallecimiento durante lo que se entiende ser vida laboral

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. En cuanto a la legitimación activa de la presente demanda, es necesario atender a lo que en doctrina se conoce como víctima indirecta que demanda la reparación del daño por repercusión, y no existiendo vínculo contractual alguno entre la demandante y la demandada, su acción no puede ser sino cuasidelictual. (Considerando 1º sentencia Corte de Apelaciones)

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DOCTRINA

FICHA Nº 4

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 4601-2006 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Desierto) Partes: Alejandra Díaz Navarrete con Maderas Rarinco S.A. Ministros: Sres. Ricardo Gálvez , Milton Juica, Adalís Oyarzún; y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Ricardo Peralta. Cita OnLine: CL/JUR/7233/2006

I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Es de origen extracontractual, puesto que se trata de una víctima indirecta que demanda el daño por repercusión. b. El hecho que no exista vínculo contractual entre las partes genera que la acción sea cuasidelictual. c. El fundamento legal para su otorgamiento descansa en la responsabilidad extracontractual. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No sirve de fundamento para otorgarla, el proyectar la remuneración de la víctima al momento de su fallecimiento durante su vida laboral útil, puesto que ello es aleatorio y falto de certeza. b. Para que ésta se otorgue debe probarse que ha existido un daño patrimonial.

Rechazado

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

$30.384.000

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operador de grúa EDAD: 42 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Al caer a un pozo que contiene agua hirviendo y diversas sustancias químicas, resultando con más del 90% de su cuerpo con quemaduras, lo que generó su posterior deceso) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $30.000.000 $50.000.000

OCUPACIÓN: Operador de grúa EDAD: 42 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Al caer a un pozo que contiene agua hirviendo y diversas sustancias químicas, resultando con más del 90% de su cuerpo con quemaduras, lo que generó su posterior deceso) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $30.000.000 $50.000.000

$30.384.000

ANTECEDENTES GENERALES:

Lucro Cesante

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Lucro Cesante

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 4601-2006 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Desierto) Partes: Alejandra Díaz Navarrete con Maderas Rarinco S.A. Ministros: Sres. Ricardo Gálvez , Milton Juica, Adalís Oyarzún; y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Ricardo Peralta. Cita OnLine: CL/JUR/7233/2006

I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Es de origen extracontractual, puesto que se trata de una víctima indirecta que demanda el daño por repercusión. b. El hecho que no exista vínculo contractual entre las partes genera que la acción sea cuasidelictual. c. El fundamento legal para su otorgamiento descansa en la responsabilidad extracontractual. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No sirve de fundamento para otorgarla, el proyectar la remuneración de la víctima al momento de su fallecimiento durante su vida laboral útil, puesto que ello es aleatorio y falto de certeza. b. Para que ésta se otorgue debe probarse que ha existido un daño patrimonial.

DOCTRINA

FICHA Nº 4

I. En cuanto a la legitimación activa de la presente demanda, es necesario atender a lo que en doctrina se conoce como víctima indirecta que demanda la reparación del daño por repercusión, y no existiendo vínculo contractual alguno entre la demandante y la demandada, su acción no puede ser sino cuasidelictual. (Considerando 1º sentencia Corte de Apelaciones)

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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útil normal de una persona, y ya es jurisprudencia constante que esa argumentación se basa en supuestos por los demás aleatorios, lejanos al carácter de certeza que exige el daño. No existe prueba alguna que acredite que el fallecido proporcionaba la mantención de la demandante ni cuánto era su ingreso al tiempo de su muerte, pues ésta sólo acompañó a su demanda una copia de un contrato de trabajo de 1994 y, además, sin indicación alguna de su objeto probatorio, de forma que no dejó al sentenciador en condiciones de determinar la existencia del lucro cesante ni su monto. (Considerando 11º sentencia Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2320; Código Civil art. 2329; Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2320; Código Civil art. 2329; Código del Trabajo art. 184. útil normal de una persona, y ya es jurisprudencia constante que esa argumentación se basa en supuestos por los demás aleatorios, lejanos al carácter de certeza que exige el daño. No existe prueba alguna que acredite que el fallecido proporcionaba la mantención de la demandante ni cuánto era su ingreso al tiempo de su muerte, pues ésta sólo acompañó a su demanda una copia de un contrato de trabajo de 1994 y, además, sin indicación alguna de su objeto probatorio, de forma que no dejó al sentenciador en condiciones de determinar la existencia del lucro cesante ni su monto. (Considerando 11º sentencia Corte de Apelaciones) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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FICHA Nº 5 10

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Con los medios probatorios citados, el Tribunal tiene por establecido que las causas del accidente estuvieron constituidas por la acción del trabajador de desprenderse de la cola de seguridad y de trabajar bajo la influencia del alcohol, así como por omisiones de las empresas demandadas en cuanto a no establecer el uso de la doble cola de seguridad, medida recomendada en informe de accidente fatal, así como por el hecho de no encontrarse presente en el lugar de trabajo un supervisor, en cumplimiento de lo dispuesto por el procedimiento de trabajo. Atendido que el occiso se expuso imprudentemente al daño al desprenderse de la cola de seguridad y desempeñarse bajo la influencia del alcohol, el Tribunal rebajará el monto

I. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. La empresa no puede eludir su cumplimiento en razón de que el trabajador se encontraba bajo la influencia del alcohol. b. La imprudencia del trabajador genera una rebaja del 50% del monto de la indemnización. II. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS a. Las acciones u omisiones de sus órganos, son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente.

DOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 3980-2006 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Rechazado) Partes: Elba Guillermina Contreras Sepúlveda y otros con Codelco Chile División Andina; Sociedad Geovitta Sociedad Anónima Ministros: Sres. Ricardo Gálvez, Milton Juica y Adalís Oyarzún y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Arnaldo Gorziglia. Cita OnLine: CL/JUR/7231/2006

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Ayudante Minero EDAD: 27 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Cayó a la caja del pique piloto de 2,4 metros de diámetro desde una altura de 241 metros, provocando su muerte instantánea) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total (bajo la influencia del alcohol) VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $460.000.000 (divididos entre padres y hermanos)

OCUPACIÓN: Ayudante Minero EDAD: 27 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Cayó a la caja del pique piloto de 2,4 metros de diámetro desde una altura de 241 metros, provocando su muerte instantánea) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total (bajo la influencia del alcohol) VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $460.000.000 (divididos entre $230.000.000 ($40 millones padres y hermanos) para cada padre y $25 millones para cada uno de los hermanos) Lucro Cesante No solicita -.

MONTOS OTORGADOS $230.000.000 ($40 millones para cada padre y $25 millones para cada uno de los hermanos) -.

ANTECEDENTES GENERALES:

No solicita

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Lucro Cesante

I. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. La empresa no puede eludir su cumplimiento en razón de que el trabajador se encontraba bajo la influencia del alcohol. b. La imprudencia del trabajador genera una rebaja del 50% del monto de la indemnización. II. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS a. Las acciones u omisiones de sus órganos, son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 3980-2006 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Rechazado) Partes: Elba Guillermina Contreras Sepúlveda y otros con Codelco Chile División Andina; Sociedad Geovitta Sociedad Anónima Ministros: Sres. Ricardo Gálvez, Milton Juica y Adalís Oyarzún y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Arnaldo Gorziglia. Cita OnLine: CL/JUR/7231/2006

FICHA Nº 5

DOCTRINA

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Con los medios probatorios citados, el Tribunal tiene por establecido que las causas del accidente estuvieron constituidas por la acción del trabajador de desprenderse de la cola de seguridad y de trabajar bajo la influencia del alcohol, así como por omisiones de las empresas demandadas en cuanto a no establecer el uso de la doble cola de seguridad, medida recomendada en informe de accidente fatal, así como por el hecho de no encontrarse presente en el lugar de trabajo un supervisor, en cumplimiento de lo dispuesto por el procedimiento de trabajo. Atendido que el occiso se expuso imprudentemente al daño al desprenderse de la cola de seguridad y desempeñarse bajo la influencia del alcohol, el Tribunal rebajará el monto

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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definitivo de la indemnización en cincuenta por ciento. (Considerandos 50 y 68 de la sentencia de primer grado confirmada por la Corte de Apelaciones) II. En primer término, es necesario tener presente que lo demandado por el actor es indemnización fundada en omisiones de las propias demandadas, no en acciones u omisiones de terceros. En efecto, las personas jurídicas actúan necesariamente a través de personas naturales, que constituyen sus órganos y que las obligan en cuanto actúan dentro de la normativa de la persona jurídica. De este modo, las acciones u omisiones de los órganos de una persona jurídica son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente. Consecuente con lo expresado, recayendo sobre las personas jurídicas demandadas el cuidado de las condiciones de seguridad en la explotación minera en la cual se produjo el fallecimiento del trabajador, el Tribunal estima que la omisión de los órganos de aquéllas en cuanto a eliminar las ocasiones de peligro es omisión de las propias demandadas. (Considerandos 55, 56, 57 y 61 de la sentencia de primer grado confirmada por la Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2316; Código Civil art. 2329; Código Civil art. 2330; Código del Trabajo art. 184; Decreto Ley N° 72 Año 1985 art. 15; Decreto Ley N° 745 Año 1999 art. 3; Decreto Ley N° 745 Año 1999 art. 33; Ley N° 16.744 art. 69. NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2316; Código Civil art. 2329; Código Civil art. 2330; Código del Trabajo art. 184; Decreto Ley N° 72 Año 1985 art. 15; Decreto Ley N° 745 Año 1999 art. 3; Decreto Ley N° 745 Año 1999 art. 33; Ley N° 16.744 art. 69. II. En primer término, es necesario tener presente que lo demandado por el actor es indemnización fundada en omisiones de las propias demandadas, no en acciones u omisiones de terceros. En efecto, las personas jurídicas actúan necesariamente a través de personas naturales, que constituyen sus órganos y que las obligan en cuanto actúan dentro de la normativa de la persona jurídica. De este modo, las acciones u omisiones de los órganos de una persona jurídica son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente. Consecuente con lo expresado, recayendo sobre las personas jurídicas demandadas el cuidado de las condiciones de seguridad en la explotación minera en la cual se produjo el fallecimiento del trabajador, el Tribunal estima que la omisión de los órganos de aquéllas en cuanto a eliminar las ocasiones de peligro es omisión de las propias demandadas. (Considerandos 55, 56, 57 y 61 de la sentencia de primer grado confirmada por la Corte de Apelaciones) definitivo de la indemnización en cincuenta por ciento. (Considerandos 50 y 68 de la sentencia de primer grado confirmada por la Corte de Apelaciones) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA Nº 6 I. LUCRO CESANTE a. Para probarlo no basta la prueba testimonial, se requieren pericias médicas o antecedentes médicos que indiquen el estado de salud y eventual expectativa de vida de la víctima.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. LUCRO CESANTE a. Para probarlo no basta la prueba testimonial, se requieren pericias médicas o antecedentes médicos que indiquen el estado de salud y eventual expectativa de vida de la víctima. FICHA Nº 6 12

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Ayudante Minero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Accidente en el bus que transportaba operarios a la mina) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $20.000.000 Lucro Cesante $144.000.000 Rechazado

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; Ley N° 16.744 Año 1968 art. 68; Ley N° 16.744 Año 1968 art.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 2852-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Rechazado) Partes: Margarita Maldonado Vergara y otros con CODELCO División El Teniente y otros. Ministros: Sres. Ricardo Gálvez, Milton Juica, señorita María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún y el abogado integrante Sr. Arnaldo Gorziglia . Cita OnLine: CL/JUR/7230/2006

En lo tocante al lucro cesante, no se encuentra acreditada la suma demandada pues no se acompañó para probar una pericia médica o antecedentes médicos de la víctima que indicaran su estado de salud y la eventual expectativa de vida, no siendo suficiente para el efecto la prueba testimonial. (Considerando 2º sentencia Corte de Apelaciones)

DOCTRINA

DOCTRINA

En lo tocante al lucro cesante, no se encuentra acreditada la suma demandada pues no se acompañó para probar una pericia médica o antecedentes médicos de la víctima que indicaran su estado de salud y la eventual expectativa de vida, no siendo suficiente para el efecto la prueba testimonial. (Considerando 2º sentencia Corte de Apelaciones)

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 2852-2005 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Rechazado) Partes: Margarita Maldonado Vergara y otros con CODELCO División El Teniente y otros. Ministros: Sres. Ricardo Gálvez, Milton Juica, señorita María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún y el abogado integrante Sr. Arnaldo Gorziglia . Cita OnLine: CL/JUR/7230/2006

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; Ley N° 16.744 Año 1968 art. 68; Ley N° 16.744 Año 1968 art.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Ayudante Minero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Accidente en el bus que transportaba operarios a la mina) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $20.000.000 Lucro Cesante $144.000.000 Rechazado

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CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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FICHA Nº 7 I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 16.744 a. Los trabajadores del sector público están sujetos a dicha ley en los mismos términos que aquellos del sector privado, incluso en los casos de robo, asalto u otra forma de violencia delictual. II. CONCEPTO DE CULPA a. Consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, es decir, en una negligencia. III. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. La empleadora cumplió su deber, puesto que tomó todas aquellas medidas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. b. Hay que considerar las características del lugar de trabajo (establecimiento asistencial) y la naturaleza de los servicios que otorga (atención a la comunidad las 24 horas del día). CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Funcionaria Banco de Sangre EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Asesinato mediante múltiples heridas cortopunzantes, mientras se encontraba en su trabajo) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $450.000.000 (divididos entre 3 Rechazado solicitantes) Lucro Cesante No solicita. -. ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1243-2006 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Rechazado) Partes: Adán Lazo Sepúlveda y otros con Servicio de Salud Talcahuano Ministros: Sres. Ricardo Gálvez; señorita María Antonia Moralesy Sr. Adalis Oyarzún; y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Jorge Streeter. Cita OnLine: CL/JUR/7229/2006 DOCTRINA I. Los trabajadores del sector público están sujetos a la ley Nº 16.744 en los mismos términos que el sector privado. La ley N° 19.303 dispone que los daños físicos o síquicos que sufran los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto, u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo son accidentes del trabajo, sujetos a las normas de la ley N° 16.744. (Considerandos 9º y 10º sentencia Corte de Apelaciones)

I. Los trabajadores del sector público están sujetos a la ley Nº 16.744 en los mismos términos que el sector privado. La ley N° 19.303 dispone que los daños físicos o síquicos que sufran los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto, u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo son accidentes del trabajo, sujetos a las normas de la ley N° 16.744. (Considerandos 9º y 10º sentencia Corte de Apelaciones) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1243-2006 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Rechazado) Partes: Adán Lazo Sepúlveda y otros con Servicio de Salud Talcahuano Ministros: Sres. Ricardo Gálvez; señorita María Antonia Moralesy Sr. Adalis Oyarzún; y los abogados integrantes Sres. José Fernández y Jorge Streeter. Cita OnLine: CL/JUR/7229/2006 Lucro Cesante

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Funcionaria Banco de Sangre EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Asesinato mediante múltiples heridas cortopunzantes, mientras se encontraba en su trabajo) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $450.000.000 (divididos entre 3 Rechazado solicitantes) No solicita. -. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 16.744 a. Los trabajadores del sector público están sujetos a dicha ley en los mismos términos que aquellos del sector privado, incluso en los casos de robo, asalto u otra forma de violencia delictual. II. CONCEPTO DE CULPA a. Consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, es decir, en una negligencia. III. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. La empleadora cumplió su deber, puesto que tomó todas aquellas medidas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. b. Hay que considerar las características del lugar de trabajo (establecimiento asistencial) y la naturaleza de los servicios que otorga (atención a la comunidad las 24 horas del día). FICHA Nº 7 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. La culpa consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, en una negligencia, es decir, en no haber previsto las consecuencias dañosas de la propia conducta. La culpa extracontractual, pues, se traduce en una negligencia del hechor que, como consecuencia, origina el evento dañoso (C.S. Fallos del Mes N° 194, pág. 292). (Considerando 19º de la sentencia de la Corte de Apelaciones) III. La demandada no infringió el deber de proteger eficazmente la vida y salud de la funcionaria, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, puesto que tomó a aquellas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. Y no puede llegarse a otra conclusión, considerando, especialmente, las características del lugar de trabajo, que es un establecimiento asistencial importante, que presta atención a la comunidad las 24 horas del día, y que por la naturaleza de los servicios que otorga no puede estar totalmente cerrado y custodiado. No pudo prever el Servicio de Salud el asesinato de una de sus funcionarias, en el desempeño de sus labores, en el centro asistencial, lo que conlleva a la revocación del fallo y la denegación de la indemnización por daño moral. (Considerando 20º de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2329; Código del Trabajo art. 184; Código del Trabajo art. 210; Constitución Política art. 38; ley N° 16.744 Año 1968; ley N° 19.303 Año 1994 art. 1; ley N° 19.303 Año 1994 art. 14; ley N° 19.303 Año 1994 art. 2; ley N° 19.303 Año 1994 art. 3. III. La demandada no infringió el deber de proteger eficazmente la vida y salud de la funcionaria, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, puesto que tomó a aquellas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. Y no puede llegarse a otra conclusión, considerando, especialmente, las características del lugar de trabajo, que es un establecimiento asistencial importante, que presta atención a la comunidad las 24 horas del día, y que por la naturaleza de los servicios que otorga no puede estar totalmente cerrado y custodiado. No pudo prever el Servicio de Salud el asesinato de una de sus funcionarias, en el desempeño de sus labores, en el centro asistencial, lo que conlleva a la revocación del fallo y la denegación de la indemnización por daño moral. (Considerando 20º de la sentencia de la Corte de Apelaciones) II. La culpa consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, en una negligencia, es decir, en no haber previsto las consecuencias dañosas de la propia conducta. La culpa extracontractual, pues, se traduce en una negligencia del hechor que, como consecuencia, origina el evento dañoso (C.S. Fallos del Mes N° 194, pág. 292). (Considerando 19º de la sentencia de la Corte de Apelaciones) 14

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2329; Código del Trabajo art. 184; Código del Trabajo art. 210; Constitución Política art. 38; ley N° 16.744 Año 1968; ley N° 19.303 Año 1994 art. 1; ley N° 19.303 Año 1994 art. 14; ley N° 19.303 Año 1994 art. 2; ley N° 19.303 Año 1994 art. 3.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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FICHA Nº 8 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. El dueño de la obra responde subsidiariamente de las obligaciones laborales y previsionales que afectan a los contratistas y subcontratistas. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Para determinarla no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima, ya que existen numerosas eventualidades que por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. b. Ante la ausencia de petición subsidiaria, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder otorgarse otra, más ajustada al mérito del proceso. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Los hechos que causaron la muerte del trabajador son motivo suficiente para producirles daño que da lugar a esta indemnización. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operador de Skidder EDAD: 41 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Caída por una pendiente de la máquinia Skidder que tuvo como consecuencia el deceso del trabajador) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $280.000.000 $25.000.000 para cada uno (cónyuge e hijo) Lucro Cesante $99.400.000 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 691-2004 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Desierto) Partes: Nilsa Ester Contreras Moya y otro con Patricio Salgado Lafourcade y otro. Ministros: Sres. José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el abogado integrante Juan Infante Ph. Cita OnLine: CL/JUR/3926/2004 DOCTRINA I. El artículo 64 del citado Código dispone que el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. De acuerdo a lo concluido por el juez encontrándose probado que el accidente que culminó con la muerte del trabajador, cónyuge de la demandante y padre del hijo habido entre

I. El artículo 64 del citado Código dispone que el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. De acuerdo a lo concluido por el juez encontrándose probado que el accidente que culminó con la muerte del trabajador, cónyuge de la demandante y padre del hijo habido entre DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 691-2004 Tipo: Casación en la Forma y el Fondo (Desierto) Partes: Nilsa Ester Contreras Moya y otro con Patricio Salgado Lafourcade y otro. Ministros: Sres. José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el abogado integrante Juan Infante Ph. Cita OnLine: CL/JUR/3926/2004 Lucro Cesante

$99.400.000

MONTOS OTORGADOS $25.000.000 para cada uno (cónyuge e hijo) Rechazado

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operador de Skidder EDAD: 41 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (Caída por una pendiente de la máquinia Skidder que tuvo como consecuencia el deceso del trabajador) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $280.000.000 CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. El dueño de la obra responde subsidiariamente de las obligaciones laborales y previsionales que afectan a los contratistas y subcontratistas. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Para determinarla no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima, ya que existen numerosas eventualidades que por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. b. Ante la ausencia de petición subsidiaria, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder otorgarse otra, más ajustada al mérito del proceso. III. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Los hechos que causaron la muerte del trabajador son motivo suficiente para producirles daño que da lugar a esta indemnización. FICHA Nº 8 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ellos, de seis años de edad, es el resultado de la negligencia inexcusable del contratista, ha nacido para éste y subsidiariamente para la mandante, como dueña de la faena, la obligación de indemnizar a los demandantes nombrados. (Considerandos 2° y 3° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

II. En lo referente a la suma de $ 99.400.000 que la demandante pide por concepto de lucro cesante, que según señala resulta del promedio de renta de $ 350.000 mensuales que percibía el fallecido, de 41 años de edad a la fecha de su muerte y proyectado esto por toda su vida laboral, es decir, hasta los 65 años de edad, sumas que eran utilizadas para mantener a su familia, compuesto por su cónyuge e hijo antes nombrados, cabe señalar que los antecedentes allegados al proceso y los argumentos hechos valer por la demandante, no son suficientes para determinar en forma precisa el monto del daño que cobra por este concepto, pues no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima para inferir de ello lo que su cónyuge e hijo habrían dejado de percibir a causa de su muerte, ya que existen numerosas eventualidades que por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. De otro lado, atendido que en la demanda no hay petición subsidiaria para el caso de estimarse que procede otorgar una indemnización por esta rubro, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder regularse en alguna otra que resulte más ajustada al mérito del proceso. (Considerando 4º sentencia Corte de Apelaciones) ellos, de seis años de edad, es el resultado de la negligencia inexcusable del contratista, ha nacido para éste y subsidiariamente para la mandante, como dueña de la faena, la obligación de indemnizar a los demandantes nombrados. (Considerandos 2° y 3° de la sentencia de la Corte de Apelaciones) 16

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. Ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

III. Respecto al daño moral, es inconcuso que los hechos que causaron la muerte al trabajador, han sido motivo suficiente para producir a su cónyuge y a su hijo de 6 años de edad, un dolor, pesar o molestia en su sensibilidad física y en sus sentimientos lo que, naturalmente, ha sido motivo suficiente para producirles un daño moral. (Considerando 5º sentencia Corte de Apelaciones)

III. Respecto al daño moral, es inconcuso que los hechos que causaron la muerte al trabajador, han sido motivo suficiente para producir a su cónyuge y a su hijo de 6 años de edad, un dolor, pesar o molestia en su sensibilidad física y en sus sentimientos lo que, naturalmente, ha sido motivo suficiente para producirles un daño moral. (Considerando 5º sentencia Corte de Apelaciones)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. Ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

II. En lo referente a la suma de $ 99.400.000 que la demandante pide por concepto de lucro cesante, que según señala resulta del promedio de renta de $ 350.000 mensuales que percibía el fallecido, de 41 años de edad a la fecha de su muerte y proyectado esto por toda su vida laboral, es decir, hasta los 65 años de edad, sumas que eran utilizadas para mantener a su familia, compuesto por su cónyuge e hijo antes nombrados, cabe señalar que los antecedentes allegados al proceso y los argumentos hechos valer por la demandante, no son suficientes para determinar en forma precisa el monto del daño que cobra por este concepto, pues no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima para inferir de ello lo que su cónyuge e hijo habrían dejado de percibir a causa de su muerte, ya que existen numerosas eventualidades que por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. De otro lado, atendido que en la demanda no hay petición subsidiaria para el caso de estimarse que procede otorgar una indemnización por esta rubro, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder regularse en alguna otra que resulte más ajustada al mérito del proceso. (Considerando 4º sentencia Corte de Apelaciones)

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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FICHA Nº 9 I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE a. La naturaleza de la reparación que se origina entre el empleador y un tercero relacionado con la víctima del accidente es de índole extracontractual. b. Se trata de un tercero sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. II. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO a. En los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo, se excepciona la responsabilidad extracontractual.

I. Tratándose de materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, no puede estimarse que la responsabilidad del empleador derive propia y únicamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia y es esta legislación laboral la que impone el deber u obligación de seguridad al empleador. Así, el accidente de trabajo, en que falleció la madre de la actora se debió a un caso fortuito como consecuencia de haber sido víctima de un asalto criminal en el lugar donde ella trabajaba. El Juzgado Laboral resulta incompetente para conocer de la acción intentada por la hija de la trabajadora fallecida, en atención a que se trata de un tercero sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. En efecto, en autos, no se trata de una cuestión entre trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido acción en calidad de sucesora de la dependiente afectada. Es decir, ciertamenDOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajadora (funciones de camarera, aseo y mandados) EDAD: 41 CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (disparo en la cabeza por asalto) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $ 150.000.000 Rechazado Lucro Cesante

No se solicita

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 2610-2003 Tipo de recurso: Casación en el Fondo (acogido) Partes: Angie Marie Poblete Bahamóndez con Moteles Ensueño Limitada Ministros: Sres. José Benquis C.; José Luis Pérez Z.; Orlando Álvarez H.; Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Cita Online: CL/JUR/2742/2004

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 2610-2003 Tipo de recurso: Casación en el Fondo (acogido) Partes: Angie Marie Poblete Bahamóndez con Moteles Ensueño Limitada Ministros: Sres. José Benquis C.; José Luis Pérez Z.; Orlando Álvarez H.; Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Cita Online: CL/JUR/2742/2004 Lucro Cesante

No se solicita

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajadora (funciones de camarera, aseo y mandados) EDAD: 41 CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte (disparo en la cabeza por asalto) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $ 150.000.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

DOCTRINA I. Tratándose de materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, no puede estimarse que la responsabilidad del empleador derive propia y únicamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia y es esta legislación laboral la que impone el deber u obligación de seguridad al empleador. Así, el accidente de trabajo, en que falleció la madre de la actora se debió a un caso fortuito como consecuencia de haber sido víctima de un asalto criminal en el lugar donde ella trabajaba. El Juzgado Laboral resulta incompetente para conocer de la acción intentada por la hija de la trabajadora fallecida, en atención a que se trata de un tercero sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. En efecto, en autos, no se trata de una cuestión entre trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido acción en calidad de sucesora de la dependiente afectada. Es decir, ciertamen-

I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE a. La naturaleza de la reparación que se origina entre el empleador y un tercero relacionado con la víctima del accidente es de índole extracontractual. b. Se trata de un tercero sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. II. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO a. En los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo, se excepciona la responsabilidad extracontractual. FICHA Nº 9 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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te entonces, la hija de la trabajadora fallecida pretende hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, por ende, no puede considerarse que la proteja la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes. (Considerandos 5º y 6º de la sentencia de casación) II. Establecida la naturaleza extracontractual de la responsabilidad de que se trata, ha de asentarse que los juzgados laborales no son competentes para conocer de este pleito. En efecto, de conformidad con el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, en los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, se excepciona la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744. (Considerando 7º de la sentencia de casación) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. Ley Nº 16.744; art. 69.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. Ley Nº 16.744; art. 69. II. Establecida la naturaleza extracontractual de la responsabilidad de que se trata, ha de asentarse que los juzgados laborales no son competentes para conocer de este pleito. En efecto, de conformidad con el artículo 420 letra f) del Código del Trabajo, en los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, se excepciona la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744. (Considerando 7º de la sentencia de casación) te entonces, la hija de la trabajadora fallecida pretende hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, por ende, no puede considerarse que la proteja la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes. (Considerandos 5º y 6º de la sentencia de casación) 18

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FICHA Nº 10 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. La responsabilidad del dueño de la obra, empresa o faena es subsidiaria y no solidaria. b. Es un requisito de procesabilidad que la acción deba dirigirse contra el contratista y el dueño de la obra. II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE CONVIVIENTE a. Nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tanto es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. b. El artículo 69, letra b) de la ley Nº 16.744, dispone que las personas a quienes el accidente cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (funciones de instalaciones eléctricas) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $ 120.000.000 15.000.000 (conviviente e hijo) Lucro Cesante No solicita

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 13-2000 Tipo de recurso: Casación en el fondo (acogido) Partes: José Díaz Moscoso Gloria del Carmen y Otro con Miranda Cassuni Santiago y Otro. Ministros: Sres. Mario Garrido M.; Marcos Libedinsky T.; José Benquis C.; Urbano Marín V. y el abogado integrante Sr. Patricio Novoa F. Cita OnLine: CL/JUR/2366/2000 DOCTRINA I. Era requisito para hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra o faena, que el escrito de demanda, además, de dirigirse en contra del subcontratista, se interpusiera en contra del contratista, puesto que en el evento que no se pueda hacer efectiva la responsabilidad de esta última, puede perseguirse a la primera. Lo anteriormente afirmado, puede entenderse como un requisito de procesabilidad, en esta cadena que surge entre el dueño de la obra, su contratista y el o los subcontratistas, en que van respondiendo sólo en forma subsidiaria de las obligaciones laborales y previsionales. La actora no dirigió su acción en contra de la empresa contratista, quien en primer término responde en forma subsidiaria de la obligación laboral que se demanda en estos

I. Era requisito para hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra o faena, que el escrito de demanda, además, de dirigirse en contra del subcontratista, se interpusiera en contra del contratista, puesto que en el evento que no se pueda hacer efectiva la responsabilidad de esta última, puede perseguirse a la primera. Lo anteriormente afirmado, puede entenderse como un requisito de procesabilidad, en esta cadena que surge entre el dueño de la obra, su contratista y el o los subcontratistas, en que van respondiendo sólo en forma subsidiaria de las obligaciones laborales y previsionales. La actora no dirigió su acción en contra de la empresa contratista, quien en primer término responde en forma subsidiaria de la obligación laboral que se demanda en estos DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 13-2000 Tipo de recurso: Casación en el fondo (acogido) Partes: José Díaz Moscoso Gloria del Carmen y Otro con Miranda Cassuni Santiago y Otro. Ministros: Sres. Mario Garrido M.; Marcos Libedinsky T.; José Benquis C.; Urbano Marín V. y el abogado integrante Sr. Patricio Novoa F. Cita OnLine: CL/JUR/2366/2000 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (funciones de instalaciones eléctricas) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $ 120.000.000 15.000.000 (conviviente e hijo) Lucro Cesante No solicita CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. La responsabilidad del dueño de la obra, empresa o faena es subsidiaria y no solidaria. b. Es un requisito de procesabilidad que la acción deba dirigirse contra el contratista y el dueño de la obra. II. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE CONVIVIENTE a. Nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tanto es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. b. El artículo 69, letra b) de la ley Nº 16.744, dispone que las personas a quienes el accidente cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho. FICHA Nº 10 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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antecedentes, incumplida por la subcontratista, empleadora del trabajador fallecido; así, mal puede condenarse al dueño de la obra o faena, como lo han resuelto los jueces del fondo, ya que la obligación contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo no es solidaria, sino que subsidiaria. (Considerandos 8°, 9° y 10 de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

II. Con el Certificado de Nacimiento del menor, con las declaraciones de los testigos, en el sentido que el fallecido era del sostén económico de su familia, unido a lo declarado en su demanda por la actora, y considerando que las demandadas no han impugnado la relación de “pareja” del fallecido, apreciando estos hechos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en opinión de los sentenciadores está acreditado en autos la calidad de conviviente de la actora con el fallecido. Ahora que, la relación de pareja o convivencia, si bien no está unida por un vínculo matrimonial, significa una vida en común y la actora, como conviviente por más de cinco años y madre de su único hijo, enfrenta la pérdida de su conviviente con el mismo dolor y consecuencias económicas que si el occiso hubiera sido su cónyuge, ya que habían formado un hogar que era sostenido económicamente por él. Por ello, en opinión de los jueces sentenciadores, la actora tiene un interés directo en este juicio, pues ha perdido su compañero de vida, lo que le produjo un perjuicio directo en lo económico al quedar ella y su hijo sin apoyo, por lo cual la demanda de autos parece legítima y, además, ella como mujer y su hijo como tal, han sufrido un daño moral con la pérdida de su pareja y padre. Por otra parte, nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tan es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. Además, nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 1º, reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y un hombre, una mujer y un hijo común que viven juntos en un hogar, constituyen, sin ninguna duda, una familia, la que es necesario proteger cuando el jefe de familia ha fallecido. Además, existe una razón de texto para estimar que la actora tiene legitimidad activa y es el artículo 69 de la ley Nº 16.744, que en su letra b) dispone que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho. (Considerando 7° de la sentencia de la Corte de Apelaciones) antecedentes, incumplida por la subcontratista, empleadora del trabajador fallecido; así, mal puede condenarse al dueño de la obra o faena, como lo han resuelto los jueces del fondo, ya que la obligación contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo no es solidaria, sino que subsidiaria. (Considerandos 8°, 9° y 10 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) 20

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo: artículos 1º, 420 letra f), 439 y siguientes del 4º, 6º, 144, 158 y 160. Código de Procedimiento Civil: artículos 303 Nºs. 2 y 6. Código Civil: artículo 51; ley N° 16.744; artículo 69 letra b).

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo: artículos 1º, 420 letra f), 439 y siguientes del 4º, 6º, 144, 158 y 160. Código de Procedimiento Civil: artículos 303 Nºs. 2 y 6. Código Civil: artículo 51; ley N° 16.744; artículo 69 letra b).

II. Con el Certificado de Nacimiento del menor, con las declaraciones de los testigos, en el sentido que el fallecido era del sostén económico de su familia, unido a lo declarado en su demanda por la actora, y considerando que las demandadas no han impugnado la relación de “pareja” del fallecido, apreciando estos hechos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en opinión de los sentenciadores está acreditado en autos la calidad de conviviente de la actora con el fallecido. Ahora que, la relación de pareja o convivencia, si bien no está unida por un vínculo matrimonial, significa una vida en común y la actora, como conviviente por más de cinco años y madre de su único hijo, enfrenta la pérdida de su conviviente con el mismo dolor y consecuencias económicas que si el occiso hubiera sido su cónyuge, ya que habían formado un hogar que era sostenido económicamente por él. Por ello, en opinión de los jueces sentenciadores, la actora tiene un interés directo en este juicio, pues ha perdido su compañero de vida, lo que le produjo un perjuicio directo en lo económico al quedar ella y su hijo sin apoyo, por lo cual la demanda de autos parece legítima y, además, ella como mujer y su hijo como tal, han sufrido un daño moral con la pérdida de su pareja y padre. Por otra parte, nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tan es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. Además, nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 1º, reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y un hombre, una mujer y un hijo común que viven juntos en un hogar, constituyen, sin ninguna duda, una familia, la que es necesario proteger cuando el jefe de familia ha fallecido. Además, existe una razón de texto para estimar que la actora tiene legitimidad activa y es el artículo 69 de la ley Nº 16.744, que en su letra b) dispone que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho. (Considerando 7° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

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FICHA Nº 11 I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE a. Las indemnizaciones que se generan del incumplimiento del deber de protección tienen un origen contractual. b. Son los Juzgados de Letras del Trabajo los llamados a conocer las acciones que se deducen por infracción al deber de protección y seguridad.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (jornalero a cargo de aseo y otras labores menores) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta CONCEPTOS DEMANDADOS

MONTOS DEMANDADOS

MONTOS OTORGADOS

Daño Moral

$ 60.000.000

Rechazada

Lucro Cesante

$ 30.844.800

Rechazada

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 98-2000 Tipo: Recurso de casación (acogido) Partes: Luis Mool Méndez con Constructora Gateway S.A. Ministros: Sres. Marcos Libedinsky T.; José Benquis C.; Urbano Marín V. y los abogados integrantes Sres. Patricio Novoa F. y Juan Infante P. Cita OnLine: CL/JUR/3024/2000 DOCTRINA Cabe tener presente que, como este Tribunal lo ha decidido ya, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, el legislador ha previsto el subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, artículo 69, que prescribe: Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Es decir, esta norma consagra la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios, cuando ellos han sido causados por el incumplimiento del deber de protección a la vida y salud del trabajador, cometido por el empleador y concede tal acción no sólo al propio afectado, sino a las demás personas a quienes el accidente cause daño.

Cabe tener presente que, como este Tribunal lo ha decidido ya, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, el legislador ha previsto el subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, artículo 69, que prescribe: Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Es decir, esta norma consagra la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios, cuando ellos han sido causados por el incumplimiento del deber de protección a la vida y salud del trabajador, cometido por el empleador y concede tal acción no sólo al propio afectado, sino a las demás personas a quienes el accidente cause daño. DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 98-2000 Tipo: Recurso de casación (acogido) Partes: Luis Mool Méndez con Constructora Gateway S.A. Ministros: Sres. Marcos Libedinsky T.; José Benquis C.; Urbano Marín V. y los abogados integrantes Sres. Patricio Novoa F. y Juan Infante P. Cita OnLine: CL/JUR/3024/2000 $ 30.844.800

Lucro Cesante

$ 60.000.000

Daño Moral

MONTOS DEMANDADOS

CONCEPTOS DEMANDADOS

Rechazada Rechazada MONTOS OTORGADOS

OCUPACIÓN: Trabajador (jornalero a cargo de aseo y otras labores menores) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Muerte EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Indirecta ANTECEDENTES GENERALES: CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE a. Las indemnizaciones que se generan del incumplimiento del deber de protección tienen un origen contractual. b. Son los Juzgados de Letras del Trabajo los llamados a conocer las acciones que se deducen por infracción al deber de protección y seguridad. FICHA Nº 11 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En esta línea de deducciones, resulta evidente que el fallo impugnado ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 420 f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744, desde que conforme a tales normas, son los juzgados del trabajo los llamados a conocer y fallar las causas en que se deduce una acción que tiene por fundamento el deber de protección y seguridad, impuesto por el legislador al empleador, deber que se encuentra consagrado en el artículo 184 del Código del ramo, que, si bien no se menciona en el recurso en análisis, ha sido, evidentemente, quebrantada también. (Considerandos 5° y 6° de la sentencia de casación) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo, artículo 184; ley Nº 16.744, artículo 69 letra b).

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo, artículo 184; ley Nº 16.744, artículo 69 letra b). En esta línea de deducciones, resulta evidente que el fallo impugnado ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 420 f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744, desde que conforme a tales normas, son los juzgados del trabajo los llamados a conocer y fallar las causas en que se deduce una acción que tiene por fundamento el deber de protección y seguridad, impuesto por el legislador al empleador, deber que se encuentra consagrado en el artículo 184 del Código del ramo, que, si bien no se menciona en el recurso en análisis, ha sido, evidentemente, quebrantada también. (Considerandos 5° y 6° de la sentencia de casación) 22

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ANEXO DE JURISPRUDENCIA

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 676-2010 Cita online: CL/JUR/12491/2010 I. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES Concepción, treinta de noviembre de dos mil diez. VISTO: Se eliminan de la sentencia apelada sus fundamentos séptimo, octavo, noveno y décimo, se le reproduce en lo demás y se tiene además presente: 1° Que la demanda se afinca en lo dispuesto en los artículos 184 del Código del Trabajo, que preceptúa que el empleador estará obligado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y en el artículo 69 de la ley N° 16.744, que en su parte pertinente expresa: Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: …b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad causa daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. 2° Que los demandantes sostienen que en el accidente que le costó la vida a su cónyuge y padre, la demandada actuó “descuidada, negligente y temerariamente, es decir, con culpa” por cuanto no cumplía ninguna de las medidas de seguridad que la ley exige al empleador para salvaguardar la integridad física, psicológica y la vida de los trabajadores, no tenía experto prevencionista para realizar maniobras peligrosas, no informó oportuna ni debidamente a los trabajadores de la faena y no tenía elementos de seguridad. 3° Que no son hechos controvertidos por las partes, que el accidente se produjo mientras Sergio Ricardo Alarcón Alarcón, efectuaba trabajos para su empleadora, la demandada de autos. 4° Que la parte demandada ha negado los hechos en que se sustenta la demanda señalando que la causa del accidente fue la actuación negligente del trabajador señor Alarcón quien se cruzó por detrás de una retroexcavadora en los momentos en que se efectuaban maniobras de descenso de la máquina del camión que manejaba el occiso, que se atravesó sin razón alguna en los instantes en que la máquina era bajada y que además adoptó todas las medidas de seguridad y protección del trabajador exigibles respecto del hecho lesivo cuya responsabilidad se persigue, así implementó las medidas adecuadas y proporcionales a la labor realizada y susceptibles de ser aplicadas en razón de la labor realizada por el trabajador, cumpliendo con las obligaciones impositivas de la ley N° 16.744. 5° Que la versión que da la parte demandada de los hechos aparece desvirtuada por lo establecido por ella misma en el informe interno de accidente de trabajador con consecuencia fatal, que rola a fojas 20 del Sumario Sanitario. En efecto, en dicho informe se señala, en la narración de los hechos, lo siguiente: “Siendo el día lunes 28 de agosto del 2006, aproximadamente a las 14:00 procede el Sr. Octavio Valeria S. operador de la maquinaria excavadora marca JCB modelo LS 200, año 2005 a bajar excavadora de camión cama baja. Una vez realizada la maniobra y estando la excavadora en terreno, el operador procede a realizar maniobra de retroceso cuando se percata del aplastamiento del chofer del camión”. Conforme a lo establecido por la propia demandada en dicho informe y a lo declarado por el operador de la máquina, en el sumario sanitario N°424-2006 y en el informe de investigación del accidente realizado por el Instituto de Normalización Previsional, el accidente no ocurrió cuando bajaban la retroexcavadora del camión, como lo señala al contestar la demanda la parte demandada, sino ocurrió estando la retroexcavadora en tierra, cuando el operador procedió a realizar una maniobra de retroceso atropellando al trabajador que se encontraba detrás de ella. 6° Que el deber de protección y seguridad impuesto al empleador en el artículo 184 del Código del Trabajo, tiene el carácter de obligación legal, de manera que debe ser el empleador quien deba

Concepción, treinta de noviembre de dos mil diez. VISTO: Se eliminan de la sentencia apelada sus fundamentos séptimo, octavo, noveno y décimo, se le reproduce en lo demás y se tiene además presente: 1° Que la demanda se afinca en lo dispuesto en los artículos 184 del Código del Trabajo, que preceptúa que el empleador estará obligado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y en el artículo 69 de la ley N° 16.744, que en su parte pertinente expresa: Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: …b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad causa daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. 2° Que los demandantes sostienen que en el accidente que le costó la vida a su cónyuge y padre, la demandada actuó “descuidada, negligente y temerariamente, es decir, con culpa” por cuanto no cumplía ninguna de las medidas de seguridad que la ley exige al empleador para salvaguardar la integridad física, psicológica y la vida de los trabajadores, no tenía experto prevencionista para realizar maniobras peligrosas, no informó oportuna ni debidamente a los trabajadores de la faena y no tenía elementos de seguridad. 3° Que no son hechos controvertidos por las partes, que el accidente se produjo mientras Sergio Ricardo Alarcón Alarcón, efectuaba trabajos para su empleadora, la demandada de autos. 4° Que la parte demandada ha negado los hechos en que se sustenta la demanda señalando que la causa del accidente fue la actuación negligente del trabajador señor Alarcón quien se cruzó por detrás de una retroexcavadora en los momentos en que se efectuaban maniobras de descenso de la máquina del camión que manejaba el occiso, que se atravesó sin razón alguna en los instantes en que la máquina era bajada y que además adoptó todas las medidas de seguridad y protección del trabajador exigibles respecto del hecho lesivo cuya responsabilidad se persigue, así implementó las medidas adecuadas y proporcionales a la labor realizada y susceptibles de ser aplicadas en razón de la labor realizada por el trabajador, cumpliendo con las obligaciones impositivas de la ley N° 16.744. 5° Que la versión que da la parte demandada de los hechos aparece desvirtuada por lo establecido por ella misma en el informe interno de accidente de trabajador con consecuencia fatal, que rola a fojas 20 del Sumario Sanitario. En efecto, en dicho informe se señala, en la narración de los hechos, lo siguiente: “Siendo el día lunes 28 de agosto del 2006, aproximadamente a las 14:00 procede el Sr. Octavio Valeria S. operador de la maquinaria excavadora marca JCB modelo LS 200, año 2005 a bajar excavadora de camión cama baja. Una vez realizada la maniobra y estando la excavadora en terreno, el operador procede a realizar maniobra de retroceso cuando se percata del aplastamiento del chofer del camión”. Conforme a lo establecido por la propia demandada en dicho informe y a lo declarado por el operador de la máquina, en el sumario sanitario N°424-2006 y en el informe de investigación del accidente realizado por el Instituto de Normalización Previsional, el accidente no ocurrió cuando bajaban la retroexcavadora del camión, como lo señala al contestar la demanda la parte demandada, sino ocurrió estando la retroexcavadora en tierra, cuando el operador procedió a realizar una maniobra de retroceso atropellando al trabajador que se encontraba detrás de ella. 6° Que el deber de protección y seguridad impuesto al empleador en el artículo 184 del Código del Trabajo, tiene el carácter de obligación legal, de manera que debe ser el empleador quien deba

I. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 676-2010 Cita online: CL/JUR/12491/2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

acreditar que hizo efectivas todas las medidas de seguridad para eximirse de la responsabilidad que el legislador le atribuye. Así lo ha resuelto la Excma Corte Suprema en diversas sentencias (V. gr. Causas Rol N° 3.143-2009 y Rol N° 5.381-2004). 7° Que se encuentra acreditado en autos que el occiso era trabajador de la demandada (contrato de trabajo de fojas 1), que perdió la vida en un accidente laboral (hecho no controvertido por la demandada y probado además con los dichos de los testigos presentados por la demandante, por el Sumario sanitario acompañado por la demandada y por la investigación del accidente efectuada por el INP). Además, se encuentra acreditado en autos que el accidente se debió a la falta de medidas de prevención de la empleadora, así aparece de la Investigación del Accidente efectuado por experto en prevención de riesgos del INP, Ralf Burgos Ramírez, cuyo informe se agregó a fojas 132 y siguientes, documento oficial no objetado por la demandada, en el cual se establece que el accidente se debió a la falta de medidas de prevención de la empleadora, indicándose en el informe cuales fueron ellas y ordenando las medidas correctivas que debía implementar la empleadora correspondientes a las causas del accidente y el plazo que se le otorgaba para cumplirlas. No se ha probado la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor o que el accidente se hubiese debido a un acto voluntario de la víctima o bien que las medidas de seguridad fueron debidamente arbitradas. El hecho de haberse sobreseído a la demandada en el sumario sanitario, que persigue la aplicación de una multa para los casos señalados en la ley, no implica que ello exima de responsabilidad en el accidente a la demandada, habida consideración, además, que lo opinado por la Seremi de Salud, no obliga a esta Corte y que la causa del sobreseimiento fue que no se determinó cabalmente responsabilidad en la empresa del accidente laboral fatal acaecido, no porque no tuviera responsabilidad o porque hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que sobre ella pesaba. 8° Que, consiguientemente, en razón de lo establecido precedentemente, la culpa del empleador demandado en esta causa se ha traducido en la inobservancia de su deber legal de otorgar seguridad efectiva a su trabajador, lo que motivó el accidente del trabajo y la muerte del trabajador, existiendo la relación de causa a efecto entre el hecho dañoso y su resultado. 9° Que, habiéndose establecido la responsabilidad de la demandada en el accidente en que perdió la vida Sergio Ricardo Alarcón Alarcón, surge su obligación de indemnizar todos los daños que sean consecuencia de su conducta ilícita. 10° Que se ha solicitado por los demandantes se condene a la demandada al pago de $ 100.000.000 por concepto del daño moral sufrido con motivo de la muerte de su cónyuge y padre, o la suma mayor o menor a la pedida que el tribunal estime de acuerdo al mérito del proceso. 11° Que con el mérito del certificado de matrimonio y de los de nacimiento, agregados a fojas 7, 8 y 9, los que no fueron objetados, se encuentra acreditada la calidad de cónyuge e hijos, respectivamente, de los demandantes respecto de la víctima Sergio Ricardo Alarcón Alarcón y, por ende, su legitimación activa para demandar. 12° Que los testigos de los demandantes están contestes en señalar que les consta el daño moral que sufrieron los demandantes con la muerte de don Sergio Ricardo Alarcón Alarcón. En efecto, el testigo Jovelino Segundo Neira Guzmán refiere que se ha encontrado con la señora de don Sergio Alarcón en reiteradas ocasiones y que “ya no es la misma persona que antes, ya no es una persona alegre, además de todo el perjuicio económico al no estar el marido y eso llevado a que tenga que criar a sus hijos sola, que son uno de 12 y otro de 6, todos los daños también los han sufrido los menores al no tener la presencia de su padre”; por su parte el testigo Juan Carlos Andrade Alegría expresa que es vecino de la demandante y se ha percatado a simple vista que ya no es la misma mujer de antes, que los niños ya no ven al papá en casa y eso les ha traído un daño sicológico, no pueden dormir en las noches; por último el testigo Rolando Enrique Osses Arroyo declara que se ha encontrado con María Llanca y ha notado que todavía sigue mal por el accidente y sus hijos también, le ha contado que tienen pesadillas y problemas sicológicos, que en lo referente al ánimo ella llora mucho y esta decaída. Esta prueba, apreciado su valor probatorio conforme a lo dispuesto en el número 3° del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, permite tener por acreditado en autos la existencia del daño moral que han sufrido los demandantes con la muerte de su cónyuge y padre.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

acreditar que hizo efectivas todas las medidas de seguridad para eximirse de la responsabilidad que el legislador le atribuye. Así lo ha resuelto la Excma Corte Suprema en diversas sentencias (V. gr. Causas Rol N° 3.143-2009 y Rol N° 5.381-2004). 7° Que se encuentra acreditado en autos que el occiso era trabajador de la demandada (contrato de trabajo de fojas 1), que perdió la vida en un accidente laboral (hecho no controvertido por la demandada y probado además con los dichos de los testigos presentados por la demandante, por el Sumario sanitario acompañado por la demandada y por la investigación del accidente efectuada por el INP). Además, se encuentra acreditado en autos que el accidente se debió a la falta de medidas de prevención de la empleadora, así aparece de la Investigación del Accidente efectuado por experto en prevención de riesgos del INP, Ralf Burgos Ramírez, cuyo informe se agregó a fojas 132 y siguientes, documento oficial no objetado por la demandada, en el cual se establece que el accidente se debió a la falta de medidas de prevención de la empleadora, indicándose en el informe cuales fueron ellas y ordenando las medidas correctivas que debía implementar la empleadora correspondientes a las causas del accidente y el plazo que se le otorgaba para cumplirlas. No se ha probado la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor o que el accidente se hubiese debido a un acto voluntario de la víctima o bien que las medidas de seguridad fueron debidamente arbitradas. El hecho de haberse sobreseído a la demandada en el sumario sanitario, que persigue la aplicación de una multa para los casos señalados en la ley, no implica que ello exima de responsabilidad en el accidente a la demandada, habida consideración, además, que lo opinado por la Seremi de Salud, no obliga a esta Corte y que la causa del sobreseimiento fue que no se determinó cabalmente responsabilidad en la empresa del accidente laboral fatal acaecido, no porque no tuviera responsabilidad o porque hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que sobre ella pesaba. 8° Que, consiguientemente, en razón de lo establecido precedentemente, la culpa del empleador demandado en esta causa se ha traducido en la inobservancia de su deber legal de otorgar seguridad efectiva a su trabajador, lo que motivó el accidente del trabajo y la muerte del trabajador, existiendo la relación de causa a efecto entre el hecho dañoso y su resultado. 9° Que, habiéndose establecido la responsabilidad de la demandada en el accidente en que perdió la vida Sergio Ricardo Alarcón Alarcón, surge su obligación de indemnizar todos los daños que sean consecuencia de su conducta ilícita. 10° Que se ha solicitado por los demandantes se condene a la demandada al pago de $ 100.000.000 por concepto del daño moral sufrido con motivo de la muerte de su cónyuge y padre, o la suma mayor o menor a la pedida que el tribunal estime de acuerdo al mérito del proceso. 11° Que con el mérito del certificado de matrimonio y de los de nacimiento, agregados a fojas 7, 8 y 9, los que no fueron objetados, se encuentra acreditada la calidad de cónyuge e hijos, respectivamente, de los demandantes respecto de la víctima Sergio Ricardo Alarcón Alarcón y, por ende, su legitimación activa para demandar. 12° Que los testigos de los demandantes están contestes en señalar que les consta el daño moral que sufrieron los demandantes con la muerte de don Sergio Ricardo Alarcón Alarcón. En efecto, el testigo Jovelino Segundo Neira Guzmán refiere que se ha encontrado con la señora de don Sergio Alarcón en reiteradas ocasiones y que “ya no es la misma persona que antes, ya no es una persona alegre, además de todo el perjuicio económico al no estar el marido y eso llevado a que tenga que criar a sus hijos sola, que son uno de 12 y otro de 6, todos los daños también los han sufrido los menores al no tener la presencia de su padre”; por su parte el testigo Juan Carlos Andrade Alegría expresa que es vecino de la demandante y se ha percatado a simple vista que ya no es la misma mujer de antes, que los niños ya no ven al papá en casa y eso les ha traído un daño sicológico, no pueden dormir en las noches; por último el testigo Rolando Enrique Osses Arroyo declara que se ha encontrado con María Llanca y ha notado que todavía sigue mal por el accidente y sus hijos también, le ha contado que tienen pesadillas y problemas sicológicos, que en lo referente al ánimo ella llora mucho y esta decaída. Esta prueba, apreciado su valor probatorio conforme a lo dispuesto en el número 3° del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, permite tener por acreditado en autos la existencia del daño moral que han sufrido los demandantes con la muerte de su cónyuge y padre.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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13° Que conviene recordar que dada la naturaleza extrapatrimonial del daño moral, si bien no puede pretenderse su reparación ya que el perjuicio no puede ser borrado, la indemnización monetaria tiene una finalidad satisfactoria, compensatoria, destinada a morigerar las consecuencias del mal sufrido. En este orden de ideas se estima del caso fijar la indemnización en $ 10.000.000 para cada uno de los demandantes, esto es, la cantidad total de $ 30.000.000, sin que obste a ello el hecho de haber solicitado los demandantes la suma de $ 100.000.000, toda vez que dieron amplias facultades al tribunal para fijar otras cantidades. 14° Que en lo que dice relación con la alegación de la demandada de que la víctima se expuso imprudentemente al daño, de manera que debe reducirse la indemnización, no solo no resultó probado, sino debe tenerse presente que son la cónyuge y los hijos los que demandan la indemnización por su propio daño, al cual no se expusieron, de manera que no puede aplicarse la reducción contemplada en el artículo 2330 del Código Civil. Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, se revoca la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, escrita a fojas 92 y siguientes y en su lugar se declara: Que se hace lugar a la demanda de fojas 19 y se condena a la demandada al pago de la suma de $10.000.000 para cada uno de los demandantes, en total $30.000.000, por concepto de daño moral. Se la condena, además, al pago de las costas de la causa. Regístrese y devuélvase con su custodia. Redacción de la Ministro señora Rosa Patricia Mackay Foigelman. Rol N° 676-2010. Ministros Sr. Aldana, Sra. Mackay y Sr. Mella.

13° Que conviene recordar que dada la naturaleza extrapatrimonial del daño moral, si bien no puede pretenderse su reparación ya que el perjuicio no puede ser borrado, la indemnización monetaria tiene una finalidad satisfactoria, compensatoria, destinada a morigerar las consecuencias del mal sufrido. En este orden de ideas se estima del caso fijar la indemnización en $ 10.000.000 para cada uno de los demandantes, esto es, la cantidad total de $ 30.000.000, sin que obste a ello el hecho de haber solicitado los demandantes la suma de $ 100.000.000, toda vez que dieron amplias facultades al tribunal para fijar otras cantidades. 14° Que en lo que dice relación con la alegación de la demandada de que la víctima se expuso imprudentemente al daño, de manera que debe reducirse la indemnización, no solo no resultó probado, sino debe tenerse presente que son la cónyuge y los hijos los que demandan la indemnización por su propio daño, al cual no se expusieron, de manera que no puede aplicarse la reducción contemplada en el artículo 2330 del Código Civil. Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, se revoca la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, escrita a fojas 92 y siguientes y en su lugar se declara: Que se hace lugar a la demanda de fojas 19 y se condena a la demandada al pago de la suma de $10.000.000 para cada uno de los demandantes, en total $30.000.000, por concepto de daño moral. Se la condena, además, al pago de las costas de la causa. Regístrese y devuélvase con su custodia. Redacción de la Ministro señora Rosa Patricia Mackay Foigelman. Rol N° 676-2010. Ministros Sr. Aldana, Sra. Mackay y Sr. Mella. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

San Felipe, veintinueve de marzo del dos mil diez. VISTOS: Se ha instruido en esta causa Rol Nº 91.421, sobre indemnización de perjuicios en juicio ordinario, caratulada “Lamas con Serpac”, por demanda interpuesta por don Bernardino Escudero Ahumada y Bernard Debeuf Ponce de León, Perinez, labores; Miguel Ángel Martínez Lamas, empleado y Marie Dayana ambos abogados, con domicilio en Traslaviña Nº 336, San Felipe, en representación de María Cristina Lamas Martínez Lamas, estudiante, todos del mismo domicilio anterior, en contra de la sociedad Serpac S.A., sociedad del giro de fabricación y envasado de productos alimenticios, representada por su Gerente General don Milton Rusque Romero, se ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en calle Balmaceda Nº 860, Llay Llay, solicitando se acoja a tramitación y se le condene al pago de las indemnizaciones por los perjuicios sufridos señalados por sus representados. Notificada legalmente la demandada, contesta la demanda deducida en su contra a fojas 40. A fojas 49, la parte demandante evacua trámite de réplica. A fojas 53, se tiene por evacuado trámite de duplica en rebeldía de la parte demandada. A fojas 57, se lleva a efecto el comparendo de conciliación decretado en autos, dejándose constancia que esta no se produce. A fojas 60, se recibe la causa a prueba, y se fijan los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos allí señalados, más los agregados a fojas 73. Vencido el término probatorio y el plazo para hacer observaciones a la prueba se cita a las partes para oír sentencia a fojas 226. Cumplida medida para mejor resolver decretada, se trae la causa para fallo a fojas 267. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, en lo principal de fojas 15, comparece don Bernardino Escudero Ahumada y Bernard Debeuf Ponce de León, en representación de María Cristina Lamas Perinez, Miguel Ángel Martínez Lamas y Marie Dayana Martínez Lamas, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, en contra de sociedad Serpac S.A., ya individualizados, solicitando se acoja a tramitación y se le condene al pago de las siguientes indemnizaciones: $ 6.538.325., por concepto de lucro cesante a favor de doña María Cristina Lamas Perinez y a la suma de $ 70.000.000, a título de daño moral para cada uno de los tres actores, más reajustes e intereses legales desde la fecha del accidente hasta su pago efectivo, con costas. Fundan la demanda en que con fecha 11 de julio de 2007, más o menos a las 18:27 horas, falleció en Valparaíso don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, quien sufrió un accidente mientras se desempeñaba como trabajador de la empresa demandada. Que con fecha 10 de julio de 2007, recibió instrucciones de su empleador para trasladarse a calle Rodríguez Nº 4041 de la comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, para desarmar un galpón que se había adquirido. Que, don Miguel Ángel Martínez Rodríguez iba acompañado en esta labor del trabajador don Fernando Mur Bravo y el gerente de personal de la empresa, don Jesús Enrique Rusque Romero. Que, estando en funciones, sin ninguna medida de seguridad laboral tomada por la empleadora, tal como línea de vida o andamio, sufrió la caída desde el techo del galpón que estaban desarmando, impactando el suelo de cabeza, razón por la que fue atendido de urgencia y trasladado, dado la gravedad de la caída, a un hospital de Valparaíso, donde fallece al día siguiente. Que, don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, sufrió la caída mientras se encontraba trabajando para la sociedad Serpac S.A. como lo declaran ante el Ministerio Público de La Calera, don Jesús Enrique Rusque Romero y Fernando Mur Bravo, razón por la cual aparece clara la calidad de accidente laboral del hecho en razón del cual se produce la muerte, con la consiguiente responsabilidad para su empleadora. Funda su acción en lo establecido en la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, decreto Nº 594 del Ministerio de Salud del 15 de septiembre de 1999 y decreto supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Que los

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 6806-2010 Cita online: CL/JUR/11950/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 6806-2010 Cita online: CL/JUR/11950/2010

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

San Felipe, veintinueve de marzo del dos mil diez. VISTOS: Se ha instruido en esta causa Rol Nº 91.421, sobre indemnización de perjuicios en juicio ordinario, caratulada “Lamas con Serpac”, por demanda interpuesta por don Bernardino Escudero Ahumada y Bernard Debeuf Ponce de León, Perinez, labores; Miguel Ángel Martínez Lamas, empleado y Marie Dayana ambos abogados, con domicilio en Traslaviña Nº 336, San Felipe, en representación de María Cristina Lamas Martínez Lamas, estudiante, todos del mismo domicilio anterior, en contra de la sociedad Serpac S.A., sociedad del giro de fabricación y envasado de productos alimenticios, representada por su Gerente General don Milton Rusque Romero, se ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en calle Balmaceda Nº 860, Llay Llay, solicitando se acoja a tramitación y se le condene al pago de las indemnizaciones por los perjuicios sufridos señalados por sus representados. Notificada legalmente la demandada, contesta la demanda deducida en su contra a fojas 40. A fojas 49, la parte demandante evacua trámite de réplica. A fojas 53, se tiene por evacuado trámite de duplica en rebeldía de la parte demandada. A fojas 57, se lleva a efecto el comparendo de conciliación decretado en autos, dejándose constancia que esta no se produce. A fojas 60, se recibe la causa a prueba, y se fijan los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos allí señalados, más los agregados a fojas 73. Vencido el término probatorio y el plazo para hacer observaciones a la prueba se cita a las partes para oír sentencia a fojas 226. Cumplida medida para mejor resolver decretada, se trae la causa para fallo a fojas 267. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, en lo principal de fojas 15, comparece don Bernardino Escudero Ahumada y Bernard Debeuf Ponce de León, en representación de María Cristina Lamas Perinez, Miguel Ángel Martínez Lamas y Marie Dayana Martínez Lamas, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, en contra de sociedad Serpac S.A., ya individualizados, solicitando se acoja a tramitación y se le condene al pago de las siguientes indemnizaciones: $ 6.538.325., por concepto de lucro cesante a favor de doña María Cristina Lamas Perinez y a la suma de $ 70.000.000, a título de daño moral para cada uno de los tres actores, más reajustes e intereses legales desde la fecha del accidente hasta su pago efectivo, con costas. Fundan la demanda en que con fecha 11 de julio de 2007, más o menos a las 18:27 horas, falleció en Valparaíso don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, quien sufrió un accidente mientras se desempeñaba como trabajador de la empresa demandada. Que con fecha 10 de julio de 2007, recibió instrucciones de su empleador para trasladarse a calle Rodríguez Nº 4041 de la comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, para desarmar un galpón que se había adquirido. Que, don Miguel Ángel Martínez Rodríguez iba acompañado en esta labor del trabajador don Fernando Mur Bravo y el gerente de personal de la empresa, don Jesús Enrique Rusque Romero. Que, estando en funciones, sin ninguna medida de seguridad laboral tomada por la empleadora, tal como línea de vida o andamio, sufrió la caída desde el techo del galpón que estaban desarmando, impactando el suelo de cabeza, razón por la que fue atendido de urgencia y trasladado, dado la gravedad de la caída, a un hospital de Valparaíso, donde fallece al día siguiente. Que, don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, sufrió la caída mientras se encontraba trabajando para la sociedad Serpac S.A. como lo declaran ante el Ministerio Público de La Calera, don Jesús Enrique Rusque Romero y Fernando Mur Bravo, razón por la cual aparece clara la calidad de accidente laboral del hecho en razón del cual se produce la muerte, con la consiguiente responsabilidad para su empleadora. Funda su acción en lo establecido en la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, decreto Nº 594 del Ministerio de Salud del 15 de septiembre de 1999 y decreto supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Que los

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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personeros, gerentes y jefes superiores de la empresa que ordenó la faena en la que se encontraba laborando a la fecha del accidente el trabajador fallecido, estaban obligados a cuidar permanentemente la conducta de sus dependientes y de las demás personas naturales y/o jurídicas con las que se relacionaban a propósito de las faenas en que se desempeñaba el trabajador víctima del hecho dañoso, a fin de cumplir a cabalidad con la normativa imperante en nuestro país en materia de seguridad laboral. Que, en lo particular, debían contar los trabajadores con todos los elementos de seguridad para la labor específica de la cual se trata, nada facultaba a persona alguna para sacrificar las medidas de segundad en aras de la rapidez u otro motivo, de esta forma, si el trabajador resultó fallecido sólo pudo deberse a la culpa de la empresa. Que, la demandada no implementó un adecuado sistema de seguridad del lugar donde se efectuaban las faenas ni prestó los elementos necesarios para prevenir infortunios. Que, se infringieron las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. Que por su parte la normativa de seguridad de las labores de construcción se encuentran complementadas con las normas chilenas de calidad que emanan del Instituto Nacional de Normalización (INE), el que dicta reglas obligatorias de cumplir en actividades que produzcan peligro para la vida e integridad de las personas. Que en la misma normativa se establece la inspección obligatoria de los andamios por parte de un profesional responsable de la empresa, luego de lo cual recién puede empezarse a usar este elemento de apoyo a las labores de construcción. Que, la obligación de cuidado de los trabajadores se encuentra contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, que precisa: “El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Que tal obligación es esencial en toda relación laboral, toda vez que emana del propio contrato de trabajo, al cual se le incorporan todas las normas legales que integran el cumplimiento de sus obligaciones. Que, conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Nº 16.744, la víctima y las demás personas a quienes el accidente cause daño podrá reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también la otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral; que la acción compete no solamente al directamente afectado, sino también a toda otra persona que resulte damnificada con el hecho dañoso. Que, con motivo del accidente la demandante María Cristina Lamas Perinez ha sufrido daño por concepto de lucro cesante, consistente en la diferencia de ingreso promedio que recibía como trabajador su marido fallecido, vale decir la suma de $ 238.623 mensuales, en un 50% de lo mismo, esto es $ 119.311, y la actual pensión otorgada de $ 83.518, que percibe desde el mes de julio de 2007, produciéndose una natural diferencia de $ 47.725 pesos mensuales en perjuicio de la actora, María Cristina Lamas Perinez, los que deben proyectarse desde la data de otorgamiento de la pensión referida hasta la fecha que el trabajador hubiera cumplido 75 años de edad, lo que cifra 137 meses, resultando una cantidad de $ 6.538.325 como lucro cesante. Que, establecido en el proceso el sufrimiento o dolor de la víctima, se da por existente el perjuicio moral a causa del accidente de autos, el cual debe ser indemnizado por la empresa, demanda ese título la suma de $ 70.000.000 a favor de cada uno de los tres actores. SEGUNDO: Que la demandada, notificada legalmente, a fojas 40, contesta la demanda deducida en su contra, solicitando su rechazo. Expresa que alega la falta de idoneidad de la acción por improcedencia de responsabilidad civil contractual demandada, es del caso, que los demandantes en su libelo, han fundado la supuesta responsabilidad del demandado, en normas que regulan la responsabilidad contractual, o sea aquella que emanaría de la existencia de un vínculo jurídico contractual previo, sin embargo los actores comparecen a título personal, según se desprende de lo señalado en el segundo párrafo de la demanda, donde textualmente indica que la legitimación activa de la acción compete no sólo al directamente afectado sino también a toda otra persona que resulte damnificada en el hecho dañoso, por lo que de la propia demanda se desprende, que los actores son terceros que no tiene ni han tenido relación laboral alguna con la empresa demandada. Que al no existir vínculo contractual entre las partes de la presente causa, la acción no resulta idónea, dado que la responsabilidad contractual, no se transmite por causa de muerte, dado que el vínculo contractual con el trabajador se extinguió con la muerte de éste. Que, no cabe duda, que la responsabilidad que se persigue en autos es

personeros, gerentes y jefes superiores de la empresa que ordenó la faena en la que se encontraba laborando a la fecha del accidente el trabajador fallecido, estaban obligados a cuidar permanentemente la conducta de sus dependientes y de las demás personas naturales y/o jurídicas con las que se relacionaban a propósito de las faenas en que se desempeñaba el trabajador víctima del hecho dañoso, a fin de cumplir a cabalidad con la normativa imperante en nuestro país en materia de seguridad laboral. Que, en lo particular, debían contar los trabajadores con todos los elementos de seguridad para la labor específica de la cual se trata, nada facultaba a persona alguna para sacrificar las medidas de segundad en aras de la rapidez u otro motivo, de esta forma, si el trabajador resultó fallecido sólo pudo deberse a la culpa de la empresa. Que, la demandada no implementó un adecuado sistema de seguridad del lugar donde se efectuaban las faenas ni prestó los elementos necesarios para prevenir infortunios. Que, se infringieron las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. Que por su parte la normativa de seguridad de las labores de construcción se encuentran complementadas con las normas chilenas de calidad que emanan del Instituto Nacional de Normalización (INE), el que dicta reglas obligatorias de cumplir en actividades que produzcan peligro para la vida e integridad de las personas. Que en la misma normativa se establece la inspección obligatoria de los andamios por parte de un profesional responsable de la empresa, luego de lo cual recién puede empezarse a usar este elemento de apoyo a las labores de construcción. Que, la obligación de cuidado de los trabajadores se encuentra contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, que precisa: “El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Que tal obligación es esencial en toda relación laboral, toda vez que emana del propio contrato de trabajo, al cual se le incorporan todas las normas legales que integran el cumplimiento de sus obligaciones. Que, conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Nº 16.744, la víctima y las demás personas a quienes el accidente cause daño podrá reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también la otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral; que la acción compete no solamente al directamente afectado, sino también a toda otra persona que resulte damnificada con el hecho dañoso. Que, con motivo del accidente la demandante María Cristina Lamas Perinez ha sufrido daño por concepto de lucro cesante, consistente en la diferencia de ingreso promedio que recibía como trabajador su marido fallecido, vale decir la suma de $ 238.623 mensuales, en un 50% de lo mismo, esto es $ 119.311, y la actual pensión otorgada de $ 83.518, que percibe desde el mes de julio de 2007, produciéndose una natural diferencia de $ 47.725 pesos mensuales en perjuicio de la actora, María Cristina Lamas Perinez, los que deben proyectarse desde la data de otorgamiento de la pensión referida hasta la fecha que el trabajador hubiera cumplido 75 años de edad, lo que cifra 137 meses, resultando una cantidad de $ 6.538.325 como lucro cesante. Que, establecido en el proceso el sufrimiento o dolor de la víctima, se da por existente el perjuicio moral a causa del accidente de autos, el cual debe ser indemnizado por la empresa, demanda ese título la suma de $ 70.000.000 a favor de cada uno de los tres actores. SEGUNDO: Que la demandada, notificada legalmente, a fojas 40, contesta la demanda deducida en su contra, solicitando su rechazo. Expresa que alega la falta de idoneidad de la acción por improcedencia de responsabilidad civil contractual demandada, es del caso, que los demandantes en su libelo, han fundado la supuesta responsabilidad del demandado, en normas que regulan la responsabilidad contractual, o sea aquella que emanaría de la existencia de un vínculo jurídico contractual previo, sin embargo los actores comparecen a título personal, según se desprende de lo señalado en el segundo párrafo de la demanda, donde textualmente indica que la legitimación activa de la acción compete no sólo al directamente afectado sino también a toda otra persona que resulte damnificada en el hecho dañoso, por lo que de la propia demanda se desprende, que los actores son terceros que no tiene ni han tenido relación laboral alguna con la empresa demandada. Que al no existir vínculo contractual entre las partes de la presente causa, la acción no resulta idónea, dado que la responsabilidad contractual, no se transmite por causa de muerte, dado que el vínculo contractual con el trabajador se extinguió con la muerte de éste. Que, no cabe duda, que la responsabilidad que se persigue en autos es ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la responsabilidad civil contractual, emanada del contrato de trabajo que vinculaba al occiso don Miguel Ángel Martínez Rodríguez con la empresa Serpac S.A. y no la extracontractual, la que nunca fue demandada, por lo que al no existir vínculo contractual entre las partes, no resulta idónea la acción intentada. Que sin perjuicio de la falta de idoneidad de la acción alegada expresa que la demandada no tiene responsabilidad alguna en los hechos que culminaron en la lamentable muerte de Miguel Ángel Martínez Rodríguez. Que con ocasión de la compra de unos galpones que debían ser desarmados en calle Manuel Rodríguez Nº 40 de la comuna de Hijuelas, Serpac S.A. contrató los servicios del contratista Joel Antonio Valdenegro Parra con fecha 3 de julio del 2007, pactándose que el contratista debía proporcionar sus propios trabajadores para el desarme; que en tal condición se envió con fecha 10 de julio de 2007 a don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, con la labor única, específica y excluyente de supervisar el desarme que se ejecutaba por la empresa contratista. Que lamentablemente Martínez Rodríguez, excediendo la labor encomendada por su empleador, y por su propia iniciativa subió a la techumbre de uno de los galpones que se desarmaban, perdiendo el equilibrio por razones desconocidas, cayendo y falleciendo más tarde, que la labor encomendada al trabajador en ningún caso implicaba ejecutar los trabajos de desarme mismo y menos subir a las estructuras o galpones, incurriendo en lo que se denomina negligencia inexcusable, que no resulta justo, que como consecuencia de una acción impropia del trabajador, el empleador resulte culpable de un daño, como se pretende en la especie, a quien con toda su autoridad le fue imposible evitar el accidente, y menos representárselo, lo que constituye un eximente de responsabilidad civil en este caso para la demandada. Que, como ya se ha señalado, no cabe duda que en la especie no concurre el elemento culpa respecto de la empresa demandada, ni tampoco los actores se encuentran amparados con la obligación que impone el artículo 184 del Código del Trabajo, la cual es propia de una relación contractual. Que, en subsidio de lo anterior, y para el caso que se desestimen las defensas alegadas, invoca la misma conducta negligente del trabajador como atenuante de responsabilidad, conforme lo dispone el artículo 2330 del Código Civil. Que del mismo modo, el monto demandado por los actores a título de daño moral resulta exagerado y exorbitante evidenciando un ilegítimo interés de lucro a costa del lamentable accidente. TERCERO: Que, la parte demandante evacuando el trámite de réplica a fojas 49, expresa que le resultan extraños los fundamentos de la demandada para rechazar la calidad de interesados víctimas de los demandantes, en consideración a que jurisprudencialmente se zanjó la cuestión de competencia y procedimiento en estos casos, ya que en un tiempo se señaló que las acciones de los deudos, cuando un trabajador fallecía en sus labores, debía tramitarse conforme a las reglas del procedimiento establecido en el Código del Trabajo, criterio que posteriormente cambió, señalando que los deudos de un trabajador fallecido debían proceder conforme a las reglas del procedimiento ordinario, en mérito de lo establecido en la ley Nº 16.744 que regula los accidentes del trabajo. Que, está claro que se trata de responsabilidad objetiva de un empleador respecto del trabajador, por no haber guardado las condiciones de seguridad y no cumplir con su obligación de proteger la salud de sus subordinados. CUARTO: Que, la parte demandada no evacuó el trámite de duplica dentro del plazo legal que tenía para hacerlo, la que se tuvo por evacuado en su rebeldía a fojas 53. QUINTO: Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos fácticos de su acción rindió las siguientes probanzas: Documental: Acompañó con la debida ritualidad procesal los siguientes documentos: a) A fojas 1, certificado de matrimonio celebrado entre Miguel Ángel Martínez Rodríguez y María Cristina Lamas Perinez; a fojas 2, certificado de nacimiento de Miguel Ángel Martínez Lamas; a fojas 3, certificado de nacimiento de Marie Dayana Martínez Lamas; a fojas 4, certificado de defunción de Miguel Ángel Martínez Rodríguez; de fojas 5 y 6, certificado de cotizaciones de Miguel Ángel Martínez Rodríguez; a fojas 7, solicitud de informe de autopsia y entrega de cadáver de Fiscalía Local La Calera a Servicio Médico Legal de Valparaíso; a fojas 8, certificado médico de defunción de Miguel Ángel Martínez Rodríguez, indicándose una causa de muerte por traumatismo craneoencefálico severo, originada por caída de altura; a fojas 9, autorización de sepultación de oficina de Registro Civil a Cementerio Municipal de Llay Llay, correspondiente a Miguel Ángel Martínez Rodríguez; a fojas 10, finiquito de trabajador suscrito entre la demandada y María Cristina Lamas Perinez, en su calidad de cónyuge del

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la responsabilidad civil contractual, emanada del contrato de trabajo que vinculaba al occiso don Miguel Ángel Martínez Rodríguez con la empresa Serpac S.A. y no la extracontractual, la que nunca fue demandada, por lo que al no existir vínculo contractual entre las partes, no resulta idónea la acción intentada. Que sin perjuicio de la falta de idoneidad de la acción alegada expresa que la demandada no tiene responsabilidad alguna en los hechos que culminaron en la lamentable muerte de Miguel Ángel Martínez Rodríguez. Que con ocasión de la compra de unos galpones que debían ser desarmados en calle Manuel Rodríguez Nº 40 de la comuna de Hijuelas, Serpac S.A. contrató los servicios del contratista Joel Antonio Valdenegro Parra con fecha 3 de julio del 2007, pactándose que el contratista debía proporcionar sus propios trabajadores para el desarme; que en tal condición se envió con fecha 10 de julio de 2007 a don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, con la labor única, específica y excluyente de supervisar el desarme que se ejecutaba por la empresa contratista. Que lamentablemente Martínez Rodríguez, excediendo la labor encomendada por su empleador, y por su propia iniciativa subió a la techumbre de uno de los galpones que se desarmaban, perdiendo el equilibrio por razones desconocidas, cayendo y falleciendo más tarde, que la labor encomendada al trabajador en ningún caso implicaba ejecutar los trabajos de desarme mismo y menos subir a las estructuras o galpones, incurriendo en lo que se denomina negligencia inexcusable, que no resulta justo, que como consecuencia de una acción impropia del trabajador, el empleador resulte culpable de un daño, como se pretende en la especie, a quien con toda su autoridad le fue imposible evitar el accidente, y menos representárselo, lo que constituye un eximente de responsabilidad civil en este caso para la demandada. Que, como ya se ha señalado, no cabe duda que en la especie no concurre el elemento culpa respecto de la empresa demandada, ni tampoco los actores se encuentran amparados con la obligación que impone el artículo 184 del Código del Trabajo, la cual es propia de una relación contractual. Que, en subsidio de lo anterior, y para el caso que se desestimen las defensas alegadas, invoca la misma conducta negligente del trabajador como atenuante de responsabilidad, conforme lo dispone el artículo 2330 del Código Civil. Que del mismo modo, el monto demandado por los actores a título de daño moral resulta exagerado y exorbitante evidenciando un ilegítimo interés de lucro a costa del lamentable accidente. TERCERO: Que, la parte demandante evacuando el trámite de réplica a fojas 49, expresa que le resultan extraños los fundamentos de la demandada para rechazar la calidad de interesados víctimas de los demandantes, en consideración a que jurisprudencialmente se zanjó la cuestión de competencia y procedimiento en estos casos, ya que en un tiempo se señaló que las acciones de los deudos, cuando un trabajador fallecía en sus labores, debía tramitarse conforme a las reglas del procedimiento establecido en el Código del Trabajo, criterio que posteriormente cambió, señalando que los deudos de un trabajador fallecido debían proceder conforme a las reglas del procedimiento ordinario, en mérito de lo establecido en la ley Nº 16.744 que regula los accidentes del trabajo. Que, está claro que se trata de responsabilidad objetiva de un empleador respecto del trabajador, por no haber guardado las condiciones de seguridad y no cumplir con su obligación de proteger la salud de sus subordinados. CUARTO: Que, la parte demandada no evacuó el trámite de duplica dentro del plazo legal que tenía para hacerlo, la que se tuvo por evacuado en su rebeldía a fojas 53. QUINTO: Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos fácticos de su acción rindió las siguientes probanzas: Documental: Acompañó con la debida ritualidad procesal los siguientes documentos: a) A fojas 1, certificado de matrimonio celebrado entre Miguel Ángel Martínez Rodríguez y María Cristina Lamas Perinez; a fojas 2, certificado de nacimiento de Miguel Ángel Martínez Lamas; a fojas 3, certificado de nacimiento de Marie Dayana Martínez Lamas; a fojas 4, certificado de defunción de Miguel Ángel Martínez Rodríguez; de fojas 5 y 6, certificado de cotizaciones de Miguel Ángel Martínez Rodríguez; a fojas 7, solicitud de informe de autopsia y entrega de cadáver de Fiscalía Local La Calera a Servicio Médico Legal de Valparaíso; a fojas 8, certificado médico de defunción de Miguel Ángel Martínez Rodríguez, indicándose una causa de muerte por traumatismo craneoencefálico severo, originada por caída de altura; a fojas 9, autorización de sepultación de oficina de Registro Civil a Cementerio Municipal de Llay Llay, correspondiente a Miguel Ángel Martínez Rodríguez; a fojas 10, finiquito de trabajador suscrito entre la demandada y María Cristina Lamas Perinez, en su calidad de cónyuge del

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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trabajador fallecido, Miguel Ángel Martínez Rodríguez. Solicitó y obtuvo oficios a los hospitales de San Felipe y Llay Llay, a fin remitan copias de ficha clínica de Marie Dayana Martínez, las que rolan de fojas 84 a 114 y de fojas 118 a 147 respectivamente; solicitó y obtuvo traer a la vista causa Ruc 0700525697 0 a Fiscalía Local de La Calera, sobre la muerte de Miguel Ángel Martínez Rodríguez, causa que remitida se guarda en custodia del Tribunal; solicitó y obtuvo oficios a la Inspección Provincial de San Felipe, cuyo informe rola de fojas 231 a 249. Testimonial: Con la declaración de los siguientes testigos, quien en síntesis exponen de fojas 79 a 83: Patricio Rodríguez Inostroza Cárdenas: Que, es efectivo de que ocurrieron los hechos que refieren los demandantes y que causaron la muerte de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez; que el día 10 de julio del 2008 ingresó a la industria Serpac S.A. a las 8:30 horas, llegando desde Hijuelas don Jesús Rusque quien había dejado a personas trabajando en el desarme de un galpón, y le pidió que fuera a buscar las llaves que se le habían quedado; que fue en compañía de David Morales y cuando ingresaron vieron que el Sr. Martínez estaba trabajando en las alturas pasando unas canaletas, estando sin ningún implemento de seguridad, Martínez bajó y les hizo entrega de las llaves y luego volvió a subir sin ningún implemento de seguridad y se regresaron a Llay Llay, al llegar don Jesús Rusque le comunicó que Miguel Martínez Había sufrido un accidente, le consta lo anterior porque estaba haciendo trabajos con Jesús Rusque en su planta ubicada en Llay Llay; que conoce a Fernando Mur Bravo, quien estaba en el lugar del desarme del galpón y recibía en la parte de abajo lo que le pasaba a Miguel Martínez lugar en que habían tres personas más trabajando sacando techos; que Martínez se encontraba a la altura de 2,20 mt. a 2,30 mt. David Flaviano Morales Beiza: Que, es efectivo que cuando llegó al lugar de los hechos con don Patricio Inostroza no había nadie con equipo de seguridad, que entraron a las bodegas que estaban desarmando y don Miguel Martínez estaba en el techo bajando unas canaletas y el Sr. que estaba con él las recibía abajo, que la altura de las bodegas que era de 4 a 5 mt. aproximadamente, que no se encontraba en el lugar cuando precisamente ocurrió el accidente que ocasionó la muerte de don Miguel Martínez; que los trabajadores se subían al techo por un tipo de muro en la orilla, no existiendo escaleras. Nilza del Carmen Yánez Rojas: Que, las actoras sufrieron perjuicios, ya que la hija de nombre Mery sufrió depresión además que sufre de la enfermedad del lupus quien primero estuvo hospitalizada en el Hospital San Camilo de San Felipe durante un mes y después en una Clínica en Santiago, que Mery decayó más rápido del lupus a consecuencia de la muerte de su padre, y el otro hijo también estuvo con estado depresivo; don Miguel Martínez se llevaba bien con sus hijos viviendo en diferentes casas pero en el mismo lugar. Jessica Jacqueline Muñoz Mazuela: Que los actores sufrieron mucho dolor por la muerte de don Miguel Martínez, su hija Mery estuvo hospitalizada por más de 15 días estando con depresión al igual que el otro hijo. SEXTO: Que, la parte demandada a fin de acreditar sus alegaciones rindió las siguientes probanzas: Documental: Acompañó con la debida ritualidad procesal los siguientes documentos: a) certificado de nacimiento de Diego Andrés Martínez Henríquez, de fojas 159; b) liquidaciones de remuneraciones pertenecientes a Miguel Ángel Martínez Rodríguez, rolante de fojas 160 a 173; c) contrato de prestación de servicios, de fojas 174, celebrado entre Industria Serpac S.A. y Milton Rusque Romero de fecha 3 de julio de 2007; d) factura de fojas 175, expedida por Joel Antonio Valdenegro Parra; e) informe social respecto del occiso Miguel Ángel Martínez Rodríguez, rolante de fojas 176 a 178; f) planillas de cotizaciones con anexos correspondientes de fojas 179 a 204; g) declaraciones juradas otorgada por Mario del Carmen Martínez Rodríguez y Juana Inés Vargas López de fojas 205 y 206 respectivamente. Testimonial: con la declaración de los siguientes testigos quienes en síntesis a fojas (152 y siguientes exponen: Mario del Carmen Martínez Rodríguez: Que los actores no sufrieron perjuicios, porque su sobrina vive con sus abuelos paternos desde guagua al igual que él; que su sobrino es casado y separado, y la persona que declaró por la parte demandante de nombre Jessica Muñoz vive con su sobrino Miguel Ángel Martínez; que la cónyuge de su hermano María Lamas Perinez era separada de él, hasta que apareció la nueva pareja después de cuatro años con la cual tiene un hijo de dos años aproximadamente; cuando ocurrió el fallecimiento de su hermano llevaban separados con su esposa como 8 años y con su pareja llevaban 4 años viviendo juntos, Juan Enrique Valdenegro Parra: Que es efectivo que el trabajador fallecido se excedió en sus funciones e instrucciones de su empleadora al realizar labores de desarme sin autorización para ello, lo que le consta porque trabajaba con la empresa perteneciente a su hermano Joel Valdenegro, siendo la empresa contratista externa de la empresa Serpac, y tenían que demoler y

trabajador fallecido, Miguel Ángel Martínez Rodríguez. Solicitó y obtuvo oficios a los hospitales de San Felipe y Llay Llay, a fin remitan copias de ficha clínica de Marie Dayana Martínez, las que rolan de fojas 84 a 114 y de fojas 118 a 147 respectivamente; solicitó y obtuvo traer a la vista causa Ruc 0700525697 0 a Fiscalía Local de La Calera, sobre la muerte de Miguel Ángel Martínez Rodríguez, causa que remitida se guarda en custodia del Tribunal; solicitó y obtuvo oficios a la Inspección Provincial de San Felipe, cuyo informe rola de fojas 231 a 249. Testimonial: Con la declaración de los siguientes testigos, quien en síntesis exponen de fojas 79 a 83: Patricio Rodríguez Inostroza Cárdenas: Que, es efectivo de que ocurrieron los hechos que refieren los demandantes y que causaron la muerte de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez; que el día 10 de julio del 2008 ingresó a la industria Serpac S.A. a las 8:30 horas, llegando desde Hijuelas don Jesús Rusque quien había dejado a personas trabajando en el desarme de un galpón, y le pidió que fuera a buscar las llaves que se le habían quedado; que fue en compañía de David Morales y cuando ingresaron vieron que el Sr. Martínez estaba trabajando en las alturas pasando unas canaletas, estando sin ningún implemento de seguridad, Martínez bajó y les hizo entrega de las llaves y luego volvió a subir sin ningún implemento de seguridad y se regresaron a Llay Llay, al llegar don Jesús Rusque le comunicó que Miguel Martínez Había sufrido un accidente, le consta lo anterior porque estaba haciendo trabajos con Jesús Rusque en su planta ubicada en Llay Llay; que conoce a Fernando Mur Bravo, quien estaba en el lugar del desarme del galpón y recibía en la parte de abajo lo que le pasaba a Miguel Martínez lugar en que habían tres personas más trabajando sacando techos; que Martínez se encontraba a la altura de 2,20 mt. a 2,30 mt. David Flaviano Morales Beiza: Que, es efectivo que cuando llegó al lugar de los hechos con don Patricio Inostroza no había nadie con equipo de seguridad, que entraron a las bodegas que estaban desarmando y don Miguel Martínez estaba en el techo bajando unas canaletas y el Sr. que estaba con él las recibía abajo, que la altura de las bodegas que era de 4 a 5 mt. aproximadamente, que no se encontraba en el lugar cuando precisamente ocurrió el accidente que ocasionó la muerte de don Miguel Martínez; que los trabajadores se subían al techo por un tipo de muro en la orilla, no existiendo escaleras. Nilza del Carmen Yánez Rojas: Que, las actoras sufrieron perjuicios, ya que la hija de nombre Mery sufrió depresión además que sufre de la enfermedad del lupus quien primero estuvo hospitalizada en el Hospital San Camilo de San Felipe durante un mes y después en una Clínica en Santiago, que Mery decayó más rápido del lupus a consecuencia de la muerte de su padre, y el otro hijo también estuvo con estado depresivo; don Miguel Martínez se llevaba bien con sus hijos viviendo en diferentes casas pero en el mismo lugar. Jessica Jacqueline Muñoz Mazuela: Que los actores sufrieron mucho dolor por la muerte de don Miguel Martínez, su hija Mery estuvo hospitalizada por más de 15 días estando con depresión al igual que el otro hijo. SEXTO: Que, la parte demandada a fin de acreditar sus alegaciones rindió las siguientes probanzas: Documental: Acompañó con la debida ritualidad procesal los siguientes documentos: a) certificado de nacimiento de Diego Andrés Martínez Henríquez, de fojas 159; b) liquidaciones de remuneraciones pertenecientes a Miguel Ángel Martínez Rodríguez, rolante de fojas 160 a 173; c) contrato de prestación de servicios, de fojas 174, celebrado entre Industria Serpac S.A. y Milton Rusque Romero de fecha 3 de julio de 2007; d) factura de fojas 175, expedida por Joel Antonio Valdenegro Parra; e) informe social respecto del occiso Miguel Ángel Martínez Rodríguez, rolante de fojas 176 a 178; f) planillas de cotizaciones con anexos correspondientes de fojas 179 a 204; g) declaraciones juradas otorgada por Mario del Carmen Martínez Rodríguez y Juana Inés Vargas López de fojas 205 y 206 respectivamente. Testimonial: con la declaración de los siguientes testigos quienes en síntesis a fojas (152 y siguientes exponen: Mario del Carmen Martínez Rodríguez: Que los actores no sufrieron perjuicios, porque su sobrina vive con sus abuelos paternos desde guagua al igual que él; que su sobrino es casado y separado, y la persona que declaró por la parte demandante de nombre Jessica Muñoz vive con su sobrino Miguel Ángel Martínez; que la cónyuge de su hermano María Lamas Perinez era separada de él, hasta que apareció la nueva pareja después de cuatro años con la cual tiene un hijo de dos años aproximadamente; cuando ocurrió el fallecimiento de su hermano llevaban separados con su esposa como 8 años y con su pareja llevaban 4 años viviendo juntos, Juan Enrique Valdenegro Parra: Que es efectivo que el trabajador fallecido se excedió en sus funciones e instrucciones de su empleadora al realizar labores de desarme sin autorización para ello, lo que le consta porque trabajaba con la empresa perteneciente a su hermano Joel Valdenegro, siendo la empresa contratista externa de la empresa Serpac, y tenían que demoler y ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

desarmar una antigua planta denominada Lafquen ubicada en Manuel Rodríguez en Hijuelas; que él estaba presente cuando ocurrió el accidente que le produjo la muerte a Miguel Martínez Rodríguez, estaba presente en el espacio físico de la planta pero no donde se encontraba trabajando Miguel Martínez, pues él se encontraba trabajando en el desarme de un galpón aledaño; que Martínez Rodríguez estaba sólo para vigilar, estando a cargo de la puerta y mirar que no se perdiera nada, cometiendo un acto muy temerario al hacer funciones que tenían que hacer otros, la empresa contratista JV. Joel Antonio Valdenegro Parra: Que, Serpac no tenía la obligación de proporcionar elementos de seguridad, porque él era el contratista y tenía que hacer el trabajo, teniendo entendido que don José Rusque lo había mandado a supervisar el trabajo y contar lo que estaban sacando; que no se encontraba en el momento de ocurrir el accidente; que el trabajador fallecido cometió una imprudencia, porque él era el encargado del desarme del galpón, sin que nadie lo autorizara para hacer ese trabajo. Ingrid Karen Henríquez Osorio: Que los actores no sufrieron perjuicios, lo sabe porque ella era la pareja de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez quien estaba separado de su esposa hace 4 años, que producto de su relación con Miguel Martínez nació un hijo que tiene 3 años y medio. Juana Inés Vargas López: Que los actores no sufrieron perjuicios a consecuencia de los hechos materia de la causa, pues ellos no estaban con el occiso lo que sabe es porque fue vecina de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez quien hace 4 años que no estaba con su cónyuge, teniendo una nueva relación de pareja con la Srta. Ingrid naciendo un hijo de 3 años y medio actualmente. SÉPTIMO: Que, como medida para mejor resolver, se decretó oficiar a la Asociación Chilena de Seguridad, cuyo informe rola de fojas 253 a 266. OCTAVO: Que, los actores han fundado su acción de indemnización de perjuicios en sede contractual, esto es, aquella que persigue la responsabilidad que deriva de un vínculo jurídico contractual, accionando en sus calidades de hijos y cónyuge sobreviviente del trabajador fallecido, quien mantenía una relación contractual de carácter laboral con la demandada, a objeto que ésta sea condenada a indemnizarle los perjuicios que detallan por concepto de lucro cesante y daño moral. NOVENO: Que, la demandada al contestar su demanda, primeramente alegó la falta de idoneidad de la acción por improcedencia de la responsabilidad civil contractual demandada. DÉCIMO: Que, respecto a lo anterior, es preciso señalar que de la propia demanda se desprende que los actores solicitan las indemnizaciones de perjuicios que indican, derivándolas en la responsabilidad contractual que le cabe a la demandada en los hechos, esto es, aquella que emana de la existencia de un vínculo previo entre las partes que reclaman la indemnización y aquella a quien se demanda. UNDÉCIMO: Que, como se ha dicho, en la responsabilidad contractual necesariamente debe existir una vinculación entre las partes. Que, en la especie los demandantes, según aparece del libelo presentado, son terceros que no han tenido relación contractual alguna con la demandada, por lo que la cónyuge sobreviviente y los hijos del trabajador fallecido sólo pueden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que ninguna vinculación los ha unido previamente con la demandada, de manera tal que no se hará lugar a la demanda de autos por improcedencia de la acción que se ha fundado en la responsabilidad contractual de la demandada. DECIMOSEGUNDO: Que en atención a lo expresado y considerado en los motivos que anteceden, se omitirá pronunciamiento respecto del fondo de la demanda de indemnización de perjuicios deducida. Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil; 1545, 1556 y 1698 del Código Civil y ley Nº 16.744, se declara: A. Que, no ha lugar a la demanda deducida por los actores en lo principal de fojas 15 y siguientes. B. Que no se condena en costas a la parte demandante, por haber tenido motivo plausible para litigar. Anótese, regístrese y notifíquese legalmente. Rol Nº 91.421. Dictado por don Jorge Toledo Fuenzalida Juez Sentenciador Titular doña María M. Andrades Fernández, Secretaria Subrogante. En San Felipe, a veintinueve de marzo de 2010, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

desarmar una antigua planta denominada Lafquen ubicada en Manuel Rodríguez en Hijuelas; que él estaba presente cuando ocurrió el accidente que le produjo la muerte a Miguel Martínez Rodríguez, estaba presente en el espacio físico de la planta pero no donde se encontraba trabajando Miguel Martínez, pues él se encontraba trabajando en el desarme de un galpón aledaño; que Martínez Rodríguez estaba sólo para vigilar, estando a cargo de la puerta y mirar que no se perdiera nada, cometiendo un acto muy temerario al hacer funciones que tenían que hacer otros, la empresa contratista JV. Joel Antonio Valdenegro Parra: Que, Serpac no tenía la obligación de proporcionar elementos de seguridad, porque él era el contratista y tenía que hacer el trabajo, teniendo entendido que don José Rusque lo había mandado a supervisar el trabajo y contar lo que estaban sacando; que no se encontraba en el momento de ocurrir el accidente; que el trabajador fallecido cometió una imprudencia, porque él era el encargado del desarme del galpón, sin que nadie lo autorizara para hacer ese trabajo. Ingrid Karen Henríquez Osorio: Que los actores no sufrieron perjuicios, lo sabe porque ella era la pareja de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez quien estaba separado de su esposa hace 4 años, que producto de su relación con Miguel Martínez nació un hijo que tiene 3 años y medio. Juana Inés Vargas López: Que los actores no sufrieron perjuicios a consecuencia de los hechos materia de la causa, pues ellos no estaban con el occiso lo que sabe es porque fue vecina de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez quien hace 4 años que no estaba con su cónyuge, teniendo una nueva relación de pareja con la Srta. Ingrid naciendo un hijo de 3 años y medio actualmente. SÉPTIMO: Que, como medida para mejor resolver, se decretó oficiar a la Asociación Chilena de Seguridad, cuyo informe rola de fojas 253 a 266. OCTAVO: Que, los actores han fundado su acción de indemnización de perjuicios en sede contractual, esto es, aquella que persigue la responsabilidad que deriva de un vínculo jurídico contractual, accionando en sus calidades de hijos y cónyuge sobreviviente del trabajador fallecido, quien mantenía una relación contractual de carácter laboral con la demandada, a objeto que ésta sea condenada a indemnizarle los perjuicios que detallan por concepto de lucro cesante y daño moral. NOVENO: Que, la demandada al contestar su demanda, primeramente alegó la falta de idoneidad de la acción por improcedencia de la responsabilidad civil contractual demandada. DÉCIMO: Que, respecto a lo anterior, es preciso señalar que de la propia demanda se desprende que los actores solicitan las indemnizaciones de perjuicios que indican, derivándolas en la responsabilidad contractual que le cabe a la demandada en los hechos, esto es, aquella que emana de la existencia de un vínculo previo entre las partes que reclaman la indemnización y aquella a quien se demanda. UNDÉCIMO: Que, como se ha dicho, en la responsabilidad contractual necesariamente debe existir una vinculación entre las partes. Que, en la especie los demandantes, según aparece del libelo presentado, son terceros que no han tenido relación contractual alguna con la demandada, por lo que la cónyuge sobreviviente y los hijos del trabajador fallecido sólo pueden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que ninguna vinculación los ha unido previamente con la demandada, de manera tal que no se hará lugar a la demanda de autos por improcedencia de la acción que se ha fundado en la responsabilidad contractual de la demandada. DECIMOSEGUNDO: Que en atención a lo expresado y considerado en los motivos que anteceden, se omitirá pronunciamiento respecto del fondo de la demanda de indemnización de perjuicios deducida. Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil; 1545, 1556 y 1698 del Código Civil y ley Nº 16.744, se declara: A. Que, no ha lugar a la demanda deducida por los actores en lo principal de fojas 15 y siguientes. B. Que no se condena en costas a la parte demandante, por haber tenido motivo plausible para litigar. Anótese, regístrese y notifíquese legalmente. Rol Nº 91.421. Dictado por don Jorge Toledo Fuenzalida Juez Sentenciador Titular doña María M. Andrades Fernández, Secretaria Subrogante. En San Felipe, a veintinueve de marzo de 2010, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

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II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES Valparaíso, cuatro de agosto de dos mil diez. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes rectificaciones, en el considerando segundo se sustituye el vocablo “desrame por “desarme, en el motivo quinto “2008 por “2007. Se eliminan desde el considerando octavo al decimosegundo. Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE: PRIMERO: Que, de la lectura del libelo de fs. 15 aparece con claridad que María Cristina Lamas Perinés, Miguel Ángel y Marie Dayana ambos Martínez Lamas, deducen demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en contra de sociedad Serpac S.A., fundado en que el 11 de julio de 2007 aproximadamente a las 18.27 hrs. falleció don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, quien sufrió un accidente mientras se desempeñaba como trabajador de la demandada. El día 10 de julio don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, por instrucciones de su empleador debió trasladarse, junto a Fernando Mur Bravo y el gerente de la empresa Jesús Enrique Rusque Romero a la comuna de Hijuelas, calle Rodríguez Nº 4041 para desarmar un galpón que había adquirido, estando en estas funciones, sin ninguna medida de seguridad, sufre una caída desde el techo del galpón, impactando el suelo de cabeza, siendo atendido de urgencia y trasladado al hospital en Valparaíso donde fallece al día siguiente. Agrega que el accidente de trabajo, es de exclusiva responsabilidad de la demandada, pues no cumplió con diligencia y cuidado con sus deberes de prevención, previsión y seguridad frente a las condiciones inseguras de trabajo a que se vio enfrentado, al no contar ninguna medida de seguridad, tales como línea de vida o andamio. La demandada como contrapartida de los deberes de diligencia y lealtad que le deben sus trabajadores, tiene en relación con éstos, el deber general de protección, de seguridad y de previsión, que se encuentran consagrados en el artículo 184 del Código del Trabajo. En materia de accidentes del trabajo, la ley Nº 16.744 hace responsable al empleador de los accidentes que sufran los trabajadores debido a la falta de previsión de riesgos y 6 deficientes condiciones de seguridad. Estima que la demandada no cumplió su deber de seguridad, y protección por lo que procede aplicar la norma del artículo 69 de la ley Nº 16.744, cuya letra b) permite reclamar la indemnización por daño moral. SEGUNDO: Que los actores son terceros, que no tienen ni han tenido relación laboral alguna con el demandado y tampoco se trata de alguna cuestión debatida entre el empleador y trabajador. Por lo tanto, los demandantes como víctimas por repercusión, lo cierto es que las indemnizaciones que reclaman, tienen por fundamento los perjuicios personalmente experimentados a consecuencia del accidente fatal que costó la vida al trabajador, es decir, pretenden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual. TERCERO: Que no obstante que los demandantes, citan en el cuerpo de su demanda, normas relativas a los contratos, como los artículos 1545 y 1556 del Código Civil, sin embargo, el artículo 69 de la Ley Nº 16.744 sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aplicable, faculta a los terceros para pedir las indemnizaciones derivadas de accidentes del trabajo, tratándose de terceros sin vínculo contractual con el empleador, no cabe duda que las normas a aplicar en este caso son las que rigen la responsabilidad extracontractual, siendo facultad imperativa de los tribunales señalar cual es el derecho que resuelva el conflicto. La circunstancia de haberse señalado normas del Código Civil, en especial el artículo 1556, se ha hecho, según se advierte, para evidenciar que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. Por lo que se desestima la alegación de la demandada en cuanto a la falta de idoneidad de la acción por improcedencia de responsabilidad civil contractual interpuesta. CUARTO: Que ha quedado establecido con la prueba rendida en autos, que el juez a quo refiere en el motivo quinto y sexto del fallo en alzada, que el día 10 de julio de 2007 en horas de la mañana, Miguel Ángel Martínez Rodríguez en circunstancias que efectuaba trabajos de desarme de un galpón mientras se desempeñaba como trabajador de la empresa demandada Serpac S.A., sin ninguna medida de seguridad laboral tomada por la empleadora, tal como línea de vida o andamio, sufre la caída desde el techo del galpón que estaba desarmando a consecuencia de lo cual sufrió traumatismo cráneo encefálico severo por caída de altura lo que finalmente provocó su deceso.

Valparaíso, cuatro de agosto de dos mil diez. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes rectificaciones, en el considerando segundo se sustituye el vocablo “desrame por “desarme, en el motivo quinto “2008 por “2007. Se eliminan desde el considerando octavo al decimosegundo. Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE: PRIMERO: Que, de la lectura del libelo de fs. 15 aparece con claridad que María Cristina Lamas Perinés, Miguel Ángel y Marie Dayana ambos Martínez Lamas, deducen demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en contra de sociedad Serpac S.A., fundado en que el 11 de julio de 2007 aproximadamente a las 18.27 hrs. falleció don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, quien sufrió un accidente mientras se desempeñaba como trabajador de la demandada. El día 10 de julio don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, por instrucciones de su empleador debió trasladarse, junto a Fernando Mur Bravo y el gerente de la empresa Jesús Enrique Rusque Romero a la comuna de Hijuelas, calle Rodríguez Nº 4041 para desarmar un galpón que había adquirido, estando en estas funciones, sin ninguna medida de seguridad, sufre una caída desde el techo del galpón, impactando el suelo de cabeza, siendo atendido de urgencia y trasladado al hospital en Valparaíso donde fallece al día siguiente. Agrega que el accidente de trabajo, es de exclusiva responsabilidad de la demandada, pues no cumplió con diligencia y cuidado con sus deberes de prevención, previsión y seguridad frente a las condiciones inseguras de trabajo a que se vio enfrentado, al no contar ninguna medida de seguridad, tales como línea de vida o andamio. La demandada como contrapartida de los deberes de diligencia y lealtad que le deben sus trabajadores, tiene en relación con éstos, el deber general de protección, de seguridad y de previsión, que se encuentran consagrados en el artículo 184 del Código del Trabajo. En materia de accidentes del trabajo, la ley Nº 16.744 hace responsable al empleador de los accidentes que sufran los trabajadores debido a la falta de previsión de riesgos y 6 deficientes condiciones de seguridad. Estima que la demandada no cumplió su deber de seguridad, y protección por lo que procede aplicar la norma del artículo 69 de la ley Nº 16.744, cuya letra b) permite reclamar la indemnización por daño moral. SEGUNDO: Que los actores son terceros, que no tienen ni han tenido relación laboral alguna con el demandado y tampoco se trata de alguna cuestión debatida entre el empleador y trabajador. Por lo tanto, los demandantes como víctimas por repercusión, lo cierto es que las indemnizaciones que reclaman, tienen por fundamento los perjuicios personalmente experimentados a consecuencia del accidente fatal que costó la vida al trabajador, es decir, pretenden hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual. TERCERO: Que no obstante que los demandantes, citan en el cuerpo de su demanda, normas relativas a los contratos, como los artículos 1545 y 1556 del Código Civil, sin embargo, el artículo 69 de la Ley Nº 16.744 sobre accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aplicable, faculta a los terceros para pedir las indemnizaciones derivadas de accidentes del trabajo, tratándose de terceros sin vínculo contractual con el empleador, no cabe duda que las normas a aplicar en este caso son las que rigen la responsabilidad extracontractual, siendo facultad imperativa de los tribunales señalar cual es el derecho que resuelva el conflicto. La circunstancia de haberse señalado normas del Código Civil, en especial el artículo 1556, se ha hecho, según se advierte, para evidenciar que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. Por lo que se desestima la alegación de la demandada en cuanto a la falta de idoneidad de la acción por improcedencia de responsabilidad civil contractual interpuesta. CUARTO: Que ha quedado establecido con la prueba rendida en autos, que el juez a quo refiere en el motivo quinto y sexto del fallo en alzada, que el día 10 de julio de 2007 en horas de la mañana, Miguel Ángel Martínez Rodríguez en circunstancias que efectuaba trabajos de desarme de un galpón mientras se desempeñaba como trabajador de la empresa demandada Serpac S.A., sin ninguna medida de seguridad laboral tomada por la empleadora, tal como línea de vida o andamio, sufre la caída desde el techo del galpón que estaba desarmando a consecuencia de lo cual sufrió traumatismo cráneo encefálico severo por caída de altura lo que finalmente provocó su deceso.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

QUINTO: Que es obligación del empleador mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo. La disposición antes citada introduce como obligación esencial del contrato de trabajo, en lo que atañe a las cargas del empleador, la obligación de seguridad del trabajador, que se resumen en que éste debe adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar que en el lugar de trabajo, o con ocasión de él, se produzca un accidente que afecte la vida, la integridad física o psíquica, o la salud del trabajador. Las medidas de seguridad necesarias son aquellas que permiten a un individuo común actuar conforme a pautas lógicas previamente diseñadas para el caso que deba en un lapso de tiempo escaso adoptar actitudes para evitar o mitigar un accidente. Es obligación al empleador dar seguridad a sus trabajadores, cumpliendo así con su deber general de protección. El incumplimiento del empleador se presentará cuando ocurra un accidente del trabajo, ya sea porque éste no había agotado las medidas de seguridad o porque las adoptadas no eran eficaces surgiendo el deber de reparación. SEXTO: Que con la prueba testimonial rendida en autos evacuada por don Patricio Hinostroza y don David Morales de fojas 79 a 82 respectivamente, quienes señalan que el día del accidente vieron que don Miguel Martínez estaban trabajando en el techo de una bodega o galpón que tenía una altura de 4 a 5 metros, sin ningún implemento de seguridad y con el informe técnico de investigación del accidente de la ACHS de fojas 254 y siguientes, en el cual se indica como causa del accidente, ausencia de procedimiento de trabajo al no existir registro de éste, que comunique como realizar el trabajo y cuales son los riesgos asociados al mismo, la ausencia de evaluación de riesgo y medida de control que se deben adoptar en el desmontaje y estructura en alturas, que no existe cumplimiento de las normas de seguridad al no informar los riesgos existente en el trabajo mediante instructivos yo señalización de seguridad, falta de idoneidad, experiencia y capacitación en realización de trabajos que involucran ubicarse en altura, de lo que se desprende que el accidente se produjo en tales circunstancias quedando de manifiesto que existió negligencia por parte del empleador quien debe responder por los daños que se produjeron. SÉPTIMO: Que con los certificados de matrimonio y de nacimiento agregados a fojas 1, 2 y 3 se tiene por acreditado que el trabajador Miguel Ángel Martínez Rodríguez estaba casado con doña María Cristina Lamas Perineo, y que tenía dos hijos matrimoniales, don Miguel Ángel y doña Marie Dayana ambos Martínez Lamas. OCTAVO: Que los demandantes han solicitado que se le indemnicen por lucro cesante y daño moral. NOVENO: Respecto del lucro cesante lo demanda doña María Cristina Lamas Perineo con motivo del accidente ha sufrido daño por este concepto que lo hace consistir en la diferencia de ingresos promedio que se recibía como trabajador su marido fallecido, vale decir, la suma de $ 238.000 mensuales, en un cincuenta por ciento del mismo, esto es, $ 119.311 y la actual pensión otorgada de $ 83.518 que percibe desde el mes de julio de 2007, produciéndose una natural diferencia de $ 47.725 pesos mensuales, los que deben proyectarse desde la data de otorgamiento de la pensión referida hasta la fecha que el trabajador hubiera cumplido 75 años de edad lo que cifra 137 meses resultando una cantidad de $ 6.538.325 pesos. DÉCIMO: En cuanto al daño moral, sostiene que este es de índole netamente subjetivo y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza afectiva del ser humano y que éste se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física y moral de un individuo, habiéndose establecido este sufrimiento o dolor de la víctima procede se indemnice por este concepto a las demandantes, en la suma de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) a cada uno de los actores. UNDÉCIMO: Que en lo referente al lucro cesante demandado éste no será acogido a favor de la cónyuge por estimarse que no ha sufrido daño patrimonial por el fallecimiento de su marido, ya que los organismos de seguridad social le otorgan una pensión por este hecho. Se suma a ello, la circunstancia que el organismo administrador tiene derecho a repetir contra el responsable del accidente por las

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

QUINTO: Que es obligación del empleador mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo. La disposición antes citada introduce como obligación esencial del contrato de trabajo, en lo que atañe a las cargas del empleador, la obligación de seguridad del trabajador, que se resumen en que éste debe adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar que en el lugar de trabajo, o con ocasión de él, se produzca un accidente que afecte la vida, la integridad física o psíquica, o la salud del trabajador. Las medidas de seguridad necesarias son aquellas que permiten a un individuo común actuar conforme a pautas lógicas previamente diseñadas para el caso que deba en un lapso de tiempo escaso adoptar actitudes para evitar o mitigar un accidente. Es obligación al empleador dar seguridad a sus trabajadores, cumpliendo así con su deber general de protección. El incumplimiento del empleador se presentará cuando ocurra un accidente del trabajo, ya sea porque éste no había agotado las medidas de seguridad o porque las adoptadas no eran eficaces surgiendo el deber de reparación. SEXTO: Que con la prueba testimonial rendida en autos evacuada por don Patricio Hinostroza y don David Morales de fojas 79 a 82 respectivamente, quienes señalan que el día del accidente vieron que don Miguel Martínez estaban trabajando en el techo de una bodega o galpón que tenía una altura de 4 a 5 metros, sin ningún implemento de seguridad y con el informe técnico de investigación del accidente de la ACHS de fojas 254 y siguientes, en el cual se indica como causa del accidente, ausencia de procedimiento de trabajo al no existir registro de éste, que comunique como realizar el trabajo y cuales son los riesgos asociados al mismo, la ausencia de evaluación de riesgo y medida de control que se deben adoptar en el desmontaje y estructura en alturas, que no existe cumplimiento de las normas de seguridad al no informar los riesgos existente en el trabajo mediante instructivos yo señalización de seguridad, falta de idoneidad, experiencia y capacitación en realización de trabajos que involucran ubicarse en altura, de lo que se desprende que el accidente se produjo en tales circunstancias quedando de manifiesto que existió negligencia por parte del empleador quien debe responder por los daños que se produjeron. SÉPTIMO: Que con los certificados de matrimonio y de nacimiento agregados a fojas 1, 2 y 3 se tiene por acreditado que el trabajador Miguel Ángel Martínez Rodríguez estaba casado con doña María Cristina Lamas Perineo, y que tenía dos hijos matrimoniales, don Miguel Ángel y doña Marie Dayana ambos Martínez Lamas. OCTAVO: Que los demandantes han solicitado que se le indemnicen por lucro cesante y daño moral. NOVENO: Respecto del lucro cesante lo demanda doña María Cristina Lamas Perineo con motivo del accidente ha sufrido daño por este concepto que lo hace consistir en la diferencia de ingresos promedio que se recibía como trabajador su marido fallecido, vale decir, la suma de $ 238.000 mensuales, en un cincuenta por ciento del mismo, esto es, $ 119.311 y la actual pensión otorgada de $ 83.518 que percibe desde el mes de julio de 2007, produciéndose una natural diferencia de $ 47.725 pesos mensuales, los que deben proyectarse desde la data de otorgamiento de la pensión referida hasta la fecha que el trabajador hubiera cumplido 75 años de edad lo que cifra 137 meses resultando una cantidad de $ 6.538.325 pesos. DÉCIMO: En cuanto al daño moral, sostiene que este es de índole netamente subjetivo y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza afectiva del ser humano y que éste se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física y moral de un individuo, habiéndose establecido este sufrimiento o dolor de la víctima procede se indemnice por este concepto a las demandantes, en la suma de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) a cada uno de los actores. UNDÉCIMO: Que en lo referente al lucro cesante demandado éste no será acogido a favor de la cónyuge por estimarse que no ha sufrido daño patrimonial por el fallecimiento de su marido, ya que los organismos de seguridad social le otorgan una pensión por este hecho. Se suma a ello, la circunstancia que el organismo administrador tiene derecho a repetir contra el responsable del accidente por las

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, según lo dispone el artículo 69 de la ley Nº 16.744; de manera que de otorgar tal indemnización el empleador quedaría doblemente gravado a un mismo pago lo que obviamente no es el espíritu contenido en la legislación. DUODÉCIMO: Que el daño moral se ha conceptuado como el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentamientos creencias o afectos, también se ha dicho que es aquel que proviene de toda acción que puede estimarse lesiva a las facultades espirituales a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana; o que es todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos en las facultades morales del que sufre el daño, o es el agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial, que en este caso, corresponde al derecho a la vida e integridad física. Si el agravio es imputable al empleador mediando dolo o culpa se produce la correlativa obligación de indemnizar el daño ocasionado, el que, en todo caso, requiere ser probado por quien lo alega. DECIMOTERCERO: Que para acreditar el daño moral sufrido, los actores rindieron prueba testimonial. Los testigos Nilsa Yáñez Rojas y Jessica Muñoz Masuela a fojas 152 y siguientes al tenor del punto número 5 del auto de prueba, han declarado: la testigo Yáñez Rojas dice que la hija Mery sufrió depresión y el hijo también estuvo enfermo además que la hija Mery sufre de la enfermedad de lupus y que estuvo internada en el hospital de San Felipe y en una clínica en Santiago y que les consta que las enfermedades de los hijos fueron consecuencia de los hechos que motivaron esta causa. A su vez la testigo Jessica Mueñiz Masuela, dice que los actores sufrieron mucho dolor en términos similares a la anterior testigo y que la viuda también sufrió por la pérdida de su esposo. En torno a esta materia los testigos de la demandada Mario Martínez, Ingrid Henríquez y Juana Vargas al tenor del punto número 5 separadamente han sostenido lo siguiente: el testigo Martínez que no vio que sufrieron perjuicios porque su sobrina Mery Martínez vive con sus padres desde guagua, que su sobrino es casado y separada. Respecto a la cónyuge, doña María Lamas, ella era separada de su hermano desde hace 8 años. La testigo Henríquez Osorio señala que no sufrieron porque ella era la pareja de Miguel Ángel Martínez Rodríguez (trabajador) y Vargas López, sostiene que no sufrieron perjuicios por cuanto los actores no estaban con don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, es decir, su cónyuge ni sus hijos, lo que le consta porque es vecina de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, sabe que se encontraba separado de su cónyuge y convivía con la señorita Ingrid de la cual nació un hijo. DECIMOCUARTO: Que con la copia de los antecedentes llevados en la Fiscalía Local de La Calera, donde se investiga el cuasidelito de homicidio del trabajador, la cónyuge declara que efectivamente se encontraba separada de éste desde hacía 8 años. DECIMOQUINTO: Que no obstante, que la prueba testifical aportada por las partes es contradictoria, en opinión de este tribunal el fallecimiento del cónyuge y padre de los demandantes hace concluir que han sufrido daño moral, por lo que se dará mayor credibilidad a los testigos presentados por la demandante. DECIMOSEXTO: Que no existen parámetros en nuestra legislación para determinar el daño moral y, por lo tanto, es discrecional debiendo regularse prudencialmente por el juez. Para tales efectos estos sentenciadores tendrán en consideración las circunstancia constatada que la cónyuge se encontraba separada del trabajador fallecido desde hacía 8 años, que los hijos matrimoniales no vivían con su padre y a la fecha del accidente y muerte de aquel eran mayores de edad, por lo que estos sentenciadores estiman prudente y adecuado regular el daño moral en la suma en $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) para cada uno de los actores, doña María Cristina Lamas Perinez y cada uno de los hijos doña Mery Dayana y don Miguel Ángel, ambos Martínez Lama. DECIMOSÉPTIMO: Que se hará lugar a la demanda también, en cuanto pide reajustes e intereses; los primeros estarán constituidos por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, pero se aplicarán sobre la suma regulada a contar de la fecha de esta sentencia porque es el momento en que el tribunal ha avaluado el daño y hasta la fecha de su pago efectivo, y los segundos serán los intereses corrientes para operaciones no reajustables y se aplicarán sobre las sumas reajustadas desde el momento en que el demandado se constituya en mora.

prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, según lo dispone el artículo 69 de la ley Nº 16.744; de manera que de otorgar tal indemnización el empleador quedaría doblemente gravado a un mismo pago lo que obviamente no es el espíritu contenido en la legislación. DUODÉCIMO: Que el daño moral se ha conceptuado como el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentamientos creencias o afectos, también se ha dicho que es aquel que proviene de toda acción que puede estimarse lesiva a las facultades espirituales a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana; o que es todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos en las facultades morales del que sufre el daño, o es el agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial, que en este caso, corresponde al derecho a la vida e integridad física. Si el agravio es imputable al empleador mediando dolo o culpa se produce la correlativa obligación de indemnizar el daño ocasionado, el que, en todo caso, requiere ser probado por quien lo alega. DECIMOTERCERO: Que para acreditar el daño moral sufrido, los actores rindieron prueba testimonial. Los testigos Nilsa Yáñez Rojas y Jessica Muñoz Masuela a fojas 152 y siguientes al tenor del punto número 5 del auto de prueba, han declarado: la testigo Yáñez Rojas dice que la hija Mery sufrió depresión y el hijo también estuvo enfermo además que la hija Mery sufre de la enfermedad de lupus y que estuvo internada en el hospital de San Felipe y en una clínica en Santiago y que les consta que las enfermedades de los hijos fueron consecuencia de los hechos que motivaron esta causa. A su vez la testigo Jessica Mueñiz Masuela, dice que los actores sufrieron mucho dolor en términos similares a la anterior testigo y que la viuda también sufrió por la pérdida de su esposo. En torno a esta materia los testigos de la demandada Mario Martínez, Ingrid Henríquez y Juana Vargas al tenor del punto número 5 separadamente han sostenido lo siguiente: el testigo Martínez que no vio que sufrieron perjuicios porque su sobrina Mery Martínez vive con sus padres desde guagua, que su sobrino es casado y separada. Respecto a la cónyuge, doña María Lamas, ella era separada de su hermano desde hace 8 años. La testigo Henríquez Osorio señala que no sufrieron porque ella era la pareja de Miguel Ángel Martínez Rodríguez (trabajador) y Vargas López, sostiene que no sufrieron perjuicios por cuanto los actores no estaban con don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, es decir, su cónyuge ni sus hijos, lo que le consta porque es vecina de don Miguel Ángel Martínez Rodríguez, sabe que se encontraba separado de su cónyuge y convivía con la señorita Ingrid de la cual nació un hijo. DECIMOCUARTO: Que con la copia de los antecedentes llevados en la Fiscalía Local de La Calera, donde se investiga el cuasidelito de homicidio del trabajador, la cónyuge declara que efectivamente se encontraba separada de éste desde hacía 8 años. DECIMOQUINTO: Que no obstante, que la prueba testifical aportada por las partes es contradictoria, en opinión de este tribunal el fallecimiento del cónyuge y padre de los demandantes hace concluir que han sufrido daño moral, por lo que se dará mayor credibilidad a los testigos presentados por la demandante. DECIMOSEXTO: Que no existen parámetros en nuestra legislación para determinar el daño moral y, por lo tanto, es discrecional debiendo regularse prudencialmente por el juez. Para tales efectos estos sentenciadores tendrán en consideración las circunstancia constatada que la cónyuge se encontraba separada del trabajador fallecido desde hacía 8 años, que los hijos matrimoniales no vivían con su padre y a la fecha del accidente y muerte de aquel eran mayores de edad, por lo que estos sentenciadores estiman prudente y adecuado regular el daño moral en la suma en $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) para cada uno de los actores, doña María Cristina Lamas Perinez y cada uno de los hijos doña Mery Dayana y don Miguel Ángel, ambos Martínez Lama. DECIMOSÉPTIMO: Que se hará lugar a la demanda también, en cuanto pide reajustes e intereses; los primeros estarán constituidos por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, pero se aplicarán sobre la suma regulada a contar de la fecha de esta sentencia porque es el momento en que el tribunal ha avaluado el daño y hasta la fecha de su pago efectivo, y los segundos serán los intereses corrientes para operaciones no reajustables y se aplicarán sobre las sumas reajustadas desde el momento en que el demandado se constituya en mora. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, uno de octubre de dos mil diez. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fojas 305, contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil diez, ingresaron a la Secretaría de esta Corte el trece de septiembre del año en curso, conforme se certifica a fojas 323 vuelta. SEGUNDO: Que, hasta la fecha, no consta que haya comparecido el recurrente ante este tribunal para continuar con la tramitación de los recursos deducidos. Que, en tales circunstancias, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 463 de Código del Trabajo y los artículos 200, 201 y 779 del Código de Procedimiento Civil, se declaran desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fojas 305, contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil diez, que se lee a fojas 300 y siguientes. Regístrese y devuélvase, con sus agregados. Rol Nº 6.806-2010. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., señor Roberto Jacob Ch., y los Abogados Integrantes señor Rafael Gómez B., y Ricardo Peralta V. Santiago, 01 de octubre de 2010. Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señorita Ruby Vanesa Sáez Landaur. En Santiago, a uno de octubre de dos mil diez, notifiqué en Secretaria por el estado diario la resolución precedente.

DECIMOCTAVO: Que se desestima la petición de la demandada en cuanto a la reducción de la suma por daño moral por no haberse acreditado que el trabajador se haya expuesto imprudentemente al daño por lo que no se hará aplicación del artículo 2330 del Código Civil. DECIMONOVENO: Que la prueba que no se analiza en particular en nada influye en lo dispositivo del fallo. Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 144, 186 y siguientes y 227 del Código de Procedimiento Civil, 184 del Código del Trabajo, 1698 del Código Civil y 69 de la ley Nº 16.744 se declara: I. Que se rechaza la alegación de la demandada de falta de idoneidad de la acción por improcedencia de la responsabilidad civil contractual demandada; II. Que se revoca la sentencia apelada de veintinueve de marzo de dos mil diez, escrita de fojas 271 a 279 y, en su lugar, se declara que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña María Cristina Lamas Perineo, Marie Dayana y Miguel Ángel ambos Martínez Lama en contra de la Sociedad Serpac S.A., representada por don Milton Ruske Romero sólo en cuanto se condena a esta última al pago, por concepto de daño moral, a la suma de $ 5.000.000 de pesos a favor de María Cristina Lama Perinés y $ 5.000.000 para Miguel Ángel Martínez Lamas y $ 5.000.000 para Marie Dayana Martínez Lamas, con los reajustes e intereses señalados en el motivo decimoséptimo y se rechaza la demanda en lo demás, sin costas por no haber sido totalmente vencida la parte demandada. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Ministro Sra. Rosa Aguirre. No firma el Ministro Sr. Julio Miranda, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en visita extraordinaria. Rol Nº 570-2010. Pronunciado por los Ministros Titulares de la Ilustrísima Corte Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Rosa Aguirre Carvajal, Abogado Integrante Sr. Alfredo Mateluna Arestizabal. En Valparaíso, a 04 de agosto de 2010, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA

DECIMOCTAVO: Que se desestima la petición de la demandada en cuanto a la reducción de la suma por daño moral por no haberse acreditado que el trabajador se haya expuesto imprudentemente al daño por lo que no se hará aplicación del artículo 2330 del Código Civil. DECIMONOVENO: Que la prueba que no se analiza en particular en nada influye en lo dispositivo del fallo. Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 144, 186 y siguientes y 227 del Código de Procedimiento Civil, 184 del Código del Trabajo, 1698 del Código Civil y 69 de la ley Nº 16.744 se declara: I. Que se rechaza la alegación de la demandada de falta de idoneidad de la acción por improcedencia de la responsabilidad civil contractual demandada; II. Que se revoca la sentencia apelada de veintinueve de marzo de dos mil diez, escrita de fojas 271 a 279 y, en su lugar, se declara que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña María Cristina Lamas Perineo, Marie Dayana y Miguel Ángel ambos Martínez Lama en contra de la Sociedad Serpac S.A., representada por don Milton Ruske Romero sólo en cuanto se condena a esta última al pago, por concepto de daño moral, a la suma de $ 5.000.000 de pesos a favor de María Cristina Lama Perinés y $ 5.000.000 para Miguel Ángel Martínez Lamas y $ 5.000.000 para Marie Dayana Martínez Lamas, con los reajustes e intereses señalados en el motivo decimoséptimo y se rechaza la demanda en lo demás, sin costas por no haber sido totalmente vencida la parte demandada. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Ministro Sra. Rosa Aguirre. No firma el Ministro Sr. Julio Miranda, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en visita extraordinaria. Rol Nº 570-2010. Pronunciado por los Ministros Titulares de la Ilustrísima Corte Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Rosa Aguirre Carvajal, Abogado Integrante Sr. Alfredo Mateluna Arestizabal. En Valparaíso, a 04 de agosto de 2010, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

Santiago, uno de octubre de dos mil diez. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fojas 305, contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil diez, ingresaron a la Secretaría de esta Corte el trece de septiembre del año en curso, conforme se certifica a fojas 323 vuelta. SEGUNDO: Que, hasta la fecha, no consta que haya comparecido el recurrente ante este tribunal para continuar con la tramitación de los recursos deducidos. Que, en tales circunstancias, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 463 de Código del Trabajo y los artículos 200, 201 y 779 del Código de Procedimiento Civil, se declaran desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fojas 305, contra la sentencia de cuatro de agosto de dos mil diez, que se lee a fojas 300 y siguientes. Regístrese y devuélvase, con sus agregados. Rol Nº 6.806-2010. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., señor Roberto Jacob Ch., y los Abogados Integrantes señor Rafael Gómez B., y Ricardo Peralta V. Santiago, 01 de octubre de 2010. Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señorita Ruby Vanesa Sáez Landaur. En Santiago, a uno de octubre de dos mil diez, notifiqué en Secretaria por el estado diario la resolución precedente.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 8469-2009 Cita online: CL/JUR/5554/2010 I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO Lebu, treinta y uno de julio de dos mil ocho. VISTO: A fs. 7, se presenta don Rafael Poblete Saavedra, abogado, domiciliado en calle Rioseco N° 421, comuna de Lebu, en representación judicial de Juan Antonio Cáceres Toro, obrero forestal, María Magdalena Pastor Medina, labores de casa, Cristián Patricio Cáceres Pastor, obrero forestal, Juan Antonio Cáceres Pastor, obrero forestal, todos domiciliados en Población Santa Elena, Temuco Chico, comuna de Los Álamos; y expone, que según consta de documentos que acompaña don Álex Cáceres Pastor falleció a consecuencia de un accidente del trabajo (caída en altura) ocurrido el 7 de junio de 2003, y que sus representados Juan Antonio Cáceres Toro y María Magdalena Pastor Medina fueron sus padres, y que Cristián Patricio Cáceres Pastor y Juan Antonio Cáceres Pastor fueron sus hermanos. En razón de lo anterior viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontactual derivada de accidente del trabajo en contra de la que fuere la empleadora de don Álex Cáceres Pastor, la empresa Bosques Santa Elena S.A. representada por Francisco Javier Cortessi Zanetti, factor de comercio, domiciliado en Camino a Caramávida kilómetro 1, comuna de Los Álamos, a fin de que sea condenada a pagar las sumas que se indican, en consideración a los siguientes fundamentos: el sábado 7 de junio de 2003 aproximadamente a las 10:30 horas, don Álex Cáceres Pastor, que había sido contratado como clasificador de madera por Bosques Santa Elena S.A., cayó desde una altura aproximada de doce a quince metros luego que se le ordenara a subir a trabajar sobre el techo de un galpón, sufriendo graves lesiones que le ocasionaron la muerte días más tarde. Señala que el accidente es de responsabilidad de la empleadora, pues se debió a la falta de adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes en altura. En efecto, al trabajador se le destinó a ejecutar labores para las cuales no estaba contratado ni calificado, ya que junto a un compañero se les ordenó a trabajar en una superficie en altura altamente riesgosa: debían limpiar el techo de un galpón, la que era extremadamente peligrosa, pues estaba cubierta de aserrín, justamente debían remover premunidos de dos escobillones y una soga, aserrín que no permitía distinguir el zinc de las planchas transparentes de los tragaluces y, la superficie estaba resbaladiza producto de las heladas matinales, a los trabajadores no se le proporcionaron elementos adecuados de protección personal, pues el cinturón de seguridad de Cáceres, que supuestamente debía servir para protegerlo frente al riesgo de caídas, no tenía dos cuerdas de vida (como es obligatorio para trabajos en altura) y la soga que debía hacer de línea de vida era muy larga (más larga que la altura del galpón), y debía ser amarrada en un extremo del galpón, pero para llegar al punto de amarre había que caminar un largo trecho sobre el galpón sin ninguna protección, tampoco se le proporcionaron zapatos de seguridad nuevos con suela de goma antideslizante. La empleadora no tenía implementado un procedimiento seguro de trabajo en altura (éstos no pueden contemplar desplazamientos sin cuerdas de seguridad, ni sin exámenes previos para trabajos en altura), no existió constancia por escrito que se les advirtió previamente de los riesgos a que se exponían, y método de trabajo correcto, ni entrega del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ni comité paritario que funcionare apropiadamente. Además, la empleadora dejó sólo a los trabajadores, ya que debían trabajar sin ninguna supervisión. En esas condiciones, el señor Cáceres pisó la plancha de un tragaluz (cubierta o disimulada por el aserrín), y ésta se quebró cayendo el trabajador al vacío, ya que no obstante las anotadas características, el galpón no disponía bajo el techo de una malla que protegiere frente al riesgo de pisar el tragaluz. El trabajador fue trasladado al consultorio de Los Álamos, pero no recibió oportuna ni adecuada atención médica y hospitalaria, ya que no obstante ser evidente que sufrió graves lesiones, no se coordinó su oportuna derivación, sino que perdiéndose valiosas horas, fue con graves demoras derivado al Hospital del Trabajador de Concepción.

Lebu, treinta y uno de julio de dos mil ocho. VISTO: A fs. 7, se presenta don Rafael Poblete Saavedra, abogado, domiciliado en calle Rioseco N° 421, comuna de Lebu, en representación judicial de Juan Antonio Cáceres Toro, obrero forestal, María Magdalena Pastor Medina, labores de casa, Cristián Patricio Cáceres Pastor, obrero forestal, Juan Antonio Cáceres Pastor, obrero forestal, todos domiciliados en Población Santa Elena, Temuco Chico, comuna de Los Álamos; y expone, que según consta de documentos que acompaña don Álex Cáceres Pastor falleció a consecuencia de un accidente del trabajo (caída en altura) ocurrido el 7 de junio de 2003, y que sus representados Juan Antonio Cáceres Toro y María Magdalena Pastor Medina fueron sus padres, y que Cristián Patricio Cáceres Pastor y Juan Antonio Cáceres Pastor fueron sus hermanos. En razón de lo anterior viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontactual derivada de accidente del trabajo en contra de la que fuere la empleadora de don Álex Cáceres Pastor, la empresa Bosques Santa Elena S.A. representada por Francisco Javier Cortessi Zanetti, factor de comercio, domiciliado en Camino a Caramávida kilómetro 1, comuna de Los Álamos, a fin de que sea condenada a pagar las sumas que se indican, en consideración a los siguientes fundamentos: el sábado 7 de junio de 2003 aproximadamente a las 10:30 horas, don Álex Cáceres Pastor, que había sido contratado como clasificador de madera por Bosques Santa Elena S.A., cayó desde una altura aproximada de doce a quince metros luego que se le ordenara a subir a trabajar sobre el techo de un galpón, sufriendo graves lesiones que le ocasionaron la muerte días más tarde. Señala que el accidente es de responsabilidad de la empleadora, pues se debió a la falta de adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes en altura. En efecto, al trabajador se le destinó a ejecutar labores para las cuales no estaba contratado ni calificado, ya que junto a un compañero se les ordenó a trabajar en una superficie en altura altamente riesgosa: debían limpiar el techo de un galpón, la que era extremadamente peligrosa, pues estaba cubierta de aserrín, justamente debían remover premunidos de dos escobillones y una soga, aserrín que no permitía distinguir el zinc de las planchas transparentes de los tragaluces y, la superficie estaba resbaladiza producto de las heladas matinales, a los trabajadores no se le proporcionaron elementos adecuados de protección personal, pues el cinturón de seguridad de Cáceres, que supuestamente debía servir para protegerlo frente al riesgo de caídas, no tenía dos cuerdas de vida (como es obligatorio para trabajos en altura) y la soga que debía hacer de línea de vida era muy larga (más larga que la altura del galpón), y debía ser amarrada en un extremo del galpón, pero para llegar al punto de amarre había que caminar un largo trecho sobre el galpón sin ninguna protección, tampoco se le proporcionaron zapatos de seguridad nuevos con suela de goma antideslizante. La empleadora no tenía implementado un procedimiento seguro de trabajo en altura (éstos no pueden contemplar desplazamientos sin cuerdas de seguridad, ni sin exámenes previos para trabajos en altura), no existió constancia por escrito que se les advirtió previamente de los riesgos a que se exponían, y método de trabajo correcto, ni entrega del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ni comité paritario que funcionare apropiadamente. Además, la empleadora dejó sólo a los trabajadores, ya que debían trabajar sin ninguna supervisión. En esas condiciones, el señor Cáceres pisó la plancha de un tragaluz (cubierta o disimulada por el aserrín), y ésta se quebró cayendo el trabajador al vacío, ya que no obstante las anotadas características, el galpón no disponía bajo el techo de una malla que protegiere frente al riesgo de pisar el tragaluz. El trabajador fue trasladado al consultorio de Los Álamos, pero no recibió oportuna ni adecuada atención médica y hospitalaria, ya que no obstante ser evidente que sufrió graves lesiones, no se coordinó su oportuna derivación, sino que perdiéndose valiosas horas, fue con graves demoras derivado al Hospital del Trabajador de Concepción.

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 8469-2009 Cita online: CL/JUR/5554/2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Señala que extrañamente, habiendo resultado el trabajador con lesiones graves con peligro de muerte, la empleadora incumplió su obligación legal de denunciar la ocurrencia del accidente a la justicia o a sus agentes, lo que impidió que se resguardara el sitio del suceso. Sólo con fecha 13 de junio de 2003 el Juzgado del Crimen de Lebu instruyó sumario por cuasidelito de homicidio de Álex Cáceres Pastor, causa rol N° 39.987-2003, causa en la que obran antecedentes que prueban no sólo que el accidente se debió a la no adopción de suficientes medidas de seguridad por parte del empleador, sino que luego se pretendió en forma burda, tratar de alterar la dinámica del accidente e imputar culpa al trabajador fallecido, observándose abiertas contradicciones entre las declaraciones prestadas en una fecha cercana al accidente (investigación ante el Servicio de Salud Arauco, la ACHS y el Juzgado del Crimen), en las cuales los compañeros de trabajo responsabilizaron abiertamente a la empresa y las prestadas posteriormente en la misma causa criminal, ya que ante el curso que tomó dicha investigación penal, teniendo muchos de ellos la calidad de inculpados, para salvar sus propias responsabilidades personales, cambiaron su versión de los hechos, trataron de desdecirse de lo declarado y confesado, agregando circunstancias que antes omitieron. Entre los antecedentes que prueban lo que se podría llamar “la verdad no contaminada” (que el trabajador cayó por el tragaluz cuando se dirigía al punto de amarre al que no alcanzó a llegar), destaca las siguientes: 1) el parte policial de Carabineros de Antihuala de 13 de junio de 2003, 2) informe de investigación de accidente de la ACHS, 3) declaración judicial de la supervisora Margarita Marín Arias; 4) la orden de investigar de la Policía de Investigaciones de Lebu, que concluye: “se estableció negligencia por parte de los empleadores de la víctima, en el sentido que existió falta de previsión de riesgos y hubo deficientes condiciones de seguridad”; 5) la copia del sumario sanitario seguido en contra de Bosques Santa Elena S.A. por el Servicio de Salud Arauco, en donde obran declaraciones que prestaron posteriormente los involucrados en la causa criminal. Expresa que existió entonces falta de planificación de las labores en altura ya que la empleadora no controló o supervigiló adecuadamente las faenas, no les proporcionó elementos adecuados de protección personal para trabajos en altura, no les advirtió suficientemente sobre los riesgos a los que se exponían en sus labores de altura, ni tampoco les proporcionó capacitación suficiente. Si hubiere habido supervisión suficiente el accidente no habría ocurrido. El accidente del trabajo en altura que le costó la vida al Sr. Cáceres fue calificado como un accidente del trabajo por la ACHS y, era perfectamente previsible y evitable, con mediana diligencia y cuidado. En este tipo de labores riesgosas en altura, por el peligro de caídas, siempre se debe trabajar con supervisión constante y se deben detener las labores en caso de viento. Estando reconocido que el trabajador no se subió al techo de propia iniciativa, sino que se le ordenó subir allí no podrá sostenerse que existió culpa alguna de la víctima, ni que ella se expuso imprudentemente al daño, ya que se le ordenó junto a sus compañeros efectuar esas labores riesgosas, sin capacitación ni suficiente supervisión. Agrega que desde el momento de su contratación, el señor Cáceres en su condición de trabajador, se encontraba amparado y protegido por toda la normativa laboral y de seguridad social; a saber, entre otras, el Código del Trabajo, la ley N° 16.744 y demás decretos y reglamentos complementarios. Por su parte el artículo 2329 del Código Civil indica que: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparada por esta”. La demandada tiene responsabilidad extracontractual directa, por el hecho propio, pues como se ha referido ella tenía un deber de seguridad que fue incumplido respecto del trabajador Sr. Cáceres, al no planificar adecuadamente las labores, destinando a trabajadores sin capacitación suficiente a ejecutar labores riesgosas en altura, en condiciones adversas, sin supervisión y, por ende, sin haber adoptado las medidas adecuadas para impedir el daño, por lo que habiendo incurrido en culpa debido al incumplimiento del referido deber de cuidado, debe indemnizar el daño causado. La demandada tiene además, responsabilidad extracontractual indirecta, por el hecho de sus dependientes, al ser la empleadora de la supervisora Margarita Marín Arias, quien no cumplió debidamente sus funciones, ya que permitió que laboraran en altura, en condiciones riesgosas, trabajadores que no estaban capacitados y sin medidas de seguridad. El artículo 2320 del Código Civil establece que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado, señalando expresamente que los empresarios responden del hecho de sus dependientes. En consecuencia se dan en la especie todos los requisitos generadores de responsabilidad extracontractual de la demandada, ya que los hechos referidos importan una acción u omisión culpable de la empleadora (ya sea por el

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Señala que extrañamente, habiendo resultado el trabajador con lesiones graves con peligro de muerte, la empleadora incumplió su obligación legal de denunciar la ocurrencia del accidente a la justicia o a sus agentes, lo que impidió que se resguardara el sitio del suceso. Sólo con fecha 13 de junio de 2003 el Juzgado del Crimen de Lebu instruyó sumario por cuasidelito de homicidio de Álex Cáceres Pastor, causa rol N° 39.987-2003, causa en la que obran antecedentes que prueban no sólo que el accidente se debió a la no adopción de suficientes medidas de seguridad por parte del empleador, sino que luego se pretendió en forma burda, tratar de alterar la dinámica del accidente e imputar culpa al trabajador fallecido, observándose abiertas contradicciones entre las declaraciones prestadas en una fecha cercana al accidente (investigación ante el Servicio de Salud Arauco, la ACHS y el Juzgado del Crimen), en las cuales los compañeros de trabajo responsabilizaron abiertamente a la empresa y las prestadas posteriormente en la misma causa criminal, ya que ante el curso que tomó dicha investigación penal, teniendo muchos de ellos la calidad de inculpados, para salvar sus propias responsabilidades personales, cambiaron su versión de los hechos, trataron de desdecirse de lo declarado y confesado, agregando circunstancias que antes omitieron. Entre los antecedentes que prueban lo que se podría llamar “la verdad no contaminada” (que el trabajador cayó por el tragaluz cuando se dirigía al punto de amarre al que no alcanzó a llegar), destaca las siguientes: 1) el parte policial de Carabineros de Antihuala de 13 de junio de 2003, 2) informe de investigación de accidente de la ACHS, 3) declaración judicial de la supervisora Margarita Marín Arias; 4) la orden de investigar de la Policía de Investigaciones de Lebu, que concluye: “se estableció negligencia por parte de los empleadores de la víctima, en el sentido que existió falta de previsión de riesgos y hubo deficientes condiciones de seguridad”; 5) la copia del sumario sanitario seguido en contra de Bosques Santa Elena S.A. por el Servicio de Salud Arauco, en donde obran declaraciones que prestaron posteriormente los involucrados en la causa criminal. Expresa que existió entonces falta de planificación de las labores en altura ya que la empleadora no controló o supervigiló adecuadamente las faenas, no les proporcionó elementos adecuados de protección personal para trabajos en altura, no les advirtió suficientemente sobre los riesgos a los que se exponían en sus labores de altura, ni tampoco les proporcionó capacitación suficiente. Si hubiere habido supervisión suficiente el accidente no habría ocurrido. El accidente del trabajo en altura que le costó la vida al Sr. Cáceres fue calificado como un accidente del trabajo por la ACHS y, era perfectamente previsible y evitable, con mediana diligencia y cuidado. En este tipo de labores riesgosas en altura, por el peligro de caídas, siempre se debe trabajar con supervisión constante y se deben detener las labores en caso de viento. Estando reconocido que el trabajador no se subió al techo de propia iniciativa, sino que se le ordenó subir allí no podrá sostenerse que existió culpa alguna de la víctima, ni que ella se expuso imprudentemente al daño, ya que se le ordenó junto a sus compañeros efectuar esas labores riesgosas, sin capacitación ni suficiente supervisión. Agrega que desde el momento de su contratación, el señor Cáceres en su condición de trabajador, se encontraba amparado y protegido por toda la normativa laboral y de seguridad social; a saber, entre otras, el Código del Trabajo, la ley N° 16.744 y demás decretos y reglamentos complementarios. Por su parte el artículo 2329 del Código Civil indica que: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparada por esta”. La demandada tiene responsabilidad extracontractual directa, por el hecho propio, pues como se ha referido ella tenía un deber de seguridad que fue incumplido respecto del trabajador Sr. Cáceres, al no planificar adecuadamente las labores, destinando a trabajadores sin capacitación suficiente a ejecutar labores riesgosas en altura, en condiciones adversas, sin supervisión y, por ende, sin haber adoptado las medidas adecuadas para impedir el daño, por lo que habiendo incurrido en culpa debido al incumplimiento del referido deber de cuidado, debe indemnizar el daño causado. La demandada tiene además, responsabilidad extracontractual indirecta, por el hecho de sus dependientes, al ser la empleadora de la supervisora Margarita Marín Arias, quien no cumplió debidamente sus funciones, ya que permitió que laboraran en altura, en condiciones riesgosas, trabajadores que no estaban capacitados y sin medidas de seguridad. El artículo 2320 del Código Civil establece que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado, señalando expresamente que los empresarios responden del hecho de sus dependientes. En consecuencia se dan en la especie todos los requisitos generadores de responsabilidad extracontractual de la demandada, ya que los hechos referidos importan una acción u omisión culpable de la empleadora (ya sea por el

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hecho propio y/o por el hecho de sus dependientes), existiendo relación de causalidad entre el actuar culpable de la demandada y, el daño que evidentemente sufrieron los familiares por la muerte de su hijo, pues en el caso que hubiere existido una acción adecuada por parte de la empleadora, el accidente laboral no se hubiere producido y, no habrían surgido los daños que su fallecimiento ocasionó a los actores. Finalmente indica que se ha resuelto que, la empresa junto a las ganancias que legítimamente obtiene y pretende lograr debe también soportar las consecuencias negativas que implica su explotación, entre las cuales se encuentra la obligación de responder por los daños causados por su actividad lucrativa, fundamentalmente al capital humano utilizado para ello (Gaceta Jurídica N° 270, pág. 183, Gaceta Jurídica N° 265, pág. 85). Conforme a la normativa legal vigente, la empresa que genera en el curso de su actividad situaciones de riesgo para bienes jurídicos ajenos, entre ellos los de sus trabajadores, no sólo debe prevenirlos sino también debe repararlos en el evento de que éstos acontezcan. La demandada debe responder del daño moral por expresa disposición legal y, es indudable que la muerte del Sr. Cáceres, hijo y hermano de los actores, les ocasionó graves daños morales, ya que padecieron un sufrimiento psicológico evidente (como le habría significado a cualquier persona, la muerte de un hijo en las circunstancias antes relatadas), ya que es imborrable una experiencia como la descrita, que se traduce en dolores, privaciones, pesar, depresión, miedo, temor, frustración, y demás secuelas, todas las cuales persisten hasta el día de hoy y para el futuro (secuelas permanentes); pues se alteraron sus condiciones normales de vida. La existencia de daño moral por la muerte de un familiar cercano y querido es indudable y así se ha resuelto que “es un hecho evidente, aceptado por la doctrina y jurisprudencia, que producen un sufrimiento a los familiares más próximos que no requiere de demostración” (RDJ, Tomo 86, 2ª parte, sección 4ª, pág. 73 y RDJ, Tomo 66, 2ª parte, sección 4ª, pág. 21). Por tanto, y de acuerdo a las disposiciones legales que cita, ruega tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de accidente del trabajo, en contra de la empresa “Bosques Santa Elena S.A.”, representada por Francisco Javier Cortesi Zanetti, ya individualizada y, en definitiva declarar que se acoge la demanda y en consecuencia que se condena a la demandada a pagar a don Juan Antonio Cáceres Toro y María Magdalena Pastor Medina la suma de $ 100.000.000 a cada uno y pagar a Cristián Patricio Cáceres Pastor y Juan Antonio Cáceres Pastor, la suma de $ 50.000.000 a cada uno, vale decir, la suma total de $ 300.000.000 o bien, las sumas mayores o menores, con los reajustes e intereses que el tribunal determine, con costas. A fs. 27, la parte demandada Bosques Santa Elena S.A. contesta la demanda solicitando su rechazo. Funda su solicitud expresando que en el proceso criminal Rol N° 39.987-2003 del ingreso criminal de este tribunal, al cual hace referencia la actora, consta de la declaración de diversos testigos que a la víctima fatal se le entregaron los elementos de seguridad, se le habían brindado charlas, y además en los minutos previos al ascenso se lo volvió a ilustrar al respecto. Señala que se ha silenciado por el actor lo manifestado por la víctima al testigo Arturo Ramírez en el sentido de estar apurado por un partido de fútbol, y también se ha silenciado que no era la primera vez que había subido a realizar la misma función, y a mayor abundamiento la víctima fatal se ofreció a realizar las labores en análisis. Agrega que el informe de la Asociación Chilena de Seguridad de fs. 22 y siguientes expresa que “Descripción del Accidente (según relato de supervisora y testigo). Luego de aceptar solicitud de limpiar el techo... el Sr. Álex Cáceres Pastor se dirige a zona de secado para retirar arnés y cuerda de seguridad, enseguida recibe instrucción de cómo subir y desplazarse por la techumbre...” El mismo informe a fs. 25, expresa: Causas del accidente 3.5.1 directas: Trabajador se desplaza de pie en circunstancias que se le había instruido que lo hiciera sentado y arrastrándose por sobre el caballete. Causas del accidente: factores personales, exceso de confianza al caminar, además el trabajador no obedece instrucciones de supervisora, quien según relato verbal, le sugirió deslizarse sentado sobre el caballete, trabajador no utiliza accesorios de seguridad, es decir no instala cabo de vida, que le permita atar su arnés mediante una cuerda o correa. Este informe fue suscrito por un experto en materia de accidentes, Sr. Claudio Segura Luza, en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, a fs. 26 del proceso criminal en cita, c.- testigo interrogado por investigaciones a fs. 45, Víctor Torres: “Vi que mis compañeros Arturo Ramírez y Álex Cáceres, accedieron sin problemas a subir para realizar la limpieza del techo, ellos llevaban como en oportunidades anteriores puestos unos arnés y una cuerda...”; d.- fs. 72 y 73; se aprecian en informe de investigaciones la cuerda vida y los arnés; e.- a fs. 127 aparece informe de la Dirección General

hecho propio y/o por el hecho de sus dependientes), existiendo relación de causalidad entre el actuar culpable de la demandada y, el daño que evidentemente sufrieron los familiares por la muerte de su hijo, pues en el caso que hubiere existido una acción adecuada por parte de la empleadora, el accidente laboral no se hubiere producido y, no habrían surgido los daños que su fallecimiento ocasionó a los actores. Finalmente indica que se ha resuelto que, la empresa junto a las ganancias que legítimamente obtiene y pretende lograr debe también soportar las consecuencias negativas que implica su explotación, entre las cuales se encuentra la obligación de responder por los daños causados por su actividad lucrativa, fundamentalmente al capital humano utilizado para ello (Gaceta Jurídica N° 270, pág. 183, Gaceta Jurídica N° 265, pág. 85). Conforme a la normativa legal vigente, la empresa que genera en el curso de su actividad situaciones de riesgo para bienes jurídicos ajenos, entre ellos los de sus trabajadores, no sólo debe prevenirlos sino también debe repararlos en el evento de que éstos acontezcan. La demandada debe responder del daño moral por expresa disposición legal y, es indudable que la muerte del Sr. Cáceres, hijo y hermano de los actores, les ocasionó graves daños morales, ya que padecieron un sufrimiento psicológico evidente (como le habría significado a cualquier persona, la muerte de un hijo en las circunstancias antes relatadas), ya que es imborrable una experiencia como la descrita, que se traduce en dolores, privaciones, pesar, depresión, miedo, temor, frustración, y demás secuelas, todas las cuales persisten hasta el día de hoy y para el futuro (secuelas permanentes); pues se alteraron sus condiciones normales de vida. La existencia de daño moral por la muerte de un familiar cercano y querido es indudable y así se ha resuelto que “es un hecho evidente, aceptado por la doctrina y jurisprudencia, que producen un sufrimiento a los familiares más próximos que no requiere de demostración” (RDJ, Tomo 86, 2ª parte, sección 4ª, pág. 73 y RDJ, Tomo 66, 2ª parte, sección 4ª, pág. 21). Por tanto, y de acuerdo a las disposiciones legales que cita, ruega tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de accidente del trabajo, en contra de la empresa “Bosques Santa Elena S.A.”, representada por Francisco Javier Cortesi Zanetti, ya individualizada y, en definitiva declarar que se acoge la demanda y en consecuencia que se condena a la demandada a pagar a don Juan Antonio Cáceres Toro y María Magdalena Pastor Medina la suma de $ 100.000.000 a cada uno y pagar a Cristián Patricio Cáceres Pastor y Juan Antonio Cáceres Pastor, la suma de $ 50.000.000 a cada uno, vale decir, la suma total de $ 300.000.000 o bien, las sumas mayores o menores, con los reajustes e intereses que el tribunal determine, con costas. A fs. 27, la parte demandada Bosques Santa Elena S.A. contesta la demanda solicitando su rechazo. Funda su solicitud expresando que en el proceso criminal Rol N° 39.987-2003 del ingreso criminal de este tribunal, al cual hace referencia la actora, consta de la declaración de diversos testigos que a la víctima fatal se le entregaron los elementos de seguridad, se le habían brindado charlas, y además en los minutos previos al ascenso se lo volvió a ilustrar al respecto. Señala que se ha silenciado por el actor lo manifestado por la víctima al testigo Arturo Ramírez en el sentido de estar apurado por un partido de fútbol, y también se ha silenciado que no era la primera vez que había subido a realizar la misma función, y a mayor abundamiento la víctima fatal se ofreció a realizar las labores en análisis. Agrega que el informe de la Asociación Chilena de Seguridad de fs. 22 y siguientes expresa que “Descripción del Accidente (según relato de supervisora y testigo). Luego de aceptar solicitud de limpiar el techo... el Sr. Álex Cáceres Pastor se dirige a zona de secado para retirar arnés y cuerda de seguridad, enseguida recibe instrucción de cómo subir y desplazarse por la techumbre...” El mismo informe a fs. 25, expresa: Causas del accidente 3.5.1 directas: Trabajador se desplaza de pie en circunstancias que se le había instruido que lo hiciera sentado y arrastrándose por sobre el caballete. Causas del accidente: factores personales, exceso de confianza al caminar, además el trabajador no obedece instrucciones de supervisora, quien según relato verbal, le sugirió deslizarse sentado sobre el caballete, trabajador no utiliza accesorios de seguridad, es decir no instala cabo de vida, que le permita atar su arnés mediante una cuerda o correa. Este informe fue suscrito por un experto en materia de accidentes, Sr. Claudio Segura Luza, en representación de la Asociación Chilena de Seguridad, a fs. 26 del proceso criminal en cita, c.- testigo interrogado por investigaciones a fs. 45, Víctor Torres: “Vi que mis compañeros Arturo Ramírez y Álex Cáceres, accedieron sin problemas a subir para realizar la limpieza del techo, ellos llevaban como en oportunidades anteriores puestos unos arnés y una cuerda...”; d.- fs. 72 y 73; se aprecian en informe de investigaciones la cuerda vida y los arnés; e.- a fs. 127 aparece informe de la Dirección General ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de Aeronáutica, en el cual se advierte que el día de los hecho había un viento sur de 18 km/h, lo que demuestra que la contraria al señalar que había un fuerte viento falta a la verdad; f.- a fs. 118 aparece que la empresa tenía un prevencionista de riesgos y que el tema del trabajo en altura había sido abordado y había un programa realizado por éste, al efecto Sr. Martín Cisterna; g.- a fs. 135 aparece declaración de don Arturo Reinaldo Ramírez, compañero de trabajo de la víctima y quien subió también con él al techo del galpón. Este testigo expresa que “nos pasó ella los lazos y los arnés, pidiéndonos que apenas subiéramos amarrásemos un extremo del lazo... pero como mi compañero Álex Cáceres estaba apurado porque tenía un partido de fútbol, apenas terminamos el trabajo, no nos amarramos. Hace presente que el día del accidente era el día sábado 7 de junio de 2003. Luego el mismo testigo expresó a fs. 135 y en su parte final que estaban capacitados, se les dio charla por su juventud y porque Álex ya antes había subido a hacer lo mismo. Por eso mismo que Álex caminó tan confiado. Señala que de lo anterior aparece claramente acreditado que su representada no es responsable desde el punto de vista culposo. Se trata en el presente caso de una empresa con una data de trece años, con más de 1.600 trabajadores. Se trataba además de una empresa que tenía un prevencionista de riesgos, un procedimiento, no obligó a los trabajadores a desempeñar los servicios sub lite, entregó los implementos de seguridad, dio charla e instrucciones, etc. Señala que en derecho se responde o se consagra la culpa por negligencia o imprudencia. En el presente caso su representada fue diligente y cumplió con la normativa laboral. Por el contrario la víctima con su actuar imprudente, desoyendo las instrucciones brindadas no cumplió con asegurarse debidamente, esto es lo que se denomina el hecho o culpa de la víctima, causal que se verifica en los hechos objeto de este proceso. Expresa que existe acuerdo en considerar que se trata de una causa eximente de responsabilidad cuando el hecho de la víctima ha sido la única causa del perjuicio. Agrega que la teoría de aceptación de los riesgos reconocida por doctrina y jurisprudencia cobra plena aplicación en el presente caso. Ésta eximirá de responsabilidad de toda cuando la conducta de la víctima ha sido la única causa del daño. En el presente caso y a la luz de los antecedentes antes narrados, si la víctima fatal hubiese observado las instrucciones de su empleadora, no se habría verificado el accidente. Es más la víctima aceptó subir y desoyó las instrucciones. No hay constancia alguna que haya rechazado subir, además antes había subido al mismo techo y galpón. Esto es una consecuencia de la aplicación del adagio volenti non fit injuria. Citando a don Hernán Corral Talciani, señala que “cuando la víctima se expone al daño a sabiendas y con la debida información de que puede sobrevenir, no podrá después demandar su reparación, también el mismo autor señala “la aceptación del riesgo exime de responsabilidad cuando ha sido la única causa del daño”, por lo que alegan a su vez esta teoría como eximente de responsabilidad. Expresa que la doctrina y la jurisprudencia además de requerir para la concurrencia de la reparación que se produzca un hecho dañoso, exige que éste sea obra de la conducta de una persona natural o jurídica o de un agente determinado y éste habrá de actuar con culpa. Pero, también se exige que entre el hecho dañoso y aquél a quien se indica como responsable, corresponda una relación de causalidad, y en la materia descrita no existe una relación de causalidad que ligue a su representado con los hechos que se han traducido en el daño para la víctima fatal y para los actores. Con respecto a los daños señala que a su parte no le corresponde responsabilidad en los hechos, por lo que la reparación por concepto de daño moral no es concurrente. Por las consideraciones expuestas solicita el rechazo de la demanda, sin perjuicio de alegar también respecto de la demanda la teoría del enriquecimiento sin causa, ya que la litis no está llamada a brindar enriquecimiento, si no por el contrario reparación y tutela a intereses afectados; y en subsidio, alega la exposición imprudente de la víctima de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil. Agrega, además, que la parte petitoria de la demanda no expresa con claridad y precisión la pretensión elevada, ya que reclama un abultado monto dinerario solicitando se condene a su representada, pero sin expresar por qué concepto, si por daños materiales, morales, espirituales, lucro cesante. La demanda, al no haber precisado este aspecto, y al acogerla haría concurrente un vicio de casación. Por tanto, en mérito de lo expuesto y disposiciones legales que cita, ruega tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios, y rechazarla en todas y cada una de sus partes, con costas.

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de Aeronáutica, en el cual se advierte que el día de los hecho había un viento sur de 18 km/h, lo que demuestra que la contraria al señalar que había un fuerte viento falta a la verdad; f.- a fs. 118 aparece que la empresa tenía un prevencionista de riesgos y que el tema del trabajo en altura había sido abordado y había un programa realizado por éste, al efecto Sr. Martín Cisterna; g.- a fs. 135 aparece declaración de don Arturo Reinaldo Ramírez, compañero de trabajo de la víctima y quien subió también con él al techo del galpón. Este testigo expresa que “nos pasó ella los lazos y los arnés, pidiéndonos que apenas subiéramos amarrásemos un extremo del lazo... pero como mi compañero Álex Cáceres estaba apurado porque tenía un partido de fútbol, apenas terminamos el trabajo, no nos amarramos. Hace presente que el día del accidente era el día sábado 7 de junio de 2003. Luego el mismo testigo expresó a fs. 135 y en su parte final que estaban capacitados, se les dio charla por su juventud y porque Álex ya antes había subido a hacer lo mismo. Por eso mismo que Álex caminó tan confiado. Señala que de lo anterior aparece claramente acreditado que su representada no es responsable desde el punto de vista culposo. Se trata en el presente caso de una empresa con una data de trece años, con más de 1.600 trabajadores. Se trataba además de una empresa que tenía un prevencionista de riesgos, un procedimiento, no obligó a los trabajadores a desempeñar los servicios sub lite, entregó los implementos de seguridad, dio charla e instrucciones, etc. Señala que en derecho se responde o se consagra la culpa por negligencia o imprudencia. En el presente caso su representada fue diligente y cumplió con la normativa laboral. Por el contrario la víctima con su actuar imprudente, desoyendo las instrucciones brindadas no cumplió con asegurarse debidamente, esto es lo que se denomina el hecho o culpa de la víctima, causal que se verifica en los hechos objeto de este proceso. Expresa que existe acuerdo en considerar que se trata de una causa eximente de responsabilidad cuando el hecho de la víctima ha sido la única causa del perjuicio. Agrega que la teoría de aceptación de los riesgos reconocida por doctrina y jurisprudencia cobra plena aplicación en el presente caso. Ésta eximirá de responsabilidad de toda cuando la conducta de la víctima ha sido la única causa del daño. En el presente caso y a la luz de los antecedentes antes narrados, si la víctima fatal hubiese observado las instrucciones de su empleadora, no se habría verificado el accidente. Es más la víctima aceptó subir y desoyó las instrucciones. No hay constancia alguna que haya rechazado subir, además antes había subido al mismo techo y galpón. Esto es una consecuencia de la aplicación del adagio volenti non fit injuria. Citando a don Hernán Corral Talciani, señala que “cuando la víctima se expone al daño a sabiendas y con la debida información de que puede sobrevenir, no podrá después demandar su reparación, también el mismo autor señala “la aceptación del riesgo exime de responsabilidad cuando ha sido la única causa del daño”, por lo que alegan a su vez esta teoría como eximente de responsabilidad. Expresa que la doctrina y la jurisprudencia además de requerir para la concurrencia de la reparación que se produzca un hecho dañoso, exige que éste sea obra de la conducta de una persona natural o jurídica o de un agente determinado y éste habrá de actuar con culpa. Pero, también se exige que entre el hecho dañoso y aquél a quien se indica como responsable, corresponda una relación de causalidad, y en la materia descrita no existe una relación de causalidad que ligue a su representado con los hechos que se han traducido en el daño para la víctima fatal y para los actores. Con respecto a los daños señala que a su parte no le corresponde responsabilidad en los hechos, por lo que la reparación por concepto de daño moral no es concurrente. Por las consideraciones expuestas solicita el rechazo de la demanda, sin perjuicio de alegar también respecto de la demanda la teoría del enriquecimiento sin causa, ya que la litis no está llamada a brindar enriquecimiento, si no por el contrario reparación y tutela a intereses afectados; y en subsidio, alega la exposición imprudente de la víctima de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil. Agrega, además, que la parte petitoria de la demanda no expresa con claridad y precisión la pretensión elevada, ya que reclama un abultado monto dinerario solicitando se condene a su representada, pero sin expresar por qué concepto, si por daños materiales, morales, espirituales, lucro cesante. La demanda, al no haber precisado este aspecto, y al acogerla haría concurrente un vicio de casación. Por tanto, en mérito de lo expuesto y disposiciones legales que cita, ruega tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios, y rechazarla en todas y cada una de sus partes, con costas.

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TIRO

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Que a fs. 36 la parte demandante evacuó trámite de la réplica dando por íntegramente reproducidos todos los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. Agrega que la demandada no controvirtió los siguientes hechos: 1) que la demandada es una persona jurídica que junto a varias otras empresas de la familia Cortesi, que llevan en su razón social las palabras “Santa Elena”, forma parte de un holding; 2) que al trabajador se le destinó a ejecutar labores para las cuales no estaba contratado ni calificado; 3) que la superficie del galpón era peligrosa, pues estaba cubierta de aserrín que no permitía distinguir el zinc de las planchas transparentes de los tragaluces y estaba resbaladiza producto de las heladas matinales; 4) que el cinturón de seguridad del Sr. Cáceres no tenía doble cuerda de vida; 5) que la soga que debía hacer de línea de vida, era muy larga y debía ser amarrada en un extremo del galpón, pero para llegar al punto de amarre había que caminar un largo trecho sobre el galpón sin ninguna protección; 6) que al Sr. Cáceres no se le proporcionó casco, ni zapatos de seguridad nuevos; 7) que al Sr. Cáceres no se le efectuaron exámenes previos para trabajos en altura; 8) que no existe constancia por escrito que al Sr. Cáceres se le advirtiera previamente a los riesgos a que se exponía, ni de los métodos de trabajo correctos, de la entrega del reglamento interno; 9) que la empresa no disponía de un comité paritario que funcionare apropiadamente; 10) que la empleadora dejó solos a los trabajadores, ya que ellos debían trabajar sin ninguna supervisión; 11) que el galpón no disponía bajo del techo de una malla que protegiere frente al riesgo de pisar un tragaluz; 12) que el Sr. Cáceres no recibió oportuna y adecuada atención médica y hospitalaria, porque no se coordinó su oportuna derivación a un recinto especializado en la atención de pacientes politraumatizados, perdiéndose valiosas horas, que demoraron su atención; 13) que la demandada incumplió su obligación legal de denunciar la ocurrencia del accidente a la justicia o a sus agentes, lo que impidió que se resguardara el sitio del suceso. Además, expresa que la demandada nada señaló sobre las contradicciones en las que incurrieron varios empleados que tienen la calidad de inculpados, que posteriormente agregaron circunstancias que omitieron, ni sobre las sospechas de que ellos se concertaron para tratar de librar de culpa a los altos cargos de la empresa. Agrega que respecto del inculpado Arturo Ramírez existen versiones de que fue este trabajador el que habría perdido el equilibrio y que al tratar de sujetarse de su compañero, provocó que éste a su vez perdiera el equilibrio. Omitió asimismo el debate sobre las conclusiones de la orden de investigar de la Policía de Investigaciones de Lebu que “estableció negligencia por parte de los empleadores”, como también la resolución multa N°2.907 de 10 de diciembre de 2003 dictada en sumario sanitario seguido en contra de la demandada por el Servicio de Salud Arauco, que la sancionó con multa de $4.000.000; también se silenció la declaración del Sr. Cortesi quien señaló que “tres horas después del accidente se tomaron todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias para que la operación de limpieza de canaletas resultara exitosa”. Reitera que estando suficientemente acreditado que el trabajador no se subió al techo de propia iniciativa, sino que fue requerido por un superior para ello, es decir, que se le ordenó subir a efectuar labores riesgosas en altura, habiendo ocurrido el accidente en horario de trabajo, no puede alegarse que existió ni que se expuso imprudentemente al daño. Agrega que aún en el evento de negar que los trabajadores hayan desobedecido las supuestas instrucciones que recibieron, igualmente existiría culpa de la empleadora por permitir que ellos laboraran en forma diferente a la indicada, ya que debió ejercer supervisión constante, lo que les habría permitido ordenar oportunamente que rectificaran su conducta. Respecto de la supuesta imprecisión de la demanda y vicio que acarrea su acogida, dicha alegación es improcedente, ya que de la lectura de la demanda resulta claro que lo que se pidió fue el daño moral y no el material. Por otro lado la demandada no es parte agraviada con el supuesto vicio, y no ha preparado suficientemente el recurso oponiendo la excepción de ineptitud del libelo. A fs. 45 la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica exponiendo que los puntos indicados por la actora como no controvertidos no corresponden, por cuanto en la contestación en forma clara y elocuente se discrepa de ellos. Que los testigos que declararon en el sumario no son profesionales en la litis y por ende su afán era declarar y exponer lo verdaderamente ocurrido. Que respecto de la orden de investigar, mereció serias críticas en cuanto a su profundidad; además, estableció una conclusión sin analizar exhaustivamente los antecedentes del caso. Señala que es evidente la contradicción con el informe evacuado por la Asociación Chilena de Seguridad, organismo técnico y con experiencia en la

Que a fs. 36 la parte demandante evacuó trámite de la réplica dando por íntegramente reproducidos todos los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. Agrega que la demandada no controvirtió los siguientes hechos: 1) que la demandada es una persona jurídica que junto a varias otras empresas de la familia Cortesi, que llevan en su razón social las palabras “Santa Elena”, forma parte de un holding; 2) que al trabajador se le destinó a ejecutar labores para las cuales no estaba contratado ni calificado; 3) que la superficie del galpón era peligrosa, pues estaba cubierta de aserrín que no permitía distinguir el zinc de las planchas transparentes de los tragaluces y estaba resbaladiza producto de las heladas matinales; 4) que el cinturón de seguridad del Sr. Cáceres no tenía doble cuerda de vida; 5) que la soga que debía hacer de línea de vida, era muy larga y debía ser amarrada en un extremo del galpón, pero para llegar al punto de amarre había que caminar un largo trecho sobre el galpón sin ninguna protección; 6) que al Sr. Cáceres no se le proporcionó casco, ni zapatos de seguridad nuevos; 7) que al Sr. Cáceres no se le efectuaron exámenes previos para trabajos en altura; 8) que no existe constancia por escrito que al Sr. Cáceres se le advirtiera previamente a los riesgos a que se exponía, ni de los métodos de trabajo correctos, de la entrega del reglamento interno; 9) que la empresa no disponía de un comité paritario que funcionare apropiadamente; 10) que la empleadora dejó solos a los trabajadores, ya que ellos debían trabajar sin ninguna supervisión; 11) que el galpón no disponía bajo del techo de una malla que protegiere frente al riesgo de pisar un tragaluz; 12) que el Sr. Cáceres no recibió oportuna y adecuada atención médica y hospitalaria, porque no se coordinó su oportuna derivación a un recinto especializado en la atención de pacientes politraumatizados, perdiéndose valiosas horas, que demoraron su atención; 13) que la demandada incumplió su obligación legal de denunciar la ocurrencia del accidente a la justicia o a sus agentes, lo que impidió que se resguardara el sitio del suceso. Además, expresa que la demandada nada señaló sobre las contradicciones en las que incurrieron varios empleados que tienen la calidad de inculpados, que posteriormente agregaron circunstancias que omitieron, ni sobre las sospechas de que ellos se concertaron para tratar de librar de culpa a los altos cargos de la empresa. Agrega que respecto del inculpado Arturo Ramírez existen versiones de que fue este trabajador el que habría perdido el equilibrio y que al tratar de sujetarse de su compañero, provocó que éste a su vez perdiera el equilibrio. Omitió asimismo el debate sobre las conclusiones de la orden de investigar de la Policía de Investigaciones de Lebu que “estableció negligencia por parte de los empleadores”, como también la resolución multa N°2.907 de 10 de diciembre de 2003 dictada en sumario sanitario seguido en contra de la demandada por el Servicio de Salud Arauco, que la sancionó con multa de $4.000.000; también se silenció la declaración del Sr. Cortesi quien señaló que “tres horas después del accidente se tomaron todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias para que la operación de limpieza de canaletas resultara exitosa”. Reitera que estando suficientemente acreditado que el trabajador no se subió al techo de propia iniciativa, sino que fue requerido por un superior para ello, es decir, que se le ordenó subir a efectuar labores riesgosas en altura, habiendo ocurrido el accidente en horario de trabajo, no puede alegarse que existió ni que se expuso imprudentemente al daño. Agrega que aún en el evento de negar que los trabajadores hayan desobedecido las supuestas instrucciones que recibieron, igualmente existiría culpa de la empleadora por permitir que ellos laboraran en forma diferente a la indicada, ya que debió ejercer supervisión constante, lo que les habría permitido ordenar oportunamente que rectificaran su conducta. Respecto de la supuesta imprecisión de la demanda y vicio que acarrea su acogida, dicha alegación es improcedente, ya que de la lectura de la demanda resulta claro que lo que se pidió fue el daño moral y no el material. Por otro lado la demandada no es parte agraviada con el supuesto vicio, y no ha preparado suficientemente el recurso oponiendo la excepción de ineptitud del libelo. A fs. 45 la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica exponiendo que los puntos indicados por la actora como no controvertidos no corresponden, por cuanto en la contestación en forma clara y elocuente se discrepa de ellos. Que los testigos que declararon en el sumario no son profesionales en la litis y por ende su afán era declarar y exponer lo verdaderamente ocurrido. Que respecto de la orden de investigar, mereció serias críticas en cuanto a su profundidad; además, estableció una conclusión sin analizar exhaustivamente los antecedentes del caso. Señala que es evidente la contradicción con el informe evacuado por la Asociación Chilena de Seguridad, organismo técnico y con experiencia en la ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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materia; que el sumario no recogió mayor prueba, por lo que la sola aplicación de una multa no puede resultar vinculante en responsabilidad. Agrega que el informe de la Asociación Chilena de Seguridad y testifical son claros en la responsabilidad de la víctima, que el tema del horario no es un punto de contradicción, ya que era sábado. A fs. 54, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo debido a la inasistencia de la demandada. A fs. 55 vta. y 63, se recibió la causa a prueba. A fs. 148, se citó a las partes para oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a la tacha de la testigo Margarita Andrea Marín Arias. 1°. Que la actora deduce tacha, en contra de la testigo Margarita Andrea Marín Arias, fundada en la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Funda lo anterior en que la testigo se encuentra directamente relacionada con los hechos que llevaron al fallecimiento de Álex Cáceres Pastor investigados en la causa criminal llevadas ante este tribunal no existiendo en dicha causa resolución definitiva que haya declarado en forma irrefutable la exención de responsabilidad penal en dichos autos, por lo que la testigo sabe que lo que declare en este proceso puede serle perjudicial o beneficioso para determinar su posible responsabilidad en dicha causa criminal. Agrega que la testigo era funcionaria de la empresa demandada, por lo que puede tener temor a no ser contratada por otras empresa afines si declara en contra. Razones por las que solicita que no se reciba la declaración de la testigo y que en caso que se efectúe se le reste valor probatorio con costas. 2°. Que la demandada, evacuando el traslado señala que la circunstancia que la testigo haya declarado previamente en la causa criminal, no la hace inhábil para declarar en esta causa, ya que la causal invocada no contempla esta situación de manera expresa y el Código de Procedimiento Civil no la contempla; además la testigo ha declarado en la investigación sumarial pero no en defensa de sus intereses. A mayor abundamiento, la doctrina y la jurisprudencia están contestes en cuanto a que el interés que exige la norma debe ser de carácter pecuniario. El resto de la argumentación de la contraria se basa en meras suposiciones. Por tanto, solicita el rechazo de la tacha. 3°. Que la referida tacha habrá de ser desestimada, atendido el hecho que la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el interés a que alude el artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil, debe ser de carácter pecuniario, lo cual no se condice con los fundamentos esgrimidos por la actora ni ha sido acreditado en el proceso. En cuanto a la tacha del testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera. 4°. Que la actora deduce tacha, en contra del testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera, fundada en la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Funda lo anterior en los mismos argumentos vertidos en la tacha formulada respecto de la testigo Margarita Andrea Marín Arias, los cuales solicita tener por íntegramente reproducidos; por lo que solicita que no se reciba la declaración del testigo y que en caso que se efectúe se le reste valor probatorio con costas. 5°. Que la demandada, evacuando el traslado señala que el testigo no trabaja para la demandada ni ha recibido dinero de ésta; además, la declaración de éste es necesaria ya que acompañaba a Álex Cáceres Pastor el día de los hechos. Por tanto, solicita el rechazo de la tacha. 6°. Que la referida tacha deberá ser desechada por razones análogas a las expresadas en el fundamento tercero, por no tratarse de un interés pecuniario el adjudicado el testigo referido. En cuanto al fondo: 7°. Que acorde a lo consignado en lo expositivo de esta sentencia, los demandantes accionan en contra de la empresa Bosques Santa Elena S.A., aduciendo, en síntesis, que su hijo y hermano Álex Cáceres Pastor, habría fallecido el 13 de junio de 2003, como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el día 7 de junio de 2003, a las 10:30 horas, mientras prestaba servicios para su empleadora, la sociedad demandada, cayendo desde una altura aproximada de 12 a 15 metros, luego que se le ordenara subir a trabajar sobre el techo de un galpón. Agregan, que la sociedad demandada en calidad de empleadora de su hijo y hermano, sería responsable del accidente por no haber adoptado las medidas

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materia; que el sumario no recogió mayor prueba, por lo que la sola aplicación de una multa no puede resultar vinculante en responsabilidad. Agrega que el informe de la Asociación Chilena de Seguridad y testifical son claros en la responsabilidad de la víctima, que el tema del horario no es un punto de contradicción, ya que era sábado. A fs. 54, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo debido a la inasistencia de la demandada. A fs. 55 vta. y 63, se recibió la causa a prueba. A fs. 148, se citó a las partes para oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a la tacha de la testigo Margarita Andrea Marín Arias. 1°. Que la actora deduce tacha, en contra de la testigo Margarita Andrea Marín Arias, fundada en la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Funda lo anterior en que la testigo se encuentra directamente relacionada con los hechos que llevaron al fallecimiento de Álex Cáceres Pastor investigados en la causa criminal llevadas ante este tribunal no existiendo en dicha causa resolución definitiva que haya declarado en forma irrefutable la exención de responsabilidad penal en dichos autos, por lo que la testigo sabe que lo que declare en este proceso puede serle perjudicial o beneficioso para determinar su posible responsabilidad en dicha causa criminal. Agrega que la testigo era funcionaria de la empresa demandada, por lo que puede tener temor a no ser contratada por otras empresa afines si declara en contra. Razones por las que solicita que no se reciba la declaración de la testigo y que en caso que se efectúe se le reste valor probatorio con costas. 2°. Que la demandada, evacuando el traslado señala que la circunstancia que la testigo haya declarado previamente en la causa criminal, no la hace inhábil para declarar en esta causa, ya que la causal invocada no contempla esta situación de manera expresa y el Código de Procedimiento Civil no la contempla; además la testigo ha declarado en la investigación sumarial pero no en defensa de sus intereses. A mayor abundamiento, la doctrina y la jurisprudencia están contestes en cuanto a que el interés que exige la norma debe ser de carácter pecuniario. El resto de la argumentación de la contraria se basa en meras suposiciones. Por tanto, solicita el rechazo de la tacha. 3°. Que la referida tacha habrá de ser desestimada, atendido el hecho que la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el interés a que alude el artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil, debe ser de carácter pecuniario, lo cual no se condice con los fundamentos esgrimidos por la actora ni ha sido acreditado en el proceso. En cuanto a la tacha del testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera. 4°. Que la actora deduce tacha, en contra del testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera, fundada en la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Funda lo anterior en los mismos argumentos vertidos en la tacha formulada respecto de la testigo Margarita Andrea Marín Arias, los cuales solicita tener por íntegramente reproducidos; por lo que solicita que no se reciba la declaración del testigo y que en caso que se efectúe se le reste valor probatorio con costas. 5°. Que la demandada, evacuando el traslado señala que el testigo no trabaja para la demandada ni ha recibido dinero de ésta; además, la declaración de éste es necesaria ya que acompañaba a Álex Cáceres Pastor el día de los hechos. Por tanto, solicita el rechazo de la tacha. 6°. Que la referida tacha deberá ser desechada por razones análogas a las expresadas en el fundamento tercero, por no tratarse de un interés pecuniario el adjudicado el testigo referido. En cuanto al fondo: 7°. Que acorde a lo consignado en lo expositivo de esta sentencia, los demandantes accionan en contra de la empresa Bosques Santa Elena S.A., aduciendo, en síntesis, que su hijo y hermano Álex Cáceres Pastor, habría fallecido el 13 de junio de 2003, como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el día 7 de junio de 2003, a las 10:30 horas, mientras prestaba servicios para su empleadora, la sociedad demandada, cayendo desde una altura aproximada de 12 a 15 metros, luego que se le ordenara subir a trabajar sobre el techo de un galpón. Agregan, que la sociedad demandada en calidad de empleadora de su hijo y hermano, sería responsable del accidente por no haber adoptado las medidas

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de seguridad necesarias para evitar accidentes en altura. Solicitan en consecuencia, se condene a la demandada, en sede extracontractual, a indemnizarles el daño moral sufrido, con costas. 8°. Que, contestando, la demandada Bosques Santa Elena S.A., solicita el rechazo de la demanda, con costas. Expone que existe ausencia de culpa de la empresa, toda vez que ésta tiene un prevencionista de riesgos, no se obligó a los trabajadores a realizar las labores señaladas y se entregaron los implementos de seguridad; y por otro lado concurre culpa de la víctima ya que no cumplió las instrucciones que se le impartieron. Que por ser la conducta de la víctima la única causa del daño se debe eximir a la empresa de responsabilidad. Además, no existe relación de causalidad que ligue el actuar de la demandada con la producción del hecho dañoso. En subsidio, solicita se rebaje el monto por concepto de indemnización por haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño. Agrega finalmente que en caso de acogerse la demanda se incurriría en un vicio de casación formal al no haberse expresado en ésta con claridad y precisión si el monto de la indemnización solicitada es por concepto de daño material o moral. 9°. Que en orden a acreditar los fundamentos de hecho de su acción la parte demandante acompañó: a) certificado de nacimiento de Álex Neftaly Cáceres Pastor; b) certificado de defunción de Álex Neftaly Cáceres Pastor; c) certificado de matrimonio de Juan Antonio Cáceres Toro y María Magdalena Pastor Medina; d) certificados de nacimiento de Cristián Patricio Cáceres Pastor y de Juan Antonio Cáceres Pastor; e) fotocopias del sumario sanitario N° 163, acompañado a fs. 113, donde figura como denunciado Bosques Santa Elena S.A., como consecuencia del accidente ocurrido a Álex Cáceres Pastor, del cual se desprende que la referida sociedad fue objeto de la aplicación de una multa por Resolución N° 2907, de fecha 10 de diciembre de 2003, ascendente a la suma de $4.000.000; f) fotocopias expediente criminal rol N° 39.987-2003 del ingreso del Juzgado del Crimen de Lebu, tenido a la vista; g) set de nueve fotografías que rolan a fs. 116 a 120; h) fotocopias de expediente criminal Rol N° 67.951-1997 del Segundo Juzgado del Crimen de Chillán, por muerte de José Muñoz Macheo. 10°. Además la actora solicitó y obtuvo que la demanda exhibiera los siguientes documentos: a) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Bosques Santa Elena S.A.; b) manuales, folletos e impresos o instructivos de la ACHS, sobre procedimiento seguros de trabajo; c) acta de elección de representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Bosques Santa Elena; d) certificado de título profesional de Técnico en Prevención de Riesgos, otorgado por la Universidad Técnica Federico Santa María a Martín Cisternas Hermosilla; e) copia simple de contrato de trabajo celebrado entre Martín Cisterna Hermosilla y Sociedad Forestal Transportes y Construcción con fecha 11 de marzo de 2003; f) declaraciones individuales de accidentes del trabajo desde el año 2003 a 2006; g) copia simple de comprobante de atención ambulatoria del trabajador José Muñoz Macheo emitido por la ACHS; h) certificado de taza de cotización ley N° 16.744; i) contrato colectivo de trabajo actual y el vigente a la fecha del accidente; j) acta de elección de Comité Paritario de 15 de mayo de 2006 y acta de reuniones de 2006. 11°. Que también llamó a estrados a los testigos Eduardo Perales Martínez, Sara Nancy Albornoz Fernández, Ercilia Medina Poza, Sandra Jacqueline Cuevas Medina y Juan Félix Miranda Jofré, quienes legalmente examinados y sin tacha a fs. 72 a 81 y 100 a 102, expusieron: El primero, que es Oficial de Carabineros con el título de Investigador de Accidentes del Tránsito, por lo que está facultado para determinar las dinámicas de los accidentes, señala que el contrato celebrado por la demandada con el occiso señalaba que éste se debía desempeñar en labores propias de clasificación, no existiendo ningún anexo u otro contrato que diga que debían realizar labores en altura; agrega que en el historial médico del occiso no aparece certificación alguna que acredite que fue evaluado para desarrollar labores en altura. Expresa haber conversado con más de cuatro trabajadores de la empresa demandada quienes le comentaron que no se realiza capacitación para trabajos en altura. Señala que la cronología de los hechos hace poco creíble que haya existido algún tipo de instrucción o entrega de información realizada con el trabajo a realizar; señala que de acuerdo al expediente es efectivo que la demandada entregó arneses y una soga o cuerda de 20 metros a dos trabajadores que iban a efectuar una labor en altura, pero no recibieron cascos ni zapatos con carpeta de adherencia y antideslizante; además no existía cabo de vida alguno en la parte donde se les indicó iniciar su desplazamiento; si Cáceres se hubiera enganchado, de nada le hubiera servido, ya que la cuerda era de veinte metros y

de seguridad necesarias para evitar accidentes en altura. Solicitan en consecuencia, se condene a la demandada, en sede extracontractual, a indemnizarles el daño moral sufrido, con costas. 8°. Que, contestando, la demandada Bosques Santa Elena S.A., solicita el rechazo de la demanda, con costas. Expone que existe ausencia de culpa de la empresa, toda vez que ésta tiene un prevencionista de riesgos, no se obligó a los trabajadores a realizar las labores señaladas y se entregaron los implementos de seguridad; y por otro lado concurre culpa de la víctima ya que no cumplió las instrucciones que se le impartieron. Que por ser la conducta de la víctima la única causa del daño se debe eximir a la empresa de responsabilidad. Además, no existe relación de causalidad que ligue el actuar de la demandada con la producción del hecho dañoso. En subsidio, solicita se rebaje el monto por concepto de indemnización por haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño. Agrega finalmente que en caso de acogerse la demanda se incurriría en un vicio de casación formal al no haberse expresado en ésta con claridad y precisión si el monto de la indemnización solicitada es por concepto de daño material o moral. 9°. Que en orden a acreditar los fundamentos de hecho de su acción la parte demandante acompañó: a) certificado de nacimiento de Álex Neftaly Cáceres Pastor; b) certificado de defunción de Álex Neftaly Cáceres Pastor; c) certificado de matrimonio de Juan Antonio Cáceres Toro y María Magdalena Pastor Medina; d) certificados de nacimiento de Cristián Patricio Cáceres Pastor y de Juan Antonio Cáceres Pastor; e) fotocopias del sumario sanitario N° 163, acompañado a fs. 113, donde figura como denunciado Bosques Santa Elena S.A., como consecuencia del accidente ocurrido a Álex Cáceres Pastor, del cual se desprende que la referida sociedad fue objeto de la aplicación de una multa por Resolución N° 2907, de fecha 10 de diciembre de 2003, ascendente a la suma de $4.000.000; f) fotocopias expediente criminal rol N° 39.987-2003 del ingreso del Juzgado del Crimen de Lebu, tenido a la vista; g) set de nueve fotografías que rolan a fs. 116 a 120; h) fotocopias de expediente criminal Rol N° 67.951-1997 del Segundo Juzgado del Crimen de Chillán, por muerte de José Muñoz Macheo. 10°. Además la actora solicitó y obtuvo que la demanda exhibiera los siguientes documentos: a) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Bosques Santa Elena S.A.; b) manuales, folletos e impresos o instructivos de la ACHS, sobre procedimiento seguros de trabajo; c) acta de elección de representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Bosques Santa Elena; d) certificado de título profesional de Técnico en Prevención de Riesgos, otorgado por la Universidad Técnica Federico Santa María a Martín Cisternas Hermosilla; e) copia simple de contrato de trabajo celebrado entre Martín Cisterna Hermosilla y Sociedad Forestal Transportes y Construcción con fecha 11 de marzo de 2003; f) declaraciones individuales de accidentes del trabajo desde el año 2003 a 2006; g) copia simple de comprobante de atención ambulatoria del trabajador José Muñoz Macheo emitido por la ACHS; h) certificado de taza de cotización ley N° 16.744; i) contrato colectivo de trabajo actual y el vigente a la fecha del accidente; j) acta de elección de Comité Paritario de 15 de mayo de 2006 y acta de reuniones de 2006. 11°. Que también llamó a estrados a los testigos Eduardo Perales Martínez, Sara Nancy Albornoz Fernández, Ercilia Medina Poza, Sandra Jacqueline Cuevas Medina y Juan Félix Miranda Jofré, quienes legalmente examinados y sin tacha a fs. 72 a 81 y 100 a 102, expusieron: El primero, que es Oficial de Carabineros con el título de Investigador de Accidentes del Tránsito, por lo que está facultado para determinar las dinámicas de los accidentes, señala que el contrato celebrado por la demandada con el occiso señalaba que éste se debía desempeñar en labores propias de clasificación, no existiendo ningún anexo u otro contrato que diga que debían realizar labores en altura; agrega que en el historial médico del occiso no aparece certificación alguna que acredite que fue evaluado para desarrollar labores en altura. Expresa haber conversado con más de cuatro trabajadores de la empresa demandada quienes le comentaron que no se realiza capacitación para trabajos en altura. Señala que la cronología de los hechos hace poco creíble que haya existido algún tipo de instrucción o entrega de información realizada con el trabajo a realizar; señala que de acuerdo al expediente es efectivo que la demandada entregó arneses y una soga o cuerda de 20 metros a dos trabajadores que iban a efectuar una labor en altura, pero no recibieron cascos ni zapatos con carpeta de adherencia y antideslizante; además no existía cabo de vida alguno en la parte donde se les indicó iniciar su desplazamiento; si Cáceres se hubiera enganchado, de nada le hubiera servido, ya que la cuerda era de veinte metros y ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la altura desde el techo era de diez metros. Expresa que después del accidente no inspeccionó el lugar donde aconteció, que no es efectivo que los trabajadores tuvieron una supervisión constante; que el prevencionista de riesgos de la empresa no estaba calificado, quien además sólo llevaba trabajando tres meses para la demandada, lo que hace difícil que haya alcanzado a elaborar planes de trabajo seguros. Agrega que la demandada no adoptó medidas de resguardo respecto del lugar de los hechos, ya que no existió denuncia, sino sólo una semana después del accidente. Expresa que corresponde a Carabineros o Investigaciones aislar el sitio del suceso, pero la empresa debería haber tomado las providencias a fin de cerrar el ingreso al galpón. Por su parte la segunda testigo expresó, con respecto al punto diez de prueba, que la madre de Álex Cáceres Pastor llora la muerte de su hijo, a su esposo y a los hermanos también los ve angustiados y preocupados. La tercera testigo señala que ha visto a la familia muy afectada por la pérdida de su hijo, la madre llora por la muerte de su hijo, al padre se le ve angustiado, lo cual lo ha afectado en su trabajo. La cuarta testigo expresa que desde el momento que supieron del accidente vio sufrir a los padres y hermanos, quienes con el tiempo no han podido superar esto. Finalmente el último testigo expresa que en su calidad de dirigente sindical sabe que Álex Cáceres tenía contrato de clasificador, que no se efectuó capacitación para trabajos en altura a los trabajadores Álex Cáceres Pastor ni Arturo Ramírez Aguilera, ya que en varias oportunidades le ha tocado visitar a trabajadores de empresas pertenecientes a Bosques Santa Elena accidentados en el Hospital de la ACHS de Concepción, y éstos le han señalado que nunca les han dado capacitación o charlas. Agrega que es imposible sobre todo en Santa Elena, donde la jerarquía es bien estricta que un trabajador haga una labor sin que lo hayan mandado, y sabe por los trabajadores que a Álex lo mandaron y que no le entregaron todos los elementos de seguridad, de la misma manera sabe que los trabajadores no efectuaban labores en altura bajo una supervisión constante, que a los trabajadores se les pidió que limpiaran el lugar donde fue el accidente, que la empresa no avisó de éste a Carabineros ni a ninguna otra autoridad. Por último expresa que no es efectivo que la empresa no registraba accidentes del trabajo previos, ya que recuerda el caso de Muñoz Macheo de quien era amigo. 12°. Que por su parte la demandada sólo acompañó documento consistente en informe meteorológico emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil de fs. 111. 13°. Que rindió la testimonial que se lee a fs. 82 a 97, a través de los dichos de Margarita Andrea Marín Arias y Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera. Margarita Andrea Marín Arias, ex funcionaria de la demandada, expresó que Álex había subido antes al techo a hacer la misma labor que ella le había encomendado. Señala que la empresa entregó capacitación para trabajar en altura a un grupo de trabajadores de la empresa y Cáceres Pastor y Arturo Ramírez Aguilera estuvieron en esas capacitaciones. Que el día del accidente les pregunto, no les ordenó, a su grupo de trabajadores, que necesitaba dos voluntarios para efectuar la limpieza de la canaleta, lo cual le había sido ordenado por Roger Silva, y como Álex se había subido anteriormente, le dijo al tiro que él se subía, estuvo como media hora dando instrucciones, después los llevó donde Mariangel, quien ya se había subido al techo y que les dijo como tenían que colocarse la cuerda y amarrarse. Señala que la empresa sí contaba con un prevencionista de riesgos que trabajaba todos los días. Agrega que al darles las instrucciones les dijo que no tenían que separarse, y que cree que no cumplió, porque si lo hubiese hecho, a lo mejor no habría pasado lo que pasó, además se les indicó por donde tenían que caminar y que cuando llegaran arriba tenían que engancharse al tiro. Expresa que cree que el señor Álex no obedeció, o si no, no le hubiese pasado el accidente, además que ese día no había viento, era un día despejado. Señala que los trabajadores debían caminar por un caballete o montura que va sobre las aguas del techo que tiene como cuarenta o cincuenta centímetros para cada lado. Agrega que los tragaluces del galpón eran visibles y no se encontraban tapados por aserrín, y que los zapatos que usaron los trabajadores eran los normales de seguridad, con punta de fierro y no se les proporcionó casco con barbiquejo, que no subió con ellos al techo del galpón, sino que los dejó en la escalera, y no los vio más. Expresa que los ganchos donde debían amarrarse los trabajadores estaban arriba en el caballete a unos diez metros más o menos de la esquina del techo del galpón, que el caballete tenía aproximadamente cuarenta a sesenta centímetros por cada lado medido desde la unión de las aguas y liso, con una muy

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la altura desde el techo era de diez metros. Expresa que después del accidente no inspeccionó el lugar donde aconteció, que no es efectivo que los trabajadores tuvieron una supervisión constante; que el prevencionista de riesgos de la empresa no estaba calificado, quien además sólo llevaba trabajando tres meses para la demandada, lo que hace difícil que haya alcanzado a elaborar planes de trabajo seguros. Agrega que la demandada no adoptó medidas de resguardo respecto del lugar de los hechos, ya que no existió denuncia, sino sólo una semana después del accidente. Expresa que corresponde a Carabineros o Investigaciones aislar el sitio del suceso, pero la empresa debería haber tomado las providencias a fin de cerrar el ingreso al galpón. Por su parte la segunda testigo expresó, con respecto al punto diez de prueba, que la madre de Álex Cáceres Pastor llora la muerte de su hijo, a su esposo y a los hermanos también los ve angustiados y preocupados. La tercera testigo señala que ha visto a la familia muy afectada por la pérdida de su hijo, la madre llora por la muerte de su hijo, al padre se le ve angustiado, lo cual lo ha afectado en su trabajo. La cuarta testigo expresa que desde el momento que supieron del accidente vio sufrir a los padres y hermanos, quienes con el tiempo no han podido superar esto. Finalmente el último testigo expresa que en su calidad de dirigente sindical sabe que Álex Cáceres tenía contrato de clasificador, que no se efectuó capacitación para trabajos en altura a los trabajadores Álex Cáceres Pastor ni Arturo Ramírez Aguilera, ya que en varias oportunidades le ha tocado visitar a trabajadores de empresas pertenecientes a Bosques Santa Elena accidentados en el Hospital de la ACHS de Concepción, y éstos le han señalado que nunca les han dado capacitación o charlas. Agrega que es imposible sobre todo en Santa Elena, donde la jerarquía es bien estricta que un trabajador haga una labor sin que lo hayan mandado, y sabe por los trabajadores que a Álex lo mandaron y que no le entregaron todos los elementos de seguridad, de la misma manera sabe que los trabajadores no efectuaban labores en altura bajo una supervisión constante, que a los trabajadores se les pidió que limpiaran el lugar donde fue el accidente, que la empresa no avisó de éste a Carabineros ni a ninguna otra autoridad. Por último expresa que no es efectivo que la empresa no registraba accidentes del trabajo previos, ya que recuerda el caso de Muñoz Macheo de quien era amigo. 12°. Que por su parte la demandada sólo acompañó documento consistente en informe meteorológico emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil de fs. 111. 13°. Que rindió la testimonial que se lee a fs. 82 a 97, a través de los dichos de Margarita Andrea Marín Arias y Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera. Margarita Andrea Marín Arias, ex funcionaria de la demandada, expresó que Álex había subido antes al techo a hacer la misma labor que ella le había encomendado. Señala que la empresa entregó capacitación para trabajar en altura a un grupo de trabajadores de la empresa y Cáceres Pastor y Arturo Ramírez Aguilera estuvieron en esas capacitaciones. Que el día del accidente les pregunto, no les ordenó, a su grupo de trabajadores, que necesitaba dos voluntarios para efectuar la limpieza de la canaleta, lo cual le había sido ordenado por Roger Silva, y como Álex se había subido anteriormente, le dijo al tiro que él se subía, estuvo como media hora dando instrucciones, después los llevó donde Mariangel, quien ya se había subido al techo y que les dijo como tenían que colocarse la cuerda y amarrarse. Señala que la empresa sí contaba con un prevencionista de riesgos que trabajaba todos los días. Agrega que al darles las instrucciones les dijo que no tenían que separarse, y que cree que no cumplió, porque si lo hubiese hecho, a lo mejor no habría pasado lo que pasó, además se les indicó por donde tenían que caminar y que cuando llegaran arriba tenían que engancharse al tiro. Expresa que cree que el señor Álex no obedeció, o si no, no le hubiese pasado el accidente, además que ese día no había viento, era un día despejado. Señala que los trabajadores debían caminar por un caballete o montura que va sobre las aguas del techo que tiene como cuarenta o cincuenta centímetros para cada lado. Agrega que los tragaluces del galpón eran visibles y no se encontraban tapados por aserrín, y que los zapatos que usaron los trabajadores eran los normales de seguridad, con punta de fierro y no se les proporcionó casco con barbiquejo, que no subió con ellos al techo del galpón, sino que los dejó en la escalera, y no los vio más. Expresa que los ganchos donde debían amarrarse los trabajadores estaban arriba en el caballete a unos diez metros más o menos de la esquina del techo del galpón, que el caballete tenía aproximadamente cuarenta a sesenta centímetros por cada lado medido desde la unión de las aguas y liso, con una muy

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suave pendiente hacia cada agua. Expresa que la víctima fue dotada de cinturón de seguridad, arnés y cuerda de seguridad, elementos apropiados para la labor a realizar según lo que le manifestó el señor Mariangel. Por último expresa que vio al señor Cáceres usar el arnés y subir con la cuerda pero no sabe si la usó arriba. Por su parte el testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera a fs. 91 expuso que, señala que es efectivo que Álex y él recibieron capacitación para realizar trabajos en altura, ya que siempre don Martín Cisternas les daba charlas de seguridad y antes de subir ese día Margarita Marín les dio las instrucciones. Agrega que Álex tenía experiencia en subir al techo del galpón, ya que lo había hecho antes, lo cual no era frecuente, sino ocasional. Expresa que el tema de los trabajos en altura siempre se trataba en las charlas y se les entregaba instructivos, que no se les realizaron exámenes pre-ocupacionales. Agrega que ellos se ofrecieron para realizar el trabajo porque eran los más jóvenes y no tenían mucho trabajo. Sabe que Cáceres tenía experiencia porque él mismo le dijo a Margarita Marín que ya había subido al techo, pero él no lo había visto, porque hace poco que estaba en la empresa. Agrega que antes de subir, Margarita Marín les dio instrucciones, que debían caminar sobre el caballete y Mariangel les enseñó a amarrarse el arnés, pero cuando subieron al techo Álex no quiso amarrarse al tiro, quería llegar a la otra punta del galpón, sin amarrarse, porque si se amarraban se demoraban más en llegar. Señala que el día de los hechos eran las diez y media de la mañana, la visibilidad era buena y no había viento y el tacho del galpón estaba seco. Indica que el caballete sobre el galpón va arriba donde se unen las dos aguas, donde se juntan las planchas a cada lado y por cada lado mide como 50 ó 60 centímetros, señala que Álex al principio comenzó a caminar por el caballete, iba delante suyo, como tres metros más adelante, después él sintió que se quebró una plancha, Álex se desvió del caballete y pisó el tragaluz. Agrega que Álex se desplazaba rápido porque quería terminar luego el trabajo, porque tenía que jugar a la pelota; que el galpón es de zinc, liso y tiene argollas o ganchos donde tenían que amarrarse, y que de la escalera hay una parte que es plana para llegar adonde debían que amarrarse y ahí no hay peligro de caída, por esa parte llegaron al caballete y hay unos diez o doce metros por esa zona. Especifica que por donde caminaron no había tragaluz y ese sector no está sobre el techo del galpón y tenía una altura de cómo tres metros más o menos y después caminaron por el otro galpón para llegar al caballete. Expresa que llevaban dos cuerdas una para Álex y otra para él, pero que no se amarró porque él llevaba los escobillones, y porque Álex le dijo que no les iba a pasar nada y que llegaran a la otra punta para amarrarse. 14°. Que, acorde a lo que se viene explicitando, resulta que la acción indemnizatoria incoada por los demandantes tiene su fundamento en la supuesta responsabilidad extracontractual de la demandada Bosques Santa Elena S.A., desde que se le atribuye negligencia e irresponsabilidad en la mantención de condiciones preventivas de riesgos y de seguridad en la labor realizada por la víctima consistente en la limpieza del techo de un galpón, cuya superficie estaba cubierta de aserrín, al no habérsele proporcionado los elementos adecuados de protección, al no tener implementado un procedimiento seguro de trabajo en altura, y al no encontrarse las labores realizadas dentro de las contempladas en el contrato de trabajo. 15°. Que para que proceda la responsabilidad civil cuasidelictual se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que exista un hecho culposo o un cuasidelito propiamente tal, que sea imputable a la parte demandada; c) que este hecho culposo haya causado un perjuicio o daño a la parte demandante; d) que entre el hecho doloso o culposo y el perjuicio producido exista una relación de causalidad, es decir, que los daños o perjuicios sufridos por la víctima sean una consecuencia inmediata y directa de aquél. 16°. Que en materia extracontractual, la negligencia que genera responsabilidad puede expresarse en haber actuado imprudentemente o en no haberlo hecho cuando existía el deber de hacerlo. Que debe tenerse presente, que pese a estar en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, “las obligaciones relevantes del empleador están definidas por normas de orden público que le imponen deberes legales de cuidado”... deber de cuidado que corresponde a una obligación de seguridad, que tiene por objeto la integridad física y psíquica del trabajador, y que está consagrada de manera expresa en el artículo 184 del Código del Trabajo: “el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las

suave pendiente hacia cada agua. Expresa que la víctima fue dotada de cinturón de seguridad, arnés y cuerda de seguridad, elementos apropiados para la labor a realizar según lo que le manifestó el señor Mariangel. Por último expresa que vio al señor Cáceres usar el arnés y subir con la cuerda pero no sabe si la usó arriba. Por su parte el testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera a fs. 91 expuso que, señala que es efectivo que Álex y él recibieron capacitación para realizar trabajos en altura, ya que siempre don Martín Cisternas les daba charlas de seguridad y antes de subir ese día Margarita Marín les dio las instrucciones. Agrega que Álex tenía experiencia en subir al techo del galpón, ya que lo había hecho antes, lo cual no era frecuente, sino ocasional. Expresa que el tema de los trabajos en altura siempre se trataba en las charlas y se les entregaba instructivos, que no se les realizaron exámenes pre-ocupacionales. Agrega que ellos se ofrecieron para realizar el trabajo porque eran los más jóvenes y no tenían mucho trabajo. Sabe que Cáceres tenía experiencia porque él mismo le dijo a Margarita Marín que ya había subido al techo, pero él no lo había visto, porque hace poco que estaba en la empresa. Agrega que antes de subir, Margarita Marín les dio instrucciones, que debían caminar sobre el caballete y Mariangel les enseñó a amarrarse el arnés, pero cuando subieron al techo Álex no quiso amarrarse al tiro, quería llegar a la otra punta del galpón, sin amarrarse, porque si se amarraban se demoraban más en llegar. Señala que el día de los hechos eran las diez y media de la mañana, la visibilidad era buena y no había viento y el tacho del galpón estaba seco. Indica que el caballete sobre el galpón va arriba donde se unen las dos aguas, donde se juntan las planchas a cada lado y por cada lado mide como 50 ó 60 centímetros, señala que Álex al principio comenzó a caminar por el caballete, iba delante suyo, como tres metros más adelante, después él sintió que se quebró una plancha, Álex se desvió del caballete y pisó el tragaluz. Agrega que Álex se desplazaba rápido porque quería terminar luego el trabajo, porque tenía que jugar a la pelota; que el galpón es de zinc, liso y tiene argollas o ganchos donde tenían que amarrarse, y que de la escalera hay una parte que es plana para llegar adonde debían que amarrarse y ahí no hay peligro de caída, por esa parte llegaron al caballete y hay unos diez o doce metros por esa zona. Especifica que por donde caminaron no había tragaluz y ese sector no está sobre el techo del galpón y tenía una altura de cómo tres metros más o menos y después caminaron por el otro galpón para llegar al caballete. Expresa que llevaban dos cuerdas una para Álex y otra para él, pero que no se amarró porque él llevaba los escobillones, y porque Álex le dijo que no les iba a pasar nada y que llegaran a la otra punta para amarrarse. 14°. Que, acorde a lo que se viene explicitando, resulta que la acción indemnizatoria incoada por los demandantes tiene su fundamento en la supuesta responsabilidad extracontractual de la demandada Bosques Santa Elena S.A., desde que se le atribuye negligencia e irresponsabilidad en la mantención de condiciones preventivas de riesgos y de seguridad en la labor realizada por la víctima consistente en la limpieza del techo de un galpón, cuya superficie estaba cubierta de aserrín, al no habérsele proporcionado los elementos adecuados de protección, al no tener implementado un procedimiento seguro de trabajo en altura, y al no encontrarse las labores realizadas dentro de las contempladas en el contrato de trabajo. 15°. Que para que proceda la responsabilidad civil cuasidelictual se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que exista un hecho culposo o un cuasidelito propiamente tal, que sea imputable a la parte demandada; c) que este hecho culposo haya causado un perjuicio o daño a la parte demandante; d) que entre el hecho doloso o culposo y el perjuicio producido exista una relación de causalidad, es decir, que los daños o perjuicios sufridos por la víctima sean una consecuencia inmediata y directa de aquél. 16°. Que en materia extracontractual, la negligencia que genera responsabilidad puede expresarse en haber actuado imprudentemente o en no haberlo hecho cuando existía el deber de hacerlo. Que debe tenerse presente, que pese a estar en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, “las obligaciones relevantes del empleador están definidas por normas de orden público que le imponen deberes legales de cuidado”... deber de cuidado que corresponde a una obligación de seguridad, que tiene por objeto la integridad física y psíquica del trabajador, y que está consagrada de manera expresa en el artículo 184 del Código del Trabajo: “el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. En este orden de ideas, en el ámbito que nos ocupa se puede concluir que es deber del empleador dar seguridad a sus trabajadores, empleando el cuidado necesario de acuerdo al estándar de empresario razonable y diligente, para evitar de manera eficaz la producción de accidentes. 17°. Que a la luz de lo expresado y pese al carácter extracontractual de la responsabilidad objeto de análisis, resulta que al empleador corresponde acreditar el cumplimiento de la obligación legal de cuidado referida. Así el profesor Enrique Barros Bourie en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual expone que “si el accidente cae dentro del ámbito de actividades que están bajo el control del empleador y se cumplen las condiciones generales para que pueda presumirse en principio su culpa por el hecho propio, la culpa debiera presumirse y la prueba liberatoria debería corresponder al demandado”, y agrega que “lo expresado en el párrafo precedente resulta igualmente aplicable si la responsabilidad que se hace valer tiene fundamento extracontractual”. (Barros Bourie, Enrique; Tratado de Responsabilidad Extracontractual; págs. 711 y 712). 18°. Que resulta ser un hecho no controvertido por las partes, y por ende, establecido de la causa, que Álex Cáceres Pastor prestaba servicios a la empresa Bosques Santa Elena S.A. como clasificador al momento de producirse el accidente. Asimismo, los litigantes concuerdan en la circunstancia de la muerte del referido Cáceres Pastor, la que también consta del certificado de defunción añadido por los demandantes, con citación, a fs. 2; muerte que se produjo a raíz de las graves lesiones que se le ocasionaron al caer desde el techo de un galpón mientras realizaba labores de limpieza en un aserradero de la sociedad demandada. Estos sucesos, entonces, pasan a ser hechos establecidos del presente proceso. 19°. Que la prueba incorporada por la demandada resulta insuficiente para acreditar lo expresado en el motivo decimoséptimo. En efecto, en primer lugar, a la declaración del testigo Arturo Ramírez Aguilera se le debe restar valor probatorio por ser contradictoria con su declaración efectuada a fs. 21 del proceso criminal singularizado en el motivo noveno letra f), acompañado como prueba documental a fs. 115, sin que haya sido objetada, causa que a su vez, fue tenida a la vista a fs. 108 vta.; proceso en el cual expresa que subieron el techo del galpón por orden de Andrea Marín Arias, que no llevaban casco de seguridad y que pese a que recibieron la orden de amarrarse cuando estuvieran sobre el techo no pudieron hacerlo porque no tenían de donde tomarse. Que por su parte lo declarado por la testigo Andrea Marín no resulta suficiente para acreditar que la demandada cumplió con el deber de cuidado exigido, toda vez que no resultan verídicos sus dichos de al contrastarlos con las demás pruebas del proceso, en especial la documental singularizada en las letras e) y f) del motivo noveno, en donde consta que por resolución N°2.907 de fecha 10 de diciembre dictada en sumario sanitario N°163, se sancionó a la demandada a pagar una multa de $4.000.000 por incurrir en infracción al artículo 21 del D.S. 40/1969, Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y artículos D.S. 594/2000 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo del Ministerio de Salud; Informe de la Policía de Investigaciones de Chile que obra en el expediente criminal referido en el cual se concluye que “se estableció negligencia por parte de los empleadores de la víctima, puesto que se le ordenó realizar maniobras en altura, debiendo caminar un largo trecho de aproximadamente 30 metros para llegar a un lugar seguro en donde poder amarrar la cuerda que los sujetaría en caso de peligro”, y agrega que “según contrato de trabajo Cáceres Pastor se desempeñaba como clasificador de madera, sin que en este documento se lea la posibilidad de realizar trabajos en altura”. Asimismo, del mérito de autos se desprende que el trabajador Cáceres Pastor no tenía experiencia en trabajos en altura ni había sido capacitado debidamente para la realización de los mismos. En efecto, en las copias de asistencia a charlas de capacitación que obran en el expediente de sumario sanitario acompañado no consta, en ninguna de ellas, la asistencia de la víctima, y tampoco la demandada ha acreditado la realización de capacitación destinada a prevenir accidentes por trabajos en altura. La conclusión anterior se refuerza al analizar los propios dichos de la testigo de la demandada Margarita Marín, quien al declarar sobre este punto expresa que “don Álex había subido antes al techo a hacer la misma labor que yo le había encomendado. La empresa entregó capacitación para trabajar en altura

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. En este orden de ideas, en el ámbito que nos ocupa se puede concluir que es deber del empleador dar seguridad a sus trabajadores, empleando el cuidado necesario de acuerdo al estándar de empresario razonable y diligente, para evitar de manera eficaz la producción de accidentes. 17°. Que a la luz de lo expresado y pese al carácter extracontractual de la responsabilidad objeto de análisis, resulta que al empleador corresponde acreditar el cumplimiento de la obligación legal de cuidado referida. Así el profesor Enrique Barros Bourie en su Tratado de Responsabilidad Extracontractual expone que “si el accidente cae dentro del ámbito de actividades que están bajo el control del empleador y se cumplen las condiciones generales para que pueda presumirse en principio su culpa por el hecho propio, la culpa debiera presumirse y la prueba liberatoria debería corresponder al demandado”, y agrega que “lo expresado en el párrafo precedente resulta igualmente aplicable si la responsabilidad que se hace valer tiene fundamento extracontractual”. (Barros Bourie, Enrique; Tratado de Responsabilidad Extracontractual; págs. 711 y 712). 18°. Que resulta ser un hecho no controvertido por las partes, y por ende, establecido de la causa, que Álex Cáceres Pastor prestaba servicios a la empresa Bosques Santa Elena S.A. como clasificador al momento de producirse el accidente. Asimismo, los litigantes concuerdan en la circunstancia de la muerte del referido Cáceres Pastor, la que también consta del certificado de defunción añadido por los demandantes, con citación, a fs. 2; muerte que se produjo a raíz de las graves lesiones que se le ocasionaron al caer desde el techo de un galpón mientras realizaba labores de limpieza en un aserradero de la sociedad demandada. Estos sucesos, entonces, pasan a ser hechos establecidos del presente proceso. 19°. Que la prueba incorporada por la demandada resulta insuficiente para acreditar lo expresado en el motivo decimoséptimo. En efecto, en primer lugar, a la declaración del testigo Arturo Ramírez Aguilera se le debe restar valor probatorio por ser contradictoria con su declaración efectuada a fs. 21 del proceso criminal singularizado en el motivo noveno letra f), acompañado como prueba documental a fs. 115, sin que haya sido objetada, causa que a su vez, fue tenida a la vista a fs. 108 vta.; proceso en el cual expresa que subieron el techo del galpón por orden de Andrea Marín Arias, que no llevaban casco de seguridad y que pese a que recibieron la orden de amarrarse cuando estuvieran sobre el techo no pudieron hacerlo porque no tenían de donde tomarse. Que por su parte lo declarado por la testigo Andrea Marín no resulta suficiente para acreditar que la demandada cumplió con el deber de cuidado exigido, toda vez que no resultan verídicos sus dichos de al contrastarlos con las demás pruebas del proceso, en especial la documental singularizada en las letras e) y f) del motivo noveno, en donde consta que por resolución N°2.907 de fecha 10 de diciembre dictada en sumario sanitario N°163, se sancionó a la demandada a pagar una multa de $4.000.000 por incurrir en infracción al artículo 21 del D.S. 40/1969, Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y artículos D.S. 594/2000 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo del Ministerio de Salud; Informe de la Policía de Investigaciones de Chile que obra en el expediente criminal referido en el cual se concluye que “se estableció negligencia por parte de los empleadores de la víctima, puesto que se le ordenó realizar maniobras en altura, debiendo caminar un largo trecho de aproximadamente 30 metros para llegar a un lugar seguro en donde poder amarrar la cuerda que los sujetaría en caso de peligro”, y agrega que “según contrato de trabajo Cáceres Pastor se desempeñaba como clasificador de madera, sin que en este documento se lea la posibilidad de realizar trabajos en altura”. Asimismo, del mérito de autos se desprende que el trabajador Cáceres Pastor no tenía experiencia en trabajos en altura ni había sido capacitado debidamente para la realización de los mismos. En efecto, en las copias de asistencia a charlas de capacitación que obran en el expediente de sumario sanitario acompañado no consta, en ninguna de ellas, la asistencia de la víctima, y tampoco la demandada ha acreditado la realización de capacitación destinada a prevenir accidentes por trabajos en altura. La conclusión anterior se refuerza al analizar los propios dichos de la testigo de la demandada Margarita Marín, quien al declarar sobre este punto expresa que “don Álex había subido antes al techo a hacer la misma labor que yo le había encomendado. La empresa entregó capacitación para trabajar en altura

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a un grupo de trabajadores de la empresa; Álex Cáceres Pastor y Arturo Ramírez Aguilera estuvieron en esas capacitaciones; y posteriormente agrega que “estuve como media hora más o menos dándole las instrucciones, después los llevé donde Mariangel y él les dijo cómo tenían que colocarse la cuerda, cómo tenían que amarrarse. Mariangel es operador de caldera y ya se había subido al techo”. Los dichos recién citados resultan por sí mismos contradictorios, toda vez que no se ve el por qué doña Margarita Marín dedicó media hora a dar instrucciones en forma personal a los trabajadores acerca de cómo debían subirse al techo del galpón y, además le pidió a otro trabajador que les explicara cómo colocarse la cuerda y cómo debían amarrarse, cuando antes había aseverado que los trabajadores en cuestión ya se habían subido a dicho lugar para realizar la misma labor, y que la empresa los había capacitado para realizar trabajos en altura. Que, confirma la apreciación anterior el hecho no controvertido que Álex Cáceres no había sido contratado para realizar trabajos en altura, sino que se desempeñaba como clasificador, y por tanto tal actividad no se encontraba dentro de sus tareas habituales. Que de lo expuesto sólo cabe restarle valor probatorio a las declaraciones de los testigos presentados por la demandada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil. Que, no resultando acreditada la capacitación y experiencia del trabajador en la labor señalada, la empleadora no debió haber permitido u ordenado a la víctima su realización, o en su defecto debió a lo menos mantener durante el desarrollo de la misma una supervisión permanente, lo cual no ocurrió. Que como consecuencia de lo razonado precedentemente, la demandada ha incurrido en una infracción al deber de cuidado a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo. Que resulta de nula importancia para efectos de determinar la infracción del deber de seguridad, determinar si la víctima recibió la orden de subir al techo del galpón a realizar las labores de limpieza o si se ofreció en forma voluntaria, por no ser la voluntad o iniciativa del trabajador determinante en este punto, ya que de acuerdo al vínculo de subordinación y dependencia que lo ligaba con su empleadora, es ésta quien debe velar porque el trabajador a quien se le encomienda una determinada tarea, cuente con lo medios tanto materiales como inmateriales para ejecutarla de manera segura con independencia de la aquiescencia de éste. 20°. Que, no habiendo logrado la demandada acreditar de acuerdo a lo expuesto haber dado cumplimiento a la obligación o deber de cuidado exigido por el artículo 184 del Código del Trabajo, concurre la primera de las condiciones de la responsabilidad extracontractual señaladas precedentemente, pues no cabe duda que hubo un hecho culposo del cual es responsable la demandada, el cual se traduce en la inobservancia de su obligación o deber de brindar seguridad efectiva al trabajador que prestaba labores para ella, a quien expuso a un riesgo en su lugar de trabajo, dejando de adoptar las medidas de prevención que la prudencia aconsejaba para evitar un daño posible de prever. 21°. Que en orden a acreditar el daño que el hecho referido causó a los actores, obra en autos la prueba documental singularizada en las letras a), b), c) y d) del acápite noveno y la testimonial referida en el motivo undécimo, a través de las declaraciones de Sara Nancy Albornoz Fernández, Ercilia Medina Poza y Sandra Jacqueline Cuevas Medina. Cabe tener presente que el artículo 2329 del Código Civil dispone que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. El daño moral se ha conceptuado como el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. También se ha dicho que es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana; en último término, todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño (Corte Suprema, 26.08.1941). Que el artículo 69 de la ley N° 16.744, dispone que si el accidente se debe a culpa o dolo de la entidad empleadora, la víctima y las demás personas a quienes el accidente cause daño, sin perjuicio de otras acciones, podrá reclamar del empleador responsable, además de las indemnizaciones a que tenga derecho con arreglo a la ley, las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglos a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.

a un grupo de trabajadores de la empresa; Álex Cáceres Pastor y Arturo Ramírez Aguilera estuvieron en esas capacitaciones; y posteriormente agrega que “estuve como media hora más o menos dándole las instrucciones, después los llevé donde Mariangel y él les dijo cómo tenían que colocarse la cuerda, cómo tenían que amarrarse. Mariangel es operador de caldera y ya se había subido al techo”. Los dichos recién citados resultan por sí mismos contradictorios, toda vez que no se ve el por qué doña Margarita Marín dedicó media hora a dar instrucciones en forma personal a los trabajadores acerca de cómo debían subirse al techo del galpón y, además le pidió a otro trabajador que les explicara cómo colocarse la cuerda y cómo debían amarrarse, cuando antes había aseverado que los trabajadores en cuestión ya se habían subido a dicho lugar para realizar la misma labor, y que la empresa los había capacitado para realizar trabajos en altura. Que, confirma la apreciación anterior el hecho no controvertido que Álex Cáceres no había sido contratado para realizar trabajos en altura, sino que se desempeñaba como clasificador, y por tanto tal actividad no se encontraba dentro de sus tareas habituales. Que de lo expuesto sólo cabe restarle valor probatorio a las declaraciones de los testigos presentados por la demandada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil. Que, no resultando acreditada la capacitación y experiencia del trabajador en la labor señalada, la empleadora no debió haber permitido u ordenado a la víctima su realización, o en su defecto debió a lo menos mantener durante el desarrollo de la misma una supervisión permanente, lo cual no ocurrió. Que como consecuencia de lo razonado precedentemente, la demandada ha incurrido en una infracción al deber de cuidado a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo. Que resulta de nula importancia para efectos de determinar la infracción del deber de seguridad, determinar si la víctima recibió la orden de subir al techo del galpón a realizar las labores de limpieza o si se ofreció en forma voluntaria, por no ser la voluntad o iniciativa del trabajador determinante en este punto, ya que de acuerdo al vínculo de subordinación y dependencia que lo ligaba con su empleadora, es ésta quien debe velar porque el trabajador a quien se le encomienda una determinada tarea, cuente con lo medios tanto materiales como inmateriales para ejecutarla de manera segura con independencia de la aquiescencia de éste. 20°. Que, no habiendo logrado la demandada acreditar de acuerdo a lo expuesto haber dado cumplimiento a la obligación o deber de cuidado exigido por el artículo 184 del Código del Trabajo, concurre la primera de las condiciones de la responsabilidad extracontractual señaladas precedentemente, pues no cabe duda que hubo un hecho culposo del cual es responsable la demandada, el cual se traduce en la inobservancia de su obligación o deber de brindar seguridad efectiva al trabajador que prestaba labores para ella, a quien expuso a un riesgo en su lugar de trabajo, dejando de adoptar las medidas de prevención que la prudencia aconsejaba para evitar un daño posible de prever. 21°. Que en orden a acreditar el daño que el hecho referido causó a los actores, obra en autos la prueba documental singularizada en las letras a), b), c) y d) del acápite noveno y la testimonial referida en el motivo undécimo, a través de las declaraciones de Sara Nancy Albornoz Fernández, Ercilia Medina Poza y Sandra Jacqueline Cuevas Medina. Cabe tener presente que el artículo 2329 del Código Civil dispone que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. El daño moral se ha conceptuado como el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. También se ha dicho que es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana; en último término, todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño (Corte Suprema, 26.08.1941). Que el artículo 69 de la ley N° 16.744, dispone que si el accidente se debe a culpa o dolo de la entidad empleadora, la víctima y las demás personas a quienes el accidente cause daño, sin perjuicio de otras acciones, podrá reclamar del empleador responsable, además de las indemnizaciones a que tenga derecho con arreglo a la ley, las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglos a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En el caso sub lite el daño moral se expresa en el hecho que con motivo del accidente los actores sufrieron la pérdida, muerte, de Álex Cáceres Pastor, hijo y hermano de éstos, hecho que sin lugar a dudas les causa pesar y un sufrimiento en su espíritu; lo cual se encuentra corroborado por lo declarado por las testigos Sara Nancy Albornoz Fernández, Ercilia Medina Poza y Sandra Jacqueline Cuevas Medina, y se sustenta además por la circunstancia que ello es lo normal y corriente de las cosas, y en materia probatoria uno de los principios que opera es el de la normalidad, en virtud del cual lo normal se presume y lo anormal debe probarse; y es por esto mismo que, sin perjuicio de lo expresado, tratándose de los hermanos de la víctima el daño moral debe ser objeto de una prueba más acuciosa, lo que en autos no ha ocurrido, ya que sólo una de las testigos referidas se refiere a ello (Sandra Jacqueline Cuevas Medina) por lo que se rebajará el monto que por dicho concepto se fijará para cada uno de ellos. 22°. Que resulta claro de acuerdo a todo lo razonado, que el daño ocasionado a los actores, es consecuencia del obrar culposo por parte de la demandada, puesto que si hubiera dado eficaz cumplimiento a su deber legal de eficaz cautela, (encomendar las labores a un trabajador con especialización y experiencia, o en su defecto haber brindado una supervisión constante) no se habría producido el fallecimiento de Álex Cáceres Pastor. 23°. Que como corolario de lo expuesto, el daño moral demandado habrá de serle indemnizado, porque el artículo 2329 del Código Civil hace indemnizable todo daño, es decir, todo detrimento, perjuicio, menoscabo, molestia o aflicción; y ante la ausencia de parámetros objetivos en nuestra legislación para determinar la cuantía de su indemnización, ella queda entregada en último término a los principios de equidad y a la prudencia del sentenciador, por lo que en la situación sub iudice se regulará prudencialmente y conforme al mérito de los antecedentes en la suma que se indicará en lo dispositivo del presente fallo. 24°. Que no se incurre en la especie en el vicio de ultrapetita al ordenar a la demandada el pago de indemnización por daño moral, toda vez que si bien en la parte petitoria de la demanda no se señala en forma expresa que las sumas solicitadas lo sean por dicho concepto, no es menos cierto que el libelo discurre en todo momento sobre ese supuesto y lo menciona explícitamente, no solicitando ni haciendo mención en ningún momento a otro tipo de daño, por lo que al acceder a la indemnización por daño moral no se está otorgando más de lo pedido, ni se está extendiendo la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. 25°. Que no se acogerá la excepción de haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño, toda vez que en primer lugar no se acreditó en el proceso las razones por las cuales la víctima no se amarró a los ganchos que servían de cabo de vida en el techo del galpón; es así que de la prueba rendida por la propia demandada, testimonial de fs. 82 y siguientes, se desprende que el demandado debía caminar varios metros sin amarrarse a fin de alcanzar los ganchos que debían servir como cabo de vida en la techumbre, de los cuales se desconoce el lugar exacto en donde se encontraban, lo cual se condice con lo declarado por el único testigo presencial del accidente, Arturo Ramírez Aguilera, en su declaración prestada en el expediente criminal acompañado. Tampoco puede tenerse por demostrada la aseveración de encontrarse apurado el trabajador por un partido de fútbol, lo cual además no armoniza ni es consecuente con la tesis defendida por la demandada, tal como lo hace ver la actora, consistente en el hecho de haberse ofrecido el trabajador a realizar el trabajo respectivo. Que el informe de la ACHS que rola a fs. 25 del expediente criminal referido en el motivo noveno letra f), no es suficiente para desvirtuar lo expuesto, dado que sus conclusiones han sido obtenidas sólo en base a las declaraciones de Arturo Ramírez Aguilera y Margarita Marín Arias, quienes declararon como testigos en la causa y cuyos dichos ya fueron objeto de análisis, restándoseles valor probatorio por las razones ya argüidas en su oportunidad. 26°. Que cabe hacer presente que se le restará valor probatario a la declaración del testigo Eduardo Perales Martínez, cuyos dichos han sido extractados en el motivo undécimo, toda vez que hace alusión más bien a cuestiones de carácter técnico, circunstancia que evidentemente escapa al ámbito puramente fáctico o de los hechos en que debe desenvolverse la prueba de testigos, ya que para esas cuestiones (aspectos técnicos y/o científicos) existe en nuestra legislación procesal la prueba pericial no siendo procedente que los meros dichos de testigos puedan invadir este campo adjetivo probatorio.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

En el caso sub lite el daño moral se expresa en el hecho que con motivo del accidente los actores sufrieron la pérdida, muerte, de Álex Cáceres Pastor, hijo y hermano de éstos, hecho que sin lugar a dudas les causa pesar y un sufrimiento en su espíritu; lo cual se encuentra corroborado por lo declarado por las testigos Sara Nancy Albornoz Fernández, Ercilia Medina Poza y Sandra Jacqueline Cuevas Medina, y se sustenta además por la circunstancia que ello es lo normal y corriente de las cosas, y en materia probatoria uno de los principios que opera es el de la normalidad, en virtud del cual lo normal se presume y lo anormal debe probarse; y es por esto mismo que, sin perjuicio de lo expresado, tratándose de los hermanos de la víctima el daño moral debe ser objeto de una prueba más acuciosa, lo que en autos no ha ocurrido, ya que sólo una de las testigos referidas se refiere a ello (Sandra Jacqueline Cuevas Medina) por lo que se rebajará el monto que por dicho concepto se fijará para cada uno de ellos. 22°. Que resulta claro de acuerdo a todo lo razonado, que el daño ocasionado a los actores, es consecuencia del obrar culposo por parte de la demandada, puesto que si hubiera dado eficaz cumplimiento a su deber legal de eficaz cautela, (encomendar las labores a un trabajador con especialización y experiencia, o en su defecto haber brindado una supervisión constante) no se habría producido el fallecimiento de Álex Cáceres Pastor. 23°. Que como corolario de lo expuesto, el daño moral demandado habrá de serle indemnizado, porque el artículo 2329 del Código Civil hace indemnizable todo daño, es decir, todo detrimento, perjuicio, menoscabo, molestia o aflicción; y ante la ausencia de parámetros objetivos en nuestra legislación para determinar la cuantía de su indemnización, ella queda entregada en último término a los principios de equidad y a la prudencia del sentenciador, por lo que en la situación sub iudice se regulará prudencialmente y conforme al mérito de los antecedentes en la suma que se indicará en lo dispositivo del presente fallo. 24°. Que no se incurre en la especie en el vicio de ultrapetita al ordenar a la demandada el pago de indemnización por daño moral, toda vez que si bien en la parte petitoria de la demanda no se señala en forma expresa que las sumas solicitadas lo sean por dicho concepto, no es menos cierto que el libelo discurre en todo momento sobre ese supuesto y lo menciona explícitamente, no solicitando ni haciendo mención en ningún momento a otro tipo de daño, por lo que al acceder a la indemnización por daño moral no se está otorgando más de lo pedido, ni se está extendiendo la sentencia a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. 25°. Que no se acogerá la excepción de haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño, toda vez que en primer lugar no se acreditó en el proceso las razones por las cuales la víctima no se amarró a los ganchos que servían de cabo de vida en el techo del galpón; es así que de la prueba rendida por la propia demandada, testimonial de fs. 82 y siguientes, se desprende que el demandado debía caminar varios metros sin amarrarse a fin de alcanzar los ganchos que debían servir como cabo de vida en la techumbre, de los cuales se desconoce el lugar exacto en donde se encontraban, lo cual se condice con lo declarado por el único testigo presencial del accidente, Arturo Ramírez Aguilera, en su declaración prestada en el expediente criminal acompañado. Tampoco puede tenerse por demostrada la aseveración de encontrarse apurado el trabajador por un partido de fútbol, lo cual además no armoniza ni es consecuente con la tesis defendida por la demandada, tal como lo hace ver la actora, consistente en el hecho de haberse ofrecido el trabajador a realizar el trabajo respectivo. Que el informe de la ACHS que rola a fs. 25 del expediente criminal referido en el motivo noveno letra f), no es suficiente para desvirtuar lo expuesto, dado que sus conclusiones han sido obtenidas sólo en base a las declaraciones de Arturo Ramírez Aguilera y Margarita Marín Arias, quienes declararon como testigos en la causa y cuyos dichos ya fueron objeto de análisis, restándoseles valor probatorio por las razones ya argüidas en su oportunidad. 26°. Que cabe hacer presente que se le restará valor probatario a la declaración del testigo Eduardo Perales Martínez, cuyos dichos han sido extractados en el motivo undécimo, toda vez que hace alusión más bien a cuestiones de carácter técnico, circunstancia que evidentemente escapa al ámbito puramente fáctico o de los hechos en que debe desenvolverse la prueba de testigos, ya que para esas cuestiones (aspectos técnicos y/o científicos) existe en nuestra legislación procesal la prueba pericial no siendo procedente que los meros dichos de testigos puedan invadir este campo adjetivo probatorio.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2284 y 2314 y siguientes del Código Civil; 144, 160, 170, 341, 342, 346, 358, 384 y 428 del Código de Procedimiento Civil; 184 y 210 del Código del Trabajo; y 68 y 69 de la ley N°16.744, se declara: En cuanto a la tachas: I. Que se rechaza, sin costas, la tacha del numeral 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, formulada por la parte demandante, a fs. 83, en contra de la testigo Margarita Andrea Marín Arias. II. Que se rechaza, sin costas, la tacha del numeral 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, formulada por la parte demandante, a fs. 92, en contra del testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera. En cuanto al fondo: III. Que SE ACOGE, en todas sus partes, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios enderezada en lo principal de fs. 7, y en consecuencia se condena a la demandada Bosques Santa Elena S.A. a pagar por concepto de indemnización por daño moral las siguientes sumas: $70.000.000. a favor de don Juan Antonio Cáceres Toro; $70.000.000. a favor de María Magdalena Pastor Medina; $15.000.000. a favor de Cristián Patricio Cáceres Pastor, y $15.000.000. a favor de Juan Antonio Cáceres Pastor, por la muerte de Álex Neftaly Cáceres Pastor. Las sumas indicadas se pagarán reajustadas conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor o el que haga sus veces entre la fecha de notificación de la demanda y la de su entero y efectivo pago, y devengará, asimismo, intereses corrientes para operaciones reajustables entre la época en que la presente sentencia quede ejecutoriada hasta la data del pago efectivo. IV. Que se rechaza la excepción perentoria de culpa de la víctima opuesta por la demandada en lo principal de fs. 27. Regístrese y archívese en su oportunidad. Rol N° 22.282. Dictada por Cristián Medina Kirsten, Juez no Inhabilitado. Autoriza don Hernán Lezana Inostroza, Secretario Subrogante.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES Concepción, diecisiete de agosto de dos mil nueve. VISTO: En esta causa Rol N° 22.282 del Juzgado de Letras Civil de Lebu, se ha dictado sentencia definitiva con fecha 31 de julio de 2008, escrita de fojas 149 a 162 vuelta, por la que junto con rechazar las tachas deducidas, se acoge la demanda de fojas 7, por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de trabajo, condenando a la demandada, Bosques Santa Elena S. A., a pagar por concepto de indemnización por daño moral derivado de la muerte de Álex Neftaly Cáceres Pastor, las siguientes sumas: $70.000.000 en favor de su padre, don Juan Antonio Cáceres Toro; $70.000.000 en favor de su madre, doña María Magdalena Pastor Medina; $15.000.000 en favor de su hermano don Cristián Patricio Cáceres Pastor y $15.000.000 en favor de su hermano Juan Antonio Cáceres Pastor, sumas que deberán pagarse con reajustes e intereses y costas. En contra la sentencia antes citada, la parte demandada interpuso recurso de casación en la forma por las causales del artículo 768 N°4 y N°5 del Código de Procedimiento Civil y de apelación. A fojas 194, se traen los autos en relación. I. En cuanto al recurso de casación en la forma: 1°. Que la parte demandada funda el recurso de casación formal, en primer lugar, en la causal del artículo 768 N°5, en relación con el artículo 170 N°4, ambos del Código de Procedimiento Civil, vicios que, según expresa, le causan perjuicios reparable sólo con la anulación del fallo, que es lo que solicita: Al respecto señala que al fallo recurrido le faltan las consideraciones de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento, por cuanto falta una valoración de la prueba rendida, en relación con los siguientes medios de prueba: El informe de la Asociación Chilena de Seguridad de fojas 22 y siguientes,

Concepción, diecisiete de agosto de dos mil nueve. VISTO: En esta causa Rol N° 22.282 del Juzgado de Letras Civil de Lebu, se ha dictado sentencia definitiva con fecha 31 de julio de 2008, escrita de fojas 149 a 162 vuelta, por la que junto con rechazar las tachas deducidas, se acoge la demanda de fojas 7, por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de trabajo, condenando a la demandada, Bosques Santa Elena S. A., a pagar por concepto de indemnización por daño moral derivado de la muerte de Álex Neftaly Cáceres Pastor, las siguientes sumas: $70.000.000 en favor de su padre, don Juan Antonio Cáceres Toro; $70.000.000 en favor de su madre, doña María Magdalena Pastor Medina; $15.000.000 en favor de su hermano don Cristián Patricio Cáceres Pastor y $15.000.000 en favor de su hermano Juan Antonio Cáceres Pastor, sumas que deberán pagarse con reajustes e intereses y costas. En contra la sentencia antes citada, la parte demandada interpuso recurso de casación en la forma por las causales del artículo 768 N°4 y N°5 del Código de Procedimiento Civil y de apelación. A fojas 194, se traen los autos en relación. I. En cuanto al recurso de casación en la forma: 1°. Que la parte demandada funda el recurso de casación formal, en primer lugar, en la causal del artículo 768 N°5, en relación con el artículo 170 N°4, ambos del Código de Procedimiento Civil, vicios que, según expresa, le causan perjuicios reparable sólo con la anulación del fallo, que es lo que solicita: Al respecto señala que al fallo recurrido le faltan las consideraciones de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento, por cuanto falta una valoración de la prueba rendida, en relación con los siguientes medios de prueba: El informe de la Asociación Chilena de Seguridad de fojas 22 y siguientes,

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2284 y 2314 y siguientes del Código Civil; 144, 160, 170, 341, 342, 346, 358, 384 y 428 del Código de Procedimiento Civil; 184 y 210 del Código del Trabajo; y 68 y 69 de la ley N°16.744, se declara: En cuanto a la tachas: I. Que se rechaza, sin costas, la tacha del numeral 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, formulada por la parte demandante, a fs. 83, en contra de la testigo Margarita Andrea Marín Arias. II. Que se rechaza, sin costas, la tacha del numeral 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, formulada por la parte demandante, a fs. 92, en contra del testigo Arturo Reinaldo Ramírez Aguilera. En cuanto al fondo: III. Que SE ACOGE, en todas sus partes, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios enderezada en lo principal de fs. 7, y en consecuencia se condena a la demandada Bosques Santa Elena S.A. a pagar por concepto de indemnización por daño moral las siguientes sumas: $70.000.000. a favor de don Juan Antonio Cáceres Toro; $70.000.000. a favor de María Magdalena Pastor Medina; $15.000.000. a favor de Cristián Patricio Cáceres Pastor, y $15.000.000. a favor de Juan Antonio Cáceres Pastor, por la muerte de Álex Neftaly Cáceres Pastor. Las sumas indicadas se pagarán reajustadas conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor o el que haga sus veces entre la fecha de notificación de la demanda y la de su entero y efectivo pago, y devengará, asimismo, intereses corrientes para operaciones reajustables entre la época en que la presente sentencia quede ejecutoriada hasta la data del pago efectivo. IV. Que se rechaza la excepción perentoria de culpa de la víctima opuesta por la demandada en lo principal de fs. 27. Regístrese y archívese en su oportunidad. Rol N° 22.282. Dictada por Cristián Medina Kirsten, Juez no Inhabilitado. Autoriza don Hernán Lezana Inostroza, Secretario Subrogante. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

sobre el accidente en que falleció la víctima, informe que muestra la exposición imprudente al accidente y la culpa de ella; el informe meteorológico de fojas 111, en el consta que el día del accidente no hubo el fuerte viento que dice la parte contraria; y la prueba de testigos de fojas 82 a 97, que prueba el cumplimiento, por parte de la demandada de las normas de seguridad y la falta de cuidado de la víctima. En segundo lugar, invoca el vicio de casación formal previsto en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que la sentencia impugnada adolece del vicio de ultra petita, por haber otorgado más de lo pedido por la actora, al conceder montos de reparación interpretando al actor, lo que no corresponde hacer. Al respecto señala que, en la parte petitoria de su demanda, la demandante no expresa por qué concepto debe condenarse a la demandada, ni el tipo de daño a reparar. 2°. Que, en cuanto a la causal de casación formal alegada en primer lugar, esta Corte es de parecer que atendido el mérito del proceso, corresponde rechazarla, considerando que la sentencia en alzada, en sus motivos 9° a 26° se refiere a dichas probanzas, las analiza, las pondera y las valora, resolviendo todo lo controvertido, conforme al auto de prueba de fojas 55 vuelta y fojas 63. 3°. Que en cuanto a la causal de casación formal alegada en segundo lugar, cabe señalar que de lo expuesto y analizado en los motivos 14°, 18° y 21 a 24°, en expresa relación con la demanda de fojas 7 y resolución que recibe la causa a prueba de fojas 63, especialmente del punto de prueba número 10) que fija como hecho a probar la “Efectividad de haber sufrido los actores daño moral por el accidente, la agonía y muerte de su hijo”, quedó establecido en este juicio, como hecho pertinente, sustancial y controvertido, sin que fuera cuestionado por las partes, el concepto y tipo de daño por el cual la demandada solicita la reparación, razones suficientes para rechazar esta causal de nulidad formal alegada. 4°. Que, por otra parte, aparece de manifiesto que los vicios que el recurrente ha denunciado, si existieren, pueden ser reparados por la vía de la apelación, por lo que no pueden causarle perjuicio alguno. Por estas consideraciones, citas legales señaladas y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766 y 770 y siguientes pertinentes del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA, sin costas en todas sus partes el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de su presentación de fojas 165. En cuanto al recurso de apelación: VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene, además presente: 1°. Que en el primer otrosí del escrito de fojas 165, la parte demandada apela de la sentencia definitiva de 31 de julio de 2008, solicitando que ésta sea revocada por las razones que aduce y, en su lugar, disponga que se rechaza la demanda interpuesta en fojas 7, eximiéndola del pago de las indemnizaciones reclamadas, por no tener responsabilidad en los hechos de que se trata y por no tener competencia el tribunal a quo para fijar las indemnizaciones resueltas. Además, pide que se le exima del pago de las costas del juicio. En subsidio, solicita que se acoja la demanda sólo respecto de los padres de la víctima, que se reduzca el monto de las indemnizaciones fijadas, que no se le condene en costas y que los reajustes e intereses se paguen desde que la sentencia quede ejecutoriada. 2°. Que atendido el mérito de los antecedentes del proceso, esta Corte concuerda con los fundamentos y conclusiones a que arribó la juez a quo en la sentencia apelada, especialmente con los fundamentos expuestos en sus motivos 3° y 6°, en base a los cuales acogió las tachas opuestas en contra de los testigos Margarita Marín Arias y Arturo Ramírez Aguilera. Concuerda, además, con las consideraciones expuestas y analizadas en los motivos 16° a 26°, en las cuales precisa, de manera fundada las razones por las cuales acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en favor de los padres y hermanos de la víctima. Más aún, cuando en los motivos 19° y 20°, se analizan y valoran todas las pruebas aportadas al proceso por las partes, entre las que se encuentran el informe de la Asociación Chilena de Seguridad de fojas 22 y siguientes, el informe meteorológico de fojas 111 y testimonios de fojas 82 a 97, cuya valoración hecha de menos la demandada. 3°. Que como lo señala el juez de primer grado en los motivos 21° a 25°, el daño moral sufrido por los actores se encuentra acreditado en la causa, por su regulación debe ceñirse a los principios de equidad y a la prudencia del juzgador, quien tiene plena competencia para hacerlo.

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sobre el accidente en que falleció la víctima, informe que muestra la exposición imprudente al accidente y la culpa de ella; el informe meteorológico de fojas 111, en el consta que el día del accidente no hubo el fuerte viento que dice la parte contraria; y la prueba de testigos de fojas 82 a 97, que prueba el cumplimiento, por parte de la demandada de las normas de seguridad y la falta de cuidado de la víctima. En segundo lugar, invoca el vicio de casación formal previsto en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que la sentencia impugnada adolece del vicio de ultra petita, por haber otorgado más de lo pedido por la actora, al conceder montos de reparación interpretando al actor, lo que no corresponde hacer. Al respecto señala que, en la parte petitoria de su demanda, la demandante no expresa por qué concepto debe condenarse a la demandada, ni el tipo de daño a reparar. 2°. Que, en cuanto a la causal de casación formal alegada en primer lugar, esta Corte es de parecer que atendido el mérito del proceso, corresponde rechazarla, considerando que la sentencia en alzada, en sus motivos 9° a 26° se refiere a dichas probanzas, las analiza, las pondera y las valora, resolviendo todo lo controvertido, conforme al auto de prueba de fojas 55 vuelta y fojas 63. 3°. Que en cuanto a la causal de casación formal alegada en segundo lugar, cabe señalar que de lo expuesto y analizado en los motivos 14°, 18° y 21 a 24°, en expresa relación con la demanda de fojas 7 y resolución que recibe la causa a prueba de fojas 63, especialmente del punto de prueba número 10) que fija como hecho a probar la “Efectividad de haber sufrido los actores daño moral por el accidente, la agonía y muerte de su hijo”, quedó establecido en este juicio, como hecho pertinente, sustancial y controvertido, sin que fuera cuestionado por las partes, el concepto y tipo de daño por el cual la demandada solicita la reparación, razones suficientes para rechazar esta causal de nulidad formal alegada. 4°. Que, por otra parte, aparece de manifiesto que los vicios que el recurrente ha denunciado, si existieren, pueden ser reparados por la vía de la apelación, por lo que no pueden causarle perjuicio alguno. Por estas consideraciones, citas legales señaladas y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766 y 770 y siguientes pertinentes del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA, sin costas en todas sus partes el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de su presentación de fojas 165. En cuanto al recurso de apelación: VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene, además presente: 1°. Que en el primer otrosí del escrito de fojas 165, la parte demandada apela de la sentencia definitiva de 31 de julio de 2008, solicitando que ésta sea revocada por las razones que aduce y, en su lugar, disponga que se rechaza la demanda interpuesta en fojas 7, eximiéndola del pago de las indemnizaciones reclamadas, por no tener responsabilidad en los hechos de que se trata y por no tener competencia el tribunal a quo para fijar las indemnizaciones resueltas. Además, pide que se le exima del pago de las costas del juicio. En subsidio, solicita que se acoja la demanda sólo respecto de los padres de la víctima, que se reduzca el monto de las indemnizaciones fijadas, que no se le condene en costas y que los reajustes e intereses se paguen desde que la sentencia quede ejecutoriada. 2°. Que atendido el mérito de los antecedentes del proceso, esta Corte concuerda con los fundamentos y conclusiones a que arribó la juez a quo en la sentencia apelada, especialmente con los fundamentos expuestos en sus motivos 3° y 6°, en base a los cuales acogió las tachas opuestas en contra de los testigos Margarita Marín Arias y Arturo Ramírez Aguilera. Concuerda, además, con las consideraciones expuestas y analizadas en los motivos 16° a 26°, en las cuales precisa, de manera fundada las razones por las cuales acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en favor de los padres y hermanos de la víctima. Más aún, cuando en los motivos 19° y 20°, se analizan y valoran todas las pruebas aportadas al proceso por las partes, entre las que se encuentran el informe de la Asociación Chilena de Seguridad de fojas 22 y siguientes, el informe meteorológico de fojas 111 y testimonios de fojas 82 a 97, cuya valoración hecha de menos la demandada. 3°. Que como lo señala el juez de primer grado en los motivos 21° a 25°, el daño moral sufrido por los actores se encuentra acreditado en la causa, por su regulación debe ceñirse a los principios de equidad y a la prudencia del juzgador, quien tiene plena competencia para hacerlo.

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4°. Que la indemnización por el daño moral reclamado no puede prestarse para especulaciones ni constituir fuente de enriquecimiento injusto. Tampoco ella tiene carácter reparatorio, ya que el pago de una indemnización en dinero no hace desaparecer el daño causado, sino que es sólo un medio de paliar el dolor sufrido, cumpliendo una función satisfactoria en lo material y espiritual y, por tanto, su valoración pecuniaria debe ser apreciada en concordancia con la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. Por estas razones, estos sentenciadores consideran que debe accederse a la petición subsidiaria de la demandada, formulada en su apelación de fojas 165, en orden a reducir el monto de las indemnizaciones por daño moral, fijadas en la sentencia de primer grado. En consecuencia, se rebaja el monto fijado por concepto de daño moral en favor de los padres de la víctima a la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) para cada uno de ellos y respecto de sus hermanos a la suma de siete millones de pesos ($7.000.000). 5°. Que las sumas fijadas deberán pagarse con los reajustes e intereses indicados en el fallo de primer grado, por encontrarse dicha decisión ajustada a derecho. 6°. Que conforme a los antecedentes del proceso, esta Corte decide que se eximirá a la parte demandada del pago de las costas de la causa, por haber tenido motivo plausible para litigar, por lo que deberá accederse a lo solicitado por ella en esta parte. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: 1. Que SE REVOCA, la sentencia definitiva de fecha 31 de julio de 2008, escrita de fojas 149 a fojas 132 vuelta, sólo en la parte que condena en costas a la demandada y, en su lugar, se decide. Que no se condena en costas a la parte demandada, por haber tenido motivos plausibles para litigar: 2. Que SE CONFIRMA en todo lo demás la referida sentencia con declaración que se reduce el monto de las indemnizaciones que la demandada debe pagar a los actores, por concepto de daño moral, a las siguientes sumas: A don Juan Antonio Cáceres Toro y doña María Magdalena Pastor Medina, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) a cada uno de ellos; a don Cristián Patricio Cáceres Pastor y a don Juan Antonio Cáceres Pastor, la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) a cada uno. Que las sumas ordenadas pagar, lo serán con los reajustes e intereses indicados en el fallo de primer grado, sin costas del recurso. Regístrese y devuélvase, con su custodia. Redacción del Ministro señor Juan Alberto Rubilar Rivera. No firma el Ministro, señor Juan Villa Sanhueza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal. Rol N° 1.551-2008.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA Santiago, doce de abril de dos mil diez. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en este juicio ordinario seguido ante el Juzgado Civil de Lebu por don Juan Antonio Cáceres Toro y otros en contra de Bosques Santa Elena S.A., la parte demandada recurre de casación en la forma en contra de la sentencia de segunda instancia. Este fallo, en lo que respecta al recurso, confirma el de primer grado que acoge la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, con declaración que se reducen los montos de las indemnizaciones que por concepto de daño moral debe pagar a los actores, a las siguientes sumas: a don Juan Antonio Cáceres Toro y doña María Magdalena Pastor Medina, $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada uno, y a don Cristián Patricio Cáceres Pastor y don Juan Antonio Cáceres Pastor, $7.000.000 (siete millones de pesos) a cada uno. SEGUNDO: Que en el recurso se sostiene que el fallo impugnado ha incurrido en las causales de nulidad señaladas en los números 4 y 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación esta última con el artículo 170 regla 4ª del mismo texto legal y números 5 y 7 del Auto Acordado de esta Corte sobre la forma de las sentencias.

Santiago, doce de abril de dos mil diez. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en este juicio ordinario seguido ante el Juzgado Civil de Lebu por don Juan Antonio Cáceres Toro y otros en contra de Bosques Santa Elena S.A., la parte demandada recurre de casación en la forma en contra de la sentencia de segunda instancia. Este fallo, en lo que respecta al recurso, confirma el de primer grado que acoge la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, con declaración que se reducen los montos de las indemnizaciones que por concepto de daño moral debe pagar a los actores, a las siguientes sumas: a don Juan Antonio Cáceres Toro y doña María Magdalena Pastor Medina, $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada uno, y a don Cristián Patricio Cáceres Pastor y don Juan Antonio Cáceres Pastor, $7.000.000 (siete millones de pesos) a cada uno. SEGUNDO: Que en el recurso se sostiene que el fallo impugnado ha incurrido en las causales de nulidad señaladas en los números 4 y 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación esta última con el artículo 170 regla 4ª del mismo texto legal y números 5 y 7 del Auto Acordado de esta Corte sobre la forma de las sentencias.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA 4°. Que la indemnización por el daño moral reclamado no puede prestarse para especulaciones ni constituir fuente de enriquecimiento injusto. Tampoco ella tiene carácter reparatorio, ya que el pago de una indemnización en dinero no hace desaparecer el daño causado, sino que es sólo un medio de paliar el dolor sufrido, cumpliendo una función satisfactoria en lo material y espiritual y, por tanto, su valoración pecuniaria debe ser apreciada en concordancia con la real magnitud del daño sufrido y las circunstancias del hecho. Por estas razones, estos sentenciadores consideran que debe accederse a la petición subsidiaria de la demandada, formulada en su apelación de fojas 165, en orden a reducir el monto de las indemnizaciones por daño moral, fijadas en la sentencia de primer grado. En consecuencia, se rebaja el monto fijado por concepto de daño moral en favor de los padres de la víctima a la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) para cada uno de ellos y respecto de sus hermanos a la suma de siete millones de pesos ($7.000.000). 5°. Que las sumas fijadas deberán pagarse con los reajustes e intereses indicados en el fallo de primer grado, por encontrarse dicha decisión ajustada a derecho. 6°. Que conforme a los antecedentes del proceso, esta Corte decide que se eximirá a la parte demandada del pago de las costas de la causa, por haber tenido motivo plausible para litigar, por lo que deberá accederse a lo solicitado por ella en esta parte. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: 1. Que SE REVOCA, la sentencia definitiva de fecha 31 de julio de 2008, escrita de fojas 149 a fojas 132 vuelta, sólo en la parte que condena en costas a la demandada y, en su lugar, se decide. Que no se condena en costas a la parte demandada, por haber tenido motivos plausibles para litigar: 2. Que SE CONFIRMA en todo lo demás la referida sentencia con declaración que se reduce el monto de las indemnizaciones que la demandada debe pagar a los actores, por concepto de daño moral, a las siguientes sumas: A don Juan Antonio Cáceres Toro y doña María Magdalena Pastor Medina, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) a cada uno de ellos; a don Cristián Patricio Cáceres Pastor y a don Juan Antonio Cáceres Pastor, la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) a cada uno. Que las sumas ordenadas pagar, lo serán con los reajustes e intereses indicados en el fallo de primer grado, sin costas del recurso. Regístrese y devuélvase, con su custodia. Redacción del Ministro señor Juan Alberto Rubilar Rivera. No firma el Ministro, señor Juan Villa Sanhueza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal. Rol N° 1.551-2008. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Explica que la sentencia fue dada ultra petita al otorgar montos por concepto de daño moral, interpretando a los actores puesto que en el petitorio de la demanda no se expresa el tipo de daño que se solicita reparar. En cuanto a la causal quinta, indica que la sentencia recurrida no analiza ni valora la prueba instrumental compuesta por un informe meteorológico de la Dirección Aeronáutica Civil y un informe de la Asociación Chilena de Seguridad. Además se sostiene que el fallo no valora la prueba testimonial rendida por la demandada, la que reúne las condiciones del artículo 384 número 2 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Que en relación con la primera causal invocada, el recurso deberá ser declarado inadmisible, puesto que los hechos en que se funda no constituyen la causal denominada ultra petita. En efecto, de la lectura de la sentencia atacada se puede constatar que ésta no contiene pronunciamiento alguno que pudiera corresponder a una alegación no formulada o prestación no solicitada, por cuanto se limitó a decidir sobre la procedencia de la acción intentada, fundamentando lo resuelto en primera instancia de acoger la demanda. CUARTO: Que, asimismo, en cuanto a la segunda causal invocada, el recurso de nulidad formal no puede ser acogido a tramitación, por cuanto los hechos en que lo funda la demandada no constituyen el vicio contenido en la causal quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Aquél a que se refiere dicha norma legal sólo concurre cuando la sentencia no contiene las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, pero no tiene lugar cuando aquéllas existen pero no se ajustan a la tesis sustentada por la reclamante, como ocurre en la especie. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fojas 211, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil nueve, escrita a fojas 207, rectificada a fojas 229 por resolución de veintitrés de octubre pasado. Acordada la mencionada inadmisibilidad, contra el voto del Ministro señor Brito, quien fue de parecer de traer los autos en relación porque en su concepto el recurso de autos no se encuentra en ninguna de las situaciones de inadmisibilidad previstas en los artículos 772 inciso segundo y 776 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, cuales son las únicas que de conformidad con el artículo 781 del mismo cuerpo legal permiten tal declaración; circunstancias en las que todo otro defecto es propio del fondo del recurso. Al primer otrosí de fojas 139: estese a lo resuelto. Regístrese y devuélvase con sus documentos y agregados. Redacción a cargo de la Ministro Sra. Araneda y del voto su autor. Corríjase la foliación a partir de fojas 231. Rol N°8.469-2009. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones, Sr. Haroldo Brito Cruz y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz Aymerich. No firman los Ministros Sr. Pierry y Sr. Brito, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios el primero y con feriado el segundo. Santiago, 12 de abril de 2010. Autoriza la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza. En Santiago, a doce de abril de dos mil diez, notifiqué en secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

Explica que la sentencia fue dada ultra petita al otorgar montos por concepto de daño moral, interpretando a los actores puesto que en el petitorio de la demanda no se expresa el tipo de daño que se solicita reparar. En cuanto a la causal quinta, indica que la sentencia recurrida no analiza ni valora la prueba instrumental compuesta por un informe meteorológico de la Dirección Aeronáutica Civil y un informe de la Asociación Chilena de Seguridad. Además se sostiene que el fallo no valora la prueba testimonial rendida por la demandada, la que reúne las condiciones del artículo 384 número 2 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Que en relación con la primera causal invocada, el recurso deberá ser declarado inadmisible, puesto que los hechos en que se funda no constituyen la causal denominada ultra petita. En efecto, de la lectura de la sentencia atacada se puede constatar que ésta no contiene pronunciamiento alguno que pudiera corresponder a una alegación no formulada o prestación no solicitada, por cuanto se limitó a decidir sobre la procedencia de la acción intentada, fundamentando lo resuelto en primera instancia de acoger la demanda. CUARTO: Que, asimismo, en cuanto a la segunda causal invocada, el recurso de nulidad formal no puede ser acogido a tramitación, por cuanto los hechos en que lo funda la demandada no constituyen el vicio contenido en la causal quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Aquél a que se refiere dicha norma legal sólo concurre cuando la sentencia no contiene las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, pero no tiene lugar cuando aquéllas existen pero no se ajustan a la tesis sustentada por la reclamante, como ocurre en la especie. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto en lo principal de fojas 211, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil nueve, escrita a fojas 207, rectificada a fojas 229 por resolución de veintitrés de octubre pasado. Acordada la mencionada inadmisibilidad, contra el voto del Ministro señor Brito, quien fue de parecer de traer los autos en relación porque en su concepto el recurso de autos no se encuentra en ninguna de las situaciones de inadmisibilidad previstas en los artículos 772 inciso segundo y 776 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, cuales son las únicas que de conformidad con el artículo 781 del mismo cuerpo legal permiten tal declaración; circunstancias en las que todo otro defecto es propio del fondo del recurso. Al primer otrosí de fojas 139: estese a lo resuelto. Regístrese y devuélvase con sus documentos y agregados. Redacción a cargo de la Ministro Sra. Araneda y del voto su autor. Corríjase la foliación a partir de fojas 231. Rol N°8.469-2009. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones, Sr. Haroldo Brito Cruz y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz Aymerich. No firman los Ministros Sr. Pierry y Sr. Brito, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios el primero y con feriado el segundo. Santiago, 12 de abril de 2010. Autoriza la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza. En Santiago, a doce de abril de dos mil diez, notifiqué en secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 4601-2006 Cita online: CL/JUR/7233/2006 I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO Los Ángeles, catorce de julio de dos mil tres. VISTOS: A fs. 4 en causa rol civil Nº 45.146, comparece doña Juana Navarrete Flores, labores de casa, con domicilio en calle Misión 077, Mulchén, en representación de su hija Alejandra Isabel Díaz Navarrete, estudiante del mismo domicilio, y viene en interponer demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicio en contra de Maderas Rarinco S.A. Empresa del giro de su denominación, con domicilio en Panamericana Sur Km. 502 Los Ángeles, representada por don Alfonso Da Fonseca, ignoro segundo apellido y profesión u oficio, en atención a las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer. En cuanto a los hechos: Don Raúl Omar Díaz Bustamante, trabajador de la demandada y padre de su hija, el día 20 de junio de 2001, alrededor de las 16,00 horas, en circunstancias que se encontraba trabajando en instalaciones de la Empresa, ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de ésta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último por kover de un total de aproximadamente 40. En ese momento se cayó al pozo que contiene agua hirviendo y diversas substancias químicas, resultando con más del 90% de su cuerpo con quemaduras y posteriormente falleció en la ciudad de Concepción en el Hospital del Trabajador. La temperatura manejada en dicho pozo es de más de 80 grados que corresponde al tratamiento de esas materias primas antes de ser enviados a puerto o elaboración, este pozo es de grandes dimensiones, ya que en él se depositan, más de treinta trozos de madera. El perímetro del pozo carecía de seguridad elementales a fin de impedir accidentes, como el de la especie, no tenía barreras metálicas de seguridad, y además la empresa no había asignado la remoción de los trozos a otros trabajadores u operadores, conducta manifiestamente negligente por parte de la empleadora que infringe normas de seguridad básica, que en definitiva significó que la demandada fuera sancionada por los organismos administrativos pertinentes que cautela el control de la seguridad laboral en las diversas empresas de la zona y que se dedican al rubro de la demandada. Además de las medidas obligatorias de seguridad para el desarrollo de dicha actividad, agrava la actitud negligente de la demandada, el hecho de que don Raúl Díaz, no trabajaba con ropas adecuadas para dichas labores tan peligrosas, tales como trabajar a poca distancia de un pozo de agua hirviendo, con sustancias químicas especiales, lo mínimo para dicha actividad y respondiendo a una protección eficaz de los trabajadores, con el objeto de que no resulten lesionados, e incluso muertos, en mantenerles ropas adecuadas de seguridad, cascos, zapatos de seguridad y la adopción de otras medidas cautelares o de prevención que permitan asegurar la vida, y la integridad física de los trabajadores. Raúl Díaz Bustamante, al fallecer era un hombre joven de 42, años de edad, lleno de vida y mantenía una relación de convivencia con ella, fruto de esta unión nació una hija, titular de la presente acción. Percibía una remuneración, el ingreso mínimo de $ 105.500, y con esta exigua cantidad nos mantenía, siendo el único sustente que solventaba sus necesidades. El padre de la menor tenía una vida útil de 30 años, de los cuales 24 años significaba la mantención de su hija y la suya, y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384.000. Con la pérdida de Raúl, tendrán que enfrentarse a la vida de otra manera, buscar una salida a los problemas entre ellas dos, fundamentalmente asumiendo el rol de padre y madre en la crianza de su hija, Raúl Díaz era un hombre sin vicios de perfecta relación con su entorno, excelente padre de familia y compañero, agrega que ella avalúa en no menos de $ 30.000.000 el daño moral, atendido que, la causante de la pérdida del padre de su hija es la demandada, producto de una negligencia y falta de cuidado, representado en la falta de medidas de seguridad para los trabajadores y en especial para Raúl Díaz Bustamante.

Los Ángeles, catorce de julio de dos mil tres. VISTOS: A fs. 4 en causa rol civil Nº 45.146, comparece doña Juana Navarrete Flores, labores de casa, con domicilio en calle Misión 077, Mulchén, en representación de su hija Alejandra Isabel Díaz Navarrete, estudiante del mismo domicilio, y viene en interponer demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicio en contra de Maderas Rarinco S.A. Empresa del giro de su denominación, con domicilio en Panamericana Sur Km. 502 Los Ángeles, representada por don Alfonso Da Fonseca, ignoro segundo apellido y profesión u oficio, en atención a las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer. En cuanto a los hechos: Don Raúl Omar Díaz Bustamante, trabajador de la demandada y padre de su hija, el día 20 de junio de 2001, alrededor de las 16,00 horas, en circunstancias que se encontraba trabajando en instalaciones de la Empresa, ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de ésta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último por kover de un total de aproximadamente 40. En ese momento se cayó al pozo que contiene agua hirviendo y diversas substancias químicas, resultando con más del 90% de su cuerpo con quemaduras y posteriormente falleció en la ciudad de Concepción en el Hospital del Trabajador. La temperatura manejada en dicho pozo es de más de 80 grados que corresponde al tratamiento de esas materias primas antes de ser enviados a puerto o elaboración, este pozo es de grandes dimensiones, ya que en él se depositan, más de treinta trozos de madera. El perímetro del pozo carecía de seguridad elementales a fin de impedir accidentes, como el de la especie, no tenía barreras metálicas de seguridad, y además la empresa no había asignado la remoción de los trozos a otros trabajadores u operadores, conducta manifiestamente negligente por parte de la empleadora que infringe normas de seguridad básica, que en definitiva significó que la demandada fuera sancionada por los organismos administrativos pertinentes que cautela el control de la seguridad laboral en las diversas empresas de la zona y que se dedican al rubro de la demandada. Además de las medidas obligatorias de seguridad para el desarrollo de dicha actividad, agrava la actitud negligente de la demandada, el hecho de que don Raúl Díaz, no trabajaba con ropas adecuadas para dichas labores tan peligrosas, tales como trabajar a poca distancia de un pozo de agua hirviendo, con sustancias químicas especiales, lo mínimo para dicha actividad y respondiendo a una protección eficaz de los trabajadores, con el objeto de que no resulten lesionados, e incluso muertos, en mantenerles ropas adecuadas de seguridad, cascos, zapatos de seguridad y la adopción de otras medidas cautelares o de prevención que permitan asegurar la vida, y la integridad física de los trabajadores. Raúl Díaz Bustamante, al fallecer era un hombre joven de 42, años de edad, lleno de vida y mantenía una relación de convivencia con ella, fruto de esta unión nació una hija, titular de la presente acción. Percibía una remuneración, el ingreso mínimo de $ 105.500, y con esta exigua cantidad nos mantenía, siendo el único sustente que solventaba sus necesidades. El padre de la menor tenía una vida útil de 30 años, de los cuales 24 años significaba la mantención de su hija y la suya, y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384.000. Con la pérdida de Raúl, tendrán que enfrentarse a la vida de otra manera, buscar una salida a los problemas entre ellas dos, fundamentalmente asumiendo el rol de padre y madre en la crianza de su hija, Raúl Díaz era un hombre sin vicios de perfecta relación con su entorno, excelente padre de familia y compañero, agrega que ella avalúa en no menos de $ 30.000.000 el daño moral, atendido que, la causante de la pérdida del padre de su hija es la demandada, producto de una negligencia y falta de cuidado, representado en la falta de medidas de seguridad para los trabajadores y en especial para Raúl Díaz Bustamante.

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 4601-2006 Cita online: CL/JUR/7233/2006 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

El derecho: Hay que analizar primeramente la fuente de la obligación de cuidado y seguridad del empleador sobre sus empleados, la cual sin ir más lejos nace en la ley, salvo existir estipulación expresa contenida en el contrato de trabajo, situación que no se divisa en estos autos, ya que de la sola lectura del contrato de trabajo acompañado en autos el patrón no se obliga a asegurar la integridad de la persona del obrero o empleado, y si es responsable de los accidentes que sufran sus obreros con ocasión del trabajo, esta responsabilidad es legal y no contractual. En el caso sub judice, el riesgo producido, si bien es inherente a la actividad realizada, era totalmente evitable, hecho fáctico que la empresa Maderas Rarinco Ltda., no evitó, contando con los medios para hacerlo, perdiendo así la vida, un trabajador bajo su dependencia y subordinación, naciendo como consecuencia directa del hecho culposo y de la emisión de la Empresa la responsabilidad extracontractual frente al daño producido. Termina solicitando tener por entablada demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Maderas Rarinco Ltda. representada legalmente por don Alfonso Da Fonseca, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva condenar a la empresa a pagar a la demandante Alejandra Isabel Díaz Navarrete, la suma de $ 60.384.000, desglosados de la siguiente manera: $ 30.384.000 por lucro cesante; $ 30.000.000 por daño moral, éstas deben ser reajustadas conforme al I.P.C. con intereses corrientes bancarios para operaciones de corto plazo. A fs. 13 se contesta la demanda, por la parte demandada, y solicita su rechazo de ella con expresa condenación en costas, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho: En la especie no se dan los supuestos para tener o dar por establecida alguna responsabilidad extracontractual de su representada toda vez que no estamos frente a un hecho culposo de su parte y que sea producto de la actividad directa del mismo. La responsabilidad extracontractual tiene su origen en algún hecho culposo de agente que causa el daño o en su caso se limita a la responsabilidad por terceras personas que estando a su cargo y cuidado o que dependiendo de él cometen los mismos hechos culposos y dañosos. Se señala en la demanda que el trabajador estaba ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de esta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último en mover de un total de aproximadamente 40, de este hecho nace que la actividad que se dice desarrollaba no era propia de su actividad. En cuanto a los presuntos daños o perjuicios cabe hacer presente lo siguiente: Tanto el lucro cesante, como el daño moral, pretende hacerlo efectivo la demandante tanto en lo que a ella pretende se le ha causando, cuanto en lo que dice relación con su hija, lo que de todas formas resulta confuso, y conviene que haga una separación de los presuntos daños y perjuicios tanto respecto de ella como de su hija se confunden los conceptos de daño moral y lucro cesante sin que exista una delimitación precisa entre ambos. Se pretende cobrar, al parecer como daño moral lo que la parte demandante llama “vida moral”, en materia laboral de la víctima permaneciendo a su lado y al lado de su hija. Así llega a la cantidad de $ 30.000.000 se agrega que esto se da además porque la víctima ya que convivía con él y pierde su compañero de largos años y ser la madre de su hija, manifiesta que la vida de su hija no será la misma. Vale decir se señala que existe daño moral pero la descripción que se hace de ese daño no corresponde. En cuanto al presunto lucro cesante se habla nuevamente de vida útil y se dice que tenía una vidas útiles de 30 años, de los cuales 24 significaba la mantención de su hija y la de ella y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384.000, lo así descrito no corresponde a lucro cesante y ese concepto no es indemnizable, por lo cual la demanda deberá rechazarse íntegramente con costas, además porque no son efectivos los hechos indicados en ella. A fs. 17 corre la réplica. A fs. 21 corre dúplica en rebeldía de la demandada. A fs. 23, se lleva a efecto el comparendo de conciliación la que no se produce por la rebeldía de la demandada. A fs. 25 se recibe la causa a prueba, la que se rinde por la parte demandada, a fs. 41 a la 45 vta. Y por la demandante a fs. 46 a 50. A fs. 51 corre sumario sanitario. A fs. 59, corre información del sumario sanitario del servicio de Salud Bío Bío. A fs. 62 a 102 corre información de A.CH.S.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

El derecho: Hay que analizar primeramente la fuente de la obligación de cuidado y seguridad del empleador sobre sus empleados, la cual sin ir más lejos nace en la ley, salvo existir estipulación expresa contenida en el contrato de trabajo, situación que no se divisa en estos autos, ya que de la sola lectura del contrato de trabajo acompañado en autos el patrón no se obliga a asegurar la integridad de la persona del obrero o empleado, y si es responsable de los accidentes que sufran sus obreros con ocasión del trabajo, esta responsabilidad es legal y no contractual. En el caso sub judice, el riesgo producido, si bien es inherente a la actividad realizada, era totalmente evitable, hecho fáctico que la empresa Maderas Rarinco Ltda., no evitó, contando con los medios para hacerlo, perdiendo así la vida, un trabajador bajo su dependencia y subordinación, naciendo como consecuencia directa del hecho culposo y de la emisión de la Empresa la responsabilidad extracontractual frente al daño producido. Termina solicitando tener por entablada demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Maderas Rarinco Ltda. representada legalmente por don Alfonso Da Fonseca, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva condenar a la empresa a pagar a la demandante Alejandra Isabel Díaz Navarrete, la suma de $ 60.384.000, desglosados de la siguiente manera: $ 30.384.000 por lucro cesante; $ 30.000.000 por daño moral, éstas deben ser reajustadas conforme al I.P.C. con intereses corrientes bancarios para operaciones de corto plazo. A fs. 13 se contesta la demanda, por la parte demandada, y solicita su rechazo de ella con expresa condenación en costas, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho: En la especie no se dan los supuestos para tener o dar por establecida alguna responsabilidad extracontractual de su representada toda vez que no estamos frente a un hecho culposo de su parte y que sea producto de la actividad directa del mismo. La responsabilidad extracontractual tiene su origen en algún hecho culposo de agente que causa el daño o en su caso se limita a la responsabilidad por terceras personas que estando a su cargo y cuidado o que dependiendo de él cometen los mismos hechos culposos y dañosos. Se señala en la demanda que el trabajador estaba ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de esta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último en mover de un total de aproximadamente 40, de este hecho nace que la actividad que se dice desarrollaba no era propia de su actividad. En cuanto a los presuntos daños o perjuicios cabe hacer presente lo siguiente: Tanto el lucro cesante, como el daño moral, pretende hacerlo efectivo la demandante tanto en lo que a ella pretende se le ha causando, cuanto en lo que dice relación con su hija, lo que de todas formas resulta confuso, y conviene que haga una separación de los presuntos daños y perjuicios tanto respecto de ella como de su hija se confunden los conceptos de daño moral y lucro cesante sin que exista una delimitación precisa entre ambos. Se pretende cobrar, al parecer como daño moral lo que la parte demandante llama “vida moral”, en materia laboral de la víctima permaneciendo a su lado y al lado de su hija. Así llega a la cantidad de $ 30.000.000 se agrega que esto se da además porque la víctima ya que convivía con él y pierde su compañero de largos años y ser la madre de su hija, manifiesta que la vida de su hija no será la misma. Vale decir se señala que existe daño moral pero la descripción que se hace de ese daño no corresponde. En cuanto al presunto lucro cesante se habla nuevamente de vida útil y se dice que tenía una vidas útiles de 30 años, de los cuales 24 significaba la mantención de su hija y la de ella y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384.000, lo así descrito no corresponde a lucro cesante y ese concepto no es indemnizable, por lo cual la demanda deberá rechazarse íntegramente con costas, además porque no son efectivos los hechos indicados en ella. A fs. 17 corre la réplica. A fs. 21 corre dúplica en rebeldía de la demandada. A fs. 23, se lleva a efecto el comparendo de conciliación la que no se produce por la rebeldía de la demandada. A fs. 25 se recibe la causa a prueba, la que se rinde por la parte demandada, a fs. 41 a la 45 vta. Y por la demandante a fs. 46 a 50. A fs. 51 corre sumario sanitario. A fs. 59, corre información del sumario sanitario del servicio de Salud Bío Bío. A fs. 62 a 102 corre información de A.CH.S.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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A fs. 103 a 118, corre informe de la Dirección del Trabajo. A fs. 137 se citó a las partes para oír sentencia. A fs. 138 se decreta medida para mejor resolver, la que habiéndose cumplido el plazo, se trajeron los autos para fallo a fs. 139. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a fs. 4, comparece a estrado doña Juana Navarrete Flores, labores de casa, con domicilio en calle Misión 077, Mulchén, en representación de su hija Alejandra Isabel Díaz Navarrete, estudiante del mismo domicilio, y viene en interponer demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de Maderas Rarinco S.A. empresa del giro de su denominación, con domicilio en Panamericana Sur Km. 502 Los Ángeles, representada por don Alfonso Da Fonseca, ignoro segundo apellido y profesión u oficio, en atención a las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer. En cuanto a los hechos: Don Raúl Omar Díaz Bustamante, trabajador de la demandada y padre de su hija, el día 20 de junio de 2001, alrededor de las 16,00 horas, en circunstancias que se encontraba trabajando en instalaciones de la empresa, ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de ésta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último por mover de un total de aproximadamente 40. En ese momento se cayó al pozo que contiene agua hirviendo y diversas substancias químicas, resultando con más del 90% de su cuerpo con quemaduras y posteriormente falleció en la ciudad de Concepción en el Hospital del Trabajador. La temperatura manejada en dicho pozo es de más de 80 grados que corresponde al tratamiento de esas materias primas antes de ser enviados a puerto o elaboración, este pozo es de grandes dimensiones, ya que en él se depositan, más de treinta trozos de madera. El perímetro del pozo carecía de seguridad elementales a fin de impedir accidentes, como el de la especie, no tenía barreras metálicas de seguridad, y además la empresa no había asignado la remoción de los trozos a otros trabajadores u operadores, conducta manifiestamente negligente por parte de la empleadora que infringe normas de seguridad básica, que en definitiva significó que la demandada fuera sancionada por los organismos administrativos pertinentes que cautela el control de la seguridad laboral en las diversas empresas de la zona y que se dedican al rubro de la demandada. Además de las medidas obligatorias de seguridad para el desarrollo de dicha actividad, agrava la actitud negligente de la demandada, el hecho de que don Raúl Díaz, no trabajaba con ropas adecuadas para dichas labores tan peligrosas, tales como trabajar a poca distancia de un pozo de agua hirviendo, con sustancias químicas especiales, lo mínimo para dicha actividad y respondiendo a una protección eficaz de los trabajadores, con el objeto de que no resulten lesionados, e incluso muertos, y mantenerles ropas adecuadas de seguridad, cascos, zapatos de seguridad y la adopción de otras medidas cautelares o de prevención que permitan asegurar la vida, y la integridad física de los trabajadores. Raúl Díaz Bustamante, al fallecer era un hombre joven de 42 años de edad, lleno de vida y mantenía una relación de convivencia con ella, fruto de esta unión nació una hija, titular de la presente acción. Percibía una remuneración, el ingreso mínimo de $ 105.500, y con esta exigua cantidad las mantenía, siendo el único sustento que solventaba sus necesidades. El padre de la menor tenía una vida útil de 30 años, de los cuales 24 años significaba la mantención de su hija y la suya, y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384.000. Que con la pérdida de Raúl, tendrán que enfrentara la vida de otra manera, buscar una salida a los problemas entre las dos, fundamentalmente asumiendo el rol de padre y madre en la crianza de su hija, Raúl Díaz era un hombre sin vicios de perfecta relación con su entorno, excelente padre de familia y compañero, agrega que ella avalúa en no menos de $ 30.000.000 el daño moral, atendido que, la causante de la pérdida del padre de su hija es la demandada, producto de una negligencia y falta de cuidado, representado en la falta de medidas de seguridad para los trabajadores y en especial para Raúl Díaz Bustamante. El derecho: Hay que analizar primeramente la fuente de la obligación de cuidado y seguridad del empleador sobre sus empleados, la cual sin ir más lejos nace en la ley, salvo existir estipulación expresa contenida en el contrato de trabajo, situación que no se divisa en estos autos, ya que de la sola lectura del contrato

A fs. 103 a 118, corre informe de la Dirección del Trabajo. A fs. 137 se citó a las partes para oír sentencia. A fs. 138 se decreta medida para mejor resolver, la que habiéndose cumplido el plazo, se trajeron los autos para fallo a fs. 139. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a fs. 4, comparece a estrado doña Juana Navarrete Flores, labores de casa, con domicilio en calle Misión 077, Mulchén, en representación de su hija Alejandra Isabel Díaz Navarrete, estudiante del mismo domicilio, y viene en interponer demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra de Maderas Rarinco S.A. empresa del giro de su denominación, con domicilio en Panamericana Sur Km. 502 Los Ángeles, representada por don Alfonso Da Fonseca, ignoro segundo apellido y profesión u oficio, en atención a las consideraciones de hecho y derecho que pasa a exponer. En cuanto a los hechos: Don Raúl Omar Díaz Bustamante, trabajador de la demandada y padre de su hija, el día 20 de junio de 2001, alrededor de las 16,00 horas, en circunstancias que se encontraba trabajando en instalaciones de la empresa, ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de ésta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último por mover de un total de aproximadamente 40. En ese momento se cayó al pozo que contiene agua hirviendo y diversas substancias químicas, resultando con más del 90% de su cuerpo con quemaduras y posteriormente falleció en la ciudad de Concepción en el Hospital del Trabajador. La temperatura manejada en dicho pozo es de más de 80 grados que corresponde al tratamiento de esas materias primas antes de ser enviados a puerto o elaboración, este pozo es de grandes dimensiones, ya que en él se depositan, más de treinta trozos de madera. El perímetro del pozo carecía de seguridad elementales a fin de impedir accidentes, como el de la especie, no tenía barreras metálicas de seguridad, y además la empresa no había asignado la remoción de los trozos a otros trabajadores u operadores, conducta manifiestamente negligente por parte de la empleadora que infringe normas de seguridad básica, que en definitiva significó que la demandada fuera sancionada por los organismos administrativos pertinentes que cautela el control de la seguridad laboral en las diversas empresas de la zona y que se dedican al rubro de la demandada. Además de las medidas obligatorias de seguridad para el desarrollo de dicha actividad, agrava la actitud negligente de la demandada, el hecho de que don Raúl Díaz, no trabajaba con ropas adecuadas para dichas labores tan peligrosas, tales como trabajar a poca distancia de un pozo de agua hirviendo, con sustancias químicas especiales, lo mínimo para dicha actividad y respondiendo a una protección eficaz de los trabajadores, con el objeto de que no resulten lesionados, e incluso muertos, y mantenerles ropas adecuadas de seguridad, cascos, zapatos de seguridad y la adopción de otras medidas cautelares o de prevención que permitan asegurar la vida, y la integridad física de los trabajadores. Raúl Díaz Bustamante, al fallecer era un hombre joven de 42 años de edad, lleno de vida y mantenía una relación de convivencia con ella, fruto de esta unión nació una hija, titular de la presente acción. Percibía una remuneración, el ingreso mínimo de $ 105.500, y con esta exigua cantidad las mantenía, siendo el único sustento que solventaba sus necesidades. El padre de la menor tenía una vida útil de 30 años, de los cuales 24 años significaba la mantención de su hija y la suya, y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384.000. Que con la pérdida de Raúl, tendrán que enfrentara la vida de otra manera, buscar una salida a los problemas entre las dos, fundamentalmente asumiendo el rol de padre y madre en la crianza de su hija, Raúl Díaz era un hombre sin vicios de perfecta relación con su entorno, excelente padre de familia y compañero, agrega que ella avalúa en no menos de $ 30.000.000 el daño moral, atendido que, la causante de la pérdida del padre de su hija es la demandada, producto de una negligencia y falta de cuidado, representado en la falta de medidas de seguridad para los trabajadores y en especial para Raúl Díaz Bustamante. El derecho: Hay que analizar primeramente la fuente de la obligación de cuidado y seguridad del empleador sobre sus empleados, la cual sin ir más lejos nace en la ley, salvo existir estipulación expresa contenida en el contrato de trabajo, situación que no se divisa en estos autos, ya que de la sola lectura del contrato ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de trabajo acompañado en autos el patrón no se obliga a asegurar la integridad de la persona del obrero o empleado, y si es responsable de los accidentes que sufran sus obreros con ocasión del trabajo, esta responsabilidad es legal y no contractual. En el caso sub judice, el riesgo producido, si bien es inherente a la actividad realizada, era totalmente evitable, hecho fáctico que la empresa Maderas Rarinco Ltda., no evitó, contando con los medios para hacerlo, perdiendo así la vida, un trabajador bajo su dependencia y subordinación, naciendo como consecuencia directa del hecho culposo y de la omisión de la Empresa la responsabilidad extracontractual frente al daño producido. Termina solicitando tener por entablada demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Maderas Rarinco Ltda., representada legalmente por don Alfonso Da Fonseca, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva condenar a la empresa a pagar a la demandante Alejandra Isabel Díaz Navarrete, la suma de $ 60.384.000, desglosados de la siguiente manera: $ 30.384.000 por lucro cesante; $ 30.000.000 por daño moral, éstas deben ser reajustadas conforme al I.P.C. con intereses corrientes bancarios para operaciones de corto plazo. SEGUNDO: Que a fs. 3 se contesta la demanda, por la parte demandada, y solicita su rechazo con expresa condenación en costas, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho, siguientes: En la especie no se dan los supuestos para tener o dar por establecida alguna responsabilidad extracontractual de su representada toda vez que no estamos frente a un hecho culposo de su parte y que sea producto de la actividad directa del mismo. La responsabilidad extracontractual tiene su origen en algún hecho culposo del agente que causa el daño o en su caso se limita a la responsabilidad por terceras personas que estando a su cargo y cuidado o que dependiendo de él cometen los mismos hechos culposos y dañosos. Se señala en la demanda que el trabajador estaba ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de ésta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último en mover de un total de aproximadamente 40, de este hecho nace que la actividad que se dice desarrollaba no era propia de su actividad. En cuanto a los presuntos daños o perjuicios cabe hacer presente lo siguiente: Tanto el lucro cesante, como el daño moral, pretende hacerlo efectivo la demandante tanto en lo que a ella pretende se le ha causando, cuanto en lo que dice relación con su hija, lo que de todas formas resulta confuso, y conviene que haga una separación de los presuntos daños y perjuicios tanto respecto de ella como de su hija. Se confunden los conceptos de daño moral y lucro cesante sin que exista una delimitación precisa entre ambos. Se pretende cobrar, al parecer como daño moral lo que la parte demandante llama “vida moral”, en materia laboral de la víctima permaneciendo a su lado y al lado de su hija. Así llega a la cantidad de $ 30.000.000 se agrega que esto se da además porque la víctima que convivía con él pierde su compañero de largos años y por ser la madre de su hija, manifiesta que la vida de ésta no será la misma. Vale decir se señala que existe daño moral pero la descripción que se hace de ese daño no corresponde. En cuanto al presunto lucro cesante se habla nuevamente de vida útil y se dice que tenía una vida útil de 30 años, de los cuales 24 significaba la mantención de su hija y la de ella y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384,000, lo así descrito no corresponde a lucro cesante y ese concepto no es indemnizable, por lo cual la demanda deberá rechazarse íntegramente con costas, además porque no son efectivos los hechos indicados en ella. TERCERO: Que la parte demandante afirma en su presentación que sufrió daños ocasionados por la demandada por cuanto ésta no adoptó las medidas de seguridad que impidieran el accidente que costó la vida al trabajador Raúl Omar Díaz Bustamante quien proveía el sustento de su familia. Para acreditar sus dichos acompañó copia del contrato de trabajo entre Maderas Rarinco Ltda. y el occiso, certificado de defunción del trabajador y de nacimiento de su hija Alejandra Isabel Díaz Navarrete, no objetados con los cuales probó el vínculo laboral del trabajador con la Empresa demandada, el ingreso mensual, más el parentesco. CUARTO: Que con la misma finalidad se acompañó por la actora a) Sumario sanitario rol 212/01, seguido contra la demandada que concluye con la aplicación de una multa sugerida de 300 U.T.M. más prohibición de funcionamiento hasta no subsanar las anomalías de prevención de riesgos, y contravenir disposiciones legales que dicen relación con la prevención de riesgos, lo que condujo a que se dieran las condiciones necesarias para que ocurriese el accidente fatal de Raúl Díaz Bustamante ocurrido el 20 de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de trabajo acompañado en autos el patrón no se obliga a asegurar la integridad de la persona del obrero o empleado, y si es responsable de los accidentes que sufran sus obreros con ocasión del trabajo, esta responsabilidad es legal y no contractual. En el caso sub judice, el riesgo producido, si bien es inherente a la actividad realizada, era totalmente evitable, hecho fáctico que la empresa Maderas Rarinco Ltda., no evitó, contando con los medios para hacerlo, perdiendo así la vida, un trabajador bajo su dependencia y subordinación, naciendo como consecuencia directa del hecho culposo y de la omisión de la Empresa la responsabilidad extracontractual frente al daño producido. Termina solicitando tener por entablada demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Maderas Rarinco Ltda., representada legalmente por don Alfonso Da Fonseca, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva condenar a la empresa a pagar a la demandante Alejandra Isabel Díaz Navarrete, la suma de $ 60.384.000, desglosados de la siguiente manera: $ 30.384.000 por lucro cesante; $ 30.000.000 por daño moral, éstas deben ser reajustadas conforme al I.P.C. con intereses corrientes bancarios para operaciones de corto plazo. SEGUNDO: Que a fs. 3 se contesta la demanda, por la parte demandada, y solicita su rechazo con expresa condenación en costas, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho, siguientes: En la especie no se dan los supuestos para tener o dar por establecida alguna responsabilidad extracontractual de su representada toda vez que no estamos frente a un hecho culposo de su parte y que sea producto de la actividad directa del mismo. La responsabilidad extracontractual tiene su origen en algún hecho culposo del agente que causa el daño o en su caso se limita a la responsabilidad por terceras personas que estando a su cargo y cuidado o que dependiendo de él cometen los mismos hechos culposos y dañosos. Se señala en la demanda que el trabajador estaba ejerciendo funciones de operador de una grúa, extrayendo madera de un pozo, se bajó de ésta para acomodar un trozo para asirlo con la misma máquina, siendo el último en mover de un total de aproximadamente 40, de este hecho nace que la actividad que se dice desarrollaba no era propia de su actividad. En cuanto a los presuntos daños o perjuicios cabe hacer presente lo siguiente: Tanto el lucro cesante, como el daño moral, pretende hacerlo efectivo la demandante tanto en lo que a ella pretende se le ha causando, cuanto en lo que dice relación con su hija, lo que de todas formas resulta confuso, y conviene que haga una separación de los presuntos daños y perjuicios tanto respecto de ella como de su hija. Se confunden los conceptos de daño moral y lucro cesante sin que exista una delimitación precisa entre ambos. Se pretende cobrar, al parecer como daño moral lo que la parte demandante llama “vida moral”, en materia laboral de la víctima permaneciendo a su lado y al lado de su hija. Así llega a la cantidad de $ 30.000.000 se agrega que esto se da además porque la víctima que convivía con él pierde su compañero de largos años y por ser la madre de su hija, manifiesta que la vida de ésta no será la misma. Vale decir se señala que existe daño moral pero la descripción que se hace de ese daño no corresponde. En cuanto al presunto lucro cesante se habla nuevamente de vida útil y se dice que tenía una vida útil de 30 años, de los cuales 24 significaba la mantención de su hija y la de ella y como era un simple operador su destino no variaría dejando de percibir la suma de $ 30.384,000, lo así descrito no corresponde a lucro cesante y ese concepto no es indemnizable, por lo cual la demanda deberá rechazarse íntegramente con costas, además porque no son efectivos los hechos indicados en ella. TERCERO: Que la parte demandante afirma en su presentación que sufrió daños ocasionados por la demandada por cuanto ésta no adoptó las medidas de seguridad que impidieran el accidente que costó la vida al trabajador Raúl Omar Díaz Bustamante quien proveía el sustento de su familia. Para acreditar sus dichos acompañó copia del contrato de trabajo entre Maderas Rarinco Ltda. y el occiso, certificado de defunción del trabajador y de nacimiento de su hija Alejandra Isabel Díaz Navarrete, no objetados con los cuales probó el vínculo laboral del trabajador con la Empresa demandada, el ingreso mensual, más el parentesco. CUARTO: Que con la misma finalidad se acompañó por la actora a) Sumario sanitario rol 212/01, seguido contra la demandada que concluye con la aplicación de una multa sugerida de 300 U.T.M. más prohibición de funcionamiento hasta no subsanar las anomalías de prevención de riesgos, y contravenir disposiciones legales que dicen relación con la prevención de riesgos, lo que condujo a que se dieran las condiciones necesarias para que ocurriese el accidente fatal de Raúl Díaz Bustamante ocurrido el 20 de

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junio del 2001; b) Causa rol Nº 75.407 por muerte de Díaz Bustamante seguida ante el Primer Juzgado de esta ciudad terminada por sobreseimiento temporal en que constan las circunstancias y causas de su fallecimiento. QUINTO: Que para acreditar lo expuesto en la demanda la actora rindió la prueba testimonial con la declaración de Carlos Remigio Palma Cifuentes, Juan Carlos Moreno Salazar. Señala el primero que como trabajador de la Empresa Maderas Rarinco Ltda. laboraba sacando palos de la piscina de macerado de madera con Raúl Díaz cuando se produjo el accidente en circunstancias que se bajó del cargador frontal a empujar un palo que la máquina no alcanzaba, perdiendo el equilibro cayó al pozo. Agrega que cooperador de la máquina era Díaz y que él no estaba habilitado para operarla, pero lo hizo a pedido de éste. Agrega que había un vapor intenso en el lugar que impedía la visibilidad. Hace presente que a su juicio no se habían tomado las medidas de seguridad y protección, que el pozo funcionaba sin tapa, barandas o rejillas protectoras. Además continúa señalando que el trabajador accidentado no usaba ropas de asbesto, casco de seguridad, sólo zapatos de seguridad, y ropa de mezclilla. Refiere el segundo que don Raúl al momento de ocurrir el accidente trabajaba en los pozos de macerado, pero como operador del cargador frontal y los trozos tenía que moverlos el trabajador Palma. Coincide en señalar que en el borde del pozo no existe protección, sólo el cimiento de más o menos un metro de altura sobre la tierra y no había rejilla de contención, respecto de la ropa que usaba el trabajador indica que era ropa de mezclilla y zapatos de seguridad, sin casco por ser operador de máquina. SEXTO: Que del mérito de los documentos acompañados, declaración de los testigos legalmente examinados, no tachados y que dan razón de sus dichos, se ha acreditado que el trabajador, el 20 de junio de 2001, alrededor de las 16:00 hrs., se encontraba trabajando como operador de grúa extrayendo madera de un pozo, cuando se bajó para empujar un trozo para asirlo con la máquina cayó al agua hirviendo falleciendo como consecuencia de falla multiorgánica quemadura con agua hirviendo en el 90% del cuerpo, accidente laboral. Se probó a su vez el perímetro del pozo carecía de las seguridades elementales como barreras de seguridad, rejillas o tapas, acompañado de escasa visibilidad por el vapor que se produce sobre las piscinas, además que no contaba con ropas adecuadas de seguridad, casco u otras medidas de prevención para proteger su integridad física. SÉPTIMO: Que a fin de exculpar su responsabilidad en el accidente, la demandada rindió prueba testimonial con la declaración de los testigos Pedro Angel Acuña Casas, Carlos Remigio Palma Cifuentes y Orlando del Carmen Lara Sanhueza, quienes están contestes en señalar que el operador de la grúa era Díaz y el encargado de mover los palos era Palma, e invirtieron su labor en un momento dado, a pesar de que Palma no tenía licencia para operar la máquina. Que había vapor en el lugar, pero que se disipan por tratarse de espacio abierto y que barandas no eran necesarias porque en el lugar no transitan personas, pero que en la actualidad se pusieron como forma de colocar un reforzamiento. Agrega el testigo Lara Sanhueza que hay un sobrecimiento de 40 a 50 cms. alrededor de los pozos y que el trabajador accidentado no respetó el desnivel del piso subiéndose al cimiento, perdiendo el equilibrio. OCTAVO: Que los testigos de la demandada legalmente examinados, no tachados y dando razón de sus dichos señalan que el trabajador Díaz no realizaba la labor para la que se le había contratado y que en una actitud imprevista y temeraria se bajó de la grúa y desde el borde del pozo movió un trozo de madera que se maceraba lo que hizo desde el cimiento, y que lo llevó a perder el equilibrio y caer al pozo con las consecuencias descritas en el considerando sexto. NOVENO: Que si bien se ha comprobado que el trabajador actuó en forma temeraria, también lo ha sido la falta de seguridad que brindaba la empresa a sus trabajadores y de la que da cuenta el sumario administrativo acompañado. Concluye que la empresa demandada no tiene autorización sanitaria de funcionamiento y adolece de medidas de seguridad como son: falta de rejilla en el recinto de piscinas, falta de visibilidad en el lugar, ausencia de letreros o señaléticas, falta de capacitación para el trabajo, trabajador accidentado era utilizado como júnior en tiempo libre y no existir procedimiento de trabajo seguro. Además haberse realizado sumario administrativo en dos oportunidades por no contar con informe sanitario. Lo que llevó a sugerir prohibición de funcionamiento hasta no subsanar anomalías de prevención de riesgos.

junio del 2001; b) Causa rol Nº 75.407 por muerte de Díaz Bustamante seguida ante el Primer Juzgado de esta ciudad terminada por sobreseimiento temporal en que constan las circunstancias y causas de su fallecimiento. QUINTO: Que para acreditar lo expuesto en la demanda la actora rindió la prueba testimonial con la declaración de Carlos Remigio Palma Cifuentes, Juan Carlos Moreno Salazar. Señala el primero que como trabajador de la Empresa Maderas Rarinco Ltda. laboraba sacando palos de la piscina de macerado de madera con Raúl Díaz cuando se produjo el accidente en circunstancias que se bajó del cargador frontal a empujar un palo que la máquina no alcanzaba, perdiendo el equilibro cayó al pozo. Agrega que cooperador de la máquina era Díaz y que él no estaba habilitado para operarla, pero lo hizo a pedido de éste. Agrega que había un vapor intenso en el lugar que impedía la visibilidad. Hace presente que a su juicio no se habían tomado las medidas de seguridad y protección, que el pozo funcionaba sin tapa, barandas o rejillas protectoras. Además continúa señalando que el trabajador accidentado no usaba ropas de asbesto, casco de seguridad, sólo zapatos de seguridad, y ropa de mezclilla. Refiere el segundo que don Raúl al momento de ocurrir el accidente trabajaba en los pozos de macerado, pero como operador del cargador frontal y los trozos tenía que moverlos el trabajador Palma. Coincide en señalar que en el borde del pozo no existe protección, sólo el cimiento de más o menos un metro de altura sobre la tierra y no había rejilla de contención, respecto de la ropa que usaba el trabajador indica que era ropa de mezclilla y zapatos de seguridad, sin casco por ser operador de máquina. SEXTO: Que del mérito de los documentos acompañados, declaración de los testigos legalmente examinados, no tachados y que dan razón de sus dichos, se ha acreditado que el trabajador, el 20 de junio de 2001, alrededor de las 16:00 hrs., se encontraba trabajando como operador de grúa extrayendo madera de un pozo, cuando se bajó para empujar un trozo para asirlo con la máquina cayó al agua hirviendo falleciendo como consecuencia de falla multiorgánica quemadura con agua hirviendo en el 90% del cuerpo, accidente laboral. Se probó a su vez el perímetro del pozo carecía de las seguridades elementales como barreras de seguridad, rejillas o tapas, acompañado de escasa visibilidad por el vapor que se produce sobre las piscinas, además que no contaba con ropas adecuadas de seguridad, casco u otras medidas de prevención para proteger su integridad física. SÉPTIMO: Que a fin de exculpar su responsabilidad en el accidente, la demandada rindió prueba testimonial con la declaración de los testigos Pedro Angel Acuña Casas, Carlos Remigio Palma Cifuentes y Orlando del Carmen Lara Sanhueza, quienes están contestes en señalar que el operador de la grúa era Díaz y el encargado de mover los palos era Palma, e invirtieron su labor en un momento dado, a pesar de que Palma no tenía licencia para operar la máquina. Que había vapor en el lugar, pero que se disipan por tratarse de espacio abierto y que barandas no eran necesarias porque en el lugar no transitan personas, pero que en la actualidad se pusieron como forma de colocar un reforzamiento. Agrega el testigo Lara Sanhueza que hay un sobrecimiento de 40 a 50 cms. alrededor de los pozos y que el trabajador accidentado no respetó el desnivel del piso subiéndose al cimiento, perdiendo el equilibrio. OCTAVO: Que los testigos de la demandada legalmente examinados, no tachados y dando razón de sus dichos señalan que el trabajador Díaz no realizaba la labor para la que se le había contratado y que en una actitud imprevista y temeraria se bajó de la grúa y desde el borde del pozo movió un trozo de madera que se maceraba lo que hizo desde el cimiento, y que lo llevó a perder el equilibrio y caer al pozo con las consecuencias descritas en el considerando sexto. NOVENO: Que si bien se ha comprobado que el trabajador actuó en forma temeraria, también lo ha sido la falta de seguridad que brindaba la empresa a sus trabajadores y de la que da cuenta el sumario administrativo acompañado. Concluye que la empresa demandada no tiene autorización sanitaria de funcionamiento y adolece de medidas de seguridad como son: falta de rejilla en el recinto de piscinas, falta de visibilidad en el lugar, ausencia de letreros o señaléticas, falta de capacitación para el trabajo, trabajador accidentado era utilizado como júnior en tiempo libre y no existir procedimiento de trabajo seguro. Además haberse realizado sumario administrativo en dos oportunidades por no contar con informe sanitario. Lo que llevó a sugerir prohibición de funcionamiento hasta no subsanar anomalías de prevención de riesgos. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Lo expuesto nos lleva a tener por cierto que la demandada no adoptó las medidas de seguridad adecuadas que impidieran el accidente y que el trabajador no contaba el día de los hechos con equipo de seguridad, lo que demuestra incumplimiento de la empresa en la prevención de riesgos a sus trabajadores que consecuencialmente llevaron al accidente con resultado de muerte en la persona de Raúl Omar Díaz Bustamante. DÉCIMO: Que la actora entabla demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Maderas Rarinco Ltda., representada legalmente por don Alfonso Da Fonseca y pide que se le condene a pagar a la demandante la suma de $ 60.384.000 desglosados: 1) por concepto de lucro cesante $ 30.384.000 y por daño moral $ 30.000.000, o lo que el Tribunal determine conforme al mérito del proceso. DECIMOPRIMERO: Que funda su demanda en la circunstancia que tanto la demandante como su hija subsistían gracias al ingreso que percibía don Raúl Díaz y que al fallecimiento de éste tendrán que enfrentar solas la vida y solución de sus problemas. Agrega que el trabajador tenía una vida útil de 30 años y que 24 de ellos significaba la mantención de ella y su hija; por lo cual calcula que se dejan de percibir las sumas referidas en el considerando precedente. DECIMOSEGUNDO: Que para acreditar la relación familiar entre ella y su hija con el occiso acompañó a fs. 33 a 37 fotografías familiares, documentos privados que por no estar autentificados carecen de valor probatorio en conformidad de lo dispuesto en el artículo 1702 del Código Civil. DECIMOTERCERO: Que del documento acompañado a fs. 3, contrato de trabajo no objetado, se colige que el trabajador percibía $ 90.000 el 04 de agosto de 1994, el ingreso mínimo a la fecha de su suscripción y que a la fecha de fallecimiento era $ 105.500 mensual, monto que dejó de percibir su grupo familiar. Para determinar quien tiene derecho a solicitar indemnización cabe analizar quien puede ser titular de la acción de indemnización de perjuicios e interpretando la ley por analogía en conformidad al artículo 19 y siguientes del Código Civil, se aplica el artículo 1182 del mismo cuerpo legal, esto es, pueden ser titulares de la acción los legitimarios, en el caso sub lite Alejandra Isabel Díaz Navarrete en su calidad de hija no matrimonial del occiso. La demandante doña Juana Navarrete Flores no está facultada para demandar perjuicios a su favor, por no tener vínculo de parentesco alguno con el occiso, lo que conduce al rechazo de la demanda a su respecto, tanto en lo que se refiere a lucro cesante como daño moral. DECIMOCUARTO: Que sólo se accederá a la demanda intentada en favor de Alejandra Isabel Díaz Navarrete, estimando que el 25% del ingreso mensual del trabajador la beneficiaba, se estima prudencialmente que debe ser indemnizada en la suma de $ 5.000.000 por concepto de lucro cesante. DECIMOQUINTO: Que el daño moral equivale y se fundamenta en el sufrimiento, dolor que el hecho ocasiona en la sensibilidad física y en los sentimientos y afectos de una persona que obviamente una hija debe sentir ante el fallecimiento de su padre y éste debe ser indemnizado a Alejandra Isabel Díaz Navarrete en la suma de $ 5.000.000, este monto se estimará sólo como satisfacción y no como una pena, pues en los hechos que se originaron no hubo dolo ni mala fe. DECIMOSEXTO: Que en nada altera lo concluido la prueba de absolución de posiciones rendida a fs. 123 y 129 por las partes. La inspección personal practicada por el Tribunal a la Empresa demandada no hace sino corroborar lo expuesto en el considerando 9º en cuanto señala que la empresa no contaba con los medios de seguridad necesarios para prevenir riesgos a sus trabajadores, lo que condujo a la postre a la muerte del trabajador con el daño causado que se ordenó fuera indemnizado. Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos: 1º, 144, 158, 159, 160, 161, 169, 170, 253, 254, 255, 257, 258, 262, 318, 324, 327, 328, 341, 348, 384, Nº 2, 430, 432 y 433 del Código de Procedimiento Civil; 989, 1182, 1698, 1702, 2320, 2322, 2325, 2329, 2330; del Código Civil; 184 del Código del Trabajo se declara: 1º. Que se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios contenida en la presentación de fs. 4 y siguientes y se condena a la Empresa Maderas Rarinco Ltda. representada por don Alfonso Da Fonseca Barría, individualizado, pagar por concepto de lucro cesante y daño moral, la suma de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Lo expuesto nos lleva a tener por cierto que la demandada no adoptó las medidas de seguridad adecuadas que impidieran el accidente y que el trabajador no contaba el día de los hechos con equipo de seguridad, lo que demuestra incumplimiento de la empresa en la prevención de riesgos a sus trabajadores que consecuencialmente llevaron al accidente con resultado de muerte en la persona de Raúl Omar Díaz Bustamante. DÉCIMO: Que la actora entabla demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de la Empresa Maderas Rarinco Ltda., representada legalmente por don Alfonso Da Fonseca y pide que se le condene a pagar a la demandante la suma de $ 60.384.000 desglosados: 1) por concepto de lucro cesante $ 30.384.000 y por daño moral $ 30.000.000, o lo que el Tribunal determine conforme al mérito del proceso. DECIMOPRIMERO: Que funda su demanda en la circunstancia que tanto la demandante como su hija subsistían gracias al ingreso que percibía don Raúl Díaz y que al fallecimiento de éste tendrán que enfrentar solas la vida y solución de sus problemas. Agrega que el trabajador tenía una vida útil de 30 años y que 24 de ellos significaba la mantención de ella y su hija; por lo cual calcula que se dejan de percibir las sumas referidas en el considerando precedente. DECIMOSEGUNDO: Que para acreditar la relación familiar entre ella y su hija con el occiso acompañó a fs. 33 a 37 fotografías familiares, documentos privados que por no estar autentificados carecen de valor probatorio en conformidad de lo dispuesto en el artículo 1702 del Código Civil. DECIMOTERCERO: Que del documento acompañado a fs. 3, contrato de trabajo no objetado, se colige que el trabajador percibía $ 90.000 el 04 de agosto de 1994, el ingreso mínimo a la fecha de su suscripción y que a la fecha de fallecimiento era $ 105.500 mensual, monto que dejó de percibir su grupo familiar. Para determinar quien tiene derecho a solicitar indemnización cabe analizar quien puede ser titular de la acción de indemnización de perjuicios e interpretando la ley por analogía en conformidad al artículo 19 y siguientes del Código Civil, se aplica el artículo 1182 del mismo cuerpo legal, esto es, pueden ser titulares de la acción los legitimarios, en el caso sub lite Alejandra Isabel Díaz Navarrete en su calidad de hija no matrimonial del occiso. La demandante doña Juana Navarrete Flores no está facultada para demandar perjuicios a su favor, por no tener vínculo de parentesco alguno con el occiso, lo que conduce al rechazo de la demanda a su respecto, tanto en lo que se refiere a lucro cesante como daño moral. DECIMOCUARTO: Que sólo se accederá a la demanda intentada en favor de Alejandra Isabel Díaz Navarrete, estimando que el 25% del ingreso mensual del trabajador la beneficiaba, se estima prudencialmente que debe ser indemnizada en la suma de $ 5.000.000 por concepto de lucro cesante. DECIMOQUINTO: Que el daño moral equivale y se fundamenta en el sufrimiento, dolor que el hecho ocasiona en la sensibilidad física y en los sentimientos y afectos de una persona que obviamente una hija debe sentir ante el fallecimiento de su padre y éste debe ser indemnizado a Alejandra Isabel Díaz Navarrete en la suma de $ 5.000.000, este monto se estimará sólo como satisfacción y no como una pena, pues en los hechos que se originaron no hubo dolo ni mala fe. DECIMOSEXTO: Que en nada altera lo concluido la prueba de absolución de posiciones rendida a fs. 123 y 129 por las partes. La inspección personal practicada por el Tribunal a la Empresa demandada no hace sino corroborar lo expuesto en el considerando 9º en cuanto señala que la empresa no contaba con los medios de seguridad necesarios para prevenir riesgos a sus trabajadores, lo que condujo a la postre a la muerte del trabajador con el daño causado que se ordenó fuera indemnizado. Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos: 1º, 144, 158, 159, 160, 161, 169, 170, 253, 254, 255, 257, 258, 262, 318, 324, 327, 328, 341, 348, 384, Nº 2, 430, 432 y 433 del Código de Procedimiento Civil; 989, 1182, 1698, 1702, 2320, 2322, 2325, 2329, 2330; del Código Civil; 184 del Código del Trabajo se declara: 1º. Que se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios contenida en la presentación de fs. 4 y siguientes y se condena a la Empresa Maderas Rarinco Ltda. representada por don Alfonso Da Fonseca Barría, individualizado, pagar por concepto de lucro cesante y daño moral, la suma de

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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$5.000.000 por cada uno de ellos, en total la suma de $ 10.000.000, a la actora Juana Navarrete Flores, en representación de Alejandra Isabel Díaz Navarrete, desestimándose la demanda en lo demás. Las sumas ordenadas pagar lo serán reajustadas con el interés corriente bancario para operaciones no reajustables desde la fecha de notificación de la demanda hasta la de su pago efectivo. 2º. Que por no ser totalmente vencida no se condena en costas a la demandada. Regístrese, notifíquese. Dictada por doña Norma Elgueta Poblete, Juez Subrogante y autorizada por el señor Jaime Villalobos Ríos, Secretario Subrogante. Rol Nº 45.146-02.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES Concepción, uno de agosto de dos mil seis. VISTO Y CONSIDERANDO: Se reproduce la sentencia apelada de catorce de julio de dos mil tres, escrita de fojas 140 a 148, con excepción de los considerandos octavo, noveno, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto y la frase final del considerando decimoquinto que se inicia con “este monto se estimará hasta el fin de ella”. Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE: PRIMERO: Que no cabe duda que en autos se ha deducido una acción indemnizatoria fundada en las normas de la responsabilidad extracontractual previstas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. En efecto, se trata de una demandante, doña Alejandra Isabel Díaz Navarrete, representada por su madre doña Juana Navarrete Torres, que pide se le indemnicen los daños sufridos por ella a raíz de la muerte de su padre, don Raúl Omar Díaz Bustamante, fallecido en un accidente laboral, mientras se desempeñaba como trabajador de la demandada Maderas Rarinco Limitada. Se trata, entonces, de lo que en doctrina se conoce como víctima indirecta que demanda la reparación del daño por repercusión, y no existiendo vínculo contractual alguno entre la demandante y la demandada, la acción no puede ser sino cuasidelictual. Por lo demás, es en los artículos 2314, 2320 y 2319 que la peticionaria ha fundado su acción. SEGUNDO: Que, en esa acción, corresponde al demandante acreditar, por los medios legales de prueba, los elementos constitutivos de la responsabilidad que alega. TERCERO: Que la demandante sostiene que ha sufrido daños a consecuencia de la muerte de su padre don Raúl Omar Díaz Bustamante en un accidente del trabajo ocurrido el día 20 de junio de 2001, alrededor de las 16 horas, en momentos en que éste cayó a un pozo que contiene agua hirviente y diversas sustancias químicas, al tratar de acomodar un trozo de madera para luego poder asirlo con la grúa que operaba junto a otro trabajador, sufriendo así graves quemaduras que le produjeron más tarde la muerte, sin que el perímetro del pozo estuviese premunido de barreras que evitasen la caída de personas en él. CUARTO: Que, además de los elementos de prueba referidos en las consideraciones cuarta a séptima de la sentencia de primera instancia, las circunstancias de hecho del accidente a raíz del cual pereció en definitiva el padre de la demandante, aparecen reconocidos por el representante de la demandada al prestar declaración a fojas 4 en los autos criminales rol 75.407 del Primer Juzgado del Crimen de Los Ángeles que se tuvieron a la vista en la presente causa y por el testigo Carlos Remigio Palma Cifuentes que presenció los hechos y declara a fojas 18 de los mismos autos. QUINTO: Que resalta evidente que mantener un pozo de agua hirviente para inmersión de troncos de árboles sin barreras o sistemas protectores es un comportamiento impropio de una empresa prudente, porque por cualquier circunstancia, es posible que trabajadores y aun, extraños que por allí transiten, caigan a su interior, con consecuencias semejantes a la ocurrida en el presente caso. Las fotografías que rolan a fojas 47 y 48 del sumario sanitario que se tuvo a la vista, así lo revelan. SEXTO: Que tan evidente es lo que se acaba de señalar, que la propia demandada, con posterioridad a los hechos de la causa, como lo declaran los testigos suyos Pedro Angel Acuña Casas a fojas 43 y Orlando del Carmen Lara Sanhueza a fojas 45, agregó a dicho pozo barandas protectoras para completar las que sólo en un sector de él existían, medida de prevención que fue además recomendada en el informe técnico de investigación de accidente de la Asociación Chilena de Seguridad, que rola a fojas 88

Concepción, uno de agosto de dos mil seis. VISTO Y CONSIDERANDO: Se reproduce la sentencia apelada de catorce de julio de dos mil tres, escrita de fojas 140 a 148, con excepción de los considerandos octavo, noveno, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto y la frase final del considerando decimoquinto que se inicia con “este monto se estimará hasta el fin de ella”. Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE: PRIMERO: Que no cabe duda que en autos se ha deducido una acción indemnizatoria fundada en las normas de la responsabilidad extracontractual previstas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. En efecto, se trata de una demandante, doña Alejandra Isabel Díaz Navarrete, representada por su madre doña Juana Navarrete Torres, que pide se le indemnicen los daños sufridos por ella a raíz de la muerte de su padre, don Raúl Omar Díaz Bustamante, fallecido en un accidente laboral, mientras se desempeñaba como trabajador de la demandada Maderas Rarinco Limitada. Se trata, entonces, de lo que en doctrina se conoce como víctima indirecta que demanda la reparación del daño por repercusión, y no existiendo vínculo contractual alguno entre la demandante y la demandada, la acción no puede ser sino cuasidelictual. Por lo demás, es en los artículos 2314, 2320 y 2319 que la peticionaria ha fundado su acción. SEGUNDO: Que, en esa acción, corresponde al demandante acreditar, por los medios legales de prueba, los elementos constitutivos de la responsabilidad que alega. TERCERO: Que la demandante sostiene que ha sufrido daños a consecuencia de la muerte de su padre don Raúl Omar Díaz Bustamante en un accidente del trabajo ocurrido el día 20 de junio de 2001, alrededor de las 16 horas, en momentos en que éste cayó a un pozo que contiene agua hirviente y diversas sustancias químicas, al tratar de acomodar un trozo de madera para luego poder asirlo con la grúa que operaba junto a otro trabajador, sufriendo así graves quemaduras que le produjeron más tarde la muerte, sin que el perímetro del pozo estuviese premunido de barreras que evitasen la caída de personas en él. CUARTO: Que, además de los elementos de prueba referidos en las consideraciones cuarta a séptima de la sentencia de primera instancia, las circunstancias de hecho del accidente a raíz del cual pereció en definitiva el padre de la demandante, aparecen reconocidos por el representante de la demandada al prestar declaración a fojas 4 en los autos criminales rol 75.407 del Primer Juzgado del Crimen de Los Ángeles que se tuvieron a la vista en la presente causa y por el testigo Carlos Remigio Palma Cifuentes que presenció los hechos y declara a fojas 18 de los mismos autos. QUINTO: Que resalta evidente que mantener un pozo de agua hirviente para inmersión de troncos de árboles sin barreras o sistemas protectores es un comportamiento impropio de una empresa prudente, porque por cualquier circunstancia, es posible que trabajadores y aun, extraños que por allí transiten, caigan a su interior, con consecuencias semejantes a la ocurrida en el presente caso. Las fotografías que rolan a fojas 47 y 48 del sumario sanitario que se tuvo a la vista, así lo revelan. SEXTO: Que tan evidente es lo que se acaba de señalar, que la propia demandada, con posterioridad a los hechos de la causa, como lo declaran los testigos suyos Pedro Angel Acuña Casas a fojas 43 y Orlando del Carmen Lara Sanhueza a fojas 45, agregó a dicho pozo barandas protectoras para completar las que sólo en un sector de él existían, medida de prevención que fue además recomendada en el informe técnico de investigación de accidente de la Asociación Chilena de Seguridad, que rola a fojas 88

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES $5.000.000 por cada uno de ellos, en total la suma de $ 10.000.000, a la actora Juana Navarrete Flores, en representación de Alejandra Isabel Díaz Navarrete, desestimándose la demanda en lo demás. Las sumas ordenadas pagar lo serán reajustadas con el interés corriente bancario para operaciones no reajustables desde la fecha de notificación de la demanda hasta la de su pago efectivo. 2º. Que por no ser totalmente vencida no se condena en costas a la demandada. Regístrese, notifíquese. Dictada por doña Norma Elgueta Poblete, Juez Subrogante y autorizada por el señor Jaime Villalobos Ríos, Secretario Subrogante. Rol Nº 45.146-02. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de los autos, en especial en la página de fojas 91, informe que se agregó a solicitud de la demandante de acuerdo a lo resuelto a fojas 39 y que no ha sido objetado. Además, el representante de la demandada reconoce en su confesión judicial de fojas 132 (posiciones doce y diecisiete) esa circunstancia, aunque sostiene no ser necesaria la existencia de barandas, afirmación que queda desvirtuada por el hecho mismo de la ocurrencia de la caída del padre de la demandante. SÉPTIMO: Que, aun sin hacer referencia pormenorizada a las obligaciones de seguridad que pesan sobre el empleador respecto de sus trabajadores y previstas en los artículos 184 y siguientes del Código del Trabajo, las que obligan a emplear la diligencia propia de un hombre esmeradamente cuidadoso, haciéndole responder de culpa levísima (Corte Suprema, 8 agosto 2000, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 97, sección 3ª, página 152; 24 noviembre 1999, rol laboral 399-99, etcétera), la norma del derecho común de la responsabilidad, en el artículo 2329 del Código Civil “se anticipa a dar por establecida la concurrencia de los elementos necesarios para imponer dicha responsabilidad cada vez que una persona sufre un daño que constituya la razonable consecuencia de haberse ejecutado un hecho o dejado de cumplir un deber y tal acción u omisión es susceptible de perjudicar a terceros” (Corte Suprema, 24 de marzo 1981, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 78, sección 5ª, página 35, considerando 17). OCTAVO: Que ha quedado así establecida en autos, la existencia del elemento subjetivo de la responsabilidad atribuida a la demandada, al haber ésta omitido las medidas de resguardo necesarias para evitar que quienes trabajaran cerca o en labores del pozo referido cayeran en él. NOVENO: Que no aparece de los autos que la víctima directa del accidente, esto es, don Raúl Díaz Bustamante, haya incurrido, como lo sostiene la demandada en su apelación de fojas 153, en una acción temeraria al tratar de mover los trozos de madera que flotaban en el pozo ya aludido, la que habría causado el accidente. Su propio testigo Pedro Angel Acuña Casas, declarando a fojas 41, señala que era habitual que el operador de la grúa hiciese las dos funciones, de operar esa máquina y mover los trozos de madera en el pozo, y reitera lo mismo al responder al punto dos de la minuta de interrogación de fojas 29 y el testigo Carlos Remigio Palma Cifuentes a fojas 43, contestando al punto siete de la minuta de preguntas, señala que el operador de la grúa hacía las dos funciones. No se observa el por qué, realizar una operación que es necesaria en el trabajo efectuado, debería importar una acción temeraria, más aún si mover troncos de árboles que flotan en agua dentro de un pozo, no parece, según el sentido común, requerir particulares condiciones técnicas, cuya carencia pudiera explicar en quien la emprende, una acción imprudente. De este modo, la declaración de los testigos de la demandante, Pedro Angel Acuña Casas, Carlos Remigio Palma Cifuentes y Orlando del Carmen Lara Sanhueza, que declaran desde fojas 41 a 45 vuelta, no hace sino confirmar lo anterior, sin que pueda entenderse que en el hecho haya existido culpa causal de la víctima directa. DÉCIMO: Que, en lo que concierne al daño moral o no patrimonial producido a la demandante, es indudable. Como consecuencia del accidente laboral, perdió la vida su padre, cuando ella acababa de cumplir seis años, como resulta del certificado de nacimiento de fojas 2, hecho que, sin duda, produce normalmente consecuencias en la integridad psíquica de una persona, protegida por la Constitución Política como primera garantía constitucional (artículo 19 Nº 1), sin que exista ningún antecedente en autos que determine que esas consecuencias no se hayan producido también en el caso. Ha sido una constante en la jurisprudencia nacional entender que, en tal caso, se produce un daño afectivo, que es una de las especies más clásicas de daño moral. Y, en cuanto a la suma reparatoria de este daño, habrá que estarse a los parámetros comunes que la fijan en casos semejantes, de forma que la suma de $ 50.000.000 es adecuada para ello y teniendo en cuenta que el monto de la reparación, más aún en esta especie de daño queda entregado al Juez, como lo reconoce la doctrina y la doctrina constante (Fernando Fueyo L., “El daño moral es materia que siempre dependerá de la sabiduría de los Jueces”, en Gaceta Jurídica 123, página 14; José Luis Diez Sch., “El daño extracontractual”, página 249), particularmente si la demandante, como ocurre en el caso, propuso una suma, pero dejó entregado al tribunal su determinación, como lo indica en la petición de fojas 9. DECIMOPRIMERO: Que no ocurre lo mismo con el daño patrimonial reclamado bajo la base de un lucro cesante, puesto que para hacerlo, la demandante proyecta la remuneración de la víctima directa al momento de su fallecimiento durante lo que entiende ser vida laboral útil normal de una persona, y

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de los autos, en especial en la página de fojas 91, informe que se agregó a solicitud de la demandante de acuerdo a lo resuelto a fojas 39 y que no ha sido objetado. Además, el representante de la demandada reconoce en su confesión judicial de fojas 132 (posiciones doce y diecisiete) esa circunstancia, aunque sostiene no ser necesaria la existencia de barandas, afirmación que queda desvirtuada por el hecho mismo de la ocurrencia de la caída del padre de la demandante. SÉPTIMO: Que, aun sin hacer referencia pormenorizada a las obligaciones de seguridad que pesan sobre el empleador respecto de sus trabajadores y previstas en los artículos 184 y siguientes del Código del Trabajo, las que obligan a emplear la diligencia propia de un hombre esmeradamente cuidadoso, haciéndole responder de culpa levísima (Corte Suprema, 8 agosto 2000, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 97, sección 3ª, página 152; 24 noviembre 1999, rol laboral 399-99, etcétera), la norma del derecho común de la responsabilidad, en el artículo 2329 del Código Civil “se anticipa a dar por establecida la concurrencia de los elementos necesarios para imponer dicha responsabilidad cada vez que una persona sufre un daño que constituya la razonable consecuencia de haberse ejecutado un hecho o dejado de cumplir un deber y tal acción u omisión es susceptible de perjudicar a terceros” (Corte Suprema, 24 de marzo 1981, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 78, sección 5ª, página 35, considerando 17). OCTAVO: Que ha quedado así establecida en autos, la existencia del elemento subjetivo de la responsabilidad atribuida a la demandada, al haber ésta omitido las medidas de resguardo necesarias para evitar que quienes trabajaran cerca o en labores del pozo referido cayeran en él. NOVENO: Que no aparece de los autos que la víctima directa del accidente, esto es, don Raúl Díaz Bustamante, haya incurrido, como lo sostiene la demandada en su apelación de fojas 153, en una acción temeraria al tratar de mover los trozos de madera que flotaban en el pozo ya aludido, la que habría causado el accidente. Su propio testigo Pedro Angel Acuña Casas, declarando a fojas 41, señala que era habitual que el operador de la grúa hiciese las dos funciones, de operar esa máquina y mover los trozos de madera en el pozo, y reitera lo mismo al responder al punto dos de la minuta de interrogación de fojas 29 y el testigo Carlos Remigio Palma Cifuentes a fojas 43, contestando al punto siete de la minuta de preguntas, señala que el operador de la grúa hacía las dos funciones. No se observa el por qué, realizar una operación que es necesaria en el trabajo efectuado, debería importar una acción temeraria, más aún si mover troncos de árboles que flotan en agua dentro de un pozo, no parece, según el sentido común, requerir particulares condiciones técnicas, cuya carencia pudiera explicar en quien la emprende, una acción imprudente. De este modo, la declaración de los testigos de la demandante, Pedro Angel Acuña Casas, Carlos Remigio Palma Cifuentes y Orlando del Carmen Lara Sanhueza, que declaran desde fojas 41 a 45 vuelta, no hace sino confirmar lo anterior, sin que pueda entenderse que en el hecho haya existido culpa causal de la víctima directa. DÉCIMO: Que, en lo que concierne al daño moral o no patrimonial producido a la demandante, es indudable. Como consecuencia del accidente laboral, perdió la vida su padre, cuando ella acababa de cumplir seis años, como resulta del certificado de nacimiento de fojas 2, hecho que, sin duda, produce normalmente consecuencias en la integridad psíquica de una persona, protegida por la Constitución Política como primera garantía constitucional (artículo 19 Nº 1), sin que exista ningún antecedente en autos que determine que esas consecuencias no se hayan producido también en el caso. Ha sido una constante en la jurisprudencia nacional entender que, en tal caso, se produce un daño afectivo, que es una de las especies más clásicas de daño moral. Y, en cuanto a la suma reparatoria de este daño, habrá que estarse a los parámetros comunes que la fijan en casos semejantes, de forma que la suma de $ 50.000.000 es adecuada para ello y teniendo en cuenta que el monto de la reparación, más aún en esta especie de daño queda entregado al Juez, como lo reconoce la doctrina y la doctrina constante (Fernando Fueyo L., “El daño moral es materia que siempre dependerá de la sabiduría de los Jueces”, en Gaceta Jurídica 123, página 14; José Luis Diez Sch., “El daño extracontractual”, página 249), particularmente si la demandante, como ocurre en el caso, propuso una suma, pero dejó entregado al tribunal su determinación, como lo indica en la petición de fojas 9. DECIMOPRIMERO: Que no ocurre lo mismo con el daño patrimonial reclamado bajo la base de un lucro cesante, puesto que para hacerlo, la demandante proyecta la remuneración de la víctima directa al momento de su fallecimiento durante lo que entiende ser vida laboral útil normal de una persona, y

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ya es jurisprudencia constante que esa argumentación se basa en supuestos por lo demás aleatorios, lejanos al carácter de certeza que exige el daño (Corte de Apelaciones de Chillán, 12 enero 2004, Semana Jurídica Nº 208, sentencia 2, página 9; Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de septiembre 2002, Fallos del Mes Nº 509, sentencia 2, página 560; 9 julio 2002, Fallos del Mes Nº 510, sentencia 6, página 959), aunque nada impide que el tribunal, ante la evidencia que existe pérdida, fije prudencialmente su evaluación monetaria (Corte de Apelaciones de Concepción, 12 enero 2000, rol laboral 167-99; Corte de Apelaciones de Santiago, 01 de agosto 2000, rol laboral 583-2000; Corte de Apelaciones de San Miguel, 23 de marzo 2000, rol laboral 2907-2000). Pero en autos no existe prueba alguna que acredite que la víctima directa don Raúl Díaz proporcionaba la mantención de la demandante ni cuánto era su ingreso al tiempo de su muerte, pues ésta sólo acompañó a su demanda una copia de un contrato de trabajo de 1994 y además, sin indicación alguna de su objeto probatorio, de forma que no dejó al sentenciador en condiciones de determinar la existencia del lucro cesante, ni proporcionó elemento alguno para apreciar su monto. DECIMOSEGUNDO: Que en autos sólo ha deducido acción indemnizatoria doña Alejandra Díaz Navarrete representada por su madre doña Juana Navarrete Flores, sin que ésta haya accionado por sí, de modo que ninguna reparación cabe asignar a ésta. Por esas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil y 160 y 170 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada de catorce de julio de dos mil tres, escrita de fojas 140 a 148, en cuanto condena a la demandada a pagar la suma de $ 5.000.000 por concepto de daño lucro cesante a la demandante Alejandra Isabel Díaz Navarrete y a doña Juana Navarrete Flores, y en su lugar se declara que no se hace lugar a la indemnización demandada por ese daño, y se la confirma en lo demás, con declaración que se fija en cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) el monto de la reparación que por daño moral debe pagar la demandada Empresa Maderas Rarinco Limitada a doña Alejandra Isabel Díaz Navarrete, la que deberá reajustarse de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la presente sentencia hasta su pago efectivo. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción del Abogado Integrante señor Ramón Domínguez Águila. Proveído por los Ministros en Propiedad de la Tercera Sala señora Isaura Quintana Guerra, señor Jaime Solís Pino e Integrante señor Ramón Domínguez Águila. Rol Nº 3.361-2003.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA Santiago, cinco de octubre de dos mil seis. A fojas 183, a lo principal y otrosí, téngase presente. VISTOS: Atendido el mérito de los antecedentes, en especial de la certificación de fojas 181 aparece que el recurrente no compareció en tiempo ante este Tribunal a seguir el recurso. En efecto, la presentación que rola a fojas 183 es extemporánea, y de conformidad, además lo dispuesto en los artículos 200, 201 y 779 del Código de Procedimiento Civil, se declaran desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de fojas 172, respectivamente, en contra de la sentencia de uno de agosto último, escrita a fojas 166. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Rol Nº 4.601-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica, Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Ricardo Peralta. Autorizado por la Secretaria Subrogante señora Carola A. Herrera Brummer.

Santiago, cinco de octubre de dos mil seis. A fojas 183, a lo principal y otrosí, téngase presente. VISTOS: Atendido el mérito de los antecedentes, en especial de la certificación de fojas 181 aparece que el recurrente no compareció en tiempo ante este Tribunal a seguir el recurso. En efecto, la presentación que rola a fojas 183 es extemporánea, y de conformidad, además lo dispuesto en los artículos 200, 201 y 779 del Código de Procedimiento Civil, se declaran desiertos los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de fojas 172, respectivamente, en contra de la sentencia de uno de agosto último, escrita a fojas 166. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Rol Nº 4.601-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica, Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Ricardo Peralta. Autorizado por la Secretaria Subrogante señora Carola A. Herrera Brummer.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA ya es jurisprudencia constante que esa argumentación se basa en supuestos por lo demás aleatorios, lejanos al carácter de certeza que exige el daño (Corte de Apelaciones de Chillán, 12 enero 2004, Semana Jurídica Nº 208, sentencia 2, página 9; Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de septiembre 2002, Fallos del Mes Nº 509, sentencia 2, página 560; 9 julio 2002, Fallos del Mes Nº 510, sentencia 6, página 959), aunque nada impide que el tribunal, ante la evidencia que existe pérdida, fije prudencialmente su evaluación monetaria (Corte de Apelaciones de Concepción, 12 enero 2000, rol laboral 167-99; Corte de Apelaciones de Santiago, 01 de agosto 2000, rol laboral 583-2000; Corte de Apelaciones de San Miguel, 23 de marzo 2000, rol laboral 2907-2000). Pero en autos no existe prueba alguna que acredite que la víctima directa don Raúl Díaz proporcionaba la mantención de la demandante ni cuánto era su ingreso al tiempo de su muerte, pues ésta sólo acompañó a su demanda una copia de un contrato de trabajo de 1994 y además, sin indicación alguna de su objeto probatorio, de forma que no dejó al sentenciador en condiciones de determinar la existencia del lucro cesante, ni proporcionó elemento alguno para apreciar su monto. DECIMOSEGUNDO: Que en autos sólo ha deducido acción indemnizatoria doña Alejandra Díaz Navarrete representada por su madre doña Juana Navarrete Flores, sin que ésta haya accionado por sí, de modo que ninguna reparación cabe asignar a ésta. Por esas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil y 160 y 170 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada de catorce de julio de dos mil tres, escrita de fojas 140 a 148, en cuanto condena a la demandada a pagar la suma de $ 5.000.000 por concepto de daño lucro cesante a la demandante Alejandra Isabel Díaz Navarrete y a doña Juana Navarrete Flores, y en su lugar se declara que no se hace lugar a la indemnización demandada por ese daño, y se la confirma en lo demás, con declaración que se fija en cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) el monto de la reparación que por daño moral debe pagar la demandada Empresa Maderas Rarinco Limitada a doña Alejandra Isabel Díaz Navarrete, la que deberá reajustarse de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la presente sentencia hasta su pago efectivo. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción del Abogado Integrante señor Ramón Domínguez Águila. Proveído por los Ministros en Propiedad de la Tercera Sala señora Isaura Quintana Guerra, señor Jaime Solís Pino e Integrante señor Ramón Domínguez Águila. Rol Nº 3.361-2003. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Los Andes, treinta de marzo de dos mil cuatro. VISTOS: Don Hugo Botto Oakley, abogado, en representación y como mandatario judicial de doña Elba Guillermina Contreras Sepúlveda, dueña de casa, don José Jilberto Castro Castro, jubilado, don Víctor Iván Castro Contreras, empleado, don Fernando del Carmen Castro Contreras, empleado, don José Luis Castro Contreras, empleado, don Jorge Gilberto Castro Contreras, profesor, doña María Mireya Castro Contreras, dueña de casa, don Guillermo Emiliano Castro Contreras, empleado, todos domiciliados en San Clemente, Población 5 de Abril, Las Dalias Nº 496, deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra de la empresa Codelco Chile División Andina, del giro minería, representada por don Carlos Rubilar Ottone, gerente general e ingeniero, ambos con domicilio en oficinas generales de Saladillo y en Los Andes, O’Higgins Nº 475, y en contra de la Sociedad Geovitta S.A., empresa del giro ingenieril, representada por don José Manuel Hernández Hernández, ingeniero, ambos con domicilio en Santiago, Conchalí, Barón de Juras Reales Nº 5296. Funda su demanda en el hecho que el día 27 de marzo de 1997, a las 01:00 horas aproximadamente, el señor Sergio Castro Contreras, de 27 años, ayudante minero, contratado por la empresa Geovitta S.A., sociedad a su vez contratada por Codelco Chile División Andina, en momentos que desempeñaba labores de trabajo sobre una plataforma dentro de un pique de perforación, en la mina subterránea de Codelco Chile División Andina, cayó por el espacio que quedaba entre la plataforma y la caja del pique, resbalando y cayendo por el pique piloto de 2,4 metros de diámetro hasta el nivel 17 1/2, desde una altura de 241 metros. Agrega el actor que la causa del accidente sufrido por el fallecido señor Sergio Contreras se encuentra en las circunstancias de que a éste, sin la experiencia necesaria para laborar en una faena riesgosa en vista de la altura en que se desarrolla, se le hizo trabajar en condiciones poco seguras, ya que la plataforma de trabajo no tenía barandas exteriores de protección y no se había colocado la malla de seguridad necesaria bajo la plataforma de trabajo, tampoco se había implementado el sistema de doble cola de seguridad. Señala además el actor, que en el lugar y faena en que ocurrió el accidente se encontraban cinco ayudantes de minero, en tanto que, tres tenían la calidad de maestros mineros, es decir, en una compleja y riesgosa faena se encontraban trabajando menos personas con experiencia. En cuanto al derecho, expresa el actor que la muerte del señor Sergio Castro Contreras tuvo como causa la omisión de las medidas de seguridad necesarias, trasgrediendo las empresas señaladas no sólo las normas del Código Civil, sino además diversos reglamentos, es decir existió una forma descuidada y culposa de actuar y realizar los trabajos al momento de ocurrir el fatal accidente. Señala el actor como normas legales de las cuales se desprende la responsabilidad de las demandada el artículo 44 del Código Civil en relación con los artículos 2284, 2314, 2316 y 2329 del mismo cuerpo legal; así como el decreto 745, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo, especialmente sus artículos 3º y 33, según los cuales debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores, asimismo cita el artículo 171 del Código del Trabajo y, el Reglamento de Seguridad Minera, en cuyo artículo 15 se establece que no se podrán ejecutar trabajos en los que no se hayan tomado todas las medidas para proteger la integridad de los trabajadores y cuyo artículo 21 prescribe que el traspaso de una faena minera a terceros a cualquier tipo que no sea traslaticio de dominio, no exime a la empresa minera de sus obligaciones relacionadas con la conservación de la faena ni de sus responsabilidad hacia terceros. En cuanto al daño, señala el actor que es evidente la existencia de un daño extra patrimonial sufrido por sus representados, ya que la muerte del que a la sazón era hijo y hermano de los demandantes, según el caso, ha causado a éstos sufrimiento que de hecho no superarán quizás nunca, daño moral cuya reparación se demanda en la acción intentada.

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 3980-2006 Cita online: CL/JUR/7231/2006

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 3980-2006 Cita online: CL/JUR/7231/2006

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Los Andes, treinta de marzo de dos mil cuatro. VISTOS: Don Hugo Botto Oakley, abogado, en representación y como mandatario judicial de doña Elba Guillermina Contreras Sepúlveda, dueña de casa, don José Jilberto Castro Castro, jubilado, don Víctor Iván Castro Contreras, empleado, don Fernando del Carmen Castro Contreras, empleado, don José Luis Castro Contreras, empleado, don Jorge Gilberto Castro Contreras, profesor, doña María Mireya Castro Contreras, dueña de casa, don Guillermo Emiliano Castro Contreras, empleado, todos domiciliados en San Clemente, Población 5 de Abril, Las Dalias Nº 496, deduce demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra de la empresa Codelco Chile División Andina, del giro minería, representada por don Carlos Rubilar Ottone, gerente general e ingeniero, ambos con domicilio en oficinas generales de Saladillo y en Los Andes, O’Higgins Nº 475, y en contra de la Sociedad Geovitta S.A., empresa del giro ingenieril, representada por don José Manuel Hernández Hernández, ingeniero, ambos con domicilio en Santiago, Conchalí, Barón de Juras Reales Nº 5296. Funda su demanda en el hecho que el día 27 de marzo de 1997, a las 01:00 horas aproximadamente, el señor Sergio Castro Contreras, de 27 años, ayudante minero, contratado por la empresa Geovitta S.A., sociedad a su vez contratada por Codelco Chile División Andina, en momentos que desempeñaba labores de trabajo sobre una plataforma dentro de un pique de perforación, en la mina subterránea de Codelco Chile División Andina, cayó por el espacio que quedaba entre la plataforma y la caja del pique, resbalando y cayendo por el pique piloto de 2,4 metros de diámetro hasta el nivel 17 1/2, desde una altura de 241 metros. Agrega el actor que la causa del accidente sufrido por el fallecido señor Sergio Contreras se encuentra en las circunstancias de que a éste, sin la experiencia necesaria para laborar en una faena riesgosa en vista de la altura en que se desarrolla, se le hizo trabajar en condiciones poco seguras, ya que la plataforma de trabajo no tenía barandas exteriores de protección y no se había colocado la malla de seguridad necesaria bajo la plataforma de trabajo, tampoco se había implementado el sistema de doble cola de seguridad. Señala además el actor, que en el lugar y faena en que ocurrió el accidente se encontraban cinco ayudantes de minero, en tanto que, tres tenían la calidad de maestros mineros, es decir, en una compleja y riesgosa faena se encontraban trabajando menos personas con experiencia. En cuanto al derecho, expresa el actor que la muerte del señor Sergio Castro Contreras tuvo como causa la omisión de las medidas de seguridad necesarias, trasgrediendo las empresas señaladas no sólo las normas del Código Civil, sino además diversos reglamentos, es decir existió una forma descuidada y culposa de actuar y realizar los trabajos al momento de ocurrir el fatal accidente. Señala el actor como normas legales de las cuales se desprende la responsabilidad de las demandada el artículo 44 del Código Civil en relación con los artículos 2284, 2314, 2316 y 2329 del mismo cuerpo legal; así como el decreto 745, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo, especialmente sus artículos 3º y 33, según los cuales debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores, asimismo cita el artículo 171 del Código del Trabajo y, el Reglamento de Seguridad Minera, en cuyo artículo 15 se establece que no se podrán ejecutar trabajos en los que no se hayan tomado todas las medidas para proteger la integridad de los trabajadores y cuyo artículo 21 prescribe que el traspaso de una faena minera a terceros a cualquier tipo que no sea traslaticio de dominio, no exime a la empresa minera de sus obligaciones relacionadas con la conservación de la faena ni de sus responsabilidad hacia terceros. En cuanto al daño, señala el actor que es evidente la existencia de un daño extra patrimonial sufrido por sus representados, ya que la muerte del que a la sazón era hijo y hermano de los demandantes, según el caso, ha causado a éstos sufrimiento que de hecho no superarán quizás nunca, daño moral cuya reparación se demanda en la acción intentada.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Pide el actor se declare que las demandadas deben pagar solidariamente por concepto de daño moral las siguientes sumas: $ 80.000.000 a doña Elba Guillermina Contreras Sepúlveda, madre del fallecido señor Castro Contreras; $ 80.000.000 a don José Jilberto Castro Castro, padre del fallecido señor Castro Contreras y $ 50.000.000 a cada uno de los siguientes hermanos del fallecido: 1. don Víctor Iván Castro Contreras, 2. don Fernando del Carmen Castro Contreras, 3. don José Luis Castro Contreras, 4. don José Gilberto Castro Contreras, 5. doña María Mireya Castro Contreras y 6. don Guillermo Emiliano Castro Contreras, con reajustes conforme a la variación en el Índice de Precios al Consumidor, entre el mes de marzo de 1997 y el día del pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables desde el día de la notificación de la demanda hasta el día del pago efectivo, con costas. A fs. 85 don Sergio Uteau de Vos, abogado, en representación de la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, contestó la demanda, expresando, en cuanto a los hechos, que el día 12 de julio de 1996, Codelco Chile División Andina suscribió contrato con la empresa Geovitta S.A., contrato cuya numeración indica, denominado “Obras de Desarrollo y Ventilación”, en el cual la contratista Geovitta asume exclusiva responsabilidad por los accidentes que afecten a sus trabajadores en los lugares de trabajo; que la última etapa de dicho trabajo fue el desquinche, ensanchamiento del pique a su diámetro final de 7,8 metros por medio de cargas explosivas controladas, y fortificación de las paredes mediante perforaciones distanciadas e inyección de lechada, mezcla de agua, cemento y acelerante de fraguado, para insertar los pernos que sujetarían a las paredes del pique la malla de fortificación, en esta etapa se usaron las plataformas de trabajo y la jaula metálica, compuesta la primera por dos pisos de 37 metros cuadrados cada uno, siendo el superior de posicionamiento para la jaula de traslado y el inferior de trabajo propiamente tal, estos dos pisos estaban unidos por cuatro columnas de acero de cuatro metros de altura y una escalera central, en el piso inferior, y uniendo las columnas a una altura aproximada de 1,5 metros se instaló un cable de acero de 3,4 centímetros de diámetro al cual se afianzaban las colas de seguridad del personal, el cuadrado delimitado por las cuatro columnas más el cable de acero formaba el denominado “ring de seguridad” de tres por tres metros, dentro del cual debían todos los trabajadores realizar el cambio de enganche de la cola al trasladarse por la plataforma, agrega el demandado que para el desarrollo de las obras Geovitta estudió, redactó y envió para su aprobación por el Servicio Nacional de Geología y Minería un reglamento de trabajo exhaustivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Seguridad Minera, el que fue aprobado por Sernageomin mediante resolución Nº 11 del 15 de enero de 1997; en dicho reglamento, artículo 6.5, inciso 3º se establece: “en todo momento el personal deberá permanecer amarrado con su cola de seguridad”. Señala además el apoderado de la demandada que Geovitta, en cumplimiento de las cláusulas contractuales, disposiciones legales y procedimientos auto impuestos, procedió a distribuir, informar y repasar estas normativas y procedimientos con todo su personal. Se agrega en la contestación de la demanda, que el día del accidente, 27 de marzo de 1997, aproximadamente a la una de la mañana, la plataforma de trabajo se encontraba en uno de los piques de ventilación ya mencionados, 31,7 metros por debajo del brocal del Nivel 11 completamente asegurada e inmóvil por medio de cuatro “lanzas” que presionaban contra las paredes del pique, impidiendo su desplazamiento lateral; sobre ellas se encontraban trabajando en labores de fortificación del pique ocho trabajadores de la empresa Geovitta, entre ellos el señor Sergio Castro, quien era el encargado de inyectar la lechada en las perforaciones, que al terminar de inyectar lechada en la perforación en que estaba trabajando, el occiso hizo señas con su lámpara al operario de la bomba de lechada, señor Andolfo Godoy, para que interrumpiera el bombeo y así desplazarse a la siguiente perforación, como se había hecho en innumerables oportunidades, que detenido el bombeo el occiso de desplazó hacia su derecha con la intención de inyectar lechada en la siguiente perforación, pero al hacerlo se vio impedido de avanzar por haber alcanzado su cola el máximo de extensión, que en este momento, el señor Castro debió respetar el procedimiento de trabajo, esto es, debió haber ingresado al ring de seguridad para cambiar el enganche de su cola desde un costado del pilar de la plataforma al otro y regresar a su labor saliendo nuevamente por debajo del cable de acero, pues bien, el señor Castro, violando todas las instrucciones en este sentido, desenganchó su cola no desde el cable perimetral sino de su cinturón y además permaneciendo fuera del ring de seguridad, trasgrediendo en forma flagrante los procedimientos establecidos, que instantes después se produjo el accidente, cayendo el occiso por el espacio

Pide el actor se declare que las demandadas deben pagar solidariamente por concepto de daño moral las siguientes sumas: $ 80.000.000 a doña Elba Guillermina Contreras Sepúlveda, madre del fallecido señor Castro Contreras; $ 80.000.000 a don José Jilberto Castro Castro, padre del fallecido señor Castro Contreras y $ 50.000.000 a cada uno de los siguientes hermanos del fallecido: 1. don Víctor Iván Castro Contreras, 2. don Fernando del Carmen Castro Contreras, 3. don José Luis Castro Contreras, 4. don José Gilberto Castro Contreras, 5. doña María Mireya Castro Contreras y 6. don Guillermo Emiliano Castro Contreras, con reajustes conforme a la variación en el Índice de Precios al Consumidor, entre el mes de marzo de 1997 y el día del pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables desde el día de la notificación de la demanda hasta el día del pago efectivo, con costas. A fs. 85 don Sergio Uteau de Vos, abogado, en representación de la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, contestó la demanda, expresando, en cuanto a los hechos, que el día 12 de julio de 1996, Codelco Chile División Andina suscribió contrato con la empresa Geovitta S.A., contrato cuya numeración indica, denominado “Obras de Desarrollo y Ventilación”, en el cual la contratista Geovitta asume exclusiva responsabilidad por los accidentes que afecten a sus trabajadores en los lugares de trabajo; que la última etapa de dicho trabajo fue el desquinche, ensanchamiento del pique a su diámetro final de 7,8 metros por medio de cargas explosivas controladas, y fortificación de las paredes mediante perforaciones distanciadas e inyección de lechada, mezcla de agua, cemento y acelerante de fraguado, para insertar los pernos que sujetarían a las paredes del pique la malla de fortificación, en esta etapa se usaron las plataformas de trabajo y la jaula metálica, compuesta la primera por dos pisos de 37 metros cuadrados cada uno, siendo el superior de posicionamiento para la jaula de traslado y el inferior de trabajo propiamente tal, estos dos pisos estaban unidos por cuatro columnas de acero de cuatro metros de altura y una escalera central, en el piso inferior, y uniendo las columnas a una altura aproximada de 1,5 metros se instaló un cable de acero de 3,4 centímetros de diámetro al cual se afianzaban las colas de seguridad del personal, el cuadrado delimitado por las cuatro columnas más el cable de acero formaba el denominado “ring de seguridad” de tres por tres metros, dentro del cual debían todos los trabajadores realizar el cambio de enganche de la cola al trasladarse por la plataforma, agrega el demandado que para el desarrollo de las obras Geovitta estudió, redactó y envió para su aprobación por el Servicio Nacional de Geología y Minería un reglamento de trabajo exhaustivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Seguridad Minera, el que fue aprobado por Sernageomin mediante resolución Nº 11 del 15 de enero de 1997; en dicho reglamento, artículo 6.5, inciso 3º se establece: “en todo momento el personal deberá permanecer amarrado con su cola de seguridad”. Señala además el apoderado de la demandada que Geovitta, en cumplimiento de las cláusulas contractuales, disposiciones legales y procedimientos auto impuestos, procedió a distribuir, informar y repasar estas normativas y procedimientos con todo su personal. Se agrega en la contestación de la demanda, que el día del accidente, 27 de marzo de 1997, aproximadamente a la una de la mañana, la plataforma de trabajo se encontraba en uno de los piques de ventilación ya mencionados, 31,7 metros por debajo del brocal del Nivel 11 completamente asegurada e inmóvil por medio de cuatro “lanzas” que presionaban contra las paredes del pique, impidiendo su desplazamiento lateral; sobre ellas se encontraban trabajando en labores de fortificación del pique ocho trabajadores de la empresa Geovitta, entre ellos el señor Sergio Castro, quien era el encargado de inyectar la lechada en las perforaciones, que al terminar de inyectar lechada en la perforación en que estaba trabajando, el occiso hizo señas con su lámpara al operario de la bomba de lechada, señor Andolfo Godoy, para que interrumpiera el bombeo y así desplazarse a la siguiente perforación, como se había hecho en innumerables oportunidades, que detenido el bombeo el occiso de desplazó hacia su derecha con la intención de inyectar lechada en la siguiente perforación, pero al hacerlo se vio impedido de avanzar por haber alcanzado su cola el máximo de extensión, que en este momento, el señor Castro debió respetar el procedimiento de trabajo, esto es, debió haber ingresado al ring de seguridad para cambiar el enganche de su cola desde un costado del pilar de la plataforma al otro y regresar a su labor saliendo nuevamente por debajo del cable de acero, pues bien, el señor Castro, violando todas las instrucciones en este sentido, desenganchó su cola no desde el cable perimetral sino de su cinturón y además permaneciendo fuera del ring de seguridad, trasgrediendo en forma flagrante los procedimientos establecidos, que instantes después se produjo el accidente, cayendo el occiso por el espacio ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de aproximadamente ochenta centímetros que quedaba entre, la plataforma de trabajo y la pared del pique. Señala el apoderado de la demandada que la causa principal de este accidente es la contravención por el propio accidentado de los reglamentos y procedimientos de seguridad establecidos para el trabajo en cuestión, al realizar el occiso una maniobra temeraria fuera de toda lógica y práctica operacional, desestimando la principal medida de seguridad establecida para el trabajo de desquinche y fortificación: el uso permanente e insustituible de la cola de seguridad. Señala finalmente el apoderado de la demandada, en cuanto a los hechos, que es necesario y relevante para determinar la causa del accidente ponderar la circunstancia que al momento de éste el occiso presentaba una alcoholemia de 0,99 gramos por ciento, con presencia además de 2,27 gramos por ciento de metanol. En cuanto al derecho, el apoderado de la demandada expresa que en el tema de la responsabilidad extracontractual nuestro Código Civil recoge en forma irrestricta la teoría de responsabilidad subjetiva que requiere culpa del dependiente, con contadas excepciones; señala enseguida los requisitos que deben concurrir para que se produzca la obligación de indemnizar por parte de las empresas, entre ellos el que el acto u omisión que provoca daño haya sido cometido por una persona natural, dotada del discernimiento necesario para darse cuenta del acto que ejecuta. Agrega a continuación el apoderado de la demandada que es un punto no discutido en nuestra legislación que las personas jurídicas no puedan cometer delitos o cuasidelitos y, sólo pueden ser responsables civilmente por los cometidos por sus funcionarios, empleados o dependientes, que en la medida que los actores no identifican en la demanda certeramente a un agente responsable de las negligencias que se le imputan a la División, no se divisa cómo ella pueda ser responsable por una supuesta negligencia no atribuida directamente a persona natural alguna que tenga con ella un vínculo de dependencia. Se refiere a continuación el representante de la demandada a las infracciones reglamentarias acusadas en la demanda, expresando que ellas no existieron. Concluye que el accidente que da lugar al libelo de la demanda se produjo sin la intervención de terceras personas y por un hecho imputable sólo a la imprudencia del trabajador fallecido, quien cometió el grave y fatal error de desprenderse de su cola de seguridad y transitar sin ella fuera del ring de seguridad, violando de ese modo las instrucciones contenidas en el reglamento elaborado y aplicado por su empleador la empresa Geovitta, que como consecuencia de lo expuesto no es posible señalar persona alguna a la cual se le puede imputar un hecho que mediando culpa o dolo sea la causa del accidente, que al no haber una persona natural responsable del accidente no se dan los requisitos básicos para que proceda la responsabilidad extracontractual; agrega que aun en la hipótesis que en nuestro derecho se acogiese el principio de la responsabilidad doblemente objetiva de la empresa y que efectivamente hubo violación reglamentaria, no nacería la obligación extracontractual de reparar el daño moral dado que no existiría relación causal entre el hecho y el daño, porque la causa del accidente fue la propia conducta del occiso, que en relación con este punto existe una circunstancia de la mayor relevancia, cual es el estado de intemperancia alcohólica en que se encontraba el occiso al momento del accidente, ya que como consta en el informe de alcoholemia que rola a fs. 118 del expediente penal, el occiso presentaba una alcoholemia de 0,99 gramos por ciento de alcohol etílico además de la presencia de 2,27 gramos por ciento de alcohol metílico, que en todo caso, la empresa Geovitta asumió contractual y legalmente las consecuencias de eventuales actos ilícitos o dañinos que ocurrieran en las obras cuya ejecución se le encomendó. Pide se rechace la demanda, en todas sus partes, con costas. A fs. 111 don Juan Pablo González Molina, abogado, domiciliado en Santiago, Amunátegui Nº 277, oficina Nº 900, en representación judicial de Geovitta S.A., sociedad comercial, representada legalmente por don José Manuel Hernández Hernández, ingeniero civil, ambos domiciliados en Santiago, Barón de Juras Reales Nº 5296, Comuna de Conchalí, y también en la ciudad de Los Andes, Avda. Santa Teresa Nº 46, contestó la demanda expresando, en cuanto a los hechos, que el día 27 de marzo de 1997, a las 00:45 horas aproximadamente, en el pique de inyección Nº 2 del Nivel 11 en las dependencias de la mina subterránea de Codelco Chile, División Andina, y en circunstancias que el trabajador don Sergio Enrique Castro Contreras trabajaba en la plataforma ubicada en el pique referido junto a otros siete trabajadores en labores de fortificación del mismo, todos ellos asegurados con sus colas de seguridad, repentinamente al cambiar de posición dentro de la plataforma que constituía su espacio de trabajo, se

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de aproximadamente ochenta centímetros que quedaba entre, la plataforma de trabajo y la pared del pique. Señala el apoderado de la demandada que la causa principal de este accidente es la contravención por el propio accidentado de los reglamentos y procedimientos de seguridad establecidos para el trabajo en cuestión, al realizar el occiso una maniobra temeraria fuera de toda lógica y práctica operacional, desestimando la principal medida de seguridad establecida para el trabajo de desquinche y fortificación: el uso permanente e insustituible de la cola de seguridad. Señala finalmente el apoderado de la demandada, en cuanto a los hechos, que es necesario y relevante para determinar la causa del accidente ponderar la circunstancia que al momento de éste el occiso presentaba una alcoholemia de 0,99 gramos por ciento, con presencia además de 2,27 gramos por ciento de metanol. En cuanto al derecho, el apoderado de la demandada expresa que en el tema de la responsabilidad extracontractual nuestro Código Civil recoge en forma irrestricta la teoría de responsabilidad subjetiva que requiere culpa del dependiente, con contadas excepciones; señala enseguida los requisitos que deben concurrir para que se produzca la obligación de indemnizar por parte de las empresas, entre ellos el que el acto u omisión que provoca daño haya sido cometido por una persona natural, dotada del discernimiento necesario para darse cuenta del acto que ejecuta. Agrega a continuación el apoderado de la demandada que es un punto no discutido en nuestra legislación que las personas jurídicas no puedan cometer delitos o cuasidelitos y, sólo pueden ser responsables civilmente por los cometidos por sus funcionarios, empleados o dependientes, que en la medida que los actores no identifican en la demanda certeramente a un agente responsable de las negligencias que se le imputan a la División, no se divisa cómo ella pueda ser responsable por una supuesta negligencia no atribuida directamente a persona natural alguna que tenga con ella un vínculo de dependencia. Se refiere a continuación el representante de la demandada a las infracciones reglamentarias acusadas en la demanda, expresando que ellas no existieron. Concluye que el accidente que da lugar al libelo de la demanda se produjo sin la intervención de terceras personas y por un hecho imputable sólo a la imprudencia del trabajador fallecido, quien cometió el grave y fatal error de desprenderse de su cola de seguridad y transitar sin ella fuera del ring de seguridad, violando de ese modo las instrucciones contenidas en el reglamento elaborado y aplicado por su empleador la empresa Geovitta, que como consecuencia de lo expuesto no es posible señalar persona alguna a la cual se le puede imputar un hecho que mediando culpa o dolo sea la causa del accidente, que al no haber una persona natural responsable del accidente no se dan los requisitos básicos para que proceda la responsabilidad extracontractual; agrega que aun en la hipótesis que en nuestro derecho se acogiese el principio de la responsabilidad doblemente objetiva de la empresa y que efectivamente hubo violación reglamentaria, no nacería la obligación extracontractual de reparar el daño moral dado que no existiría relación causal entre el hecho y el daño, porque la causa del accidente fue la propia conducta del occiso, que en relación con este punto existe una circunstancia de la mayor relevancia, cual es el estado de intemperancia alcohólica en que se encontraba el occiso al momento del accidente, ya que como consta en el informe de alcoholemia que rola a fs. 118 del expediente penal, el occiso presentaba una alcoholemia de 0,99 gramos por ciento de alcohol etílico además de la presencia de 2,27 gramos por ciento de alcohol metílico, que en todo caso, la empresa Geovitta asumió contractual y legalmente las consecuencias de eventuales actos ilícitos o dañinos que ocurrieran en las obras cuya ejecución se le encomendó. Pide se rechace la demanda, en todas sus partes, con costas. A fs. 111 don Juan Pablo González Molina, abogado, domiciliado en Santiago, Amunátegui Nº 277, oficina Nº 900, en representación judicial de Geovitta S.A., sociedad comercial, representada legalmente por don José Manuel Hernández Hernández, ingeniero civil, ambos domiciliados en Santiago, Barón de Juras Reales Nº 5296, Comuna de Conchalí, y también en la ciudad de Los Andes, Avda. Santa Teresa Nº 46, contestó la demanda expresando, en cuanto a los hechos, que el día 27 de marzo de 1997, a las 00:45 horas aproximadamente, en el pique de inyección Nº 2 del Nivel 11 en las dependencias de la mina subterránea de Codelco Chile, División Andina, y en circunstancias que el trabajador don Sergio Enrique Castro Contreras trabajaba en la plataforma ubicada en el pique referido junto a otros siete trabajadores en labores de fortificación del mismo, todos ellos asegurados con sus colas de seguridad, repentinamente al cambiar de posición dentro de la plataforma que constituía su espacio de trabajo, se

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vio limitado en su movimiento por la cola de seguridad, la que imprudentemente desenganchó desde el extremo conectado a su cinturón y al encontrarse fuera del ring de seguridad perdió el equilibrio y se precipitó intempestivamente por el pique entre el espacio existente entre la plataforma y la pared del mismo, con consecuencias fatales. Señala el representante de la demandada Geovitta S.A. que el trabajador infringió los procedimientos generales y especiales establecidos para su seguridad y la del resto de los trabajadores, al encontrarse bajo la influencia del alcohol y el metanol y al haber él mismo desenganchado del extremo de su cinturón la cola de seguridad. En cuanto a los fundamentos de la demanda, expresa entender que ésta se enmarca dentro del estatuto de la responsabilidad extracontractual, señalando como fundamento de la misma la omisión de las medidas de seguridad necesarias, fundamentando su pretensión en el actuar negligente de las demandadas por haber omitido los cuidados y precauciones necesarios por la peligrosidad de las faenas, pues se han tomado las medidas pertinentes pero ellas no han sido cumplidas por parte de las empresas, lo que configuraría su culpabilidad, que señala el actor las demandadas son responsables en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil, sin indicar quiénes serían los autores a quienes imputa la comisión del ilícito causante del daño. En cuanto a la causalidad agrega el compareciente que el señor Castro se sacó voluntariamente y sin autorización la cola de seguridad. En cuanto a la prevención de riesgos, expresa el apoderado de Geovitta, que ésta a la fecha del accidente trabajaba en la División Andina en calidad de contratista y se elaboró así un procedimiento de trabajo que denomina PT Nº 15 para desquinchar y fortificar pique unión de calefactores, usando plataforma metálica y jaula de pasajeros, el que fue enviado al Servicio Nacional de Geología y Minería, quien tras revisarlo lo aprobó por resolución Nº 0011 de enero de 1997, que además se instruyó a los trabajadores respecto a dicho procedimiento mediante charlas de 15 minutos y se les proporcionó equipos de seguridad completos, que entre las medidas de seguridad establecidas se encontraba la obligación de permanecer todo el personal amarrado a los elementos de seguridad instalados en el pique, entre los que se cuenta las colas de seguridad. En cuanto al derecho, el representante de Geovitta expone una síntesis de los requisitos doctrinales para la procedencia de la indemnización de perjuicios, entre los cuales se extiende, a fs. 121, respecto a los requisitos para que se produzca la presunción de culpa por el hecho ajeno. En análisis de los requisitos en relación a los hechos de la demanda, señala que el daño debe acreditarse, que la única ilicitud radica en la conducta del trabajador, cual es sacarse la cola de seguridad y encontrarse bajo la influencia del alcohol, circunstancias que son además, la causa directa del accidente, que en cuanto a la culpabilidad o responsabilidad en la demanda de autos, no se indica quién sería el autor material del daño ni cuál sería el hecho ilícito. En cuanto a las trasgresiones alegadas por la demandante, las analiza una a una a partir de fs. 123, expresando que ellas no existieron. En cuanto al monto del daño demandado lo estima manifiestamente desproporcionado, siendo la pretensión arbitraria, sin apoyo fáctico ni jurídico. Concluye pidiendo se rechace la demanda en todas sus partes, con costas. A fs. 132 don Hugo Botto Oakley, por la demandante, evacuó el trámite de réplica respecto de Codelco Chile, expresando que la cláusula del contrato entre Codelco y Geovitta, en cuanto a esta última asume exclusiva responsabilidad por los accidentes que afectan a sus trabajadores, no le empece en virtud del efecto relativo de los contratos; que es importante tener en consideración que el evento de autos fue un accidente del trabajo y, en consecuencia, es aplicable la presunción general de culpa que está presente en éstos, dado que como lo señala don Arturo Alessandri Rodríguez en materia de accidentes del trabajo la fuerza mayor sólo exime de responsabilidad cuando consiste en un hecho exterior a la empresa o industria, que el accidente ocurrió por la utilización de un procedimiento inseguro de trabajo; que en el caso de autos la culpa de las demandadas se configura por la trasgresión de ley y reglamentos, lo que se denomina culpa contra la legalidad, que todos los trabajadores de la faena en que se accidentó el señor Castro eran dependientes de Geovitta S.A. y ésta a su turno trabajaba para Codelco División Andina y en ninguna norma ni jurisprudencia se señala que es necesario individualizar a la persona natural por la cual responde la empresa, que en cuanto al hecho de haberse encontrado el

vio limitado en su movimiento por la cola de seguridad, la que imprudentemente desenganchó desde el extremo conectado a su cinturón y al encontrarse fuera del ring de seguridad perdió el equilibrio y se precipitó intempestivamente por el pique entre el espacio existente entre la plataforma y la pared del mismo, con consecuencias fatales. Señala el representante de la demandada Geovitta S.A. que el trabajador infringió los procedimientos generales y especiales establecidos para su seguridad y la del resto de los trabajadores, al encontrarse bajo la influencia del alcohol y el metanol y al haber él mismo desenganchado del extremo de su cinturón la cola de seguridad. En cuanto a los fundamentos de la demanda, expresa entender que ésta se enmarca dentro del estatuto de la responsabilidad extracontractual, señalando como fundamento de la misma la omisión de las medidas de seguridad necesarias, fundamentando su pretensión en el actuar negligente de las demandadas por haber omitido los cuidados y precauciones necesarios por la peligrosidad de las faenas, pues se han tomado las medidas pertinentes pero ellas no han sido cumplidas por parte de las empresas, lo que configuraría su culpabilidad, que señala el actor las demandadas son responsables en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil, sin indicar quiénes serían los autores a quienes imputa la comisión del ilícito causante del daño. En cuanto a la causalidad agrega el compareciente que el señor Castro se sacó voluntariamente y sin autorización la cola de seguridad. En cuanto a la prevención de riesgos, expresa el apoderado de Geovitta, que ésta a la fecha del accidente trabajaba en la División Andina en calidad de contratista y se elaboró así un procedimiento de trabajo que denomina PT Nº 15 para desquinchar y fortificar pique unión de calefactores, usando plataforma metálica y jaula de pasajeros, el que fue enviado al Servicio Nacional de Geología y Minería, quien tras revisarlo lo aprobó por resolución Nº 0011 de enero de 1997, que además se instruyó a los trabajadores respecto a dicho procedimiento mediante charlas de 15 minutos y se les proporcionó equipos de seguridad completos, que entre las medidas de seguridad establecidas se encontraba la obligación de permanecer todo el personal amarrado a los elementos de seguridad instalados en el pique, entre los que se cuenta las colas de seguridad. En cuanto al derecho, el representante de Geovitta expone una síntesis de los requisitos doctrinales para la procedencia de la indemnización de perjuicios, entre los cuales se extiende, a fs. 121, respecto a los requisitos para que se produzca la presunción de culpa por el hecho ajeno. En análisis de los requisitos en relación a los hechos de la demanda, señala que el daño debe acreditarse, que la única ilicitud radica en la conducta del trabajador, cual es sacarse la cola de seguridad y encontrarse bajo la influencia del alcohol, circunstancias que son además, la causa directa del accidente, que en cuanto a la culpabilidad o responsabilidad en la demanda de autos, no se indica quién sería el autor material del daño ni cuál sería el hecho ilícito. En cuanto a las trasgresiones alegadas por la demandante, las analiza una a una a partir de fs. 123, expresando que ellas no existieron. En cuanto al monto del daño demandado lo estima manifiestamente desproporcionado, siendo la pretensión arbitraria, sin apoyo fáctico ni jurídico. Concluye pidiendo se rechace la demanda en todas sus partes, con costas. A fs. 132 don Hugo Botto Oakley, por la demandante, evacuó el trámite de réplica respecto de Codelco Chile, expresando que la cláusula del contrato entre Codelco y Geovitta, en cuanto a esta última asume exclusiva responsabilidad por los accidentes que afectan a sus trabajadores, no le empece en virtud del efecto relativo de los contratos; que es importante tener en consideración que el evento de autos fue un accidente del trabajo y, en consecuencia, es aplicable la presunción general de culpa que está presente en éstos, dado que como lo señala don Arturo Alessandri Rodríguez en materia de accidentes del trabajo la fuerza mayor sólo exime de responsabilidad cuando consiste en un hecho exterior a la empresa o industria, que el accidente ocurrió por la utilización de un procedimiento inseguro de trabajo; que en el caso de autos la culpa de las demandadas se configura por la trasgresión de ley y reglamentos, lo que se denomina culpa contra la legalidad, que todos los trabajadores de la faena en que se accidentó el señor Castro eran dependientes de Geovitta S.A. y ésta a su turno trabajaba para Codelco División Andina y en ninguna norma ni jurisprudencia se señala que es necesario individualizar a la persona natural por la cual responde la empresa, que en cuanto al hecho de haberse encontrado el ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

accidentado bajo la influencia del alcohol, señal que éste tomaba un medicamento que puede haber tenido influencia con la alcoholemia, que a lo más podría estimarse esto como una concurrencia de culpas y podría rebajarse prudencialmente el monto de la indemnización pero jamás eximir de responsabilidad a las demandadas. A fs. 138 don Hugo Botto Oakley, por la demandante, evacuó el trámite de réplica respecto a la demandada Geovitta S.A., señalando en cuanto a la argumentación de las demandadas de haberse sobreseído la causa criminal, que es perfectamente concebible que un hecho pueda calificarse como no constitutivo de delito o cuasidelito criminal y constituir sin embargo cuasidelito civil. A fs. 145 don Sergio Uteau de Vos, por la demandada Codelco Chile, evacuó el trámite de dúplica, expresando que su representada cumplió oportuna y cabalmente el artículo 16 del Reglamento de Seguridad Minera, puesto que exigió a su contratista Geovitta redactar y enviar para su aprobación al Servicio Nacional de Geología y Minería reglamentos y normativas específicas del trabajo encomendado. Señala que el demandante insiste, erradamente, en que el juicio de autos es un procedimiento por accidente del trabajo, para lo cual cita a Arturo Alessandri Rodríguez quien en el párrafo citado se refiere específicamente a los accidentes del trabajo y no a un juicio ordinario de responsabilidad extracontractual, que el demandante no se decide por la responsabilidad contractual de trabajo o por la extracontractual civil, que a los actores no les ampara ninguna presunción general de culpa y que, por lo contrario, les incumbe la carga de la prueba de los requisitos que los artículos 2314 y siguientes del Código Civil exigen para que una persona jurídica pueda ser sujeto pasivo de una demanda de indemnización de perjuicios extracontractual; cita el apoderado de Codelco Chile el artículo 2325 del Código Civil en apoyo de la tesis de ser necesaria la individualización de la persona natural responsable por cuya acción u omisión responde la empresa. Reitera asimismo que la ingesta alcohólica del fallecido y el desengancharse de su cola de seguridad constituyó exposición imprudente al daño. A fs. 151 don Juan Pablo González Molina, por Geovitta S.A., evacuó el trámite de dúplica reiterando argumentaciones anteriores. A fs. 181 rola causa acumulada en la cual don Hugo Botto Oakley, ya individualizado en autos, en representación de don Jorge Alejandro Castro Contreras y don Alejandro Patricio Castro Contreras, hermanos de don Sergio Enrique Castro Contreras, ambos empleados, domiciliados en San Clemente, Población 5 de abril, Las Dalias Nº 496, demanda a Codelco Chile División Andina y a Geovitta S.A., ambas ya individualizadas, por los mismos hechos y los mismos fundamentos de derecho que la demanda principal a la cual ésta fue acumulada. Los actores piden se condene a las demandada a pagar a cada uno de ellos la suma de $ 50.000.000 a título de indemnización por el daño moral ocasionado por el fallecimiento de su hermano don Sergio Enrique Castro Contreras, con reajustes, intereses y costas. A fs. 260 don Sergio Uteau de Vos, por la División Andina de la Corporación Nacional de Cobre, ambos ya individualizados, contestó la demanda acumulada expresando argumentaciones análogas a las empleadas en la demanda principal. A fs. 273 don Roberto Fasani Puelma, abogado, domiciliado en Santiago, Amunátegui Nº 277, oficina Nº 900, en representación de Geovitta S.A., sociedad comercial, representada legalmente por don José Manuel Hernández Núñez, ingeniero civil, ambos domiciliados en la ciudad de Santiago, Barón de Juras Reales Nº 5296, Comuna de Conchalí, contestó la demanda de la causa acumulada, expresando argumentos análogos a los de la contestación de la causa principal. A fs. 294 don Ezio Coda Castillo, por la demandante, evacuó trámite de réplica correspondiente a la causa acumulada. A fs. 302 don Sergio Uteau de Vos, por la demandada Codelco Chile División Andina, evacuó trámite de dúplica en la causa acumulada. A fs. 307 don Roberto Fasani Puelma, por la demandada Geovitta S.A., evacuó trámite de dúplica en la causa acumulada. A fs. 320 se efectuó comparendo de conciliación, con asistencia del apoderado de los actores y de los apoderados de las demandadas, no lográndose conciliación.

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accidentado bajo la influencia del alcohol, señal que éste tomaba un medicamento que puede haber tenido influencia con la alcoholemia, que a lo más podría estimarse esto como una concurrencia de culpas y podría rebajarse prudencialmente el monto de la indemnización pero jamás eximir de responsabilidad a las demandadas. A fs. 138 don Hugo Botto Oakley, por la demandante, evacuó el trámite de réplica respecto a la demandada Geovitta S.A., señalando en cuanto a la argumentación de las demandadas de haberse sobreseído la causa criminal, que es perfectamente concebible que un hecho pueda calificarse como no constitutivo de delito o cuasidelito criminal y constituir sin embargo cuasidelito civil. A fs. 145 don Sergio Uteau de Vos, por la demandada Codelco Chile, evacuó el trámite de dúplica, expresando que su representada cumplió oportuna y cabalmente el artículo 16 del Reglamento de Seguridad Minera, puesto que exigió a su contratista Geovitta redactar y enviar para su aprobación al Servicio Nacional de Geología y Minería reglamentos y normativas específicas del trabajo encomendado. Señala que el demandante insiste, erradamente, en que el juicio de autos es un procedimiento por accidente del trabajo, para lo cual cita a Arturo Alessandri Rodríguez quien en el párrafo citado se refiere específicamente a los accidentes del trabajo y no a un juicio ordinario de responsabilidad extracontractual, que el demandante no se decide por la responsabilidad contractual de trabajo o por la extracontractual civil, que a los actores no les ampara ninguna presunción general de culpa y que, por lo contrario, les incumbe la carga de la prueba de los requisitos que los artículos 2314 y siguientes del Código Civil exigen para que una persona jurídica pueda ser sujeto pasivo de una demanda de indemnización de perjuicios extracontractual; cita el apoderado de Codelco Chile el artículo 2325 del Código Civil en apoyo de la tesis de ser necesaria la individualización de la persona natural responsable por cuya acción u omisión responde la empresa. Reitera asimismo que la ingesta alcohólica del fallecido y el desengancharse de su cola de seguridad constituyó exposición imprudente al daño. A fs. 151 don Juan Pablo González Molina, por Geovitta S.A., evacuó el trámite de dúplica reiterando argumentaciones anteriores. A fs. 181 rola causa acumulada en la cual don Hugo Botto Oakley, ya individualizado en autos, en representación de don Jorge Alejandro Castro Contreras y don Alejandro Patricio Castro Contreras, hermanos de don Sergio Enrique Castro Contreras, ambos empleados, domiciliados en San Clemente, Población 5 de abril, Las Dalias Nº 496, demanda a Codelco Chile División Andina y a Geovitta S.A., ambas ya individualizadas, por los mismos hechos y los mismos fundamentos de derecho que la demanda principal a la cual ésta fue acumulada. Los actores piden se condene a las demandada a pagar a cada uno de ellos la suma de $ 50.000.000 a título de indemnización por el daño moral ocasionado por el fallecimiento de su hermano don Sergio Enrique Castro Contreras, con reajustes, intereses y costas. A fs. 260 don Sergio Uteau de Vos, por la División Andina de la Corporación Nacional de Cobre, ambos ya individualizados, contestó la demanda acumulada expresando argumentaciones análogas a las empleadas en la demanda principal. A fs. 273 don Roberto Fasani Puelma, abogado, domiciliado en Santiago, Amunátegui Nº 277, oficina Nº 900, en representación de Geovitta S.A., sociedad comercial, representada legalmente por don José Manuel Hernández Núñez, ingeniero civil, ambos domiciliados en la ciudad de Santiago, Barón de Juras Reales Nº 5296, Comuna de Conchalí, contestó la demanda de la causa acumulada, expresando argumentos análogos a los de la contestación de la causa principal. A fs. 294 don Ezio Coda Castillo, por la demandante, evacuó trámite de réplica correspondiente a la causa acumulada. A fs. 302 don Sergio Uteau de Vos, por la demandada Codelco Chile División Andina, evacuó trámite de dúplica en la causa acumulada. A fs. 307 don Roberto Fasani Puelma, por la demandada Geovitta S.A., evacuó trámite de dúplica en la causa acumulada. A fs. 320 se efectuó comparendo de conciliación, con asistencia del apoderado de los actores y de los apoderados de las demandadas, no lográndose conciliación.

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A fs. 324 en auto complementado a fs. 341, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos. Se citó a las partes para oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a las objeciones documentarias. PRIMERO: Que, a fs. 361, don Ezio Coda Casillo, por la demandante, objeta todos los documentos acompañados por la demandada, fundándose en que se trata de copias simples, cuya autenticidad e integridad no le consta. SEGUNDO: Que, sin embargo, el apoderado de la demandante no ha señalado a cuál de las dos demandadas se refiere ni indica la foja a la cual se habrían acompañado los documentos que objeta ni tampoco la foja en que éstos rolarían. TERCERO: Que, en consecuencia, la objeción de fs. 361 debe ser rechazada. CUARTO: Que, a fs. 490, don Sergio Uteau de Vos, por Codelco Chile División Andina, objeta los documentos acompañados por la demandante a fs. 462, fundándose en que se trata de fotocopias de instrumentos públicos cuya autenticidad e integridad no le constan. QUINTO: Que, en efecto, los documentos objetados, acompañados a fs. 462, se encuentran en la situación señalada en la objeción de fs. 490 y, en consecuencia, ésta debe ser acogida. SEXTO: Que, a fs. 496, primer otrosí, don Germán Ovalle Madrid, objeta documentos acompañados por el actor a fs. 462 Nºs. 20 a 23, y que rolan a fs. 456 a 460, fundándose en que se trata de copias simples de certificados médicos cuya autenticidad e integridad no le constan. SÉPTIMO: Que, en consecuencia, los señalados documentos se tendrán por no reconocidos, sin perjuicio de la evaluación que el Tribunal hará de su mérito probatorio como fundamento de presunción. En cuanto a las tachas. OCTAVO: Que, a fs. 371, la parte demandante deduce tacha en contra del testigo Marco Dasencich, por las causales de artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, las que funda en haber expresado el testigo que su empleador es Codelco Chile División Salvador, y que ocupa el cargo de subgerente de calidad y medio ambiente. NOVENO: Que, sin embargo, atendido que el testigo se desempeña en la División Salvador, entidad distinta a la demandada División Andina y que, por otra parte, en los hechos del trabajo prácticamente siempre los posibles testigos son empleados de la empresa, el Tribunal rechazará la tacha. DÉCIMO: Que, a fs. 384, la demandante tacha al testigo Jorge Castillo por las causales del artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en haber declarado el testigo que su empleador es Codelco Chile División Andina, y que es jefe de gestión de unidad y medio ambiente. DECIMOPRIMERO: Que, sin embargo, atendida la calificación profesional del testigo y el hecho ya señalado respecto a que en los accidentes ocurridos en la mina, los testigos son generalmente empleados de la empresa, el Tribunal rechazará la tacha. DECIMOSEGUNDO: Que, a fs. 395, la demandante tacha al testigo Isaías Ibacache, por las causales del artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal, las que funda en haber declarado el testigo que su empleador es Codelco Chile, División Andina y que su cargo es de superintendente de control de riesgos operacionales. DECIMOTERCERO: Que, sin embargo, por las razones señaladas en relación con las tachas anteriores, consistentes en el hecho de que prácticamente todos los posibles testigos son trabajadores de las empresas, la tacha será rechazada, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará del mérito probatorio de los dichos del testigo. DECIMOCUARTO: Que, a fs. 406, la demandante tacha al testigo Jorge Contreras, por las causales del artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, las que funda en haber expresado el testigo que su empleador es Codelco Chile División Andina y que su cargo es administrador de obras. DECIMOQUINTO: Que, sin embargo, por las consideraciones realizadas en relación con las tachas precedentes, el Tribunal rechazará la tacha, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará del mérito probatorio de los dichos del testigo. DECIMOSEXTO: Que, a fs. 114, exhorto rol Nº 22-2000, tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de Talca, la demandada Geovitta S.A., formula tacha en contra del testigo Luis Albornoz, por la causal del

A fs. 324 en auto complementado a fs. 341, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos. Se citó a las partes para oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: En cuanto a las objeciones documentarias. PRIMERO: Que, a fs. 361, don Ezio Coda Casillo, por la demandante, objeta todos los documentos acompañados por la demandada, fundándose en que se trata de copias simples, cuya autenticidad e integridad no le consta. SEGUNDO: Que, sin embargo, el apoderado de la demandante no ha señalado a cuál de las dos demandadas se refiere ni indica la foja a la cual se habrían acompañado los documentos que objeta ni tampoco la foja en que éstos rolarían. TERCERO: Que, en consecuencia, la objeción de fs. 361 debe ser rechazada. CUARTO: Que, a fs. 490, don Sergio Uteau de Vos, por Codelco Chile División Andina, objeta los documentos acompañados por la demandante a fs. 462, fundándose en que se trata de fotocopias de instrumentos públicos cuya autenticidad e integridad no le constan. QUINTO: Que, en efecto, los documentos objetados, acompañados a fs. 462, se encuentran en la situación señalada en la objeción de fs. 490 y, en consecuencia, ésta debe ser acogida. SEXTO: Que, a fs. 496, primer otrosí, don Germán Ovalle Madrid, objeta documentos acompañados por el actor a fs. 462 Nºs. 20 a 23, y que rolan a fs. 456 a 460, fundándose en que se trata de copias simples de certificados médicos cuya autenticidad e integridad no le constan. SÉPTIMO: Que, en consecuencia, los señalados documentos se tendrán por no reconocidos, sin perjuicio de la evaluación que el Tribunal hará de su mérito probatorio como fundamento de presunción. En cuanto a las tachas. OCTAVO: Que, a fs. 371, la parte demandante deduce tacha en contra del testigo Marco Dasencich, por las causales de artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, las que funda en haber expresado el testigo que su empleador es Codelco Chile División Salvador, y que ocupa el cargo de subgerente de calidad y medio ambiente. NOVENO: Que, sin embargo, atendido que el testigo se desempeña en la División Salvador, entidad distinta a la demandada División Andina y que, por otra parte, en los hechos del trabajo prácticamente siempre los posibles testigos son empleados de la empresa, el Tribunal rechazará la tacha. DÉCIMO: Que, a fs. 384, la demandante tacha al testigo Jorge Castillo por las causales del artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en haber declarado el testigo que su empleador es Codelco Chile División Andina, y que es jefe de gestión de unidad y medio ambiente. DECIMOPRIMERO: Que, sin embargo, atendida la calificación profesional del testigo y el hecho ya señalado respecto a que en los accidentes ocurridos en la mina, los testigos son generalmente empleados de la empresa, el Tribunal rechazará la tacha. DECIMOSEGUNDO: Que, a fs. 395, la demandante tacha al testigo Isaías Ibacache, por las causales del artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal, las que funda en haber declarado el testigo que su empleador es Codelco Chile, División Andina y que su cargo es de superintendente de control de riesgos operacionales. DECIMOTERCERO: Que, sin embargo, por las razones señaladas en relación con las tachas anteriores, consistentes en el hecho de que prácticamente todos los posibles testigos son trabajadores de las empresas, la tacha será rechazada, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará del mérito probatorio de los dichos del testigo. DECIMOCUARTO: Que, a fs. 406, la demandante tacha al testigo Jorge Contreras, por las causales del artículo 358 Nºs. 5 y 6 del Código de Procedimiento Civil, las que funda en haber expresado el testigo que su empleador es Codelco Chile División Andina y que su cargo es administrador de obras. DECIMOQUINTO: Que, sin embargo, por las consideraciones realizadas en relación con las tachas precedentes, el Tribunal rechazará la tacha, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará del mérito probatorio de los dichos del testigo. DECIMOSEXTO: Que, a fs. 114, exhorto rol Nº 22-2000, tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de Talca, la demandada Geovitta S.A., formula tacha en contra del testigo Luis Albornoz, por la causal del ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

artículo 358 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en que el testigo expresa que conoce a los demandantes desde hace como diez años y ha compartido con ellos en baby fútbol, compartiendo con ellos en un bautismo y en un funeral. DECIMOSÉPTIMO: Que, sin embargo, las expresiones del testigo no constituyen, a juicio del Tribunal, la causal de tacha invocada y, en consecuencia, ésta debe ser rechazada. DECIMOCTAVO: Que, a fs. 117 vta. del mismo cuaderno de exhorto anteriormente señalado, la parte demandada Geovitta S.A. formula tacha en contra del testigo Carlos Albornoz, por la causal del artículo 358 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en haber expresado el testigo que conoce a alguno de los demandantes, que ve a los hijos aproximadamente una vez al mes y a los padres los va a visitar desde que falleció Sergio porque ellos quedaron mal y esto lo hace una vez cada tres semanas o una vez al mes, que para el día de la madre fue invitado a su casa, que para el funeral estuvo en la casa de los demandantes y después fue para el año nuevo, pero solamente para saludarlos. DECIMONOVENO: Que, sin embargo, los hechos declarados por el testigo, a juicio del Tribunal, no constituyen la amistad íntima requerida por la tacha y, en consecuencia, ésta debe ser rechazada. En cuanto al fondo. VIGÉSIMO: Que en esta causa los padres y hermanos de Sergio Enrique Castro Contreras, trabajador fallecido en las instalaciones de Codelco Chile División Andina, en circunstancias que desarrollaba trabajos para Geovitta S.A., la que a su vez trabajaba para Codelco Chile División Andina, demandan a ambas empresas pidiendo se les indemnice el daño moral que les ocasionó el fallecimiento de su hijo y hermano. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en su libelo principal, y acumulado, los actores citan el Código del Trabajo, lo cual, aun cuando los actores no señalan expresamente que invocan la responsabilidad contractual, indica que se fundan en las obligaciones que para las demandadas nacen del contrato laboral bajo el cual se desempeñaba el fallecido. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en segundo término, no existe controversia en cuanto al hecho que el señor Sergio Castro Contreras falleció en circunstancias que trabajaba para la empresa Geovitta S.A., la que a su vez trabajaba para la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, desempeñándose específicamente en el ensanchamiento de un pique de perforación en las instalaciones mineras de la División Andina, cayendo por el espacio que mediaba entre la plataforma de trabajo y la pared del pique, falleciendo a consecuencia de dicha caída. VIGÉSIMO TERCERO: Que, en tercer término, es necesario resolver si el hecho que costó la vida al señor Castro constituyó accidente del trabajo. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en efecto, las circunstancias del hecho indican claramente que la muerte del señor Castro se produjo en circunstancias que desarrollaba labores bajo contrato de trabajo para la demandada Geovitta. VIGÉSIMO QUINTO: Que, por otra parte, y a mayor abundamiento, el gerente general de Codelco División Andina, don Carlos Rubilar, declarando a fs. 674, responde a la pregunta Nº 8 de fs. 671 vta., ser efectivo que el suceso dañoso sufrido por el señor Sergio Castro fue calificado como accidente laboral. VIGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el Tribunal resolverá conforme al sentido ya señalado. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuarto término, es necesario establecer la efectividad que el trabajador, accidentado se haya desprendido de la cola de seguridad. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto, obra en primer término, informe de accidente fatal, a fs. 22 de las copias autorizadas de los autos rol Nº 56.636 2 del Primer Juzgado del Crimen de esta ciudad, en los cuales se expresa que según las declaraciones de los señores Andolfo Godoy, Luis Gutiérrez y Ariel Chávez, testigos oculares parciales de los hechos y coincidentes en sus versiones, el accidente se produjo cuando el señor Sergio Castro, al ver limitadas sus intenciones de desplazamiento por la extensión de su cola de seguridad, decidió desconectar el gancho de la cola de seguridad de la argolla de su cinturón, que después de desengancharse de su cola de seguridad cayó en el espacio que queda entre la plataforma de trabajo y la caja del pique. VIGÉSIMO NOVENO: Que, al mismo respecto, el testigo Marcos Dasencich, a fs. 372, expresa que el señor Sergio Castro sufrió una caída a distinto nivel de una altura aproximada de doscientos cuarenta metros, producto de un acto temerario de haberse sacado la cola de seguridad desde el cinturón y fuera

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

artículo 358 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en que el testigo expresa que conoce a los demandantes desde hace como diez años y ha compartido con ellos en baby fútbol, compartiendo con ellos en un bautismo y en un funeral. DECIMOSÉPTIMO: Que, sin embargo, las expresiones del testigo no constituyen, a juicio del Tribunal, la causal de tacha invocada y, en consecuencia, ésta debe ser rechazada. DECIMOCTAVO: Que, a fs. 117 vta. del mismo cuaderno de exhorto anteriormente señalado, la parte demandada Geovitta S.A. formula tacha en contra del testigo Carlos Albornoz, por la causal del artículo 358 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en haber expresado el testigo que conoce a alguno de los demandantes, que ve a los hijos aproximadamente una vez al mes y a los padres los va a visitar desde que falleció Sergio porque ellos quedaron mal y esto lo hace una vez cada tres semanas o una vez al mes, que para el día de la madre fue invitado a su casa, que para el funeral estuvo en la casa de los demandantes y después fue para el año nuevo, pero solamente para saludarlos. DECIMONOVENO: Que, sin embargo, los hechos declarados por el testigo, a juicio del Tribunal, no constituyen la amistad íntima requerida por la tacha y, en consecuencia, ésta debe ser rechazada. En cuanto al fondo. VIGÉSIMO: Que en esta causa los padres y hermanos de Sergio Enrique Castro Contreras, trabajador fallecido en las instalaciones de Codelco Chile División Andina, en circunstancias que desarrollaba trabajos para Geovitta S.A., la que a su vez trabajaba para Codelco Chile División Andina, demandan a ambas empresas pidiendo se les indemnice el daño moral que les ocasionó el fallecimiento de su hijo y hermano. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en su libelo principal, y acumulado, los actores citan el Código del Trabajo, lo cual, aun cuando los actores no señalan expresamente que invocan la responsabilidad contractual, indica que se fundan en las obligaciones que para las demandadas nacen del contrato laboral bajo el cual se desempeñaba el fallecido. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en segundo término, no existe controversia en cuanto al hecho que el señor Sergio Castro Contreras falleció en circunstancias que trabajaba para la empresa Geovitta S.A., la que a su vez trabajaba para la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, desempeñándose específicamente en el ensanchamiento de un pique de perforación en las instalaciones mineras de la División Andina, cayendo por el espacio que mediaba entre la plataforma de trabajo y la pared del pique, falleciendo a consecuencia de dicha caída. VIGÉSIMO TERCERO: Que, en tercer término, es necesario resolver si el hecho que costó la vida al señor Castro constituyó accidente del trabajo. VIGÉSIMO CUARTO: Que, en efecto, las circunstancias del hecho indican claramente que la muerte del señor Castro se produjo en circunstancias que desarrollaba labores bajo contrato de trabajo para la demandada Geovitta. VIGÉSIMO QUINTO: Que, por otra parte, y a mayor abundamiento, el gerente general de Codelco División Andina, don Carlos Rubilar, declarando a fs. 674, responde a la pregunta Nº 8 de fs. 671 vta., ser efectivo que el suceso dañoso sufrido por el señor Sergio Castro fue calificado como accidente laboral. VIGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el Tribunal resolverá conforme al sentido ya señalado. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuarto término, es necesario establecer la efectividad que el trabajador, accidentado se haya desprendido de la cola de seguridad. VIGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto, obra en primer término, informe de accidente fatal, a fs. 22 de las copias autorizadas de los autos rol Nº 56.636 2 del Primer Juzgado del Crimen de esta ciudad, en los cuales se expresa que según las declaraciones de los señores Andolfo Godoy, Luis Gutiérrez y Ariel Chávez, testigos oculares parciales de los hechos y coincidentes en sus versiones, el accidente se produjo cuando el señor Sergio Castro, al ver limitadas sus intenciones de desplazamiento por la extensión de su cola de seguridad, decidió desconectar el gancho de la cola de seguridad de la argolla de su cinturón, que después de desengancharse de su cola de seguridad cayó en el espacio que queda entre la plataforma de trabajo y la caja del pique. VIGÉSIMO NOVENO: Que, al mismo respecto, el testigo Marcos Dasencich, a fs. 372, expresa que el señor Sergio Castro sufrió una caída a distinto nivel de una altura aproximada de doscientos cuarenta metros, producto de un acto temerario de haberse sacado la cola de seguridad desde el cinturón y fuera

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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del ring de seguridad, que ha tomado conocimiento de lo declarado porque tuvo conocimiento de la investigación desarrollada por la empresa Geovitta y el Sernageomin. TRIGÉSIMO: Que, asimismo, el testigo Jorge Castillo, a fs. 389, expresa que de acuerdo a los antecedentes de que dispone, el señor Castro tuvo una actitud temeraria al sacarse la cola de seguridad desde el cinturón quedando expuesto a una caída, que en caso que el trabajador deba cambiar de posición en la plataforma, debe ubicarse al interior del ring de seguridad y en ese instante mover de posición el gancho de la cola que sujeta al ring de seguridad y no desengancharse la cola desde el cinturón. TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, por su parte, el testigo Isaías Ibacache, a fs. 400, expresa que la causa directa del accidente, según el informe correspondiente, fue un acto subestándar del trabajador, el que sacó su cola de seguridad del cinturón sin ingresar al ring establecido en la plataforma de trabajo, que tomó conocimiento de ello ya que acompañó al inspector del Sernageomin que realizó la investigación por parte de ese organismo fiscalizador, que la fuente de sus declaraciones son los informes ya elaborados por Sernageomin y por la propia empresa Geovitta. TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, finalmente, el testigo Fernando Contreras, a fs. 410, expresa que de acuerdo a la investigación realizada el trabajar se sacó la cola de seguridad fuera del ring. TRIGÉSIMO TERCERO: Que con los medios probatorios precedentemente citados, el Tribunal tiene por establecido que el señor Sergio Castro, en la oportunidad del accidente, se desprendió de su cola de seguridad fuera del ring de la plataforma. TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en quinto término esta sentencia debe pronunciarse respecto a la efectividad de haberse encontrado el señor Sergio Castro bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente. TRIGÉSIMO QUINTO: Que, a este respecto, obra en autos copia autorizada de informe de alcoholemia Nº 14559 97, a fs. 118 del cuaderno de copias de los autos criminales rol Nº 56.636 2 antes citados, del cual consta que el examen de alcoholemia de Sergio Castro determinó un resultado de 0,99 de gramos por mil de contenido alcohólico. TRIGÉSIMO SEXTO: Que, con el mérito del informe antes señalado, el Tribunal tiene por establecido que el señor Castro se desempeñaba bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente. TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en sexto término, es necesario determinar si era posible que la empresa Geovitta instalara baranda protectora, malla protectora y doble cola, ausencias que el actor señala como omisiones en su libelo. TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto, el testigo Dasencich, a fs. 374, expresa que la baranda perimetral provoca dificultad en la operación normal, particularmente despeje de marina, que la utilización de un ring de seguridad central es el standard aceptado por las entidades fiscalizadoras y ha sido utilizado en otras faenas de la misma naturaleza, que la malla de seguridad debe instalarse una vez retirada la marina, por cuanto si se ubica antes impediría la eliminación de este residuo, que la faena de retiro de marina es riesgosa por el hecho que los trabajadores deben direccionar la marina hacia un pique piloto abierto, en cambio la fortificación consiste en perforar la caja del cerro para introducir en esas perforaciones pernos de expansión, que esa faena no expone directamente a los trabajadores a caídas de distinto nivel, que ante un riesgo de planchoneo o desprendimiento de roca, lo aconsejable en las faenas mineras es despejar aquellas rocas que pudieran desprenderse y fortificar las zonas inestables. TRIGÉSIMO NOVENO: Que, al mismo respecto, el testigo Jorge Castillo, a fs. 393, expresa que el hecho que el procedimiento, el diseño tanto de la jaula como de las plataformas fuese autorizada por el Sernageomin, avala que ese sistema o método es el normalmente utilizado para este tipo de trabajo y está conceptuado para dar una seguridad adecuada a todos quienes trabajan en el área. CUADRAGÉSIMO: Que, por su parte, el testigo Jorge Contreras, a fs. 410, expresa que no es posible colocar une malla de seguridad antes de evacuar la marina porque impediría el escurrimiento de la misma. CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, asimismo, en el informe de accidente a fs. 444, que aun cuando ha sido objetado el Tribunal estima como base de presunción, no se indica como fallas de seguridad la ausencia de baranda perimetral y de malla protectora, aunque sí en las recomendaciones, a fs. 448, se indica como conveniente implementar el sistema de doble cola cuando se trabaje con condición de pique abierto, con el fin de asegurar el uso permanente de dicha cola.

del ring de seguridad, que ha tomado conocimiento de lo declarado porque tuvo conocimiento de la investigación desarrollada por la empresa Geovitta y el Sernageomin. TRIGÉSIMO: Que, asimismo, el testigo Jorge Castillo, a fs. 389, expresa que de acuerdo a los antecedentes de que dispone, el señor Castro tuvo una actitud temeraria al sacarse la cola de seguridad desde el cinturón quedando expuesto a una caída, que en caso que el trabajador deba cambiar de posición en la plataforma, debe ubicarse al interior del ring de seguridad y en ese instante mover de posición el gancho de la cola que sujeta al ring de seguridad y no desengancharse la cola desde el cinturón. TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, por su parte, el testigo Isaías Ibacache, a fs. 400, expresa que la causa directa del accidente, según el informe correspondiente, fue un acto subestándar del trabajador, el que sacó su cola de seguridad del cinturón sin ingresar al ring establecido en la plataforma de trabajo, que tomó conocimiento de ello ya que acompañó al inspector del Sernageomin que realizó la investigación por parte de ese organismo fiscalizador, que la fuente de sus declaraciones son los informes ya elaborados por Sernageomin y por la propia empresa Geovitta. TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, finalmente, el testigo Fernando Contreras, a fs. 410, expresa que de acuerdo a la investigación realizada el trabajar se sacó la cola de seguridad fuera del ring. TRIGÉSIMO TERCERO: Que con los medios probatorios precedentemente citados, el Tribunal tiene por establecido que el señor Sergio Castro, en la oportunidad del accidente, se desprendió de su cola de seguridad fuera del ring de la plataforma. TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en quinto término esta sentencia debe pronunciarse respecto a la efectividad de haberse encontrado el señor Sergio Castro bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente. TRIGÉSIMO QUINTO: Que, a este respecto, obra en autos copia autorizada de informe de alcoholemia Nº 14559 97, a fs. 118 del cuaderno de copias de los autos criminales rol Nº 56.636 2 antes citados, del cual consta que el examen de alcoholemia de Sergio Castro determinó un resultado de 0,99 de gramos por mil de contenido alcohólico. TRIGÉSIMO SEXTO: Que, con el mérito del informe antes señalado, el Tribunal tiene por establecido que el señor Castro se desempeñaba bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente. TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en sexto término, es necesario determinar si era posible que la empresa Geovitta instalara baranda protectora, malla protectora y doble cola, ausencias que el actor señala como omisiones en su libelo. TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto, el testigo Dasencich, a fs. 374, expresa que la baranda perimetral provoca dificultad en la operación normal, particularmente despeje de marina, que la utilización de un ring de seguridad central es el standard aceptado por las entidades fiscalizadoras y ha sido utilizado en otras faenas de la misma naturaleza, que la malla de seguridad debe instalarse una vez retirada la marina, por cuanto si se ubica antes impediría la eliminación de este residuo, que la faena de retiro de marina es riesgosa por el hecho que los trabajadores deben direccionar la marina hacia un pique piloto abierto, en cambio la fortificación consiste en perforar la caja del cerro para introducir en esas perforaciones pernos de expansión, que esa faena no expone directamente a los trabajadores a caídas de distinto nivel, que ante un riesgo de planchoneo o desprendimiento de roca, lo aconsejable en las faenas mineras es despejar aquellas rocas que pudieran desprenderse y fortificar las zonas inestables. TRIGÉSIMO NOVENO: Que, al mismo respecto, el testigo Jorge Castillo, a fs. 393, expresa que el hecho que el procedimiento, el diseño tanto de la jaula como de las plataformas fuese autorizada por el Sernageomin, avala que ese sistema o método es el normalmente utilizado para este tipo de trabajo y está conceptuado para dar una seguridad adecuada a todos quienes trabajan en el área. CUADRAGÉSIMO: Que, por su parte, el testigo Jorge Contreras, a fs. 410, expresa que no es posible colocar une malla de seguridad antes de evacuar la marina porque impediría el escurrimiento de la misma. CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, asimismo, en el informe de accidente a fs. 444, que aun cuando ha sido objetado el Tribunal estima como base de presunción, no se indica como fallas de seguridad la ausencia de baranda perimetral y de malla protectora, aunque sí en las recomendaciones, a fs. 448, se indica como conveniente implementar el sistema de doble cola cuando se trabaje con condición de pique abierto, con el fin de asegurar el uso permanente de dicha cola. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, además, en el informe evacuado por el sub director nacional de minería a requerimiento del Tribunal, a fs. 533, se expresa que las barandas perimetrales pueden ser reemplazadas por otras medidas de seguridad cuando las condiciones de terreno u operacionales no permiten colocar dichas barandas o su instalación puede producir riesgos de accidentes adicionales; que en el caso en análisis ellas fueron reemplazadas por cables de seguridad (cable de vida); donde los trabajadores, en todo momento deberían estar enganchados con sus respectivas colas de seguridad, que debido a que en algunas de las actividades a desarrollarse en el desquinche del pique las barandas necesariamente debían ser retiradas produciendo situaciones riesgosas adicionales a la actividad, es que era totalmente recomendable reemplazarlas por el cable de seguridad. CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, con el mérito de las declaraciones de los testigos citados, que son personas expertas en las labores de minería, y de los informes reunidos en autos, el Tribunal tiene por acreditado que no era exigible a la empresa que desarrollaba las operaciones la instalación de baranda protectora ni de malla protectora, aunque sí el uso de la doble cola y que, en consecuencia, la omisión de esta última constituye infracción a las disposiciones que obligan a la empresa empleadora a eliminar todos los factores de riesgo y tomar todas las medidas necesarias para la seguridad de los trabajadores. CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, constituye asimismo cuestión a resolver en esta sentencia, la afirmación de la demandante en el sentido que el personal que laboraba en las faenas en las cuales se produjo el siniestro y especialmente el occiso, carecían de la experiencia necesaria. CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, sin embargo, del informe de accidente a fs. 444 y siguientes, consta que la cuadrilla estaba integrada por ocho personas de las cuales tres tenían categoría de maestro minero y cinco categoría de ayudante minero y no se señala en modo alguno, ni éste ni en los otros informes, que dicha composición de la cuadrilla haya sido inadecuada ni tampoco que alguno de sus integrantes haya carecido de la experiencia y formación necesaria. CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el Tribunal tiene por no acreditada la aseveración de la demandante, en el sentido que el occiso y el personal a cargo de las operaciones carecían de la experiencia necesaria. CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, sin embargo, es efectivo, en cuanto a la omisión de medidas de seguridad por parte de la empresa en que el actor funda su demanda, que el procedimiento de trabajo acompañado a fs. 449 y siguientes, expresa a fs. 450, que se deberá tener un supervisor de punto fijo en el lugar de los trabajos. CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto, del informe de accidente fatal que rola a fs. 444 y siguientes, acompañado por los actores y que el tribunal considera base de presunción, expresa que sobre el piso de la plataforma de trabajo se encontraban ocho personas, que a continuación identifica, y sobre el techo de la plataforma se encontraba el supervisor señor Sánchez, vale decir no exactamente en el sitio de trabajo. CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, también a este respecto, el informe de fs. 718, señala a fs. 723 que debió haber habido un supervisor de punto fijo en el piso de trabajo. QUINCUAGÉSIMO: Que, en consecuencia, con los medios probatorios citados, el Tribunal tiene por establecido que las causas del accidente estuvieron constituidas por la acción del trabajador de desprenderse de la cola de seguridad y de trabajar bajo la influencia del alcohol, así como por omisiones de las empresas demandadas en cuanto a no establecer el uso de la doble cola de seguridad, medida recomendada en informe de accidente fatal a fs. 448, así como por el hecho de no encontrarse presente en el lugar de trabajo un supervisor, en cumplimiento de lo dispuesto por el procedimiento de trabajo. QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en efecto, si bien el hecho de desprenderse el trabajador de su cola de seguridad constituyó condición necesaria del accidente, contribuyó a dicho efecto la ausencia de supervisor en el lugar de trabajo, atendido que éste habría impedido el desplazamiento del trabajador después de desprenderse de la cola de seguridad. QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, a continuación debe resolverse en esta sentencia la argumentación esgrimida por la demandada Codelco División Andina, en su contestación a la demanda a fs. 85, en cuanto en el contrato celebrado con Geovitta S.A. el día 12 de julio de 1996, denominado “Obras de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, además, en el informe evacuado por el sub director nacional de minería a requerimiento del Tribunal, a fs. 533, se expresa que las barandas perimetrales pueden ser reemplazadas por otras medidas de seguridad cuando las condiciones de terreno u operacionales no permiten colocar dichas barandas o su instalación puede producir riesgos de accidentes adicionales; que en el caso en análisis ellas fueron reemplazadas por cables de seguridad (cable de vida); donde los trabajadores, en todo momento deberían estar enganchados con sus respectivas colas de seguridad, que debido a que en algunas de las actividades a desarrollarse en el desquinche del pique las barandas necesariamente debían ser retiradas produciendo situaciones riesgosas adicionales a la actividad, es que era totalmente recomendable reemplazarlas por el cable de seguridad. CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, con el mérito de las declaraciones de los testigos citados, que son personas expertas en las labores de minería, y de los informes reunidos en autos, el Tribunal tiene por acreditado que no era exigible a la empresa que desarrollaba las operaciones la instalación de baranda protectora ni de malla protectora, aunque sí el uso de la doble cola y que, en consecuencia, la omisión de esta última constituye infracción a las disposiciones que obligan a la empresa empleadora a eliminar todos los factores de riesgo y tomar todas las medidas necesarias para la seguridad de los trabajadores. CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, constituye asimismo cuestión a resolver en esta sentencia, la afirmación de la demandante en el sentido que el personal que laboraba en las faenas en las cuales se produjo el siniestro y especialmente el occiso, carecían de la experiencia necesaria. CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, sin embargo, del informe de accidente a fs. 444 y siguientes, consta que la cuadrilla estaba integrada por ocho personas de las cuales tres tenían categoría de maestro minero y cinco categoría de ayudante minero y no se señala en modo alguno, ni éste ni en los otros informes, que dicha composición de la cuadrilla haya sido inadecuada ni tampoco que alguno de sus integrantes haya carecido de la experiencia y formación necesaria. CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el Tribunal tiene por no acreditada la aseveración de la demandante, en el sentido que el occiso y el personal a cargo de las operaciones carecían de la experiencia necesaria. CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, sin embargo, es efectivo, en cuanto a la omisión de medidas de seguridad por parte de la empresa en que el actor funda su demanda, que el procedimiento de trabajo acompañado a fs. 449 y siguientes, expresa a fs. 450, que se deberá tener un supervisor de punto fijo en el lugar de los trabajos. CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto, del informe de accidente fatal que rola a fs. 444 y siguientes, acompañado por los actores y que el tribunal considera base de presunción, expresa que sobre el piso de la plataforma de trabajo se encontraban ocho personas, que a continuación identifica, y sobre el techo de la plataforma se encontraba el supervisor señor Sánchez, vale decir no exactamente en el sitio de trabajo. CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, también a este respecto, el informe de fs. 718, señala a fs. 723 que debió haber habido un supervisor de punto fijo en el piso de trabajo. QUINCUAGÉSIMO: Que, en consecuencia, con los medios probatorios citados, el Tribunal tiene por establecido que las causas del accidente estuvieron constituidas por la acción del trabajador de desprenderse de la cola de seguridad y de trabajar bajo la influencia del alcohol, así como por omisiones de las empresas demandadas en cuanto a no establecer el uso de la doble cola de seguridad, medida recomendada en informe de accidente fatal a fs. 448, así como por el hecho de no encontrarse presente en el lugar de trabajo un supervisor, en cumplimiento de lo dispuesto por el procedimiento de trabajo. QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, en efecto, si bien el hecho de desprenderse el trabajador de su cola de seguridad constituyó condición necesaria del accidente, contribuyó a dicho efecto la ausencia de supervisor en el lugar de trabajo, atendido que éste habría impedido el desplazamiento del trabajador después de desprenderse de la cola de seguridad. QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, a continuación debe resolverse en esta sentencia la argumentación esgrimida por la demandada Codelco División Andina, en su contestación a la demanda a fs. 85, en cuanto en el contrato celebrado con Geovitta S.A. el día 12 de julio de 1996, denominado “Obras de

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Desarrollo de Ventilación”, las partes convinieron mediante cláusula Nº 19 de las bases administrativas que la contratista Geovitta asume la exclusiva responsabilidad por los accidentes que afecten a sus trabajadores en los lugares de trabajo. QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, sin embargo, como lo expresa el demandante a fs. 132, dicho contrato tiene efecto sólo entre las partes, en virtud del efecto relativo de estos actos jurídicos, y no empece a la responsabilidad que conforme al artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera, corresponde a las empresas mineras por los accidentes ocurridos en sus explotaciones. QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, a continuación, es necesario hacerse cargo de los argumentos de las defensas de ambas demandadas, en el sentido de no reunirse en el caso de autos los elementos para que proceda responsabilidad por parte de dichas empresas, en conformidad a las normas del Código Civil sobre responsabilidad por el hecho ajeno. QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, en primer término, es necesario tener presente que lo demandado por el actor es indemnización fundada en omisiones de las propias demandadas, no en acciones u omisiones de terceros. QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que, en efecto, las personas jurídicas actúan necesariamente a través de personas naturales, que constituyen sus órganos y que las obligan en cuanto actúan dentro de la normativa de la persona jurídica. QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, de este modo, las acciones u omisiones de los órganos de una persona jurídica son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente. QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto Hans Kelsen, en el capítulo correspondiente de su obra “Teoría General del Derecho y del Estado”, analiza la naturaleza de la persona jurídica, de sus órganos y de sus funciones, estableciendo las conclusiones precedentemente citadas, vale decir, que la acción u omisión de los órganos de la persona jurídica es acción u omisión propia de esta misma. QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, a este mismo respecto, el artículo 552 de nuestro Código Civil, expresa que los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación. SEXAGÉSIMO: Que, por su parte, el profesor Alessandri, citado por Cristián Aedo en su obra “El daño moral en la responsabilidad contractual y extracontractual”, pág. 118, analiza la norma antes señalada expresando que “Las personas jurídicas son personal y directamente responsables de un delito o cuasidelito, sea de acción u omisión, cuando éste ha sido cometido por sus órganos, esto es por las personas naturales o por los consejos o asambleas en quienes reside la voluntad de la persona jurídica según la ley o los estatutos”. SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, consecuente con lo expresado, recayendo sobre las personas jurídicas demandadas el cuidado de las condiciones de seguridad en la explotación minera en la cual se produjo el fallecimiento del trabajador Sergio Castro, el Tribunal estima que la omisión de los órganos de aquellas en cuanto a eliminar las ocasiones de peligro es omisión de las propias demandadas. SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la existencia de culpa en la omisión en que hayan incurrido las demandadas, ella se produjo en el actuar sus órganos y alcanza a éstas ya que, según el profesor Vitorio Pescio, se entiende por culpa la omisión de cualquier deber, según el profesor Ramón Meza Barros, la culpa es la falta de cuidado ordinario que los hombres emplean normalmente en sus negocios, y según el profesor Fuello, la culpa contractual y extracontractual es la falta de diligencia en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, en cambio, el Tribunal desestima la argumentación del actor en cuanto a haber existido descuido por parte de las demandadas al no detectar el hecho de encontrarse el trabajador bajo la influencia del alcohol, atendido lo expresado en el informe de fs. 683, en el sentido que los niveles de alcohol que presentaba el occiso eran bajos y por tanto no manifestaban signos o síntomas clínicos evidentes. SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a la existencia del daño cuya indemnización piden los actores, se ha acreditado los parentescos invocados por éstos con los certificados de nacimiento que rolan a fs. 58 y siguientes y 177 y 178. SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, respecto al daño moral sufrido por los actores a consecuencia de la muerte de Sergio Castro, obran en autos los siguientes medios probatorios:

Desarrollo de Ventilación”, las partes convinieron mediante cláusula Nº 19 de las bases administrativas que la contratista Geovitta asume la exclusiva responsabilidad por los accidentes que afecten a sus trabajadores en los lugares de trabajo. QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, sin embargo, como lo expresa el demandante a fs. 132, dicho contrato tiene efecto sólo entre las partes, en virtud del efecto relativo de estos actos jurídicos, y no empece a la responsabilidad que conforme al artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera, corresponde a las empresas mineras por los accidentes ocurridos en sus explotaciones. QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, a continuación, es necesario hacerse cargo de los argumentos de las defensas de ambas demandadas, en el sentido de no reunirse en el caso de autos los elementos para que proceda responsabilidad por parte de dichas empresas, en conformidad a las normas del Código Civil sobre responsabilidad por el hecho ajeno. QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, en primer término, es necesario tener presente que lo demandado por el actor es indemnización fundada en omisiones de las propias demandadas, no en acciones u omisiones de terceros. QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que, en efecto, las personas jurídicas actúan necesariamente a través de personas naturales, que constituyen sus órganos y que las obligan en cuanto actúan dentro de la normativa de la persona jurídica. QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, de este modo, las acciones u omisiones de los órganos de una persona jurídica son acciones y omisiones de esta misma y la obligan directamente. QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, a este respecto Hans Kelsen, en el capítulo correspondiente de su obra “Teoría General del Derecho y del Estado”, analiza la naturaleza de la persona jurídica, de sus órganos y de sus funciones, estableciendo las conclusiones precedentemente citadas, vale decir, que la acción u omisión de los órganos de la persona jurídica es acción u omisión propia de esta misma. QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Que, a este mismo respecto, el artículo 552 de nuestro Código Civil, expresa que los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación. SEXAGÉSIMO: Que, por su parte, el profesor Alessandri, citado por Cristián Aedo en su obra “El daño moral en la responsabilidad contractual y extracontractual”, pág. 118, analiza la norma antes señalada expresando que “Las personas jurídicas son personal y directamente responsables de un delito o cuasidelito, sea de acción u omisión, cuando éste ha sido cometido por sus órganos, esto es por las personas naturales o por los consejos o asambleas en quienes reside la voluntad de la persona jurídica según la ley o los estatutos”. SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, consecuente con lo expresado, recayendo sobre las personas jurídicas demandadas el cuidado de las condiciones de seguridad en la explotación minera en la cual se produjo el fallecimiento del trabajador Sergio Castro, el Tribunal estima que la omisión de los órganos de aquellas en cuanto a eliminar las ocasiones de peligro es omisión de las propias demandadas. SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la existencia de culpa en la omisión en que hayan incurrido las demandadas, ella se produjo en el actuar sus órganos y alcanza a éstas ya que, según el profesor Vitorio Pescio, se entiende por culpa la omisión de cualquier deber, según el profesor Ramón Meza Barros, la culpa es la falta de cuidado ordinario que los hombres emplean normalmente en sus negocios, y según el profesor Fuello, la culpa contractual y extracontractual es la falta de diligencia en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, en cambio, el Tribunal desestima la argumentación del actor en cuanto a haber existido descuido por parte de las demandadas al no detectar el hecho de encontrarse el trabajador bajo la influencia del alcohol, atendido lo expresado en el informe de fs. 683, en el sentido que los niveles de alcohol que presentaba el occiso eran bajos y por tanto no manifestaban signos o síntomas clínicos evidentes. SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a la existencia del daño cuya indemnización piden los actores, se ha acreditado los parentescos invocados por éstos con los certificados de nacimiento que rolan a fs. 58 y siguientes y 177 y 178. SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, respecto al daño moral sufrido por los actores a consecuencia de la muerte de Sergio Castro, obran en autos los siguientes medios probatorios: ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

a) Informe sicológico a fs. 657, emitido por doña Thamar Álvarez Vega, sicóloga, perito judicial, en el cual, efectuados los análisis clínicos que se detallan, se concluye que los Castro Contreras, refiriéndose así a los actores, impresionan como un grupo familiar unido y compenetrado, que ha desarrollado a lo largo de los cuatro años anteriores al informe, estrategias para superar la pérdida del hijo y hermano menor, Sergio Enrique, apoyándose y acogiéndose los unos a los otros; que, sin embargo, a nivel individual se observa la existencia de sentimientos y actitudes de desesperanza, impotencia, tristeza e inestabilidad emocional que evidencian el daño moral sufrido a consecuencia de dicha pérdida; que, en efecto, cada uno de los miembros de la familia Castro Contreras ha visto afectada su vida a nivel emocional y afectiva. b) Declaraciones de Luis Alberto Albornoz, a fs. 114, del cuaderno de exhorto tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de Talca, quien expresa que el muchacho era el menor de la familia, muy apegado a su madre, que debido a su muerte el padre sufrió un derrame cerebral que aún lo tiene enfermo, que el dolor de esa familia es irreparable, nunca más se volverá a reparar el daño sicológico ni otros, que la madre sufrió trastornos y enfermedades sicológicas, que la ve decaída, la ha visto llorando en el cementerio, que a los hermanos les ha significado bastante dolor, porque era muy tranquilo y andaban siempre juntos, que el sufrimiento y dolor general que ha tenido la familia se manifiesta en el decaimiento de ésta y ya no están como antes. c) Declaraciones de Carlos Albornoz, a fs. 117 del cuaderno antes señalado, quien, declarando al punto 4, expresa constarle el sufrimiento que tiene constantemente la familia Castro Contreras, que ya no son los mismos de antes, que los ha visto a todos muy tristes y ha visto a la mamá y sus hermanos colocándole flores en el cementerio, que lo extrañan mucho porque era el hijo menor, muy unido a su familia, que a raíz de la muerte de Sergio Castro su padre sufrió un derrame cerebral, que por otra parte la madre está muy depresiva, que no duerme en las noches, que efectivamente la muerte de Sergio Castro afectó de mayor manera entre los hermanos a María Mireya, ya que era muy apegado a ella. d) Declaraciones de Patricia Almonacid, a fs. 124 del mismo cuaderno antes señalado, quien expresa que el daño moral, es decir del ánimo de la familia y las enfermedades que le ha causado a la familia, a la madre, a la hermana y al padre es irrecuperable, que la madre era persona que compartía, que iba a talleres de pintura, a centros de madres y ahora no se la ve en ninguna parte, que el padre de Sergio Castro sufrió una trombosis, porque cuando estaba esperando que llegara la carroza a la casa el caballero cayó desmayado y se lo llevó la ambulancia. e) Declaraciones de Manuel Muñoz, a fs. 126, del mismo cuaderno antes señalado, quien expresa que los daños son incalculables, que la señora se lo pasa todos los días domingos en el cementerio y le dice que no puede consolarse con nada, que los hermanos también sufrieron traumas, que al esposo le dio una trombosis y actualmente se encuentra postrado en cama. SEXAGÉSIMO SEXTO: Que con el mérito de los medios probatorios citados en el considerando precedente, el Tribunal tiene por establecido que, en efecto, los actores sufrieron daño moral considerable con la muerte de don Sergio Castro, daño que debe ser indemnizado en virtud de las disposiciones legales aplicables, especialmente el artículo 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo. SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al monto de indemnización, con el mérito de los razonamientos precedentes, el Tribunal acogerá la demanda de autos en cuanto al monto de indemnización que se pide para cada uno de los actores. SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, sin embargo, atendido que el occiso se expuso imprudentemente al daño al desprenderse de la cola de seguridad y desempeñarse bajo la influencia del alcohol, el Tribunal rebajará el monto definitivo de la indemnización en cincuenta por ciento, y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 44 y 2314 y siguientes del Código Civil, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo y 21 del Reglamento de Seguridad Minera, se declara: 1. Que se rechaza la objeción documentaria formulada a fs. 361, por don Ezio Coda. 2. Que se acoge la objeción documentaria deducida a fs. 490, por don Sergio Uteau de Vos respecto de los documentos acompañados por la demandante a fs. 462, y se tienen por no reconocidos dichos documentos, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará de ellos, como fundamentos de presunción judicial.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

a) Informe sicológico a fs. 657, emitido por doña Thamar Álvarez Vega, sicóloga, perito judicial, en el cual, efectuados los análisis clínicos que se detallan, se concluye que los Castro Contreras, refiriéndose así a los actores, impresionan como un grupo familiar unido y compenetrado, que ha desarrollado a lo largo de los cuatro años anteriores al informe, estrategias para superar la pérdida del hijo y hermano menor, Sergio Enrique, apoyándose y acogiéndose los unos a los otros; que, sin embargo, a nivel individual se observa la existencia de sentimientos y actitudes de desesperanza, impotencia, tristeza e inestabilidad emocional que evidencian el daño moral sufrido a consecuencia de dicha pérdida; que, en efecto, cada uno de los miembros de la familia Castro Contreras ha visto afectada su vida a nivel emocional y afectiva. b) Declaraciones de Luis Alberto Albornoz, a fs. 114, del cuaderno de exhorto tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de Talca, quien expresa que el muchacho era el menor de la familia, muy apegado a su madre, que debido a su muerte el padre sufrió un derrame cerebral que aún lo tiene enfermo, que el dolor de esa familia es irreparable, nunca más se volverá a reparar el daño sicológico ni otros, que la madre sufrió trastornos y enfermedades sicológicas, que la ve decaída, la ha visto llorando en el cementerio, que a los hermanos les ha significado bastante dolor, porque era muy tranquilo y andaban siempre juntos, que el sufrimiento y dolor general que ha tenido la familia se manifiesta en el decaimiento de ésta y ya no están como antes. c) Declaraciones de Carlos Albornoz, a fs. 117 del cuaderno antes señalado, quien, declarando al punto 4, expresa constarle el sufrimiento que tiene constantemente la familia Castro Contreras, que ya no son los mismos de antes, que los ha visto a todos muy tristes y ha visto a la mamá y sus hermanos colocándole flores en el cementerio, que lo extrañan mucho porque era el hijo menor, muy unido a su familia, que a raíz de la muerte de Sergio Castro su padre sufrió un derrame cerebral, que por otra parte la madre está muy depresiva, que no duerme en las noches, que efectivamente la muerte de Sergio Castro afectó de mayor manera entre los hermanos a María Mireya, ya que era muy apegado a ella. d) Declaraciones de Patricia Almonacid, a fs. 124 del mismo cuaderno antes señalado, quien expresa que el daño moral, es decir del ánimo de la familia y las enfermedades que le ha causado a la familia, a la madre, a la hermana y al padre es irrecuperable, que la madre era persona que compartía, que iba a talleres de pintura, a centros de madres y ahora no se la ve en ninguna parte, que el padre de Sergio Castro sufrió una trombosis, porque cuando estaba esperando que llegara la carroza a la casa el caballero cayó desmayado y se lo llevó la ambulancia. e) Declaraciones de Manuel Muñoz, a fs. 126, del mismo cuaderno antes señalado, quien expresa que los daños son incalculables, que la señora se lo pasa todos los días domingos en el cementerio y le dice que no puede consolarse con nada, que los hermanos también sufrieron traumas, que al esposo le dio una trombosis y actualmente se encuentra postrado en cama. SEXAGÉSIMO SEXTO: Que con el mérito de los medios probatorios citados en el considerando precedente, el Tribunal tiene por establecido que, en efecto, los actores sufrieron daño moral considerable con la muerte de don Sergio Castro, daño que debe ser indemnizado en virtud de las disposiciones legales aplicables, especialmente el artículo 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo. SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al monto de indemnización, con el mérito de los razonamientos precedentes, el Tribunal acogerá la demanda de autos en cuanto al monto de indemnización que se pide para cada uno de los actores. SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, sin embargo, atendido que el occiso se expuso imprudentemente al daño al desprenderse de la cola de seguridad y desempeñarse bajo la influencia del alcohol, el Tribunal rebajará el monto definitivo de la indemnización en cincuenta por ciento, y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 44 y 2314 y siguientes del Código Civil, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo y 21 del Reglamento de Seguridad Minera, se declara: 1. Que se rechaza la objeción documentaria formulada a fs. 361, por don Ezio Coda. 2. Que se acoge la objeción documentaria deducida a fs. 490, por don Sergio Uteau de Vos respecto de los documentos acompañados por la demandante a fs. 462, y se tienen por no reconocidos dichos documentos, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará de ellos, como fundamentos de presunción judicial.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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3. Que se acoge la objeción documentaria deducida a fs. 496, por don Germán Ovalle respecto de los documentos acompañados por la demandante a fs. 462, Nºs. 20 a 23, que rolan a fs. 456 a 460, y en consecuencia se tiene dichos documentos por no reconocidos, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará de ellos como fundamentos de presunción judicial. 4. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 371, en contra del testigo Marco Dansencich. 5. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 384, en contra del testigo Jorge Castillo. 6. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 395 en contra del testigo Isaías Ibacache. 7. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 406 en contra del testigo Jorge Contreras. 8. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 114 del exhorto rol Nº 22-2000, tramitado en el 3º Juzgado Civil de Talca, en contra del testigo Luis Albornoz. 9. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 117 vta. del exhorto rol Nº 22-2000, tramitado en el 3º Juzgado Civil de Talca, en contra del testigo Carlos Albornoz. 10. Que se acoge la demanda de autos sólo en cuanto se condena a la demandada Geovitta S.A. y subsidiariamente a la demandada Codelco Chile División Andina a pagar a los actores a título de indemnización por el daño moral que les causara el fallecimiento de don Sergio Enrique Castro Contreras, la suma de $ 40.000.000 a doña Elba Guillermina Contreras Sepúlveda; la suma de $ 40.000.000 a don José Gilberto Castro Castro; la suma de $ 25.000.000 a don Víctor Iván Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Fernando del Carmen Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don José Luis Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Jorge Gilberto Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a doña María Mireya Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Guillermo Emiliano Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Jorge Alejandro Castro Contreras y la suma de $ 25.000.000 a don Alejandro Patricio Castro Contreras, con costas. 11. Que las sumas que se manda pagar por las demandadas a los actores deberán reajustarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes de marzo de 1997 y el día del pago efectivo y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables desde el día de la notificación de la demanda hasta el día del pago efectivo. Anótese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. Rol Nº 20.876. Dictada por el señor Rolando Castillo González, Juez Titular. Autorizada por doña M. Vivianne Morandé Dattwyler.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES Valparaíso, veintiuno de junio de dos mil seis. VISTO: En cuanto al recurso de casación en la forma: A fs. 842, don Germán Ovalle Madrid por Geovitta S.A., deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primer grado de treinta de marzo de dos mil cuatro, escrita a fs. 793, invocando la causal quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, al haberse pronunciado con omisión de los requisitos del artículo 170 Nº 4 de la precitada codificación. Fundamenta la nulidad que solicita en el hecho de haber omitido el señor Juez a quo, toda referencia a la prueba testimonial que su parte y Codelco Chile División Andina rindieron por exhorto. Solicita se anule la sentencia recurrida y se dicte en su reemplazo una que deseche en todas sus partes la demanda interpuesta con costas. Se trajeron los autos en relación: CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: Que la recurrente ha omitido en su recurso la obligación que le impone el artículo 772 inciso final del Código de Procedimiento Civil, esto es el patrocinio de abogado habilitado que no sea procurador del número y que es objeto del examen de admisibilidad del recurso, tanto por el tribunal a quo, como por el ad quem, como expresamente se ordena en los artículos 776 y 781 de la precitada codificación. Que la omisión a que se viene haciendo referencia, conlleva como sanción la inadmisibilidad del recurso de manera que constatándose ésta, no puede la Corte entrar a pronunciarse sobre este recurso de carácter extraordinario.

Valparaíso, veintiuno de junio de dos mil seis. VISTO: En cuanto al recurso de casación en la forma: A fs. 842, don Germán Ovalle Madrid por Geovitta S.A., deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de primer grado de treinta de marzo de dos mil cuatro, escrita a fs. 793, invocando la causal quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, al haberse pronunciado con omisión de los requisitos del artículo 170 Nº 4 de la precitada codificación. Fundamenta la nulidad que solicita en el hecho de haber omitido el señor Juez a quo, toda referencia a la prueba testimonial que su parte y Codelco Chile División Andina rindieron por exhorto. Solicita se anule la sentencia recurrida y se dicte en su reemplazo una que deseche en todas sus partes la demanda interpuesta con costas. Se trajeron los autos en relación: CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: Que la recurrente ha omitido en su recurso la obligación que le impone el artículo 772 inciso final del Código de Procedimiento Civil, esto es el patrocinio de abogado habilitado que no sea procurador del número y que es objeto del examen de admisibilidad del recurso, tanto por el tribunal a quo, como por el ad quem, como expresamente se ordena en los artículos 776 y 781 de la precitada codificación. Que la omisión a que se viene haciendo referencia, conlleva como sanción la inadmisibilidad del recurso de manera que constatándose ésta, no puede la Corte entrar a pronunciarse sobre este recurso de carácter extraordinario.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES 3. Que se acoge la objeción documentaria deducida a fs. 496, por don Germán Ovalle respecto de los documentos acompañados por la demandante a fs. 462, Nºs. 20 a 23, que rolan a fs. 456 a 460, y en consecuencia se tiene dichos documentos por no reconocidos, sin perjuicio de la apreciación que el Tribunal hará de ellos como fundamentos de presunción judicial. 4. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 371, en contra del testigo Marco Dansencich. 5. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 384, en contra del testigo Jorge Castillo. 6. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 395 en contra del testigo Isaías Ibacache. 7. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 406 en contra del testigo Jorge Contreras. 8. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 114 del exhorto rol Nº 22-2000, tramitado en el 3º Juzgado Civil de Talca, en contra del testigo Luis Albornoz. 9. Que se rechaza la tacha deducida a fs. 117 vta. del exhorto rol Nº 22-2000, tramitado en el 3º Juzgado Civil de Talca, en contra del testigo Carlos Albornoz. 10. Que se acoge la demanda de autos sólo en cuanto se condena a la demandada Geovitta S.A. y subsidiariamente a la demandada Codelco Chile División Andina a pagar a los actores a título de indemnización por el daño moral que les causara el fallecimiento de don Sergio Enrique Castro Contreras, la suma de $ 40.000.000 a doña Elba Guillermina Contreras Sepúlveda; la suma de $ 40.000.000 a don José Gilberto Castro Castro; la suma de $ 25.000.000 a don Víctor Iván Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Fernando del Carmen Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don José Luis Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Jorge Gilberto Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a doña María Mireya Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Guillermo Emiliano Castro Contreras; la suma de $ 25.000.000 a don Jorge Alejandro Castro Contreras y la suma de $ 25.000.000 a don Alejandro Patricio Castro Contreras, con costas. 11. Que las sumas que se manda pagar por las demandadas a los actores deberán reajustarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes de marzo de 1997 y el día del pago efectivo y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables desde el día de la notificación de la demanda hasta el día del pago efectivo. Anótese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. Rol Nº 20.876. Dictada por el señor Rolando Castillo González, Juez Titular. Autorizada por doña M. Vivianne Morandé Dattwyler. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Por lo expuesto y citas legales invocadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto por Geovitta S.A., en contra de la sentencia de primer grado que corre a fs. 793. En cuanto al recurso de apelación: VISTO: Desprendiéndose del recurso de apelación deducido a fs. 847, que aquél carece de peticiones concretas, toda vez que lo que se entrega a la competencia del tribunal de alzada es la enmienda conforme a derecho de la resolución recurrida, lo que vulnera el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 201, 213 y 214 de la precitada codificación, se declara inadmisible, por carecer de peticiones concretas, el recurso de apelación deducido por Geovitta S.A. En cuanto a los recursos de apelación de fs. 824 y 832: VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente: 1º. Que se ha omitido por el sentenciador de primer grado, analizar la prueba que por exhorto se rindió tanto por la demandada principal como por la demandada solidaria y esta Corte, tiene facultades para ponderarla toda vez que la sentencia se encuentra en apelación. Del cuaderno signado 3/3, a la vista, consta que con data treinta y uno de marzo de 2000, declaran Humberto Mucientes, Benito Mura y Daniel Alcayaga, testigos de Geovitta S.A., el primero ratifica el informe de autopsia que se le exhibe y precisa que la herida cortopunzante del informe es accidental. El segundo, dice ser asesor de control de riesgos de Minmetal, que revisó el procedimiento preparado por Geovitta S.A., el que cumplía con las normas vigentes para resguardar la seguridad, que existían inspecciones técnicas periódicas y que las medidas de control eran adecuadas. Que el uso correcto de la cola de seguridad tiene por objeto evitar caídas y que existe control por parte de División Andina para el ingreso al área industrial, ejerciendo además control con personal propio, Geovitta S.A. El tercer deponente señala ser ingeniero de ejecución en minas, con diplomados, y que a la data en que se le consulta se desempeñaba como jefe nacional de seguridad minera en Sernageomin. Que el departamento a su cargo revisó y aprobó los proyectos de la industria extractiva minera y sus reglamentos. Que la cola de seguridad era adecuada; que existe control con respecto al ingreso de alcohol en toda mina. Se refiere al uso de malla de seguridad en las faenas de desquinche de piques. A fs. 184 del cuaderno declara Gabriel Barraza, el que señala que el señor Castro se desconectó de su cola de seguridad. Que el procedimiento de trabajo cumplía con todas las normas técnicas legales y reglamentarias y son suficientes mientras el trabajador esté amarrado, puesto que la cola de seguridad resiste seis veces el peso de la persona. Señala que existía por parte de Geovitta control de acceso a las faenas y que las barandas serían sólo una protección adicional al efectuarse las faenas dificultando las otras actividades. A fs. 176 y sgtes. del cuaderno signado 3/4 deponen Angel Sánchez, quien señala que el hecho se debió a una acción insegura del trabajador; que aquél asistía a las charlas de seguridad; que el occiso al momento del accidente estaba lechando pernos, que no podía estar desenganchado, porque el accidente no puede ocurrir si lo está. Que para utilizar la otra cola de seguridad debe ingresar al ring y que existen controles. Deponen además, Luis Gutiérrez, Luis Castillo y Nelson Torres, quienes declaran en análogos términos. A fs. 162, del cuaderno signado 1/3, declara Roberto Carrizo, quien dice ser ingeniero civil en minas con 15 años de experiencia, y que el día de los hechos era ingeniero jefe de terreno, responsable de diseño, montaje y construcción de piques. Supo del accidente alrededor de las 01.00 hrs., por teléfono y se refiere a las faenas y al hecho de cómo se realizan. A fs. 173 del cuaderno signado 2/3 depone Juan Castro Bravo, quien señala que el occiso se expuso imprudentemente al daño, lo que le consta por haber participado en la investigación del comité paritario; no llevaba su cola de seguridad e ingresó al lugar de faena bebido. Luego se refiere a los controles de ingreso a las faenas. A fs. 178, del cuaderno Nº 5, declara Hans Gopfert, señalando que el accidente no se debió a descuido de Codelco ni Geovitta, sino a una acción insegura del trabajador; es ingeniero civil de minas y administrador del contrato. Las medidas adoptadas corresponden a la mejor práctica industrial y el

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Por lo expuesto y citas legales invocadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto por Geovitta S.A., en contra de la sentencia de primer grado que corre a fs. 793. En cuanto al recurso de apelación: VISTO: Desprendiéndose del recurso de apelación deducido a fs. 847, que aquél carece de peticiones concretas, toda vez que lo que se entrega a la competencia del tribunal de alzada es la enmienda conforme a derecho de la resolución recurrida, lo que vulnera el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 201, 213 y 214 de la precitada codificación, se declara inadmisible, por carecer de peticiones concretas, el recurso de apelación deducido por Geovitta S.A. En cuanto a los recursos de apelación de fs. 824 y 832: VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente: 1º. Que se ha omitido por el sentenciador de primer grado, analizar la prueba que por exhorto se rindió tanto por la demandada principal como por la demandada solidaria y esta Corte, tiene facultades para ponderarla toda vez que la sentencia se encuentra en apelación. Del cuaderno signado 3/3, a la vista, consta que con data treinta y uno de marzo de 2000, declaran Humberto Mucientes, Benito Mura y Daniel Alcayaga, testigos de Geovitta S.A., el primero ratifica el informe de autopsia que se le exhibe y precisa que la herida cortopunzante del informe es accidental. El segundo, dice ser asesor de control de riesgos de Minmetal, que revisó el procedimiento preparado por Geovitta S.A., el que cumplía con las normas vigentes para resguardar la seguridad, que existían inspecciones técnicas periódicas y que las medidas de control eran adecuadas. Que el uso correcto de la cola de seguridad tiene por objeto evitar caídas y que existe control por parte de División Andina para el ingreso al área industrial, ejerciendo además control con personal propio, Geovitta S.A. El tercer deponente señala ser ingeniero de ejecución en minas, con diplomados, y que a la data en que se le consulta se desempeñaba como jefe nacional de seguridad minera en Sernageomin. Que el departamento a su cargo revisó y aprobó los proyectos de la industria extractiva minera y sus reglamentos. Que la cola de seguridad era adecuada; que existe control con respecto al ingreso de alcohol en toda mina. Se refiere al uso de malla de seguridad en las faenas de desquinche de piques. A fs. 184 del cuaderno declara Gabriel Barraza, el que señala que el señor Castro se desconectó de su cola de seguridad. Que el procedimiento de trabajo cumplía con todas las normas técnicas legales y reglamentarias y son suficientes mientras el trabajador esté amarrado, puesto que la cola de seguridad resiste seis veces el peso de la persona. Señala que existía por parte de Geovitta control de acceso a las faenas y que las barandas serían sólo una protección adicional al efectuarse las faenas dificultando las otras actividades. A fs. 176 y sgtes. del cuaderno signado 3/4 deponen Angel Sánchez, quien señala que el hecho se debió a una acción insegura del trabajador; que aquél asistía a las charlas de seguridad; que el occiso al momento del accidente estaba lechando pernos, que no podía estar desenganchado, porque el accidente no puede ocurrir si lo está. Que para utilizar la otra cola de seguridad debe ingresar al ring y que existen controles. Deponen además, Luis Gutiérrez, Luis Castillo y Nelson Torres, quienes declaran en análogos términos. A fs. 162, del cuaderno signado 1/3, declara Roberto Carrizo, quien dice ser ingeniero civil en minas con 15 años de experiencia, y que el día de los hechos era ingeniero jefe de terreno, responsable de diseño, montaje y construcción de piques. Supo del accidente alrededor de las 01.00 hrs., por teléfono y se refiere a las faenas y al hecho de cómo se realizan. A fs. 173 del cuaderno signado 2/3 depone Juan Castro Bravo, quien señala que el occiso se expuso imprudentemente al daño, lo que le consta por haber participado en la investigación del comité paritario; no llevaba su cola de seguridad e ingresó al lugar de faena bebido. Luego se refiere a los controles de ingreso a las faenas. A fs. 178, del cuaderno Nº 5, declara Hans Gopfert, señalando que el accidente no se debió a descuido de Codelco ni Geovitta, sino a una acción insegura del trabajador; es ingeniero civil de minas y administrador del contrato. Las medidas adoptadas corresponden a la mejor práctica industrial y el

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trabajador infringió normas de seguridad. Finalmente a fs. 183 del cuaderno 4/4 declara Carlos Figueroa Henríquez, y señala que hubo trasgresión de seguridad del trabajador, al no usar la cola de seguridad. Describe las funciones del occiso y señala que existen controles de seguridad en el ingreso a las faenas. 2º. Que los atestados pormenorizados, no desvirtúan los hechos que el sentenciador de primer grado ha dado por establecidos, mas bien tienden a reforzarlos, toda vez que llevan a determinar la exposición al daño, que en forma imprudente realiza el occiso, al ingresar a su trabajo, bebido, lo que no se detectó, no obstante los controles a que se hace referencia y al retirarse la cola de seguridad, lo que no fue advertido por el supervisor que se encontraba presente en el habitáculo en los momentos en que se desarrollan los hechos que culminan con el siniestro. Y visto además lo dispuesto en los artículos 186, 208 y 431 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de treinta de marzo de dos mil cuatro, escrita a fs. 793, con declaración que la demandada Codelco Chile División Andina queda condenada solidariamente al pago de las sumas que por concepto de indemnización se han determinado, con costas del recurso, en las que se condena a Codelco Chile División Andina. En cuanto al recurso de apelación de fs. 945: Visto: Se confirma la resolución apelada de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, escrita a fs. 932. Regístrese y devuélvanse con sus antecedentes. Redacción del Ministro Sr. Martínez. Pronunciada por los Ministros Titulares de la Ilustrísima Corte señores Patricio Martínez Sandoval, Luis Alvarado Thimeos y señora María Angélica Repetto García. Rol Nº 1.427-04.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA Santiago, seis de septiembre de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1º) Que, en los autos rol Nº 20.876-1998 del Segundo Juzgado Civil de Los Andes, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, seguido por Elba Guillermina Contreras Sepúlveda y otros con Codelco Chile División Andina y Geovitta S.A., se dictó sentencia, ordenándose a los demandados el pago a favor de los actores de determinadas sumas, por concepto de indemnización del daño moral que sufrieron como consecuencia del fallecimiento de don Sergio Enrique Castro Contreras; 2º) Que este fallo fue impugnado por ambas demandadas: Codelco Chile División Andina, mediante el recurso de apelación, deducido a fs. 821 y Geovitta S.A., por medio de los recursos de casación en la forma y de apelación, interpuestos en el escrito de fs. 831; 3º) Que, pronunciándose sobre los recursos a que se viene de aludir, mediante sentencia de veintiuno de junio pasado, escrita a fs. 983, declaró inadmisibles aquellos deducidos por Geovitta S.A.: el de casación en la forma, por no contar con patrocinio de abogado habilitado y el de apelación, por carecer de peticiones concretas el libelo en que aparece formulado. En lo concerniente al recurso de apelación de la demandada Codelco Chile División Andina, se confirmó la sentencia de primer grado, con declaración; I. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por Geovitta S.A. en lo principal de la presentación de fs. 1018: 4º) Que este recurso se plantea contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible el recurso de casación en la forma, mediante el cual Geovitta S.A. había impugnado el fallo de primer grado; y se lo fundamenta por esta parte en las causales de nulidad formal que se prevén en los Nºs. 6 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil; 5º) Que, según el artículo 766 de este cuerpo legal, el recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias definitivas, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y, excepcionalmente, contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la causa;

Santiago, seis de septiembre de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1º) Que, en los autos rol Nº 20.876-1998 del Segundo Juzgado Civil de Los Andes, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, seguido por Elba Guillermina Contreras Sepúlveda y otros con Codelco Chile División Andina y Geovitta S.A., se dictó sentencia, ordenándose a los demandados el pago a favor de los actores de determinadas sumas, por concepto de indemnización del daño moral que sufrieron como consecuencia del fallecimiento de don Sergio Enrique Castro Contreras; 2º) Que este fallo fue impugnado por ambas demandadas: Codelco Chile División Andina, mediante el recurso de apelación, deducido a fs. 821 y Geovitta S.A., por medio de los recursos de casación en la forma y de apelación, interpuestos en el escrito de fs. 831; 3º) Que, pronunciándose sobre los recursos a que se viene de aludir, mediante sentencia de veintiuno de junio pasado, escrita a fs. 983, declaró inadmisibles aquellos deducidos por Geovitta S.A.: el de casación en la forma, por no contar con patrocinio de abogado habilitado y el de apelación, por carecer de peticiones concretas el libelo en que aparece formulado. En lo concerniente al recurso de apelación de la demandada Codelco Chile División Andina, se confirmó la sentencia de primer grado, con declaración; I. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por Geovitta S.A. en lo principal de la presentación de fs. 1018: 4º) Que este recurso se plantea contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible el recurso de casación en la forma, mediante el cual Geovitta S.A. había impugnado el fallo de primer grado; y se lo fundamenta por esta parte en las causales de nulidad formal que se prevén en los Nºs. 6 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil; 5º) Que, según el artículo 766 de este cuerpo legal, el recurso de casación en la forma se concede contra las sentencias definitivas, contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y, excepcionalmente, contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la causa;

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA trabajador infringió normas de seguridad. Finalmente a fs. 183 del cuaderno 4/4 declara Carlos Figueroa Henríquez, y señala que hubo trasgresión de seguridad del trabajador, al no usar la cola de seguridad. Describe las funciones del occiso y señala que existen controles de seguridad en el ingreso a las faenas. 2º. Que los atestados pormenorizados, no desvirtúan los hechos que el sentenciador de primer grado ha dado por establecidos, mas bien tienden a reforzarlos, toda vez que llevan a determinar la exposición al daño, que en forma imprudente realiza el occiso, al ingresar a su trabajo, bebido, lo que no se detectó, no obstante los controles a que se hace referencia y al retirarse la cola de seguridad, lo que no fue advertido por el supervisor que se encontraba presente en el habitáculo en los momentos en que se desarrollan los hechos que culminan con el siniestro. Y visto además lo dispuesto en los artículos 186, 208 y 431 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de treinta de marzo de dos mil cuatro, escrita a fs. 793, con declaración que la demandada Codelco Chile División Andina queda condenada solidariamente al pago de las sumas que por concepto de indemnización se han determinado, con costas del recurso, en las que se condena a Codelco Chile División Andina. En cuanto al recurso de apelación de fs. 945: Visto: Se confirma la resolución apelada de diecisiete de mayo de dos mil cuatro, escrita a fs. 932. Regístrese y devuélvanse con sus antecedentes. Redacción del Ministro Sr. Martínez. Pronunciada por los Ministros Titulares de la Ilustrísima Corte señores Patricio Martínez Sandoval, Luis Alvarado Thimeos y señora María Angélica Repetto García. Rol Nº 1.427-04. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

6º) Que, presentado el recurso de casación en la forma de que se trata, para el examen en cuenta de su admisibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se advierte que la sentencia en contra de la cual aparece dirigido no es de aquéllas susceptibles de ser atacadas por dicho medio de impugnación, a las que se hizo referencia en el considerando anterior, puesto que el rechazo de una casación sólo importa decidir que no ha existido un vicio de invalidez. Se sigue de ello, en consecuencia, que este recurso no puede ser admitido a tramitación. II. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por Geovitta S.A. en el primer otrosí del escrito de fs. 1018: 7º) Que este recurso impugna la resolución de la Corte de Apelaciones que declaró inamisible el recurso de apelación que la parte individualizada en el acápite interpuso en contra de la sentencia de primera instancia; y se fundamenta en las causales referidas en los números 6 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido dada la sentencia recurrida contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y por contener decisiones contradictorias; 8º) Que, según la recurrente, estos vicios se habrían producido, porque la misma Corte de Apelaciones había dictado anteriormente otra resolución que alcanzó ejecutoriedad, mediante la cual declaró admisible el recurso de apelación, resultando de ello las decisiones contradicciones que se advierten entre dicha resolución y aquélla actualmente impugnada con la casación; 9º) Que los vicios denunciados no concurren en el caso de que se trata, pues, de una parte, las decisiones contradictorias a que alude la norma deben presentarse en la misma sentencia impugnada y no entre ésta y otra resolución distinta, como se pretende por la parte recurrente; y, de la otra, la decisión por medio de la cual se ordenó traer los autos en relación no obsta a una revisión y posterior pronunciamiento acerca de la admisibilidad del recurso de casación en la forma. No corresponde, por lo tanto, que el recurso en examen sea admitido a tramitación; III. En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido en el segundo otrosí del escrito de fs. 1018 por Geovitta S.A.: 10º) Que se aduce por la recurrente como fundamento de este medio de impugnación, el haber transgredido la resolución de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible su recurso de apelación, los artículos 189 y 201 del tantas veces citado Código de Procedimiento Civil; 11º) Que en lo esencial, el cuestionamiento que se formula a la resolución recurrida estriba en no corresponder a la realidad la razón invocada en ella para declarar la inadmisibilidad de la apelación, es decir, la falta de peticiones concretas, puesto que según asevera el libelo en que se propone dicho recurso cumple con esa exigencia legal; 12º) Que, de esta manera, el presente medio de impugnación discurre sobre la base de una situación fáctica distinta de aquélla tenida en consideración por los Jueces del fondo en la resolución impugnada en la cual, como antes se expresó, se determinó que la apelación no tenía peticiones concretas; 13º) Que este hecho, establecido por aquellos Jueces, en ejercicio de atribuciones que les son privativas, no puede revisarse por medio del recurso de casación en el fondo, cuya finalidad consiste en examinar si la sentencia que se impugna se encuentra ajustada a derecho, pero sobre la base de los hechos asentados en ella; IV. En cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto en el tercer otrosí del escrito de fs. 1018 por Geovitta S.A.: 14º) Que, mediante el recurso enunciado en el epígrafe, Geovitta S.A. impugna la sentencia de segundo grado en aquella parte que desestima la apelación deducida por Codelco Chile División Andina, en contra del fallo de primera instancia, invocando como infringidas diversas disposiciones legales, que cita en el respectivo libelo; 15º) Que, como quedó señalado en el considerando primero de este fallo, Codelco Chile División Andina, tiene en el proceso la calidad procesal de parte codemandada con Geovitta S.A. Por otra parte, consta del escrito de fs. 987 que Codelco Chile División Andina interpuso recurso de casación en el fondo en contra del fallo de segunda instancia, que le fue desfavorable; 16º) Que, en las circunstancias descritas, Geovitta S.A. ningún agravio puede haber recibido en aquella parte de la sentencia que afecta a la otra demandada, la cual, por su parte, en función de obtener reparación del perjuicio que sostiene haber recibido, planteó su propio recurso de casación;

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

6º) Que, presentado el recurso de casación en la forma de que se trata, para el examen en cuenta de su admisibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se advierte que la sentencia en contra de la cual aparece dirigido no es de aquéllas susceptibles de ser atacadas por dicho medio de impugnación, a las que se hizo referencia en el considerando anterior, puesto que el rechazo de una casación sólo importa decidir que no ha existido un vicio de invalidez. Se sigue de ello, en consecuencia, que este recurso no puede ser admitido a tramitación. II. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por Geovitta S.A. en el primer otrosí del escrito de fs. 1018: 7º) Que este recurso impugna la resolución de la Corte de Apelaciones que declaró inamisible el recurso de apelación que la parte individualizada en el acápite interpuso en contra de la sentencia de primera instancia; y se fundamenta en las causales referidas en los números 6 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido dada la sentencia recurrida contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y por contener decisiones contradictorias; 8º) Que, según la recurrente, estos vicios se habrían producido, porque la misma Corte de Apelaciones había dictado anteriormente otra resolución que alcanzó ejecutoriedad, mediante la cual declaró admisible el recurso de apelación, resultando de ello las decisiones contradicciones que se advierten entre dicha resolución y aquélla actualmente impugnada con la casación; 9º) Que los vicios denunciados no concurren en el caso de que se trata, pues, de una parte, las decisiones contradictorias a que alude la norma deben presentarse en la misma sentencia impugnada y no entre ésta y otra resolución distinta, como se pretende por la parte recurrente; y, de la otra, la decisión por medio de la cual se ordenó traer los autos en relación no obsta a una revisión y posterior pronunciamiento acerca de la admisibilidad del recurso de casación en la forma. No corresponde, por lo tanto, que el recurso en examen sea admitido a tramitación; III. En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido en el segundo otrosí del escrito de fs. 1018 por Geovitta S.A.: 10º) Que se aduce por la recurrente como fundamento de este medio de impugnación, el haber transgredido la resolución de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible su recurso de apelación, los artículos 189 y 201 del tantas veces citado Código de Procedimiento Civil; 11º) Que en lo esencial, el cuestionamiento que se formula a la resolución recurrida estriba en no corresponder a la realidad la razón invocada en ella para declarar la inadmisibilidad de la apelación, es decir, la falta de peticiones concretas, puesto que según asevera el libelo en que se propone dicho recurso cumple con esa exigencia legal; 12º) Que, de esta manera, el presente medio de impugnación discurre sobre la base de una situación fáctica distinta de aquélla tenida en consideración por los Jueces del fondo en la resolución impugnada en la cual, como antes se expresó, se determinó que la apelación no tenía peticiones concretas; 13º) Que este hecho, establecido por aquellos Jueces, en ejercicio de atribuciones que les son privativas, no puede revisarse por medio del recurso de casación en el fondo, cuya finalidad consiste en examinar si la sentencia que se impugna se encuentra ajustada a derecho, pero sobre la base de los hechos asentados en ella; IV. En cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto en el tercer otrosí del escrito de fs. 1018 por Geovitta S.A.: 14º) Que, mediante el recurso enunciado en el epígrafe, Geovitta S.A. impugna la sentencia de segundo grado en aquella parte que desestima la apelación deducida por Codelco Chile División Andina, en contra del fallo de primera instancia, invocando como infringidas diversas disposiciones legales, que cita en el respectivo libelo; 15º) Que, como quedó señalado en el considerando primero de este fallo, Codelco Chile División Andina, tiene en el proceso la calidad procesal de parte codemandada con Geovitta S.A. Por otra parte, consta del escrito de fs. 987 que Codelco Chile División Andina interpuso recurso de casación en el fondo en contra del fallo de segunda instancia, que le fue desfavorable; 16º) Que, en las circunstancias descritas, Geovitta S.A. ningún agravio puede haber recibido en aquella parte de la sentencia que afecta a la otra demandada, la cual, por su parte, en función de obtener reparación del perjuicio que sostiene haber recibido, planteó su propio recurso de casación;

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17º) Que no se cumple, por consiguiente, en el presente caso con el requisito exigido en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil en orden a que el recurso de casación debe interponerse por la parte agraviada en la sentencia cuya anulación se intenta por su intermedio; 18º) Que el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, luego de referirse en su inciso 1º, al examen en cuenta acerca de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en el fondo, que debe practicarse por la sala respectiva de la Corte Suprema, agrega en su inciso 2º que, aun cuando se reúnan todos esos requisitos, podrá dicha sala rechazar de inmediato el recurso si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento; 19º) Que, acorde con lo razonado acerca de los planteamientos propuestos por Geovitta S.A. para fundamentar los dos recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia de segunda instancia, dichos medios de impugnación han incurrido en la previsión normativa descrita en el considerando anterior, por lo que deben atenerse a lo dispuesto en ella. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y se rechazan los recursos de casación en el fondo, deducidos por Geovitta S.A., en lo principal y primer otrosí del escrito de fs. 1018 los dos primeros y en los otrosíes segundo y tercero de la misma presentación los dos últimos en contra de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil seis, escrita a fs. 983. Regístrese en lo pertinente. Tráigase en relación el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal del escrito de fs. 987 por la demandada Corporación Nacional del Cobre Codelco División Andina. Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 3.980-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica y Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Arnaldo Gorziglia. No firma el señor Gorziglia, no obstante haber estado en la vista la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autorizado por el Secretario señor Carlos A. Meneses Pizarro.

17º) Que no se cumple, por consiguiente, en el presente caso con el requisito exigido en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil en orden a que el recurso de casación debe interponerse por la parte agraviada en la sentencia cuya anulación se intenta por su intermedio; 18º) Que el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, luego de referirse en su inciso 1º, al examen en cuenta acerca de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en el fondo, que debe practicarse por la sala respectiva de la Corte Suprema, agrega en su inciso 2º que, aun cuando se reúnan todos esos requisitos, podrá dicha sala rechazar de inmediato el recurso si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento; 19º) Que, acorde con lo razonado acerca de los planteamientos propuestos por Geovitta S.A. para fundamentar los dos recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia de segunda instancia, dichos medios de impugnación han incurrido en la previsión normativa descrita en el considerando anterior, por lo que deben atenerse a lo dispuesto en ella. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declaran inadmisibles los recursos de casación en la forma y se rechazan los recursos de casación en el fondo, deducidos por Geovitta S.A., en lo principal y primer otrosí del escrito de fs. 1018 los dos primeros y en los otrosíes segundo y tercero de la misma presentación los dos últimos en contra de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil seis, escrita a fs. 983. Regístrese en lo pertinente. Tráigase en relación el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal del escrito de fs. 987 por la demandada Corporación Nacional del Cobre Codelco División Andina. Redacción a cargo del Ministro señor Oyarzún. Rol Nº 3.980-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica y Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Arnaldo Gorziglia. No firma el señor Gorziglia, no obstante haber estado en la vista la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente. Autorizado por el Secretario señor Carlos A. Meneses Pizarro. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rancagua, diecinueve de marzo de dos mil cuatro. VISTOS: Margarita Julia Maldonado Vergara, viuda, dueña de casa, cónyuge supérstite de Jorge Raúl Araya Soto, Jorge Mauricio Araya Maldonado, Claudio Andrés Araya Maldonado, empleados y Gabriel Antonio Araya Maldonado ingeniero civil industrial químico y Lucía Piroska Araya Maldonado, asistente social, todos hijos legítimos de Jorge Raúl Araya Soto, todos con domicilio en Gil Toledo 718 población Manzanal de Rancagua, presentan demanda para obtener la indemnización de sus perjuicios en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente, representada por su gerente general don Rubén Alvarado Vigar, como su ex empleadora, ambos con domicilio en avenida Millán 1020 de Rancagua; de la empresa Pullman Chile S.A., representada por su gerente general don Rodrigo Peón Veiga Herranz, ambos domiciliados en avenida Cachapoal 946 por ser quien transportaba al occiso por cuenta de Codelco Chile; y en contra de la empresa “Transportes Mineros S.A.” o “Traminsa”, representada por su gerente don Tomás Gonzalo Ilzauspe Escobar, ambos domiciliados en avenida Presidente Eduardo Frei Montalva número 1361, comuna de Independencia, Región Metropolitana de Santiago, por lo que expone a continuación. Señala que el 14 de febrero de 1999 aproximadamente a las 22:35 horas se produjo una violenta colisión del bus patente BH 6116 de propiedad de la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima, conducido por Humberto López Osorio, quien transportaba trabajadores de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente a la mina y la colisión se produjo con el camión patente TB 2052, perteneciente a la sociedad Transportes Mineros Sociedad Anónima (Traminsa), conducido por José Canales Canales en que los vehículos chocaron frontalmente, lo que provocó la muerte de varios trabajadores y lesiones graves a otros, todo lo que contra en el parte de funcionarios de la Policía de Carabineros 03 de 14 de febrero de 1999. En razón a que en el bus viajaba Jorge Raúl Araya Soto, cónyuge y padre, respectivamente, de los demandantes, se han visto privados prematuramente de su presencia y amparo material y espiritual. Afirma que por las pericias realizadas se estableció que ambos conductores lo hacían a una velocidad no razonable ni prudente y que el camión sobrepasó el eje central de la calzada y que de estos errores humanos deben responder los propietarios de los vehículos o quienes les encomendaron transportar a los trabajadores y al fallecido. Señala que con posterioridad el 16 de marzo de 1999 Carabineros emitió el informe número 114, dirigido al Cuarto Juzgado de Letras de Rancagua en el que se ratifica lo expuesto y el perito del tránsito Alejandro Silva Aliaga concluye en el informe técnico al que alude, que la calcada estaba en buena condiciones, la visual de los conductores era buena y que la velocidad de 80 kilómetros por hora del bus Pullman no era la razonable ni prudente en las condiciones existentes, que en relación con el camión la situación era similar, con lo que ambos conductores incurrieron en imprudencia y son ambos responsables de sus nefastos efectos, por lo que las empresas a las cuales pertenecían los vehículos deben indemnizarlos conforme al derecho común. Relata que Jorge Raúl Araya Soto se dirigía a su trabajo y la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima por cuenta y encargo de la empleadora Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y que el accidente causado por el contratista es imputable civilmente a la empleadora, quien tiene responsabilidad como empleadora de velar por la vida y seguridad de sus trabajadores y está obligada a indemnizarlos por este cuasidelito civil en que los autores responden en forma solidaria. Expone que el procedimiento criminal seguido ante el Cuarto Juzgado del Crimen de Rancagua, rol 26.289 terminó, sobreseído por haber fallecido el conductor del camión. Expresa que conforme al artículo 184 del Código del Trabajo es obligación del empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y la ley

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°:2852-2005 Cita online: CL/JUR/7230/2006

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°:2852-2005 Cita online: CL/JUR/7230/2006

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rancagua, diecinueve de marzo de dos mil cuatro. VISTOS: Margarita Julia Maldonado Vergara, viuda, dueña de casa, cónyuge supérstite de Jorge Raúl Araya Soto, Jorge Mauricio Araya Maldonado, Claudio Andrés Araya Maldonado, empleados y Gabriel Antonio Araya Maldonado ingeniero civil industrial químico y Lucía Piroska Araya Maldonado, asistente social, todos hijos legítimos de Jorge Raúl Araya Soto, todos con domicilio en Gil Toledo 718 población Manzanal de Rancagua, presentan demanda para obtener la indemnización de sus perjuicios en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente, representada por su gerente general don Rubén Alvarado Vigar, como su ex empleadora, ambos con domicilio en avenida Millán 1020 de Rancagua; de la empresa Pullman Chile S.A., representada por su gerente general don Rodrigo Peón Veiga Herranz, ambos domiciliados en avenida Cachapoal 946 por ser quien transportaba al occiso por cuenta de Codelco Chile; y en contra de la empresa “Transportes Mineros S.A.” o “Traminsa”, representada por su gerente don Tomás Gonzalo Ilzauspe Escobar, ambos domiciliados en avenida Presidente Eduardo Frei Montalva número 1361, comuna de Independencia, Región Metropolitana de Santiago, por lo que expone a continuación. Señala que el 14 de febrero de 1999 aproximadamente a las 22:35 horas se produjo una violenta colisión del bus patente BH 6116 de propiedad de la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima, conducido por Humberto López Osorio, quien transportaba trabajadores de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente a la mina y la colisión se produjo con el camión patente TB 2052, perteneciente a la sociedad Transportes Mineros Sociedad Anónima (Traminsa), conducido por José Canales Canales en que los vehículos chocaron frontalmente, lo que provocó la muerte de varios trabajadores y lesiones graves a otros, todo lo que contra en el parte de funcionarios de la Policía de Carabineros 03 de 14 de febrero de 1999. En razón a que en el bus viajaba Jorge Raúl Araya Soto, cónyuge y padre, respectivamente, de los demandantes, se han visto privados prematuramente de su presencia y amparo material y espiritual. Afirma que por las pericias realizadas se estableció que ambos conductores lo hacían a una velocidad no razonable ni prudente y que el camión sobrepasó el eje central de la calzada y que de estos errores humanos deben responder los propietarios de los vehículos o quienes les encomendaron transportar a los trabajadores y al fallecido. Señala que con posterioridad el 16 de marzo de 1999 Carabineros emitió el informe número 114, dirigido al Cuarto Juzgado de Letras de Rancagua en el que se ratifica lo expuesto y el perito del tránsito Alejandro Silva Aliaga concluye en el informe técnico al que alude, que la calcada estaba en buena condiciones, la visual de los conductores era buena y que la velocidad de 80 kilómetros por hora del bus Pullman no era la razonable ni prudente en las condiciones existentes, que en relación con el camión la situación era similar, con lo que ambos conductores incurrieron en imprudencia y son ambos responsables de sus nefastos efectos, por lo que las empresas a las cuales pertenecían los vehículos deben indemnizarlos conforme al derecho común. Relata que Jorge Raúl Araya Soto se dirigía a su trabajo y la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima por cuenta y encargo de la empleadora Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y que el accidente causado por el contratista es imputable civilmente a la empleadora, quien tiene responsabilidad como empleadora de velar por la vida y seguridad de sus trabajadores y está obligada a indemnizarlos por este cuasidelito civil en que los autores responden en forma solidaria. Expone que el procedimiento criminal seguido ante el Cuarto Juzgado del Crimen de Rancagua, rol 26.289 terminó, sobreseído por haber fallecido el conductor del camión. Expresa que conforme al artículo 184 del Código del Trabajo es obligación del empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y la ley

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Nº 16.744 dispone que es accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca o muerte. Agrega que son accidentes del trabajo los que se producen en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar del trabajo. Puntualiza que según la letra b) del artículo 69 de la ley Nº 16.744 la víctima podrá reclamar al empleador o terceros la indemnización a que tenga derecho conforme al derecho común, incluso el daño moral. Cita las normas de los artículos 1437 y 2317 del Código Civil para señalar que al ser Pullman Chile Sociedad Anónima contratista de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, lo obliga solidariamente y que además se corrobora lo anterior en el convenio colectivo de trabajo que unía al occiso con su empleadora, vigente el día de la muerte en cuanto a que se entiende que el trabajador va a disposición de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente cuando se desplaza en los buses. Afirma que se ha violado las normas de tránsito que señala. Por los hechos relatados y las normas legales invocadas deduce la demanda de indemnización de perjuicios por la muerte de Jorge Raúl Araya Soto en contra de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, empresa minera, representada por su gerente general don Rubén Alvarado Vigar; Pullman Chile Sociedad Anónima, del giro de transportes, representada por su gerente general, Rodrigo Peón Veiga Herranz; y Transportes Mineros Sociedad Anónima (Traminsa), empresa de transportes, representada por su gerente don Tomás Gonzalo Ilzauspe Escobar, por la responsabilidad solidaria que les corresponde como autores del cuasidelito civil que causó la muerte de Jorge Raúl Araya Soto. Pide el pago de: a. $ 144.000.000 por concepto de lucro cesante correspondientes a 120 meses de remuneraciones brutas del grado o categoría que Jorge Raúl Araya Soto tenía al fallecer como empleado de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, considerando remuneración de $ 1.200.000 mensuales; b. $ 100.000.000 por concepto de daño moral por la muerte prematura de su marido y padre, respectivamente. Pide se condene a los demandados al pago de $ 244.000.000, o lo que el tribunal determine, con reajustes según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la muerte, hasta la fecha del pago, con intereses corrientes y costas. A fojas 19 amplía su demanda y para hacerla extensiva a Humberto López Osorio, chofer, domiciliado en Laguna del Inca número 0501 Villa San Rafael de Rancagua, por su responsabilidad a causa de su negligencia y descuido al conducir en la forma como se ha relatado en la demanda. La demandada Pullman Chile Sociedad Anónima, representada por Hugo Zamorano Illesca, abogado, sostiene que la acción debe ser rechazada porque ya un juez dijo que no hubo cuasidelito en los autos rol 26.289 del Cuarto Juzgado de Letras de Rancagua, con lo que la sentencia produjo cosa juzgada y la presunta responsabilidad del chofer no puede ser discutida en este juicio. Además que el solo hecho de no haberse sometido a proceso al chofer del bus es un antecedente que debe ser tomado en cuenta y no puede responder si no ha incurrido en un hecho culposo o doloso. Expresa que la demanda se funda en una supuesta negligencia del chofer Humberto López quien fue colisionado por el camión que conducía José Canales. El accidente de tránsito que da origen al proceso que se tramitó en el Cuarto Juzgado de Letras de Rancagua, rol 26.289. Cita el informe pericial en el que se señala que la causa basal del accidente fue que el chofer del camión sobrepasó el eje de la calzada y que el chofer del bus mantuvo el control de su vehículo y estuvo atento a las condiciones del tránsito. El accidente no se produjo por su culpa y estuvo en la imposibilidad de evitar el hecho. Rebate la afirmación de los demandantes en cuanto a que lo hacía a una velocidad no razonable y prudente, puesto que en el sector se permite hasta 85 kilómetros por hora y el chofer lo hacía a 78 kilómetros por hora. Afirma que el único responsable del accidente fue el chofer del camión que falleciera. En relación con la responsabilidad derivada de la ley de accidentes del trabajo, las afirmaciones de los demandantes se basan en premisas falsas y equivocadas puesto que la ley de accidentes del trabajo obliga a hacer cotizaciones que son pagadas por la institución de previsión y que no comprende como por el hecho del accidente pretendan recibir una indemnización extra. Afirma que la pretensión de los demandantes cae por su propio peso desde que no hubo dolo o culpa de la empleadora ni del chofer.

Nº 16.744 dispone que es accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca o muerte. Agrega que son accidentes del trabajo los que se producen en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar del trabajo. Puntualiza que según la letra b) del artículo 69 de la ley Nº 16.744 la víctima podrá reclamar al empleador o terceros la indemnización a que tenga derecho conforme al derecho común, incluso el daño moral. Cita las normas de los artículos 1437 y 2317 del Código Civil para señalar que al ser Pullman Chile Sociedad Anónima contratista de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, lo obliga solidariamente y que además se corrobora lo anterior en el convenio colectivo de trabajo que unía al occiso con su empleadora, vigente el día de la muerte en cuanto a que se entiende que el trabajador va a disposición de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente cuando se desplaza en los buses. Afirma que se ha violado las normas de tránsito que señala. Por los hechos relatados y las normas legales invocadas deduce la demanda de indemnización de perjuicios por la muerte de Jorge Raúl Araya Soto en contra de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, empresa minera, representada por su gerente general don Rubén Alvarado Vigar; Pullman Chile Sociedad Anónima, del giro de transportes, representada por su gerente general, Rodrigo Peón Veiga Herranz; y Transportes Mineros Sociedad Anónima (Traminsa), empresa de transportes, representada por su gerente don Tomás Gonzalo Ilzauspe Escobar, por la responsabilidad solidaria que les corresponde como autores del cuasidelito civil que causó la muerte de Jorge Raúl Araya Soto. Pide el pago de: a. $ 144.000.000 por concepto de lucro cesante correspondientes a 120 meses de remuneraciones brutas del grado o categoría que Jorge Raúl Araya Soto tenía al fallecer como empleado de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, considerando remuneración de $ 1.200.000 mensuales; b. $ 100.000.000 por concepto de daño moral por la muerte prematura de su marido y padre, respectivamente. Pide se condene a los demandados al pago de $ 244.000.000, o lo que el tribunal determine, con reajustes según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la muerte, hasta la fecha del pago, con intereses corrientes y costas. A fojas 19 amplía su demanda y para hacerla extensiva a Humberto López Osorio, chofer, domiciliado en Laguna del Inca número 0501 Villa San Rafael de Rancagua, por su responsabilidad a causa de su negligencia y descuido al conducir en la forma como se ha relatado en la demanda. La demandada Pullman Chile Sociedad Anónima, representada por Hugo Zamorano Illesca, abogado, sostiene que la acción debe ser rechazada porque ya un juez dijo que no hubo cuasidelito en los autos rol 26.289 del Cuarto Juzgado de Letras de Rancagua, con lo que la sentencia produjo cosa juzgada y la presunta responsabilidad del chofer no puede ser discutida en este juicio. Además que el solo hecho de no haberse sometido a proceso al chofer del bus es un antecedente que debe ser tomado en cuenta y no puede responder si no ha incurrido en un hecho culposo o doloso. Expresa que la demanda se funda en una supuesta negligencia del chofer Humberto López quien fue colisionado por el camión que conducía José Canales. El accidente de tránsito que da origen al proceso que se tramitó en el Cuarto Juzgado de Letras de Rancagua, rol 26.289. Cita el informe pericial en el que se señala que la causa basal del accidente fue que el chofer del camión sobrepasó el eje de la calzada y que el chofer del bus mantuvo el control de su vehículo y estuvo atento a las condiciones del tránsito. El accidente no se produjo por su culpa y estuvo en la imposibilidad de evitar el hecho. Rebate la afirmación de los demandantes en cuanto a que lo hacía a una velocidad no razonable y prudente, puesto que en el sector se permite hasta 85 kilómetros por hora y el chofer lo hacía a 78 kilómetros por hora. Afirma que el único responsable del accidente fue el chofer del camión que falleciera. En relación con la responsabilidad derivada de la ley de accidentes del trabajo, las afirmaciones de los demandantes se basan en premisas falsas y equivocadas puesto que la ley de accidentes del trabajo obliga a hacer cotizaciones que son pagadas por la institución de previsión y que no comprende como por el hecho del accidente pretendan recibir una indemnización extra. Afirma que la pretensión de los demandantes cae por su propio peso desde que no hubo dolo o culpa de la empleadora ni del chofer. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Informa que los demandantes fueron indemnizados con $ 50.000.000 por la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, por los eventuales perjuicios y debe haber recibido las indemnizaciones que contempla la ley de seguro obligatorio conforme al artículo 26 de la ley Nº 18.490. Opone las excepciones de cosa juzgada que funda en la circunstancia de no haberse acreditado un cuasidelito penal, lo que obsta al cuasidelito civil e invoca las normas de los artículos 177 y 179 número 1º del Código de Procedimiento Civil. En subsidio pide el rechazo de la demanda porque el chofer del bus fue colisionado por el otro vehículo y que el hecho no permite condenar al empleador por los supuestos daños. Pide rechazar la demanda, con costas. La demandada Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, representado por su apoderado Pablo Berwart Tudela, señala que los actores fundan su acción de perjuicios en la responsabilidad que cabría a los conductores del bus de la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima y del camión de la empresa Transportes Mineros Sociedad Anónima por no ser la velocidad de los móviles la razonable y prudente, aparte de otras infracciones y que la responsabilidad es solidaria de las empresas propietarias de los vehículos involucrados, además de una responsabilidad solidaria de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por el artículo 184 del Código del Trabajo y los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Afirma que a su representada no le cabe responsabilidad por el accidente, puesto que no ha incurrido en acto u omisión que pueda ser calificada de culpable o dolosa. Señala que en los contratos con terceras personas como Pullman Chile Sociedad Anónima asumen la responsabilidad de la seguridad de los trabajadores y que la responsabilidad de los hechos no corresponde al conductor de la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima, por lo que no le asiste responsabilidad. Afirma que no le cabe responsabilidad a la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente conforme a la ley Nº 16.744 porque no es responsable del accidente y que en la demanda no se le atribuye imputación alguna que pueda ser constitutiva de delito o cuasidelito. En relación con las normas de la Ley de Tránsito, todas las imputaciones hechas por los actores dicen relación con hechos atribuibles a los conductores de los vehículos participantes y no a su representada o sus agentes. En relación con el monto de los daños reclamados por los actores expresa que son desmedidos. Afirma haber pagado a la sucesión de Jorge Raúl Araya Soto en forma adicional, una indemnización voluntaria equivalente a 24 meses de sueldo por un total de $ 23.808.355, la que se hizo por mera liberalidad. Pide que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas. El demandado Humberto Isaías López Osorio, chofer, sostiene que no tiene responsabilidad respecto de los hechos y en tales circunstancia pide se rechace la demanda, con costas. La demandada Transportes Mineros Sociedad Anónima, representada por su apoderado don Roberto Alejandro Arias Acuña, afirma que el chofer de su dependencia no fue el causante del accidente, sino que lo fue el de la empresa de buses que se salió de su pista de circulación. Pide que se rechace la demanda deducida por Margarita Julia Maldonado Vergara en todas sus partes, con costas. Se llamó a las partes a conciliación. Se recibió la causa a prueba. Se citó a las partes para oír sentencia. Considerando: En cuanto a la forma. 1. Que la parte demandante a fojas 1027 objeta el informe evacuado por Pullman Chile Sociedad Anónima por provenir de la misma parte y por estar desmentido por los informes periciales de los señores Herrera y Bahamondes. Objeta también el informe de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por carecer de valor por emanar de las empresas inculpadas y elaborado por personal de su dependencia, sin independencia de opinión y por estar desmentido por los informes de los peritos judiciales. A fojas 1089 objeta el demandante nuevamente el informe denominado “informe final accidente del tránsito carretero El Cobre 14/02/1999” por emanar de la propia parte que lo presenta por ser Irrazábal dependiente de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente. Se confirió traslado y la contraria no respondió;

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Informa que los demandantes fueron indemnizados con $ 50.000.000 por la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, por los eventuales perjuicios y debe haber recibido las indemnizaciones que contempla la ley de seguro obligatorio conforme al artículo 26 de la ley Nº 18.490. Opone las excepciones de cosa juzgada que funda en la circunstancia de no haberse acreditado un cuasidelito penal, lo que obsta al cuasidelito civil e invoca las normas de los artículos 177 y 179 número 1º del Código de Procedimiento Civil. En subsidio pide el rechazo de la demanda porque el chofer del bus fue colisionado por el otro vehículo y que el hecho no permite condenar al empleador por los supuestos daños. Pide rechazar la demanda, con costas. La demandada Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, representado por su apoderado Pablo Berwart Tudela, señala que los actores fundan su acción de perjuicios en la responsabilidad que cabría a los conductores del bus de la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima y del camión de la empresa Transportes Mineros Sociedad Anónima por no ser la velocidad de los móviles la razonable y prudente, aparte de otras infracciones y que la responsabilidad es solidaria de las empresas propietarias de los vehículos involucrados, además de una responsabilidad solidaria de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por el artículo 184 del Código del Trabajo y los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Afirma que a su representada no le cabe responsabilidad por el accidente, puesto que no ha incurrido en acto u omisión que pueda ser calificada de culpable o dolosa. Señala que en los contratos con terceras personas como Pullman Chile Sociedad Anónima asumen la responsabilidad de la seguridad de los trabajadores y que la responsabilidad de los hechos no corresponde al conductor de la empresa Pullman Chile Sociedad Anónima, por lo que no le asiste responsabilidad. Afirma que no le cabe responsabilidad a la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente conforme a la ley Nº 16.744 porque no es responsable del accidente y que en la demanda no se le atribuye imputación alguna que pueda ser constitutiva de delito o cuasidelito. En relación con las normas de la Ley de Tránsito, todas las imputaciones hechas por los actores dicen relación con hechos atribuibles a los conductores de los vehículos participantes y no a su representada o sus agentes. En relación con el monto de los daños reclamados por los actores expresa que son desmedidos. Afirma haber pagado a la sucesión de Jorge Raúl Araya Soto en forma adicional, una indemnización voluntaria equivalente a 24 meses de sueldo por un total de $ 23.808.355, la que se hizo por mera liberalidad. Pide que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas. El demandado Humberto Isaías López Osorio, chofer, sostiene que no tiene responsabilidad respecto de los hechos y en tales circunstancia pide se rechace la demanda, con costas. La demandada Transportes Mineros Sociedad Anónima, representada por su apoderado don Roberto Alejandro Arias Acuña, afirma que el chofer de su dependencia no fue el causante del accidente, sino que lo fue el de la empresa de buses que se salió de su pista de circulación. Pide que se rechace la demanda deducida por Margarita Julia Maldonado Vergara en todas sus partes, con costas. Se llamó a las partes a conciliación. Se recibió la causa a prueba. Se citó a las partes para oír sentencia. Considerando: En cuanto a la forma. 1. Que la parte demandante a fojas 1027 objeta el informe evacuado por Pullman Chile Sociedad Anónima por provenir de la misma parte y por estar desmentido por los informes periciales de los señores Herrera y Bahamondes. Objeta también el informe de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por carecer de valor por emanar de las empresas inculpadas y elaborado por personal de su dependencia, sin independencia de opinión y por estar desmentido por los informes de los peritos judiciales. A fojas 1089 objeta el demandante nuevamente el informe denominado “informe final accidente del tránsito carretero El Cobre 14/02/1999” por emanar de la propia parte que lo presenta por ser Irrazábal dependiente de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente. Se confirió traslado y la contraria no respondió;

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2. Que no obstante haber sido la propia parte demandante quien ha pedido que se acompañe al proceso copia de los autos roles 26.289 del Cuarto Juzgado del Crimen de Rancagua en el que se investiga el accidente en el cual muriera Jorge Raúl Araya Soto y copia de los autos civiles rol 54.044 caratulados Pullman S.A. con Empresa de Transportes Mineros S.A. por indemnización de perjuicios en los que se encuentra acompañado el informe pericial interno evacuado para Pullman Chile Sociedad Anónima, se acogerá la objeción por ser efectivo que se trata de un documento que emana de terceros quienes no lo han reconocido en el juicio. Ante la objeción de similar contenido formulada contra el “informe final accidente del tránsito carretero El Cobre 14/02/1999”, cabe señalar que si bien se trata de un documento que emana de terceros, ha sido reconocido y ratificado en su contenido por los dos testigos, no tachado, Aliro Ortiz Zúñiga y Sergio López Aravena, con lo que se rechazará la objeción y se valorará este documento conforme se haga a las declaraciones de los referidos testigos; 3. Que Transportes Mineros Sociedad Anónima tacha el documento acompañado por la contraria el 3 de diciembre de 2002 y en el entendido que la tacha dice relación con el documento acompañado el 30 de diciembre de 2003, por falta de integridad, por provenir de la parte que lo presenta y no de su parte y por no haber tenido participación en su confección. En cuanto a esta tacha que es en realidad la objeción del instrumento por emanar de terceros, corresponderá rechazarla por las mismas razones dadas más arriba para rechazar la interpuesta por los demandantes, toda vez que el referido documento ha sido reconocido en este juicio por dos testigos no tachados que lo han firmado; En cuanto al fondo: 4. Que no son hechos discutidos el que se produjo una colisión el 14 de febrero de 1999 en el kilómetro 24 de la Carretera El Cobre en el que pereciera Jorge Raúl Araya Soto, quien viajaba como pasajero en el bus de la demandada Pullman Chile Sociedad Anónima el cual fue estrellado frontalmente por el camión patente TB 2052 conducido por José Raúl Canales Canales, quien trabajaba para la demandada Sociedad Transportes Mineros S.A. (Traminsa); 5. Que los hechos sobre los que versa la controversia se fijaron en el auto de prueba de fojas 901 y resolución que acepta la reposición de fojas 1028 vuelta. Consisten en la efectividad de haberse derivado perjuicios para los actores como consecuencias del accidente de tránsito señalado en la demanda, la naturaleza y monto de esos perjuicios. Si los hechos que motivaron el accidente fueron de responsabilidad directa de las empresas demandadas o de sus dependientes. Se agrega además si los demandantes fueron indemnizados por la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente con $ 50.000.000 u otra cantidad y si fueron indemnizados por aplicación de la Ley de Seguro Obligatorio y el monto de la indemnización; 6. Que la parte demandante, para probar los hechos materia de la discusión ha presentado al proceso la copia del proceso criminal rol 26.289 del Cuarto Juzgado del Crimen de Rancagua con 207 fojas, en el que se agregan los antecedentes, fotografías, informes periciales, croquis y otros elementos de convicción. No señala específicamente lo que pretende probar con dicha copia. El proceso aparece concluido por sobreseimiento temporal, sin establecer responsabilidades penales. A fojas 1150 acompaña copia autorizada el proceso rol 55.386 caratulado Pullman Chile Sociedad Anónima con Transportes Mineros Sociedad Anónima, seguido ante el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua para hacer valer en su favor las afirmaciones de los demandados en ese proceso. A fojas 974 la parte demandante acompaña copia autorizada desde fojas 270 en adelante del expediente rol 54.044 caratulado Pullman Chile Sociedad Anónima con Transportes Mineros Sociedad Anónima seguido ante el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua por estimar que su contenido es valioso par resolver la litis, aunque no precisa qué pretende probar específicamente con tales antecedentes; 7. Que la demandante ha provocado la diligencia de absolución de posiciones, cuya acta se agrega a fojas 1102 en la cual Rodrigo Peón Veiga Herranz, representante legal de la demandada Pullman Chile Sociedad Anónima reconoce que efectivamente hace el traslado de los trabajadores de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente pero que no es por cuenta y riesgo de Corporación del Cobre de

2. Que no obstante haber sido la propia parte demandante quien ha pedido que se acompañe al proceso copia de los autos roles 26.289 del Cuarto Juzgado del Crimen de Rancagua en el que se investiga el accidente en el cual muriera Jorge Raúl Araya Soto y copia de los autos civiles rol 54.044 caratulados Pullman S.A. con Empresa de Transportes Mineros S.A. por indemnización de perjuicios en los que se encuentra acompañado el informe pericial interno evacuado para Pullman Chile Sociedad Anónima, se acogerá la objeción por ser efectivo que se trata de un documento que emana de terceros quienes no lo han reconocido en el juicio. Ante la objeción de similar contenido formulada contra el “informe final accidente del tránsito carretero El Cobre 14/02/1999”, cabe señalar que si bien se trata de un documento que emana de terceros, ha sido reconocido y ratificado en su contenido por los dos testigos, no tachado, Aliro Ortiz Zúñiga y Sergio López Aravena, con lo que se rechazará la objeción y se valorará este documento conforme se haga a las declaraciones de los referidos testigos; 3. Que Transportes Mineros Sociedad Anónima tacha el documento acompañado por la contraria el 3 de diciembre de 2002 y en el entendido que la tacha dice relación con el documento acompañado el 30 de diciembre de 2003, por falta de integridad, por provenir de la parte que lo presenta y no de su parte y por no haber tenido participación en su confección. En cuanto a esta tacha que es en realidad la objeción del instrumento por emanar de terceros, corresponderá rechazarla por las mismas razones dadas más arriba para rechazar la interpuesta por los demandantes, toda vez que el referido documento ha sido reconocido en este juicio por dos testigos no tachados que lo han firmado; En cuanto al fondo: 4. Que no son hechos discutidos el que se produjo una colisión el 14 de febrero de 1999 en el kilómetro 24 de la Carretera El Cobre en el que pereciera Jorge Raúl Araya Soto, quien viajaba como pasajero en el bus de la demandada Pullman Chile Sociedad Anónima el cual fue estrellado frontalmente por el camión patente TB 2052 conducido por José Raúl Canales Canales, quien trabajaba para la demandada Sociedad Transportes Mineros S.A. (Traminsa); 5. Que los hechos sobre los que versa la controversia se fijaron en el auto de prueba de fojas 901 y resolución que acepta la reposición de fojas 1028 vuelta. Consisten en la efectividad de haberse derivado perjuicios para los actores como consecuencias del accidente de tránsito señalado en la demanda, la naturaleza y monto de esos perjuicios. Si los hechos que motivaron el accidente fueron de responsabilidad directa de las empresas demandadas o de sus dependientes. Se agrega además si los demandantes fueron indemnizados por la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente con $ 50.000.000 u otra cantidad y si fueron indemnizados por aplicación de la Ley de Seguro Obligatorio y el monto de la indemnización; 6. Que la parte demandante, para probar los hechos materia de la discusión ha presentado al proceso la copia del proceso criminal rol 26.289 del Cuarto Juzgado del Crimen de Rancagua con 207 fojas, en el que se agregan los antecedentes, fotografías, informes periciales, croquis y otros elementos de convicción. No señala específicamente lo que pretende probar con dicha copia. El proceso aparece concluido por sobreseimiento temporal, sin establecer responsabilidades penales. A fojas 1150 acompaña copia autorizada el proceso rol 55.386 caratulado Pullman Chile Sociedad Anónima con Transportes Mineros Sociedad Anónima, seguido ante el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua para hacer valer en su favor las afirmaciones de los demandados en ese proceso. A fojas 974 la parte demandante acompaña copia autorizada desde fojas 270 en adelante del expediente rol 54.044 caratulado Pullman Chile Sociedad Anónima con Transportes Mineros Sociedad Anónima seguido ante el Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua por estimar que su contenido es valioso par resolver la litis, aunque no precisa qué pretende probar específicamente con tales antecedentes; 7. Que la demandante ha provocado la diligencia de absolución de posiciones, cuya acta se agrega a fojas 1102 en la cual Rodrigo Peón Veiga Herranz, representante legal de la demandada Pullman Chile Sociedad Anónima reconoce que efectivamente hace el traslado de los trabajadores de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente pero que no es por cuenta y riesgo de Corporación del Cobre de ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Chile, División El Teniente porque cada empresa tiene sus riesgos, que el bus fue chocado por el camión, que el bus iba a la velocidad permitida para la carretera. A fojas 1103 vuelta se agrega el acta de absolución de posiciones de Tomás Ilzauspe Escobar quien expresa que la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente tiene el control de la carretera de acceso a la mina, que tuvo lugar en la carretera el 14 de febrero de 1999 un accidente entre un bus de Pullman Chile Sociedad Anónima y un camión de Transportes Mineros Sociedad Anónima, que el accidente se produjo porque el bus se salió de su pista, que supo por información de su gerente de operaciones que el tacógrafo del bus fue retirado de su lugar y que no sabe por qué ocurrió aquello, que la empresa que representa no ha indemnizado a los demandantes. A fojas 1114 se agrega acta de absolución de posiciones de Rubén Alvarado Vigar, quien concurre en representación de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y señala que el transporte de los trabajadores se hace por Pullman Chile Sociedad Anónima y el riesgo queda cubierto por la ley de accidentes del trabajo, que los funcionarios de protección de la planta realizan funciones de policía caminera, que por investigación interna sabe que el accidente se produjo porque el camión sobrepasó el eje central de la calzada, que Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente pagó a la viuda de Jorge Raúl Araya Soto toda la indemnización normal del convenio colectivo y del contrato individual más una indemnización voluntaria de $ 24.000.000 y que hay un finiquito de ello; 8. Que los actores para probar los hechos materia de la discusión presentan además el testimonio de José Pacheco Contreras, quien señala viajaba en el bus en el momento del accidente y que el vehículo se desplazaba a una velocidad aproximada de 75 kilómetros por hora, que iba durmiendo, que el bus era de Pullman Chile Sociedad Anónima y que es la movilización que les proporciona la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, que la muerte de Jorge Raúl Araya Soto provocó mucho dolor a la demandante y vio a un hijo muy alterado, que han sufrido daño moral. Se presenta el testimonio de Abraham Vásquez Carvajal, quien manifiesta haberse encontrado viajando en el bus en el cual murió Jorge Raúl Araya Soto, señala que el bus es de Pullman Chile Sociedad Anónima y el camión de Transportes Mineros Sociedad Anónima y que ambas empresas son contratistas de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, que el bus se desplazaba entre 70 y 80 kilómetros por hora porque iba en subida, que Jorge Raúl Araya Soto estaba bien de salud con anterioridad, que vio al hijo de Jorge Raúl Araya Soto desesperado por la muerte de su padre, que en el momento del accidente dormía. Continúa Ricardo Campos Fernández, quien expresa igualmente que viajaba en el bus en el que falleció Jorge Raúl Araya Soto y que el transporte es contratado por la empleadora y Pullman Chile Sociedad Anónima es la única que transporta, que comienzan a recibir remuneración desde que empieza el viaje, que la viuda de Jorge Raúl Araya Soto se veía muy afectada al igual que los hijos, que han sufrido un daño moral grande. Sigue Marcelo López Ortiz para quien Jorge Raúl Araya Soto falleció en el momento del accidente, que antes estaba sano, que la viuda e hijos se han visto en la necesidad de asistir a un psicólogo están muy afectados por la muerte de Jorge Raúl Araya Soto; 9. Que la demandada Transportes Mineros Sociedad Anónima presenta el testimonio de Carlos Inostroza Cáceres, quien señala que no sabría decir quien tiene responsabilidad, que llegó al lugar y encontró el camión totalmente destruido en su parte frontal y que al día siguiente concurrió al lugar para recuperar el tacógrafo que se entregó a los funcionarios de la Policía de Carabineros. El testigo Claudio Lara Cáceres manifiesta haber llegado al lugar del accidente y que no vio huellas de frenadas; Pullman Chile Sociedad Anónima; 10. Que la demanda Pullman Chile Sociedad Anónima presenta el testimonio de Aliro Ortiz Zúñiga, quien señala que viajaba en el bus del Pullman Chile Sociedad Anónima a su trabajo, que el bus iba en subida y que él se encontraba despierto, que pudo ver que el camión se fue encima del bus y lo impactó, que el bus iba por su pista. Seguidamente se presenta el testimonio de Luis Irrazábal Cornejo, quien señala que llegó al lugar del accidente con posterioridad y que es experto en tránsito, jefe de seguridad en tránsito para Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, que fue jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Rancagua y que reconoce el informe final del accidente que se le exhibe y que está acompañado en el cuaderno de documentos, que la copia que se le exhibe es igual al original, que se pudo determinar que la velocidad del bus era de 78 kilómetros por hora en el momento del accidente y que la del camión de 60 kilómetros por hora, que no sabe las causas del accidente pero

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Chile, División El Teniente porque cada empresa tiene sus riesgos, que el bus fue chocado por el camión, que el bus iba a la velocidad permitida para la carretera. A fojas 1103 vuelta se agrega el acta de absolución de posiciones de Tomás Ilzauspe Escobar quien expresa que la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente tiene el control de la carretera de acceso a la mina, que tuvo lugar en la carretera el 14 de febrero de 1999 un accidente entre un bus de Pullman Chile Sociedad Anónima y un camión de Transportes Mineros Sociedad Anónima, que el accidente se produjo porque el bus se salió de su pista, que supo por información de su gerente de operaciones que el tacógrafo del bus fue retirado de su lugar y que no sabe por qué ocurrió aquello, que la empresa que representa no ha indemnizado a los demandantes. A fojas 1114 se agrega acta de absolución de posiciones de Rubén Alvarado Vigar, quien concurre en representación de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y señala que el transporte de los trabajadores se hace por Pullman Chile Sociedad Anónima y el riesgo queda cubierto por la ley de accidentes del trabajo, que los funcionarios de protección de la planta realizan funciones de policía caminera, que por investigación interna sabe que el accidente se produjo porque el camión sobrepasó el eje central de la calzada, que Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente pagó a la viuda de Jorge Raúl Araya Soto toda la indemnización normal del convenio colectivo y del contrato individual más una indemnización voluntaria de $ 24.000.000 y que hay un finiquito de ello; 8. Que los actores para probar los hechos materia de la discusión presentan además el testimonio de José Pacheco Contreras, quien señala viajaba en el bus en el momento del accidente y que el vehículo se desplazaba a una velocidad aproximada de 75 kilómetros por hora, que iba durmiendo, que el bus era de Pullman Chile Sociedad Anónima y que es la movilización que les proporciona la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, que la muerte de Jorge Raúl Araya Soto provocó mucho dolor a la demandante y vio a un hijo muy alterado, que han sufrido daño moral. Se presenta el testimonio de Abraham Vásquez Carvajal, quien manifiesta haberse encontrado viajando en el bus en el cual murió Jorge Raúl Araya Soto, señala que el bus es de Pullman Chile Sociedad Anónima y el camión de Transportes Mineros Sociedad Anónima y que ambas empresas son contratistas de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, que el bus se desplazaba entre 70 y 80 kilómetros por hora porque iba en subida, que Jorge Raúl Araya Soto estaba bien de salud con anterioridad, que vio al hijo de Jorge Raúl Araya Soto desesperado por la muerte de su padre, que en el momento del accidente dormía. Continúa Ricardo Campos Fernández, quien expresa igualmente que viajaba en el bus en el que falleció Jorge Raúl Araya Soto y que el transporte es contratado por la empleadora y Pullman Chile Sociedad Anónima es la única que transporta, que comienzan a recibir remuneración desde que empieza el viaje, que la viuda de Jorge Raúl Araya Soto se veía muy afectada al igual que los hijos, que han sufrido un daño moral grande. Sigue Marcelo López Ortiz para quien Jorge Raúl Araya Soto falleció en el momento del accidente, que antes estaba sano, que la viuda e hijos se han visto en la necesidad de asistir a un psicólogo están muy afectados por la muerte de Jorge Raúl Araya Soto; 9. Que la demandada Transportes Mineros Sociedad Anónima presenta el testimonio de Carlos Inostroza Cáceres, quien señala que no sabría decir quien tiene responsabilidad, que llegó al lugar y encontró el camión totalmente destruido en su parte frontal y que al día siguiente concurrió al lugar para recuperar el tacógrafo que se entregó a los funcionarios de la Policía de Carabineros. El testigo Claudio Lara Cáceres manifiesta haber llegado al lugar del accidente y que no vio huellas de frenadas; Pullman Chile Sociedad Anónima; 10. Que la demanda Pullman Chile Sociedad Anónima presenta el testimonio de Aliro Ortiz Zúñiga, quien señala que viajaba en el bus del Pullman Chile Sociedad Anónima a su trabajo, que el bus iba en subida y que él se encontraba despierto, que pudo ver que el camión se fue encima del bus y lo impactó, que el bus iba por su pista. Seguidamente se presenta el testimonio de Luis Irrazábal Cornejo, quien señala que llegó al lugar del accidente con posterioridad y que es experto en tránsito, jefe de seguridad en tránsito para Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, que fue jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Rancagua y que reconoce el informe final del accidente que se le exhibe y que está acompañado en el cuaderno de documentos, que la copia que se le exhibe es igual al original, que se pudo determinar que la velocidad del bus era de 78 kilómetros por hora en el momento del accidente y que la del camión de 60 kilómetros por hora, que no sabe las causas del accidente pero

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que el camión sobrepasó el eje de la calzada por las huellas dejadas por el camión, que el bus iba a una velocidad normal. Continúa el testimonio de Sergio López Aravena, quien señala que es jefe del Departamento de Gestión de Riesgos para Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y le informan de todos los accidentes, que concurrió al lugar y constató por las huellas que el camión sobrepasó el eje central de la calzada y que venía bajando de Caletones a Maitenes y que colisionó en forma frontal al bus, que tiene 25 años en su cargo y su misión es revisar y aprobar las recomendaciones en un informe que tiene que hacer, que reconoce el informe que se le exhibe que se encuentra agregado como “informe final accidente del tránsito, 14 de febrero 1999”, que la velocidad permitida en el sector es de 75 kilómetros por hora para camiones y de 80 para los buses; 11. Que los testigos de la parte demandante no precisan la naturaleza y monto de los perjuicios, materia del primer punto de prueba. Estos testigos no precisan cómo los hechos podrían ser de responsabilidad de los empresas demandadas o de sus dependientes. En igual sentido las diligencias de absolución de posiciones no son útiles para acreditar reconocimiento alguno de parte de los absolventes en cuanto a aceptar la responsabilidad o la obligación de sus representadas de responder por los perjuicios materia de la demanda; 12. Que se ha agregado al proceso como prueba el informe pericial que se mantiene en cuaderno separado y elaborado por el perito Gino Buracchio Moya quien luego del análisis de los antecedentes del accidente concluye que la causa basal de la colisión radica en que el conductor José Canales Canales sobrepasó el eje central de la calzada e invadió la pista correspondiente al bus de Pullman Chile Sociedad Anónima, por los fundamentos que expresa en su informe. Cita entre ellos el peralte que existe en el lugar, el que tiene por objeto evitar que los vehículos salgan en forma tangencial de la carretera, lo que se compensa según la velocidad del vehículo. Señala que si la velocidad es inferior a la calculada para el sector con peralte, el vehículo tenderá a irse hacia el interior de la curva, situación que un conductor atento puede compensar. Expone que el conductor José Canales, según el anexo 15 había tenido una gran carga de trabajo, sin descanso adecuado, lo que causó su falta de atención por la fatiga en el momento de la colisión investigada. En la hoja que anexa a su informe aparece el horario de trabajo de José Canales Canales en la que se consigna que el conductor llevaba quince horas de trabajo continuado; 13. Que con el mérito del informe pericial que antecede, que se encuentra acorde con el informe del perito de tránsito Alejandro Silva Aliaga agregado a fojas 110 de las copias del proceso y acorde también con los dichos de los testigos presentados por la propia parte demandante Abraham Arcadio Vásquez Carvajal, Ricardo Antonio Campos Fernández y con los dichos de los testigos Aliro Ortiz Zúñiga y Sergio López Aravena se puede tener como hecho acreditado en estos autos que el camión que conducía José Raúl Canales Canales, empleado de la empresa de Transportes Mineros Sociedad Anónima se salió de su pista de circulación y se fue encima del bus de Pullman Chile Sociedad Anónima, que conducía Humberto López Osorio y lo estrelló en la pista de circulación del bus, provocando los hechos que sirven de fundamento a esta demanda; 14. Que los elementos de prueba señalados en el considerando precedente se prefieren y estiman dignos de crédito y que no se encuentran desvirtuados por el documento cuya copia se agrega a fojas 993, no ratificado en estos autos por quien lo otorga; 15. Que los antecedentes allegados al proceso por la parte demandante no son suficientes para acreditar que el conductor del bus de Pullman Chile Sociedad Anónima Humberto López Osorio, demandado en estos autos, hubiere tenido una conducta culpable, negligente o que hubiere incurrido en una conducta temeraria o imprudente. Se estima que la testimonial rendida no permite concluir que el bus que conducía Humberto López Osorio se hubiere desplazado a una velocidad excesiva o no razonable ni prudente dadas las condiciones del tránsito del momento como pretenden los demandantes, en especial si se considera que el bus se desplazaba en subida y se ha acreditado además que lo hacía por su propia pista de circulación; 16. Que al no haber sido acreditada conducta culpable o negligente de parte del demandado Humberto López Osorio, no ha surgido su obligación legal de responder por los hechos materia de la demanda.

que el camión sobrepasó el eje de la calzada por las huellas dejadas por el camión, que el bus iba a una velocidad normal. Continúa el testimonio de Sergio López Aravena, quien señala que es jefe del Departamento de Gestión de Riesgos para Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y le informan de todos los accidentes, que concurrió al lugar y constató por las huellas que el camión sobrepasó el eje central de la calzada y que venía bajando de Caletones a Maitenes y que colisionó en forma frontal al bus, que tiene 25 años en su cargo y su misión es revisar y aprobar las recomendaciones en un informe que tiene que hacer, que reconoce el informe que se le exhibe que se encuentra agregado como “informe final accidente del tránsito, 14 de febrero 1999”, que la velocidad permitida en el sector es de 75 kilómetros por hora para camiones y de 80 para los buses; 11. Que los testigos de la parte demandante no precisan la naturaleza y monto de los perjuicios, materia del primer punto de prueba. Estos testigos no precisan cómo los hechos podrían ser de responsabilidad de los empresas demandadas o de sus dependientes. En igual sentido las diligencias de absolución de posiciones no son útiles para acreditar reconocimiento alguno de parte de los absolventes en cuanto a aceptar la responsabilidad o la obligación de sus representadas de responder por los perjuicios materia de la demanda; 12. Que se ha agregado al proceso como prueba el informe pericial que se mantiene en cuaderno separado y elaborado por el perito Gino Buracchio Moya quien luego del análisis de los antecedentes del accidente concluye que la causa basal de la colisión radica en que el conductor José Canales Canales sobrepasó el eje central de la calzada e invadió la pista correspondiente al bus de Pullman Chile Sociedad Anónima, por los fundamentos que expresa en su informe. Cita entre ellos el peralte que existe en el lugar, el que tiene por objeto evitar que los vehículos salgan en forma tangencial de la carretera, lo que se compensa según la velocidad del vehículo. Señala que si la velocidad es inferior a la calculada para el sector con peralte, el vehículo tenderá a irse hacia el interior de la curva, situación que un conductor atento puede compensar. Expone que el conductor José Canales, según el anexo 15 había tenido una gran carga de trabajo, sin descanso adecuado, lo que causó su falta de atención por la fatiga en el momento de la colisión investigada. En la hoja que anexa a su informe aparece el horario de trabajo de José Canales Canales en la que se consigna que el conductor llevaba quince horas de trabajo continuado; 13. Que con el mérito del informe pericial que antecede, que se encuentra acorde con el informe del perito de tránsito Alejandro Silva Aliaga agregado a fojas 110 de las copias del proceso y acorde también con los dichos de los testigos presentados por la propia parte demandante Abraham Arcadio Vásquez Carvajal, Ricardo Antonio Campos Fernández y con los dichos de los testigos Aliro Ortiz Zúñiga y Sergio López Aravena se puede tener como hecho acreditado en estos autos que el camión que conducía José Raúl Canales Canales, empleado de la empresa de Transportes Mineros Sociedad Anónima se salió de su pista de circulación y se fue encima del bus de Pullman Chile Sociedad Anónima, que conducía Humberto López Osorio y lo estrelló en la pista de circulación del bus, provocando los hechos que sirven de fundamento a esta demanda; 14. Que los elementos de prueba señalados en el considerando precedente se prefieren y estiman dignos de crédito y que no se encuentran desvirtuados por el documento cuya copia se agrega a fojas 993, no ratificado en estos autos por quien lo otorga; 15. Que los antecedentes allegados al proceso por la parte demandante no son suficientes para acreditar que el conductor del bus de Pullman Chile Sociedad Anónima Humberto López Osorio, demandado en estos autos, hubiere tenido una conducta culpable, negligente o que hubiere incurrido en una conducta temeraria o imprudente. Se estima que la testimonial rendida no permite concluir que el bus que conducía Humberto López Osorio se hubiere desplazado a una velocidad excesiva o no razonable ni prudente dadas las condiciones del tránsito del momento como pretenden los demandantes, en especial si se considera que el bus se desplazaba en subida y se ha acreditado además que lo hacía por su propia pista de circulación; 16. Que al no haber sido acreditada conducta culpable o negligente de parte del demandado Humberto López Osorio, no ha surgido su obligación legal de responder por los hechos materia de la demanda. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Igualmente no ha surgido la obligación legal de su empleadora Pullman Chile Sociedad Anónima por los mismos y corresponderá rechazar la demanda deducida en su contra. Del mismo modo la demanda deducida en contra de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente como responsable en subsidio de la anterior, por no aparecer acreditado el hecho que haga surgir la obligación; 17. Que los actores para acreditar que han sufrido un lucro cesante de $ 144.000.000, correspondientes a 120 meses de remuneraciones brutas que Jorge Raúl Araya Soto tenía como empleado de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente a razón de $ 1.200.000 mensuales han presentado al proceso la planilla de sueldo de Jorge Raúl Araya Soto correspondiente al mes de enero y febrero de 1999 agregadas a fojas 983 y 984. A lo anterior se ha allegado el dicho del testigo José Pacheco Contreras, de Abraham Vásquez Carvajal, Ricardo Campos Fernández y Marcelo López Ortiz quienes dicen que Jorge Raúl Araya Soto gozaba de buena salud; 18. Que los antecedentes aludidos en el considerando anterior se estima son insuficientes para establecer como hecho de la causa que los actores hayan sufrido el lucro cesante por el monto que pretenden en su demanda o por algún otro; 19. Que el daño moral que la parte actora hace consistir en sus padecimientos físicos y psíquicos que le causara el accidente resulta probado con el dicho de los testigos que ha presentado al juicio y emana de los propios antecedentes del proceso criminal seguido ante el Cuarto Juzgado del Letras de Rancagua, rol 26.289, cuya fotocopia ha sido acompañada a estos autos, en cuanto en este aparece que Jorge Raúl Araya Soto falleciera y que los demandantes son sus hijos y cónyuge; 20. Que el daño moral es un perjuicio, mal o aflicción que dice relación con las facultades espirituales de las personas. La intensidad con que la parte ofendida se ve afectada por el delito, esto es, su grado de sufrimiento no resulta susceptible de ser medido con exactitud matemática y por ello, corresponde al juez hacer la apreciación prudencial de la indemnización que lo repara si se establece en el proceso que efectivamente se ha cometido un hecho que acarrea como consecuencia la obligación de indemnizar; 21. Que los antecedentes del proceso y las pruebas presentadas por las partes permiten concluir que José Raúl Canales Canales tuvo una conducta culpable o de imprudencia temeraria en su desempeño como conductor del camión patente TB 2052 y que de tal conducta se produjo como relación de causa a efecto, el daño producido por el accidente que sirve de fundamento a la demanda; 22. Que por lo anterior, surge la obligación de Transportes Mineros Sociedad Anónima de responder por los perjuicios causados por su dependiente José Raúl Canales Canales, conforme señalan los artículos 174 de la Ley de Tránsito y 2314 y 2329 del Código Civil; 23. Que la parte demandante pide se le pague la indemnización reajustada según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y, si bien no indica los fundamentos legales de su pretensión, el sentenciador acogerá lo pedido por estimar que la desvalorización monetaria es un hecho permanente, público y notorio. Por consiguiente, con el fin de lograr que se mantenga el poder liberatorio de la indemnización, para que ésta sea completa, aceptará que tal indemnización se sujete a la modalidad de ser reajustada en su expresión numérica. Para el caso presente, sujeta el índice de reajuste a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor que actualmente es fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas o quien lo reemplace o haga sus veces. La forma como deberá precederse al cálculo, se indicará en la parte resolutiva del fallo; 24. Que se pide por la parte demandante el pago de intereses y se dará lugar a los corrientes en los términos señalados en el artículo 1559 regla 2ª del Código Civil; 25. Que los actores han esgrimido como fundamentos de su demanda la norma del artículo 69 de la ley Nº 16.744 en cuanto a que la víctima y las personas a quienes el accidente causa daño pueden reclamar al empleador o a los terceros responsables del accidente las otras indemnizaciones a las que tengan derecho con arreglo a las reglas generales; 26. Que no ha sido hecho discutido que la muerte de Jorge Raúl Araya Soto debe considerarse accidente del trabajo y tal circunstancia es irrelevante para los efectos de la indemnización con arreglo

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Igualmente no ha surgido la obligación legal de su empleadora Pullman Chile Sociedad Anónima por los mismos y corresponderá rechazar la demanda deducida en su contra. Del mismo modo la demanda deducida en contra de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente como responsable en subsidio de la anterior, por no aparecer acreditado el hecho que haga surgir la obligación; 17. Que los actores para acreditar que han sufrido un lucro cesante de $ 144.000.000, correspondientes a 120 meses de remuneraciones brutas que Jorge Raúl Araya Soto tenía como empleado de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente a razón de $ 1.200.000 mensuales han presentado al proceso la planilla de sueldo de Jorge Raúl Araya Soto correspondiente al mes de enero y febrero de 1999 agregadas a fojas 983 y 984. A lo anterior se ha allegado el dicho del testigo José Pacheco Contreras, de Abraham Vásquez Carvajal, Ricardo Campos Fernández y Marcelo López Ortiz quienes dicen que Jorge Raúl Araya Soto gozaba de buena salud; 18. Que los antecedentes aludidos en el considerando anterior se estima son insuficientes para establecer como hecho de la causa que los actores hayan sufrido el lucro cesante por el monto que pretenden en su demanda o por algún otro; 19. Que el daño moral que la parte actora hace consistir en sus padecimientos físicos y psíquicos que le causara el accidente resulta probado con el dicho de los testigos que ha presentado al juicio y emana de los propios antecedentes del proceso criminal seguido ante el Cuarto Juzgado del Letras de Rancagua, rol 26.289, cuya fotocopia ha sido acompañada a estos autos, en cuanto en este aparece que Jorge Raúl Araya Soto falleciera y que los demandantes son sus hijos y cónyuge; 20. Que el daño moral es un perjuicio, mal o aflicción que dice relación con las facultades espirituales de las personas. La intensidad con que la parte ofendida se ve afectada por el delito, esto es, su grado de sufrimiento no resulta susceptible de ser medido con exactitud matemática y por ello, corresponde al juez hacer la apreciación prudencial de la indemnización que lo repara si se establece en el proceso que efectivamente se ha cometido un hecho que acarrea como consecuencia la obligación de indemnizar; 21. Que los antecedentes del proceso y las pruebas presentadas por las partes permiten concluir que José Raúl Canales Canales tuvo una conducta culpable o de imprudencia temeraria en su desempeño como conductor del camión patente TB 2052 y que de tal conducta se produjo como relación de causa a efecto, el daño producido por el accidente que sirve de fundamento a la demanda; 22. Que por lo anterior, surge la obligación de Transportes Mineros Sociedad Anónima de responder por los perjuicios causados por su dependiente José Raúl Canales Canales, conforme señalan los artículos 174 de la Ley de Tránsito y 2314 y 2329 del Código Civil; 23. Que la parte demandante pide se le pague la indemnización reajustada según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor y, si bien no indica los fundamentos legales de su pretensión, el sentenciador acogerá lo pedido por estimar que la desvalorización monetaria es un hecho permanente, público y notorio. Por consiguiente, con el fin de lograr que se mantenga el poder liberatorio de la indemnización, para que ésta sea completa, aceptará que tal indemnización se sujete a la modalidad de ser reajustada en su expresión numérica. Para el caso presente, sujeta el índice de reajuste a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor que actualmente es fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas o quien lo reemplace o haga sus veces. La forma como deberá precederse al cálculo, se indicará en la parte resolutiva del fallo; 24. Que se pide por la parte demandante el pago de intereses y se dará lugar a los corrientes en los términos señalados en el artículo 1559 regla 2ª del Código Civil; 25. Que los actores han esgrimido como fundamentos de su demanda la norma del artículo 69 de la ley Nº 16.744 en cuanto a que la víctima y las personas a quienes el accidente causa daño pueden reclamar al empleador o a los terceros responsables del accidente las otras indemnizaciones a las que tengan derecho con arreglo a las reglas generales; 26. Que no ha sido hecho discutido que la muerte de Jorge Raúl Araya Soto debe considerarse accidente del trabajo y tal circunstancia es irrelevante para los efectos de la indemnización con arreglo

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al derecho común que se pretende en esta demanda. El derecho común otorga el derecho a la indemnización cuando se ha procedido de la parte demandada con dolo o culpa. La responsabilidad que los actores persiguen en contra de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y que los demandantes la hacen consistir en la violación al artículo 55 de la Ley de Tránsito en cuanto señala que los vehículos deberán estar provistos de los sistemas y accesorios que establece la ley, los que deberán estar en perfecto estado de funcionamiento, de manera que permitan al conductor maniobrar con seguridad. Cabe señalar que no se ha presentado prueba alguna para acreditar que el bus de Pullman Chile Sociedad Anónima no tuviera tales elementos. La responsabilidad del demandado Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por la violación del artículo 101 de la Ley de Tránsito en cuanto los conductores están obligados a obedecer y respetar las señales de tránsito, circunstancias no realizadas por los conductores, según afirma la demandante es un hecho no acreditado respecto del conductor del bus Pullman Chile Sociedad Anónima. En cuanto a la responsabilidad de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por la infracción al artículo 114 de la Ley de Tránsito en cuanto todo conductor debe mantener el control de su vehículo durante la circulación, no aparece acreditada en lo que dice relación con el conductor del bus de Pullman Chile Sociedad Anónima. La responsabilidad de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente en cuanto los actores pretenden la tendría por la infracción al artículo 116 de la Ley de Tránsito en cuanto se señala que uno de los conductores sobrepasó el eje central de la calzada, si bien dice relación con el conductor del camión José Raúl Canales Canales, no aparece establecida respecto de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, por no aparecer que tenga responsabilidad subsidiaria por este conductor dependiente de una persona que le realizaba un flete y no transportaba trabajadores a sus funciones. Las infracciones a los artículos 123, 126 de la Ley de Tránsito dicen relación con el conductor José Raúl Canales Canales dependiente de Transportes Mineros Sociedad Anónima y que realizaba fletes para la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y por tal circunstancia no surge responsabilidad subsidiaria para la demandada Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente. Las afirmaciones en cuanto a que se ha violado las normas del artículo 148, por circular a una velocidad mayor de la razonable y prudente y la del artículo 170 en cuanto a que los conductores circulaban de forma que hacían peligrar la seguridad de los demás, son afirmaciones que hacen los demandantes y que no se encuentran acreditadas en lo que dicen relación con el conductor del bus Humberto Isaías López Osorio, dependiente de Pullman Chile Sociedad Anónima; 27. Que en suma, no se encuentran acreditadas las infracciones del tránsito que afirma habría cometido el conductor Humberto Isaías López Osorio del bus Pullman Chile Sociedad Anónima; 28. Que las infracciones a la Ley de Tránsito acreditadas en el proceso y que dicen relación con el desempeño de José Raúl Canales Canales, conductor del camión y dependiente de Transportes Mineros Sociedad Anónima no acarrean responsabilidad a quien contrata el flete; 29. Que los demandantes pretenden imputar responsabilidad a la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, aparentemente por la mera circunstancia de haberse producido el accidente en la carretera El Cobre, que es parte de las instalaciones de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, por ser en territorio de dominio y bajo estricto control de la demandada, quien tiene dependientes para controlar el ingreso, salida, patrulla las carreteras, según afirman los demandantes y de lo que derivan que el accidente ocurrió dentro de la esfera de influencia, dominio, control y responsabilidad de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente. Tales alegaciones no se encuentra acordes con las normas de responsabilidad extracontractual. No resulta procedente aceptar que Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente deba responder y tenga la obligación de indemnizar en razón al riesgo creado por tener un camino por el cual se circule dentro de sus dependencias y sin que se le pueda imputar culpa. Por lo anterior, se rechazará la pretensión de los demandantes en cuanto pretenden ser indemnizados solidariamente por Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por el mero hecho de haber contratado un flete con la demandada Transportes Mineros Sociedad Anónima, sin que se le pueda imputar culpa alguna, puesto que las normas del ordenamiento civil no establecen ese tipo de responsabilidad objetiva; 30. Que no existe otra prueba pertinente que analizar;

al derecho común que se pretende en esta demanda. El derecho común otorga el derecho a la indemnización cuando se ha procedido de la parte demandada con dolo o culpa. La responsabilidad que los actores persiguen en contra de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y que los demandantes la hacen consistir en la violación al artículo 55 de la Ley de Tránsito en cuanto señala que los vehículos deberán estar provistos de los sistemas y accesorios que establece la ley, los que deberán estar en perfecto estado de funcionamiento, de manera que permitan al conductor maniobrar con seguridad. Cabe señalar que no se ha presentado prueba alguna para acreditar que el bus de Pullman Chile Sociedad Anónima no tuviera tales elementos. La responsabilidad del demandado Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por la violación del artículo 101 de la Ley de Tránsito en cuanto los conductores están obligados a obedecer y respetar las señales de tránsito, circunstancias no realizadas por los conductores, según afirma la demandante es un hecho no acreditado respecto del conductor del bus Pullman Chile Sociedad Anónima. En cuanto a la responsabilidad de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por la infracción al artículo 114 de la Ley de Tránsito en cuanto todo conductor debe mantener el control de su vehículo durante la circulación, no aparece acreditada en lo que dice relación con el conductor del bus de Pullman Chile Sociedad Anónima. La responsabilidad de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente en cuanto los actores pretenden la tendría por la infracción al artículo 116 de la Ley de Tránsito en cuanto se señala que uno de los conductores sobrepasó el eje central de la calzada, si bien dice relación con el conductor del camión José Raúl Canales Canales, no aparece establecida respecto de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, por no aparecer que tenga responsabilidad subsidiaria por este conductor dependiente de una persona que le realizaba un flete y no transportaba trabajadores a sus funciones. Las infracciones a los artículos 123, 126 de la Ley de Tránsito dicen relación con el conductor José Raúl Canales Canales dependiente de Transportes Mineros Sociedad Anónima y que realizaba fletes para la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente y por tal circunstancia no surge responsabilidad subsidiaria para la demandada Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente. Las afirmaciones en cuanto a que se ha violado las normas del artículo 148, por circular a una velocidad mayor de la razonable y prudente y la del artículo 170 en cuanto a que los conductores circulaban de forma que hacían peligrar la seguridad de los demás, son afirmaciones que hacen los demandantes y que no se encuentran acreditadas en lo que dicen relación con el conductor del bus Humberto Isaías López Osorio, dependiente de Pullman Chile Sociedad Anónima; 27. Que en suma, no se encuentran acreditadas las infracciones del tránsito que afirma habría cometido el conductor Humberto Isaías López Osorio del bus Pullman Chile Sociedad Anónima; 28. Que las infracciones a la Ley de Tránsito acreditadas en el proceso y que dicen relación con el desempeño de José Raúl Canales Canales, conductor del camión y dependiente de Transportes Mineros Sociedad Anónima no acarrean responsabilidad a quien contrata el flete; 29. Que los demandantes pretenden imputar responsabilidad a la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, aparentemente por la mera circunstancia de haberse producido el accidente en la carretera El Cobre, que es parte de las instalaciones de la Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente, por ser en territorio de dominio y bajo estricto control de la demandada, quien tiene dependientes para controlar el ingreso, salida, patrulla las carreteras, según afirman los demandantes y de lo que derivan que el accidente ocurrió dentro de la esfera de influencia, dominio, control y responsabilidad de Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente. Tales alegaciones no se encuentra acordes con las normas de responsabilidad extracontractual. No resulta procedente aceptar que Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente deba responder y tenga la obligación de indemnizar en razón al riesgo creado por tener un camino por el cual se circule dentro de sus dependencias y sin que se le pueda imputar culpa. Por lo anterior, se rechazará la pretensión de los demandantes en cuanto pretenden ser indemnizados solidariamente por Corporación del Cobre de Chile, División El Teniente por el mero hecho de haber contratado un flete con la demandada Transportes Mineros Sociedad Anónima, sin que se le pueda imputar culpa alguna, puesto que las normas del ordenamiento civil no establecen ese tipo de responsabilidad objetiva; 30. Que no existe otra prueba pertinente que analizar; ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rancagua, dieciocho de mayo de dos mil cinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada y teniendo, además, presente: PRIMERO: Que esta Corte hace suyo lo planteado por el juez de primer grado en cuanto en su considerando decimonoveno y vigésimo se refiere a que se entiende por daño moral y estima que la suma acogida por este concepto debe ser elevada y que sea condigna con el irreparable daño causado a los actores. SEGUNDO: Que en lo tocante al rubro lucro cesante y que se refiere el juez a quo en los motivos decimoséptimo y decimoctavo, se estima, tal como lo señalara en la sentencia de primer grado, que no se encuentra acreditada la suma demandada pues no se acompañó para probar una pericia médica o antecedentes médicos de la víctima que indicaran su estado de salud y la eventual expectativa de vida, no siendo suficiente para el efecto la prueba testimonial rendida. TERCERO: Que el Código de Procedimiento Civil en su mensaje indica “Para que la condenación de costas sea un correctivo eficaz, habrá de imponerse en todo caso de pérdida, salvo que circunstancias muy calificadas hagan necesaria una declaración expresa del tribunal en sentido contrario”. CUARTO: Que en base a lo expuesto en el motivo precedente se resuelve que la demanda no fue temeraria con respecto a todos los terceros. QUINTO: Que de los antecedentes y de la causa criminal que se tiene a la vista se desprende que los actores tuvieron dificultades para saber quién era el propietario del vehículo causante del accidente, qué vínculo unía a Pullman Chile S.A. y a Codelco Chile y tanto es así, que en la apelación de fojas 1171 recién se alega que el camión Placa Única TB 2052 es de propiedad de la Sociedad Comercial Citibank Leasing Sociedad Anónima, no habiéndose discutido ni en la contestación de la demanda de fojas 297 y siguiente ni en escrito de dúplica de fojas 315 y siguiente, motivo suficiente para revocar la sentencia en esta parte. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil se revoca la sentencia de diecinueve de marzo del año próximo pasado, escrita desde fojas 1153 a

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II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

31. Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1689, 1700 y 1713 del Código Civil, 144, 160, 170, 342, 384 y 399 del Código de Procedimiento Civil, se declara: (1) Que se acoge la objeción formulada al informe de Pullman Chile Sociedad Anónima aludido en la presentación de fojas 1027. (2) Que se rechaza la objeción de los demandantes al “informe final accidente del tránsito carretero El Cobre 14/02/1999” aludido en la misma presentación y en el escrito de fojas 1089. E igualmente se rechaza la tacha formulada por Transportes Mineros Sociedad Anónima a fojas 1110. (3) Que se rechaza la demanda de fojas 12 en cuanto a las acciones que se dirigen en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente y empresa Pullman Chile Sociedad Anónima, con costas. (4) Que se acoge la demanda de fojas 12 sólo en cuanto se condena a Transportes Mineros Sociedad Anónima a pagar a los actores a título de daño moral la suma de $ 10.000.000, sin costas por no haber resultado totalmente vencido. (5) Que la cantidad mandada pagar se reajustará según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia, oportunidad en la cual se hace la avaluación de los mismos y la del pago total y efectivo. (6) Que se condena al demandado Transportes Mineros Sociedad Anónima al pago de intereses corrientes por la cantidad arriba fijada, los que se devengarán desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia. Regístrese. Dictada por el señor Gustavo Vega Belmonte, Juez Letrado Titular. Autoriza Miriam Castillo Solorza, Secretaria Subrogante. Rol Nº 37.693.

31. Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1689, 1700 y 1713 del Código Civil, 144, 160, 170, 342, 384 y 399 del Código de Procedimiento Civil, se declara: (1) Que se acoge la objeción formulada al informe de Pullman Chile Sociedad Anónima aludido en la presentación de fojas 1027. (2) Que se rechaza la objeción de los demandantes al “informe final accidente del tránsito carretero El Cobre 14/02/1999” aludido en la misma presentación y en el escrito de fojas 1089. E igualmente se rechaza la tacha formulada por Transportes Mineros Sociedad Anónima a fojas 1110. (3) Que se rechaza la demanda de fojas 12 en cuanto a las acciones que se dirigen en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente y empresa Pullman Chile Sociedad Anónima, con costas. (4) Que se acoge la demanda de fojas 12 sólo en cuanto se condena a Transportes Mineros Sociedad Anónima a pagar a los actores a título de daño moral la suma de $ 10.000.000, sin costas por no haber resultado totalmente vencido. (5) Que la cantidad mandada pagar se reajustará según la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia, oportunidad en la cual se hace la avaluación de los mismos y la del pago total y efectivo. (6) Que se condena al demandado Transportes Mineros Sociedad Anónima al pago de intereses corrientes por la cantidad arriba fijada, los que se devengarán desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia. Regístrese. Dictada por el señor Gustavo Vega Belmonte, Juez Letrado Titular. Autoriza Miriam Castillo Solorza, Secretaria Subrogante. Rol Nº 37.693.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rancagua, dieciocho de mayo de dos mil cinco. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada y teniendo, además, presente: PRIMERO: Que esta Corte hace suyo lo planteado por el juez de primer grado en cuanto en su considerando decimonoveno y vigésimo se refiere a que se entiende por daño moral y estima que la suma acogida por este concepto debe ser elevada y que sea condigna con el irreparable daño causado a los actores. SEGUNDO: Que en lo tocante al rubro lucro cesante y que se refiere el juez a quo en los motivos decimoséptimo y decimoctavo, se estima, tal como lo señalara en la sentencia de primer grado, que no se encuentra acreditada la suma demandada pues no se acompañó para probar una pericia médica o antecedentes médicos de la víctima que indicaran su estado de salud y la eventual expectativa de vida, no siendo suficiente para el efecto la prueba testimonial rendida. TERCERO: Que el Código de Procedimiento Civil en su mensaje indica “Para que la condenación de costas sea un correctivo eficaz, habrá de imponerse en todo caso de pérdida, salvo que circunstancias muy calificadas hagan necesaria una declaración expresa del tribunal en sentido contrario”. CUARTO: Que en base a lo expuesto en el motivo precedente se resuelve que la demanda no fue temeraria con respecto a todos los terceros. QUINTO: Que de los antecedentes y de la causa criminal que se tiene a la vista se desprende que los actores tuvieron dificultades para saber quién era el propietario del vehículo causante del accidente, qué vínculo unía a Pullman Chile S.A. y a Codelco Chile y tanto es así, que en la apelación de fojas 1171 recién se alega que el camión Placa Única TB 2052 es de propiedad de la Sociedad Comercial Citibank Leasing Sociedad Anónima, no habiéndose discutido ni en la contestación de la demanda de fojas 297 y siguiente ni en escrito de dúplica de fojas 315 y siguiente, motivo suficiente para revocar la sentencia en esta parte. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil se revoca la sentencia de diecinueve de marzo del año próximo pasado, escrita desde fojas 1153 a

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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fojas 1162, sólo en cuanto se rechaza la demanda deducida en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente y Empresa Pullman Chile S.A., con costas, y en su lugar se resuelve: Que se libera a los actores del pago de estas costas. Se confirma, en lo demás la aludida sentencia, con declaración de que se eleva a veinte millones de pesos ($ 20.000.000) la suma que deberá pagar Transportes Mineros S.A. por el rubro daños morales, sin costas tanto de primera como de segunda instancia por no haber resultado totalmente vencido, con más los reajustes e intereses que señala la sentencia de primer grado. Regístrese y devuélvase. Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los señores Ministros señores Carlos Bañados Torres y Ricardo Pairicán García y Abogado Integrante señor Mauricio Astudillo Pizarro. Rol Nº 21.909.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA Santiago, veintidós de junio de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO, PRESENTE: 1º. Que en estos autos sobre juicio ordinario rol Nº 37.693-2001, del Primer Juzgado Civil de Rancagua, la demandada Transportes Mineros S.A. recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que, en lo que interesa al recurso, confirma la de primera que acogió la demanda de indemnización de perjuicios con declaración de que eleva de $ 10.000.000 a $ 20.000.000 la suma ordenada pagar a los actores, a título de daño moral. Sostiene que se infringe el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, relativo al contenido de las sentencias definitivas, en su numeral 5, por cuanto omite la enunciación de las leyes, y en su defecto los principios de equidad, con arreglo a los cuales se dicta el fallo, razón por la cual, en su concepto se debió rechazar la demanda por no existir ley que la obligue a condena alguna; 2º. Que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil contempla el recurso de casación en el fondo en contra de determinadas sentencias dictadas por Cortes de Apelaciones, que se hayan pronunciado con infracción de ley siempre que dicha infracción haya influido en lo dispositivo del fallo, esto es, en contra de aquellos fallos que contengan errores de derecho consistentes en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida y no, como en la especie ha ocurrido, en que se pretende infringida una norma de carácter ordenatoria litis, vicio que de existir sólo daría lugar a una nulidad de carácter formal, esto es, ajena a la casación en estudio; 3º. Que en estas condiciones, la casación de fondo deducida no puede prosperar por adolecer de una manifiesta falta de fundamentos. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 1251 en contra de la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil cinco, que se lee a fojas 1249. Regístrese y devuélvase con todos sus agregados. Redacción de la Ministro señorita Morales. Rol Nº 2.852-05. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica, señorita María Antonia Morales y señor Adalís Oyarzún; y el Abogado Integrante señor Arnaldo Gorziglia. No firma el señor Juica, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar en comisión de servicios. Autorizado por el Secretario señor Carlos Meneses Pizarro.

Santiago, veintidós de junio de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO, PRESENTE: 1º. Que en estos autos sobre juicio ordinario rol Nº 37.693-2001, del Primer Juzgado Civil de Rancagua, la demandada Transportes Mineros S.A. recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia que, en lo que interesa al recurso, confirma la de primera que acogió la demanda de indemnización de perjuicios con declaración de que eleva de $ 10.000.000 a $ 20.000.000 la suma ordenada pagar a los actores, a título de daño moral. Sostiene que se infringe el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, relativo al contenido de las sentencias definitivas, en su numeral 5, por cuanto omite la enunciación de las leyes, y en su defecto los principios de equidad, con arreglo a los cuales se dicta el fallo, razón por la cual, en su concepto se debió rechazar la demanda por no existir ley que la obligue a condena alguna; 2º. Que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil contempla el recurso de casación en el fondo en contra de determinadas sentencias dictadas por Cortes de Apelaciones, que se hayan pronunciado con infracción de ley siempre que dicha infracción haya influido en lo dispositivo del fallo, esto es, en contra de aquellos fallos que contengan errores de derecho consistentes en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida y no, como en la especie ha ocurrido, en que se pretende infringida una norma de carácter ordenatoria litis, vicio que de existir sólo daría lugar a una nulidad de carácter formal, esto es, ajena a la casación en estudio; 3º. Que en estas condiciones, la casación de fondo deducida no puede prosperar por adolecer de una manifiesta falta de fundamentos. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 1251 en contra de la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil cinco, que se lee a fojas 1249. Regístrese y devuélvase con todos sus agregados. Redacción de la Ministro señorita Morales. Rol Nº 2.852-05. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señores Ricardo Gálvez, Milton Juica, señorita María Antonia Morales y señor Adalís Oyarzún; y el Abogado Integrante señor Arnaldo Gorziglia. No firma el señor Juica, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar en comisión de servicios. Autorizado por el Secretario señor Carlos Meneses Pizarro.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA fojas 1162, sólo en cuanto se rechaza la demanda deducida en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente y Empresa Pullman Chile S.A., con costas, y en su lugar se resuelve: Que se libera a los actores del pago de estas costas. Se confirma, en lo demás la aludida sentencia, con declaración de que se eleva a veinte millones de pesos ($ 20.000.000) la suma que deberá pagar Transportes Mineros S.A. por el rubro daños morales, sin costas tanto de primera como de segunda instancia por no haber resultado totalmente vencido, con más los reajustes e intereses que señala la sentencia de primer grado. Regístrese y devuélvase. Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los señores Ministros señores Carlos Bañados Torres y Ricardo Pairicán García y Abogado Integrante señor Mauricio Astudillo Pizarro. Rol Nº 21.909. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Talcahuano, quince de marzo de dos mil cuatro. VISTO: A fs. 12, comparece Adán del Carmen Lazo Sepúlveda, empleado, viudo; Ethel Loreto Lazo Aguero, enfermera, soltera; y Felipe Javier Lazo Aguero, profesor, soltero, todos domiciliados en Las Violetas 4885, Los Cóndores, Talcahuano y deducen demanda de indemnización de perjuicios, en contra del Servicio de Salud Talcahuano, representado por Jorge Ramos Vargas, médico cirujano, ambos con domicilio en Thompson 86, también de este Puerto. Fundamentan su acción señalando, el primero, haber sido casado con doña Marta Aguero Urra, funcionaria del Servicio de Salud Talcahuano en el Banco de Sangre, del Hospital Las Higueras, donde se desempeñó por alrededor de 30 años y quien se presentó a desempeñar sus funciones el 29 de octubre de 2000 a las 20 horas, al turno de noche. Dice que allí y en una hora indeterminada, ella fue asesinada; que el lugar está ubicado en un sector solitario y oscuro del establecimiento y ella desempeñaba sus funciones totalmente sola en el lugar; que durante los fines de semana, no existía guardias, vigilancia ni protección alguna en el Hospital, ningún control de ingreso o egreso de personas del establecimiento. Agrega que el hecho fue particularmente violento porque su cadáver presentaba numerosas heridas corto punzantes que necesariamente le causaron la muerte, además de lesiones contusas graves en el cráneo, que demuestran que su agonía fue dolorosa que nadie oyó ni vio nada, no hubo control alguno, nadie sabe nada, al extremo que el asesinato sólo quedó al descubierto a eso de las 8:00 horas del día siguiente, porque la puerta del lugar estaba cerrada con llaves y hasta el momento no se ha podido dilucidar quién fue el autor del hecho. Sostiene este demandante que su mujer, fue asesinada a causa o con ocasión del trabajo, durante el desempeño de su jornada laboral en el recinto en que prestaba servicios para su empleador, el demandado, quien no había dispuesto ni tomado medida de seguridad alguna, para la protección de sus funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones, conducta negligente, atendido que la occisa desempeñaba labores sola, como única trabajadora nocturna del Banco de Sangre, en un turno de 12 horas, en un lugar solitario, oscuro, alejado de cualquier otro funcionario o persona; que esta conducta negligente es especialmente grave porque durante los fines de semana ni siquiera existen guardias de seguridad o vigilancia que protejan la vida de los funcionarios, que la omisión del demandado de tomar todas las medidas de seguridad necesarias lo hace responsable del daño causado y obligado al pago de la indemnización. En subsidio, dicha responsabilidad se la impone la ley, porque el daño se produjo por la negligencia del demandado en su deber de defender al funcionario en el establecimiento en que presta sus servicios y de tomar todas las medidas de amparo necesarias para proteger su vida. En cuanto al daño causado, el actor sostiene que la referida negligencia del demandado produjo para su mujer la pérdida del bien más preciado de toda persona, su vida, y en forma violenta alevosa y sin que nadie le hubiere prestado auxilio, daño que en sí mismo es invaluable, sin embargo demandan la reparación del daño moral causado por la pérdida violenta de un ser querido, con quien el primero de los demandados estuvo unido en matrimonio durante 30 años y, los otros actores, son hijos matrimoniales, privación de los afectos y de la persona misma de la occisa, ello por una parte y, por la otra, el dolor que su muerte produjo a su familia por su crueldad y sin que se pueda determinar la identidad de su autor, todo lo cual ha causado graves daños psicológicos a todos los integrantes de su familia. Demandan, en consecuencia una indemnización de $ 150.000.000 para cada uno de los demandantes, o la suma mayor o menor que se determine, suma que deberá reajustarse desde la fecha del daño y hasta el pago efectivo todo ello con costas. A fs. 28, el demandado contesta, solicitando el rechazo de la demanda. Agrega que es imposible analizar si el asesinato de Marta Aguero se produjo a causa o con ocasión del trabajo, por cuanto la investigación criminal que se lleva al efecto, no ha logrado obtener resultados, de manera que se

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°:1243-2006 Cita online: CL/JUR/7229/2006

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°:1243-2006 Cita online: CL/JUR/7229/2006

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Talcahuano, quince de marzo de dos mil cuatro. VISTO: A fs. 12, comparece Adán del Carmen Lazo Sepúlveda, empleado, viudo; Ethel Loreto Lazo Aguero, enfermera, soltera; y Felipe Javier Lazo Aguero, profesor, soltero, todos domiciliados en Las Violetas 4885, Los Cóndores, Talcahuano y deducen demanda de indemnización de perjuicios, en contra del Servicio de Salud Talcahuano, representado por Jorge Ramos Vargas, médico cirujano, ambos con domicilio en Thompson 86, también de este Puerto. Fundamentan su acción señalando, el primero, haber sido casado con doña Marta Aguero Urra, funcionaria del Servicio de Salud Talcahuano en el Banco de Sangre, del Hospital Las Higueras, donde se desempeñó por alrededor de 30 años y quien se presentó a desempeñar sus funciones el 29 de octubre de 2000 a las 20 horas, al turno de noche. Dice que allí y en una hora indeterminada, ella fue asesinada; que el lugar está ubicado en un sector solitario y oscuro del establecimiento y ella desempeñaba sus funciones totalmente sola en el lugar; que durante los fines de semana, no existía guardias, vigilancia ni protección alguna en el Hospital, ningún control de ingreso o egreso de personas del establecimiento. Agrega que el hecho fue particularmente violento porque su cadáver presentaba numerosas heridas corto punzantes que necesariamente le causaron la muerte, además de lesiones contusas graves en el cráneo, que demuestran que su agonía fue dolorosa que nadie oyó ni vio nada, no hubo control alguno, nadie sabe nada, al extremo que el asesinato sólo quedó al descubierto a eso de las 8:00 horas del día siguiente, porque la puerta del lugar estaba cerrada con llaves y hasta el momento no se ha podido dilucidar quién fue el autor del hecho. Sostiene este demandante que su mujer, fue asesinada a causa o con ocasión del trabajo, durante el desempeño de su jornada laboral en el recinto en que prestaba servicios para su empleador, el demandado, quien no había dispuesto ni tomado medida de seguridad alguna, para la protección de sus funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones, conducta negligente, atendido que la occisa desempeñaba labores sola, como única trabajadora nocturna del Banco de Sangre, en un turno de 12 horas, en un lugar solitario, oscuro, alejado de cualquier otro funcionario o persona; que esta conducta negligente es especialmente grave porque durante los fines de semana ni siquiera existen guardias de seguridad o vigilancia que protejan la vida de los funcionarios, que la omisión del demandado de tomar todas las medidas de seguridad necesarias lo hace responsable del daño causado y obligado al pago de la indemnización. En subsidio, dicha responsabilidad se la impone la ley, porque el daño se produjo por la negligencia del demandado en su deber de defender al funcionario en el establecimiento en que presta sus servicios y de tomar todas las medidas de amparo necesarias para proteger su vida. En cuanto al daño causado, el actor sostiene que la referida negligencia del demandado produjo para su mujer la pérdida del bien más preciado de toda persona, su vida, y en forma violenta alevosa y sin que nadie le hubiere prestado auxilio, daño que en sí mismo es invaluable, sin embargo demandan la reparación del daño moral causado por la pérdida violenta de un ser querido, con quien el primero de los demandados estuvo unido en matrimonio durante 30 años y, los otros actores, son hijos matrimoniales, privación de los afectos y de la persona misma de la occisa, ello por una parte y, por la otra, el dolor que su muerte produjo a su familia por su crueldad y sin que se pueda determinar la identidad de su autor, todo lo cual ha causado graves daños psicológicos a todos los integrantes de su familia. Demandan, en consecuencia una indemnización de $ 150.000.000 para cada uno de los demandantes, o la suma mayor o menor que se determine, suma que deberá reajustarse desde la fecha del daño y hasta el pago efectivo todo ello con costas. A fs. 28, el demandado contesta, solicitando el rechazo de la demanda. Agrega que es imposible analizar si el asesinato de Marta Aguero se produjo a causa o con ocasión del trabajo, por cuanto la investigación criminal que se lleva al efecto, no ha logrado obtener resultados, de manera que se

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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desconoce, la identidad del o los autores, como tampoco sus motivaciones. Que es falso que a la hora del crimen no hubiera guardias en el Hospital, porque diariamente incluso los fines de semana, un total de 12 guardias cubren los diversos turnos de vigilancia y además debe agregarse, su supervisor y el policía que durante las 24 horas, permanece en el Servicio de Urgencia. Dice, que también es falso que la occisa trabajara en un lugar solitario, oscuro y alejado de cualquier otro funcionario o persona a quien pedir ayuda en caso de necesidad, porque el lugar está contiguo a otro en que se desempeñan turnos nocturnos y en un recinto que es inaccesible para cualquier persona, incluso otro funcionario, porque se accede a él sólo por una puerta cuyas llaves maneja la persona de turno y, además, tiene un cerrojo interno y, un citófono para comunicación interna y externa. En cuanto al derecho, dice que la norma del artículo 84 de la ley Nº 18.834, invocada por los actores, no tiene aplicación a este caso, como tampoco el artículo 14 de la ley Nº 19.303, porque no está determinada ni la autoría ni las motivaciones del crimen, como para definir si el hecho fue a causa o con ocasión del trabajo; además, el Hospital Las Higueras, no es de las entidades obligadas por la ley, de manera que tampoco son aplicables las normas de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. Por otra parte, agrega, en cuanto al monto solicitado, dice que en el evento de existir responsabilidad, no podrían allanarse a sumas que escapan a la capacidad económica del Servicio, ya que esto afectaría la atención de pacientes y porque cifras tan altas, harían imposible repetir contra el o los responsables, todo lo cual deberá ser considerado al resolver. Agrega que los actores fundamentan la cuantía del daño sufrido, en el hecho que hasta ahora no se ha podido determinar el autor del crimen, pretendiendo así que el Servicio pague porque ni los tribunales ni las instituciones encargadas de investigar, hayan tenido éxito, lo que no procede. A fs. 33, la parte demandante evacua el traslado de la réplica reproduciendo los hechos y el derecho alegado en su libelo y respecto de la contestación del demandado, replica afirmando que no existe duda alguna del hecho que la muerte de doña Marta Aguero se produjo a causa o con ocasión del trabajo, porque ocurrió durante la jornada de trabajo, en el recinto de la empresa y mientras cumplía sus labores, a consecuencia de un acto delictual, siendo aplicable el artículo 14 de la ley Nº 19.303 y la ley Nº 19.345, que hace extensivo a los funcionarios de servicios centralizados y descentralizados del Estado; los beneficios de la ley Nº 16.744. Agrega que el Servicio dejó de cumplir con su elemental obligación de seguridad de su funcionaría, al no prestarle defensa alguna, a la que estaba obligado en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la ley Nº 18.834, que dispone que los funcionarios tendrán derecho además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persigan la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo de desempeño de sus funciones. A fs. 38, el demandado (duplica reproduciendo lo expresado en su contestación y agregando que el hecho que el artículo 14 de la ley Nº 19.303 considere como accidentes del trabajo los hechos delictuales ocurridos a causa o con ocasión, no significa que todo hecho delictual sea a causa o con ocasión del trabajo; en este caso hay que establecer apelación de la acción delictual con el trabajo para calificar el daño físico o psíquico como accidente del trabajo. Incluso, dice, de todas formas no procedería indemnización por daño moral, por constituir estos hechos, casos de fuerza mayor. A fs. 41, se realizó la audiencia de conciliación. A fs. 43, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sobre los cuales ésta debía recaer. A fs. 186, se citó a las partes para oír sentencia. A fs. 187, se dictó medida para mejor resolver, la que no se cumplió, quedando los autos para fallo a fs. 188. Con lo relacionado y considerando. I. En cuanto a las objeciones de documentos: A) Objeción deducida a fs. 153 por el demandado: 1º. Que a fs. 153, el demandado objeta el documento acompañado, por los actores, consistente en informe médico expedido por la Dra. Ana Mangili G., por ser un documento privado, emanado de un tercero ajeno al juicio y cuya firma no ha sido reconocida, careciendo así de valor probatorio. 2º. Que la objeción deducida ataca el valor probatorio del documento, cuestión que corresponde apreciar al juez de la causa y no a las partes.

desconoce, la identidad del o los autores, como tampoco sus motivaciones. Que es falso que a la hora del crimen no hubiera guardias en el Hospital, porque diariamente incluso los fines de semana, un total de 12 guardias cubren los diversos turnos de vigilancia y además debe agregarse, su supervisor y el policía que durante las 24 horas, permanece en el Servicio de Urgencia. Dice, que también es falso que la occisa trabajara en un lugar solitario, oscuro y alejado de cualquier otro funcionario o persona a quien pedir ayuda en caso de necesidad, porque el lugar está contiguo a otro en que se desempeñan turnos nocturnos y en un recinto que es inaccesible para cualquier persona, incluso otro funcionario, porque se accede a él sólo por una puerta cuyas llaves maneja la persona de turno y, además, tiene un cerrojo interno y, un citófono para comunicación interna y externa. En cuanto al derecho, dice que la norma del artículo 84 de la ley Nº 18.834, invocada por los actores, no tiene aplicación a este caso, como tampoco el artículo 14 de la ley Nº 19.303, porque no está determinada ni la autoría ni las motivaciones del crimen, como para definir si el hecho fue a causa o con ocasión del trabajo; además, el Hospital Las Higueras, no es de las entidades obligadas por la ley, de manera que tampoco son aplicables las normas de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. Por otra parte, agrega, en cuanto al monto solicitado, dice que en el evento de existir responsabilidad, no podrían allanarse a sumas que escapan a la capacidad económica del Servicio, ya que esto afectaría la atención de pacientes y porque cifras tan altas, harían imposible repetir contra el o los responsables, todo lo cual deberá ser considerado al resolver. Agrega que los actores fundamentan la cuantía del daño sufrido, en el hecho que hasta ahora no se ha podido determinar el autor del crimen, pretendiendo así que el Servicio pague porque ni los tribunales ni las instituciones encargadas de investigar, hayan tenido éxito, lo que no procede. A fs. 33, la parte demandante evacua el traslado de la réplica reproduciendo los hechos y el derecho alegado en su libelo y respecto de la contestación del demandado, replica afirmando que no existe duda alguna del hecho que la muerte de doña Marta Aguero se produjo a causa o con ocasión del trabajo, porque ocurrió durante la jornada de trabajo, en el recinto de la empresa y mientras cumplía sus labores, a consecuencia de un acto delictual, siendo aplicable el artículo 14 de la ley Nº 19.303 y la ley Nº 19.345, que hace extensivo a los funcionarios de servicios centralizados y descentralizados del Estado; los beneficios de la ley Nº 16.744. Agrega que el Servicio dejó de cumplir con su elemental obligación de seguridad de su funcionaría, al no prestarle defensa alguna, a la que estaba obligado en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la ley Nº 18.834, que dispone que los funcionarios tendrán derecho además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persigan la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo de desempeño de sus funciones. A fs. 38, el demandado (duplica reproduciendo lo expresado en su contestación y agregando que el hecho que el artículo 14 de la ley Nº 19.303 considere como accidentes del trabajo los hechos delictuales ocurridos a causa o con ocasión, no significa que todo hecho delictual sea a causa o con ocasión del trabajo; en este caso hay que establecer apelación de la acción delictual con el trabajo para calificar el daño físico o psíquico como accidente del trabajo. Incluso, dice, de todas formas no procedería indemnización por daño moral, por constituir estos hechos, casos de fuerza mayor. A fs. 41, se realizó la audiencia de conciliación. A fs. 43, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sobre los cuales ésta debía recaer. A fs. 186, se citó a las partes para oír sentencia. A fs. 187, se dictó medida para mejor resolver, la que no se cumplió, quedando los autos para fallo a fs. 188. Con lo relacionado y considerando. I. En cuanto a las objeciones de documentos: A) Objeción deducida a fs. 153 por el demandado: 1º. Que a fs. 153, el demandado objeta el documento acompañado, por los actores, consistente en informe médico expedido por la Dra. Ana Mangili G., por ser un documento privado, emanado de un tercero ajeno al juicio y cuya firma no ha sido reconocida, careciendo así de valor probatorio. 2º. Que la objeción deducida ataca el valor probatorio del documento, cuestión que corresponde apreciar al juez de la causa y no a las partes. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

B) Objeción de fs. 159 deducida por la actora: 3º. Que la parte demandante, objeta los documentos acompañados a fs. 149 por la demandada, singularizados con las letras a), b), c) y d), fundamentada en que éstos consisten en declaraciones de testigos prestadas en un juicio criminal, sin que éstos hayan declarado en este juicio. También objeta el singularizado con la letra e), por emanar de la propia demandada, así es que no produciría prueba en juicio. 4º. Que los fundamentos de las objeciones formuladas por la demandante atacan el valor probatorio de los documentos y no se discute acerca de su falsedad, autenticidad o falta de integridad, por lo que deberá rechazarse. II. En cuanto a la tacha: A) Tacha deducida por la parte demandada a fs. 94: 5º. Que la parte demandada deduce tacha contra la testigo Tania Villar, por la causal del Nº 7 del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. 6º. Que el artículo 373 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, expresa que sólo se admitirán las tachas que se funden en algunas de las inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358 del mismo cuerpo legal, con tal que se expresen con la claridad y especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas. En el caso de autos, se opuso una tacha invocando el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, que no se encuentra en los anteriormente aludidos. No obstante si se estimara se trata de un lasus calami, de los dichos de la testigo no aparece que ella fuera amiga de la actora, por cuanto conoce a Ethel Lazo Aguero por intermedio de su hermana pero no directamente, por lo que deberá rechazarse la tacha. B) Tachas deducidas por los demandantes a fs. 64, 68 y 71: 7º. Que los actores, en las fojas señaladas, deducen tacha contra los testigos presentados por la parte demandada, por las causales de los Nºs. 4, 5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. 8º. Que en el caso de autos, la parte demandada es un servicio público descentralizado, Servicio de Salud Talcahuano, cuyo representante es el Sr. Jorge Ramos Vargas, en el cual prestan servicios en calidad de funcionarios los testigos sobre los cuales se ha deducido tacha por las inhabilidades de los Nºs. 4 y 5, esto es, ser dependientes, en calidad de trabajadores, de la persona que los presenta, lo cual constituye un hecho cierto, reconocido por los propios testigos. El artículo 358 no distingue que se trate de personas jurídicas o naturales, ni tampoco que se trate de personas de instituciones civiles o de carácter público, las que se encuentren en litigio, por lo que a uno y otro se les puede aplicar por igual la norma, por lo que se acogerá la tacha respecto de estas causales. 9º. Que respecto del Nº 6 del artículo 358, es decir, carecer de imparcialidad por tener interés directo o indirecto, evidentemente no corresponde, dado que si bien es cierto tienen la calidad de funcionarios del servicio que los presenta, ello no implica que tengan interés porque no van a contribuir ni van a ganar ninguna recompensa, tributo o remuneración, cualquiera sea el resultado del juicio y por lo que deberá rechazarse respecto de esta causal. III. En cuanto al fondo: 10º. Que Adán del Carmen Lazo Sepúlveda, Ethel Loreto Lazo Aguero y Felipe Javier Lazo Aguero, todos individualizados, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Salud Talcahuano, representado por Jorge Washington Ramos Vargas, de quienes también se han consignado sus señas personales en autos, fundamentado en las consideraciones de hecho y de derecho referidas en lo expositivo del presente fallo. 11º. Que, contestando, la demandada expresa que no puede establecerse si el asesinato ocurrió con ocasión o a causa del trabajo, puesto que la investigación no ha dado resultados, ni ha arrojado hechos positivos, por lo que no se conoce la identidad de los autores, además resulta falso que a la hora del crimen no hubiere guardias en el hospital y la persona trabajaba en un lugar absolutamente iluminado. 12º. Que replicando, el actor reproduce los hechos señalados en la demanda y reitera que no, existe duda que la muerte de doña Marta Aguero Urra, se produjo a causa, o con ocasión del trabajo, porque ésta ocurrió durante la jornada de trabajo, en el recinto de la empresa y mientras cumplía con sus labores.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

B) Objeción de fs. 159 deducida por la actora: 3º. Que la parte demandante, objeta los documentos acompañados a fs. 149 por la demandada, singularizados con las letras a), b), c) y d), fundamentada en que éstos consisten en declaraciones de testigos prestadas en un juicio criminal, sin que éstos hayan declarado en este juicio. También objeta el singularizado con la letra e), por emanar de la propia demandada, así es que no produciría prueba en juicio. 4º. Que los fundamentos de las objeciones formuladas por la demandante atacan el valor probatorio de los documentos y no se discute acerca de su falsedad, autenticidad o falta de integridad, por lo que deberá rechazarse. II. En cuanto a la tacha: A) Tacha deducida por la parte demandada a fs. 94: 5º. Que la parte demandada deduce tacha contra la testigo Tania Villar, por la causal del Nº 7 del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil. 6º. Que el artículo 373 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, expresa que sólo se admitirán las tachas que se funden en algunas de las inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358 del mismo cuerpo legal, con tal que se expresen con la claridad y especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas. En el caso de autos, se opuso una tacha invocando el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, que no se encuentra en los anteriormente aludidos. No obstante si se estimara se trata de un lasus calami, de los dichos de la testigo no aparece que ella fuera amiga de la actora, por cuanto conoce a Ethel Lazo Aguero por intermedio de su hermana pero no directamente, por lo que deberá rechazarse la tacha. B) Tachas deducidas por los demandantes a fs. 64, 68 y 71: 7º. Que los actores, en las fojas señaladas, deducen tacha contra los testigos presentados por la parte demandada, por las causales de los Nºs. 4, 5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. 8º. Que en el caso de autos, la parte demandada es un servicio público descentralizado, Servicio de Salud Talcahuano, cuyo representante es el Sr. Jorge Ramos Vargas, en el cual prestan servicios en calidad de funcionarios los testigos sobre los cuales se ha deducido tacha por las inhabilidades de los Nºs. 4 y 5, esto es, ser dependientes, en calidad de trabajadores, de la persona que los presenta, lo cual constituye un hecho cierto, reconocido por los propios testigos. El artículo 358 no distingue que se trate de personas jurídicas o naturales, ni tampoco que se trate de personas de instituciones civiles o de carácter público, las que se encuentren en litigio, por lo que a uno y otro se les puede aplicar por igual la norma, por lo que se acogerá la tacha respecto de estas causales. 9º. Que respecto del Nº 6 del artículo 358, es decir, carecer de imparcialidad por tener interés directo o indirecto, evidentemente no corresponde, dado que si bien es cierto tienen la calidad de funcionarios del servicio que los presenta, ello no implica que tengan interés porque no van a contribuir ni van a ganar ninguna recompensa, tributo o remuneración, cualquiera sea el resultado del juicio y por lo que deberá rechazarse respecto de esta causal. III. En cuanto al fondo: 10º. Que Adán del Carmen Lazo Sepúlveda, Ethel Loreto Lazo Aguero y Felipe Javier Lazo Aguero, todos individualizados, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Salud Talcahuano, representado por Jorge Washington Ramos Vargas, de quienes también se han consignado sus señas personales en autos, fundamentado en las consideraciones de hecho y de derecho referidas en lo expositivo del presente fallo. 11º. Que, contestando, la demandada expresa que no puede establecerse si el asesinato ocurrió con ocasión o a causa del trabajo, puesto que la investigación no ha dado resultados, ni ha arrojado hechos positivos, por lo que no se conoce la identidad de los autores, además resulta falso que a la hora del crimen no hubiere guardias en el hospital y la persona trabajaba en un lugar absolutamente iluminado. 12º. Que replicando, el actor reproduce los hechos señalados en la demanda y reitera que no, existe duda que la muerte de doña Marta Aguero Urra, se produjo a causa, o con ocasión del trabajo, porque ésta ocurrió durante la jornada de trabajo, en el recinto de la empresa y mientras cumplía con sus labores.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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13º. Que el demandado al duplicar reitera, reproduce y ratifica los términos de su contestación, e insiste en que el hecho que el artículo 14 de la ley Nº 19.303 considere como accidentes del trabajo los hechos delictuales ocurridos a causa o con ocasión del trabajo, no significa que todo hecho delictual sea a causa o con ocasión del trabajo en este caso, dice, habrá que establecer la relación de la acción delictual con el trabajo, para calificar los hechos como accidente del trabajo. 14º. Que en orden a acreditar los fundamentos fácticos de la acción deducida, los actores acompañaron la prueba documental de fs. 1 y siguientes, consistente en certificado de matrimonio entre Adán Lazo y Marta Aguero; certificado de defunción de ésta; certificado médico de defunción; fotocopia de libreta de familia. A fs. 103 y siguientes, acompañó copia de informe de autopsia de Marta Aguero, de auto cabeza de proceso, de parte policial de declaración de David Lagos García; libreta de matrimonio; resoluciones, médicas de Adán Lazo, con diagnóstico de trastorno depresivo; resolución Nº 1 B/4.007/2001, de la Compin, que ordena el pago de licencias médicas al actor Lazo Sepúlveda; informe médico suscrito por la psiquiatra Ana Mangili. 15º. Que en cuanto a la prueba testimonial, los actores, hicieron comparecer a los testigos Saavedra Gómez, Oyarce Flores Hormazábal Montecinos, Pasionaria Villar Cariaga, Tania Villar Cariaga, Villalobos Inostroza y Sepúlveda Vera declarando, el primero, conocer a los actores, don Adán Lazo era casado con doña Marta Aguero y eran los padres de Felipe y; Ethel Lazo Aguero; que la Sra. Marta falleció en su lugar de trabajo, el Banco de Sangre del Hospital Higueras, el 29 de octubre de 2000, en horas de la noche. Que su muerte fue producto de puñaladas que le dieron. Que no había guardias ni seguridad en el Hospital. Repreguntado, dice que ella trabajaba de 20 a 8 horas y lo hacía sola; que el lugar donde la Sra. Marta trabajaba, es una habitación semi reducida que está en la parte posterior del hospital, alejada de todo el tránsito más continuo, sin mucha iluminación. Que por la prensa y la familia supo que durante los fines de semana no hay guardias en los accesos al hospital y desde que ocurrieron los hechos, se implantaron medidas de seguridad. Contrainterrogado, el testigo dice que el año 1999, conoció el Banco de Sangre porque fue a pedir información para una campaña de donación de sangre; que no le consta físicamente que el día del asesinato no haya habido guardias. Al segundo punto de prueba, sostiene que le consta que el Servicio no disponía de medios de seguridad ni personal ni artificiales, como en otros centros asistenciales; que la Sra. Marta no recibió auxilio ni atención oportuna de ningún funcionario porque nadie sabía que había fallecido, hasta el día siguiente cuando tuvieron que forzar la puerta del Banco de Sangre porque se ignoraba si estaba allí o no. Dice que en la sala existe un teléfono pero no sabe si se puede llamar al exterior. Afirma que la muerte de la Sra. Marta ocasionó enormes daños a la familia; su marido estuvo largo tiempo con licencia médica por cuadros depresivos angustiosos derivados de la muerte de su mujer; que debió jubilar anticipadamente en la Empresa Huachipato, ocasionándosele así perjuicios económicos al dejar de percibir prestaciones propias de la empresa. En cuanto a los hijos Felipe Andrés también presentó cuadros depresivos que no pudo tratar por falta de recursos económicos; le reapareció una epilepsia que sufría y Ethel, por su parte, fue la que resultó más afectada según él, porque era muy apegada a su madre en ese tiempo y estudiaba enfermería y se tituló, era una joven alegre, normal y después del homicidio es una persona triste, nostálgica, introvertida y temerosa. En definitiva, dice, el grupo familiar experimentó un gran dolor por las circunstancias en que ocurrió el homicidio, lo que se agrava porque hasta la fecha se ignora quiénes fueron los autores. La testigo Oyarce Flores a fs. 75, declara conocer a la familia de los actores porque una hermana era compañera de universidad, con Felipe y así fue que se relacionaron. Dice saber por dichos de éstos, que doña Marta Aguero tenía turnos de 20 a 8 horas en el Banco de Sangre del Hospital Higueras porque era técnico paramédico; que ella se presentó el 29 de octubre de 2000 a su turno y la mataron durante su turno en su lugar de trabajo. Dice que por dichos de la familia y por la prensa, que el lugar donde trabajaba era alejado del resto de funcionarios que laboraban de noche, sin vigilancia, al punto que su cuerpo fue encontrado al día siguiente, cuando tenía que cambiar de turno y no aparecía; que tuvieron que forzar la puerta para poder ingresar al lugar. Repreguntada, la testigo dice que la Sra. Marta Aguero falleció producto de un homicidio en su lugar de trabajo en su jornada de trabajo y de acuerdo a las instrucciones de su empleador. Contrainterrogada, dice que por la prensa y de la familia, sabe que no había guardia y que, el lugar era oscuro; que no había personas cerca desempeñando turnos. Agrega al segundo

13º. Que el demandado al duplicar reitera, reproduce y ratifica los términos de su contestación, e insiste en que el hecho que el artículo 14 de la ley Nº 19.303 considere como accidentes del trabajo los hechos delictuales ocurridos a causa o con ocasión del trabajo, no significa que todo hecho delictual sea a causa o con ocasión del trabajo en este caso, dice, habrá que establecer la relación de la acción delictual con el trabajo, para calificar los hechos como accidente del trabajo. 14º. Que en orden a acreditar los fundamentos fácticos de la acción deducida, los actores acompañaron la prueba documental de fs. 1 y siguientes, consistente en certificado de matrimonio entre Adán Lazo y Marta Aguero; certificado de defunción de ésta; certificado médico de defunción; fotocopia de libreta de familia. A fs. 103 y siguientes, acompañó copia de informe de autopsia de Marta Aguero, de auto cabeza de proceso, de parte policial de declaración de David Lagos García; libreta de matrimonio; resoluciones, médicas de Adán Lazo, con diagnóstico de trastorno depresivo; resolución Nº 1 B/4.007/2001, de la Compin, que ordena el pago de licencias médicas al actor Lazo Sepúlveda; informe médico suscrito por la psiquiatra Ana Mangili. 15º. Que en cuanto a la prueba testimonial, los actores, hicieron comparecer a los testigos Saavedra Gómez, Oyarce Flores Hormazábal Montecinos, Pasionaria Villar Cariaga, Tania Villar Cariaga, Villalobos Inostroza y Sepúlveda Vera declarando, el primero, conocer a los actores, don Adán Lazo era casado con doña Marta Aguero y eran los padres de Felipe y; Ethel Lazo Aguero; que la Sra. Marta falleció en su lugar de trabajo, el Banco de Sangre del Hospital Higueras, el 29 de octubre de 2000, en horas de la noche. Que su muerte fue producto de puñaladas que le dieron. Que no había guardias ni seguridad en el Hospital. Repreguntado, dice que ella trabajaba de 20 a 8 horas y lo hacía sola; que el lugar donde la Sra. Marta trabajaba, es una habitación semi reducida que está en la parte posterior del hospital, alejada de todo el tránsito más continuo, sin mucha iluminación. Que por la prensa y la familia supo que durante los fines de semana no hay guardias en los accesos al hospital y desde que ocurrieron los hechos, se implantaron medidas de seguridad. Contrainterrogado, el testigo dice que el año 1999, conoció el Banco de Sangre porque fue a pedir información para una campaña de donación de sangre; que no le consta físicamente que el día del asesinato no haya habido guardias. Al segundo punto de prueba, sostiene que le consta que el Servicio no disponía de medios de seguridad ni personal ni artificiales, como en otros centros asistenciales; que la Sra. Marta no recibió auxilio ni atención oportuna de ningún funcionario porque nadie sabía que había fallecido, hasta el día siguiente cuando tuvieron que forzar la puerta del Banco de Sangre porque se ignoraba si estaba allí o no. Dice que en la sala existe un teléfono pero no sabe si se puede llamar al exterior. Afirma que la muerte de la Sra. Marta ocasionó enormes daños a la familia; su marido estuvo largo tiempo con licencia médica por cuadros depresivos angustiosos derivados de la muerte de su mujer; que debió jubilar anticipadamente en la Empresa Huachipato, ocasionándosele así perjuicios económicos al dejar de percibir prestaciones propias de la empresa. En cuanto a los hijos Felipe Andrés también presentó cuadros depresivos que no pudo tratar por falta de recursos económicos; le reapareció una epilepsia que sufría y Ethel, por su parte, fue la que resultó más afectada según él, porque era muy apegada a su madre en ese tiempo y estudiaba enfermería y se tituló, era una joven alegre, normal y después del homicidio es una persona triste, nostálgica, introvertida y temerosa. En definitiva, dice, el grupo familiar experimentó un gran dolor por las circunstancias en que ocurrió el homicidio, lo que se agrava porque hasta la fecha se ignora quiénes fueron los autores. La testigo Oyarce Flores a fs. 75, declara conocer a la familia de los actores porque una hermana era compañera de universidad, con Felipe y así fue que se relacionaron. Dice saber por dichos de éstos, que doña Marta Aguero tenía turnos de 20 a 8 horas en el Banco de Sangre del Hospital Higueras porque era técnico paramédico; que ella se presentó el 29 de octubre de 2000 a su turno y la mataron durante su turno en su lugar de trabajo. Dice que por dichos de la familia y por la prensa, que el lugar donde trabajaba era alejado del resto de funcionarios que laboraban de noche, sin vigilancia, al punto que su cuerpo fue encontrado al día siguiente, cuando tenía que cambiar de turno y no aparecía; que tuvieron que forzar la puerta para poder ingresar al lugar. Repreguntada, la testigo dice que la Sra. Marta Aguero falleció producto de un homicidio en su lugar de trabajo en su jornada de trabajo y de acuerdo a las instrucciones de su empleador. Contrainterrogada, dice que por la prensa y de la familia, sabe que no había guardia y que, el lugar era oscuro; que no había personas cerca desempeñando turnos. Agrega al segundo ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

punto, que el empleador no dispuso las medidas de seguridad para proteger a la trabajadora porque ella laboraba sola, en un lugar alejado, solitario, tanto que su cuerpo fue encontrado, al día siguiente, al cambio de turno; que no había medidas de seguridad como guardias, sistema de cámaras; sistemas de control de ingreso de personas, alarmas, todo lo cual sabe por dichos de la familia y los medios de prensa. Afirma que la muerte de doña Marta Aguero causó perjuicios a los actores. Su marido empezó a tener problemas de depresión que le perjudicaron en su trabajo, licencias médicas prolongadas, al punto que debió optar por la jubilación anticipada, con desmedro económico por la reducción de ingresos; también se le produjo daño psicológico por la pena, el dolor por la pérdida de su esposa, ahora se le ve con mucha tristeza, afectado, lloroso. Felipe, el hijo del matrimonio era muy querendón de su madre, siempre estaba pendiente de ella y quedó muy afectado por su muerte; que días después de los hechos, él comenzó a trabajar en el Sename, pero estaba muy triste por la pérdida de su madre, muy afectado, con bajas de ánimo, con un sentimiento de impotencia terrible y hubo que cambiarlo de trabajo porque debía desempeñarse con jóvenes con problemas conductuales; también le volvió un problema de epilepsia que tenía cuando niño y debió volver a tratarse con neurólogo. En cuanto a Ethel, la otra hija, era muy apegada a su madre, la acompañaba al trabajo y su muerte ha tenido graves consecuencias en ella, le ha cambiado su estado de ánimo, tuvo problemas en la universidad, se le ve triste, depresiva con mucho dolor, aún llora cuando se acuerda de ella; antes era una joven dedicada a sus estudios, conversadora, alegre, con muchos planes, con amigos, que salía con ellos. Agrega la testigo que por los hermanos ha sabido que lo que más dolor les produce, es que todo haya ocurrido en su trabajo, no saben quienes fueron, las circunstancias específicas; que su sentimiento de frustración e impotencia es grande al no poder cerrar el duelo. La testigo Hormazábal Montecinos, a fs. 83, afirma conocer a las partes y que doña Marta Aguero Urra fue asesinada el 29 de octubre de 2000, mientras estaba en su turno de noche en el Banco de Sangre del Hospital Higueras, que esto se supo por las noticias, por la Universidad y también por Ethel; que fue acuchillada o apuñalaba. Que el lugar de los hechos está solo en el final de un pasillo, alejado del centro del hospital, sin ningún tipo de seguridad como guardias y trabajaba sola; dice que ella ha estado en el lugar en calidad de alumna. Que supo que el cadáver lo encontraron al cabo de turno y que durante la noche no se escuchó nada, no se vio entrar a nadie. Contrainterrogada, dice que el Banco de Sangre se ubica en el interior del hospital, en el hall central, dónde está el acceso principal al Hospital; que el lugar era de acceso restringido porque había que tocar le puerta para ingresar, pero el pasillo no que la puerta de acceso tenía chapa, al menos cuando ella tenía acceso a ese lugar. Agrega que en el laboratorio y en radiología siempre debía haber alguien de turno, pero no sabe si el día de los hechos había alguien; que en el interior del Banco de Sangre, había teléfono. Al punto 2º, sostiene que considera que no había seguridad en el lugar de trabajo porque los turnos eran de una sola persona, el lugar no era transitado de noche, la comunicación era sólo por citófono, de noche era un lugar lúgubre y con poca luz y cuando ella estuvo, no había guardias en el sector; que ella nunca vio alarma u otro sistema de seguridad. Agrega que conoce a la familia de la occisa y por visitar su casa, sabe que don Adán estaba con licencias médicas por depresión y que se había acogido a jubilación anticipada; Felipe, hermano de Ethel, tuvo problemas en su trabajo luego, del homicidio de su madre, según ella le contó, tuvo reincidencia de los ataques de epilepsia que ya tenía controlada y a Ethel, por su parte, la conoció como alumna de la Universidad de Concepción, era participativa, extrovertida y no como ahora; el homicidio de su madre la afectó en aspectos de su vida porque era su apoyo económico y emocional; se transformó, en una persona desmotivada, introvertida, rara vez se sonreía y andaba temerosa de la gente. Toda la familia se vio muy afectada por la muerte de la madre, porque ella era el apoyo de todos, en especial la forma en que falleció la Sra. Marta afectó la seguridad deja familia, que estaba temerosa de que le pasara algo a ellos al ignorar el motivo de la muerte de la señora. Repreguntada, dice que el hecho de no saber quienes fueron los autores, los motivos y el ensañamiento con que se actuó contra la señora, afecta mucho a la familia. La testigo Pasionaria Villar, declara que la muerte de doña Marta Aguero causó grandes perjuicios en Ethel, quien estaba en Arauco cuando ello ocurrió; Ethel había conversado la noche anterior con su madre por teléfono y se le escuchaba bastante alegre y al día siguiente supieron del homicidio. Después Ethel les contó que no había guardias en el hospital. Ella quedó muy afectada por la muerte de su madre, en la Uni-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

punto, que el empleador no dispuso las medidas de seguridad para proteger a la trabajadora porque ella laboraba sola, en un lugar alejado, solitario, tanto que su cuerpo fue encontrado, al día siguiente, al cambio de turno; que no había medidas de seguridad como guardias, sistema de cámaras; sistemas de control de ingreso de personas, alarmas, todo lo cual sabe por dichos de la familia y los medios de prensa. Afirma que la muerte de doña Marta Aguero causó perjuicios a los actores. Su marido empezó a tener problemas de depresión que le perjudicaron en su trabajo, licencias médicas prolongadas, al punto que debió optar por la jubilación anticipada, con desmedro económico por la reducción de ingresos; también se le produjo daño psicológico por la pena, el dolor por la pérdida de su esposa, ahora se le ve con mucha tristeza, afectado, lloroso. Felipe, el hijo del matrimonio era muy querendón de su madre, siempre estaba pendiente de ella y quedó muy afectado por su muerte; que días después de los hechos, él comenzó a trabajar en el Sename, pero estaba muy triste por la pérdida de su madre, muy afectado, con bajas de ánimo, con un sentimiento de impotencia terrible y hubo que cambiarlo de trabajo porque debía desempeñarse con jóvenes con problemas conductuales; también le volvió un problema de epilepsia que tenía cuando niño y debió volver a tratarse con neurólogo. En cuanto a Ethel, la otra hija, era muy apegada a su madre, la acompañaba al trabajo y su muerte ha tenido graves consecuencias en ella, le ha cambiado su estado de ánimo, tuvo problemas en la universidad, se le ve triste, depresiva con mucho dolor, aún llora cuando se acuerda de ella; antes era una joven dedicada a sus estudios, conversadora, alegre, con muchos planes, con amigos, que salía con ellos. Agrega la testigo que por los hermanos ha sabido que lo que más dolor les produce, es que todo haya ocurrido en su trabajo, no saben quienes fueron, las circunstancias específicas; que su sentimiento de frustración e impotencia es grande al no poder cerrar el duelo. La testigo Hormazábal Montecinos, a fs. 83, afirma conocer a las partes y que doña Marta Aguero Urra fue asesinada el 29 de octubre de 2000, mientras estaba en su turno de noche en el Banco de Sangre del Hospital Higueras, que esto se supo por las noticias, por la Universidad y también por Ethel; que fue acuchillada o apuñalaba. Que el lugar de los hechos está solo en el final de un pasillo, alejado del centro del hospital, sin ningún tipo de seguridad como guardias y trabajaba sola; dice que ella ha estado en el lugar en calidad de alumna. Que supo que el cadáver lo encontraron al cabo de turno y que durante la noche no se escuchó nada, no se vio entrar a nadie. Contrainterrogada, dice que el Banco de Sangre se ubica en el interior del hospital, en el hall central, dónde está el acceso principal al Hospital; que el lugar era de acceso restringido porque había que tocar le puerta para ingresar, pero el pasillo no que la puerta de acceso tenía chapa, al menos cuando ella tenía acceso a ese lugar. Agrega que en el laboratorio y en radiología siempre debía haber alguien de turno, pero no sabe si el día de los hechos había alguien; que en el interior del Banco de Sangre, había teléfono. Al punto 2º, sostiene que considera que no había seguridad en el lugar de trabajo porque los turnos eran de una sola persona, el lugar no era transitado de noche, la comunicación era sólo por citófono, de noche era un lugar lúgubre y con poca luz y cuando ella estuvo, no había guardias en el sector; que ella nunca vio alarma u otro sistema de seguridad. Agrega que conoce a la familia de la occisa y por visitar su casa, sabe que don Adán estaba con licencias médicas por depresión y que se había acogido a jubilación anticipada; Felipe, hermano de Ethel, tuvo problemas en su trabajo luego, del homicidio de su madre, según ella le contó, tuvo reincidencia de los ataques de epilepsia que ya tenía controlada y a Ethel, por su parte, la conoció como alumna de la Universidad de Concepción, era participativa, extrovertida y no como ahora; el homicidio de su madre la afectó en aspectos de su vida porque era su apoyo económico y emocional; se transformó, en una persona desmotivada, introvertida, rara vez se sonreía y andaba temerosa de la gente. Toda la familia se vio muy afectada por la muerte de la madre, porque ella era el apoyo de todos, en especial la forma en que falleció la Sra. Marta afectó la seguridad deja familia, que estaba temerosa de que le pasara algo a ellos al ignorar el motivo de la muerte de la señora. Repreguntada, dice que el hecho de no saber quienes fueron los autores, los motivos y el ensañamiento con que se actuó contra la señora, afecta mucho a la familia. La testigo Pasionaria Villar, declara que la muerte de doña Marta Aguero causó grandes perjuicios en Ethel, quien estaba en Arauco cuando ello ocurrió; Ethel había conversado la noche anterior con su madre por teléfono y se le escuchaba bastante alegre y al día siguiente supieron del homicidio. Después Ethel les contó que no había guardias en el hospital. Ella quedó muy afectada por la muerte de su madre, en la Uni-

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versidad la presionaban para que postergara la carrera; se quebraba en lugares públicos, lloraba mucho y luego se transformó en una niña que hablaba poco, sólo observaba, se transformó en introvertida. Su hermano Felipe sufría de epilepsia y le volvió su enfermedad con la muerte de su madre, tuvo que ser trasladado de su trabajo con niños a uno administrativo. El padre, por su parte, tuvo que jubilar anticipadamente porque trabajó por años en Huachipato y se le veía muy quebrado, aproblemado, con depresión después del homicidio de su señora, nunca más volvió a trabajar. Repreguntada, dice que el homicidio de la Sra. Marta causó un profundo dolor a la familia, nunca volvieron a ser los mismos de antes; Ethel sufría crisis de llanto, inseguridad por las circunstancias de la muerte y por no saber quién la mató; la familia quedó destrozada. La testigo Tania Villar afirma que la Sra. Marta Aguero Urra fue asesinada en su lugar de trabajo el día 29 de octubre de 2000, en el Hospital Higueras; ella trabajaba allí en turno de noche, en el Banco de Sangre y la encontraron al otro día. El turno lo realizaba sola. Por dichos de Ethel supo que ella a veces acompañaba a su madre a hacer los turnos y que se quedaba sola en el lugar; que no había seguridad ni protección para la funcionaria porque no había guardias esa noche. Por don Adán sabía que el lugar era oscuro, poco iluminado. Sostiene que la familia sufro un perjuicio, porque se vieron afectados en la parte económica y psicológica; que vio a Ethel desesperada y muy afectada; se le ve frágil, con miedo; que antes de la muerte de su madre ella era muy alegre compartía con todos, se le veía feliz, salía, llevaba una vida normal, propia de una joven; después sufrió persecución por estar vinculada a un hecho de esa naturaleza, le pedían que abandonara la carrera, estuvo con psicólogos; casi no hablaba, se emocionaba con cualquier cosa. Dice haber conocido a don Adán Lazo, que estaba casado con doña Marta Aguero y eran padres de Ethel y Felipe; él trabajaba en Huachipato cuando ocurrió el hecho y después de él estuvo con psicólogos por depresión, permaneció con licencias médicas largo tiempo. A Felipe, no lo conoce pero por su hermana supo que estaba muy afectado con la muerte dé su madre, que tiene una epilepsia que aumentó con esto y se descontroló, tuvo convulsiones en su lugar de trabajo; que la forma en que ocurrió la muerte de la Sra. Marta causó un profundo dolor a los demandantes, quienes nunca van a recuperar su manera de vivir y el hecho que no se conozcan los autores agrava más la situación. El testigo Villalobos Inostroza, afirma que por Ethel conoce a su familia, al padre Adán Lazo y a su hermano Felipe. Sobre los hechos, sabe que el 29 de octubre de 2002, como a las 23 horas, en el Banco de Sangre del Hospital Higueras ocurrió el homicidio de la Sra. Marta Aguero, quien cumplía el turno de noche en ese establecimiento en forma solitaria; que no había vigilancia en el hospital; que el homicidio fue con arma blanca y diversas puñaladas; que el cuerpo fue descubierto al día siguiente. Finalmente, el testigo Sepúlveda Vera, a fs. 154, dice haber sido compañero de trabajo del actor Adán Lazo, y que por las vivencias en que participó desde diciembre de 2000, supo cómo cambió la vida de su familia, especialmente en el aspecto económico, al tener él un problema de depresión mayor y licencias médicas renovadas; esa depresión se produjo por el efecto psicológico que le produjo el homicidio de su señora el 29 de octubre de ese año. Dice que durante el período de licencias, se agravó la situación económica de la familia, debieron cubrir diversos gastos médicos, él tuvo un desgaste físico y mental que lo llevó a tomar la decisión de jubilar anticipadamente. Dice saber que Ethel tuvo problemas en la universidad porque querían que abandonara sus estudios y debió intervenir su padre; que la joven era muy apegada a su madre que era técnico paramédico en el Hospital Higueras y se desempeñaba en el Banco de Sangre del establecimiento y que la situación afectó psicológicamente a la joven. El hijo trabaja en Sename, en el área de recuperación de adolescentes y que la epilepsia que tenía controlada se le activó con los hechos, lo que obligó a cambiarlo a una labor administrativa. Agrega que el hecho de que el homicidio de su madre no se aclare, mantiene latente el daño producido. El perjuicio se tradujo en que él perdió sus remuneraciones normales en Huachipato, también por la pensión anticipada. Repreguntado, dice que las circunstancias de haber sido asesinada la señora agravó al grupo familiar, también el nulo apoyo moral o material. Contrainterrogado, dice que efectivamente la jubilación anticipada del actor, se tramitó mediante el reconocimiento de labores como trabajo pesado. 16º. Que, por su parte, la demandada presentó la prueba documental que corre a fs. 7 26 y siguientes, consistente en fotocopia autorizada de declaraciones de Claudio Morgan Cano, José Millar Villagrán, Sergio Mardones Arias, Claudio Sanhueza Aedo, todos guardias de seguridad del Hospital

versidad la presionaban para que postergara la carrera; se quebraba en lugares públicos, lloraba mucho y luego se transformó en una niña que hablaba poco, sólo observaba, se transformó en introvertida. Su hermano Felipe sufría de epilepsia y le volvió su enfermedad con la muerte de su madre, tuvo que ser trasladado de su trabajo con niños a uno administrativo. El padre, por su parte, tuvo que jubilar anticipadamente porque trabajó por años en Huachipato y se le veía muy quebrado, aproblemado, con depresión después del homicidio de su señora, nunca más volvió a trabajar. Repreguntada, dice que el homicidio de la Sra. Marta causó un profundo dolor a la familia, nunca volvieron a ser los mismos de antes; Ethel sufría crisis de llanto, inseguridad por las circunstancias de la muerte y por no saber quién la mató; la familia quedó destrozada. La testigo Tania Villar afirma que la Sra. Marta Aguero Urra fue asesinada en su lugar de trabajo el día 29 de octubre de 2000, en el Hospital Higueras; ella trabajaba allí en turno de noche, en el Banco de Sangre y la encontraron al otro día. El turno lo realizaba sola. Por dichos de Ethel supo que ella a veces acompañaba a su madre a hacer los turnos y que se quedaba sola en el lugar; que no había seguridad ni protección para la funcionaria porque no había guardias esa noche. Por don Adán sabía que el lugar era oscuro, poco iluminado. Sostiene que la familia sufro un perjuicio, porque se vieron afectados en la parte económica y psicológica; que vio a Ethel desesperada y muy afectada; se le ve frágil, con miedo; que antes de la muerte de su madre ella era muy alegre compartía con todos, se le veía feliz, salía, llevaba una vida normal, propia de una joven; después sufrió persecución por estar vinculada a un hecho de esa naturaleza, le pedían que abandonara la carrera, estuvo con psicólogos; casi no hablaba, se emocionaba con cualquier cosa. Dice haber conocido a don Adán Lazo, que estaba casado con doña Marta Aguero y eran padres de Ethel y Felipe; él trabajaba en Huachipato cuando ocurrió el hecho y después de él estuvo con psicólogos por depresión, permaneció con licencias médicas largo tiempo. A Felipe, no lo conoce pero por su hermana supo que estaba muy afectado con la muerte dé su madre, que tiene una epilepsia que aumentó con esto y se descontroló, tuvo convulsiones en su lugar de trabajo; que la forma en que ocurrió la muerte de la Sra. Marta causó un profundo dolor a los demandantes, quienes nunca van a recuperar su manera de vivir y el hecho que no se conozcan los autores agrava más la situación. El testigo Villalobos Inostroza, afirma que por Ethel conoce a su familia, al padre Adán Lazo y a su hermano Felipe. Sobre los hechos, sabe que el 29 de octubre de 2002, como a las 23 horas, en el Banco de Sangre del Hospital Higueras ocurrió el homicidio de la Sra. Marta Aguero, quien cumplía el turno de noche en ese establecimiento en forma solitaria; que no había vigilancia en el hospital; que el homicidio fue con arma blanca y diversas puñaladas; que el cuerpo fue descubierto al día siguiente. Finalmente, el testigo Sepúlveda Vera, a fs. 154, dice haber sido compañero de trabajo del actor Adán Lazo, y que por las vivencias en que participó desde diciembre de 2000, supo cómo cambió la vida de su familia, especialmente en el aspecto económico, al tener él un problema de depresión mayor y licencias médicas renovadas; esa depresión se produjo por el efecto psicológico que le produjo el homicidio de su señora el 29 de octubre de ese año. Dice que durante el período de licencias, se agravó la situación económica de la familia, debieron cubrir diversos gastos médicos, él tuvo un desgaste físico y mental que lo llevó a tomar la decisión de jubilar anticipadamente. Dice saber que Ethel tuvo problemas en la universidad porque querían que abandonara sus estudios y debió intervenir su padre; que la joven era muy apegada a su madre que era técnico paramédico en el Hospital Higueras y se desempeñaba en el Banco de Sangre del establecimiento y que la situación afectó psicológicamente a la joven. El hijo trabaja en Sename, en el área de recuperación de adolescentes y que la epilepsia que tenía controlada se le activó con los hechos, lo que obligó a cambiarlo a una labor administrativa. Agrega que el hecho de que el homicidio de su madre no se aclare, mantiene latente el daño producido. El perjuicio se tradujo en que él perdió sus remuneraciones normales en Huachipato, también por la pensión anticipada. Repreguntado, dice que las circunstancias de haber sido asesinada la señora agravó al grupo familiar, también el nulo apoyo moral o material. Contrainterrogado, dice que efectivamente la jubilación anticipada del actor, se tramitó mediante el reconocimiento de labores como trabajo pesado. 16º. Que, por su parte, la demandada presentó la prueba documental que corre a fs. 7 26 y siguientes, consistente en fotocopia autorizada de declaraciones de Claudio Morgan Cano, José Millar Villagrán, Sergio Mardones Arias, Claudio Sanhueza Aedo, todos guardias de seguridad del Hospital ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Higueras y copia de resolución 1546, suscrita por el Director del Hospital, para certificar la adjudicación del servicio de vigilancia, en la cual se especifican los puestos de trabajo, horario y demás especificaciones técnicas. 17º. Que, además se realizó inspección personal al lugar de los hechos, como se desprende del acta rolante a fs. 183, en la cual se deja constancia que el Banco de Sangre, se encuentra al interior del establecimiento colindando y separado por pasillo, con el Laboratorio de Exámenes que funciona las 24 horas del día, aunque en la noche se mantiene cerrado y para la recepción de muestras se debe tocar un timbre. El Banco de Sangre es una oficina cerrada, sin ventanas al pasillo, a la que se accede por una puerta y para cuya atención, también debe tocarse un timbre. En el inferior, frente a la puerta, existe un escritorio con computadora, teléfono y citófono y frente a éste, hay elementos de laboratorio; no existe ninguna puerta colindante con oficinas; hay una ventana que da a un patio interior sin acceso a público; frente a la puerta, hay una de acceso del público en el día, la cual queda cerrada con candado en la noche. Se observa que las salas más cercanas al Banco, son el laboratorio de exámenes y laboratorio de imagenología, pero desde ninguna existe acceso directo al Banco. Se deja constancia, además, que el Hospital tiene dos accesos para vehículos por Avda. Alto Horno, los que por la noche quedan cerrados y uno de ellos con guardia; hay acceso público también por la Asistencia Pública, donde hay un guardia permanente y un Carabinero; otro acceso por pabellón docente y otro por pensionado, pero durante el día funcionan hasta las 17 horas y después todo queda cerrado. Por las noches, existen tres guardias permanentes, uno al ingreso del estacionamiento por Alto Horno, otro en Asistencia Pública y otro en una garita ubicada en calle Radal, por donde ingresa el público a visitar enfermos durante el día y hasta las 17 horas, pero que por las noches queda cerrada. 18º. Que este sentenciador ha sido redundante en expresar que los empleadores deben ceñirse estrictamente a las disposiciones de carácter internacional que comprometen al país como miembro de una organización mundial de países civilizados y decentes y, principalmente, también a la normativa nacional que propone, conforme a las garantías constitucionales preservar la vida y la salud, la libertad, la honra y todos los derechos esenciales de la persona humana. En la normativa más próxima, el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política del Estado, se establece el derecho a la seguridad social y dentro de esta disciplina, la seguridad social, además de la medicina social, la política habitacional y todos los aspectos que implican la solidaridad del Estado respecto a los más débiles, se encuentran también los seguros por riesgos de accidentes y enfermedades laborales, es decir, la prevención de estos riesgos, en los que el empleador resulta guardador, vigilante, tutelar de la seguridad de sus trabajadores, tanto en el ámbito público, como privado, desde que el D.S. 102 de agosto de 1969, incorporó a los funcionarios públicos de la administración civil del Estado y de las instituciones administrativamente descentralizadas al Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establecidos por la ley Nº 16.744 y en su reglamento. 19º. Que la ley Nº 19.303 de abril de 1994, expresa en su artículo 1º, que a fin de colaborar con la autoridad en la prevención de delitos y en la protección de la seguridad de las personas, especialmente de su personal y de sus usuarios y clientes, los establecimientos, instituciones o empresas que por sus actividades reciban, mantengan, paguen valores o dineros, sea en forma permanente o temporal y que mantengan en una suma de alrededor de $ 10.000.000, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones de la mencionada ley. Esta ley, además, establece una regla de carácter general en cuanto su artículo 14 señala que los daños físicos o psíquicos que sufran los trabajadores de las empresas o entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo, son accidentes del trabajo, sujetos a las normas de la ley Nº 16.744. 20º. Que en conformidad a lo anteriormente expresado, no es posible negar, porque la ley lo ordena, que el homicidio de la cónyuge y madre de los demandantes, pueda constituir accidente del trabajo y esto aun cuando no se trate de las empresas a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 19.303, desde que el artículo 14 se refiere a todas aquellas empresas o establecimientos que sean objeto de robos, asaltos u otra forma de violencia, elementos que se han incorporado a la descripción del artículo 5º de la ley Nº 16.744. 21º. Que la demandante ha fundamentado su acción en la responsabilidad extracontractual, es decir, artículo 2329 del Código Civil en cuanto establece la regla general que todo daño atribuible a

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Higueras y copia de resolución 1546, suscrita por el Director del Hospital, para certificar la adjudicación del servicio de vigilancia, en la cual se especifican los puestos de trabajo, horario y demás especificaciones técnicas. 17º. Que, además se realizó inspección personal al lugar de los hechos, como se desprende del acta rolante a fs. 183, en la cual se deja constancia que el Banco de Sangre, se encuentra al interior del establecimiento colindando y separado por pasillo, con el Laboratorio de Exámenes que funciona las 24 horas del día, aunque en la noche se mantiene cerrado y para la recepción de muestras se debe tocar un timbre. El Banco de Sangre es una oficina cerrada, sin ventanas al pasillo, a la que se accede por una puerta y para cuya atención, también debe tocarse un timbre. En el inferior, frente a la puerta, existe un escritorio con computadora, teléfono y citófono y frente a éste, hay elementos de laboratorio; no existe ninguna puerta colindante con oficinas; hay una ventana que da a un patio interior sin acceso a público; frente a la puerta, hay una de acceso del público en el día, la cual queda cerrada con candado en la noche. Se observa que las salas más cercanas al Banco, son el laboratorio de exámenes y laboratorio de imagenología, pero desde ninguna existe acceso directo al Banco. Se deja constancia, además, que el Hospital tiene dos accesos para vehículos por Avda. Alto Horno, los que por la noche quedan cerrados y uno de ellos con guardia; hay acceso público también por la Asistencia Pública, donde hay un guardia permanente y un Carabinero; otro acceso por pabellón docente y otro por pensionado, pero durante el día funcionan hasta las 17 horas y después todo queda cerrado. Por las noches, existen tres guardias permanentes, uno al ingreso del estacionamiento por Alto Horno, otro en Asistencia Pública y otro en una garita ubicada en calle Radal, por donde ingresa el público a visitar enfermos durante el día y hasta las 17 horas, pero que por las noches queda cerrada. 18º. Que este sentenciador ha sido redundante en expresar que los empleadores deben ceñirse estrictamente a las disposiciones de carácter internacional que comprometen al país como miembro de una organización mundial de países civilizados y decentes y, principalmente, también a la normativa nacional que propone, conforme a las garantías constitucionales preservar la vida y la salud, la libertad, la honra y todos los derechos esenciales de la persona humana. En la normativa más próxima, el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política del Estado, se establece el derecho a la seguridad social y dentro de esta disciplina, la seguridad social, además de la medicina social, la política habitacional y todos los aspectos que implican la solidaridad del Estado respecto a los más débiles, se encuentran también los seguros por riesgos de accidentes y enfermedades laborales, es decir, la prevención de estos riesgos, en los que el empleador resulta guardador, vigilante, tutelar de la seguridad de sus trabajadores, tanto en el ámbito público, como privado, desde que el D.S. 102 de agosto de 1969, incorporó a los funcionarios públicos de la administración civil del Estado y de las instituciones administrativamente descentralizadas al Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establecidos por la ley Nº 16.744 y en su reglamento. 19º. Que la ley Nº 19.303 de abril de 1994, expresa en su artículo 1º, que a fin de colaborar con la autoridad en la prevención de delitos y en la protección de la seguridad de las personas, especialmente de su personal y de sus usuarios y clientes, los establecimientos, instituciones o empresas que por sus actividades reciban, mantengan, paguen valores o dineros, sea en forma permanente o temporal y que mantengan en una suma de alrededor de $ 10.000.000, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones de la mencionada ley. Esta ley, además, establece una regla de carácter general en cuanto su artículo 14 señala que los daños físicos o psíquicos que sufran los trabajadores de las empresas o entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo, son accidentes del trabajo, sujetos a las normas de la ley Nº 16.744. 20º. Que en conformidad a lo anteriormente expresado, no es posible negar, porque la ley lo ordena, que el homicidio de la cónyuge y madre de los demandantes, pueda constituir accidente del trabajo y esto aun cuando no se trate de las empresas a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 19.303, desde que el artículo 14 se refiere a todas aquellas empresas o establecimientos que sean objeto de robos, asaltos u otra forma de violencia, elementos que se han incorporado a la descripción del artículo 5º de la ley Nº 16.744. 21º. Que la demandante ha fundamentado su acción en la responsabilidad extracontractual, es decir, artículo 2329 del Código Civil en cuanto establece la regla general que todo daño atribuible a

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culpa o dolo de otro, debe ser reparado, concepto que se inicia en las expresiones del artículo 2314 del mismo cuerpo legal. La responsabilidad extracontractual exige el concurso de a lo menos, los siguientes elementos: un acto ilícito de parte del deudor; que dicho acto haya causado daño; que exista un nexo causal entre la acción culposa del deudor y el daño o perjuicio causado y que no existan circunstancias eximentes de responsabilidad. 22º. Que, a juicio del sentenciador, los actores pudieron también interponer su acción por responsabilidad objetiva del Estado por falta de servicio, pues en cuyo caso no debía acreditar la culpa, bastando para establecer la responsabilidad del Servicio de Salud, la existencia del nexo causal entre la acción u omisión y el daño, razón por la cual debemos referirnos a los hechos que determinan la culpa del demandado, que fue imputado por la actora a la negligencia de no haber tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida de sus funcionarios en los recintos en que deben prestar servicios durante la jornada de trabajo. 23º. Que de los antecedentes acompañados al proceso, aparece como hecho indiscutido de la causa, que la cónyuge y madre de los actores fue asesinada de una manera feroz, en el lugar donde prestaba sus servicios como funcionaria del establecimiento asistencial. Respecto de todas las averiguaciones, incluyendo la inspección personal del tribunal, se determinó que el lugar se encontraba dentro del establecimiento y que para llegar a él había que transitar por diversos pasillos, todos iluminados, existiendo al mismo tiempo numerosas personas que desarrollaban su trabajo nocturno, por lo que el hecho que el o los homicidas pudieran acceder libremente y con una tranquilidad y frialdad extraordinaria, cometer el asesinato y proceder al registro de especies y a limpiar el cadáver y el lugar del crimen, no deja lugar a dudas que los trabajadores de ese servicio, a lo menos en ese día y a esa hora, se encontraban absolutamente desamparados de vigilancia externa e interna, que les permitiera realizar sus funciones con plena seguridad de su persona, de su salud y de su vida. La inexistencia de seguridad para estos funcionarios, que digámoslo, trabajaban en turnos de noche, en un lugar de alto riesgo desde que se encuentra abierto a la entrada y salida de diversas personas tanto funcionarias como ajenas absolutamente al servido, implica una omisión grave para el establecimiento y para quienes son responsables y guardadores o tutores de la seguridad de los funcionarios, puesto que el contrato de trabajo lleva implícito por todas las normas vigentes, de carácter nacional e internacional que nos atañe cumplir, el deber de cuidado y de seguridad de los trabajadores y, desde otro punto de vista, debe estimarse siempre y en toda circunstancia que constituye un principio general de derecho, natural y lógico, que ningún acto o negocio jurídico, especialmente contractual laboral, o que lleve implícito obligaciones de esta naturaleza, pueden comprenderse si no se estima que la aceptación de dicho contrato no acarreará perjuicios en los bienes ni en la salud de los contratantes. 24º. Que la culpa del Servicio ha radicado precisamente en la falta de vigilancia, en la hora en el lugar en que el homicidio se produjo la falta de circuitos que permitan observar lo que ocurre en los pasillos o en los lugares en que los trabajadores se desempeñan en forma solitaria y que pueden ser por cualquier motivo atacados y dañados, a lo menos debió haber guardias que en forma permanente recorrieran el recinto interiormente, desde que aún si éstos hubieran existido en la periferia, ello no era suficiente para asegurar la vida y la salud de los funcionarios, como efectivamente ocurrió con la fallecida Marta Aguero Urra, víctima de un homicidio en el interior del Hospital Las Higueras. 25º. Que, así las cosas, el sentenciador estima que existe una responsabilidad por culpa de este organismo público, al no tomar las medidas de precaución necesarias para que la trabajadora realizara sus funciones nocturnas con seguridad; todo lo cual se desprende de lo anteriormente analizado. 26º. Que, a juicio del sentenciador, el daño moral que han sufrido los actores, si bien es cierto debe probarse y lo ha sido, conforme a la testimonial presentada, por esta parte y que se entiende perfectamente, de la forma atroz en que su esposa y madre fue torturada y asesinada, lo que debió y debe aún causar a los actores un grave deterioro de su desarrollo psíquico y un desmejoramiento de su ánimo y calidad de vida. 27º. Que el juez se encuentra con atribuciones para calcular prudentemente dicho daño que, conforme a las leyes del mercado, resulta absolutamente incalculable y sin precio, por ello y con el objeto único de entregar medios para que los actores puedan, como lo decía Santo Tomás, tener los medios para que su ocio se constituya en un elemento de olvido, de distracción y de eliminación del dolor

culpa o dolo de otro, debe ser reparado, concepto que se inicia en las expresiones del artículo 2314 del mismo cuerpo legal. La responsabilidad extracontractual exige el concurso de a lo menos, los siguientes elementos: un acto ilícito de parte del deudor; que dicho acto haya causado daño; que exista un nexo causal entre la acción culposa del deudor y el daño o perjuicio causado y que no existan circunstancias eximentes de responsabilidad. 22º. Que, a juicio del sentenciador, los actores pudieron también interponer su acción por responsabilidad objetiva del Estado por falta de servicio, pues en cuyo caso no debía acreditar la culpa, bastando para establecer la responsabilidad del Servicio de Salud, la existencia del nexo causal entre la acción u omisión y el daño, razón por la cual debemos referirnos a los hechos que determinan la culpa del demandado, que fue imputado por la actora a la negligencia de no haber tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida de sus funcionarios en los recintos en que deben prestar servicios durante la jornada de trabajo. 23º. Que de los antecedentes acompañados al proceso, aparece como hecho indiscutido de la causa, que la cónyuge y madre de los actores fue asesinada de una manera feroz, en el lugar donde prestaba sus servicios como funcionaria del establecimiento asistencial. Respecto de todas las averiguaciones, incluyendo la inspección personal del tribunal, se determinó que el lugar se encontraba dentro del establecimiento y que para llegar a él había que transitar por diversos pasillos, todos iluminados, existiendo al mismo tiempo numerosas personas que desarrollaban su trabajo nocturno, por lo que el hecho que el o los homicidas pudieran acceder libremente y con una tranquilidad y frialdad extraordinaria, cometer el asesinato y proceder al registro de especies y a limpiar el cadáver y el lugar del crimen, no deja lugar a dudas que los trabajadores de ese servicio, a lo menos en ese día y a esa hora, se encontraban absolutamente desamparados de vigilancia externa e interna, que les permitiera realizar sus funciones con plena seguridad de su persona, de su salud y de su vida. La inexistencia de seguridad para estos funcionarios, que digámoslo, trabajaban en turnos de noche, en un lugar de alto riesgo desde que se encuentra abierto a la entrada y salida de diversas personas tanto funcionarias como ajenas absolutamente al servido, implica una omisión grave para el establecimiento y para quienes son responsables y guardadores o tutores de la seguridad de los funcionarios, puesto que el contrato de trabajo lleva implícito por todas las normas vigentes, de carácter nacional e internacional que nos atañe cumplir, el deber de cuidado y de seguridad de los trabajadores y, desde otro punto de vista, debe estimarse siempre y en toda circunstancia que constituye un principio general de derecho, natural y lógico, que ningún acto o negocio jurídico, especialmente contractual laboral, o que lleve implícito obligaciones de esta naturaleza, pueden comprenderse si no se estima que la aceptación de dicho contrato no acarreará perjuicios en los bienes ni en la salud de los contratantes. 24º. Que la culpa del Servicio ha radicado precisamente en la falta de vigilancia, en la hora en el lugar en que el homicidio se produjo la falta de circuitos que permitan observar lo que ocurre en los pasillos o en los lugares en que los trabajadores se desempeñan en forma solitaria y que pueden ser por cualquier motivo atacados y dañados, a lo menos debió haber guardias que en forma permanente recorrieran el recinto interiormente, desde que aún si éstos hubieran existido en la periferia, ello no era suficiente para asegurar la vida y la salud de los funcionarios, como efectivamente ocurrió con la fallecida Marta Aguero Urra, víctima de un homicidio en el interior del Hospital Las Higueras. 25º. Que, así las cosas, el sentenciador estima que existe una responsabilidad por culpa de este organismo público, al no tomar las medidas de precaución necesarias para que la trabajadora realizara sus funciones nocturnas con seguridad; todo lo cual se desprende de lo anteriormente analizado. 26º. Que, a juicio del sentenciador, el daño moral que han sufrido los actores, si bien es cierto debe probarse y lo ha sido, conforme a la testimonial presentada, por esta parte y que se entiende perfectamente, de la forma atroz en que su esposa y madre fue torturada y asesinada, lo que debió y debe aún causar a los actores un grave deterioro de su desarrollo psíquico y un desmejoramiento de su ánimo y calidad de vida. 27º. Que el juez se encuentra con atribuciones para calcular prudentemente dicho daño que, conforme a las leyes del mercado, resulta absolutamente incalculable y sin precio, por ello y con el objeto único de entregar medios para que los actores puedan, como lo decía Santo Tomás, tener los medios para que su ocio se constituya en un elemento de olvido, de distracción y de eliminación del dolor ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Concepción, diecisiete de noviembre de dos mil cinco. VISTOS: En cuanto a la inadmisibilidad del recurso de apelación. 1. Que la parte demandante ha planteado que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en lo relativo a las tachas, es extemporáneo por cuanto la sentencia que las resuelve es interlocutoria y el plazo para apelar es de cinco días. 2. Que, si bien es efectivo que la sentencia de que se trata se ha pronunciado sobre tachas, objeciones documentales y sobre el fondo, tiene el carácter de sentencia definitiva y por ende el plazo de que dispone la parte apelante para enderezar el recurso es de diez días. De este modo, la apelación del Servicio de Salud no es extemporánea. En cuanto al recurso de casación en la forma. 3. Que, los actores estiman que este recurso es inadmisible por haberse deducido después de entablar el de apelación, como puede apreciarse del escrito de fs. 216, pues de esta forma resultan incompatibles. 4. Que, el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil permite interponer en forma conjunta ambos recursos, y el artículo 798 dispone “que el recurso de casación en la forma contra la sentencia de primera instancia se verá conjuntamente con la apelación. Deberá dictarse una sola sentencia para fallar la apelación y desechar la casación en la forma. Cuando se dé lugar a este último recurso, se tendrá como no interpuesto el recurso de apelación”. 5. Que, este último precepto demuestra el carácter subsidiario que presenta la apelación frente al recurso de casación en la forma, que reviste el papel de principal, y desde ese punto de vista resulta pertinente que en forma principal se recurra de casación y luego de apelación. Y es lógico que así sea, desde que la casación persigue anular la sentencia por vicios o defectos en que ha incurrido, y el recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior, que se supone válida. No obstante lo dicho, el asunto planteado carece de trascendencia toda vez que los presuntos vicios en que ha incurrido el fallo del juez a quo pueden ser reparados por la vía de la apelación.

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II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

psíquico y puedan llevar a cabo una vida más plena y más creativa, decidirá valorando prudencialmente el daño moral de cada uno. Por estas consideraciones y visto, además, lo prevenido en los artículos 19 Nº 1 y 18 de la Constitución Política del Estado; ley Nº 19.303; artículos 2314 y 2329 del Código Civil; y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: I. Que se rechazan las objeciones documentales deducidas por el demandado y los demandantes, a fs. 153 y 159, respectivamente, en ambos casos, sin costas. II 1. Que se rechaza la tacha deducida por la parte demandadas fs. 94, sin costas. II 2. Que se acogen las tachas formuladas por los actores a fs. 64 y siguientes, en lo que se refiere a las causales de los Nºs. 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. II 3. Que se rechazan las tachas deducidas por los demandantes, fundamentadas en la causal del Nº 6 de la disposición legal precitada. III. En cuanto al fondo: Que se acoge la demanda de autos, sin costas, condenándose a la parte demandada, al pago de la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos); por concepto de indemnización de perjuicio por daño moral, a cada uno de los actores Sres. Adán del Carmen Lazo Sepúlveda, Ethel Loreto Lazo Aguero y Felipe Javier Lazo Aguero, sumas que deberán aumentarse con el máximo de interés legal para operaciones no reajustables entre el mes anterior a la fecha de la notificación de la demanda y el mes anterior al pago efectivo. Regístrese, notifíquese y archívese si no se apelare. Dictada por el señor Manuel Muñoz Astudillo, Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano. Autoriza doña Elena Sotomayor Pinto, Secretaria Titular. Rol Nº 640-2003.

psíquico y puedan llevar a cabo una vida más plena y más creativa, decidirá valorando prudencialmente el daño moral de cada uno. Por estas consideraciones y visto, además, lo prevenido en los artículos 19 Nº 1 y 18 de la Constitución Política del Estado; ley Nº 19.303; artículos 2314 y 2329 del Código Civil; y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: I. Que se rechazan las objeciones documentales deducidas por el demandado y los demandantes, a fs. 153 y 159, respectivamente, en ambos casos, sin costas. II 1. Que se rechaza la tacha deducida por la parte demandadas fs. 94, sin costas. II 2. Que se acogen las tachas formuladas por los actores a fs. 64 y siguientes, en lo que se refiere a las causales de los Nºs. 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. II 3. Que se rechazan las tachas deducidas por los demandantes, fundamentadas en la causal del Nº 6 de la disposición legal precitada. III. En cuanto al fondo: Que se acoge la demanda de autos, sin costas, condenándose a la parte demandada, al pago de la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos); por concepto de indemnización de perjuicio por daño moral, a cada uno de los actores Sres. Adán del Carmen Lazo Sepúlveda, Ethel Loreto Lazo Aguero y Felipe Javier Lazo Aguero, sumas que deberán aumentarse con el máximo de interés legal para operaciones no reajustables entre el mes anterior a la fecha de la notificación de la demanda y el mes anterior al pago efectivo. Regístrese, notifíquese y archívese si no se apelare. Dictada por el señor Manuel Muñoz Astudillo, Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano. Autoriza doña Elena Sotomayor Pinto, Secretaria Titular. Rol Nº 640-2003.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Concepción, diecisiete de noviembre de dos mil cinco. VISTOS: En cuanto a la inadmisibilidad del recurso de apelación. 1. Que la parte demandante ha planteado que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en lo relativo a las tachas, es extemporáneo por cuanto la sentencia que las resuelve es interlocutoria y el plazo para apelar es de cinco días. 2. Que, si bien es efectivo que la sentencia de que se trata se ha pronunciado sobre tachas, objeciones documentales y sobre el fondo, tiene el carácter de sentencia definitiva y por ende el plazo de que dispone la parte apelante para enderezar el recurso es de diez días. De este modo, la apelación del Servicio de Salud no es extemporánea. En cuanto al recurso de casación en la forma. 3. Que, los actores estiman que este recurso es inadmisible por haberse deducido después de entablar el de apelación, como puede apreciarse del escrito de fs. 216, pues de esta forma resultan incompatibles. 4. Que, el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil permite interponer en forma conjunta ambos recursos, y el artículo 798 dispone “que el recurso de casación en la forma contra la sentencia de primera instancia se verá conjuntamente con la apelación. Deberá dictarse una sola sentencia para fallar la apelación y desechar la casación en la forma. Cuando se dé lugar a este último recurso, se tendrá como no interpuesto el recurso de apelación”. 5. Que, este último precepto demuestra el carácter subsidiario que presenta la apelación frente al recurso de casación en la forma, que reviste el papel de principal, y desde ese punto de vista resulta pertinente que en forma principal se recurra de casación y luego de apelación. Y es lógico que así sea, desde que la casación persigue anular la sentencia por vicios o defectos en que ha incurrido, y el recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior, que se supone válida. No obstante lo dicho, el asunto planteado carece de trascendencia toda vez que los presuntos vicios en que ha incurrido el fallo del juez a quo pueden ser reparados por la vía de la apelación.

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En cuanto al recurso de apelación y adhesión a él. Se eliminan los motivos 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la sentencia en alzada, las citas de los “artículos 19 Nº 1 y 18 de la Constitución Política del Estado”, se la reproduce en lo demás y se tiene presente: 6. Que, el artículo 358 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los que tengan íntima amistad con la persona que los presentan a declarar, situación que no se encuentra suficientemente probada respecto a la testigo Tania Angélica Villar Cariaga. 7. Que, las tachas deducida en contra de los testigos presentados por la parte demandada, en cuanto se fundan en los números 4 y 5 del artículo 358 del Código del Ramo, deben ser rechazadas toda vez que la circunstancia de ser dependientes de la parte que los presenta, Servicio de Salud, no les impide declarar con imparcialidad, toda vez que la ley establece un estatuto jurídico que garantiza la independencia del declarante. 8. Que, la demanda se fundamenta en que doña Marta Aguero Urra, cónyuge y madre, respectivamente, de los actores, fue asesinada con ocasión de su trabajo y durante su jornada laboral, en circunstancias que su empleador, el Servicio de Salud, no había dispuesto ni tomado las medidas de seguridad para la protección de sus funcionarios durante el desempeño de sus labores durante los turnos de noche, estando obligado por ley a hacerlo. En subsidio, la responsabilidad del Servicio demandado se la impone la ley, porque el asesinato se produjo por la negligencia en el deber de defenderla en el establecimiento en que presta sus servicios. Se basa en las disposiciones de los artículos 84 de la ley Nº 18.834, 14 de la ley Nº 19.303, 2314 y 2329 del Código Civil. (sic) 9. Que, una lectura atenta y comprensiva del libelo conduce a deducir que la responsabilidad del empleador emanaría de los artículos 184 y 210 del Código del Trabajo, como en cualquier accidente del trabajo. El artículo 184 impone al empleador a obligación de tomar todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. El artículo 210, a su vez, dispone que las empresas o entidades a que se refiere la ley Nº 16.744 están obligadas a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad. Los trabajadores del sector público están sujetos a la ley Nº 16.744, en iguales términos que, el sector privado, con excepción de la posibilidad que tienen los representantes de los empleadores de integrar los directorios de las mutuales y de su responsabilidad solidaria frente a determinada situación. 10. Que, los actores parten del supuesto de que la muerte de doña Marta Aguero Urra constituye un accidente del trabajo, circunstancia que está controvertida y que debe acreditarse, toda vez que el artículo 14 de la ley Nº 19.303, a juicio de esta Corte, no cobra aplicación en el caso sub judice toda vez que su campo de aplicación se encuentra restringida a lo que disponen sus artículos 1, 2 y 3, que no parecen comprender el caso de un establecimiento hospitalario. Cabe señalar que la mencionada norma legal dispone que los daños físicos o síquicos que sufran los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto, u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo son accidentas del trabajo, sujetos a las normas de la ley Nº 16.744. Así corresponde determinar si el homicidio de la señora Aguero fue calificado como accidente del trabajo y o en su caso, si hubo culpa del empleador. 11. Que, los actores rindieron las pruebas señaladas por el juez a quo en los motivos 14º, 15º, la demandada la referida en el 16º, además de la testimonial que se analizará a continuación, y se llevó a efecto la inspección del tribunal indicada en el motivo 17º. 12. Que, la demandada rindió la prueba testimonial contenida en las actas de fs. 64, 68 y 71 con las declaraciones de Rubén Eduardo Galvarino Puentes Rojas, Eliana Agueda Artigues Bordesolles y Edgardo Ernesto Huerta Castillo. El primer testigo expresa que Marta Aguero no fue asesinada a causa o consecuencia de su trabajo, que se trata de un homicidio en que el hospital no tiene responsabilidad, que los hechores no hurtaron ni robaron ningún bien perteneciente al establecimiento, que la occisa se desempeñaba en el Banco de Sangre del Hospital Las Higueras en su condición de técnico paramédico, que el turno lo desempeñaba sola, que el Banco de Sangre está en el interior, que físicamente colinda con la unidad de imagenología,

En cuanto al recurso de apelación y adhesión a él. Se eliminan los motivos 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la sentencia en alzada, las citas de los “artículos 19 Nº 1 y 18 de la Constitución Política del Estado”, se la reproduce en lo demás y se tiene presente: 6. Que, el artículo 358 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los que tengan íntima amistad con la persona que los presentan a declarar, situación que no se encuentra suficientemente probada respecto a la testigo Tania Angélica Villar Cariaga. 7. Que, las tachas deducida en contra de los testigos presentados por la parte demandada, en cuanto se fundan en los números 4 y 5 del artículo 358 del Código del Ramo, deben ser rechazadas toda vez que la circunstancia de ser dependientes de la parte que los presenta, Servicio de Salud, no les impide declarar con imparcialidad, toda vez que la ley establece un estatuto jurídico que garantiza la independencia del declarante. 8. Que, la demanda se fundamenta en que doña Marta Aguero Urra, cónyuge y madre, respectivamente, de los actores, fue asesinada con ocasión de su trabajo y durante su jornada laboral, en circunstancias que su empleador, el Servicio de Salud, no había dispuesto ni tomado las medidas de seguridad para la protección de sus funcionarios durante el desempeño de sus labores durante los turnos de noche, estando obligado por ley a hacerlo. En subsidio, la responsabilidad del Servicio demandado se la impone la ley, porque el asesinato se produjo por la negligencia en el deber de defenderla en el establecimiento en que presta sus servicios. Se basa en las disposiciones de los artículos 84 de la ley Nº 18.834, 14 de la ley Nº 19.303, 2314 y 2329 del Código Civil. (sic) 9. Que, una lectura atenta y comprensiva del libelo conduce a deducir que la responsabilidad del empleador emanaría de los artículos 184 y 210 del Código del Trabajo, como en cualquier accidente del trabajo. El artículo 184 impone al empleador a obligación de tomar todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. El artículo 210, a su vez, dispone que las empresas o entidades a que se refiere la ley Nº 16.744 están obligadas a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad. Los trabajadores del sector público están sujetos a la ley Nº 16.744, en iguales términos que, el sector privado, con excepción de la posibilidad que tienen los representantes de los empleadores de integrar los directorios de las mutuales y de su responsabilidad solidaria frente a determinada situación. 10. Que, los actores parten del supuesto de que la muerte de doña Marta Aguero Urra constituye un accidente del trabajo, circunstancia que está controvertida y que debe acreditarse, toda vez que el artículo 14 de la ley Nº 19.303, a juicio de esta Corte, no cobra aplicación en el caso sub judice toda vez que su campo de aplicación se encuentra restringida a lo que disponen sus artículos 1, 2 y 3, que no parecen comprender el caso de un establecimiento hospitalario. Cabe señalar que la mencionada norma legal dispone que los daños físicos o síquicos que sufran los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto, u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo son accidentas del trabajo, sujetos a las normas de la ley Nº 16.744. Así corresponde determinar si el homicidio de la señora Aguero fue calificado como accidente del trabajo y o en su caso, si hubo culpa del empleador. 11. Que, los actores rindieron las pruebas señaladas por el juez a quo en los motivos 14º, 15º, la demandada la referida en el 16º, además de la testimonial que se analizará a continuación, y se llevó a efecto la inspección del tribunal indicada en el motivo 17º. 12. Que, la demandada rindió la prueba testimonial contenida en las actas de fs. 64, 68 y 71 con las declaraciones de Rubén Eduardo Galvarino Puentes Rojas, Eliana Agueda Artigues Bordesolles y Edgardo Ernesto Huerta Castillo. El primer testigo expresa que Marta Aguero no fue asesinada a causa o consecuencia de su trabajo, que se trata de un homicidio en que el hospital no tiene responsabilidad, que los hechores no hurtaron ni robaron ningún bien perteneciente al establecimiento, que la occisa se desempeñaba en el Banco de Sangre del Hospital Las Higueras en su condición de técnico paramédico, que el turno lo desempeñaba sola, que el Banco de Sangre está en el interior, que físicamente colinda con la unidad de imagenología, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

donde había también personal de turno, que al salir del Banco de Sangre debe mantenerse la puerta con llave, que por la prensa sabe que el homicidio fue aproximadamente a las 23.30 horas, que se tomó conocimiento del fallecimiento de la funcionaria entre las 7.30 y 7.45 horas del día 30 de octubre de 2000, que entró con la Secretaria poco después de las 8 y pudo divisar desde unos metros a la occisa, que a las 10 u 11 de la mañana supo por personal de Investigaciones que se trataba de un homicidio, que un funcionario del servicio al no poder entrar al Banco de Sangre porque se encontraba con llave, vio por el ventanal posterior a la funcionaria en el suelo, a raíz de ello rompió un vidrio por orden del médico Óscar Cerda, que la seguridad del Hospital está a cargo de una firma contratada para ello, con aproximadamente 17 guardias de seguridad, quedando en las noches tres guardias apostados físicamente en las entradas de público, de vehículos, en el sector de movilización, que esa noche estaban en sus puestos de trabajo, además un Carabinero de punto fijo en la unidad de emergencia, que de noche controla el ingreso al Banco de Sangre el personal de turno, que la funcionaria fallecida contaba con un citófono para comunicarse con el exterior, que de noche el único acceso al hospital es a través de la unidad de emergencia y un acceso para vehículo donde también había guardia, que lleva más de 40 años en el servicio público y nunca había ocurrido un hecho semejante, no tiene precedente, y por ello es imposible de prever un asesinato en un establecimiento público hospitalario, y que se recaudan valores en el establecimiento. La segunda de ellos manifiesta que es bioquímica y trabaja en el laboratorio clínico del hospital, que la muerte de la occisa es un homicidio, que el día 29 de octubre de 2000 cumplía turno de 20 horas a 8 de la mañana, sola, en el Banco de Sangre, que éste se encuentra distante unos 6 metros del laboratorio central donde habían otros funcionarios, que el homicidio ocurrió entre las 11 y 12 de la noche, mientras la víctima cumplía sus labores, que se descubrió a la mañana siguiente ya que no hubo peticiones de sangre en toda la noche, que un funcionario avisó que el banco de sangre estaba con llave y fue a mirar por una ventana trasera, vio a Marta Aguero en el suelo, rompieron el vidrio para entrar, que el hospital cuenta con un Carabinero en la Asistencia Pública y un sistema de vigilancia, que el acceso al banco de sangre es restringido, en horario de turno se mantiene la puerta con llave, que cuente con cítófono, que es un lugar solitario, que habían tres guardias nocturnos contratados, y que el hospital cuenta con ocho accesos. El tercero señala que es jefe de la unidad de prevención de riesgo, que, doña Marta Aguero se desempeñaba como técnico paramédico del Banco de Sangre; en turno desde las 20 horas hasta las ocho de la mañana el día 29 de octubre de 2002, que tiene entendido que se desempeñaba sola, cuando venía llegando a la mañana siguiente supo que se descubrió el cadáver, que su muerte es un hecho delictual y obviamente no puede ser considerado accidente causado o con ocasión del trabajo, sabe que murió de varias puñaladas, que falleció durante su jornada de trabajo, que el hospital contaba con un Carabinero y con guardias de seguridad, que el lugar de trabajo de la señora Aguero tenía un teléfono para comunicarse con el interior y el exterior, las puertas de las unidades normalmente se encuentran cerrabas y el banco de sangre está cerrado y hay un timbre para acceder a él, la puerta se cierra por dentro, que habían tres guardias y más de cien funcionarios, que hay siete accesos al hospital, que el lugar más cercano al banco es el laboratorio a unos diez metros que tenía funcionarios de turno, y que existían las medidas de seguridad razonablemente prudentes para un centro asistencial donde hay atención de público. 13. Que, no se ha acreditado que la muerte de la señora Aguero haya sido calificada como accidente del trabajo o de que se haya dictado alguna resolución en tal sentido, por el órgano competente. En efecto, los demandantes ninguna prueba aportaron en tal sentido. 14. Que, los documentos públicos de fs. 1, 2, 3 y 110, no objetados, comprueban que Adán del Carmen Lazo Sepúlveda era el cónyuge de Marta Aguero Urra, que ésta falleció el 29 de octubre de 2000 a las 23 horas, en el hospital Las Higueras, y que Felipe Javier y Ethel Loreto Lazo Aguero son sus hijos; con los documentos oficiales de fs. 121, no impugnados, se establece que Adán Lazo hizo uso de licencia médica en los períodos que se indican; los documentos de fs. 103 a 109 son simples fotocopias sin valor probatorio y el de fs. 122 emana de un tercero ajeno al juicio, que no ha declarado como testigo. 15. Que, con los dichos de los testigos de los demandantes, que reúnen los requisitos legales, corroborados por la documental antes mencionada, en lo pertinente, se acredita que Marta Aguero Urra

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

donde había también personal de turno, que al salir del Banco de Sangre debe mantenerse la puerta con llave, que por la prensa sabe que el homicidio fue aproximadamente a las 23.30 horas, que se tomó conocimiento del fallecimiento de la funcionaria entre las 7.30 y 7.45 horas del día 30 de octubre de 2000, que entró con la Secretaria poco después de las 8 y pudo divisar desde unos metros a la occisa, que a las 10 u 11 de la mañana supo por personal de Investigaciones que se trataba de un homicidio, que un funcionario del servicio al no poder entrar al Banco de Sangre porque se encontraba con llave, vio por el ventanal posterior a la funcionaria en el suelo, a raíz de ello rompió un vidrio por orden del médico Óscar Cerda, que la seguridad del Hospital está a cargo de una firma contratada para ello, con aproximadamente 17 guardias de seguridad, quedando en las noches tres guardias apostados físicamente en las entradas de público, de vehículos, en el sector de movilización, que esa noche estaban en sus puestos de trabajo, además un Carabinero de punto fijo en la unidad de emergencia, que de noche controla el ingreso al Banco de Sangre el personal de turno, que la funcionaria fallecida contaba con un citófono para comunicarse con el exterior, que de noche el único acceso al hospital es a través de la unidad de emergencia y un acceso para vehículo donde también había guardia, que lleva más de 40 años en el servicio público y nunca había ocurrido un hecho semejante, no tiene precedente, y por ello es imposible de prever un asesinato en un establecimiento público hospitalario, y que se recaudan valores en el establecimiento. La segunda de ellos manifiesta que es bioquímica y trabaja en el laboratorio clínico del hospital, que la muerte de la occisa es un homicidio, que el día 29 de octubre de 2000 cumplía turno de 20 horas a 8 de la mañana, sola, en el Banco de Sangre, que éste se encuentra distante unos 6 metros del laboratorio central donde habían otros funcionarios, que el homicidio ocurrió entre las 11 y 12 de la noche, mientras la víctima cumplía sus labores, que se descubrió a la mañana siguiente ya que no hubo peticiones de sangre en toda la noche, que un funcionario avisó que el banco de sangre estaba con llave y fue a mirar por una ventana trasera, vio a Marta Aguero en el suelo, rompieron el vidrio para entrar, que el hospital cuenta con un Carabinero en la Asistencia Pública y un sistema de vigilancia, que el acceso al banco de sangre es restringido, en horario de turno se mantiene la puerta con llave, que cuente con cítófono, que es un lugar solitario, que habían tres guardias nocturnos contratados, y que el hospital cuenta con ocho accesos. El tercero señala que es jefe de la unidad de prevención de riesgo, que, doña Marta Aguero se desempeñaba como técnico paramédico del Banco de Sangre; en turno desde las 20 horas hasta las ocho de la mañana el día 29 de octubre de 2002, que tiene entendido que se desempeñaba sola, cuando venía llegando a la mañana siguiente supo que se descubrió el cadáver, que su muerte es un hecho delictual y obviamente no puede ser considerado accidente causado o con ocasión del trabajo, sabe que murió de varias puñaladas, que falleció durante su jornada de trabajo, que el hospital contaba con un Carabinero y con guardias de seguridad, que el lugar de trabajo de la señora Aguero tenía un teléfono para comunicarse con el interior y el exterior, las puertas de las unidades normalmente se encuentran cerrabas y el banco de sangre está cerrado y hay un timbre para acceder a él, la puerta se cierra por dentro, que habían tres guardias y más de cien funcionarios, que hay siete accesos al hospital, que el lugar más cercano al banco es el laboratorio a unos diez metros que tenía funcionarios de turno, y que existían las medidas de seguridad razonablemente prudentes para un centro asistencial donde hay atención de público. 13. Que, no se ha acreditado que la muerte de la señora Aguero haya sido calificada como accidente del trabajo o de que se haya dictado alguna resolución en tal sentido, por el órgano competente. En efecto, los demandantes ninguna prueba aportaron en tal sentido. 14. Que, los documentos públicos de fs. 1, 2, 3 y 110, no objetados, comprueban que Adán del Carmen Lazo Sepúlveda era el cónyuge de Marta Aguero Urra, que ésta falleció el 29 de octubre de 2000 a las 23 horas, en el hospital Las Higueras, y que Felipe Javier y Ethel Loreto Lazo Aguero son sus hijos; con los documentos oficiales de fs. 121, no impugnados, se establece que Adán Lazo hizo uso de licencia médica en los períodos que se indican; los documentos de fs. 103 a 109 son simples fotocopias sin valor probatorio y el de fs. 122 emana de un tercero ajeno al juicio, que no ha declarado como testigo. 15. Que, con los dichos de los testigos de los demandantes, que reúnen los requisitos legales, corroborados por la documental antes mencionada, en lo pertinente, se acredita que Marta Aguero Urra

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TIRO

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falleció en su lugar de trabajo en el Banco de Sangre del hospital Las Higueras el día 29 de octubre de 2000 en horas de la noche, cuando cumplía turno de 20 horas a 8 horas sola, producto de puñaladas que le infirieron, que el lugar de trabajo de la occisa está en la parte posterior del hospital, que cuenta con teléfono, que nadie supo que falleció hasta el día siguiente, que la muerte de la señora Marta causó depresión a su cónyuge y a su hijo, obligando al primero a jubilar tempranamente, y la hija resultó muy afectada. 16. Que, la inspección personal del tribunal, que el juez a quo consigna en el motivo 17º, establece que el banco de sangre es un recinto cerrado y que de noche los accesos al recinto hospitalario se encuentran con guardias permanentes y con un policía en la Asistencia Pública. Esta diligencia tiene plena eficacia probatoria. 17. Que, la testimonial de la parte demandada, que cumple con las exigencias legales para constituir plena prueba, es suficiente para acreditar que la noche del 29 de octubre del año 2000 en el hospital Las Higueras existían medidas de seguridad para resguardar los accesos a dicho establecimiento, toda vez que contaban con personal de vigilancia, y el recinto en que funciona el banco de sangre se mantiene cerrado con llave. Estas conclusiones se ven avaladas con la documental de fs. 126 y siguientes, relacionada en la consideración 16º de la sentencia en análisis, que contienen las declaraciones de los vigilantes que se desempeñaron la noche en que ocurrió el ilícito, y que acredita que el establecimiento contaba con servicio de vigilancia. 18. Que, en virtud de lo dicho en la reflexión precedente, se resta crédito a los testigos de los actores en la parte que aseveran que el hospital carecía de medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores. 19. Que, se ha dicho que la culpa consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, en una negligencia, es decir, en no haber previsto las consecuencias dañosas de la propia conducta. La culpa extracontractual, pues, se traduce en una negligencia del hechor que, como consecuencia, origina el evento dañoso. (C.S. Fallos del Mes Nº 194, pág. 292) La conducta culpable del empleador se hace consistir en no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida de la trabajadora. 20. Que, la prueba ponderada en las consideraciones 16º y 17º precedentes, llevan a la convicción de que la demandada no infringió el deber de proteger eficazmente la vida y salud de la funcionaria, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, puesto que tomó a aquellas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. Y no puede llegarse a otra conclusión, considerando, especialmente, las características del lugar de trabajo, que es un establecimiento asistencial importante, que presta atención a la comunidad las 24 horas del día, y que por la naturaleza de los servicios que otorga no puede estar totalmente cerrado y custodiado, como ocurre con edificios empresariales, comerciales y/o habitacionales. No pudo prever el Servicio de Salud el asesinato de una de sus funcionarias, en el desempeño de sus labores, en el centro asistencial. Así, no puede concluirse que el demandado incurrió en una conducta culposa. 21. Que, es un hecho no controvertido de la causa que mientras doña Marta Aguero Urra se desempeñaba en sus funciones en el banco de sangre del hospital Las Higueras, fue, asesinada por un tercero o terceros que ingresaron al interior y la apuñalaron, hecho que dio origen a la causa rol Nº 22.683 del Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano. No obstante, apreciadas las probanzas en forma legal, no cabe sino concluir que no existe ninguna relación de causa a efecto entre la muerte de la señora Aguero y el trabajo que aquella desempeñaba, sino que el deceso se debió a un hecho sobre respecto del cual ninguna responsabilidad le cabe a la demandada, puesto que acaeció a consecuencia de un delito, perpetrado por un tercero, no obstante que se habían adoptado medidas de resguardo. Por estos razonamientos, citas legales, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se declara: I. Que se rechaza el recurso de casación en la forma. II. Que se revoca la sentencia de quince de marzo de dos mil cuatro, escrita a fs. 189, en la parte que acoge las tachas formuladas por los actores a fs. 64 en lo que se refiere a las causales de los números 4

falleció en su lugar de trabajo en el Banco de Sangre del hospital Las Higueras el día 29 de octubre de 2000 en horas de la noche, cuando cumplía turno de 20 horas a 8 horas sola, producto de puñaladas que le infirieron, que el lugar de trabajo de la occisa está en la parte posterior del hospital, que cuenta con teléfono, que nadie supo que falleció hasta el día siguiente, que la muerte de la señora Marta causó depresión a su cónyuge y a su hijo, obligando al primero a jubilar tempranamente, y la hija resultó muy afectada. 16. Que, la inspección personal del tribunal, que el juez a quo consigna en el motivo 17º, establece que el banco de sangre es un recinto cerrado y que de noche los accesos al recinto hospitalario se encuentran con guardias permanentes y con un policía en la Asistencia Pública. Esta diligencia tiene plena eficacia probatoria. 17. Que, la testimonial de la parte demandada, que cumple con las exigencias legales para constituir plena prueba, es suficiente para acreditar que la noche del 29 de octubre del año 2000 en el hospital Las Higueras existían medidas de seguridad para resguardar los accesos a dicho establecimiento, toda vez que contaban con personal de vigilancia, y el recinto en que funciona el banco de sangre se mantiene cerrado con llave. Estas conclusiones se ven avaladas con la documental de fs. 126 y siguientes, relacionada en la consideración 16º de la sentencia en análisis, que contienen las declaraciones de los vigilantes que se desempeñaron la noche en que ocurrió el ilícito, y que acredita que el establecimiento contaba con servicio de vigilancia. 18. Que, en virtud de lo dicho en la reflexión precedente, se resta crédito a los testigos de los actores en la parte que aseveran que el hospital carecía de medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores. 19. Que, se ha dicho que la culpa consiste en no precaver aquello que ha podido precaverse y evitarse, en una negligencia, es decir, en no haber previsto las consecuencias dañosas de la propia conducta. La culpa extracontractual, pues, se traduce en una negligencia del hechor que, como consecuencia, origina el evento dañoso. (C.S. Fallos del Mes Nº 194, pág. 292) La conducta culpable del empleador se hace consistir en no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida de la trabajadora. 20. Que, la prueba ponderada en las consideraciones 16º y 17º precedentes, llevan a la convicción de que la demandada no infringió el deber de proteger eficazmente la vida y salud de la funcionaria, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, puesto que tomó a aquellas que, razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse. Y no puede llegarse a otra conclusión, considerando, especialmente, las características del lugar de trabajo, que es un establecimiento asistencial importante, que presta atención a la comunidad las 24 horas del día, y que por la naturaleza de los servicios que otorga no puede estar totalmente cerrado y custodiado, como ocurre con edificios empresariales, comerciales y/o habitacionales. No pudo prever el Servicio de Salud el asesinato de una de sus funcionarias, en el desempeño de sus labores, en el centro asistencial. Así, no puede concluirse que el demandado incurrió en una conducta culposa. 21. Que, es un hecho no controvertido de la causa que mientras doña Marta Aguero Urra se desempeñaba en sus funciones en el banco de sangre del hospital Las Higueras, fue, asesinada por un tercero o terceros que ingresaron al interior y la apuñalaron, hecho que dio origen a la causa rol Nº 22.683 del Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano. No obstante, apreciadas las probanzas en forma legal, no cabe sino concluir que no existe ninguna relación de causa a efecto entre la muerte de la señora Aguero y el trabajo que aquella desempeñaba, sino que el deceso se debió a un hecho sobre respecto del cual ninguna responsabilidad le cabe a la demandada, puesto que acaeció a consecuencia de un delito, perpetrado por un tercero, no obstante que se habían adoptado medidas de resguardo. Por estos razonamientos, citas legales, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se declara: I. Que se rechaza el recurso de casación en la forma. II. Que se revoca la sentencia de quince de marzo de dos mil cuatro, escrita a fs. 189, en la parte que acoge las tachas formuladas por los actores a fs. 64 en lo que se refiere a las causales de los números 4 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, dieciocho de mayo de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1º) Que en estos autos rol Nº 1.243-06 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se ha ordenado dar cuenta, en conformidad con lo que disponen los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por los demandantes en estos autos; 2º) Que, según la primera de dichas normas legales, “Elevado un recurso en casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos que establecen los artículos 772, inciso segundo, y 776, inciso primero. Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo inadmisible, lo declarará sin lugar desde luego, por resolución fundada”; 3º) Que el recurso de casación en la forma que se ha entablado, se fundó en las causales del número 1º del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento en lo civil, de acuerdo con el cual “El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 1ª. En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley”; causal que se relacionó con los artículos 158 incisos 2º y 3º y, 189 del mismo Código; y en relación con la causal del Nº 4 del artículo 768 ya citado, al haber sido dada la sentencia ultra petita, puesto que se habría extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin que en la especie exista disposición legal que autorice al sentenciador para actuar de oficio y con infracción del artículo 174 del mismo Código y de la Constitución Política de la República. Esto es, que la sentencia fue pronunciada, por un Tribunal incompetente y como consecuencia, se extendió a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, lo que habría ocurrido según el recurrente, al estimar deducido en tiempo un recurso de apelación en contra de la sentencia que acogió las tachas deducidas en contra de los testigos de la demandada al décimo día de notificada la sentencia respectiva que, en este caso, tiene el carácter de interlocutoria, y por lo tanto estaba firme; 4º) Que, como se advierte del contexto del recurso, el vicio invocado se habría cometido porque el tribunal de segunda instancia al conocer de un recurso de apelación interpuesto en forma extemporánea, falló fuera de la esfera de su competencia, e incurriendo además en ultra petita; 5º) Que, al respecto cabe señalar, que esta Corte Suprema ha venido sosteniendo en forma reiterada que el pronunciamiento sobre las tachas deducidas por las partes constituye una cuestión incidental y accesoria del juicio y, como tal, al formar parte de la sentencia definitiva corre la suerte de lo principal, por lo que el plazo de apelación es el mismo que para esta última, vale decir, diez días, plazo dentro del cual se dedujo la apelación de que conoció, la Corte de Apelaciones, por lo que dicho tribunal tenía competencia para conocer de todas las materias impugnadas a través del referido recurso, lo que determina que la nulidad formal que nos ocupa no pueda prosperar; 6º) Que, en cuanto al recurso de casación de fondo, el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Elevado un proceso en casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos que se establecen en los incisos primeros de los artículos 772 y 776. La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento”;

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III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA

y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, y se declara que se rechazan. Se revoca la referida sentencia en la parte que acoge la demanda de autos, y se decide que no se hace lugar a ella. III. Se la confirma en lo demás apelado. Cada parte pagará sus costas. Regístrese y devuélvase con su agregado. Redacción de la Ministro señora María Leonor Sanhueza Ojeda. Proveído por los Ministros en propiedad de la Iltma. Corte señores Enrique Silva Segura, María Leonor Sanhueza Ojeda e Integrante señor Jorge Caro Ruiz. Rol Nº 2.089-2005.

y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, y se declara que se rechazan. Se revoca la referida sentencia en la parte que acoge la demanda de autos, y se decide que no se hace lugar a ella. III. Se la confirma en lo demás apelado. Cada parte pagará sus costas. Regístrese y devuélvase con su agregado. Redacción de la Ministro señora María Leonor Sanhueza Ojeda. Proveído por los Ministros en propiedad de la Iltma. Corte señores Enrique Silva Segura, María Leonor Sanhueza Ojeda e Integrante señor Jorge Caro Ruiz. Rol Nº 2.089-2005.

III. SENTENCIA DE CORTE SUPREMA

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, dieciocho de mayo de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 1º) Que en estos autos rol Nº 1.243-06 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se ha ordenado dar cuenta, en conformidad con lo que disponen los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por los demandantes en estos autos; 2º) Que, según la primera de dichas normas legales, “Elevado un recurso en casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos que establecen los artículos 772, inciso segundo, y 776, inciso primero. Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo inadmisible, lo declarará sin lugar desde luego, por resolución fundada”; 3º) Que el recurso de casación en la forma que se ha entablado, se fundó en las causales del número 1º del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento en lo civil, de acuerdo con el cual “El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 1ª. En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley”; causal que se relacionó con los artículos 158 incisos 2º y 3º y, 189 del mismo Código; y en relación con la causal del Nº 4 del artículo 768 ya citado, al haber sido dada la sentencia ultra petita, puesto que se habría extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin que en la especie exista disposición legal que autorice al sentenciador para actuar de oficio y con infracción del artículo 174 del mismo Código y de la Constitución Política de la República. Esto es, que la sentencia fue pronunciada, por un Tribunal incompetente y como consecuencia, se extendió a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, lo que habría ocurrido según el recurrente, al estimar deducido en tiempo un recurso de apelación en contra de la sentencia que acogió las tachas deducidas en contra de los testigos de la demandada al décimo día de notificada la sentencia respectiva que, en este caso, tiene el carácter de interlocutoria, y por lo tanto estaba firme; 4º) Que, como se advierte del contexto del recurso, el vicio invocado se habría cometido porque el tribunal de segunda instancia al conocer de un recurso de apelación interpuesto en forma extemporánea, falló fuera de la esfera de su competencia, e incurriendo además en ultra petita; 5º) Que, al respecto cabe señalar, que esta Corte Suprema ha venido sosteniendo en forma reiterada que el pronunciamiento sobre las tachas deducidas por las partes constituye una cuestión incidental y accesoria del juicio y, como tal, al formar parte de la sentencia definitiva corre la suerte de lo principal, por lo que el plazo de apelación es el mismo que para esta última, vale decir, diez días, plazo dentro del cual se dedujo la apelación de que conoció, la Corte de Apelaciones, por lo que dicho tribunal tenía competencia para conocer de todas las materias impugnadas a través del referido recurso, lo que determina que la nulidad formal que nos ocupa no pueda prosperar; 6º) Que, en cuanto al recurso de casación de fondo, el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Elevado un proceso en casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos que se establecen en los incisos primeros de los artículos 772 y 776. La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento”;

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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7º) Que, el recurrente denuncia la vulneración de los artículos 577, 2.284, 2.314, 2.329, 44, 47 inciso 1º y 2º, 1.698 del Código Civil; 84 de la ley Nº 18.834; 14 de la ley Nº 19.303; y 1º de la ley Nº 19.345; y 19 y 20 del Código Civil, fundado en que se habría acreditado que la demandada dejó de cumplir con su obligación legal de seguridad en cuanto a proteger a la funcionaría Marta Aguero Urra, quien falleció en su lugar de trabajo, el Banco de Sangre del Hospital Las Higueras mientras prestaba sus servicios en esas dependencias, del producto de puñaladas que le fueron inferidas en ese lugar; 8º) Que el fallo impugnado estableció determinadas situaciones de facto en su motivo quince, y en la consideración decimoséptima precisó que “...que la noche del 29 de octubre del año 2000 en el hospital Las Higueras existían medidas seguridad para resguardar los accesos a dicho establecimiento, toda vez que contaban con personal de vigilancia, y el recinto en que funciona el banco de sangre se mantiene cerrado con llave”; 9º) Que sobre la base del hecho antes referido, como del análisis del resto de la prueba allegada al proceso, los sentenciadores de la instancia concluyeron, en el considerando 20º del fallo impugnado que la demandada no infringió el deber de proteger eficazmente la vida y salud de la funcionaria, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, adoptando las medidas que razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse, no previendo el Servicio de Salud el asesinato de una de sus funcionarias, en el desempeño de sus labores, en el centro asistencial, no pudiendo concluirse que el demandado incurrió en una conducta culposa; 10º) Que, en conformidad a lo anteriormente expuesto el Tribunal concluye, que el recurso de casación en el fondo va contra los hechos de la causa y, que éste adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que permite su rechazo en esta etapa de tramitación; 11º) Que, a este respecto, cabe recordar que, como con reiteración se ha expresado conociendo de otros asuntos similares, mediante la casación se analiza la legalidad de una sentencia, esto es se estudia si la que es objeto de un recurso de nulidad de fondo ha aplicado correctamente el derecho, pero a los hechos tal domo vienen ya fijados o establecidos por los jueces a cargo de la instancia; y este tribunal de casación no puede variarlos, a menos que se haya denunciado y comprobado la infracción de normas reguladoras del valor de las evidencias, de aquellas que establecen parámetros legales fijos de apreciación de su mérito, esto es, que obliguen a tales jueces a valorar los antecedentes probatorios en un determinado sentido; 12º) Que, en estos autos, la casación de fondo interpuesta no denunció la vulneración de las aludidas leyes reguladoras de la prueba, por lo que esta Corte Suprema carece de las herramientas jurídicas que podrían, eventualmente, permitir la anulación de la sentencia que se ha impugnado en cuanto a la apreciación de las evidencias, para luego, en la de reemplazo que hubiere de dictarse, establecer otros hechos que permitieren fallar en sentido distinto o diverso a como se resolvió; 13º) Que lo expuesto corrobora lo antes adelantado, en cuanto a que el recurso de nulidad de fondo interpuesto adolece de manifiesta falta de fundamento, circunstancia que impide traer los autos en relación para conocer del mismo. En conformidad con lo expresado y disposiciones legales invocadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí, respectivamente, de la presentación de fojas 256, contra la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, escrita a fojas 249. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo de la Ministra señorita Morales. Rol Nº 1.243-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Ricardo Gálvez, señorita María Antonia Morales y señor Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Jorge Streeter. No firma el señor Sreeter, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausente. Autorizado por la Secretaria Subrogante señora Carola A. Herrera Brümmer.

7º) Que, el recurrente denuncia la vulneración de los artículos 577, 2.284, 2.314, 2.329, 44, 47 inciso 1º y 2º, 1.698 del Código Civil; 84 de la ley Nº 18.834; 14 de la ley Nº 19.303; y 1º de la ley Nº 19.345; y 19 y 20 del Código Civil, fundado en que se habría acreditado que la demandada dejó de cumplir con su obligación legal de seguridad en cuanto a proteger a la funcionaría Marta Aguero Urra, quien falleció en su lugar de trabajo, el Banco de Sangre del Hospital Las Higueras mientras prestaba sus servicios en esas dependencias, del producto de puñaladas que le fueron inferidas en ese lugar; 8º) Que el fallo impugnado estableció determinadas situaciones de facto en su motivo quince, y en la consideración decimoséptima precisó que “...que la noche del 29 de octubre del año 2000 en el hospital Las Higueras existían medidas seguridad para resguardar los accesos a dicho establecimiento, toda vez que contaban con personal de vigilancia, y el recinto en que funciona el banco de sangre se mantiene cerrado con llave”; 9º) Que sobre la base del hecho antes referido, como del análisis del resto de la prueba allegada al proceso, los sentenciadores de la instancia concluyeron, en el considerando 20º del fallo impugnado que la demandada no infringió el deber de proteger eficazmente la vida y salud de la funcionaria, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, adoptando las medidas que razonable y prudentemente, aparecían necesarias, precaviendo aquello que podía precaverse y evitarse, no previendo el Servicio de Salud el asesinato de una de sus funcionarias, en el desempeño de sus labores, en el centro asistencial, no pudiendo concluirse que el demandado incurrió en una conducta culposa; 10º) Que, en conformidad a lo anteriormente expuesto el Tribunal concluye, que el recurso de casación en el fondo va contra los hechos de la causa y, que éste adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que permite su rechazo en esta etapa de tramitación; 11º) Que, a este respecto, cabe recordar que, como con reiteración se ha expresado conociendo de otros asuntos similares, mediante la casación se analiza la legalidad de una sentencia, esto es se estudia si la que es objeto de un recurso de nulidad de fondo ha aplicado correctamente el derecho, pero a los hechos tal domo vienen ya fijados o establecidos por los jueces a cargo de la instancia; y este tribunal de casación no puede variarlos, a menos que se haya denunciado y comprobado la infracción de normas reguladoras del valor de las evidencias, de aquellas que establecen parámetros legales fijos de apreciación de su mérito, esto es, que obliguen a tales jueces a valorar los antecedentes probatorios en un determinado sentido; 12º) Que, en estos autos, la casación de fondo interpuesta no denunció la vulneración de las aludidas leyes reguladoras de la prueba, por lo que esta Corte Suprema carece de las herramientas jurídicas que podrían, eventualmente, permitir la anulación de la sentencia que se ha impugnado en cuanto a la apreciación de las evidencias, para luego, en la de reemplazo que hubiere de dictarse, establecer otros hechos que permitieren fallar en sentido distinto o diverso a como se resolvió; 13º) Que lo expuesto corrobora lo antes adelantado, en cuanto a que el recurso de nulidad de fondo interpuesto adolece de manifiesta falta de fundamento, circunstancia que impide traer los autos en relación para conocer del mismo. En conformidad con lo expresado y disposiciones legales invocadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí, respectivamente, de la presentación de fojas 256, contra la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, escrita a fojas 249. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo de la Ministra señorita Morales. Rol Nº 1.243-2006. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Ricardo Gálvez, señorita María Antonia Morales y señor Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes señores José Fernández y Jorge Streeter. No firma el señor Sreeter, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausente. Autorizado por la Secretaria Subrogante señora Carola A. Herrera Brümmer. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Quirihue, cuatro de septiembre de dos mil tres. VISTOS: Comparece a fojas 6 y siguientes, de estos autos rol Nº 1.720; doña Nilsa Ester Contreras Moya, labores de casa, con domicilio en Diego Portales 445, de la Comuna de Quilleco, quien lo hace por sí, y en representación de su hijo menor de edad Luis Franco Lozano Contreras, estudiante, del mismo domicilio anterior; quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio ordinario laboral, en contra del empleador de su fallecido cónyuge y padre del menor, Patricio Salgado Lafourcade, contratista forestal, domiciliado en Manuel Antonio Matta número 502 de Coelemu y Población Hernán Brañas camino público número 420 de la Comuna de Trehuaco, y, subsidiariamente, en contra de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel, Limitada, empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don Claudio Julián Orue Escalona, factor de comercio, ambos con domicilio en Manuel Antonio Matta número 631 y 3 de Coelemu; a fin de obtener que se condene a la demandada principal y subsidiaria, al pago de los montos que se indican, por los conceptos que señalan: a) Daño moral, la suma de $ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), setenta millones para cada uno de los demandantes; b) Lucro cesante, la suma de $ 99.400.0000 (noventa y nueve millones, cuatrocientos mil pesos), todas las cantidades más los reajustes, que se aplicarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor; y el máximo interés permitido para las operaciones reajustables, calculados entre la fecha de muerte del cónyuge y padre de los demandantes y el pago efectivo, condenando, además, a la empleadora a las costas de la causa. A fojas 30, el abogado, Juan Carlos Miguez Avendaño, con domicilio en Colo Colo 379 oficina 405 de Concepción, y para estos efectos en Avenida Prat 850 de Quirihue, en representación del demandando principal y subsidiario, contesta la demanda, solicitando el rechazo de la misma, con costas, por cuanto a sus representadas, no les cabe responsabilidad en la muerte del trabajador Lozano Cancino, hecho ocurrido en 28 de octubre de 2001, debido a la negligencia culposa del conductor del skidder. A fojas 52, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, y se cita a una audiencia de conciliación y prueba. A fojas 111 y siguientes, se lleva a efecto la audiencia de conciliación y prueba. Llamadas las partes a conciliación y propuestas personalmente las bases de arreglo, ésta no se produce. A fojas 140 se decreta medida para mejor resolver la que fue cumplida. A fojas 144 vuelta, se cita a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Comparece a fojas 6 y siguientes, de estos autos rol Nº 1.720; doña Nilsa Ester Contreras Moya, labores de casa, con domicilio en Diego Portales 445, de la Comuna de Quilleco, quien lo hace por sí, y en representación de su hijo de menor edad Luis Franco Lozano Contreras, estudiante, del mismo domicilio anterior; quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio ordinario laboral, en contra del empleador de su fallecido cónyuge y padre del menor, Patricio Eduardo Salgado Lafourcade, contratista forestal, domiciliado en Manuel Antonio Matta número 502 de Coelemu y Población Hernán Brañas camino público número 420 de la Comuna de Trehuaco, y, subsidiariamente, en contra de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, empresa del giro de su denominación, representada, legalmente por don Claudio Julián Orue Escalona, factor de comercio, ambos con domicilio en Manuel Antonio Matta número 631 y 3 de Coelemu; a fin de obtener que se condene a la demandada principal y subsidiaria, al pago de los montos que se indican, por los conceptos que señalan. Expresa que con fecha 23 de octubre de 2001, su cónyuge y padre de su hijo, Juan Alfredo Lozano Cancino, fue contratado para prestar servicios como operador de Skidder en los predios que le fueran

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 691-2004 Cita online: CL/JUR/3926/2004

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 691-2004 Cita online: CL/JUR/3926/2004

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Quirihue, cuatro de septiembre de dos mil tres. VISTOS: Comparece a fojas 6 y siguientes, de estos autos rol Nº 1.720; doña Nilsa Ester Contreras Moya, labores de casa, con domicilio en Diego Portales 445, de la Comuna de Quilleco, quien lo hace por sí, y en representación de su hijo menor de edad Luis Franco Lozano Contreras, estudiante, del mismo domicilio anterior; quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio ordinario laboral, en contra del empleador de su fallecido cónyuge y padre del menor, Patricio Salgado Lafourcade, contratista forestal, domiciliado en Manuel Antonio Matta número 502 de Coelemu y Población Hernán Brañas camino público número 420 de la Comuna de Trehuaco, y, subsidiariamente, en contra de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel, Limitada, empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don Claudio Julián Orue Escalona, factor de comercio, ambos con domicilio en Manuel Antonio Matta número 631 y 3 de Coelemu; a fin de obtener que se condene a la demandada principal y subsidiaria, al pago de los montos que se indican, por los conceptos que señalan: a) Daño moral, la suma de $ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), setenta millones para cada uno de los demandantes; b) Lucro cesante, la suma de $ 99.400.0000 (noventa y nueve millones, cuatrocientos mil pesos), todas las cantidades más los reajustes, que se aplicarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor; y el máximo interés permitido para las operaciones reajustables, calculados entre la fecha de muerte del cónyuge y padre de los demandantes y el pago efectivo, condenando, además, a la empleadora a las costas de la causa. A fojas 30, el abogado, Juan Carlos Miguez Avendaño, con domicilio en Colo Colo 379 oficina 405 de Concepción, y para estos efectos en Avenida Prat 850 de Quirihue, en representación del demandando principal y subsidiario, contesta la demanda, solicitando el rechazo de la misma, con costas, por cuanto a sus representadas, no les cabe responsabilidad en la muerte del trabajador Lozano Cancino, hecho ocurrido en 28 de octubre de 2001, debido a la negligencia culposa del conductor del skidder. A fojas 52, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, y se cita a una audiencia de conciliación y prueba. A fojas 111 y siguientes, se lleva a efecto la audiencia de conciliación y prueba. Llamadas las partes a conciliación y propuestas personalmente las bases de arreglo, ésta no se produce. A fojas 140 se decreta medida para mejor resolver la que fue cumplida. A fojas 144 vuelta, se cita a las partes a oír sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Comparece a fojas 6 y siguientes, de estos autos rol Nº 1.720; doña Nilsa Ester Contreras Moya, labores de casa, con domicilio en Diego Portales 445, de la Comuna de Quilleco, quien lo hace por sí, y en representación de su hijo de menor edad Luis Franco Lozano Contreras, estudiante, del mismo domicilio anterior; quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio ordinario laboral, en contra del empleador de su fallecido cónyuge y padre del menor, Patricio Eduardo Salgado Lafourcade, contratista forestal, domiciliado en Manuel Antonio Matta número 502 de Coelemu y Población Hernán Brañas camino público número 420 de la Comuna de Trehuaco, y, subsidiariamente, en contra de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, empresa del giro de su denominación, representada, legalmente por don Claudio Julián Orue Escalona, factor de comercio, ambos con domicilio en Manuel Antonio Matta número 631 y 3 de Coelemu; a fin de obtener que se condene a la demandada principal y subsidiaria, al pago de los montos que se indican, por los conceptos que señalan. Expresa que con fecha 23 de octubre de 2001, su cónyuge y padre de su hijo, Juan Alfredo Lozano Cancino, fue contratado para prestar servicios como operador de Skidder en los predios que le fueran

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asignados por don Patricio Salgado Lafourcade. Su jornada de trabajo era lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas. No obstante ello, y contrario a su horario y máquina para el cual fue contratado, el día sábado 27 de octubre de 2001 se le comunicó por el ahora demandado, que al día siguiente debía desempeñar sus funciones en las faenas ubicadas en el Fundo La Esperanza, sector Piedra Amarilla de la Comuna de Quirihue y en una máquina Skidder distinta de la cual había estado trabajando desde el día 23 al 27 de octubre de 2001. La anterior orden se le impartió por cuanto el chofer titular del Skidder, don David Toro Amaya se habría negado a trabajar fuera de su horario. La máquina se encontraba con desperfectos mecánicos, específicamente en su sistema de frenos, además, le faltaba una puerta a la cabina del conductor. Agrega que al estar desarrollando sus funciones, la máquina se precipitó por una pendiente y durante su caída arrojó y aplastó el cuerpo de su cónyuge, perdiendo en forma instantánea la vida. En el lugar se encontraban trabajando las dos víctimas fatales, su cónyuge y el estrobero, absolutamente solos, ya que los restantes trabajadores sólo se percataron del accidente al advertir que los fallecidos no regresaban a la cancha de acopio. Agrega la demandante que la muerte de su cónyuge y padre de su hijo se produjo única y exclusivamente, debido a una sumatoria de actos negligentes por parte del demandado Patricio Salgado Lafourcade, consistente esencialmente en mantener la máquina Skidder trabajando con desperfectos técnicos en su sistema de frenos y sin una puerta de su cabina; agrega que el demandado sabía al menos un día antes de ocurridos los hechos que la máquina Skidder se encontraba con desperfectos técnicos, corroborados por informe pericial practicado en causa criminal rol 41.104 2 y, que al poco tiempo de estos hechos, ocurrió otro accidente en la misma máquina, lo que se debió a que el operador al accionar los frenos éstos no le respondieron. Otro acto negligente sería haber contratado a su cónyuge como operador de una máquina que se suponía nueva o relativamente nueva y en buen estado mecánico y posteriormente asignarle una máquina antigua de 20 años de uso y con desperfectos mecánicos, los cuales sabía controlar sólo el chofer titular acostumbrado a trabajar en ella y en condiciones de extrema peligrosidad para su vida; no entregarle preparación, no contar en el lugar de las faenas con equipo necesario para atención y/o traslado a un centro asistencial en forma rápida ante el accidente de algún trabajador; no existir en el lugar otras personas que pudieran auxiliar a los accidentados; atención médica tardía; no contar con las condiciones de seguridad necesarias en relación a la peligrosidad de las labores; ordenarle trabajar con el Skidder en una pendiente con un nivel o porcentaje superior al permitido como margen de seguridad, sistema de remuneraciones sujeto a la producción que se obtuviera, de lo que resulta un interés perverso en no paralizar las faenas. Los puntos referidos constituyen una infracción al artículo 184 del Código del Trabajo que impone al empleador la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Indican que no existe entonces, acto alguno que implique que Salgado Lafourcade dio cumplimiento a su obligación de seguridad para con sus trabajadores, y específicamente, para resguardar la vida de su cónyuge fallecido, el cual se desempeñó los días 23 a 27 de octubre de 2001 como operador de Skidder en las faenas del Fundo Bellavista de propiedad de Forestal Celco, en que el demandado mantiene máquinas relativamente nuevas y un prevencionista en riesgos. En las faenas del Fundo La Esperanza, la demandada subsidiaria no exigió ni menos controló que el demandado principal desarrollara sus funciones con estricta sujeción al artículo 184 del Código del Trabajo. Continúan su demanda expresando que la muerte de su cónyuge y padre de su hijo les ocasiona una pérdida irreparable, imposible de cuantificar, pero que deberá ser regulada por el Tribunal teniendo presente que: Juan Lozano Cancino tenía un ingreso mensual promedio de $ 350.000; al momento de fallecer tenía 41 años de edad; gozaba de excelente salud; alcanzó a dejar como descendencia un hijo que a su fallecimiento tenía 8 años de edad; los actores se encuentran en un profundo estado depresivo por cuanto se destruyó su familia. Demandan por daño moral la suma de $ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), setenta millones para cada uno de los demandantes, basados en el sufrimiento y aflicción que les provocó su muerte; y por lucro cesante la cantidad de $ 99.400.000 (noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos), correspondiente a las remuneraciones que tenía derecho a percibir el fallecido operador en su vida laboral, o las sumas mayores o menores que el Tribunal establezca, las

asignados por don Patricio Salgado Lafourcade. Su jornada de trabajo era lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas. No obstante ello, y contrario a su horario y máquina para el cual fue contratado, el día sábado 27 de octubre de 2001 se le comunicó por el ahora demandado, que al día siguiente debía desempeñar sus funciones en las faenas ubicadas en el Fundo La Esperanza, sector Piedra Amarilla de la Comuna de Quirihue y en una máquina Skidder distinta de la cual había estado trabajando desde el día 23 al 27 de octubre de 2001. La anterior orden se le impartió por cuanto el chofer titular del Skidder, don David Toro Amaya se habría negado a trabajar fuera de su horario. La máquina se encontraba con desperfectos mecánicos, específicamente en su sistema de frenos, además, le faltaba una puerta a la cabina del conductor. Agrega que al estar desarrollando sus funciones, la máquina se precipitó por una pendiente y durante su caída arrojó y aplastó el cuerpo de su cónyuge, perdiendo en forma instantánea la vida. En el lugar se encontraban trabajando las dos víctimas fatales, su cónyuge y el estrobero, absolutamente solos, ya que los restantes trabajadores sólo se percataron del accidente al advertir que los fallecidos no regresaban a la cancha de acopio. Agrega la demandante que la muerte de su cónyuge y padre de su hijo se produjo única y exclusivamente, debido a una sumatoria de actos negligentes por parte del demandado Patricio Salgado Lafourcade, consistente esencialmente en mantener la máquina Skidder trabajando con desperfectos técnicos en su sistema de frenos y sin una puerta de su cabina; agrega que el demandado sabía al menos un día antes de ocurridos los hechos que la máquina Skidder se encontraba con desperfectos técnicos, corroborados por informe pericial practicado en causa criminal rol 41.104 2 y, que al poco tiempo de estos hechos, ocurrió otro accidente en la misma máquina, lo que se debió a que el operador al accionar los frenos éstos no le respondieron. Otro acto negligente sería haber contratado a su cónyuge como operador de una máquina que se suponía nueva o relativamente nueva y en buen estado mecánico y posteriormente asignarle una máquina antigua de 20 años de uso y con desperfectos mecánicos, los cuales sabía controlar sólo el chofer titular acostumbrado a trabajar en ella y en condiciones de extrema peligrosidad para su vida; no entregarle preparación, no contar en el lugar de las faenas con equipo necesario para atención y/o traslado a un centro asistencial en forma rápida ante el accidente de algún trabajador; no existir en el lugar otras personas que pudieran auxiliar a los accidentados; atención médica tardía; no contar con las condiciones de seguridad necesarias en relación a la peligrosidad de las labores; ordenarle trabajar con el Skidder en una pendiente con un nivel o porcentaje superior al permitido como margen de seguridad, sistema de remuneraciones sujeto a la producción que se obtuviera, de lo que resulta un interés perverso en no paralizar las faenas. Los puntos referidos constituyen una infracción al artículo 184 del Código del Trabajo que impone al empleador la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Indican que no existe entonces, acto alguno que implique que Salgado Lafourcade dio cumplimiento a su obligación de seguridad para con sus trabajadores, y específicamente, para resguardar la vida de su cónyuge fallecido, el cual se desempeñó los días 23 a 27 de octubre de 2001 como operador de Skidder en las faenas del Fundo Bellavista de propiedad de Forestal Celco, en que el demandado mantiene máquinas relativamente nuevas y un prevencionista en riesgos. En las faenas del Fundo La Esperanza, la demandada subsidiaria no exigió ni menos controló que el demandado principal desarrollara sus funciones con estricta sujeción al artículo 184 del Código del Trabajo. Continúan su demanda expresando que la muerte de su cónyuge y padre de su hijo les ocasiona una pérdida irreparable, imposible de cuantificar, pero que deberá ser regulada por el Tribunal teniendo presente que: Juan Lozano Cancino tenía un ingreso mensual promedio de $ 350.000; al momento de fallecer tenía 41 años de edad; gozaba de excelente salud; alcanzó a dejar como descendencia un hijo que a su fallecimiento tenía 8 años de edad; los actores se encuentran en un profundo estado depresivo por cuanto se destruyó su familia. Demandan por daño moral la suma de $ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), setenta millones para cada uno de los demandantes, basados en el sufrimiento y aflicción que les provocó su muerte; y por lucro cesante la cantidad de $ 99.400.000 (noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos), correspondiente a las remuneraciones que tenía derecho a percibir el fallecido operador en su vida laboral, o las sumas mayores o menores que el Tribunal establezca, las ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

citadas cantidades con reajustes y el máximo interés que se permite estipular para operaciones reajustables, ello con conformidad a lo preceptuado en el artículo 63 del Código del Trabajo. Insisten, posteriormente los demandantes, en que la responsabilidad legal de la demandada se basa en la infracción al artículo 184 del Código del Trabajo, en el hecho de estar legitimados para demandar responsabilidad contractual en representación de su cónyuge y padre de su hijo, fallecido, que con fecha 22 de mayo de 2002 se concedió por el Segundo Juzgado de Los Ángeles la posesión efectiva de la herencia para la cónyuge y su hijo, la cual se encuentra debidamente inscrita y que conforme al artículo 43 del Código Civil, son representantes legales de una persona el padre o la madre, el adoptante y su tutor o curador. En relación a la responsabilidad de la demanda subsidiaria Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, representada legalmente por don Claudio Orue, y judicialmente, por el mismo apoderado de la demandada principal, ésta tiene su base en el artículo 64 del Código del Trabajo, y en el hecho que en el mes de octubre de 2001, don Patricio Salgado Lafourcade celebró con la Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, un contrato en virtud del cual, esta última encargó a Salgado la explotación de un bosque de su propiedad, para cuyas faenas fue contratado el fallecido Lozano Cancino. Para finalizar, y después de las citas legales de rigor, los demandantes solicitan tener por interpuesta demanda en juicio ordinario laboral, de indemnización de perjuicios, en contra de Patricio Salgado Lafourcade, y subsidiariamente, en contra de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, acogerla a tramitación y, en definitiva declarar que, el demandando principal ha incumplido el deber contractual de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; en especial de su cónyuge y padre de su hijo, Juan Alfredo Lozano Cancino, y no adoptar ni mantener medidas de higiene y seguridad en la forma y dentro de los términos previstos por la ley, condenándolo a pagar por daño moral la suma de $ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), setenta millones para cada uno de los demandantes, y por lucro cesante la cantidad de $ 99.400.000 (noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos), o las sumas mayores o menores que el Tribunal establezca, las citadas cantidades con reajustes y el máximo interés que se permite estipular para operaciones reajustables, ello con conformidad a lo preceptuado en el artículo 63 del Código del Trabajo más costas. SEGUNDO: Que a fojas 30 y siguientes, la demandada principal y subsidiaria, contestan la demanda, solicitando el rechazo de la misma, en todas sus partes con costas, en atención a los fundamentos que expresan. Indican que la función o trabajo que cumplía el Lozano, conforme a la cláusula primera de su contrato de fecha 23 de octubre de 2001 era la de operador de Skidder, sin especificarse la máquina que debía conducir. Además, firmó un documento anexo de su contrato en que declaraba conocer los riesgos a los cuales estaba expuesto al momento de ingresar a su trabajo. Señalan que el día 23 de octubre de 2001 se inició la explotación de un bosque en el predio La Esperanza, de dominio de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, y durante la semana, esto es, 23 a 27 de octubre el trabajo fue normal. Al acercase el 1º de noviembre, fecha en la cual muchos empleados visitan a sus difuntos, se propuso a los trabajadores, efectuar trabajos el día domingo 28 de octubre de 2001, de esta forma se otorgaría permiso para que los empleados viajaran el 31 de octubre de ese mismo año. Agregan que se les propuso la idea a los empleados, y todos la aceptaron, salvo el operador de Skidder David Toro Amaya, quien tenía a su cónyuge a punto de dar a luz. Se le ofreció al empleado Juan Lozano para reemplazarlo, quien aceptó. Dicho ofrecimiento se hizo por cuanto el último nombrado estaba contratado como operador de Skidder. Al iniciarse las faenas el día domingo 28 referido, el jefe de faenas don Alexis San Martín; se percató que no había concurrido a trabajar el estrobero, razón por la cual conversó con Leonardo Rivas, empleado también fallecido, quien se estaba desempeñando como hachero (despicador) en la cancha, para ver la posibilidad que él reemplazara al estrobero. Rivas le habría manifestado que no tenía inconvenientes en el reemplazo. La faena de madereo se efectuaba en una distancia de 50 metros entre el bosque y la cancha. Se habían realizado 6 viajes con el Skidder, cuanto el jefe de faenas advirtió que la máquina no regresaba. Como no tenía visibilidad de ese sector, fue a mirar encontrándose sorpresivamente en el estrobero Leonardo Rivas que estaba tendido al lado del árbol que tenía que amarrar, inconsciente. El Skidder

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citadas cantidades con reajustes y el máximo interés que se permite estipular para operaciones reajustables, ello con conformidad a lo preceptuado en el artículo 63 del Código del Trabajo. Insisten, posteriormente los demandantes, en que la responsabilidad legal de la demandada se basa en la infracción al artículo 184 del Código del Trabajo, en el hecho de estar legitimados para demandar responsabilidad contractual en representación de su cónyuge y padre de su hijo, fallecido, que con fecha 22 de mayo de 2002 se concedió por el Segundo Juzgado de Los Ángeles la posesión efectiva de la herencia para la cónyuge y su hijo, la cual se encuentra debidamente inscrita y que conforme al artículo 43 del Código Civil, son representantes legales de una persona el padre o la madre, el adoptante y su tutor o curador. En relación a la responsabilidad de la demanda subsidiaria Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, representada legalmente por don Claudio Orue, y judicialmente, por el mismo apoderado de la demandada principal, ésta tiene su base en el artículo 64 del Código del Trabajo, y en el hecho que en el mes de octubre de 2001, don Patricio Salgado Lafourcade celebró con la Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, un contrato en virtud del cual, esta última encargó a Salgado la explotación de un bosque de su propiedad, para cuyas faenas fue contratado el fallecido Lozano Cancino. Para finalizar, y después de las citas legales de rigor, los demandantes solicitan tener por interpuesta demanda en juicio ordinario laboral, de indemnización de perjuicios, en contra de Patricio Salgado Lafourcade, y subsidiariamente, en contra de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, acogerla a tramitación y, en definitiva declarar que, el demandando principal ha incumplido el deber contractual de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; en especial de su cónyuge y padre de su hijo, Juan Alfredo Lozano Cancino, y no adoptar ni mantener medidas de higiene y seguridad en la forma y dentro de los términos previstos por la ley, condenándolo a pagar por daño moral la suma de $ 140.000.000 (ciento cuarenta millones de pesos), setenta millones para cada uno de los demandantes, y por lucro cesante la cantidad de $ 99.400.000 (noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos), o las sumas mayores o menores que el Tribunal establezca, las citadas cantidades con reajustes y el máximo interés que se permite estipular para operaciones reajustables, ello con conformidad a lo preceptuado en el artículo 63 del Código del Trabajo más costas. SEGUNDO: Que a fojas 30 y siguientes, la demandada principal y subsidiaria, contestan la demanda, solicitando el rechazo de la misma, en todas sus partes con costas, en atención a los fundamentos que expresan. Indican que la función o trabajo que cumplía el Lozano, conforme a la cláusula primera de su contrato de fecha 23 de octubre de 2001 era la de operador de Skidder, sin especificarse la máquina que debía conducir. Además, firmó un documento anexo de su contrato en que declaraba conocer los riesgos a los cuales estaba expuesto al momento de ingresar a su trabajo. Señalan que el día 23 de octubre de 2001 se inició la explotación de un bosque en el predio La Esperanza, de dominio de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, y durante la semana, esto es, 23 a 27 de octubre el trabajo fue normal. Al acercase el 1º de noviembre, fecha en la cual muchos empleados visitan a sus difuntos, se propuso a los trabajadores, efectuar trabajos el día domingo 28 de octubre de 2001, de esta forma se otorgaría permiso para que los empleados viajaran el 31 de octubre de ese mismo año. Agregan que se les propuso la idea a los empleados, y todos la aceptaron, salvo el operador de Skidder David Toro Amaya, quien tenía a su cónyuge a punto de dar a luz. Se le ofreció al empleado Juan Lozano para reemplazarlo, quien aceptó. Dicho ofrecimiento se hizo por cuanto el último nombrado estaba contratado como operador de Skidder. Al iniciarse las faenas el día domingo 28 referido, el jefe de faenas don Alexis San Martín; se percató que no había concurrido a trabajar el estrobero, razón por la cual conversó con Leonardo Rivas, empleado también fallecido, quien se estaba desempeñando como hachero (despicador) en la cancha, para ver la posibilidad que él reemplazara al estrobero. Rivas le habría manifestado que no tenía inconvenientes en el reemplazo. La faena de madereo se efectuaba en una distancia de 50 metros entre el bosque y la cancha. Se habían realizado 6 viajes con el Skidder, cuanto el jefe de faenas advirtió que la máquina no regresaba. Como no tenía visibilidad de ese sector, fue a mirar encontrándose sorpresivamente en el estrobero Leonardo Rivas que estaba tendido al lado del árbol que tenía que amarrar, inconsciente. El Skidder

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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se encontraba en su posición normal alrededor de 20 metros más abajo. Expresa que con la oportuna ayuda de los demás empleados, a los que fue a buscar, trataron de auxiliar a Rivas, lo trasladaron pero falleció. Al tratar de socorrer a Lozano, se percataron que estaba muerto. La explicación que otorgan es que el operador del Skidder perdió el control de éste yéndose hacia atrás, atropellando al estrobero y volcándose en dos oportunidades hasta quedar afirmado en un árbol. No existió falla mecánica pues el Skidder estaba funcionando perfectamente. Por lo relacionado, manifiestan en su contestación, debe rechazarse la afirmación de los demandantes cuando dicen “contrariamente al horario y máquina”, pues el trabajador se encontraba ejerciendo su contrato, en día y hora convenidos con el empleador. El chofer actuó entonces de forma descuidada o afectado de grave dolencia o perdió el conocimiento. Debe desecharse la afirmación de la demandante en cuanto a que el accidente es de responsabilidad de la empleadora directa, tanto el Skidder como las faenas contaban con todos tos elementos de seguridad necesarios; pero el operador actuó en forma irresponsable, temeraria y puso en peligro su propia vida por un acto de su propia responsabilidad. Además, es de la naturaleza de los trabajos de construcción de un relleno, que éstas se desarrollen en circunstancias y en terrenos poco firmes que pueden ceder. Señalan los demandados que la culpa del accidente es del operador del Skidder y que era imposible que el empleador cautelara una conducta impropia. Tanto el Skidder como las faenas contaban con todos los elementos de seguridad necesarios y seguramente Lozano demostraba su habilidad y maniobrabilidad sin tomar las precauciones propias de cada conductor y no del empleador. El sector era conocido por el operador, amplio y visibilidad suficiente. No obstante, agregan, el chofer de forma inexplicable pierde el control. Se trata de un hecho por culpa propia, en el cual se encuentra exento de responsabilidad el empleador, el operador era un chofer experimentado, no puede entenderse que no estaba calificado, además el Skidder se encontraba en buen estado de funcionamiento, de manera que “la demandada principal tenía todas las exigencias de seguridad y resguardos para la protección de la vida y salud del chofer”. Agregan respecto a la puerta del Skidder, ésta no es requisito de seguridad, tenía cinturón de seguridad y no lo usó y los frenos estaban buenos. De esta manera, y al tenor del artículo 2322 inciso 2º del Código Civil “no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio, que los amos no tenían medios de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente”. En este caso la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o dependientes. Indican que en parte alguna existe la obligación del empleador de contar con una ambulancia, y que los demás operarios prestaron ayuda inmediata al otro fallecido, y Lozano falleció por su propia acción, su muerte fue inevitable. En cuanto a la afirmación de la demandante, que el sistema de remuneraciones habría incidido en el accidente, no es efectivo, pues trabajaron el domingo 28 para sustituir el 31 de octubre. Agregan que la pendiente en que trabajaba Lozano era el lugar donde habitualmente él trabajaba y que el Skidder era controlado periódicamente, se hacía una mantención de acuerdo a las maniobras. El operador fallecido, se encargaba de hacerlo y el operador tenía 10 años de experiencia. En definitiva, indican que el demandado principal entregó a sus trabajadores los elementos de seguridad propios de su actividad, guantes, zapatos, mezclillas, cascos, etc; mas, el accidente fue inevitable pese a contar con aquéllos. En cuanto al respecto de derecho, expresan que las obligaciones de seguridad tienen su origen en la ley, y no en el contrato, por lo que la demanda interpuesta dice relación con una infracción legal que no emana del incumplimiento contractual. Indican que se está en un caso de responsabilidad objetiva sino que será esencial la existencia y determinación previa de la culpa. Las indemnizaciones que se demandan no surgen directamente del contrato, sino que se trataría de un perjuicio de carácter indirecto no previsto cuya fuente es la ley y que la mayoría de la jurisprudencia rechaza la indemnización por daño moral en materia contractual. La causa del accidente fue un hecho o conducta propia de Lozano, un accidente, que el operador del Skidder no pudo prever, o fue negligencia culposa del conductor del mismo, señor Lozano, que no es

se encontraba en su posición normal alrededor de 20 metros más abajo. Expresa que con la oportuna ayuda de los demás empleados, a los que fue a buscar, trataron de auxiliar a Rivas, lo trasladaron pero falleció. Al tratar de socorrer a Lozano, se percataron que estaba muerto. La explicación que otorgan es que el operador del Skidder perdió el control de éste yéndose hacia atrás, atropellando al estrobero y volcándose en dos oportunidades hasta quedar afirmado en un árbol. No existió falla mecánica pues el Skidder estaba funcionando perfectamente. Por lo relacionado, manifiestan en su contestación, debe rechazarse la afirmación de los demandantes cuando dicen “contrariamente al horario y máquina”, pues el trabajador se encontraba ejerciendo su contrato, en día y hora convenidos con el empleador. El chofer actuó entonces de forma descuidada o afectado de grave dolencia o perdió el conocimiento. Debe desecharse la afirmación de la demandante en cuanto a que el accidente es de responsabilidad de la empleadora directa, tanto el Skidder como las faenas contaban con todos tos elementos de seguridad necesarios; pero el operador actuó en forma irresponsable, temeraria y puso en peligro su propia vida por un acto de su propia responsabilidad. Además, es de la naturaleza de los trabajos de construcción de un relleno, que éstas se desarrollen en circunstancias y en terrenos poco firmes que pueden ceder. Señalan los demandados que la culpa del accidente es del operador del Skidder y que era imposible que el empleador cautelara una conducta impropia. Tanto el Skidder como las faenas contaban con todos los elementos de seguridad necesarios y seguramente Lozano demostraba su habilidad y maniobrabilidad sin tomar las precauciones propias de cada conductor y no del empleador. El sector era conocido por el operador, amplio y visibilidad suficiente. No obstante, agregan, el chofer de forma inexplicable pierde el control. Se trata de un hecho por culpa propia, en el cual se encuentra exento de responsabilidad el empleador, el operador era un chofer experimentado, no puede entenderse que no estaba calificado, además el Skidder se encontraba en buen estado de funcionamiento, de manera que “la demandada principal tenía todas las exigencias de seguridad y resguardos para la protección de la vida y salud del chofer”. Agregan respecto a la puerta del Skidder, ésta no es requisito de seguridad, tenía cinturón de seguridad y no lo usó y los frenos estaban buenos. De esta manera, y al tenor del artículo 2322 inciso 2º del Código Civil “no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio, que los amos no tenían medios de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente”. En este caso la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o dependientes. Indican que en parte alguna existe la obligación del empleador de contar con una ambulancia, y que los demás operarios prestaron ayuda inmediata al otro fallecido, y Lozano falleció por su propia acción, su muerte fue inevitable. En cuanto a la afirmación de la demandante, que el sistema de remuneraciones habría incidido en el accidente, no es efectivo, pues trabajaron el domingo 28 para sustituir el 31 de octubre. Agregan que la pendiente en que trabajaba Lozano era el lugar donde habitualmente él trabajaba y que el Skidder era controlado periódicamente, se hacía una mantención de acuerdo a las maniobras. El operador fallecido, se encargaba de hacerlo y el operador tenía 10 años de experiencia. En definitiva, indican que el demandado principal entregó a sus trabajadores los elementos de seguridad propios de su actividad, guantes, zapatos, mezclillas, cascos, etc; mas, el accidente fue inevitable pese a contar con aquéllos. En cuanto al respecto de derecho, expresan que las obligaciones de seguridad tienen su origen en la ley, y no en el contrato, por lo que la demanda interpuesta dice relación con una infracción legal que no emana del incumplimiento contractual. Indican que se está en un caso de responsabilidad objetiva sino que será esencial la existencia y determinación previa de la culpa. Las indemnizaciones que se demandan no surgen directamente del contrato, sino que se trataría de un perjuicio de carácter indirecto no previsto cuya fuente es la ley y que la mayoría de la jurisprudencia rechaza la indemnización por daño moral en materia contractual. La causa del accidente fue un hecho o conducta propia de Lozano, un accidente, que el operador del Skidder no pudo prever, o fue negligencia culposa del conductor del mismo, señor Lozano, que no es ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

transmisible a los demandados. Por lo relacionado solicitan rechazar la demanda y en subsidio, hacer aplicación del artículo 2330 del Código Civil, en orden a reducir la eventual indemnización por cuanto Lozano se expuso imprudentemente al daño. Manifiestan, además, que la demanda es abusiva, por cuanto la suma demandada les hace pensar en que se pretende un lucro indebido o un afán de enriquecimiento sin causa, y no una reparación. El monto total demandado es de $ 239.400.000. Las desmedidas indemnizaciones que se solicitan son una demostración palpable de una tendencia a la especulación, correspondiendo a los Tribunales aplicar en estos casos la prudencia y equidad. Respecto del lucro cesante, arguyen no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima, toda vez que existen diversas eventualidades que por el solo hecho de ocurrir afectan el cálculo que pudiera hacerse, no pudiendo prosperar la acción entablada. Por todo lo expuesto, solicitan al Tribunal, tener por contestada la demanda, en contra del demandado principal y subsidiario, y disponer su total rechazo con costas. TERCERO: Que para resolver adecuadamente la cuestión controvertida, es menester hacer algunas precisiones que den luz al asunto debatido. Sobre el particular cabe señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por los actores, es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que el empleador es un deudor de seguridad a sus trabajadores y tal obligación de dar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y, la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. CUARTO: Que, precisado el origen de la acción que se ha deducido la ley y el contrato de trabajo corresponde relacionarla con los efectos de las obligaciones, desde que aquella vinculación jurídica constituye una fuente de estos últimos. Dentro de las líneas rectoras generales y que, obviamente, reciben aplicación en materia laboral, aun cuando en esta sede el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra restringido, como una manera de proteger a una de las partes contratantes, esto es, el trabajador, se ubican la ley del contrato y la buena fe en la ejecución del mismo, entre otras y, en ese contexto, ha de concluirse que el incumplimiento de las obligaciones genera para las partes la subsecuente indemnización de perjuicios, como lógica consecuencia de la falta o mora en que ha incurrido uno de los contratantes, y, con mayor razón, si se considera que el deber de protección encuentra su fuente inmediata en la Ley Laboral. QUINTO: Que, en esta línea argumental, resulta, que el legislador, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, ha previsto el subsiguiente resarcimiento para él o los afectados, consagrando la acción pertinente en la ley Nº 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, específicamente en su artículo 69, que a la letra reza, “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o, de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas...b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o a terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”. Sin embargo, este precepto no señala el grado de culpa de que responde el empleador. SEXTO: Que ante el silencio señalado, para tales efectos, esto es, determinar el grado de culpa, habrá que recurrirse al derecho común. Al respecto, el artículo 1547 del Código Civil hace una clasificación tripartita de los contratos, según el beneficio que reportan a las partes. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos en que, por su naturaleza, sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se celebran para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima, en los casos en que el deudor es el único que reporta beneficios. Tal regla, sin embargo, admite flexibilidades que se deducen de la norma del artículo 2129 del mismo Código, según el mayor o menor interés del

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transmisible a los demandados. Por lo relacionado solicitan rechazar la demanda y en subsidio, hacer aplicación del artículo 2330 del Código Civil, en orden a reducir la eventual indemnización por cuanto Lozano se expuso imprudentemente al daño. Manifiestan, además, que la demanda es abusiva, por cuanto la suma demandada les hace pensar en que se pretende un lucro indebido o un afán de enriquecimiento sin causa, y no una reparación. El monto total demandado es de $ 239.400.000. Las desmedidas indemnizaciones que se solicitan son una demostración palpable de una tendencia a la especulación, correspondiendo a los Tribunales aplicar en estos casos la prudencia y equidad. Respecto del lucro cesante, arguyen no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima, toda vez que existen diversas eventualidades que por el solo hecho de ocurrir afectan el cálculo que pudiera hacerse, no pudiendo prosperar la acción entablada. Por todo lo expuesto, solicitan al Tribunal, tener por contestada la demanda, en contra del demandado principal y subsidiario, y disponer su total rechazo con costas. TERCERO: Que para resolver adecuadamente la cuestión controvertida, es menester hacer algunas precisiones que den luz al asunto debatido. Sobre el particular cabe señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por los actores, es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que el empleador es un deudor de seguridad a sus trabajadores y tal obligación de dar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y, la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. CUARTO: Que, precisado el origen de la acción que se ha deducido la ley y el contrato de trabajo corresponde relacionarla con los efectos de las obligaciones, desde que aquella vinculación jurídica constituye una fuente de estos últimos. Dentro de las líneas rectoras generales y que, obviamente, reciben aplicación en materia laboral, aun cuando en esta sede el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra restringido, como una manera de proteger a una de las partes contratantes, esto es, el trabajador, se ubican la ley del contrato y la buena fe en la ejecución del mismo, entre otras y, en ese contexto, ha de concluirse que el incumplimiento de las obligaciones genera para las partes la subsecuente indemnización de perjuicios, como lógica consecuencia de la falta o mora en que ha incurrido uno de los contratantes, y, con mayor razón, si se considera que el deber de protección encuentra su fuente inmediata en la Ley Laboral. QUINTO: Que, en esta línea argumental, resulta, que el legislador, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, ha previsto el subsiguiente resarcimiento para él o los afectados, consagrando la acción pertinente en la ley Nº 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, específicamente en su artículo 69, que a la letra reza, “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o, de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas...b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o a terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”. Sin embargo, este precepto no señala el grado de culpa de que responde el empleador. SEXTO: Que ante el silencio señalado, para tales efectos, esto es, determinar el grado de culpa, habrá que recurrirse al derecho común. Al respecto, el artículo 1547 del Código Civil hace una clasificación tripartita de los contratos, según el beneficio que reportan a las partes. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos en que, por su naturaleza, sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se celebran para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima, en los casos en que el deudor es el único que reporta beneficios. Tal regla, sin embargo, admite flexibilidades que se deducen de la norma del artículo 2129 del mismo Código, según el mayor o menor interés del

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contratante. Ahora, la citada clasificación tripartita, según el beneficio que reportan a las partes, es, por cierto, extensiva al contrato de trabajo en su contenido patrimonial, esto es, en cuanto al intercambio de remuneración por servicio. SÉPTIMO: Que, no obstante lo señalado, resulta que en el contrato de trabajo, además del aludido contenido patrimonial, destacan básicamente el deber general de protección del empleador, a que aludíamos precedentemente, y los de lealtad y fidelidad que pesan sobre los trabajadores; en aquél se comprende el deber de seguridad, y los valores que se encuentran comprometidos en tal obligación no son de contenido patrimonial, pues importan, obviamente, la propia vida, la integridad física y psíquica y la salud del trabajador, es decir, bienes de tal naturaleza que, necesario resulta concluir, que el grado de culpa de que responde el empleador ante el incumplimiento de tal obligación es o puede asimilarse al de la levísima, establecida en el artículo 44 del Código Civil, esto es, la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (Corte de Apelaciones de Santiago, Gaceta Jurídica Nº 245 Pág. 233 y Excma. Corte Suprema, Gaceta Jurídica número 242, pág. 168) En suma, como ya se ha consignado, atento el hecho que el accidente que costó la vida al cónyuge y padre de los actores respectivamente, ocurrió mientras existía una relación laboral contractual entre el fallecido y la demandada principal, y en momentos en que el trabajador ejecutaba labores para ésta, resulta que, para resolver la problemática de la indemnización, tanto material como moral, tenemos que, necesariamente, remitirnos a las normas de la responsabilidad contractual, y, en especial al artículo 1547 del Código Civil, que en su inciso tercero señala, “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”. En otras palabras, sin duda estamos en presencia de una materia de responsabilidad contractual, en que la culpa se presume, y no en el área de la responsabilidad extracontractual. Que, por otro lado se debe también tener presente que la responsabilidad del empleador llega hasta que el trabajador no se exponga imprudentemente al daño. OCTAVO: Que, establecidas ya las bases de la acción que nos ocupa, y con el objeto de acreditar los fundamentos de la misma, los actores acompañaron en forma legal a los autos los siguientes documentos: De fojas 1 a 5, copia autorizada de resolución de posesión efectiva de Juan Alfredo Lozano Cancino, y su correspondiente inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, y certificados de matrimonio, defunción y nacimiento del hijo del fallecido trabajador. Acompañan a su vez 50 liquidaciones de remuneraciones del fallecido trabajador; certificado de la A.F.P. Summa Bansander que da cuenta de sus cotizaciones previsionales; fotocopia de su cédula de identidad y licencia de conductor; copias autorizadas correspondientes a causa criminal rol: 41.104 2, de este Juzgado del Crimen de Quirihue, por muerte de los trabajadores Leonardo Rivas Escalona y Juan Lozano Cancino, cuyo expediente está ordenado además tener a la vista en esta causa laboral; copias autorizadas de determinadas piezas de causa rol: 1.696 caratulada Rivas Escalona con Salgado Lafourcade y otro, incluyéndose en éstas el comparendo desarrollado con las declaraciones de los diversos testigos que en él depusieron y las sentencias de primera y segunda instancia. Se incluyen en dichas copias autorizadas, certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes. de Camioneta Chevrolet y Minibús Asia Motors, a nombre de Patricio Salgado Lafourcade; diversas copias de constitución de sociedades con sus respectivas inscripciones en el Registro de Comercio, como diversas inscripciones en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu, que dará cuenta de sociedades constituidas o en las que son parte, como propiedades de dominio tanto de la demandada principal como subsidiaria. Los documentos anteriores se encuentran acompañados con citación al expediente, no objetados y forman, atendido su volumen, el cuaderno de documentos de esta causa. En el expediente rolan informes psicológicos evacuados a petición de los demandantes, por el perito designado en autos y que se agregan por medida para mejor resolver cumplida de fojas 141 a 143 vuelta. NOVENO: Que de fojas 279 a 334 del cuaderno de documentos, y, dentro de las copias autorizadas acompañadas por la parte demandante, con citación y no objetadas de contrario, se encuentran las diversas declaraciones prestadas por los testigos durante el comparendo de estilo en la causa laboral rol: 1.676/02, caratulada Sucesión Rivas Escalona con Salgado y otro, de este Tribunal. En dichos instrumentos rolan las diversas declaraciones de los testigos de la demandante, quienes expresan en

contratante. Ahora, la citada clasificación tripartita, según el beneficio que reportan a las partes, es, por cierto, extensiva al contrato de trabajo en su contenido patrimonial, esto es, en cuanto al intercambio de remuneración por servicio. SÉPTIMO: Que, no obstante lo señalado, resulta que en el contrato de trabajo, además del aludido contenido patrimonial, destacan básicamente el deber general de protección del empleador, a que aludíamos precedentemente, y los de lealtad y fidelidad que pesan sobre los trabajadores; en aquél se comprende el deber de seguridad, y los valores que se encuentran comprometidos en tal obligación no son de contenido patrimonial, pues importan, obviamente, la propia vida, la integridad física y psíquica y la salud del trabajador, es decir, bienes de tal naturaleza que, necesario resulta concluir, que el grado de culpa de que responde el empleador ante el incumplimiento de tal obligación es o puede asimilarse al de la levísima, establecida en el artículo 44 del Código Civil, esto es, la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (Corte de Apelaciones de Santiago, Gaceta Jurídica Nº 245 Pág. 233 y Excma. Corte Suprema, Gaceta Jurídica número 242, pág. 168) En suma, como ya se ha consignado, atento el hecho que el accidente que costó la vida al cónyuge y padre de los actores respectivamente, ocurrió mientras existía una relación laboral contractual entre el fallecido y la demandada principal, y en momentos en que el trabajador ejecutaba labores para ésta, resulta que, para resolver la problemática de la indemnización, tanto material como moral, tenemos que, necesariamente, remitirnos a las normas de la responsabilidad contractual, y, en especial al artículo 1547 del Código Civil, que en su inciso tercero señala, “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”. En otras palabras, sin duda estamos en presencia de una materia de responsabilidad contractual, en que la culpa se presume, y no en el área de la responsabilidad extracontractual. Que, por otro lado se debe también tener presente que la responsabilidad del empleador llega hasta que el trabajador no se exponga imprudentemente al daño. OCTAVO: Que, establecidas ya las bases de la acción que nos ocupa, y con el objeto de acreditar los fundamentos de la misma, los actores acompañaron en forma legal a los autos los siguientes documentos: De fojas 1 a 5, copia autorizada de resolución de posesión efectiva de Juan Alfredo Lozano Cancino, y su correspondiente inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, y certificados de matrimonio, defunción y nacimiento del hijo del fallecido trabajador. Acompañan a su vez 50 liquidaciones de remuneraciones del fallecido trabajador; certificado de la A.F.P. Summa Bansander que da cuenta de sus cotizaciones previsionales; fotocopia de su cédula de identidad y licencia de conductor; copias autorizadas correspondientes a causa criminal rol: 41.104 2, de este Juzgado del Crimen de Quirihue, por muerte de los trabajadores Leonardo Rivas Escalona y Juan Lozano Cancino, cuyo expediente está ordenado además tener a la vista en esta causa laboral; copias autorizadas de determinadas piezas de causa rol: 1.696 caratulada Rivas Escalona con Salgado Lafourcade y otro, incluyéndose en éstas el comparendo desarrollado con las declaraciones de los diversos testigos que en él depusieron y las sentencias de primera y segunda instancia. Se incluyen en dichas copias autorizadas, certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes. de Camioneta Chevrolet y Minibús Asia Motors, a nombre de Patricio Salgado Lafourcade; diversas copias de constitución de sociedades con sus respectivas inscripciones en el Registro de Comercio, como diversas inscripciones en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu, que dará cuenta de sociedades constituidas o en las que son parte, como propiedades de dominio tanto de la demandada principal como subsidiaria. Los documentos anteriores se encuentran acompañados con citación al expediente, no objetados y forman, atendido su volumen, el cuaderno de documentos de esta causa. En el expediente rolan informes psicológicos evacuados a petición de los demandantes, por el perito designado en autos y que se agregan por medida para mejor resolver cumplida de fojas 141 a 143 vuelta. NOVENO: Que de fojas 279 a 334 del cuaderno de documentos, y, dentro de las copias autorizadas acompañadas por la parte demandante, con citación y no objetadas de contrario, se encuentran las diversas declaraciones prestadas por los testigos durante el comparendo de estilo en la causa laboral rol: 1.676/02, caratulada Sucesión Rivas Escalona con Salgado y otro, de este Tribunal. En dichos instrumentos rolan las diversas declaraciones de los testigos de la demandante, quienes expresan en ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

términos generales: David Raúl Toro Amaya, a fojas 310, que estuvo trabajando los cinco días anteriores al accidente con ese Skidder y en su opinión estaba falta de frenos, es decir, estaban malos los frenos. A la máquina le faltaba una puerta del lado derecho. La falla mayor era de los frenos pues perdía líquido por un dado del sector del calliper y había que estar echándole líquido. Indica el testigo que el freno perdía líquido y de repente la máquina quedaba sin frenos mientras trabajaba. Señala que le comunicó el problema al supervisor manifestándole éste que no estaba ubicable el mecánico. Todos sabían el problema de los frenos y que no comunicó lo anterior al operador Lozano porque no lo conocía ni lo vio el día sábado. Respecto del freno de mano no servía ni frenaba porque ese freno es para fijar o estacionar la máquina no para trabajar. Las mantenciones a la máquina las hace don Pedro Morales y cree vive en Concepción; que no se indicó en las hojas de reporte diario el problema porque se le estaba diciendo todos los días, que trabajó en el mismo sector en que ocurrió el accidente, que trabajó con temor, que al sistema de pedal había que pegarle dos o tres patadas o bombeadas para que funcionara y a veces se soltaba y no agarraba o funcionaba aunque se bombeara. El testigo Samuel Antonio Figueroa Riquelme, a fojas 313 del cuaderno de documentos, interrogado indica que al empezar a trabajar con la máquina ésta estaba con problemas y lo supo porque “yo soy el estrobero”. Que el operador don David Toro les comunicó que la máquina tenía problemas de frenos y tenía que apoyar la pala en un tronco para frenar el Skidder. Expresa que adoptaron medidas de seguridad como estar alerta y con máxima tensión y cuando la máquina se empezaba a mover él salía de la huella por cuanto a veces se tiraba a arrancar el Skidder. Agrega que el día anterior al accidente estuvo en las faenas y la máquina presentaba problemas de frenos, y que el problema se le había comunicado al jefe de faenas. Que la máquina no fue reparada entre el término de faenas del día 27 de octubre y el inicio de las mismas el día 28 del mismo mes, que ésta quedó al lado de la cancha del Fundo la Esperanza, que el jefe de faenas era el obligado a dejar el registro de alguna falla, que no sabe si se dio cumplimiento a esa obligación. El testigo Luis Bernardo Arriagada Avello, cuya declaración rola a fojas 315 del cuaderno referido, expresa, que la jornada era de lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00. Que el contrato señalaba que tenía que usar implementos de seguridad tales como casco, guantes, casaca y después del accidente llegaron los zapatos de seguridad. No había seguridad en las faenas, no había comité paritario, nunca una charla, ni un vehículo para trasladarlos en caso de accidente, sólo un furgón que los transportaba desde y hacia las faenas. Repreguntado, indica que el día domingo 28 de octubre se trabajó porque les conviene a ambas partes por producción, y que en ningún momento se había acordado darles libre el 31 de octubre. Que el sector en que trabajaban no era seguro pues tenía mucha pendiente, estima que era para torre de madero, y estima que era un 50% la pendiente y que no había implementos médicos para atender una urgencia. En cuanto al testigo Manuel Genaro Villegas García, a fojas 316, que la jornada de trabajo era de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00, que a él le hicieron firmar el contrato después de ocurrido el accidente. Que al momento de ser contratado le dieron guantes y casco, y los zapatos de seguridad después de ocurrido el accidente. No había camillas, botiquín, ni vehículo para trasladarlos en caso de urgencia, sólo el minibús. No había grupos de apoyo en caso de emergencia. Respecto al trabajo el día domingo 28, indica que el patrón lo hizo para sacar más producción, que él trabajó ese día, que nada se había acordado respecto a no trabajar el día 31 de octubre. Agrega que la pendiente en que trabajaba el Skidder era insegura, tenía mucha unos 45 grados. DÉCIMO: Que la demandante llamó a rendir prueba confesional a la demandada principal y subsidiaria, la cual se llevó a efecto en el comparendo, siendo interrogados los demandados al tenor del pliego acompañado al inicio de la audiencia; compareciendo en primer término Patricio Salgado Lafourcade, quien previamente juramentado, expresó en líneas generales, a fojas 111 a 114 que: No le consta que los actores hayan sufrido angustia y sufrimiento por la pérdida del cónyuge y padre; que fiscaliza las faenas mediante un prevencionista de riesgos y un jefe de faenas; que el operador Juan Lozano Cancino estaba capacitado; que desarrolla labores como prestador de servicios forestales y también de modo particular; que la remuneración que le habría correspondido recibir a Lozano Cancino era de aproximadamente $ 350,000 mensuales; que la máquina Skidder fue sometida a una reparación completa en abril y septiembre de 2001, que las faenas después del accidente se reanudaron una semana después

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

términos generales: David Raúl Toro Amaya, a fojas 310, que estuvo trabajando los cinco días anteriores al accidente con ese Skidder y en su opinión estaba falta de frenos, es decir, estaban malos los frenos. A la máquina le faltaba una puerta del lado derecho. La falla mayor era de los frenos pues perdía líquido por un dado del sector del calliper y había que estar echándole líquido. Indica el testigo que el freno perdía líquido y de repente la máquina quedaba sin frenos mientras trabajaba. Señala que le comunicó el problema al supervisor manifestándole éste que no estaba ubicable el mecánico. Todos sabían el problema de los frenos y que no comunicó lo anterior al operador Lozano porque no lo conocía ni lo vio el día sábado. Respecto del freno de mano no servía ni frenaba porque ese freno es para fijar o estacionar la máquina no para trabajar. Las mantenciones a la máquina las hace don Pedro Morales y cree vive en Concepción; que no se indicó en las hojas de reporte diario el problema porque se le estaba diciendo todos los días, que trabajó en el mismo sector en que ocurrió el accidente, que trabajó con temor, que al sistema de pedal había que pegarle dos o tres patadas o bombeadas para que funcionara y a veces se soltaba y no agarraba o funcionaba aunque se bombeara. El testigo Samuel Antonio Figueroa Riquelme, a fojas 313 del cuaderno de documentos, interrogado indica que al empezar a trabajar con la máquina ésta estaba con problemas y lo supo porque “yo soy el estrobero”. Que el operador don David Toro les comunicó que la máquina tenía problemas de frenos y tenía que apoyar la pala en un tronco para frenar el Skidder. Expresa que adoptaron medidas de seguridad como estar alerta y con máxima tensión y cuando la máquina se empezaba a mover él salía de la huella por cuanto a veces se tiraba a arrancar el Skidder. Agrega que el día anterior al accidente estuvo en las faenas y la máquina presentaba problemas de frenos, y que el problema se le había comunicado al jefe de faenas. Que la máquina no fue reparada entre el término de faenas del día 27 de octubre y el inicio de las mismas el día 28 del mismo mes, que ésta quedó al lado de la cancha del Fundo la Esperanza, que el jefe de faenas era el obligado a dejar el registro de alguna falla, que no sabe si se dio cumplimiento a esa obligación. El testigo Luis Bernardo Arriagada Avello, cuya declaración rola a fojas 315 del cuaderno referido, expresa, que la jornada era de lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00. Que el contrato señalaba que tenía que usar implementos de seguridad tales como casco, guantes, casaca y después del accidente llegaron los zapatos de seguridad. No había seguridad en las faenas, no había comité paritario, nunca una charla, ni un vehículo para trasladarlos en caso de accidente, sólo un furgón que los transportaba desde y hacia las faenas. Repreguntado, indica que el día domingo 28 de octubre se trabajó porque les conviene a ambas partes por producción, y que en ningún momento se había acordado darles libre el 31 de octubre. Que el sector en que trabajaban no era seguro pues tenía mucha pendiente, estima que era para torre de madero, y estima que era un 50% la pendiente y que no había implementos médicos para atender una urgencia. En cuanto al testigo Manuel Genaro Villegas García, a fojas 316, que la jornada de trabajo era de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00, que a él le hicieron firmar el contrato después de ocurrido el accidente. Que al momento de ser contratado le dieron guantes y casco, y los zapatos de seguridad después de ocurrido el accidente. No había camillas, botiquín, ni vehículo para trasladarlos en caso de urgencia, sólo el minibús. No había grupos de apoyo en caso de emergencia. Respecto al trabajo el día domingo 28, indica que el patrón lo hizo para sacar más producción, que él trabajó ese día, que nada se había acordado respecto a no trabajar el día 31 de octubre. Agrega que la pendiente en que trabajaba el Skidder era insegura, tenía mucha unos 45 grados. DÉCIMO: Que la demandante llamó a rendir prueba confesional a la demandada principal y subsidiaria, la cual se llevó a efecto en el comparendo, siendo interrogados los demandados al tenor del pliego acompañado al inicio de la audiencia; compareciendo en primer término Patricio Salgado Lafourcade, quien previamente juramentado, expresó en líneas generales, a fojas 111 a 114 que: No le consta que los actores hayan sufrido angustia y sufrimiento por la pérdida del cónyuge y padre; que fiscaliza las faenas mediante un prevencionista de riesgos y un jefe de faenas; que el operador Juan Lozano Cancino estaba capacitado; que desarrolla labores como prestador de servicios forestales y también de modo particular; que la remuneración que le habría correspondido recibir a Lozano Cancino era de aproximadamente $ 350,000 mensuales; que la máquina Skidder fue sometida a una reparación completa en abril y septiembre de 2001, que las faenas después del accidente se reanudaron una semana después

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de ocurrido el hecho; que no tiene contratado un seguro para los trabajadores porque la ley no lo exige; que el día del accidente estaba el minibús en la faena y el apoyo de la A.CH.S., no otros grupos del apoyo; que Lozano Cancino, el operador, tenía 10 años de experiencia como operador y era calificado; que es efectivo que con posterioridad al accidente del 28 de octubre aconteció otro accidente en el mismo Skidder; que entre los días 23 a 27 de octubre de 2001, se desempeñó en el Fundo Bellavista de Forestal Celco; que tenía un prevencionista permanente contratado para todas las faenas, y que éste se llamaba Rodrigo Vega Bull y llevaba a esa fecha años trabajando; que después del accidente dotó a las faenas de agua y baños químicos; que en su empresa existe comité paritario; que su patrimonio ascendería a unos $ 100.000.000 (millones de pesos), la máquina es del año 1980; que la vendió y está trabajando en Ranguelmo; que el otro accidente que sufrió con posterioridad un trabajador en la misma máquina fue sólo que frenó en forma brusca y se pegó en la cabeza; que en atención a la experiencia que tenía Lozano no se le capacitó como operador de Skidder; que la máquina que operaba en faenas de Forestal Celco es del año 1993. El demandado Claudio Orue Escalona, representante legal de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, demandada subsidiaria, expresa en términos generales a fojas 115 a 117: Que las faenas forestales en el Fundo la Esperanza duraron cuatro meses, de octubre 2001 a enero 2002, que tenía un contrato con Patricio Salgado Lafourcade; que su patrimonio asciende a unos $ 320.000.000; que el accidente se produjo por una mala maniobra y no usar el cinturón; que los pagos al prestador son al día 10 del mes siguiente; que desconoce las medidas de seguridad y prevención adoptadas por Patricio Salgado después de ocurrido el accidente; que con Patricio Salgado Lafourcade son cuñados; que él tiene un supervisor que compruebe si se da cumplimiento a las normas de seguridad; que desconoce si ocurrió otro accidente con posterioridad. DECIMOPRIMERO: Que, los actores, condujeron a estrados a los testigos: Juan Pablo Soto Jara, Manuel Genaro Villegas García y Nancy del Carmen Reyes Pardo; quienes legalmente interrogados y previamente juramentados señalaron: El testigo Villegas García, expresa que escuchó de Toro Amaya chofer titular, que los frenos estaban malos, y tenía que echarle líquido todos los días; agrega que la pendiente no era para trabajar en máquina, pues era de un 40 a 45% y era para torre de madereo; que no se cumplieron las normas de seguridad sólo entregaron guantes y casco; los contratos se hicieron después del accidente; El testigo Soto Jara, interrogado al tenor del punto 7 expresa: Que la demandante está moralmente mal, era una niña gorda y ha bajado como 20 kilos, se lo pasa llorando y va con su hijo día por medio al cementerio, que al ir a dejarle una canasta familiar vio en la pieza que arrienda que tiene lleno de fotos de su cónyuge, en cuanto al monto, no tiene valor la pérdida que sufrió; respecto del hijo dice se ha atrasado en los estudios; dice que cuando grande quiere ser maquinista como el papá para matar las máquinas, que económicamente se han visto además muy afectados. La testigo Reyes Pardo, interrogada al mismo punto indica: Que la demandante está mal, que el niño se despierta llorando, que dice que quiere ser maquinista como el papá para castigar las máquinas. Agrega que después que llevaba quince días enterrado fue sacado porque había una pendiente y corría agua y le podía dar frío; va al cementerio casi todos los días. Que económicamente se han visto muy afectados incluso la junta de vecinos le ayuda con canasta familiar para que pueda subsistir con su hijo. DECIMOSEGUNDO: Que, por su parte, la demandada principal Patricio Salgado Lafourcade, y la subsidiaria, Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, acompañaron al expediente, los siguientes documentos: De fojas 76 a 96 hojas de controles diarios correspondientes al operador Toro Amaya del Fundo Santa Rita y Fariña, de fechas 03 de septiembre de 2001 a 13 octubre 2001; de fojas 97 a 107 informe técnico de investigación de accidente evacuado por la Asociación Chilena de Seguridad; a fojas 108 certificado emitido por Funeraria Bustos respecto de los valores pagados por Funeral de Lozano Cansino y a fojas 109 y 110, procedimiento de trabajo para el operador de Skidder de la Forestal Paso Ltda. DECIMOTERCERO: Que debe estimarse también como prueba de la demandada las declaraciones vertidas por los testigos presentados en causa laboral rol: 1.676, en el comparendo de estilo, cuyas copias autorizadas fueron acompañadas por la demandante como prueba instrumental y se encuentran

de ocurrido el hecho; que no tiene contratado un seguro para los trabajadores porque la ley no lo exige; que el día del accidente estaba el minibús en la faena y el apoyo de la A.CH.S., no otros grupos del apoyo; que Lozano Cancino, el operador, tenía 10 años de experiencia como operador y era calificado; que es efectivo que con posterioridad al accidente del 28 de octubre aconteció otro accidente en el mismo Skidder; que entre los días 23 a 27 de octubre de 2001, se desempeñó en el Fundo Bellavista de Forestal Celco; que tenía un prevencionista permanente contratado para todas las faenas, y que éste se llamaba Rodrigo Vega Bull y llevaba a esa fecha años trabajando; que después del accidente dotó a las faenas de agua y baños químicos; que en su empresa existe comité paritario; que su patrimonio ascendería a unos $ 100.000.000 (millones de pesos), la máquina es del año 1980; que la vendió y está trabajando en Ranguelmo; que el otro accidente que sufrió con posterioridad un trabajador en la misma máquina fue sólo que frenó en forma brusca y se pegó en la cabeza; que en atención a la experiencia que tenía Lozano no se le capacitó como operador de Skidder; que la máquina que operaba en faenas de Forestal Celco es del año 1993. El demandado Claudio Orue Escalona, representante legal de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, demandada subsidiaria, expresa en términos generales a fojas 115 a 117: Que las faenas forestales en el Fundo la Esperanza duraron cuatro meses, de octubre 2001 a enero 2002, que tenía un contrato con Patricio Salgado Lafourcade; que su patrimonio asciende a unos $ 320.000.000; que el accidente se produjo por una mala maniobra y no usar el cinturón; que los pagos al prestador son al día 10 del mes siguiente; que desconoce las medidas de seguridad y prevención adoptadas por Patricio Salgado después de ocurrido el accidente; que con Patricio Salgado Lafourcade son cuñados; que él tiene un supervisor que compruebe si se da cumplimiento a las normas de seguridad; que desconoce si ocurrió otro accidente con posterioridad. DECIMOPRIMERO: Que, los actores, condujeron a estrados a los testigos: Juan Pablo Soto Jara, Manuel Genaro Villegas García y Nancy del Carmen Reyes Pardo; quienes legalmente interrogados y previamente juramentados señalaron: El testigo Villegas García, expresa que escuchó de Toro Amaya chofer titular, que los frenos estaban malos, y tenía que echarle líquido todos los días; agrega que la pendiente no era para trabajar en máquina, pues era de un 40 a 45% y era para torre de madereo; que no se cumplieron las normas de seguridad sólo entregaron guantes y casco; los contratos se hicieron después del accidente; El testigo Soto Jara, interrogado al tenor del punto 7 expresa: Que la demandante está moralmente mal, era una niña gorda y ha bajado como 20 kilos, se lo pasa llorando y va con su hijo día por medio al cementerio, que al ir a dejarle una canasta familiar vio en la pieza que arrienda que tiene lleno de fotos de su cónyuge, en cuanto al monto, no tiene valor la pérdida que sufrió; respecto del hijo dice se ha atrasado en los estudios; dice que cuando grande quiere ser maquinista como el papá para matar las máquinas, que económicamente se han visto además muy afectados. La testigo Reyes Pardo, interrogada al mismo punto indica: Que la demandante está mal, que el niño se despierta llorando, que dice que quiere ser maquinista como el papá para castigar las máquinas. Agrega que después que llevaba quince días enterrado fue sacado porque había una pendiente y corría agua y le podía dar frío; va al cementerio casi todos los días. Que económicamente se han visto muy afectados incluso la junta de vecinos le ayuda con canasta familiar para que pueda subsistir con su hijo. DECIMOSEGUNDO: Que, por su parte, la demandada principal Patricio Salgado Lafourcade, y la subsidiaria, Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, acompañaron al expediente, los siguientes documentos: De fojas 76 a 96 hojas de controles diarios correspondientes al operador Toro Amaya del Fundo Santa Rita y Fariña, de fechas 03 de septiembre de 2001 a 13 octubre 2001; de fojas 97 a 107 informe técnico de investigación de accidente evacuado por la Asociación Chilena de Seguridad; a fojas 108 certificado emitido por Funeraria Bustos respecto de los valores pagados por Funeral de Lozano Cansino y a fojas 109 y 110, procedimiento de trabajo para el operador de Skidder de la Forestal Paso Ltda. DECIMOTERCERO: Que debe estimarse también como prueba de la demandada las declaraciones vertidas por los testigos presentados en causa laboral rol: 1.676, en el comparendo de estilo, cuyas copias autorizadas fueron acompañadas por la demandante como prueba instrumental y se encuentran ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

agregadas al cuaderno de documentos de estos autos. Así, consta de fojas 323 a 333 del cuaderno de documentos, que en su oportunidad la parte demandada condujo a estrados a los testigos, Luis Antonio Chamblás Sáez, Alexis Bernabé San Martín Silva, Pedro Juan Morales Garrido y Celso Venegas Retamal, quienes legalmente interrogados y previamente juramentados, señalaron: El primero, Chamblás Sáez, quien se desempeña en la A.CH.S., y analizó si la razón del accidente fue o no laboral, que vio físicamente al Skidder, no hay evidencias de fuga de líquido de freno, ni daños en el Skidder, que él lo vio tres días después de ocurrido el hecho. Expresa que la empresa Patricio Salgado Lafourcade dispone de un reglamento interno y de un asesor en prevención de riesgos, y no siendo obligatorio cuenta con el “derecho a saber”, en que da a conocer a los trabajadores los riesgos de las actividades que realizan y cumple en general y las personas tienen los elementos de seguridad que requieren, cascos, zapatos, protectores auditivos, cinturón de seguridad en Skidder. Plantea como causa más probable del accidente una mala maniobra del operador de Skidder, y cree que los factores humanos principales del accidente es que no accionó el freno y partió estando en neutro, no hacer uso de la cuña para apoyarse y estima un probable exceso de confianza del operador y había una pendiente y no usaba cinturón. Agrega que hay un factor pendiente que puede influir en el deslizamiento del vehículo, que la pendiente se estimó en un 30%. Agrega que si los frenos hubieran estado con algún desperfecto podría haber detenido el Skidder con la cuña o pala, y que poseer licencia clase D al operador le permite discernir si ocupa o no el equipo. Respecto del asesor en prevención de riesgos de Patricio Salgado dice que es Rodrigo Vega; que el porcentaje de 30% de pendiente es estimado por cuanto, no se hizo una medición técnica; que el sistema de frenos es un elemento esencial para el buen funcionamiento del Skidder; que no recuerda cuándo fue la última mantención; que no le consta si el accidente se debió a un problema en sistema de frenos porque él no revisó mecánicamente el sistema, y sabe lo que le dijo la empresa, que piensa no fueron los frenos porque la máquina llevaba un rato trabajando; sabe que se le practicó un peritaje a la máquina después del accidente pero ignora resultado; que en estricto rigor no debía haberse conducido la máquina sin una de sus puertas, “es como andar un vehículo con una puerta menos”; que las condiciones de seguridad implementadas por la demandada son dar a conocer el “derecho a saber”, y más allá a otros elementos de seguridad no sabe ni le consta si los tenían porque ellos trabajan en base a la información que les entrega la empresa; desconoce si con posterioridad al 28 de octubre de 2001 hubo otros accidentes. El testigo Alexis Bernabé San Martín Silva, indica: Que sí había contrato, jornada de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas de lunes a sábado. Que le consta que el Skidder estuvo trabajando los días anteriores, que no le consta que el accidente se haya producido por culpa del operador de la máquina Juan Lozano Cancino, y desconoce otros antecedentes. Indica que fue designado jefe de faenas precisamente el día 28 de octubre de 2001, día del accidente, que antes se desempeñaba como controlador. Agrega que ratifica la declaración prestada en expediente criminal en la que indica en su parte medular que fue “Patricio Salgado quien dio la orden a Lozano de operar la máquina ese día, que no sabe si éste tenía conocimiento del estado mecánico del Skidder, que él tiene un mecánico de nombre “Pedro”, quien revisa las máquinas cuando presentan fallas y le parece que mensualmente; que el mismo Skidder en diciembre 2001 sufrió otro accidente en que el operador estuvo hospitalizado una semana con lesiones.” Respecto al testigo Pedro Juan Morales Garrido, mecánico, expresa: Que, estaba funcionando pero no le consta que estaba bien al momento del accidente porque él la revisó después que la sacaron del lugar, dos o tres días después del accidente. Que en la revisión que efectuó estaba frenando bien, que no sabe el estado mecánico anterior, y nada se le avisó. Recuerda que la última vez que revisó la máquina fue en septiembre de 2001 en que revisó el huinche que no tiene nada que ver con los frenos. Indica que la máquina tiene tres sistemas de frenos, el de pedal de rueda delantera, el central que frena las cuatro ruedas y el tercero es de mano o estacionamiento y todos estaban funcionando. No recuerda haber efectuado mantenciones a la máquina; expresa que es el único mecánico de Patricio Salgado, no recuerda haber visto pérdida de líquido pero sí humedad en el calliper delantero, que es la pieza que aprieta la rueda delantera cuando se acciona mecanismo de freno. Agrega que se debe apretar el pedal hasta el fondo para que frenen todas las ruedas; no lleva un registro de reparaciones o mantenciones de las máquinas, sólo el detalle para cobrar que se lo envía al cliente, y que a fines de noviembre o

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agregadas al cuaderno de documentos de estos autos. Así, consta de fojas 323 a 333 del cuaderno de documentos, que en su oportunidad la parte demandada condujo a estrados a los testigos, Luis Antonio Chamblás Sáez, Alexis Bernabé San Martín Silva, Pedro Juan Morales Garrido y Celso Venegas Retamal, quienes legalmente interrogados y previamente juramentados, señalaron: El primero, Chamblás Sáez, quien se desempeña en la A.CH.S., y analizó si la razón del accidente fue o no laboral, que vio físicamente al Skidder, no hay evidencias de fuga de líquido de freno, ni daños en el Skidder, que él lo vio tres días después de ocurrido el hecho. Expresa que la empresa Patricio Salgado Lafourcade dispone de un reglamento interno y de un asesor en prevención de riesgos, y no siendo obligatorio cuenta con el “derecho a saber”, en que da a conocer a los trabajadores los riesgos de las actividades que realizan y cumple en general y las personas tienen los elementos de seguridad que requieren, cascos, zapatos, protectores auditivos, cinturón de seguridad en Skidder. Plantea como causa más probable del accidente una mala maniobra del operador de Skidder, y cree que los factores humanos principales del accidente es que no accionó el freno y partió estando en neutro, no hacer uso de la cuña para apoyarse y estima un probable exceso de confianza del operador y había una pendiente y no usaba cinturón. Agrega que hay un factor pendiente que puede influir en el deslizamiento del vehículo, que la pendiente se estimó en un 30%. Agrega que si los frenos hubieran estado con algún desperfecto podría haber detenido el Skidder con la cuña o pala, y que poseer licencia clase D al operador le permite discernir si ocupa o no el equipo. Respecto del asesor en prevención de riesgos de Patricio Salgado dice que es Rodrigo Vega; que el porcentaje de 30% de pendiente es estimado por cuanto, no se hizo una medición técnica; que el sistema de frenos es un elemento esencial para el buen funcionamiento del Skidder; que no recuerda cuándo fue la última mantención; que no le consta si el accidente se debió a un problema en sistema de frenos porque él no revisó mecánicamente el sistema, y sabe lo que le dijo la empresa, que piensa no fueron los frenos porque la máquina llevaba un rato trabajando; sabe que se le practicó un peritaje a la máquina después del accidente pero ignora resultado; que en estricto rigor no debía haberse conducido la máquina sin una de sus puertas, “es como andar un vehículo con una puerta menos”; que las condiciones de seguridad implementadas por la demandada son dar a conocer el “derecho a saber”, y más allá a otros elementos de seguridad no sabe ni le consta si los tenían porque ellos trabajan en base a la información que les entrega la empresa; desconoce si con posterioridad al 28 de octubre de 2001 hubo otros accidentes. El testigo Alexis Bernabé San Martín Silva, indica: Que sí había contrato, jornada de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 horas de lunes a sábado. Que le consta que el Skidder estuvo trabajando los días anteriores, que no le consta que el accidente se haya producido por culpa del operador de la máquina Juan Lozano Cancino, y desconoce otros antecedentes. Indica que fue designado jefe de faenas precisamente el día 28 de octubre de 2001, día del accidente, que antes se desempeñaba como controlador. Agrega que ratifica la declaración prestada en expediente criminal en la que indica en su parte medular que fue “Patricio Salgado quien dio la orden a Lozano de operar la máquina ese día, que no sabe si éste tenía conocimiento del estado mecánico del Skidder, que él tiene un mecánico de nombre “Pedro”, quien revisa las máquinas cuando presentan fallas y le parece que mensualmente; que el mismo Skidder en diciembre 2001 sufrió otro accidente en que el operador estuvo hospitalizado una semana con lesiones.” Respecto al testigo Pedro Juan Morales Garrido, mecánico, expresa: Que, estaba funcionando pero no le consta que estaba bien al momento del accidente porque él la revisó después que la sacaron del lugar, dos o tres días después del accidente. Que en la revisión que efectuó estaba frenando bien, que no sabe el estado mecánico anterior, y nada se le avisó. Recuerda que la última vez que revisó la máquina fue en septiembre de 2001 en que revisó el huinche que no tiene nada que ver con los frenos. Indica que la máquina tiene tres sistemas de frenos, el de pedal de rueda delantera, el central que frena las cuatro ruedas y el tercero es de mano o estacionamiento y todos estaban funcionando. No recuerda haber efectuado mantenciones a la máquina; expresa que es el único mecánico de Patricio Salgado, no recuerda haber visto pérdida de líquido pero sí humedad en el calliper delantero, que es la pieza que aprieta la rueda delantera cuando se acciona mecanismo de freno. Agrega que se debe apretar el pedal hasta el fondo para que frenen todas las ruedas; no lleva un registro de reparaciones o mantenciones de las máquinas, sólo el detalle para cobrar que se lo envía al cliente, y que a fines de noviembre o

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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diciembre de 2001 se le hizo una reparación al sistema de frenos por seguridad. El sistema de frenos funciona con pastillas, se cambian cuando están malas, no recuerda haberlas cambiado; y ésas duran años o pueden durar la pasada, porque se desprenden y se mete un palo o una piedra. Que son fáciles de encontrar, su valor fluctúa entre los $ 19.000 y $ 20.000 y son cuatro. Respecto de la humedad de calliper, rueda delantera indica que puede ser algún sello de la tapa del calliper, que la tapa puede estar un poco suelta porque por la presión tienden a abrirse. Insiste en que puede ocurrir y ser debido a eso, no tiene la certeza. El testigo Celso Venegas Retamal, responde: Que no hay ninguna faena que comience sin la implementación de elementos de seguridad como cascos, zapatos, guantes y a veces en forma inmediata o después un buzo de trabajo. Dice que existía un botiquín de primeros auxilios ubicados en el vehículo minibús en que se trasladan los obreros, y que al personal se les instruyó de las medidas de seguridad y riesgos que corrían; que él tiene curso de primeros auxilios y Alexis San Martín también. Agrega que los días anteriores y el día del accidente el Skidder se encontraba trabajando, estuvo presente los días anteriores, no el día del accidente. Lo vio trabajando en buenas condiciones. Además, ratifica la declaración prestada en causa criminal tenida a la vista, que en términos generales indica: “Que el operador del Skidder y el estrobero fallecidos eran nuevos en la empresa. Que el día anterior al accidente el Skidder se encontraba operativo, en buenas condiciones para trabajarlo, lo que sí menciona es “que tenía una fuga del líquido de frenos, pero no lo dejaba inoperante”. DECIMOCUARTO: Que la demandada condujo a estrados a los testigos, Carlos Enrique Bertoni Arancibia, Pedro Juan Morales Garrido, Celso del Carmen Venegas Retamal y Marcos Evangelista Concha Barrera, quienes legalmente interrogados y previamente juramentados exponen de fojas 120 a 123: Bertoni Arancibia, que la máquina estuvo prestando servicios a Forestal Celco como máquina de reemplazo en el mes de septiembre a inicios de octubre de 2001, que en ese tiempo no presentó problemas mecánicos y trabajó en sectores con pendiente entre un 15 a un 20%; la máquina no tenía problemas de freno; después del accidente no volvió a ver esa máquina y desconoce el estado mecánico de la misma los días 27 y 28 de octubre de 2001. El testigo Morales Garrido, indica que los tres sistemas de frenos de la máquina estaban funcionando porque él la había chequeado en abril de 2001; que según lo que le informaron el Skidder el día del accidente hizo viajes antes, que él chequeó los frenos después del peritaje ordenado por el tribunal y cree que el operador pudo haber tenido un exceso de confianza; dice que supuestamente la máquina tenía que haber estado funcionando bien el día del accidente pues de otra forma le hubieran avisado, no recuerda alguna fuga de líquido de frenos. El testigo Venegas Retamal, expresa que se cumplía con las normas de seguridad, implementación, como es zapatos, guantes, casco, overol. La máquina contaba con una puerta porque la otra se había mandado a reparar, cinturón de seguridad y estaba en condiciones mecánicas aptas para el trabajo; que de los informes internos y de la A.CH.S. se llegó a la conclusión que el operador actuó en forma negligente con exceso de confianza, que la pendiente era de un 30%, además le consta que no estaba accionado el freno de parqueo o de mano; señala que existía botiquín en el lugar y el mismo vehículo que trasladaba a los trabajadores se encontraba ahí y que el jefe de faenas tiene curso de primeros auxilios. Añade que el operador Lozano tenía 10 años de experiencia, y que en la lista de procedimiento está el que tiene que usar cinturón y había hecho más de 6 viajes porque llevaba más de 6 horas de trabajo al momento del accidente. Indica que sabe lo anterior porque concurrió con el perito para la revisión de la máquina y se notaba que el operador no había usado el cinturón porque estaba debajo del asiento y el freno no estaba accionado, ni la pala que debe estar en el suelo. Responde que el día del accidente no habría existido la posibilidad que el operador saltara de la máquina, pero la sangre estaba adentro por lo tanto no saltó y cayó después de la última vuelta. Respecto del testigo Concha Barrera, indica que en todas las faenas se cumplen con las normas de seguridad y se les entrega el “derecho a saber”. Agrega que le consta se cumplía con las normas de seguridad porque es la persona encargada del abastecimiento y tiene contacto personal con los operadores, también es la persona encargada de llamar al mecánico y el operador, debe observar si tiene algún problema la máquina y ese reporte llega a la oficina todos los días. Dice que Lozano no le reportó fallas del sistema de frenos el día 28 de octubre.

diciembre de 2001 se le hizo una reparación al sistema de frenos por seguridad. El sistema de frenos funciona con pastillas, se cambian cuando están malas, no recuerda haberlas cambiado; y ésas duran años o pueden durar la pasada, porque se desprenden y se mete un palo o una piedra. Que son fáciles de encontrar, su valor fluctúa entre los $ 19.000 y $ 20.000 y son cuatro. Respecto de la humedad de calliper, rueda delantera indica que puede ser algún sello de la tapa del calliper, que la tapa puede estar un poco suelta porque por la presión tienden a abrirse. Insiste en que puede ocurrir y ser debido a eso, no tiene la certeza. El testigo Celso Venegas Retamal, responde: Que no hay ninguna faena que comience sin la implementación de elementos de seguridad como cascos, zapatos, guantes y a veces en forma inmediata o después un buzo de trabajo. Dice que existía un botiquín de primeros auxilios ubicados en el vehículo minibús en que se trasladan los obreros, y que al personal se les instruyó de las medidas de seguridad y riesgos que corrían; que él tiene curso de primeros auxilios y Alexis San Martín también. Agrega que los días anteriores y el día del accidente el Skidder se encontraba trabajando, estuvo presente los días anteriores, no el día del accidente. Lo vio trabajando en buenas condiciones. Además, ratifica la declaración prestada en causa criminal tenida a la vista, que en términos generales indica: “Que el operador del Skidder y el estrobero fallecidos eran nuevos en la empresa. Que el día anterior al accidente el Skidder se encontraba operativo, en buenas condiciones para trabajarlo, lo que sí menciona es “que tenía una fuga del líquido de frenos, pero no lo dejaba inoperante”. DECIMOCUARTO: Que la demandada condujo a estrados a los testigos, Carlos Enrique Bertoni Arancibia, Pedro Juan Morales Garrido, Celso del Carmen Venegas Retamal y Marcos Evangelista Concha Barrera, quienes legalmente interrogados y previamente juramentados exponen de fojas 120 a 123: Bertoni Arancibia, que la máquina estuvo prestando servicios a Forestal Celco como máquina de reemplazo en el mes de septiembre a inicios de octubre de 2001, que en ese tiempo no presentó problemas mecánicos y trabajó en sectores con pendiente entre un 15 a un 20%; la máquina no tenía problemas de freno; después del accidente no volvió a ver esa máquina y desconoce el estado mecánico de la misma los días 27 y 28 de octubre de 2001. El testigo Morales Garrido, indica que los tres sistemas de frenos de la máquina estaban funcionando porque él la había chequeado en abril de 2001; que según lo que le informaron el Skidder el día del accidente hizo viajes antes, que él chequeó los frenos después del peritaje ordenado por el tribunal y cree que el operador pudo haber tenido un exceso de confianza; dice que supuestamente la máquina tenía que haber estado funcionando bien el día del accidente pues de otra forma le hubieran avisado, no recuerda alguna fuga de líquido de frenos. El testigo Venegas Retamal, expresa que se cumplía con las normas de seguridad, implementación, como es zapatos, guantes, casco, overol. La máquina contaba con una puerta porque la otra se había mandado a reparar, cinturón de seguridad y estaba en condiciones mecánicas aptas para el trabajo; que de los informes internos y de la A.CH.S. se llegó a la conclusión que el operador actuó en forma negligente con exceso de confianza, que la pendiente era de un 30%, además le consta que no estaba accionado el freno de parqueo o de mano; señala que existía botiquín en el lugar y el mismo vehículo que trasladaba a los trabajadores se encontraba ahí y que el jefe de faenas tiene curso de primeros auxilios. Añade que el operador Lozano tenía 10 años de experiencia, y que en la lista de procedimiento está el que tiene que usar cinturón y había hecho más de 6 viajes porque llevaba más de 6 horas de trabajo al momento del accidente. Indica que sabe lo anterior porque concurrió con el perito para la revisión de la máquina y se notaba que el operador no había usado el cinturón porque estaba debajo del asiento y el freno no estaba accionado, ni la pala que debe estar en el suelo. Responde que el día del accidente no habría existido la posibilidad que el operador saltara de la máquina, pero la sangre estaba adentro por lo tanto no saltó y cayó después de la última vuelta. Respecto del testigo Concha Barrera, indica que en todas las faenas se cumplen con las normas de seguridad y se les entrega el “derecho a saber”. Agrega que le consta se cumplía con las normas de seguridad porque es la persona encargada del abastecimiento y tiene contacto personal con los operadores, también es la persona encargada de llamar al mecánico y el operador, debe observar si tiene algún problema la máquina y ese reporte llega a la oficina todos los días. Dice que Lozano no le reportó fallas del sistema de frenos el día 28 de octubre. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DECIMOQUINTO: Que, a los medios probatorios ya referidos, se debe agregar, expediente criminal ordenado tener a la vista, rol: 41.104 por muerte de Juan Lozano Cansino y Leonardo Rivas Escalona, en especial informe pericial mecánico decretado por el Tribunal de fojas 12 que expresa, “Las pastillas se encuentran sueltas en sus calliper, ambas ruedas y no aprisionan el disco, al pisar su pedal (no frenan)”. Agrega que se probó el sistema de frenos con el motor funcionando y con su capacidad de aire al máximo, y que el Skidder no tiene su puerta derecha; declaración de David Toro Amaya, operador, de fojas 30, 48 y 155 quien expresa que los frenos de pie se soltaban una vez calentándose la máquina, que no tenía la puerta derecha y que andaba trabajando en malas condiciones mecánicas; que la máquina la operó aproximadamente 13 días y le consta tenía los frenos malos, para frenarla había que bajar la pala y apoyar en algún tocón (parte inferior de un árbol cortado) y que Eduardo Riquelme, también operador de Patricio Salgado, sufrió un accidente en la misma máquina y que para frenarla se ocupaban los cambios de velocidad y la pala; declaración de Luis Bernardo Arriagada Avello de fojas 31, quien señala que se encontraba trabajando el día del accidente, que el capataz Alexis San Martín les avisó del accidente, que en la loma se encontraba agonizando el estrobero a quien no conoció, que el chofer el mismo día del accidente en horas de la mañana cuando llegó a hacerse cargo del Skidder lo revisó le echó aceite y comentó que se encontraba en malas condiciones mecánicas; que tenía los frenos malos, los que se calentaban; de Manuel Genaro Villegas García de fojas 32 y 50, quien señala que Álex San Martín les avisó que encontraron agonizando al estrobero Leonardo Rivas Escalona; que el Skidder era viejo, que ese día estaba trabajando en una pendiente no muy pronunciada e ignora las condiciones mecánicas del mismo, y que como al mes siguiente de dicho accidente el operador, Eduardo Riquelme sufrió un accidente con el mismo Skidder; declaración de Miguel Angel Rivas Escalona de fojas 32 vta., 49 y 159, quien expresa que hace siete años trabaja para Patricio Salgado como motosierrista, que el propio señor Salgado le dio la orden a Lozano para operar la máquina, que nunca había sido operada por éste, que la máquina tenía sus frenos malos; que a las máquinas le hacen mantención los propios operadores, y solamente cuando sufren algún desperfecto grande de manera que no pudieran prestar servicio viene alguien de Concepción; y que en el mismo lugar sufrió accidente Eduardo Riquelme operando el mismo Skidder; declaración de fojas 74 vuelta, 75 y 240 de Patricio Salgado Lafourcade, quien expresa que Leonardo Rivas Escalona y Juan Lozano Cancino llevaban sólo 5 días trabajando en su empresa, que el día de los hechos era el primero en que el operador manejaba la máquina; que él le solicitó a Lozano operarla en razón que Toro Amaya no podría asistir a las faenas; que tiene contratado un prevencionista de riesgos para todas las faenas quien es Rodrigo Vega Bull, que al Skidder le faltaba una puerta del lado derecho; que ese mismo Skidder sufrió otro accidente en el mismo fundo La Esperanza, y esto ocurrió cuando el operador pasó la pala delantera para detenerla, ya que el freno no le respondió; que hasta la fecha no ha sido multado por el Servicio de Salud Ñuble, y que mensualmente se les hace chequeo mecánico a las máquinas de su empresa por don Pedro Morales; informe de la A.CH.S., de fojas 77 y siguientes, en que determina una superficie de pendiente aproximada del 30% y efectúa diversas recomendaciones, entre ellas establecer como razonable hasta el 25% para una condición de operación aceptable; declaración de Celso Venegas Retamal de fojas 83 vuelta y 161 quien expresa el Skidder se encontraba. en buenas condiciones para trabajarlo, pero debe mencionar que tenía una fuga de líquido de frenos, pero esto no lo dejaba inoperante; acta evacuada por el Departamento del Ambiente del Servicio de Salud Ñuble, en que se constata que los trabajadores fallecidos no tenían capacitación; que no contaban con baños y el agua era llevada por los propios trabajadores; acta de declaración de fojas 108 de Alexis San Martín en que reconoce que Leonardo Rivas Escalona (hachero), cubrió el puesto de trabajo de Samuel Figueroa, estrobero oficial, quien el día del accidente se quedó dormido; acta de fojas 109, del Servicio de Salud del Ambiente, correspondiente a Patricio Salgado Lafourcade, en la cual expresa que “se presumía que tenía suficiente experiencia para este tipo de trabajo, que no se les hizo una capacitación previa, sólo una charla que se les hace a todos los trabajadores al iniciar una faena...”; que respecto al Skidder le faltaba la puerta del lado derecho; que el agua para la faena la llevaba cada trabajador y en cuanto a los baños no existen en el terreno, ya que nadie se lo había exigido y además los trabajadores no lo usarían; a fojas 110, copia de contrato entre Sociedad

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DECIMOQUINTO: Que, a los medios probatorios ya referidos, se debe agregar, expediente criminal ordenado tener a la vista, rol: 41.104 por muerte de Juan Lozano Cansino y Leonardo Rivas Escalona, en especial informe pericial mecánico decretado por el Tribunal de fojas 12 que expresa, “Las pastillas se encuentran sueltas en sus calliper, ambas ruedas y no aprisionan el disco, al pisar su pedal (no frenan)”. Agrega que se probó el sistema de frenos con el motor funcionando y con su capacidad de aire al máximo, y que el Skidder no tiene su puerta derecha; declaración de David Toro Amaya, operador, de fojas 30, 48 y 155 quien expresa que los frenos de pie se soltaban una vez calentándose la máquina, que no tenía la puerta derecha y que andaba trabajando en malas condiciones mecánicas; que la máquina la operó aproximadamente 13 días y le consta tenía los frenos malos, para frenarla había que bajar la pala y apoyar en algún tocón (parte inferior de un árbol cortado) y que Eduardo Riquelme, también operador de Patricio Salgado, sufrió un accidente en la misma máquina y que para frenarla se ocupaban los cambios de velocidad y la pala; declaración de Luis Bernardo Arriagada Avello de fojas 31, quien señala que se encontraba trabajando el día del accidente, que el capataz Alexis San Martín les avisó del accidente, que en la loma se encontraba agonizando el estrobero a quien no conoció, que el chofer el mismo día del accidente en horas de la mañana cuando llegó a hacerse cargo del Skidder lo revisó le echó aceite y comentó que se encontraba en malas condiciones mecánicas; que tenía los frenos malos, los que se calentaban; de Manuel Genaro Villegas García de fojas 32 y 50, quien señala que Álex San Martín les avisó que encontraron agonizando al estrobero Leonardo Rivas Escalona; que el Skidder era viejo, que ese día estaba trabajando en una pendiente no muy pronunciada e ignora las condiciones mecánicas del mismo, y que como al mes siguiente de dicho accidente el operador, Eduardo Riquelme sufrió un accidente con el mismo Skidder; declaración de Miguel Angel Rivas Escalona de fojas 32 vta., 49 y 159, quien expresa que hace siete años trabaja para Patricio Salgado como motosierrista, que el propio señor Salgado le dio la orden a Lozano para operar la máquina, que nunca había sido operada por éste, que la máquina tenía sus frenos malos; que a las máquinas le hacen mantención los propios operadores, y solamente cuando sufren algún desperfecto grande de manera que no pudieran prestar servicio viene alguien de Concepción; y que en el mismo lugar sufrió accidente Eduardo Riquelme operando el mismo Skidder; declaración de fojas 74 vuelta, 75 y 240 de Patricio Salgado Lafourcade, quien expresa que Leonardo Rivas Escalona y Juan Lozano Cancino llevaban sólo 5 días trabajando en su empresa, que el día de los hechos era el primero en que el operador manejaba la máquina; que él le solicitó a Lozano operarla en razón que Toro Amaya no podría asistir a las faenas; que tiene contratado un prevencionista de riesgos para todas las faenas quien es Rodrigo Vega Bull, que al Skidder le faltaba una puerta del lado derecho; que ese mismo Skidder sufrió otro accidente en el mismo fundo La Esperanza, y esto ocurrió cuando el operador pasó la pala delantera para detenerla, ya que el freno no le respondió; que hasta la fecha no ha sido multado por el Servicio de Salud Ñuble, y que mensualmente se les hace chequeo mecánico a las máquinas de su empresa por don Pedro Morales; informe de la A.CH.S., de fojas 77 y siguientes, en que determina una superficie de pendiente aproximada del 30% y efectúa diversas recomendaciones, entre ellas establecer como razonable hasta el 25% para una condición de operación aceptable; declaración de Celso Venegas Retamal de fojas 83 vuelta y 161 quien expresa el Skidder se encontraba. en buenas condiciones para trabajarlo, pero debe mencionar que tenía una fuga de líquido de frenos, pero esto no lo dejaba inoperante; acta evacuada por el Departamento del Ambiente del Servicio de Salud Ñuble, en que se constata que los trabajadores fallecidos no tenían capacitación; que no contaban con baños y el agua era llevada por los propios trabajadores; acta de declaración de fojas 108 de Alexis San Martín en que reconoce que Leonardo Rivas Escalona (hachero), cubrió el puesto de trabajo de Samuel Figueroa, estrobero oficial, quien el día del accidente se quedó dormido; acta de fojas 109, del Servicio de Salud del Ambiente, correspondiente a Patricio Salgado Lafourcade, en la cual expresa que “se presumía que tenía suficiente experiencia para este tipo de trabajo, que no se les hizo una capacitación previa, sólo una charla que se les hace a todos los trabajadores al iniciar una faena...”; que respecto al Skidder le faltaba la puerta del lado derecho; que el agua para la faena la llevaba cada trabajador y en cuanto a los baños no existen en el terreno, ya que nadie se lo había exigido y además los trabajadores no lo usarían; a fojas 110, copia de contrato entre Sociedad

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Agrícola y Forestal El Laurel Limitada y Patricio Salgado Lafourcade, para el desarrollo de las faenas en el Fundo La Esperanza, con plazo al 31 de diciembre de 2001, estableciéndose un precio unitario de $ 2.450 por metro cúbico, contrato que se inició el 22 de octubre de 2001; informe de fojas 117 y 118, evacuado por Rodrigo Vega Bull, prevencionista, en la cual indica que el Skidder perdió estabilidad, que le faltaba su puerta derecha; que la primera persona que se dirige al sitio del accidente es el capataz, unos quince minutos después de ocurrido, que la pendiente es de aproximadamente 30 grados y las condiciones climáticas eran óptimas; declaración de José Ceballos Rivas de fojas 50 vta y 159 vta., quien expresa que le consta que tenía los frenos malos la máquina pero ignora si al momento del accidente le faltaba una puerta; dice le consta que el dueño de la empresa estaba al tanto de los desperfectos mecánicos, enviaba al mecánico, pasaban dos días y volvían a fallar en sus frenos, que siempre era así; declaración de fojas 161 vuelta de Rodrigo Vega Bull, prevencionista, quien expresa que hace cuatro años que trabaja para Patricio Salgado Lafourcade, pero solamente en las faenas que desarrolla para Forestal Celco. Agrega que la faena que el señor Salgado realizaba en el Fundo La Esperanza era particular, ajena a Forestal Celco, por lo que allí no le correspondía prestar asesoramiento profesional. Que a petición del señor Salgado hizo una investigación particular; informe pericial evacuado por Carabineros de Chile, S.I.A.T., de fojas 162 y siguientes, que en una de sus partes indica que las condiciones topográficas del terreno eran adversas; ya que en el lugar donde se encontraba la máquina operando, antes del volcamiento, existía una pendiente del 42% (medido por instrumento inclinómetro), lo que obligaba a dominar las maniobras, más aún si existía deficiencia en el sistema de frenos; declaración de Jorge Eduardo Riquelme Lagos de fojas 328 quien expresa: Que en diferentes fechas trabajó esporádicamente para don Patricio Salgado haciendo reemplazos como operador de Skidders y otras máquinas pesadas; que se retiró definitivamente de la empresa y poco antes de retirarse tuvo un accidente en el skidder debido a que sus frenos no estaban en buenas condiciones y fallaban con mucha frecuencia. Fue así que un día alrededor de las 15:00 horas y en circunstancias que se encontraba trabajando en una pendiente fuerte los frenos no obedecieron y la máquina empezó a deslizarse, reaccioné bajando la pala que se enterró en la tierra delante de un tronco deteniéndose el Skidder en forma muy brusca, de tal manera que él saltó de su asiento. Debido a que la máquina no estaba apta para trabajarla al peligro que encerraba trabajar con ella optó por retirarse de la empresa por su propia voluntad. Ese mismo Skidder como un mes antes había sufrido otro accidente en el cual murió el operador de apellido Lozano y un estrobero. DECIMOSEXTO: Que del análisis comparativo de los medios probatorios, en especial prueba instrumental acompañada por la demandante; lo declarado por los testigos presentados por los actores ya referidos en el considerando decimoprimero, mérito de expediente criminal relacionado en el motivo anterior, sobre todo, las declaraciones del propio Salgado Lafourcade, Rodrigo Vega Bull; Venegas Retamal, Riquelme Lagos e informe de la S.I.A.T., de Carabineros de Chile, todos referidos a la forma y causas del accidente que costó la vida al operador Juan Lozano Cancino y al despicador o hachero Leonardo Rivas Escalona, apreciados estos medios de prueba en la forma que lo autoriza el artículo 455 del Código Trabajo, es decir, conforme a las reglas de la sana crítica, ha nacido el convencimiento de este sentenciador en cuanto a que, el accidente que costó la vida al cónyuge y padre de los actores Juan Lozano Cancino, conjuntamente con el estrobero Rivas Escalona, y que sirve de fundamento a la acción resarcitoria que nos ocupa, tuvo su origen, su causa, en un incumplimiento por parte de la demandada de su deber legal y contractual, de tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como tampoco los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales; infracción que se manifiesta, en el deficiente estado mecánico y de funcionamiento de la máquina Skidder, específicamente en su sistema de frenos; en el hecho que la pendiente en la cual se desempeñaba la máquina tenía un porcentaje de inclinación superior al permitido para funcionar con Skidder. A mayor abundamiento, y siendo la demandada principal, quien conforme lo dispone el artículo 1547 inciso 3º del Código Civil, debió acreditar, haber tomado todas las providencias y precauciones necesarias para evitar el accidente, no lo hizo, desde que la prueba aportada a los autos, es absolutamente insuficiente, y en algunos aspectos contradictoria, como se puede apreciar, verbi gratia, en que el señor

Agrícola y Forestal El Laurel Limitada y Patricio Salgado Lafourcade, para el desarrollo de las faenas en el Fundo La Esperanza, con plazo al 31 de diciembre de 2001, estableciéndose un precio unitario de $ 2.450 por metro cúbico, contrato que se inició el 22 de octubre de 2001; informe de fojas 117 y 118, evacuado por Rodrigo Vega Bull, prevencionista, en la cual indica que el Skidder perdió estabilidad, que le faltaba su puerta derecha; que la primera persona que se dirige al sitio del accidente es el capataz, unos quince minutos después de ocurrido, que la pendiente es de aproximadamente 30 grados y las condiciones climáticas eran óptimas; declaración de José Ceballos Rivas de fojas 50 vta y 159 vta., quien expresa que le consta que tenía los frenos malos la máquina pero ignora si al momento del accidente le faltaba una puerta; dice le consta que el dueño de la empresa estaba al tanto de los desperfectos mecánicos, enviaba al mecánico, pasaban dos días y volvían a fallar en sus frenos, que siempre era así; declaración de fojas 161 vuelta de Rodrigo Vega Bull, prevencionista, quien expresa que hace cuatro años que trabaja para Patricio Salgado Lafourcade, pero solamente en las faenas que desarrolla para Forestal Celco. Agrega que la faena que el señor Salgado realizaba en el Fundo La Esperanza era particular, ajena a Forestal Celco, por lo que allí no le correspondía prestar asesoramiento profesional. Que a petición del señor Salgado hizo una investigación particular; informe pericial evacuado por Carabineros de Chile, S.I.A.T., de fojas 162 y siguientes, que en una de sus partes indica que las condiciones topográficas del terreno eran adversas; ya que en el lugar donde se encontraba la máquina operando, antes del volcamiento, existía una pendiente del 42% (medido por instrumento inclinómetro), lo que obligaba a dominar las maniobras, más aún si existía deficiencia en el sistema de frenos; declaración de Jorge Eduardo Riquelme Lagos de fojas 328 quien expresa: Que en diferentes fechas trabajó esporádicamente para don Patricio Salgado haciendo reemplazos como operador de Skidders y otras máquinas pesadas; que se retiró definitivamente de la empresa y poco antes de retirarse tuvo un accidente en el skidder debido a que sus frenos no estaban en buenas condiciones y fallaban con mucha frecuencia. Fue así que un día alrededor de las 15:00 horas y en circunstancias que se encontraba trabajando en una pendiente fuerte los frenos no obedecieron y la máquina empezó a deslizarse, reaccioné bajando la pala que se enterró en la tierra delante de un tronco deteniéndose el Skidder en forma muy brusca, de tal manera que él saltó de su asiento. Debido a que la máquina no estaba apta para trabajarla al peligro que encerraba trabajar con ella optó por retirarse de la empresa por su propia voluntad. Ese mismo Skidder como un mes antes había sufrido otro accidente en el cual murió el operador de apellido Lozano y un estrobero. DECIMOSEXTO: Que del análisis comparativo de los medios probatorios, en especial prueba instrumental acompañada por la demandante; lo declarado por los testigos presentados por los actores ya referidos en el considerando decimoprimero, mérito de expediente criminal relacionado en el motivo anterior, sobre todo, las declaraciones del propio Salgado Lafourcade, Rodrigo Vega Bull; Venegas Retamal, Riquelme Lagos e informe de la S.I.A.T., de Carabineros de Chile, todos referidos a la forma y causas del accidente que costó la vida al operador Juan Lozano Cancino y al despicador o hachero Leonardo Rivas Escalona, apreciados estos medios de prueba en la forma que lo autoriza el artículo 455 del Código Trabajo, es decir, conforme a las reglas de la sana crítica, ha nacido el convencimiento de este sentenciador en cuanto a que, el accidente que costó la vida al cónyuge y padre de los actores Juan Lozano Cancino, conjuntamente con el estrobero Rivas Escalona, y que sirve de fundamento a la acción resarcitoria que nos ocupa, tuvo su origen, su causa, en un incumplimiento por parte de la demandada de su deber legal y contractual, de tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como tampoco los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales; infracción que se manifiesta, en el deficiente estado mecánico y de funcionamiento de la máquina Skidder, específicamente en su sistema de frenos; en el hecho que la pendiente en la cual se desempeñaba la máquina tenía un porcentaje de inclinación superior al permitido para funcionar con Skidder. A mayor abundamiento, y siendo la demandada principal, quien conforme lo dispone el artículo 1547 inciso 3º del Código Civil, debió acreditar, haber tomado todas las providencias y precauciones necesarias para evitar el accidente, no lo hizo, desde que la prueba aportada a los autos, es absolutamente insuficiente, y en algunos aspectos contradictoria, como se puede apreciar, verbi gratia, en que el señor ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Salgado Lafourcade manifiesta insistentemente: en diversas declaraciones contar con un prevencionista de riesgos, lo cual es efectivo, mas, sólo para las faenas en que presta servicios para Forestal Celco, y no para las particulares, aspecto que se evidencia en las declaraciones del propio experto en prevención de riesgos ya analizadas precedentemente, como asimismo, que existían mantenciones mensuales a la máquinas, declarando su propio mecánico que no recuerda haber efectuado tales mantenciones, sino tan sólo una reparación determinada en el mes de septiembre de 2001, la cual nada tuvo que ver con los frenos del Skidder, y otro en abril de 2001. En la propia contestación de la demanda se aprecian contradicciones por cuanto en ella las demandadas expresan que Lozano conocía el terreno, que se hace una mantención acorde con las maniobras, que el operador fallecido se encargaba de hacerlo. Lo anterior, se contradice abiertamente con lo señalado en diversas declaraciones por el demandado principal y además, es fácticamente imposible por cuanto se encuentra acreditado en autos, y no fue punto de discusión en la causa, el hecho que el operador fallecido se estaba desempeñando en otra faena, “Fundo Bellavista de Forestal Celco”, y otra máquina, distante a kilómetros del lugar de ocurrencia de los hechos, y que el día del accidente 28 de octubre de 2001, era el primer día que tomaba ese Skidder y laboraba en el Fundo La Esperanza. Fuera de lo referido, existen tras discrepancias entre los propios testigos de la demandada pues, en el comparendo de estilo, el testigo Venegas Retamal, indica que la máquina llevaba 6 horas trabajando, lo cual no es efectivo ya que está establecida como hora de muerte de los trabajadores las 09:45 horas, nada indica de una eventual fuga de líquido de frenos, la que sí expresa existía en su declaración en la causa criminal ordenada tener a la vista. A lo anterior debe agregarse la declaración de Riquelme Lagos de fojas 325 de causa criminal, quien sufrió accidentes al mes siguiente de ocurridos los hechos materia de esta causa, en la misma máquina Skidder por los problemas de frenos que ésta presentaba. Tal declaración se encuentra acorde con lo reseñado en numerosas oportunidades en la causa, tanto por testigos como por el propio demandado principal, en cuanto a que otro trabajador en la misma máquina sufrió un accidente, y también con lo indicado por el mecánico del señor Salgado Lafourcade, Pedro Morales quien expresa haber hecho una reparación a los frenos del Skidder por precaución a fines de noviembre de 2001. Que en nada altera lo concluido la prueba documental agregada por la demandada, por cuanto el informe de la A.CH.S., ya referido a propósito del expediente criminal, fue elaborado por el prevencionista señor Chamblás, quien reconoce haberlo efectuado con información que le entregó la propia empresa; y los reportes diarios acompañados, se refieren a fechas y faenas diversas al lugar en que ocurrió el accidente motivo de autos. DECIMOSÉPTIMO: Que, en este mismo sentido cabe señalar, que mal puede alegar la demandada subsidiaria carecer de responsabilidad en los hechos, si, como dueña de la faena, le empece que la demandada principal cumpla estrictamente con las leyes laborales, específicamente con la obligación de seguridad del artículo 184 del Código del ramo, y también, velar por el fiel cumplimiento de las normas de seguridad que le impone el reglamento interno de la empresa y el contrato de servicios que los unía. DECIMOCTAVO: En consecuencia, son hechos de la causa que no se han controvertido, los que siguen: a) Que el día domingo 28 de octubre de 2001, aproximadamente a las 08:45 horas, y mientras el operador de Skidder Juan Lozano Cancino desarrollaba labores en las faenas del Fundo La Esperanza, de propiedad de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, y contratado por Patricio Salgado Lafourcade como conductor de Skidder, sufrió un accidente de trabajo, producto del deslizamiento y volcamiento de la máquina, la que dio dos vueltas campana, a consecuencia de lo cual falleció en el lugar, lo cual fue constatado por el jefe de faenas de la empresa Salgado Lafourcade, aproximadamente 15 minutos después de ocurrido el accidente. b) Que la relación laboral de Juan Lozano Cancino había comenzado el 23 de octubre de 2001, con una jornada de trabajo de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas, de lunes a sábado, y con una remuneración mensual promedio de $ 350.000, la cual se extrae de la propia confesional del demandado principal, y lo planteado por los actores, hecho, además, no discutido por la demandada subsidiaria; que el contrato era por la duración de la faena y que Lozano Cancino trabajó desde el día 23 al 27 de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Salgado Lafourcade manifiesta insistentemente: en diversas declaraciones contar con un prevencionista de riesgos, lo cual es efectivo, mas, sólo para las faenas en que presta servicios para Forestal Celco, y no para las particulares, aspecto que se evidencia en las declaraciones del propio experto en prevención de riesgos ya analizadas precedentemente, como asimismo, que existían mantenciones mensuales a la máquinas, declarando su propio mecánico que no recuerda haber efectuado tales mantenciones, sino tan sólo una reparación determinada en el mes de septiembre de 2001, la cual nada tuvo que ver con los frenos del Skidder, y otro en abril de 2001. En la propia contestación de la demanda se aprecian contradicciones por cuanto en ella las demandadas expresan que Lozano conocía el terreno, que se hace una mantención acorde con las maniobras, que el operador fallecido se encargaba de hacerlo. Lo anterior, se contradice abiertamente con lo señalado en diversas declaraciones por el demandado principal y además, es fácticamente imposible por cuanto se encuentra acreditado en autos, y no fue punto de discusión en la causa, el hecho que el operador fallecido se estaba desempeñando en otra faena, “Fundo Bellavista de Forestal Celco”, y otra máquina, distante a kilómetros del lugar de ocurrencia de los hechos, y que el día del accidente 28 de octubre de 2001, era el primer día que tomaba ese Skidder y laboraba en el Fundo La Esperanza. Fuera de lo referido, existen tras discrepancias entre los propios testigos de la demandada pues, en el comparendo de estilo, el testigo Venegas Retamal, indica que la máquina llevaba 6 horas trabajando, lo cual no es efectivo ya que está establecida como hora de muerte de los trabajadores las 09:45 horas, nada indica de una eventual fuga de líquido de frenos, la que sí expresa existía en su declaración en la causa criminal ordenada tener a la vista. A lo anterior debe agregarse la declaración de Riquelme Lagos de fojas 325 de causa criminal, quien sufrió accidentes al mes siguiente de ocurridos los hechos materia de esta causa, en la misma máquina Skidder por los problemas de frenos que ésta presentaba. Tal declaración se encuentra acorde con lo reseñado en numerosas oportunidades en la causa, tanto por testigos como por el propio demandado principal, en cuanto a que otro trabajador en la misma máquina sufrió un accidente, y también con lo indicado por el mecánico del señor Salgado Lafourcade, Pedro Morales quien expresa haber hecho una reparación a los frenos del Skidder por precaución a fines de noviembre de 2001. Que en nada altera lo concluido la prueba documental agregada por la demandada, por cuanto el informe de la A.CH.S., ya referido a propósito del expediente criminal, fue elaborado por el prevencionista señor Chamblás, quien reconoce haberlo efectuado con información que le entregó la propia empresa; y los reportes diarios acompañados, se refieren a fechas y faenas diversas al lugar en que ocurrió el accidente motivo de autos. DECIMOSÉPTIMO: Que, en este mismo sentido cabe señalar, que mal puede alegar la demandada subsidiaria carecer de responsabilidad en los hechos, si, como dueña de la faena, le empece que la demandada principal cumpla estrictamente con las leyes laborales, específicamente con la obligación de seguridad del artículo 184 del Código del ramo, y también, velar por el fiel cumplimiento de las normas de seguridad que le impone el reglamento interno de la empresa y el contrato de servicios que los unía. DECIMOCTAVO: En consecuencia, son hechos de la causa que no se han controvertido, los que siguen: a) Que el día domingo 28 de octubre de 2001, aproximadamente a las 08:45 horas, y mientras el operador de Skidder Juan Lozano Cancino desarrollaba labores en las faenas del Fundo La Esperanza, de propiedad de Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, y contratado por Patricio Salgado Lafourcade como conductor de Skidder, sufrió un accidente de trabajo, producto del deslizamiento y volcamiento de la máquina, la que dio dos vueltas campana, a consecuencia de lo cual falleció en el lugar, lo cual fue constatado por el jefe de faenas de la empresa Salgado Lafourcade, aproximadamente 15 minutos después de ocurrido el accidente. b) Que la relación laboral de Juan Lozano Cancino había comenzado el 23 de octubre de 2001, con una jornada de trabajo de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas, de lunes a sábado, y con una remuneración mensual promedio de $ 350.000, la cual se extrae de la propia confesional del demandado principal, y lo planteado por los actores, hecho, además, no discutido por la demandada subsidiaria; que el contrato era por la duración de la faena y que Lozano Cancino trabajó desde el día 23 al 27 de

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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octubre de 2001 en las Faenas de Forestal Celco, desarrolladas en el Fundo Bellavista, en otra máquina Skidder, siendo el día del accidente el primero en que se desempeñaba en el Fundo Esperanza y que operaba el Skidder involucrado en los hechos. DECIMONOVENO: Que las demandadas principal y subsidiaria han fundado su defensa en dos argumentaciones: una primera, de orden jurídico, donde señalan que la cuestión debatida se resuelve conforme a las normas de la responsabilidad extracontractual, que la culpa debe probarse y que el daño moral no es indemnizable en materia de responsabilidad contractual; y una segunda hipótesis, señalan que el accidente de autos se habría debido a un caso fortuito o a negligencia o culpa del operador del Skidder Juan Lozano Cancino, quien actuó de manera imprudente y temeraria, y que en todo caso se expuso imprudentemente al riesgo. Respecto de la primera, se trató ya latamente, en los primeros considerandos de este fallo, aspectos que se dan aquí por reproducidos íntegramente, y que nos llevan a concluir, que estamos en presencia de una responsabilidad contractual, y que es indemnizable el daño moral, razón por la cual, en esta parte habrá de rechazarse la defensa de las demandadas. En lo tocante a la segunda argumentación, que el accidente se habría debido a un caso fortuito o a culpa o negligencia del operador del Skidder, tampoco puede prosperar íntegramente, pero sí el hecho no discutido que se trataba de un trabajador calificado, con años de experiencia en la conducción de este tipo de maquinarias y que debió haber tomado las precauciones necesarias para realizar su trabajo. Si el lugar no era adecuado o si la máquina tenía desperfectos, no debió trabajar. En cuanto a la demandada subsidiaria, ésta, como ya se analizó, tiene responsabilidad fundada en el artículo 64 del Código de Trabajo, al ser propietaria de las faenas, hecho acreditado en autos con contrato acompañado en la causa criminal a fojas 110, además no discutido, y, en la autonomía de la voluntad que rige la ley del contrato que ambas partes suscribieron. VIGÉSIMO: Que conforme a lo razonado en los fundamentos decimosexto y decimoséptimo, encontrándose acreditado que el accidente que costó la vida al operador Juan Lozano Cacino, cónyuge y padre de los demandantes, se debió a negligencia del demandado Patricio Salgado Lafourcade, ha nacido para éste, y subsidiariamente para Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, representada por don Claudio Orue Escalona, en su calidad de dueña de la faena, la obligación de indemnizar a los demandantes, Nilsa Ester Contreras Moya y Luis Franco Lozano Contreras en su condición de cónyuge e hijo del fallecido trabajador, según consta de certificados y documentos agregados de fojas 1 a 5 de autos; sin perjuicio de lo que se relacionó anteriormente. VIGÉSIMO PRIMERO: Que en relación con el lucro cesante que los demandantes cobran, consistente en la suma de 99.400.000 (noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos), que resulta del promedio de renta de $ 350.000 mensuales que percibía Juan Lozano Cancino y, proyectado esto por toda su vida laboral, es decir, hasta los 65 años, y teniendo presente que tenía 41 años a la fecha de su muerte, ingresos que el fallecido utilizaba para mantener a su familia, cónyuge e hijo es preciso señalar, que el lucro cesante es la falta de acrecentamiento del patrimonio de una persona, en la medida que era razonable esperarlo; los antecedentes allegados al proceso y las argumentaciones de las partes, son insuficientes para determinar con precisión el monto del daño que cobra, teniendo presente además que la reparación del daño no puede ir más allá de éste, ya que no es fuente de enriquecimiento ni de ganancia. Luego, si bien es cierto que el trabajador fallecido tenía 41 años de edad a la época del accidente y, que no es descartable que hubiera podido continuar desempeñándose en las faenas en que laboraba de no haber fallecido; no lo es menos que esta judicatura carece de evidencia en orden a vincular a la parte demanda principal y subsidiaria como empleadora del citado trabajador durante toda su vida laboral; asimismo, existen numerosas otras eventualidades, que por el solo hecho de ocurrir, afectan el cálculo que pudieren hacerse. En consecuencia, y probado el hecho que el trabajador fallecido fue contratado con fecha 23 de octubre 2001 y hasta el término de la faena; y no obstante que los días anteriores a su muerte se encontraba laborando en faena diversa a aquella en que se produjo el accidente, no es menos cierto que la fecha de inicio de su contrato coincide con aquélla en la cual se iniciaron las labores del Fundo La Esperanza y por ende, con la contratación de otros trabajadores, y que dichas faenas según el contrato de la empleadora Patricio Salgado Lafourcade con Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, agregado a fojas 110 de causa criminal tenida a

octubre de 2001 en las Faenas de Forestal Celco, desarrolladas en el Fundo Bellavista, en otra máquina Skidder, siendo el día del accidente el primero en que se desempeñaba en el Fundo Esperanza y que operaba el Skidder involucrado en los hechos. DECIMONOVENO: Que las demandadas principal y subsidiaria han fundado su defensa en dos argumentaciones: una primera, de orden jurídico, donde señalan que la cuestión debatida se resuelve conforme a las normas de la responsabilidad extracontractual, que la culpa debe probarse y que el daño moral no es indemnizable en materia de responsabilidad contractual; y una segunda hipótesis, señalan que el accidente de autos se habría debido a un caso fortuito o a negligencia o culpa del operador del Skidder Juan Lozano Cancino, quien actuó de manera imprudente y temeraria, y que en todo caso se expuso imprudentemente al riesgo. Respecto de la primera, se trató ya latamente, en los primeros considerandos de este fallo, aspectos que se dan aquí por reproducidos íntegramente, y que nos llevan a concluir, que estamos en presencia de una responsabilidad contractual, y que es indemnizable el daño moral, razón por la cual, en esta parte habrá de rechazarse la defensa de las demandadas. En lo tocante a la segunda argumentación, que el accidente se habría debido a un caso fortuito o a culpa o negligencia del operador del Skidder, tampoco puede prosperar íntegramente, pero sí el hecho no discutido que se trataba de un trabajador calificado, con años de experiencia en la conducción de este tipo de maquinarias y que debió haber tomado las precauciones necesarias para realizar su trabajo. Si el lugar no era adecuado o si la máquina tenía desperfectos, no debió trabajar. En cuanto a la demandada subsidiaria, ésta, como ya se analizó, tiene responsabilidad fundada en el artículo 64 del Código de Trabajo, al ser propietaria de las faenas, hecho acreditado en autos con contrato acompañado en la causa criminal a fojas 110, además no discutido, y, en la autonomía de la voluntad que rige la ley del contrato que ambas partes suscribieron. VIGÉSIMO: Que conforme a lo razonado en los fundamentos decimosexto y decimoséptimo, encontrándose acreditado que el accidente que costó la vida al operador Juan Lozano Cacino, cónyuge y padre de los demandantes, se debió a negligencia del demandado Patricio Salgado Lafourcade, ha nacido para éste, y subsidiariamente para Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, representada por don Claudio Orue Escalona, en su calidad de dueña de la faena, la obligación de indemnizar a los demandantes, Nilsa Ester Contreras Moya y Luis Franco Lozano Contreras en su condición de cónyuge e hijo del fallecido trabajador, según consta de certificados y documentos agregados de fojas 1 a 5 de autos; sin perjuicio de lo que se relacionó anteriormente. VIGÉSIMO PRIMERO: Que en relación con el lucro cesante que los demandantes cobran, consistente en la suma de 99.400.000 (noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos), que resulta del promedio de renta de $ 350.000 mensuales que percibía Juan Lozano Cancino y, proyectado esto por toda su vida laboral, es decir, hasta los 65 años, y teniendo presente que tenía 41 años a la fecha de su muerte, ingresos que el fallecido utilizaba para mantener a su familia, cónyuge e hijo es preciso señalar, que el lucro cesante es la falta de acrecentamiento del patrimonio de una persona, en la medida que era razonable esperarlo; los antecedentes allegados al proceso y las argumentaciones de las partes, son insuficientes para determinar con precisión el monto del daño que cobra, teniendo presente además que la reparación del daño no puede ir más allá de éste, ya que no es fuente de enriquecimiento ni de ganancia. Luego, si bien es cierto que el trabajador fallecido tenía 41 años de edad a la época del accidente y, que no es descartable que hubiera podido continuar desempeñándose en las faenas en que laboraba de no haber fallecido; no lo es menos que esta judicatura carece de evidencia en orden a vincular a la parte demanda principal y subsidiaria como empleadora del citado trabajador durante toda su vida laboral; asimismo, existen numerosas otras eventualidades, que por el solo hecho de ocurrir, afectan el cálculo que pudieren hacerse. En consecuencia, y probado el hecho que el trabajador fallecido fue contratado con fecha 23 de octubre 2001 y hasta el término de la faena; y no obstante que los días anteriores a su muerte se encontraba laborando en faena diversa a aquella en que se produjo el accidente, no es menos cierto que la fecha de inicio de su contrato coincide con aquélla en la cual se iniciaron las labores del Fundo La Esperanza y por ende, con la contratación de otros trabajadores, y que dichas faenas según el contrato de la empleadora Patricio Salgado Lafourcade con Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, agregado a fojas 110 de causa criminal tenida a ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Chillán, doce de enero de dos mil cuatro. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos decimonoveno y vigésimo primero, que se eliminan; y Teniendo, además y en su lugar, presente: 1º. Que el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones de trabajo adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. La disposición de que se trata agrega en su inciso segundo, que deberá asimismo prestar y garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 2º. Que a su vez, el artículo 64 del citado Código dispone que el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten

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II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

la vista, era el 31 de diciembre de 2001, y que, en definitiva culminaron en el mes de enero de 2002, con una vigencia de cuatro meses, según lo indica en su confesional el representante legal de la sociedad dueña de la faena, resulta razonable y prudente para este sentenciador fijar el lucro cesante en la fecha de término de las mismas, considerando además la petición de la propia demandante en cuanto a regular ésta la suma que piden o la mayor o menor que el Tribunal estime procedente conforme al mérito de autos. En suma se accederá a lo solicitado por los actores, sólo en cuanto se condena a las demandadas, principal y subsidiaria, al pago de la suma de $ 1.400.000 por concepto de lucro cesante, a razón de $ 350.000 mil pesos mensuales, suma indicada como remuneración por los demandantes y demandados y no controvertida en autos y por los cuatro meses que duró en definitiva la faena en la cual resultó fallecido el trabajador. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en relación al daño moral, el cual no cabe duda se produjo, y está representado por el dolor y agravio al sentimiento de los actores, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, padre y proveedor, resulta establecido de manera inequívoca que no es necesario rendir prueba alguna sobre su monto, y el cual cabe señalar necesariamente debe ser indemnizado, aun cuando se produzca en sede contractual; ello porque el legislador no lo excluye del artículo 1558 del Código Civil y, en el caso de autos, porque además el propio artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744, expresamente lo hace procedente, razones por las cuales este tribunal puede regularlo prudencialmente, para efectos de la indemnización, y, en mérito a los antecedentes del proceso, el que en la especie se fija en la suma total de $ 15.000.000 (quince millones) como suma total, $ 7.500.000 para cada uno de los actores, cantidad que se deberá pagar con los reajustes e intereses que se dirán. Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto por los artículos 1545, 1546, 1547, 1551 y 1698 del Código Civil; 1 y 69 de la ley Nº 16.744; 6, 10, 64, 184, 420, 422, 425, 439, 440, 442, 446, 448, 449, 452, 455, 456 y 458 del Código del Trabajo, se declara: Que ha lugar, con costas, a la demanda de fojas 6, sólo en cuanto se condena al demandado Patricio Salgado Lafourcade y subsidiariamente a la Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, representada por don Claudio Orue Escalona, a pagar a los demandantes Nilsa Ester Contreras Moya y Luis Franco Lozano Contreras, la suma de $ 1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pesos) por lucro cesante, y la suma total de $ 15.000.000 (quince millones de pesos), $ 7.500.000 para cada uno por daño moral, más el reajuste que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y su pago efectivo, e intereses para el caso de incurrirse en mora. Devuélvase el expediente criminal traído a la vista. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol Nº 1.720 02. Dictada por el señor Fernando Tarbes Pino, Juez Titular.

la vista, era el 31 de diciembre de 2001, y que, en definitiva culminaron en el mes de enero de 2002, con una vigencia de cuatro meses, según lo indica en su confesional el representante legal de la sociedad dueña de la faena, resulta razonable y prudente para este sentenciador fijar el lucro cesante en la fecha de término de las mismas, considerando además la petición de la propia demandante en cuanto a regular ésta la suma que piden o la mayor o menor que el Tribunal estime procedente conforme al mérito de autos. En suma se accederá a lo solicitado por los actores, sólo en cuanto se condena a las demandadas, principal y subsidiaria, al pago de la suma de $ 1.400.000 por concepto de lucro cesante, a razón de $ 350.000 mil pesos mensuales, suma indicada como remuneración por los demandantes y demandados y no controvertida en autos y por los cuatro meses que duró en definitiva la faena en la cual resultó fallecido el trabajador. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en relación al daño moral, el cual no cabe duda se produjo, y está representado por el dolor y agravio al sentimiento de los actores, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, padre y proveedor, resulta establecido de manera inequívoca que no es necesario rendir prueba alguna sobre su monto, y el cual cabe señalar necesariamente debe ser indemnizado, aun cuando se produzca en sede contractual; ello porque el legislador no lo excluye del artículo 1558 del Código Civil y, en el caso de autos, porque además el propio artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744, expresamente lo hace procedente, razones por las cuales este tribunal puede regularlo prudencialmente, para efectos de la indemnización, y, en mérito a los antecedentes del proceso, el que en la especie se fija en la suma total de $ 15.000.000 (quince millones) como suma total, $ 7.500.000 para cada uno de los actores, cantidad que se deberá pagar con los reajustes e intereses que se dirán. Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto por los artículos 1545, 1546, 1547, 1551 y 1698 del Código Civil; 1 y 69 de la ley Nº 16.744; 6, 10, 64, 184, 420, 422, 425, 439, 440, 442, 446, 448, 449, 452, 455, 456 y 458 del Código del Trabajo, se declara: Que ha lugar, con costas, a la demanda de fojas 6, sólo en cuanto se condena al demandado Patricio Salgado Lafourcade y subsidiariamente a la Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Limitada, representada por don Claudio Orue Escalona, a pagar a los demandantes Nilsa Ester Contreras Moya y Luis Franco Lozano Contreras, la suma de $ 1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pesos) por lucro cesante, y la suma total de $ 15.000.000 (quince millones de pesos), $ 7.500.000 para cada uno por daño moral, más el reajuste que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y su pago efectivo, e intereses para el caso de incurrirse en mora. Devuélvase el expediente criminal traído a la vista. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol Nº 1.720 02. Dictada por el señor Fernando Tarbes Pino, Juez Titular.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Chillán, doce de enero de dos mil cuatro. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos decimonoveno y vigésimo primero, que se eliminan; y Teniendo, además y en su lugar, presente: 1º. Que el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones de trabajo adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. La disposición de que se trata agrega en su inciso segundo, que deberá asimismo prestar y garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 2º. Que a su vez, el artículo 64 del citado Código dispone que el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. También responderá de iguales obligaciones que afecten

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a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. 3º. Que de acuerdo a lo concluido por el juez en el fundamento vigésimo del fallo de primer grado, encontrándose probado que el accidente que culminó con la muerte de Juan Alfredo Lozano Cancino, cónyuge de la demandante y padre del hijo habido entre ellos, Luis Franco Lozano Contreras, de seis años de edad, es el resultado de la negligencia inexcusable del contratista Patricio Salgado Lafourcade, ha nacido para éste y subsidiariamente a la “Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Ltda.”, representada por Claudio Orué Escalona, como dueña de la faena, la obligación de indemnizar a los demandantes nombrados. 4º. Que en lo referente a la suma de $ 99.400.000 que la demandante pide por concepto de lucro cesante, que según señala resulta del promedio de renta de $ 350.000 mensuales que percibía el fallecido Juan Alfredo Lozano Cancino, de 41 años de edad a la fecha de su muerte y, proyectado esto por toda su vida laboral, es decir, hasta los 65 años de edad, sumas que eran utilizadas para mantener a su familia, compuesto por su cónyuge e hijo antes nombrados, cabe señalar que los antecedentes allegados al proceso y los argumentos hechos valer por la demandante, no son suficientes para determinar en forma precisa el monto del daño que cobra por este concepto, pues no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima para inferir de ello lo que su cónyuge e hijo habrían dejado de percibir a causa de su muerte, ya que existen numerosas eventualidades que, por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. De otro lado, atendido que en la demanda no hay petición subsidiaria para el caso de estimarse que procede otorgar una indemnización por esta rubro, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder regularse en alguna otra que resulte más ajustada al mérito del proceso. 5º. Que en lo que respecta al daño moral, es inconcuso que los hechos que causaron la muerte del operador Juan Alfredo Lozano Cancino, han sido motivo suficiente para producir a su cónyuge y a su hijo de 6 años de edad, un dolor, pesar o molestia en su sensibilidad física y en sus sentimientos lo que, naturalmente, ha sido motivo suficiente para producirles un daño moral, lo que se corrobora con los informes médicos de fs. 141 y fs. 143, el que los sentenciadores regulan prudencialmente en la suma de $ 50.000.000. Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil y 463 y siguientes del Código del Trabajo se declara: I. Que se revoca la sentencia apelada de cuatro de septiembre último, escrita de fs. 145 a 160, que hace lugar a la demanda por concepto de lucro cesante y se declara que no se hace lugar a ella por tal concepto; II. Que se confirma, en lo demás apelado, el aludido fallo, con declaración que se eleva a $ 50.000.000 la suma que por concepto de daño moral deberán pagar el demandado don Patricio Salgado Lafourcade y, subsidiariamente, la “Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Ltda.”, representada por Claudio Orué Escalona, a la demandante Nilsa Ester Contreras Moya y su hijo Luis Franco Lozano Contreras, esto es $ 25.000.000 para cada uno por el referido concepto, más el reajuste que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el pago efectivo, más los intereses para el caso de mora. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Silva Gundelach. No firma el Ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal. Rol Nº 1.547. Pronunciada por el Presidente de la Iltma. Corte señor Guillermo Arcos Salinas y los Ministros en propiedad señores Darío Silva Gundelach y Christian Hansen Kaulen.

III. SENTENCIA CORTE SUPREMA Santiago, seis de septiembre de dos mil cuatro. Proveyendo a fojas 222, a lo principal, téngase a la parte recurrente, representada por su abogado señor Juan Carlos Miguez Avendaño, por la parte demandada principal y subsidiaria, y al abogado señor

Santiago, seis de septiembre de dos mil cuatro. Proveyendo a fojas 222, a lo principal, téngase a la parte recurrente, representada por su abogado señor Juan Carlos Miguez Avendaño, por la parte demandada principal y subsidiaria, y al abogado señor

III. SENTENCIA CORTE SUPREMA a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. 3º. Que de acuerdo a lo concluido por el juez en el fundamento vigésimo del fallo de primer grado, encontrándose probado que el accidente que culminó con la muerte de Juan Alfredo Lozano Cancino, cónyuge de la demandante y padre del hijo habido entre ellos, Luis Franco Lozano Contreras, de seis años de edad, es el resultado de la negligencia inexcusable del contratista Patricio Salgado Lafourcade, ha nacido para éste y subsidiariamente a la “Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Ltda.”, representada por Claudio Orué Escalona, como dueña de la faena, la obligación de indemnizar a los demandantes nombrados. 4º. Que en lo referente a la suma de $ 99.400.000 que la demandante pide por concepto de lucro cesante, que según señala resulta del promedio de renta de $ 350.000 mensuales que percibía el fallecido Juan Alfredo Lozano Cancino, de 41 años de edad a la fecha de su muerte y, proyectado esto por toda su vida laboral, es decir, hasta los 65 años de edad, sumas que eran utilizadas para mantener a su familia, compuesto por su cónyuge e hijo antes nombrados, cabe señalar que los antecedentes allegados al proceso y los argumentos hechos valer por la demandante, no son suficientes para determinar en forma precisa el monto del daño que cobra por este concepto, pues no basta la simple estimación de la probable vida laboral de la víctima para inferir de ello lo que su cónyuge e hijo habrían dejado de percibir a causa de su muerte, ya que existen numerosas eventualidades que, por el solo hecho de acontecer hacen variar el cálculo que pudiera hacerse. De otro lado, atendido que en la demanda no hay petición subsidiaria para el caso de estimarse que procede otorgar una indemnización por esta rubro, sólo procede pronunciarse sobre la cantidad solicitada, sin poder regularse en alguna otra que resulte más ajustada al mérito del proceso. 5º. Que en lo que respecta al daño moral, es inconcuso que los hechos que causaron la muerte del operador Juan Alfredo Lozano Cancino, han sido motivo suficiente para producir a su cónyuge y a su hijo de 6 años de edad, un dolor, pesar o molestia en su sensibilidad física y en sus sentimientos lo que, naturalmente, ha sido motivo suficiente para producirles un daño moral, lo que se corrobora con los informes médicos de fs. 141 y fs. 143, el que los sentenciadores regulan prudencialmente en la suma de $ 50.000.000. Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil y 463 y siguientes del Código del Trabajo se declara: I. Que se revoca la sentencia apelada de cuatro de septiembre último, escrita de fs. 145 a 160, que hace lugar a la demanda por concepto de lucro cesante y se declara que no se hace lugar a ella por tal concepto; II. Que se confirma, en lo demás apelado, el aludido fallo, con declaración que se eleva a $ 50.000.000 la suma que por concepto de daño moral deberán pagar el demandado don Patricio Salgado Lafourcade y, subsidiariamente, la “Sociedad Agrícola y Forestal El Laurel Ltda.”, representada por Claudio Orué Escalona, a la demandante Nilsa Ester Contreras Moya y su hijo Luis Franco Lozano Contreras, esto es $ 25.000.000 para cada uno por el referido concepto, más el reajuste que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el pago efectivo, más los intereses para el caso de mora. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Silva Gundelach. No firma el Ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal. Rol Nº 1.547. Pronunciada por el Presidente de la Iltma. Corte señor Guillermo Arcos Salinas y los Ministros en propiedad señores Darío Silva Gundelach y Christian Hansen Kaulen. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Ramón Domínguez Aguila, patrocinante de los recursos, por desistidos de los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos a fojas 202, contra la sentencia de doce de enero de dos mil cuatro, escrita a fojas 196 y siguientes. Al otrosí, téngase presente. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Rol Nº 691 04. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Juan Infante Ph. Santiago, 6 de septiembre de 2004.

Ramón Domínguez Aguila, patrocinante de los recursos, por desistidos de los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos a fojas 202, contra la sentencia de doce de enero de dos mil cuatro, escrita a fojas 196 y siguientes. Al otrosí, téngase presente. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Rol Nº 691 04. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Juan Infante Ph. Santiago, 6 de septiembre de 2004. 118

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 2610-2003 Cita online: CL/JUR/2742/2004 I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO San Miguel, catorce de mayo de dos mil dos. VISTOS: A fs. 1 y 10 comparece doña Angie Marie Poblete Bahamóndez, estudiante, domiciliada en calle Tucumán pasaje 2 Nº 8982, La Cisterna, quien demanda a Moteles Ensueño Limitada, representada por don Miguel Margas Garetto, ambos domiciliados en Brisas del Maipo Nº 0365, La Cisterna, a fin que le indemnice los perjuicios por daño moral causados por la muerte de su madre ocurrida en el establecimiento comercial de la demandada, daños que estima en la suma de $ 150.000.000, monto por el que demanda o la que se estime de derecho, más intereses y costas. Funda su pretensión en que su madre, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes, de 41 años de edad, era trabajadora de la empresa demandada y de acuerdo al contrato de trabajo que celebró, ingresó a los servicios el 2 de enero de 1996. Desarrollaba funciones de camarera, aseo y mandados en la sección motel del establecimiento, ubicado en Américo Vespucio 0320, pudiendo ser trasladada a otra sucursal o labores similares. Su jornada laboral era por el sistema de turnos y se prolongaba por doce horas diarias, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas pudiendo extenderse desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. La mayoría de las veces, atendida la naturaleza de la empresa, debía cumplir turno nocturno. Según el parte policial Nº 299, don fecha 6 de mayo de 2001, siendo aproximadamente las 4:30 horas, la sucursal en que la Sra. Bahamóndez se encontraba ejerciendo sus labores, fue asaltada por un grupo de delincuentes los cuales, al momento de darse a la fuga, se encontraron en recepción del local con la madre de la actora, procediendo a darle muerte de un disparo en la cabeza. La labor que desempeñaba llevaba envuelta un alto grado de peligro para su vida e integridad física. Ello, producto de que su jornada de trabajo se desarrollaba principalmente en horarios nocturnos en los cuales se lleva a cabo la comisión de la mayoría de los delitos. Además, es reconocida la peligrosidad del sector donde se ubican los locales comerciales en que la trabajadora desempeñaba sus funciones, esto es, en el sector de Avda. Américo Vespucio con Gran Avenida, lugar en que se comete gran número de asaltos, robos y existe un alto índice de prostitución debido a la presencia de una importante cantidad de moteles. En este sentido, señala, los locales en donde cumplía funciones la trabajadora, generalmente se encuentran en sectores bastante aislados y solitarios lo que aumenta el peligro existente en sus inmediaciones. Por otra parte el peligro referido se ve reafirmado por el hecho de que las funciones que desempeñaba la trabajadora, de manera individual, no contando con la compañía ni protección que claramente requería. Además, se hacía necesario la instalación de un sistema de seguridad que protegiera a los empleados teniendo en cuenta que la cadena de moteles para la cual trabajaba, había sido objeto de numerosos asaltos. El claro peligro al que se veía sometida, no sólo la madre de la actora, sino todos los empleados de la empresa durante el desempeño de sus funciones, ya le había sido advertido reiteradamente al empleador de manera personal por cada uno de los trabajadores y de manera colectiva, por el sindicato existente, a fin de obtener la protección y resguardos mínimos. Sin embargo, los constantes requerimientos nunca tuvieron una respuesta positiva que llenara sus expectativas. De acuerdo a lo señalado, era evidentemente predecible que un asalto como el que ocurrió el 6 mayo de 2001, podía suceder y, por lo tanto, se hacía imperiosa la necesidad de instalar un sistema de seguridad idóneo y eficaz que protegiera la vida y la integridad física de los empleados del Motel Ensueño, en donde la trabajadora prestaba servicios. Luego de invocar las normas legales de rigor, indica que la cuantía de los perjuicios reclamados tiene su fundamento en el dolor irreparable que resulta para los familiares perder para siempre a una persona querida, más aun cuando se trata de la vida de la madre, considerando lo repentino, pero a la vez evitable de su muerte, teniendo presente que con un mayor grado de preocupación de parte de sus empleadores se hubiese podido impedir este doloroso hecho. La madre de la actora era en su familia la única fuente de ingresos desde el punto de vista económico y de ella dependían única y exclusivamente, tanto la

San Miguel, catorce de mayo de dos mil dos. VISTOS: A fs. 1 y 10 comparece doña Angie Marie Poblete Bahamóndez, estudiante, domiciliada en calle Tucumán pasaje 2 Nº 8982, La Cisterna, quien demanda a Moteles Ensueño Limitada, representada por don Miguel Margas Garetto, ambos domiciliados en Brisas del Maipo Nº 0365, La Cisterna, a fin que le indemnice los perjuicios por daño moral causados por la muerte de su madre ocurrida en el establecimiento comercial de la demandada, daños que estima en la suma de $ 150.000.000, monto por el que demanda o la que se estime de derecho, más intereses y costas. Funda su pretensión en que su madre, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes, de 41 años de edad, era trabajadora de la empresa demandada y de acuerdo al contrato de trabajo que celebró, ingresó a los servicios el 2 de enero de 1996. Desarrollaba funciones de camarera, aseo y mandados en la sección motel del establecimiento, ubicado en Américo Vespucio 0320, pudiendo ser trasladada a otra sucursal o labores similares. Su jornada laboral era por el sistema de turnos y se prolongaba por doce horas diarias, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas pudiendo extenderse desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. La mayoría de las veces, atendida la naturaleza de la empresa, debía cumplir turno nocturno. Según el parte policial Nº 299, don fecha 6 de mayo de 2001, siendo aproximadamente las 4:30 horas, la sucursal en que la Sra. Bahamóndez se encontraba ejerciendo sus labores, fue asaltada por un grupo de delincuentes los cuales, al momento de darse a la fuga, se encontraron en recepción del local con la madre de la actora, procediendo a darle muerte de un disparo en la cabeza. La labor que desempeñaba llevaba envuelta un alto grado de peligro para su vida e integridad física. Ello, producto de que su jornada de trabajo se desarrollaba principalmente en horarios nocturnos en los cuales se lleva a cabo la comisión de la mayoría de los delitos. Además, es reconocida la peligrosidad del sector donde se ubican los locales comerciales en que la trabajadora desempeñaba sus funciones, esto es, en el sector de Avda. Américo Vespucio con Gran Avenida, lugar en que se comete gran número de asaltos, robos y existe un alto índice de prostitución debido a la presencia de una importante cantidad de moteles. En este sentido, señala, los locales en donde cumplía funciones la trabajadora, generalmente se encuentran en sectores bastante aislados y solitarios lo que aumenta el peligro existente en sus inmediaciones. Por otra parte el peligro referido se ve reafirmado por el hecho de que las funciones que desempeñaba la trabajadora, de manera individual, no contando con la compañía ni protección que claramente requería. Además, se hacía necesario la instalación de un sistema de seguridad que protegiera a los empleados teniendo en cuenta que la cadena de moteles para la cual trabajaba, había sido objeto de numerosos asaltos. El claro peligro al que se veía sometida, no sólo la madre de la actora, sino todos los empleados de la empresa durante el desempeño de sus funciones, ya le había sido advertido reiteradamente al empleador de manera personal por cada uno de los trabajadores y de manera colectiva, por el sindicato existente, a fin de obtener la protección y resguardos mínimos. Sin embargo, los constantes requerimientos nunca tuvieron una respuesta positiva que llenara sus expectativas. De acuerdo a lo señalado, era evidentemente predecible que un asalto como el que ocurrió el 6 mayo de 2001, podía suceder y, por lo tanto, se hacía imperiosa la necesidad de instalar un sistema de seguridad idóneo y eficaz que protegiera la vida y la integridad física de los empleados del Motel Ensueño, en donde la trabajadora prestaba servicios. Luego de invocar las normas legales de rigor, indica que la cuantía de los perjuicios reclamados tiene su fundamento en el dolor irreparable que resulta para los familiares perder para siempre a una persona querida, más aun cuando se trata de la vida de la madre, considerando lo repentino, pero a la vez evitable de su muerte, teniendo presente que con un mayor grado de preocupación de parte de sus empleadores se hubiese podido impedir este doloroso hecho. La madre de la actora era en su familia la única fuente de ingresos desde el punto de vista económico y de ella dependían única y exclusivamente, tanto la

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

demandante como su hermana, puesto que ambas estaban estudiando en el colegio. Actualmente, están viviendo en la casa de la abuela de 65 años de edad y que vive de una pensión que evidentemente no alcanzará para la mantención de ellas. Producto de lo anterior, está en proceso de solicitar judicialmente la tutela de su hermana menor a fin de asumir la responsabilidad de su cuidado, educación y en definitiva, de sus intereses, puesto que no cuentan con un padre que esté en condiciones de asumir el cuidado por su calidad de bígamo. Debido a que aún la demandante no ha podido terminar el colegio y que su hermana es menor de edad y necesitan recursos económicos necesarios para poder asegurar la finalización de la etapa escolar. Atendido a que su intención es poder seguir estudiando una vez que termine el colegio, buscará trabajo a fin de poder pagar sus estudios superiores. Sin embargo, cualquiera sea el trabajo en el que se desempeñe, debido a la nula preparación y experiencia laboral que tiene la actora, sus remuneraciones no alcanzarán para poder asumir los gastos de supervivencia, alimentación, vestuario y educación, tanto suyos como los de su hermana. A fs. 11 se dio traslado, el que fue notificado conjuntamente con la demanda, conforme el art. 431 del Código del Trabajo, según atestado de fs. 14. A fs. 17 la demandada opuso excepciones de incompetencia del Tribunal, de personería de la demandante para representar a la sucesión y falta de representación legal de la demandante para representar a su hermana Alexandra Vanessa Bahamóndez Fuentes. En subsidio, contesta la demanda solicitando su rechazo, por cuanto son absolutamente falsos y carentes de fundamentos los hechos en que se basa, toda vez que la empresa cumple a cabalidad con todas las normas para mantener la protección de la vida y salud de sus trabajadores, haciendo presente que el lamentable hecho que ocasionó la muerte de la trabajadora se debió a caso fortuito, como es el hecho de la comisión de un delito cometido por un tercero, el que no pueden ser imputable a la demandada, no existiendo ninguna relación de causalidad. Señala, por último, que lamenta profundamente los hechos sucedidos, sin embargo, fueron producto de un hecho delictual, ocasionado por un tercero, imposibles de prever e impedir por la demandada. A fs. 29 se dejó para definitiva la resolución de las excepciones opuestas, se recibió la causa a prueba y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y prueba. A fs. 38 y siguientes se celebró el comparendo de estilo, no prosperando la conciliación entre las partes y rindiéndose la prueba que consta en autos. A fs. 85 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto excepción de incompetencia del tribunal: PRIMERO: Que en lo principal de fs. 17 la demandante opuso la excepción de incompetencia del Tribunal, establecida en el Nº 1 del art. 303 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que la materia reclamada no está comprendida dentro de las señaladas en el art. 420 del Código del Trabajo, toda vez que el accidente que ocasionó la muerte de la trabajadora no tuvo su origen en la relación contractual, sino que se debió a un caso fortuito, a un imprevisto, ocasionado por un tercero, a un hecho delictual que se rige por las normas del Código Penal, sede en la cual debe reclamar y en contra de los autores del hecho. Como lo señala la demandante, el establecimiento comercial fue asaltado por un grupo de delincuentes los cuales, al darse a la fuga, se encontraron en la recepción con la trabajadora fallecida, disparándole en la cabeza, lo que ocasionó su muerte. Tales hechos son constitutivos de delito emanado de un tercero ajeno a la empresa e imposible de prever. SEGUNDO: Que la excepción de incompetencia será rechazada toda vez que en estos autos, se ha solicitado el pago de una indemnización por los daños sufridos por la demandante como consecuencia de la muerte de su madre, quien era trabajadora de la demandada y cuya muerte se verificó al interior del establecimiento en el que la actora estaba prestando servicios como trabajadora. La indemnización cobrada, entonces, derivaría de la responsabilidad del empleador en cuanto a su deber de velar por la seguridad de sus trabajadores en el desempeño de sus funciones y ello es materia que corresponde dilucidar a los Tribunales del Trabajo. Il. En cuanto a excepciones de falta de personería y de representatividad: TERCERO: Que la parte demandada opuso, además, las excepciones de falta de personería de la actora para representar a la sucesión y la falta de representación legal para comparecer a nombre de su

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demandante como su hermana, puesto que ambas estaban estudiando en el colegio. Actualmente, están viviendo en la casa de la abuela de 65 años de edad y que vive de una pensión que evidentemente no alcanzará para la mantención de ellas. Producto de lo anterior, está en proceso de solicitar judicialmente la tutela de su hermana menor a fin de asumir la responsabilidad de su cuidado, educación y en definitiva, de sus intereses, puesto que no cuentan con un padre que esté en condiciones de asumir el cuidado por su calidad de bígamo. Debido a que aún la demandante no ha podido terminar el colegio y que su hermana es menor de edad y necesitan recursos económicos necesarios para poder asegurar la finalización de la etapa escolar. Atendido a que su intención es poder seguir estudiando una vez que termine el colegio, buscará trabajo a fin de poder pagar sus estudios superiores. Sin embargo, cualquiera sea el trabajo en el que se desempeñe, debido a la nula preparación y experiencia laboral que tiene la actora, sus remuneraciones no alcanzarán para poder asumir los gastos de supervivencia, alimentación, vestuario y educación, tanto suyos como los de su hermana. A fs. 11 se dio traslado, el que fue notificado conjuntamente con la demanda, conforme el art. 431 del Código del Trabajo, según atestado de fs. 14. A fs. 17 la demandada opuso excepciones de incompetencia del Tribunal, de personería de la demandante para representar a la sucesión y falta de representación legal de la demandante para representar a su hermana Alexandra Vanessa Bahamóndez Fuentes. En subsidio, contesta la demanda solicitando su rechazo, por cuanto son absolutamente falsos y carentes de fundamentos los hechos en que se basa, toda vez que la empresa cumple a cabalidad con todas las normas para mantener la protección de la vida y salud de sus trabajadores, haciendo presente que el lamentable hecho que ocasionó la muerte de la trabajadora se debió a caso fortuito, como es el hecho de la comisión de un delito cometido por un tercero, el que no pueden ser imputable a la demandada, no existiendo ninguna relación de causalidad. Señala, por último, que lamenta profundamente los hechos sucedidos, sin embargo, fueron producto de un hecho delictual, ocasionado por un tercero, imposibles de prever e impedir por la demandada. A fs. 29 se dejó para definitiva la resolución de las excepciones opuestas, se recibió la causa a prueba y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y prueba. A fs. 38 y siguientes se celebró el comparendo de estilo, no prosperando la conciliación entre las partes y rindiéndose la prueba que consta en autos. A fs. 85 se citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto excepción de incompetencia del tribunal: PRIMERO: Que en lo principal de fs. 17 la demandante opuso la excepción de incompetencia del Tribunal, establecida en el Nº 1 del art. 303 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que la materia reclamada no está comprendida dentro de las señaladas en el art. 420 del Código del Trabajo, toda vez que el accidente que ocasionó la muerte de la trabajadora no tuvo su origen en la relación contractual, sino que se debió a un caso fortuito, a un imprevisto, ocasionado por un tercero, a un hecho delictual que se rige por las normas del Código Penal, sede en la cual debe reclamar y en contra de los autores del hecho. Como lo señala la demandante, el establecimiento comercial fue asaltado por un grupo de delincuentes los cuales, al darse a la fuga, se encontraron en la recepción con la trabajadora fallecida, disparándole en la cabeza, lo que ocasionó su muerte. Tales hechos son constitutivos de delito emanado de un tercero ajeno a la empresa e imposible de prever. SEGUNDO: Que la excepción de incompetencia será rechazada toda vez que en estos autos, se ha solicitado el pago de una indemnización por los daños sufridos por la demandante como consecuencia de la muerte de su madre, quien era trabajadora de la demandada y cuya muerte se verificó al interior del establecimiento en el que la actora estaba prestando servicios como trabajadora. La indemnización cobrada, entonces, derivaría de la responsabilidad del empleador en cuanto a su deber de velar por la seguridad de sus trabajadores en el desempeño de sus funciones y ello es materia que corresponde dilucidar a los Tribunales del Trabajo. Il. En cuanto a excepciones de falta de personería y de representatividad: TERCERO: Que la parte demandada opuso, además, las excepciones de falta de personería de la actora para representar a la sucesión y la falta de representación legal para comparecer a nombre de su

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hermana Alexandra Vanessa Bahamóndez Fuentes, excepciones que serán rechazadas, toda vez que la actora, doña Angie Marie Poblete Bahamóndez, ha demandado en estos autos por sí, en su calidad de hija de la trabajadora fallecida, no invocando representación de la sucesión ni de su hermana. III. En cuanto a tacha: CUARTO: Que a fs. 42 la parte demandada tachó a la testigo de la contraria, doña Liliana Molina Toledo, por carecer de la imparcialidad suficiente, toda vez que los testigos deben declarar sobre hechos y no por su calidad de dirigente sindical. QUINTO: Que la tacha deberá ser rechazada, toda vez que no fue señalada la norma legal en que se funda la inhabilidad para efectos de poder determinar si los dichos de la deponente tipifican algunas de las causales de inhabilidad establecidas por ley. IV. En cuanto al fondo: SEXTO: Que la parte demandante, en orden a acreditar los fundamentos de su acción, allegó las siguientes probanzas: Documental: Agregada legalmente a los autos e inobjetada por causal legal de contrario, a saber: a) contrato de trabajo suscrito por la trabajadora demandada, de fecha 1º de junio de/ 2000, en cuya cláusula 5ª se establece que los servicios comenzaron el 2 de enero de 1996, de fs. 5; b) certificados de nacimiento de la demandante y de la otra hija de la trabajadora, de fs. 6 y 7; c) certificado de defunción de la trabajadora, de fs. 8; d) “Solicitud para acceder en ocupación a vivienda asignada”, presentada por la trabajadora, de fs. 9. Confesional: Consistente en los dichos del representante convencional de la demandada, quien al tenor del pliego de posiciones de fs. 36, declara a fs. 38: que no es efectivo que el trabajo que desempeñaba doña Rossana Bahamóndez llevaba envuelto un alto grado de peligro en virtud del horario nocturno en que cumplía sus labores y la peligrosidad del barrio en donde se encuentra la sucursal del Motel Ensueño ubicado en Américo Vespucio 0629. Agrega que en el sector no es el único negocio que funciona y además es un sector netamente concurrido, por lo tanto, no puede ser peligroso (1º); que no es efectivo que la empresa Moteles Ensueño había sido víctima de reiterados asaltos en sus distintas sucursales con anterioridad al 6 de mayo de 2001. Agrega que, si bien es cierto ha habido algunos asaltos, no son reiterados y tampoco significa peligro para los trabajadores. Todos los negocios son víctimas de situaciones de este tipo (2º), que no es efectivo que la sucursal en donde ocurrió el robo con homicidio el 6 de mayo de 2001, no contaba con personal de seguridad. Agrega que existe junior, barreras y además un sistema de alarma que avisa a la oficina, el ingreso de cualquier persona y/o vehículo que ingrese al recinto, esta alarma siempre ha estado vigente, ya que es la manera de avisar el ingreso del cliente (3º), 4º y 5º); que no es efectivo que los trabajadores del Motel Ensueño habían manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de seguridad en los moteles. Agrega que cuando se formó un sindicato, ellos manifestaron que querían algún tipo de seguridad, aparte de las ya existentes. En el contrato colectivo que se acordó, vigente aún, no se determinó ningún tipo de seguridad adicional, por no corresponder. Hicieron mención de colocar cámaras, pero no corresponde por la naturaleza del negocio, pues debe tener la mayor privacidad (6º); que no es efectivo que el sindicato manifestó su descontento y preocupación por la falta de medidas de seguridad destinadas a la protección de los trabajadores (7º); que no es efectivo que a pesar de los constantes reclamos e inquietud manifestada por los trabajadores por la falta de seguridad, la empresa Moteles Ensueño no estableció ningún sistema de protección en favor de sus trabajadores en caso de asalto (8º); que no es efectivo que con una mediana diligencia por parte de los administradores del Motel, instalando un sistema de seguridad adecuado, se pudo haber evitado el homicidio de doña Rossana Bahamóndez Fuentes. Agrega que debido a que el accidente fue fortuito, ya que los asaltantes ingresaron a la oficina intimidando a la jefa de turno y al junior y después de haber sustraído un poco de dinero existente en el local y retirarse de las oficinas, se encontraron con la Sra. Rossana y sin causa justificada ni motivo, le dispararon en la cabeza (9º); que es efectivo que la empresa pagó la remuneración y feriado legal adeudado a la hija de la trabajadora fallecida y demandante en estos autos, porque dicho pago fue ordenado por la Inspección del Trabajo. Agrega que se le cancelaron todos los valores adeudados, pero no por haberlo ordenado la Inspección del Trabajo, sino porque le correspondía. No sabían legalmente a quién le correspondía recibir dicha remuneración, si al marido, a la actora o a la hija menor (10º).

hermana Alexandra Vanessa Bahamóndez Fuentes, excepciones que serán rechazadas, toda vez que la actora, doña Angie Marie Poblete Bahamóndez, ha demandado en estos autos por sí, en su calidad de hija de la trabajadora fallecida, no invocando representación de la sucesión ni de su hermana. III. En cuanto a tacha: CUARTO: Que a fs. 42 la parte demandada tachó a la testigo de la contraria, doña Liliana Molina Toledo, por carecer de la imparcialidad suficiente, toda vez que los testigos deben declarar sobre hechos y no por su calidad de dirigente sindical. QUINTO: Que la tacha deberá ser rechazada, toda vez que no fue señalada la norma legal en que se funda la inhabilidad para efectos de poder determinar si los dichos de la deponente tipifican algunas de las causales de inhabilidad establecidas por ley. IV. En cuanto al fondo: SEXTO: Que la parte demandante, en orden a acreditar los fundamentos de su acción, allegó las siguientes probanzas: Documental: Agregada legalmente a los autos e inobjetada por causal legal de contrario, a saber: a) contrato de trabajo suscrito por la trabajadora demandada, de fecha 1º de junio de/ 2000, en cuya cláusula 5ª se establece que los servicios comenzaron el 2 de enero de 1996, de fs. 5; b) certificados de nacimiento de la demandante y de la otra hija de la trabajadora, de fs. 6 y 7; c) certificado de defunción de la trabajadora, de fs. 8; d) “Solicitud para acceder en ocupación a vivienda asignada”, presentada por la trabajadora, de fs. 9. Confesional: Consistente en los dichos del representante convencional de la demandada, quien al tenor del pliego de posiciones de fs. 36, declara a fs. 38: que no es efectivo que el trabajo que desempeñaba doña Rossana Bahamóndez llevaba envuelto un alto grado de peligro en virtud del horario nocturno en que cumplía sus labores y la peligrosidad del barrio en donde se encuentra la sucursal del Motel Ensueño ubicado en Américo Vespucio 0629. Agrega que en el sector no es el único negocio que funciona y además es un sector netamente concurrido, por lo tanto, no puede ser peligroso (1º); que no es efectivo que la empresa Moteles Ensueño había sido víctima de reiterados asaltos en sus distintas sucursales con anterioridad al 6 de mayo de 2001. Agrega que, si bien es cierto ha habido algunos asaltos, no son reiterados y tampoco significa peligro para los trabajadores. Todos los negocios son víctimas de situaciones de este tipo (2º), que no es efectivo que la sucursal en donde ocurrió el robo con homicidio el 6 de mayo de 2001, no contaba con personal de seguridad. Agrega que existe junior, barreras y además un sistema de alarma que avisa a la oficina, el ingreso de cualquier persona y/o vehículo que ingrese al recinto, esta alarma siempre ha estado vigente, ya que es la manera de avisar el ingreso del cliente (3º), 4º y 5º); que no es efectivo que los trabajadores del Motel Ensueño habían manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de seguridad en los moteles. Agrega que cuando se formó un sindicato, ellos manifestaron que querían algún tipo de seguridad, aparte de las ya existentes. En el contrato colectivo que se acordó, vigente aún, no se determinó ningún tipo de seguridad adicional, por no corresponder. Hicieron mención de colocar cámaras, pero no corresponde por la naturaleza del negocio, pues debe tener la mayor privacidad (6º); que no es efectivo que el sindicato manifestó su descontento y preocupación por la falta de medidas de seguridad destinadas a la protección de los trabajadores (7º); que no es efectivo que a pesar de los constantes reclamos e inquietud manifestada por los trabajadores por la falta de seguridad, la empresa Moteles Ensueño no estableció ningún sistema de protección en favor de sus trabajadores en caso de asalto (8º); que no es efectivo que con una mediana diligencia por parte de los administradores del Motel, instalando un sistema de seguridad adecuado, se pudo haber evitado el homicidio de doña Rossana Bahamóndez Fuentes. Agrega que debido a que el accidente fue fortuito, ya que los asaltantes ingresaron a la oficina intimidando a la jefa de turno y al junior y después de haber sustraído un poco de dinero existente en el local y retirarse de las oficinas, se encontraron con la Sra. Rossana y sin causa justificada ni motivo, le dispararon en la cabeza (9º); que es efectivo que la empresa pagó la remuneración y feriado legal adeudado a la hija de la trabajadora fallecida y demandante en estos autos, porque dicho pago fue ordenado por la Inspección del Trabajo. Agrega que se le cancelaron todos los valores adeudados, pero no por haberlo ordenado la Inspección del Trabajo, sino porque le correspondía. No sabían legalmente a quién le correspondía recibir dicha remuneración, si al marido, a la actora o a la hija menor (10º). ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Testimonial: Consistente en los dichos de doña Liliana Molina Toledo y de don José Macip González, quienes legalmente examinados, exponen a fs. 41 y siguientes: La primera, que según supo por la jefa, doña Carmen Luz, a quien le fue informado de los hechos ocurridos, el día 6 de mayo en la madrugada, como a las 4:30 horas, hubo un asalto en Américo Vespucio en el Motel Ensueño 2. Ese día doña Rossana cumplía el turno de noche, de 20:00 a 8:00 horas y realizaba sus labores de aseo en las cabañas, ir a dejar la ropa sucia y las bandejas a la recepción y en la entrada de la oficina, debieron salir los asaltantes, porque le llegó un balazo y cayó muerta. El día del asalto la testigo no estaba de turno. La jefa llegó a la 5: 00 horas, después que le avisaron y le dijo a la testigo que, según el junior, habían llegado dos parejas a pie a la entrada del motel y aquél les avisó que no había habitaciones. Estas cuatro personas se quedaron discutiendo si entraban o no, y de ahí, parece que se fueron las mujeres y los hombres deben haber ingresado a la recepción (oficina). La cajera, Angélica Marín, les dijo a los hombres que no estaba la jefa de turno por lo que no había dinero y de ahí deben haber salido, cree que con $ 15.000. Al salir, se encontraron con doña Rossana y le deben haber disparado, porque cuando llegaron ellas estaba tirada en el suelo. Señala que cuando entran las parejas en auto o a pie, suena una alarma interna para que la jefa de turno sepa que llegan pasajeros y de ahí sale la camarera y los atiende. No hay guardias de seguridad, nadie protege la entrada de pasajeros a la recepción donde se guarda el dinero, no hay sistemas de seguridad para resguardar el dinero ni a los trabajadores. Doña Rossana debía pasar por obligación por la recepción para desempeñar sus funciones. El día del asalto, estaban trabajando el junior, dos camareras y la jefa de turno. Le consta lo declarado porque trabaja para la demandada desde diciembre de 1994. Repreguntada declara que el junior no cumplía funciones de seguridad, a veces está ocupado y sale la camarera a recibir el coche, cuando las camareras no están, el junior recibe los clientes. Contrainterrogada, señala que trabaja en otra sucursal, pero el sistema es igual en todas, no existe seguridad, es más, el sindicato pidió seguridad y no se les dio, es más, se rieron de ellos. Existe una barrera de seguridad a la entrada del establecimiento, “pero pasa arriba no más”. El control y autorización de salida de pasajeros se hace por el llamado por citófono, algunos no llaman y salen sin avisar y en la entrada, por la alarma de llegada. El sistema consiste en que suena la alarma de entrada, llama a la persona que está de turno, si es coche, se lleva a la habitación, le cobra y se toma el pedido correspondiente y ya está cancelado. De repente, no se sabe cuándo se va el pasajero, muchas veces se han llevado especies de las habitaciones. No sabe ahora quién es el encargado de controlar la barrera de entrada, pero antiguamente, nadie. Si está la barrera abajo, va la camarera la levanta y hace pasar el coche, si no, a veces el junior la levanta, si es que no está regando o haciendo otras labores. La lavandería no está en la misma habitación que la oficina de recepción, pero la ropa sucia se deja cerca de la recepción, al fondo ya que ahí mismo está la oficina, la cocina y la recepción, está todo junto. La cocina es americana, se ve todo, la recepción, la cocina. La oficinas no están separadas por paredes. El dinero a veces se guarda en la caja de fondo o lo guarda la jefa de turno. El retiro del dinero lo hacía en ese tiempo don Benjamín o don Bernardo, se depositaba a diario la plata. El fin de semana se dejaba para depositarlo el día lunes. La caja fuerte tenía solamente llave y la abría el encargado, don Bernardo o don Benjamín. El día de los hechos fue sábado, se supone que debe haber estado en la caja fuerte. Ese día, la caja de fondo estaba en un cuartito. En la oficina de turno, tienen una caja donde la jefa la va guardando, ya que tenían la costumbre de guardarla en el mesón y cuando era mucha, se dejaba en la caja fuerte. Ese dinero tiene que haberlo guardado la jefa y debe haber tenido poca, porque no era primera vez que los asaltaban. Declara que la actora estaba muy afectada cuando doña Rossana estaba en el suelo. En cuanto al daño económico, supo que hasta tuvo problemas para poder sepultar a su mamá y que se endeudó bastante. Las hijas de doña Rossana están viviendo donde su abuelita y económicamente están mal, pues la abuelita de la actora es jubilada. La demandante tiene 22 años y no sabe si está estudiando todavía, porque no la ha visto. La otra hija tiene 12 años y va al colegio. Cuando la testigo conoció a doña Rossana, ésta era separada y trabajaba para sus hijas. No sabe si el papá de las niñas las ayuda económicamente. Sabe que la Sra. Rossana arrendaba una casa. No sabe a cuánto asciende el daño moral de la actora.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Testimonial: Consistente en los dichos de doña Liliana Molina Toledo y de don José Macip González, quienes legalmente examinados, exponen a fs. 41 y siguientes: La primera, que según supo por la jefa, doña Carmen Luz, a quien le fue informado de los hechos ocurridos, el día 6 de mayo en la madrugada, como a las 4:30 horas, hubo un asalto en Américo Vespucio en el Motel Ensueño 2. Ese día doña Rossana cumplía el turno de noche, de 20:00 a 8:00 horas y realizaba sus labores de aseo en las cabañas, ir a dejar la ropa sucia y las bandejas a la recepción y en la entrada de la oficina, debieron salir los asaltantes, porque le llegó un balazo y cayó muerta. El día del asalto la testigo no estaba de turno. La jefa llegó a la 5: 00 horas, después que le avisaron y le dijo a la testigo que, según el junior, habían llegado dos parejas a pie a la entrada del motel y aquél les avisó que no había habitaciones. Estas cuatro personas se quedaron discutiendo si entraban o no, y de ahí, parece que se fueron las mujeres y los hombres deben haber ingresado a la recepción (oficina). La cajera, Angélica Marín, les dijo a los hombres que no estaba la jefa de turno por lo que no había dinero y de ahí deben haber salido, cree que con $ 15.000. Al salir, se encontraron con doña Rossana y le deben haber disparado, porque cuando llegaron ellas estaba tirada en el suelo. Señala que cuando entran las parejas en auto o a pie, suena una alarma interna para que la jefa de turno sepa que llegan pasajeros y de ahí sale la camarera y los atiende. No hay guardias de seguridad, nadie protege la entrada de pasajeros a la recepción donde se guarda el dinero, no hay sistemas de seguridad para resguardar el dinero ni a los trabajadores. Doña Rossana debía pasar por obligación por la recepción para desempeñar sus funciones. El día del asalto, estaban trabajando el junior, dos camareras y la jefa de turno. Le consta lo declarado porque trabaja para la demandada desde diciembre de 1994. Repreguntada declara que el junior no cumplía funciones de seguridad, a veces está ocupado y sale la camarera a recibir el coche, cuando las camareras no están, el junior recibe los clientes. Contrainterrogada, señala que trabaja en otra sucursal, pero el sistema es igual en todas, no existe seguridad, es más, el sindicato pidió seguridad y no se les dio, es más, se rieron de ellos. Existe una barrera de seguridad a la entrada del establecimiento, “pero pasa arriba no más”. El control y autorización de salida de pasajeros se hace por el llamado por citófono, algunos no llaman y salen sin avisar y en la entrada, por la alarma de llegada. El sistema consiste en que suena la alarma de entrada, llama a la persona que está de turno, si es coche, se lleva a la habitación, le cobra y se toma el pedido correspondiente y ya está cancelado. De repente, no se sabe cuándo se va el pasajero, muchas veces se han llevado especies de las habitaciones. No sabe ahora quién es el encargado de controlar la barrera de entrada, pero antiguamente, nadie. Si está la barrera abajo, va la camarera la levanta y hace pasar el coche, si no, a veces el junior la levanta, si es que no está regando o haciendo otras labores. La lavandería no está en la misma habitación que la oficina de recepción, pero la ropa sucia se deja cerca de la recepción, al fondo ya que ahí mismo está la oficina, la cocina y la recepción, está todo junto. La cocina es americana, se ve todo, la recepción, la cocina. La oficinas no están separadas por paredes. El dinero a veces se guarda en la caja de fondo o lo guarda la jefa de turno. El retiro del dinero lo hacía en ese tiempo don Benjamín o don Bernardo, se depositaba a diario la plata. El fin de semana se dejaba para depositarlo el día lunes. La caja fuerte tenía solamente llave y la abría el encargado, don Bernardo o don Benjamín. El día de los hechos fue sábado, se supone que debe haber estado en la caja fuerte. Ese día, la caja de fondo estaba en un cuartito. En la oficina de turno, tienen una caja donde la jefa la va guardando, ya que tenían la costumbre de guardarla en el mesón y cuando era mucha, se dejaba en la caja fuerte. Ese dinero tiene que haberlo guardado la jefa y debe haber tenido poca, porque no era primera vez que los asaltaban. Declara que la actora estaba muy afectada cuando doña Rossana estaba en el suelo. En cuanto al daño económico, supo que hasta tuvo problemas para poder sepultar a su mamá y que se endeudó bastante. Las hijas de doña Rossana están viviendo donde su abuelita y económicamente están mal, pues la abuelita de la actora es jubilada. La demandante tiene 22 años y no sabe si está estudiando todavía, porque no la ha visto. La otra hija tiene 12 años y va al colegio. Cuando la testigo conoció a doña Rossana, ésta era separada y trabajaba para sus hijas. No sabe si el papá de las niñas las ayuda económicamente. Sabe que la Sra. Rossana arrendaba una casa. No sabe a cuánto asciende el daño moral de la actora.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Contrainterrogada, declara que sabía que la trabajadora fallecida, la actora y su otra hija vivían cerca de la casa de la abuelita y ahora viven las niñas con esta última. La actora no tenía dónde sepultar a su mamá; por una tía de la demandante y por ella misma supo que había comprado una bóveda y pagaba como $ 98.000 por ella, pero no sabe por cuánto tiempo. El segundo testigo, declara que trabajaba en la sucursal donde se produjo el asalto. A través de una compañera, Liliana, se enteró del hecho y que doña Rossana había muerto. El testigo concurrió al establecimiento y ahí un Carabinero le contó que al parecer eran dos hombres los que habían entrado a robar a la oficina y al parecer, Rossana iba entrando a ella con la muda de ropa sucia y la bandeja y se encontró con uno de los asaltantes, el otro se asustó y le disparó. Además, le dijo que el resto había que averiguarlo. Ese día Rossana cumplía turno de noche. Lo sabe porque entre todos sabían los turnos. Conoce el motel donde trabajaba doña Rossana y está ubicado en Américo Vespucio 0629, La Cisterna. El sector donde está ubicado el motel es peligroso, porque otras veces hubo asaltos y hacen 8 años atrás, murió un junior en un asalto al mismo motel en que murió doña Rossana; en esa oportunidad, supo, hubo una balacera y el junior se encontró en el medio, ya que los Cabineros llegaron de improviso. En el motel no hay medidas de seguridad, no hay guardias; el junior no cumple esas funciones, sólo realiza labores de aseo, mandados, anotar patentes y, de vez en cuando, baja o sube la barrera de protección que está ubicada antes de llegar a las cabañas y a la recepción donde se guarda el dinero. La recepción tiene una ventana desde dónde se ven la entrada al motel, los vehículos y las personas. Hay una alarma infrarroja que, si pasa un vehículo o una persona, suena. No hay sistema de seguridad para avisar a Carabineros. Por intermedio del sindicato, pidieron a la empresa un guardia de seguridad por los asaltos a los moteles, pero no fue aceptado porque la empresa no estaba en condiciones económicas de pagar. Contrainterrogado, declara que en la empresa cumple funciones de maestro de mantención y actualmente está en otra sucursal y el día 6 de mayo trabajaba en la sucursal de doña Rossana. En el libro de asistencia está registrado. No puede decir cómo se controla la salida de pasajeros en la noche porque no trabajaba en ese horario, pero en el día la barrera está arriba, algunos pasajeros avisan la salida, otros no. Si el pasajero avisa su salida, la camarera va a revisar la habitación y si no avisa, simplemente se va y si la barrera está arriba, no se detiene. El responsable de mantener la barrera abajo y de controlar la salida y entrada de pasajeros es el junior y lo hace cuando está en la oficina, ya que cumple otras funciones. El testigo veía que el junior cumplía funciones de aseo, mandados, tomar patentes y reponer stock; en el día, el testigo veía al junior subiendo o bajando la barrera. No lo veía trabajando en la noche, pero, sabe que regaba, tomaba patentes, bajaba y subía la barrera y reponía stock. Cuando estaba Rossana, el dinero lo retiraba doña Yolanda Margas y lo efectuaba todos los días en la mañana. Los fines de semana no se retiraba dinero, se hacía el día sábado en la mañana, en esa fecha no se retiraba el dinero el día domingo. La caja recaudadora es una oficina de fácil acceso y está frente a la cocina. Están juntas la cocina, la caja recaudadora y la recepción, No están separadas por paredes y son de fácil acceso. La oficina tiene puerta, pero igual se puede entrar a la oficina y la caja recaudadora está en un escritorio. Si una persona entra a asaltar el motel, salta un mesón y entra a la oficina. Cree que el dinero es depositado en una caja fuerte. Los Carabineros no efectúan rondas periódicas al establecimiento. Por lo que conversan ellos, van según la cajera que esté de turno, preguntan si ven a alguien para saber quién está de jefa, entran y saludan. Es presidente del sindicato de la empresa. Sabe que la madre de la actora, doña Rossana, arrendaba una casa y siempre hablaba de sus hijas; ella era separada, no sabe si el papá de sus hijas las ayuda económicamente. La actora debe tener unos 18 ó 19 años y estudia; cree que tiene una hermana chica, no sabe su edad, pero sabe que estudia. Las hijas de doña Rossana, cuando falleció, se tuvieron que ir a vivir con su abuela, la mamá de doña Rossana. No sabe si la abuela trabaja, pero es una persona de edad. Por lo que vieron en el velorio, sabe que no tienen recursos, por la casa en que vivían, que no era grande, sino chica y tenía una pared sólida y otras de madera. Hace un mes se encontró con la actora y ella le dijo que por el momento la ayudaba la tía quien le pasaba plata. Le contó que debió dejar la casa que arrendaban porque no tenían plata para pagar. No sabe si la empresa pagó las remuneraciones de doña Rossana. No sabe a cuánto asciende el monto del daño moral sufrido por la actora. SÉPTIMO: Que en orden a acreditar los fundamentos de sus alegaciones, la demandada rindió las siguientes probanzas:

Contrainterrogada, declara que sabía que la trabajadora fallecida, la actora y su otra hija vivían cerca de la casa de la abuelita y ahora viven las niñas con esta última. La actora no tenía dónde sepultar a su mamá; por una tía de la demandante y por ella misma supo que había comprado una bóveda y pagaba como $ 98.000 por ella, pero no sabe por cuánto tiempo. El segundo testigo, declara que trabajaba en la sucursal donde se produjo el asalto. A través de una compañera, Liliana, se enteró del hecho y que doña Rossana había muerto. El testigo concurrió al establecimiento y ahí un Carabinero le contó que al parecer eran dos hombres los que habían entrado a robar a la oficina y al parecer, Rossana iba entrando a ella con la muda de ropa sucia y la bandeja y se encontró con uno de los asaltantes, el otro se asustó y le disparó. Además, le dijo que el resto había que averiguarlo. Ese día Rossana cumplía turno de noche. Lo sabe porque entre todos sabían los turnos. Conoce el motel donde trabajaba doña Rossana y está ubicado en Américo Vespucio 0629, La Cisterna. El sector donde está ubicado el motel es peligroso, porque otras veces hubo asaltos y hacen 8 años atrás, murió un junior en un asalto al mismo motel en que murió doña Rossana; en esa oportunidad, supo, hubo una balacera y el junior se encontró en el medio, ya que los Cabineros llegaron de improviso. En el motel no hay medidas de seguridad, no hay guardias; el junior no cumple esas funciones, sólo realiza labores de aseo, mandados, anotar patentes y, de vez en cuando, baja o sube la barrera de protección que está ubicada antes de llegar a las cabañas y a la recepción donde se guarda el dinero. La recepción tiene una ventana desde dónde se ven la entrada al motel, los vehículos y las personas. Hay una alarma infrarroja que, si pasa un vehículo o una persona, suena. No hay sistema de seguridad para avisar a Carabineros. Por intermedio del sindicato, pidieron a la empresa un guardia de seguridad por los asaltos a los moteles, pero no fue aceptado porque la empresa no estaba en condiciones económicas de pagar. Contrainterrogado, declara que en la empresa cumple funciones de maestro de mantención y actualmente está en otra sucursal y el día 6 de mayo trabajaba en la sucursal de doña Rossana. En el libro de asistencia está registrado. No puede decir cómo se controla la salida de pasajeros en la noche porque no trabajaba en ese horario, pero en el día la barrera está arriba, algunos pasajeros avisan la salida, otros no. Si el pasajero avisa su salida, la camarera va a revisar la habitación y si no avisa, simplemente se va y si la barrera está arriba, no se detiene. El responsable de mantener la barrera abajo y de controlar la salida y entrada de pasajeros es el junior y lo hace cuando está en la oficina, ya que cumple otras funciones. El testigo veía que el junior cumplía funciones de aseo, mandados, tomar patentes y reponer stock; en el día, el testigo veía al junior subiendo o bajando la barrera. No lo veía trabajando en la noche, pero, sabe que regaba, tomaba patentes, bajaba y subía la barrera y reponía stock. Cuando estaba Rossana, el dinero lo retiraba doña Yolanda Margas y lo efectuaba todos los días en la mañana. Los fines de semana no se retiraba dinero, se hacía el día sábado en la mañana, en esa fecha no se retiraba el dinero el día domingo. La caja recaudadora es una oficina de fácil acceso y está frente a la cocina. Están juntas la cocina, la caja recaudadora y la recepción, No están separadas por paredes y son de fácil acceso. La oficina tiene puerta, pero igual se puede entrar a la oficina y la caja recaudadora está en un escritorio. Si una persona entra a asaltar el motel, salta un mesón y entra a la oficina. Cree que el dinero es depositado en una caja fuerte. Los Carabineros no efectúan rondas periódicas al establecimiento. Por lo que conversan ellos, van según la cajera que esté de turno, preguntan si ven a alguien para saber quién está de jefa, entran y saludan. Es presidente del sindicato de la empresa. Sabe que la madre de la actora, doña Rossana, arrendaba una casa y siempre hablaba de sus hijas; ella era separada, no sabe si el papá de sus hijas las ayuda económicamente. La actora debe tener unos 18 ó 19 años y estudia; cree que tiene una hermana chica, no sabe su edad, pero sabe que estudia. Las hijas de doña Rossana, cuando falleció, se tuvieron que ir a vivir con su abuela, la mamá de doña Rossana. No sabe si la abuela trabaja, pero es una persona de edad. Por lo que vieron en el velorio, sabe que no tienen recursos, por la casa en que vivían, que no era grande, sino chica y tenía una pared sólida y otras de madera. Hace un mes se encontró con la actora y ella le dijo que por el momento la ayudaba la tía quien le pasaba plata. Le contó que debió dejar la casa que arrendaban porque no tenían plata para pagar. No sabe si la empresa pagó las remuneraciones de doña Rossana. No sabe a cuánto asciende el monto del daño moral sufrido por la actora. SÉPTIMO: Que en orden a acreditar los fundamentos de sus alegaciones, la demandada rindió las siguientes probanzas: ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Documental: Agregada legalmente a los autos e inobjetada de contrario por causa legal a saber: a) carta dirigida por la empleadora a la Inspección de Trabajo, de fs. 57; b) actas de comparendo celebrados ante la Inspección del Trabajo, de fs. 58 y 59; c) copia de parte policial Nº 299, de fs. 60 y 61; d) factura emitida por servicios funerarios a nombre de la demandada, de fs. 62. Inspección personal del Tribunal: Solicitó se constituyera el Tribunal en el establecimiento en que ocurrió la muerte de la trabajadora, de cuya diligencia se levantó acta, la que rola a fs. 68. OCTAVO: Que el Tribunal, como medida para mejor resolver ordenó oficiar al 4º Juzgado del Crimen de San Miguel a fin que remitiera los autos en que se investiga la muerte de doña Rossana Bahamóndez Fuentes, rol 77.669 2. La causa fue tenida a la visa con citación, según consta a fs. 84. NOVENO: Que del mérito del tenor del libelo pretensor y del escrito de descargo y al no existir controversia entre las partes, se tienen como hechos de la causa que: la madre de la actora, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes, prestaba servicios para la empresa demandada, Moteles Ensueño Ltda.; que la trabajadora prestaba servicios de camarera en el establecimiento, debiendo cumplir, en lo sustancial, funciones de aseo de las cabañas; que con fecha 6 de mayo de 2001 y en circunstancias en que, en cumplimiento de sus funciones laborales, la Sra. Bahamóndez ingresaba a las oficinas de la empresa transportando ropa sucia y una bandeja que había retirado de la cabaña en que realizaba el aseo, fue interceptada por unos sujetos que asaltaban el lugar y uno de ellos efectuó un disparo en contra de la trabajadora; que producto del impacto de bala, la trabajadora falleció en el lugar. DÉCIMO: Que la actora ha concurrido a estrados solicitando sea declarada la responsabilidad del empleador por la muerte de su madre, toda vez que no habría cumplido con las precauciones tendientes a proteger la vida y seguridad de los trabajadores de la empresa y que, en virtud de ello, debe pagársele una indemnización por perjuicios morales, que avalúa en la suma de $ 150.000.000. La parte demandada se excepciona alegando que el hecho que causó la muerte de la trabajadora se debió a un caso fortuito, imposible de prever, como es la comisión de un delito, no imputable a la empresa. DECIMOPRIMERO: Que, en consecuencia, es menester dilucidar si la muerte de doña Rossana Bahamóndez Fuentes, madre de la actora, constituyó un caso fortuito por cuya ocurrencia, la empleadora no tiene responsabilidad o si, por el contrario, no tomó todas las providencias de resguardo que debía, conforme la ley lo obliga y según señala la demandante, producto de lo cual, la madre de la actora perdió la vida. DECIMOSEGUNDO: Que el art. 5º de la ley Nº 16.744 sobre Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, aplicable en la especie, señala que se entiende por accidente del trabajo “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su parte, el art. 184 del Código del Trabajo impone al empleador la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. A su vez, el inciso 2º del art. 1547 del Código Civil establece que el deudor (en este caso, el empleador no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora... o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa; el inciso 3º de la misma norma, señala que la prueba de diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la prueba del caso fortuito, al que lo alega. DECIMOTERCERO: Que de la concordancia y sistematización de las normas precitadas se desprenden las siguientes conclusiones: a) En virtud del contrato de trabajo, el empleador está obligado a cumplir con las normas de higiene y seguridad al interior de la empresa en favor de sus trabajadores, obligación que forma parte de las cláusulas de dicho convenio, por expresa autorización del art. 1546 del Código Civil. b) Que en caso de incumplimiento que ocasione daño, se expone a la responsabilidad contractual que de ello derive y que se traduce en el pago de las indemnizaciones correspondientes; c) Que las expresiones “a causa o con ocasión del trabajo”, deben entendérseles conforme su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, debido a que no existe definición legal al respecto, esto es, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que reza: “Causa: lo que se considera como fundamento u origen de algo”, y “Ocasión: oportunidad o comodidad de tiempo o lugar que se ofrece para ejecutar o conseguir una cosa”. Causa o motivo porque se hace o acaece una cosa”.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Documental: Agregada legalmente a los autos e inobjetada de contrario por causa legal a saber: a) carta dirigida por la empleadora a la Inspección de Trabajo, de fs. 57; b) actas de comparendo celebrados ante la Inspección del Trabajo, de fs. 58 y 59; c) copia de parte policial Nº 299, de fs. 60 y 61; d) factura emitida por servicios funerarios a nombre de la demandada, de fs. 62. Inspección personal del Tribunal: Solicitó se constituyera el Tribunal en el establecimiento en que ocurrió la muerte de la trabajadora, de cuya diligencia se levantó acta, la que rola a fs. 68. OCTAVO: Que el Tribunal, como medida para mejor resolver ordenó oficiar al 4º Juzgado del Crimen de San Miguel a fin que remitiera los autos en que se investiga la muerte de doña Rossana Bahamóndez Fuentes, rol 77.669 2. La causa fue tenida a la visa con citación, según consta a fs. 84. NOVENO: Que del mérito del tenor del libelo pretensor y del escrito de descargo y al no existir controversia entre las partes, se tienen como hechos de la causa que: la madre de la actora, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes, prestaba servicios para la empresa demandada, Moteles Ensueño Ltda.; que la trabajadora prestaba servicios de camarera en el establecimiento, debiendo cumplir, en lo sustancial, funciones de aseo de las cabañas; que con fecha 6 de mayo de 2001 y en circunstancias en que, en cumplimiento de sus funciones laborales, la Sra. Bahamóndez ingresaba a las oficinas de la empresa transportando ropa sucia y una bandeja que había retirado de la cabaña en que realizaba el aseo, fue interceptada por unos sujetos que asaltaban el lugar y uno de ellos efectuó un disparo en contra de la trabajadora; que producto del impacto de bala, la trabajadora falleció en el lugar. DÉCIMO: Que la actora ha concurrido a estrados solicitando sea declarada la responsabilidad del empleador por la muerte de su madre, toda vez que no habría cumplido con las precauciones tendientes a proteger la vida y seguridad de los trabajadores de la empresa y que, en virtud de ello, debe pagársele una indemnización por perjuicios morales, que avalúa en la suma de $ 150.000.000. La parte demandada se excepciona alegando que el hecho que causó la muerte de la trabajadora se debió a un caso fortuito, imposible de prever, como es la comisión de un delito, no imputable a la empresa. DECIMOPRIMERO: Que, en consecuencia, es menester dilucidar si la muerte de doña Rossana Bahamóndez Fuentes, madre de la actora, constituyó un caso fortuito por cuya ocurrencia, la empleadora no tiene responsabilidad o si, por el contrario, no tomó todas las providencias de resguardo que debía, conforme la ley lo obliga y según señala la demandante, producto de lo cual, la madre de la actora perdió la vida. DECIMOSEGUNDO: Que el art. 5º de la ley Nº 16.744 sobre Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, aplicable en la especie, señala que se entiende por accidente del trabajo “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su parte, el art. 184 del Código del Trabajo impone al empleador la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. A su vez, el inciso 2º del art. 1547 del Código Civil establece que el deudor (en este caso, el empleador no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora... o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa; el inciso 3º de la misma norma, señala que la prueba de diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la prueba del caso fortuito, al que lo alega. DECIMOTERCERO: Que de la concordancia y sistematización de las normas precitadas se desprenden las siguientes conclusiones: a) En virtud del contrato de trabajo, el empleador está obligado a cumplir con las normas de higiene y seguridad al interior de la empresa en favor de sus trabajadores, obligación que forma parte de las cláusulas de dicho convenio, por expresa autorización del art. 1546 del Código Civil. b) Que en caso de incumplimiento que ocasione daño, se expone a la responsabilidad contractual que de ello derive y que se traduce en el pago de las indemnizaciones correspondientes; c) Que las expresiones “a causa o con ocasión del trabajo”, deben entendérseles conforme su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, debido a que no existe definición legal al respecto, esto es, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que reza: “Causa: lo que se considera como fundamento u origen de algo”, y “Ocasión: oportunidad o comodidad de tiempo o lugar que se ofrece para ejecutar o conseguir una cosa”. Causa o motivo porque se hace o acaece una cosa”.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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En la especie, el accidente sufrido por la trabajadora no fue a causa del contrato de trabajo celebrado por ella, toda vez que éste no fue su fundamento y origen, sino que fue con ocasión del contrato de trabajo; en efecto, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes sufrió un impacto de bala que la mató con ocasión de encontrarse ella en su lugar de trabajo, durante su jornada laboral y desempeñando las labores para las cuales fue contratada. DECIMOCUARTO: Que conforme lo expuesto, esta sentenciadora ha arribado a la conclusión de que el accidente sufrido por la madre de la actora y que le ocasionó la muerte, según se acreditó en autos, constituyó un accidente del trabajo, conforme lo define la Legislación, puesto que doña Rossana Bahamóndez, ingresaba a las oficinas del establecimiento con ropa sucia y una bandeja luego de efectuar labores de aseo en una cabaña de la empresa y en cumplimiento de las labores que debía realizar, momento en el cual y al encontrarse de frente con dos sujetos que salían de la oficina, uno de ellos le disparó una bala en la cabeza, que le causó la muerte en el mismo lugar. DECIMOQUINTO: Que las circunstancias en que los hechos ocurrieron, según se ha acreditado con la testimonial rendida por la demandada y del expediente tenido a la vista del 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, demuestran que lejos de haber sido causada la muerte de la trabajadora por un caso fortuito, como lo alega el empleador, constituyó un incumplimiento a su deber de cuidado y protección a los trabajadores, toda vez que, conforme se ha acreditado, el sector en donde se encuentra ubicado el establecimiento en que cumplía funciones la occisa, es de riesgo por los asaltos y delitos contra las personas que se cometen, hecho que por lo demás, es de público conocimiento. Por su parte, los trabajadores de la empresa que declararon, tanto en la causa del crimen como en estos autos, señalan que a raíz de los riesgos que corrían, por la jornada nocturna y del sector en que se desempeñaban, habían solicitado, a través de su sindicato mayor protección como guardias de seguridad o cámaras de video, medidas que el empleador desechó y por no ser compatibles con naturaleza del giro del negocio o por una cuestión presupuestaria. A mayor abundamiento, la circunstancia de que las oficinas principales del motel y en las que se recepcionan los dineros, estén en la misma área en que las camareras deben ir a depositar las ropas sucias que sacan de las cabañas después de asearlas, constituye un riesgo adicional, al tener eventuales contactos con personas ajenas al recinto de las oficinas, como ocurrió en este caso, máxime si no existe personal de seguridad especialmente contratado para esas funciones. Por último, el hecho de ya haber sufrido el motel un asalto anterior con resultado de muerte de un junior del establecimiento, es ya una advertencia de que los medios de seguridad utilizados, no son suficientes. De este modo, el empleador no acreditó que el hecho que causó la muerte de su trabajadora se haya debido a un caso fortuito imposible de prever, ni menos acreditó el cumplimiento de su obligación de cuidado y protección hacia sus trabajadores. DECIMOSEXTO: Que de lo razonado precedentemente y por así autorizarlo la norma del art. 69 de la ley Nº 16.744, corresponde regular la indemnización por el daño moral experimentado por la hija de la víctima y demandante de estos autos, representado por el sufrimiento o afección sicológica que lesiona el espíritu al herir sentimientos de afecto y familia por la pérdida definitiva de la madre, quien, según se probó, era además el sostén familiar; con mayor razón si se deriva del incumplimiento culpable de obligaciones contractuales, desde el momento en que es un principio básico del derecho, que toda persona debe ser reparada por los actos que le causen daño, daño que esta sentenciadora regula prudencialmente en la suma de $ 30.000.000 que deberá ser pagada con más los intereses corrientes que se devenguen para operaciones no reajustables, desde que esta sentencia quede ejecutoriada. DECIMOSÉPTIMO: Que la prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana crítica y la no considerada no altera lo concluido. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 7, 8, 184, 420 y siguientes del Código del Trabajo; 3º, 4º, 19 y siguientes, 1545, 1546, 1547, 1698 del Código Civil; 144, 303 y 358 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: 1º. Que se rechaza la excepción de incompetencia del Tribunal. 2º. Que se rechazan las excepciones de falta de personería y de representación legal. 3º. Que se rechaza la tacha formulada por la demandada. 4º. Que se acoge la demanda de lo principal de fs. 1 en cuanto se condena a Moteles Ensueño Ltda., representada por don Julio César Hernández Ubeda, a pagar a doña Angie Marie Poblete Bahamóndez,

En la especie, el accidente sufrido por la trabajadora no fue a causa del contrato de trabajo celebrado por ella, toda vez que éste no fue su fundamento y origen, sino que fue con ocasión del contrato de trabajo; en efecto, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes sufrió un impacto de bala que la mató con ocasión de encontrarse ella en su lugar de trabajo, durante su jornada laboral y desempeñando las labores para las cuales fue contratada. DECIMOCUARTO: Que conforme lo expuesto, esta sentenciadora ha arribado a la conclusión de que el accidente sufrido por la madre de la actora y que le ocasionó la muerte, según se acreditó en autos, constituyó un accidente del trabajo, conforme lo define la Legislación, puesto que doña Rossana Bahamóndez, ingresaba a las oficinas del establecimiento con ropa sucia y una bandeja luego de efectuar labores de aseo en una cabaña de la empresa y en cumplimiento de las labores que debía realizar, momento en el cual y al encontrarse de frente con dos sujetos que salían de la oficina, uno de ellos le disparó una bala en la cabeza, que le causó la muerte en el mismo lugar. DECIMOQUINTO: Que las circunstancias en que los hechos ocurrieron, según se ha acreditado con la testimonial rendida por la demandada y del expediente tenido a la vista del 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, demuestran que lejos de haber sido causada la muerte de la trabajadora por un caso fortuito, como lo alega el empleador, constituyó un incumplimiento a su deber de cuidado y protección a los trabajadores, toda vez que, conforme se ha acreditado, el sector en donde se encuentra ubicado el establecimiento en que cumplía funciones la occisa, es de riesgo por los asaltos y delitos contra las personas que se cometen, hecho que por lo demás, es de público conocimiento. Por su parte, los trabajadores de la empresa que declararon, tanto en la causa del crimen como en estos autos, señalan que a raíz de los riesgos que corrían, por la jornada nocturna y del sector en que se desempeñaban, habían solicitado, a través de su sindicato mayor protección como guardias de seguridad o cámaras de video, medidas que el empleador desechó y por no ser compatibles con naturaleza del giro del negocio o por una cuestión presupuestaria. A mayor abundamiento, la circunstancia de que las oficinas principales del motel y en las que se recepcionan los dineros, estén en la misma área en que las camareras deben ir a depositar las ropas sucias que sacan de las cabañas después de asearlas, constituye un riesgo adicional, al tener eventuales contactos con personas ajenas al recinto de las oficinas, como ocurrió en este caso, máxime si no existe personal de seguridad especialmente contratado para esas funciones. Por último, el hecho de ya haber sufrido el motel un asalto anterior con resultado de muerte de un junior del establecimiento, es ya una advertencia de que los medios de seguridad utilizados, no son suficientes. De este modo, el empleador no acreditó que el hecho que causó la muerte de su trabajadora se haya debido a un caso fortuito imposible de prever, ni menos acreditó el cumplimiento de su obligación de cuidado y protección hacia sus trabajadores. DECIMOSEXTO: Que de lo razonado precedentemente y por así autorizarlo la norma del art. 69 de la ley Nº 16.744, corresponde regular la indemnización por el daño moral experimentado por la hija de la víctima y demandante de estos autos, representado por el sufrimiento o afección sicológica que lesiona el espíritu al herir sentimientos de afecto y familia por la pérdida definitiva de la madre, quien, según se probó, era además el sostén familiar; con mayor razón si se deriva del incumplimiento culpable de obligaciones contractuales, desde el momento en que es un principio básico del derecho, que toda persona debe ser reparada por los actos que le causen daño, daño que esta sentenciadora regula prudencialmente en la suma de $ 30.000.000 que deberá ser pagada con más los intereses corrientes que se devenguen para operaciones no reajustables, desde que esta sentencia quede ejecutoriada. DECIMOSÉPTIMO: Que la prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana crítica y la no considerada no altera lo concluido. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 7, 8, 184, 420 y siguientes del Código del Trabajo; 3º, 4º, 19 y siguientes, 1545, 1546, 1547, 1698 del Código Civil; 144, 303 y 358 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve: 1º. Que se rechaza la excepción de incompetencia del Tribunal. 2º. Que se rechazan las excepciones de falta de personería y de representación legal. 3º. Que se rechaza la tacha formulada por la demandada. 4º. Que se acoge la demanda de lo principal de fs. 1 en cuanto se condena a Moteles Ensueño Ltda., representada por don Julio César Hernández Ubeda, a pagar a doña Angie Marie Poblete Bahamóndez, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

San Miguel, veintinueve de abril de dos mil tres. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene, además presente. PRIMERO: Que habiéndose establecido por la Sra. Juez a quo en el motivo decimoquinto del fallo en alzada, el incumplimiento de la demandada al deber de cuidado y obligación de seguridad, consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo, surge para la actora, y para las demás personas a quienes los hechos causen daño sin perjuicio de las acciones criminales pertinentes, el derecho a reclamar a la empleadora, también las otras indemnizaciones que procedan, incluso el daño moral, según se prescribe en el artículo 69 de la ley Nº 16.744. SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 184, del Código del ramo, el empleador está obligado, a tomar todas las medidas necesarias, para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, proporcionando todos los implementos necesarios, para prevenir accidentes en el trabajo, teniendo presente que las normas de seguridad social, impuestas por imperativo social al empleador, no se agotan ni satisfacen con exhortaciones ni prevenciones hechas a la sola buena voluntad del trabajador, sino que sólo han de tenérselas por existentes cuando el empleador mantiene materiales constantes y supervigilancia auténtica en cuanto a la forma como deba o haya de desarrollarse la actividad laboral del trabajador. TERCERO: Que en la causa que se revisa, el empleador no logró acreditar un hecho que le exima de culpa, en efecto, no probó que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó los elementos o implementos requeridos y a su alcance, para evitar accidentes en el trabajo, otorgando la máxima seguridad posible en la faena, por lo que, siendo esto efectivo, se comparte la opinión de la Sra. Juez de la instancia en orden a dar lugar a la indemnización por daño moral solicitada. CUARTO: Que la sentenciadora a quo al dar lugar a la indemnización reclamada por la actora y fijar prudencialmente el daño moral en la suma indicada en la decisión cuarta del fallo en comento, sin duda tuvo en consideración, como se desprende de la sola lectura del mismo, que la actora a la muerte de su madre debía asumir la educación y establecimiento de ella y su hermana menor de diez años de edad, terminando la crianza de ésta; QUINTO: Que a mayor abundamiento, cabe entender, que la señora Juez a quo al resolver la contienda producida entre la actora y la demandada, una vez oídas las partes y producidas las pruebas respectivas, apreció prudencialmente el monto total, del daño inmaterial cuya compensación cabía otorgar a la actora y a su hermana menor, ante la pérdida del único sostén de ambas, y de las expectativas en todos los órdenes de relaciones que las dos tenían en su madre. SEXTO: Que por último se desprende del fallo en examen, que los perjuicios causados a la actora y a su hermana menor son idénticos, valorándose el demandado en este litigio de acuerdo con el mérito notorio de los antecedentes colacionados a él, en especial a la entidad del daño causado que ha sido precisamente la muerte de la madre de la actora y su hermana menor, pero en forma prudencial, reiterándose la idea que compensar el perjuicio material o moral no constituye derecho a lucro. Por estas consideraciones, textos legales citados y lo previsto en el artículo 465 del Código del Trabajó se confirma la sentencia de catorce de mayo de dos mil dos, escrita a fs 86 y siguientes, con declaración que la indemnización regulada en $ 30.000.000 treinta millones de pesos lo es por el daño moral integral de la demandante Angie María Poblete Bahamóndez y su hermana menor Alexandra Vanessa Bahamóndez Bahamóndez.

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II. SENTENCIA CORTE DE APELACIONES

la suma de $ 30.000.000 a título de indemnización por el daño moral que le causó la muerte de su madre, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes, provocada por un accidente de trabajo. 5º. Que la suma ordenada pagar, devengará los intereses corrientes para operaciones no reajustables desde que la sentencia quede ejecutoriada. 6º. Que se condena en costas a la demandada por haber sido totalmente vencida. Regístrese notifíquese y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Cecilia Loma Osorio Pérez, Juez Titular. Rol Nº 2.670 2001.

la suma de $ 30.000.000 a título de indemnización por el daño moral que le causó la muerte de su madre, doña Rossana del Carmen Bahamóndez Fuentes, provocada por un accidente de trabajo. 5º. Que la suma ordenada pagar, devengará los intereses corrientes para operaciones no reajustables desde que la sentencia quede ejecutoriada. 6º. Que se condena en costas a la demandada por haber sido totalmente vencida. Regístrese notifíquese y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Cecilia Loma Osorio Pérez, Juez Titular. Rol Nº 2.670 2001.

II. SENTENCIA CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

San Miguel, veintinueve de abril de dos mil tres. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene, además presente. PRIMERO: Que habiéndose establecido por la Sra. Juez a quo en el motivo decimoquinto del fallo en alzada, el incumplimiento de la demandada al deber de cuidado y obligación de seguridad, consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo, surge para la actora, y para las demás personas a quienes los hechos causen daño sin perjuicio de las acciones criminales pertinentes, el derecho a reclamar a la empleadora, también las otras indemnizaciones que procedan, incluso el daño moral, según se prescribe en el artículo 69 de la ley Nº 16.744. SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 184, del Código del ramo, el empleador está obligado, a tomar todas las medidas necesarias, para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, proporcionando todos los implementos necesarios, para prevenir accidentes en el trabajo, teniendo presente que las normas de seguridad social, impuestas por imperativo social al empleador, no se agotan ni satisfacen con exhortaciones ni prevenciones hechas a la sola buena voluntad del trabajador, sino que sólo han de tenérselas por existentes cuando el empleador mantiene materiales constantes y supervigilancia auténtica en cuanto a la forma como deba o haya de desarrollarse la actividad laboral del trabajador. TERCERO: Que en la causa que se revisa, el empleador no logró acreditar un hecho que le exima de culpa, en efecto, no probó que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó los elementos o implementos requeridos y a su alcance, para evitar accidentes en el trabajo, otorgando la máxima seguridad posible en la faena, por lo que, siendo esto efectivo, se comparte la opinión de la Sra. Juez de la instancia en orden a dar lugar a la indemnización por daño moral solicitada. CUARTO: Que la sentenciadora a quo al dar lugar a la indemnización reclamada por la actora y fijar prudencialmente el daño moral en la suma indicada en la decisión cuarta del fallo en comento, sin duda tuvo en consideración, como se desprende de la sola lectura del mismo, que la actora a la muerte de su madre debía asumir la educación y establecimiento de ella y su hermana menor de diez años de edad, terminando la crianza de ésta; QUINTO: Que a mayor abundamiento, cabe entender, que la señora Juez a quo al resolver la contienda producida entre la actora y la demandada, una vez oídas las partes y producidas las pruebas respectivas, apreció prudencialmente el monto total, del daño inmaterial cuya compensación cabía otorgar a la actora y a su hermana menor, ante la pérdida del único sostén de ambas, y de las expectativas en todos los órdenes de relaciones que las dos tenían en su madre. SEXTO: Que por último se desprende del fallo en examen, que los perjuicios causados a la actora y a su hermana menor son idénticos, valorándose el demandado en este litigio de acuerdo con el mérito notorio de los antecedentes colacionados a él, en especial a la entidad del daño causado que ha sido precisamente la muerte de la madre de la actora y su hermana menor, pero en forma prudencial, reiterándose la idea que compensar el perjuicio material o moral no constituye derecho a lucro. Por estas consideraciones, textos legales citados y lo previsto en el artículo 465 del Código del Trabajó se confirma la sentencia de catorce de mayo de dos mil dos, escrita a fs 86 y siguientes, con declaración que la indemnización regulada en $ 30.000.000 treinta millones de pesos lo es por el daño moral integral de la demandante Angie María Poblete Bahamóndez y su hermana menor Alexandra Vanessa Bahamóndez Bahamóndez.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Agréguese copia de esta sentencia en la causa vista conjunta rol 516 02Tr entre las mismas partes. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez. Pronunciado por las Ministros señoras Carmen Carvajal Maureira, María Teresa Letelier Ramírez y Abogado Integrante señor Fernando Iturra Astudillo. Ingreso Nº 264 2002.

III. SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, once de mayo de dos mil cuatro. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que este Tribunal ha advertido que a fojas 17 la demandada opuso la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, contemplada en el artículo 303 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, atendida la materia reclamada, la que no estaría comprendida en el artículo 420 del Código del Trabajo, ya que el accidente que ocasionó la muerte de la trabajadora se habría debido a un caso fortuito. SEGUNDO: Que de la excepción referida precedentemente se confirió trasladó a la demandante y el cinco de octubre de dos mil uno, según se lee de fojas 29, el tribunal a quo tuvo por evacuado el trámite en rebeldía de la actora y dejó la resolución de la excepción para definitiva, sin perjuicio que, en conformidad al artículo 440 del Código del Trabajo pudo resolver la excepción alegada en esa oportunidad procesal. TERCERO: Que con arreglo al artículo 437 del Código del Trabajo “El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá, asimismo, tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento, norma que el Tribunal laboral debió aplicar, tomando en consideración las partes involucradas en la litis. CUARTO: Que, esta Corte ha decidido reiteradamente que en el caso, es decir, en que la demandante acciona, en su calidad de hija del la trabajadora fallecida, a objeto que la demandada sea condenada a indemnizarle los perjuicios que detalla por daño moral, la competencia no corresponde a los tribunales del trabajo. QUINTO: Que, en efecto, al respecto cabe señalar que la responsabilidad contractual es la que emana de la existencia de un vínculo previo entre la parte que reclama la indemnización y aquella a la cual se la demanda, y la responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un hecho ilícito que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En ambos casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen al resarcimiento respectivo, pero, en la primera de ellas, necesariamente debe existir una vinculación entre las partes y, en la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, además, que tratándose de materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, no puede estimarse que la responsabilidad del empleador derive propia y únicamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia y es esta legislación laboral la que impone el deber u obligación de seguridad al empleador. SEXTO: Que, según aparece del libelo presentado, la demandante es un tercero que no tiene ni ha acreditado relación contractual alguna con el demandado. No se trata de una cuestión entre trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido acción en calidad de sucesora de la dependiente afectada. Es decir, ciertamente entonces, la hija de la trabajadora fallecida pretende hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que ninguna vinculación la ha unido al demandado, por ende, no puede considerarse, en este caso, que la proteja la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes. SÉPTIMO: Que, establecida la naturaleza de la responsabilidad de que se trata, esto es, extracontractual, ha de asentarse, como se dijo, que los juzgados laborales no son competentes para conocer de este pleito. Al respecto, cabe traer a colación la norma contenida en el artículo 420 f) del Código del Trabajo, que establece: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: f) los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744.”

Santiago, once de mayo de dos mil cuatro. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que este Tribunal ha advertido que a fojas 17 la demandada opuso la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, contemplada en el artículo 303 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, atendida la materia reclamada, la que no estaría comprendida en el artículo 420 del Código del Trabajo, ya que el accidente que ocasionó la muerte de la trabajadora se habría debido a un caso fortuito. SEGUNDO: Que de la excepción referida precedentemente se confirió trasladó a la demandante y el cinco de octubre de dos mil uno, según se lee de fojas 29, el tribunal a quo tuvo por evacuado el trámite en rebeldía de la actora y dejó la resolución de la excepción para definitiva, sin perjuicio que, en conformidad al artículo 440 del Código del Trabajo pudo resolver la excepción alegada en esa oportunidad procesal. TERCERO: Que con arreglo al artículo 437 del Código del Trabajo “El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá, asimismo, tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento, norma que el Tribunal laboral debió aplicar, tomando en consideración las partes involucradas en la litis. CUARTO: Que, esta Corte ha decidido reiteradamente que en el caso, es decir, en que la demandante acciona, en su calidad de hija del la trabajadora fallecida, a objeto que la demandada sea condenada a indemnizarle los perjuicios que detalla por daño moral, la competencia no corresponde a los tribunales del trabajo. QUINTO: Que, en efecto, al respecto cabe señalar que la responsabilidad contractual es la que emana de la existencia de un vínculo previo entre la parte que reclama la indemnización y aquella a la cual se la demanda, y la responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un hecho ilícito que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En ambos casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen al resarcimiento respectivo, pero, en la primera de ellas, necesariamente debe existir una vinculación entre las partes y, en la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, además, que tratándose de materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, no puede estimarse que la responsabilidad del empleador derive propia y únicamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia y es esta legislación laboral la que impone el deber u obligación de seguridad al empleador. SEXTO: Que, según aparece del libelo presentado, la demandante es un tercero que no tiene ni ha acreditado relación contractual alguna con el demandado. No se trata de una cuestión entre trabajador y empleador, ni tampoco se ha ejercido acción en calidad de sucesora de la dependiente afectada. Es decir, ciertamente entonces, la hija de la trabajadora fallecida pretende hacer efectiva una responsabilidad de naturaleza extracontractual, ya que ninguna vinculación la ha unido al demandado, por ende, no puede considerarse, en este caso, que la proteja la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes. SÉPTIMO: Que, establecida la naturaleza de la responsabilidad de que se trata, esto es, extracontractual, ha de asentarse, como se dijo, que los juzgados laborales no son competentes para conocer de este pleito. Al respecto, cabe traer a colación la norma contenida en el artículo 420 f) del Código del Trabajo, que establece: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: f) los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744.”

III. SENTENCIA DE CASACIÓN Agréguese copia de esta sentencia en la causa vista conjunta rol 516 02Tr entre las mismas partes. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez. Pronunciado por las Ministros señoras Carmen Carvajal Maureira, María Teresa Letelier Ramírez y Abogado Integrante señor Fernando Iturra Astudillo. Ingreso Nº 264 2002. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, once de mayo de dos mil cuatro. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que la demandada ha opuesto la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal que conoce del proceso, argumentando, como se dijo, que el accidente de trabajo sufrido por la madre fallecida de la actora se debió a un caso fortuito como consecuencia de haber sido víctima de un asalto criminal en el lugar donde ella trabajaba. SEGUNDO: Que, en conformidad a lo razonado en la sentencia que precede, el Juzgado Laboral resulta incompetente para conocer de la acción intentada por la hija de la trabajadora fallecida, en atención a que se trata de una tercera sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 415 y siguientes del Código del Trabajo se acoge, sin costas, la excepción de incompetencia absoluta opuesta en lo principal de fojas 17 y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de diez de agosto de dos mil uno, de fojas 11 y proveyendo la demanda de fojas 1, a lo principal, primer y segundo y tercer otrosí, ocúrrase ante quién corresponda. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 2.610 03. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Santiago, 11 de mayo de 2004.

OCTAVO: Que, en consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos tendiente a hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la trabajadora fallecida, a título personal, por la hija de esa trabajadora, no es de la competencia de los juzgados laborales, de manera que procede acoger la excepción opuesta por la demandada. NOVENO: Que, a mayor abundamiento, cabe indicar que, si bien la actora argumenta en su libelo que la responsabilidad, que persigue deriva del incumplimiento por parte del empleador de su madre fallecida, del deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, tal mención resulta insuficiente para hacer competente al juzgado del trabajo, ya que, como se señaló ningún nexo de naturaleza contractual la unió al demandado, no actúa tampoco como sucesora de la afectada y porque en el derecho propio que invoca, ningún efecto deriva del contrato que haya podido existir entre la víctima y el empleador. DÉCIMO: Que en conformidad a lo dispuesto en el citado artículo 437 del Código del Trabajo e inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal dispondrá la nulidad de las actuaciones, resoluciones y notificaciones que se individualizan en lo dispositivo de esta decisión. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se anulan, de oficio, desde la resolución de cinco de octubre de dos mil uno, que se lee a fojas 29, con su respectiva notificación y todas las posteriores actuaciones, resoluciones y notificaciones realizadas en este proceso, incluidas las sentencias de primera y segunda instancia con sus notificaciones y se retrotrae la presente causa al estado de resolver la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada Moteles Ensueño Limitada a fojas 17, de la manera como se dirá en la sentencia que se dicta a continuación. Atendido lo resuelto, se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación en el fondo interpuestos por la demandada a fojas 159 y por el demandante a fojas 171. Regístrese. Rol Nº 2.610 03. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Alvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Santiago, 11 de mayo de 2004.

IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO

IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO

OCTAVO: Que, en consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos tendiente a hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la trabajadora fallecida, a título personal, por la hija de esa trabajadora, no es de la competencia de los juzgados laborales, de manera que procede acoger la excepción opuesta por la demandada. NOVENO: Que, a mayor abundamiento, cabe indicar que, si bien la actora argumenta en su libelo que la responsabilidad, que persigue deriva del incumplimiento por parte del empleador de su madre fallecida, del deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, tal mención resulta insuficiente para hacer competente al juzgado del trabajo, ya que, como se señaló ningún nexo de naturaleza contractual la unió al demandado, no actúa tampoco como sucesora de la afectada y porque en el derecho propio que invoca, ningún efecto deriva del contrato que haya podido existir entre la víctima y el empleador. DÉCIMO: Que en conformidad a lo dispuesto en el citado artículo 437 del Código del Trabajo e inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal dispondrá la nulidad de las actuaciones, resoluciones y notificaciones que se individualizan en lo dispositivo de esta decisión. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se anulan, de oficio, desde la resolución de cinco de octubre de dos mil uno, que se lee a fojas 29, con su respectiva notificación y todas las posteriores actuaciones, resoluciones y notificaciones realizadas en este proceso, incluidas las sentencias de primera y segunda instancia con sus notificaciones y se retrotrae la presente causa al estado de resolver la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada Moteles Ensueño Limitada a fojas 17, de la manera como se dirá en la sentencia que se dicta a continuación. Atendido lo resuelto, se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación en el fondo interpuestos por la demandada a fojas 159 y por el demandante a fojas 171. Regístrese. Rol Nº 2.610 03. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Alvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Santiago, 11 de mayo de 2004.

Santiago, once de mayo de dos mil cuatro. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que la demandada ha opuesto la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal que conoce del proceso, argumentando, como se dijo, que el accidente de trabajo sufrido por la madre fallecida de la actora se debió a un caso fortuito como consecuencia de haber sido víctima de un asalto criminal en el lugar donde ella trabajaba. SEGUNDO: Que, en conformidad a lo razonado en la sentencia que precede, el Juzgado Laboral resulta incompetente para conocer de la acción intentada por la hija de la trabajadora fallecida, en atención a que se trata de una tercera sin vinculación contractual con el demandado y que, además, no actúa en representación de la sucesión de la afectada. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 415 y siguientes del Código del Trabajo se acoge, sin costas, la excepción de incompetencia absoluta opuesta en lo principal de fojas 17 y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de diez de agosto de dos mil uno, de fojas 11 y proveyendo la demanda de fojas 1, a lo principal, primer y segundo y tercer otrosí, ocúrrase ante quién corresponda. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 2.610 03. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Santiago, 11 de mayo de 2004.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 13-2000 Cita online: CL/JUR/2366/2000 I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, 26 de febrero de 1999. VISTOS: A fojas 3 y siguientes, comparece doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso, peluquera, por sí y en su calidad de representante legal de su hijo menor de edad, Yerko Antonio Daza Díaz, ambos domiciliados en calle Gobernador Muñoz Gamero 1425, Renca, quien interpone demanda ordinaria del trabajo contra don Santiago Miranda Cassuni, contratista, domiciliado en calle Lapihue Nº 7301, La Florida, por sí y en representación de R y M Ingeniería Ltda., ambos domiciliados en San Antonio 50, oficina 405, Santiago; y en contra de Compañía de Teléfonos de Chile S.A. en adelante CTC representada legalmente por don Jacinto Díaz Sánchez, ignora oficio, ambos domiciliados en Avda. Apoquindo Nº 4499, piso 10, Las Condes. Funda su demanda en la muerte de don Luis Antonio Daza San Martín ocurrida en un accidente del trabajo sufrido en la ejecución de una obra en Froilán Roa 5661 de la comuna de La Florida correspondiente al Edificio de CTC Mundo. Indica que el Sr. Daza prestaba servicios para el Sr. Miranda y/o para la empresa R y M Ingeniería Limitada, quienes eran contratistas en electricidad y que en este contexto CTC encomendó a don Santiago Miranda la ejecución de instalaciones eléctricas en el edificio señalado y en el desempeño de tales obras éste tuvo el 27 de marzo de 1995 un grave accidente. Explica que ese día, alrededor de las 16:45 horas, el Sr. Daza junto a un compañero debían instalar un tablero eléctrico en el 5º piso del edificio para lo cual procedieron a subirlo por la escalera hasta el 2º piso, una vez allí lo pusieron en el montecarga y al llegar éste al 5º piso, el Sr. Daza se subió a él para sacarlo de allí y en ese momento se desplomó, cayendo hasta el subterráneo, a raíz de lo cual sufrió lesiones gravísimas que le ocasionaron la muerte luego de ocho días de agonía. Expresa que el accidente se produjo por desperfectos en el ascensor o montacarga en que los trabajadores accidentados trataron de subir el tablero eléctrico y/o por no habérseles advertido que dicho aparato no estaba habilitado y que no podía usarse para el transporte que ellos necesitaban. Argumenta que los demandados son responsables del accidente en que falleciera el Sr. Daza, desde que estando obligado el empleador a tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores al momento del accidente no les había facilitado implemento de seguridad alguno. Agrega que cuando debían realizar labores en obras de otras empresas, su empleador no coordinaba el resguardo respecto de ellos. Manifiesta que la responsabilidad de su ex empleador emana del artículo 184 del Código del Trabajo en tanto que la de la CTC deriva de la responsabilidad subsidiaria establecida en el artículo 64 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de la responsabilidad directa que pudiese tener por disposición del artículo 69 de la ley Nº 16.744. Culmina, señalando que el accidente se produjo por haberse cortado los cables sostenedores del elevador que existía en la obra sin que se les hubiese advertido tal hecho. Añade que don Luis Daza San Martín era su pareja al momento del fatídico accidente y con el producto de su trabajo le proporcionaba sustento a ella y a su hijo. Le describe como joven, sin vicios, de buena salud y con una remuneración mensual promedio de $ 275.816 que eran íntegramente destinados al mantenimiento del hogar común. En consecuencia calcula el daño emergente en la cantidad de $ 95.322.010 resultante de multiplicar la remuneración del Sr. Daza por los meses de vida activa que le quedaban hasta jubilar por vejez (36 años), descontando un 20% para gastos personales de él. Avalúa el daño moral en la suma de $ 120.000.000, toda vez que el occiso era un excelente jefe de hogar, fiel compañero y cariñoso padre de familia. Solicita que, en definitiva, se declare que los demandados en las calidades signadas deben responder por el daño material y moral ocasionados a los actores por la muerte del Sr. Daza en las circunstancias relatadas en los montos indicados, con reajustes, intereses y costas.

Santiago, 26 de febrero de 1999. VISTOS: A fojas 3 y siguientes, comparece doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso, peluquera, por sí y en su calidad de representante legal de su hijo menor de edad, Yerko Antonio Daza Díaz, ambos domiciliados en calle Gobernador Muñoz Gamero 1425, Renca, quien interpone demanda ordinaria del trabajo contra don Santiago Miranda Cassuni, contratista, domiciliado en calle Lapihue Nº 7301, La Florida, por sí y en representación de R y M Ingeniería Ltda., ambos domiciliados en San Antonio 50, oficina 405, Santiago; y en contra de Compañía de Teléfonos de Chile S.A. en adelante CTC representada legalmente por don Jacinto Díaz Sánchez, ignora oficio, ambos domiciliados en Avda. Apoquindo Nº 4499, piso 10, Las Condes. Funda su demanda en la muerte de don Luis Antonio Daza San Martín ocurrida en un accidente del trabajo sufrido en la ejecución de una obra en Froilán Roa 5661 de la comuna de La Florida correspondiente al Edificio de CTC Mundo. Indica que el Sr. Daza prestaba servicios para el Sr. Miranda y/o para la empresa R y M Ingeniería Limitada, quienes eran contratistas en electricidad y que en este contexto CTC encomendó a don Santiago Miranda la ejecución de instalaciones eléctricas en el edificio señalado y en el desempeño de tales obras éste tuvo el 27 de marzo de 1995 un grave accidente. Explica que ese día, alrededor de las 16:45 horas, el Sr. Daza junto a un compañero debían instalar un tablero eléctrico en el 5º piso del edificio para lo cual procedieron a subirlo por la escalera hasta el 2º piso, una vez allí lo pusieron en el montecarga y al llegar éste al 5º piso, el Sr. Daza se subió a él para sacarlo de allí y en ese momento se desplomó, cayendo hasta el subterráneo, a raíz de lo cual sufrió lesiones gravísimas que le ocasionaron la muerte luego de ocho días de agonía. Expresa que el accidente se produjo por desperfectos en el ascensor o montacarga en que los trabajadores accidentados trataron de subir el tablero eléctrico y/o por no habérseles advertido que dicho aparato no estaba habilitado y que no podía usarse para el transporte que ellos necesitaban. Argumenta que los demandados son responsables del accidente en que falleciera el Sr. Daza, desde que estando obligado el empleador a tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores al momento del accidente no les había facilitado implemento de seguridad alguno. Agrega que cuando debían realizar labores en obras de otras empresas, su empleador no coordinaba el resguardo respecto de ellos. Manifiesta que la responsabilidad de su ex empleador emana del artículo 184 del Código del Trabajo en tanto que la de la CTC deriva de la responsabilidad subsidiaria establecida en el artículo 64 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de la responsabilidad directa que pudiese tener por disposición del artículo 69 de la ley Nº 16.744. Culmina, señalando que el accidente se produjo por haberse cortado los cables sostenedores del elevador que existía en la obra sin que se les hubiese advertido tal hecho. Añade que don Luis Daza San Martín era su pareja al momento del fatídico accidente y con el producto de su trabajo le proporcionaba sustento a ella y a su hijo. Le describe como joven, sin vicios, de buena salud y con una remuneración mensual promedio de $ 275.816 que eran íntegramente destinados al mantenimiento del hogar común. En consecuencia calcula el daño emergente en la cantidad de $ 95.322.010 resultante de multiplicar la remuneración del Sr. Daza por los meses de vida activa que le quedaban hasta jubilar por vejez (36 años), descontando un 20% para gastos personales de él. Avalúa el daño moral en la suma de $ 120.000.000, toda vez que el occiso era un excelente jefe de hogar, fiel compañero y cariñoso padre de familia. Solicita que, en definitiva, se declare que los demandados en las calidades signadas deben responder por el daño material y moral ocasionados a los actores por la muerte del Sr. Daza en las circunstancias relatadas en los montos indicados, con reajustes, intereses y costas.

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 13-2000 Cita online: CL/JUR/2366/2000 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A fojas 19 y siguientes, los principales demandados contestan la demanda, solicitando su rechazo, con costas. En primer término, oponen las excepciones dilatorias de incompetencia del tribunal y de falta de representación. Aclara, además, que a partir del 6 de febrero de 1995, el único empleador del Sr. Daza era don Santiago Miranda Cassuni conforme a contrato escrito en que se le reconoció su antiguedad con R y M Ingeniería Ltda., razón por la cual, la demanda contra la sociedad resulta absolutamente improcedente. Contestando derechamente el fondo de la demanda, reconoce los hechos que produjeron la muerte del Sr. Daza en la manera como los ha relatado la parte demandante, mas hace presente las siguientes circunstancias: a) El montacargas no era de propiedad ni uso del Sr. Miranda, sino que de la CTC, no estando facultados para su empleo sus dependientes como era el caso del fallecido Daza; b) Lo anterior estaba en conocimiento de Luis Daza como lo prueba el hecho de que subieran el tablero eléctrico a pulso hasta el 2º piso; c) Se desprende de los hechos relatados que asumió el riesgo de que el montacarga soportara el peso del tablero eléctrico; y d) Intuía que el elevador no aguantaría dicho peso, porque sino se hubiese subido a él junto con el tablero eléctrico en el segundo piso. Alega que ninguna responsabilidad extracontractual le corresponde en el accidente que motiva la demanda, toda vez que la labor encomendada tenía por objeto subir al 5º piso de la edificación un tablero eléctrico y proceder a su instalación, labor para la cual Luis Daza no estaba facultado para usar el montacarga que pertenecía a otra empresa. Insiste en que ello era conocido por sus empleados y que, además éstos no podían ignorar que la capacidad del elevador no estaba acorde con la que pretendían colocarle. Concluye, indicando que la causa del accidente fue un caso fortuito motivado por la fatiga de materiales del montacarga o temerario descuido del Sr. Daza. Subsidiariamente, ataca los montos demandados como daños. Hace presente que la parte demandante confunde el daño emergente perjuicio patrimonial efectivamente causado con el lucro cesante o ganancia que deja de percibirse. Respecto del daño emergente afirma que no hay daño emergente que indemnizar ya que no hay gasto efectuado que se demande y que sea demostrable tanto en la hospitalización como sepultación. Sostiene que el lucro cesante es improcedente en caso de fallecimiento, ya que en tal evento sólo procede la indemnización por daño moral. Hace presente además que la demandante Sra. Díaz carece de título legal para demandar lucro cesante. Advierte que el monto demandado por este concepto es arbitrario y se basa en meras especulaciones que no resultan serias. Sobre la indemnización por daño moral vuelve a alegar la carencia de título legal para demandar de la Sra. Díaz y en lo referido al monto indica que la jurisprudencia de nuestros tribunales no fija sumas superiores a $ 3.000.000 incluso cuando media un delito. Culmina, expresando que una eventual indemnización por daño moral deben reducirse porque el Sr. Daza se expuso imprudentemente al daño causado. A fojas 24, la parte demandante señala como nuevo domicilio de la demandada subsidiaria el de Avda. Providencia 111, Providencia, y a fojas 28 y siguientes contesta la excepciones dilatorias opuestas por la contraparte, cuya resolución se dejó para definitiva, como consta a fojas 34. A fojas 38 y siguientes, CTC S.A. contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. En primer lugar, opone las excepciones de incompetencia del Tribunal, falta de titularidad de la acción, falta de representación legal, prescripción y beneficio de excusión. Contestando derechamente el fondo expone que no tiene responsabilidad como tercero civilmente responsable, ya que todas las faenas de construcción en el edificio en que ocurrió el accidente era de responsabilidad de la empresa contratista Econar S.A. con quien CTC suscribió un contrato de construcción por suma alzada. Añade que la empresa Raab Rochette instaló una plataforma de trabajo mal llamada montacarga en la demanda, en el edificio para efectuar el montaje de soportes de guías y guías para el ascensor y que Raab Rochette instruyó al Jefe de Obra de Econar S.A. de que ella no estaba diseñada para el trasporte de personas y cargas pesadas. Por ello el Jefe de Obra no autorizó su empleo por personal de la obra, no obstante lo cual personal del subcontratista eléctrico (Sr. Miranda) manifestó su intención para utilizarla en el traslado de dos tableros, ya que en otras oportunidades se había realizado dicha labor sin dificultad. Alega que tampoco le cabe responsabilidad subsidiaria en los términos del artículo 64 del Código del Trabajo, toda vez que el Sr. Santiago Miranda no es ni ha sido contratista suyo y al efecto reitera que suscribió contrato para la construcción del edificio con Econar S.A. En consecuencia señala que el éxito

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A fojas 19 y siguientes, los principales demandados contestan la demanda, solicitando su rechazo, con costas. En primer término, oponen las excepciones dilatorias de incompetencia del tribunal y de falta de representación. Aclara, además, que a partir del 6 de febrero de 1995, el único empleador del Sr. Daza era don Santiago Miranda Cassuni conforme a contrato escrito en que se le reconoció su antiguedad con R y M Ingeniería Ltda., razón por la cual, la demanda contra la sociedad resulta absolutamente improcedente. Contestando derechamente el fondo de la demanda, reconoce los hechos que produjeron la muerte del Sr. Daza en la manera como los ha relatado la parte demandante, mas hace presente las siguientes circunstancias: a) El montacargas no era de propiedad ni uso del Sr. Miranda, sino que de la CTC, no estando facultados para su empleo sus dependientes como era el caso del fallecido Daza; b) Lo anterior estaba en conocimiento de Luis Daza como lo prueba el hecho de que subieran el tablero eléctrico a pulso hasta el 2º piso; c) Se desprende de los hechos relatados que asumió el riesgo de que el montacarga soportara el peso del tablero eléctrico; y d) Intuía que el elevador no aguantaría dicho peso, porque sino se hubiese subido a él junto con el tablero eléctrico en el segundo piso. Alega que ninguna responsabilidad extracontractual le corresponde en el accidente que motiva la demanda, toda vez que la labor encomendada tenía por objeto subir al 5º piso de la edificación un tablero eléctrico y proceder a su instalación, labor para la cual Luis Daza no estaba facultado para usar el montacarga que pertenecía a otra empresa. Insiste en que ello era conocido por sus empleados y que, además éstos no podían ignorar que la capacidad del elevador no estaba acorde con la que pretendían colocarle. Concluye, indicando que la causa del accidente fue un caso fortuito motivado por la fatiga de materiales del montacarga o temerario descuido del Sr. Daza. Subsidiariamente, ataca los montos demandados como daños. Hace presente que la parte demandante confunde el daño emergente perjuicio patrimonial efectivamente causado con el lucro cesante o ganancia que deja de percibirse. Respecto del daño emergente afirma que no hay daño emergente que indemnizar ya que no hay gasto efectuado que se demande y que sea demostrable tanto en la hospitalización como sepultación. Sostiene que el lucro cesante es improcedente en caso de fallecimiento, ya que en tal evento sólo procede la indemnización por daño moral. Hace presente además que la demandante Sra. Díaz carece de título legal para demandar lucro cesante. Advierte que el monto demandado por este concepto es arbitrario y se basa en meras especulaciones que no resultan serias. Sobre la indemnización por daño moral vuelve a alegar la carencia de título legal para demandar de la Sra. Díaz y en lo referido al monto indica que la jurisprudencia de nuestros tribunales no fija sumas superiores a $ 3.000.000 incluso cuando media un delito. Culmina, expresando que una eventual indemnización por daño moral deben reducirse porque el Sr. Daza se expuso imprudentemente al daño causado. A fojas 24, la parte demandante señala como nuevo domicilio de la demandada subsidiaria el de Avda. Providencia 111, Providencia, y a fojas 28 y siguientes contesta la excepciones dilatorias opuestas por la contraparte, cuya resolución se dejó para definitiva, como consta a fojas 34. A fojas 38 y siguientes, CTC S.A. contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. En primer lugar, opone las excepciones de incompetencia del Tribunal, falta de titularidad de la acción, falta de representación legal, prescripción y beneficio de excusión. Contestando derechamente el fondo expone que no tiene responsabilidad como tercero civilmente responsable, ya que todas las faenas de construcción en el edificio en que ocurrió el accidente era de responsabilidad de la empresa contratista Econar S.A. con quien CTC suscribió un contrato de construcción por suma alzada. Añade que la empresa Raab Rochette instaló una plataforma de trabajo mal llamada montacarga en la demanda, en el edificio para efectuar el montaje de soportes de guías y guías para el ascensor y que Raab Rochette instruyó al Jefe de Obra de Econar S.A. de que ella no estaba diseñada para el trasporte de personas y cargas pesadas. Por ello el Jefe de Obra no autorizó su empleo por personal de la obra, no obstante lo cual personal del subcontratista eléctrico (Sr. Miranda) manifestó su intención para utilizarla en el traslado de dos tableros, ya que en otras oportunidades se había realizado dicha labor sin dificultad. Alega que tampoco le cabe responsabilidad subsidiaria en los términos del artículo 64 del Código del Trabajo, toda vez que el Sr. Santiago Miranda no es ni ha sido contratista suyo y al efecto reitera que suscribió contrato para la construcción del edificio con Econar S.A. En consecuencia señala que el éxito

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de la demanda está vinculado a que el empleador del Sr. Daza sea condenado a pagar las indemnizaciones reclamadas y que esta indemnización no le sea pagada ni por el demandado principal ni por Econar S.A., contra quien señala se debió accionar. Sobre las sumas demandadas como indemnización señala que el daño emergente aparece cubierto por la correspondiente pensión de orfandad contemplada en la Ley de Accidentes del Trabajo y que lo reclamado por daño moral es excesivo. A fojas 51 y siguientes, la parte demandante evacuó el traslado conferido respecto de las excepciones opuestas y a fojas 57 se dejó su resolución para la sentencia definitiva y además se recibió la causa a prueba. A fojas 144 y siguientes, 151 y siguientes, 162 y siguientes y 169 y siguientes se verificaron los comparendos en que se realizó la audiencia de conciliación y prueba. A fojas 183, se citó a las partes para oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto a las excepciones dilatorias. 1º Que a fojas 19 y 38, el demandado principal y la demandada subsidiaria han alegado la incompetencia de este tribunal para conocer de la acción deducida, toda vez que las demandas indemnizatorias por accidentes del trabajo por expresa disposición legal se tramitan ante tribunales ordinarios civiles cuando se trata de hacer efectiva la responsabilidad extracontractual como ocurre en la especie. 2º Que al evacuar los traslados respectivos, la parte demandante ha sostenido la improcedencia de la excepción dilatoria, desde que precisamente lo que se persigue en el presente juicio es hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador, la que radica en la circunstancia de no haber cumplido su obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, lo que al tenor de lo prescrito en la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo es de competencia de los tribunales laborales, ya que dicho precepto legal sólo excluye la responsabilidad extracontractual de las materias que estos juzgados deben conocer. 3º Que de una somera lectura de la demanda de fojas 3 y siguientes –resumida en lo expositivo de esta sentencia– se desprende que los perjuicios demandados lo son en sede contractual y no extracontractualmente, ya que al efecto reclama la responsabilidad del empleador por no haber tomado todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores en el accidente en cuestión, citando al efecto el artículo 184 del Código del ramo, el cual legalmente es parte del contenido de la relación laboral que existió entre el occiso y el principal demandado. 4º Que, por lo tanto, la materia sometida a la decisión del tribunal configura uno de aquellos juicios en que se pretende hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador derivada de accidentes del trabajo y, por lo mismo, este tribunal es plenamente competente para conocer de ella. 5º Que, asimismo a fojas 19 y 38, las partes demandadas opusieron la excepción dilatoria de falta de representación legal o personería de la Sra. Gloria del Carmen Díaz Moscoso para comparecer a nombre de su hijo menor de edad, don Yerko Antonio Daza Díaz, toda vez que no tiene la patria potestad del menor ni ha acreditado tener título –como la tutela– para representarlo en este pleito ni siquiera de carácter especial para ello, como sería el caso de un curador ad litem. 6º Que evacuando el traslado respectivo la parte demandante solicita el rechazo de esta excepción, basada en que la Sra. Díaz Moscoso es la madre natural del menor Yerko Antonio Daza Díaz y ese estado civil se encuentra acreditado en autos. 7º Que la regla procesal pertinente indica que para comparecer a nombre de otro en juicio se requiere título legal o hacerlo en desempeño de un mandato y estas circunstancias deben acreditarse. 8º Que efectivamente el certificado de nacimiento inobjetado que rola a fojas 1 da plena cuenta de la filiación natural esgrimida por la parte demandante, más dicho hecho no constituye a que la Sra. Moscoso comparezca a nombre del menor en este expediente, ya que la madre natural no tiene la representación legal de su hijo en nuestro ordenamiento jurídico. 9º Que por lo anteriormente razonado, la parte demandante debió exhibir otro título que acreditara la representación –tales como su nombramiento como tutora o curadora ad litem– que invoca en su demanda y no habiéndolo efectuado sólo cabe acoger esta excepción. 10º Que en lo principal de fojas 38 y siguientes, la demandada subsidiaria interpuso la excepción de falta de titularidad de la acción o de legitimación activa de la demandante, doña Gloria del Carmen

de la demanda está vinculado a que el empleador del Sr. Daza sea condenado a pagar las indemnizaciones reclamadas y que esta indemnización no le sea pagada ni por el demandado principal ni por Econar S.A., contra quien señala se debió accionar. Sobre las sumas demandadas como indemnización señala que el daño emergente aparece cubierto por la correspondiente pensión de orfandad contemplada en la Ley de Accidentes del Trabajo y que lo reclamado por daño moral es excesivo. A fojas 51 y siguientes, la parte demandante evacuó el traslado conferido respecto de las excepciones opuestas y a fojas 57 se dejó su resolución para la sentencia definitiva y además se recibió la causa a prueba. A fojas 144 y siguientes, 151 y siguientes, 162 y siguientes y 169 y siguientes se verificaron los comparendos en que se realizó la audiencia de conciliación y prueba. A fojas 183, se citó a las partes para oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto a las excepciones dilatorias. 1º Que a fojas 19 y 38, el demandado principal y la demandada subsidiaria han alegado la incompetencia de este tribunal para conocer de la acción deducida, toda vez que las demandas indemnizatorias por accidentes del trabajo por expresa disposición legal se tramitan ante tribunales ordinarios civiles cuando se trata de hacer efectiva la responsabilidad extracontractual como ocurre en la especie. 2º Que al evacuar los traslados respectivos, la parte demandante ha sostenido la improcedencia de la excepción dilatoria, desde que precisamente lo que se persigue en el presente juicio es hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador, la que radica en la circunstancia de no haber cumplido su obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, lo que al tenor de lo prescrito en la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo es de competencia de los tribunales laborales, ya que dicho precepto legal sólo excluye la responsabilidad extracontractual de las materias que estos juzgados deben conocer. 3º Que de una somera lectura de la demanda de fojas 3 y siguientes –resumida en lo expositivo de esta sentencia– se desprende que los perjuicios demandados lo son en sede contractual y no extracontractualmente, ya que al efecto reclama la responsabilidad del empleador por no haber tomado todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores en el accidente en cuestión, citando al efecto el artículo 184 del Código del ramo, el cual legalmente es parte del contenido de la relación laboral que existió entre el occiso y el principal demandado. 4º Que, por lo tanto, la materia sometida a la decisión del tribunal configura uno de aquellos juicios en que se pretende hacer efectiva la responsabilidad contractual del empleador derivada de accidentes del trabajo y, por lo mismo, este tribunal es plenamente competente para conocer de ella. 5º Que, asimismo a fojas 19 y 38, las partes demandadas opusieron la excepción dilatoria de falta de representación legal o personería de la Sra. Gloria del Carmen Díaz Moscoso para comparecer a nombre de su hijo menor de edad, don Yerko Antonio Daza Díaz, toda vez que no tiene la patria potestad del menor ni ha acreditado tener título –como la tutela– para representarlo en este pleito ni siquiera de carácter especial para ello, como sería el caso de un curador ad litem. 6º Que evacuando el traslado respectivo la parte demandante solicita el rechazo de esta excepción, basada en que la Sra. Díaz Moscoso es la madre natural del menor Yerko Antonio Daza Díaz y ese estado civil se encuentra acreditado en autos. 7º Que la regla procesal pertinente indica que para comparecer a nombre de otro en juicio se requiere título legal o hacerlo en desempeño de un mandato y estas circunstancias deben acreditarse. 8º Que efectivamente el certificado de nacimiento inobjetado que rola a fojas 1 da plena cuenta de la filiación natural esgrimida por la parte demandante, más dicho hecho no constituye a que la Sra. Moscoso comparezca a nombre del menor en este expediente, ya que la madre natural no tiene la representación legal de su hijo en nuestro ordenamiento jurídico. 9º Que por lo anteriormente razonado, la parte demandante debió exhibir otro título que acreditara la representación –tales como su nombramiento como tutora o curadora ad litem– que invoca en su demanda y no habiéndolo efectuado sólo cabe acoger esta excepción. 10º Que en lo principal de fojas 38 y siguientes, la demandada subsidiaria interpuso la excepción de falta de titularidad de la acción o de legitimación activa de la demandante, doña Gloria del Carmen ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, 28 de octubre de 1999. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: A. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido en el primer otrosí del escrito de fs. 200. 1º. Que la demandante doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso, por sí y en representación de su hijo menor de edad Yerko Antonio Daza Díaz, interpone en el primer otrosí de la presentación de fs. 200, recurso de casación en la forma contra la sentencia de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, escrita de fs. 184 a 196.

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II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

Díaz Moscoso para accionar por sí, ya que carece de cualquier vínculo de parentesco o de la calidad de heredera respecto de don Luis Antonio Daza San Martín que la habilite para accionar a su propio nombre como lo pretende en su demanda. 11º Que al evacuar el traslado de las excepciones opuestas por esta parte a fojas 51 y siguientes, la demandante no se hizo cargo de esta excepción. 12º Que la falta de legitimación activa constituye un vicio procesal subsanable por la vía de las excepciones dilatorias, ya que si un sujeto de derecho carece de la facultad de reclamar para sí las pretensiones que deduce al accionar por no empecerle el juicio no puede formarse una válida relación jurídico procesal, ya que la sentencia que se dicte en el proceso no lo afectará por no tener aquél interés en las resultas del juicio. 13º Que esta sentenciadora estima que en el caso en cuestión estamos frente a la hipótesis descrita en el motivo anterior, toda vez, que no se divisa el fundamento legal por el cual la actora, pudiese tener derecho por sí, a la indemnización que reclama; y las alegaciones de hecho en que se basa, no constituyen en nuestro ordenamiento título legal para impetrar aquéllas, por lo que, aun de resultar acreditada su calidad de pareja del occiso o probados los elementos de la responsabilidad contractual que demanda no podría ella ser sujeto activo de las prestaciones a que se diera lugar, desde que no siendo pública la acción que ha incoado no tiene la titularidad de la misma, conforme se ha dicho. 14º Que aun cuando esta última excepción sólo ha sido opuesta, por la parte demandada subsidiaria es de tal naturaleza que resulta aplicable a la parte demandada principal –aunque no la haya invocado– puesto que sus efectos son objetivos, toda vez que la demandante carece de legitimación activa para reclamar las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el Sr. Daza San Martín respecto de toda persona. 15º Que de lo que se lleva dicho, lógico es colegir que se rechazará la demanda en todas sus partes y que resulta innecesario hacerse cargo del fondo del asunto destinado a determinar si las partes demandadas incurrieron en responsabilidad contractual que la obligue a indemnizar perjuicios a la parte demandante, ni tampoco resulta procedente hacerse cargo de las excepciones de prescripción y de beneficio de excusión promovidas por la demandada subsidiaria frente a una eventual declaración del derecho que se litiga. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 420 letra f) 439 y siguientes del Código del Trabajo; 4º, 6º, 144, 158, 160 y 303 Nºs. 2 y 6 del Código de Procedimiento Civil; 51 del Código Civil; y 69 letra b) de la ley Nº 16.744, se resuelve: I. Que se rechaza la excepción de incompetencia, promovida por los demandados a fojas 19 y 38. II. Que se acoge la excepción de falta de representación legal de la compareciente en cuanto demanda por su hijo Yerko Antonio Daza Díaz, interpuesta por los demandados a fojas 19 y 38. III. Que se acoge la excepción de falta de titularidad de la acción opuesta por la demandada subsidiaria a fojas 38. IV. Que, en consecuencia, se rechaza la demanda, en todas sus partes. V. Que no se condena en costas a la parte demandante por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad procesal. Dictada por la señora Isabel Mallada Costa, Juez Subrogante del Noveno Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Díaz Moscoso para accionar por sí, ya que carece de cualquier vínculo de parentesco o de la calidad de heredera respecto de don Luis Antonio Daza San Martín que la habilite para accionar a su propio nombre como lo pretende en su demanda. 11º Que al evacuar el traslado de las excepciones opuestas por esta parte a fojas 51 y siguientes, la demandante no se hizo cargo de esta excepción. 12º Que la falta de legitimación activa constituye un vicio procesal subsanable por la vía de las excepciones dilatorias, ya que si un sujeto de derecho carece de la facultad de reclamar para sí las pretensiones que deduce al accionar por no empecerle el juicio no puede formarse una válida relación jurídico procesal, ya que la sentencia que se dicte en el proceso no lo afectará por no tener aquél interés en las resultas del juicio. 13º Que esta sentenciadora estima que en el caso en cuestión estamos frente a la hipótesis descrita en el motivo anterior, toda vez, que no se divisa el fundamento legal por el cual la actora, pudiese tener derecho por sí, a la indemnización que reclama; y las alegaciones de hecho en que se basa, no constituyen en nuestro ordenamiento título legal para impetrar aquéllas, por lo que, aun de resultar acreditada su calidad de pareja del occiso o probados los elementos de la responsabilidad contractual que demanda no podría ella ser sujeto activo de las prestaciones a que se diera lugar, desde que no siendo pública la acción que ha incoado no tiene la titularidad de la misma, conforme se ha dicho. 14º Que aun cuando esta última excepción sólo ha sido opuesta, por la parte demandada subsidiaria es de tal naturaleza que resulta aplicable a la parte demandada principal –aunque no la haya invocado– puesto que sus efectos son objetivos, toda vez que la demandante carece de legitimación activa para reclamar las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el Sr. Daza San Martín respecto de toda persona. 15º Que de lo que se lleva dicho, lógico es colegir que se rechazará la demanda en todas sus partes y que resulta innecesario hacerse cargo del fondo del asunto destinado a determinar si las partes demandadas incurrieron en responsabilidad contractual que la obligue a indemnizar perjuicios a la parte demandante, ni tampoco resulta procedente hacerse cargo de las excepciones de prescripción y de beneficio de excusión promovidas por la demandada subsidiaria frente a una eventual declaración del derecho que se litiga. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 420 letra f) 439 y siguientes del Código del Trabajo; 4º, 6º, 144, 158, 160 y 303 Nºs. 2 y 6 del Código de Procedimiento Civil; 51 del Código Civil; y 69 letra b) de la ley Nº 16.744, se resuelve: I. Que se rechaza la excepción de incompetencia, promovida por los demandados a fojas 19 y 38. II. Que se acoge la excepción de falta de representación legal de la compareciente en cuanto demanda por su hijo Yerko Antonio Daza Díaz, interpuesta por los demandados a fojas 19 y 38. III. Que se acoge la excepción de falta de titularidad de la acción opuesta por la demandada subsidiaria a fojas 38. IV. Que, en consecuencia, se rechaza la demanda, en todas sus partes. V. Que no se condena en costas a la parte demandante por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad procesal. Dictada por la señora Isabel Mallada Costa, Juez Subrogante del Noveno Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

II. SENTENCIA DE CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, 28 de octubre de 1999. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: A. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido en el primer otrosí del escrito de fs. 200. 1º. Que la demandante doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso, por sí y en representación de su hijo menor de edad Yerko Antonio Daza Díaz, interpone en el primer otrosí de la presentación de fs. 200, recurso de casación en la forma contra la sentencia de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, escrita de fs. 184 a 196.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Lo funda en las causales 4ª y 7ª del artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 463 del Código del Trabajo. Explica la primera, ultra petita, de la siguiente manera: la sentencia de autos acoge una alegación de falta de personería y otra de falta de titularidad de la acción que no fueron opuestas como excepción de fondo por ninguna de las demandadas del juicio. Al acogerlas como dilatorias y en virtud de ello, terminar rechazando la demanda, el sentenciador se ha extendido a puntos no sometidos a su decisión y respecto de los cuales la ley no le faculta para fallar de oficio. No es óbice para la anterior conclusión, la circunstancia que las demandadas hubieren formulado erróneamente sus alegaciones como excepciones dilatorias, ya al no invocarlas como perentorias en la contestación de la demanda las excluyó de lo debatido del juicio. Como dilatorias, se solicitó la corrección del procedimiento y por ello, de acogerse las dilatorias, debe mandarse a que subsane el vicio o defecto y no otra cosa diversa. Por tal razón, al rechazarse la demanda de autos en virtud de haberse acogido las dilatorias, la sentencia incurre en ultra petita, accediendo a más de lo pedido por las partes que alegaron falta de personería y falta de titularidad con el objeto de corrección del procedimiento y no como defensa de fondo destinada a desvirtuar la acción intentada. En cuanto a la segunda causal, decisiones contradictorias, estima que por lo que se ha señalado precedentemente, existe una abierta contradicción entre haber acogido las excepciones dilatorias ya mencionadas y al mismo tiempo negar lugar a la demanda en todas sus partes. Lo que la sentenciadora debió haber hecho es, una vez acogidas las dilatorias, mandar la corrección del procedimiento, para posteriormente, dentro de un procedimiento legalmente constituido, pronunciarse respecto del fondo del asunto. 2º. Que el inciso penúltimo del mismo artículo 768 dispone que la Corte puede desestimar un recurso de esta especie si el vicio es reparable por otra vía que evite la invalidación del fallo. 3º. Que en razón de las modificaciones que se efectuarán en la sede de apelación, los jueces sentenciadores entienden que se repararán los vicios que en opinión de la recurrente tiene la sentencia a quo. B. En cuanto al recurso de apelación de lo principal de fs. 200. Se reproduce la sentencia en apelación sólo en su parte expositiva y los fundamentos 1º al 4º y se tiene, además, presente: 4º. Que tanto la demandada principal, don Santiago Miranda Cassuni, como la demandada subsidiaria Compañía de Teléfonos de Chile S.A., C.T.C. S.A., han interpuesto la excepción dilatoria de falta de representación legal o personería de la demandante, para comparecer a nombre de su hijo natural, menor de edad Yerko Antonio Daza Díaz; ahora bien, en virtud de la medida para mejor resolver decretada a fs. 217 de autos, el Segundo Juzgado de Letras de Menores de San Miguel ha enviado copia autorizada de los autos Rol Nº 33.279, que se han agregado a este proceso, en los que consta que, por sentencia de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se designó tutora del menor Yerko Daza Díaz a su madre natural doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso. 5º. Que, por lo expuesto en fundamento precedente, queda claro que la actora tiene título legal para comparecer en este proceso a nombre de su hijo menor Yerko Antonio Daza Díaz y por ende, procede rechazar las excepciones dilatorias fundadas en la falta de personería o representación de la actora con respecto a su hijo menor mencionado, interpuestas por las demandadas. 6º. Que la demandada subsidiaria, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., interpuso como excepción dilatoria, la falta de titularidad de la acción –falta de legitimación activa–, expresando que la actora no tiene calidad de heredera, ni vínculo de parentesco alguno con don Luis Antonio Daza San Martín, no ha acompañado auto ni decreto de posesión efectiva y aun ella misma reconoce que el Sr. Daza era su “pareja” y padre de su hijo natural, y que nuestra legislación no reconoce la calidad jurídica de “pareja”, y por lo tanto, la demandante actuando por sí carece de legitimación activa que le permita accionar en contra de dicha compañía. 7º. Que con el Certificado de Nacimiento del menor Yerko Antonio Daza Díaz, acaecido el día 12 de noviembre de 1991, con las declaraciones de los testigos señores Rubén Aurelio Allende Morales, corriente fs. 163 a 167 y Cristián Álex Gómez Arriagada, que rola de fs. 169 a 172, en el sentido que el fallecido Sr. Daza, era del sostén económico de su familia, unido a lo declarado en su demanda por la

Lo funda en las causales 4ª y 7ª del artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 463 del Código del Trabajo. Explica la primera, ultra petita, de la siguiente manera: la sentencia de autos acoge una alegación de falta de personería y otra de falta de titularidad de la acción que no fueron opuestas como excepción de fondo por ninguna de las demandadas del juicio. Al acogerlas como dilatorias y en virtud de ello, terminar rechazando la demanda, el sentenciador se ha extendido a puntos no sometidos a su decisión y respecto de los cuales la ley no le faculta para fallar de oficio. No es óbice para la anterior conclusión, la circunstancia que las demandadas hubieren formulado erróneamente sus alegaciones como excepciones dilatorias, ya al no invocarlas como perentorias en la contestación de la demanda las excluyó de lo debatido del juicio. Como dilatorias, se solicitó la corrección del procedimiento y por ello, de acogerse las dilatorias, debe mandarse a que subsane el vicio o defecto y no otra cosa diversa. Por tal razón, al rechazarse la demanda de autos en virtud de haberse acogido las dilatorias, la sentencia incurre en ultra petita, accediendo a más de lo pedido por las partes que alegaron falta de personería y falta de titularidad con el objeto de corrección del procedimiento y no como defensa de fondo destinada a desvirtuar la acción intentada. En cuanto a la segunda causal, decisiones contradictorias, estima que por lo que se ha señalado precedentemente, existe una abierta contradicción entre haber acogido las excepciones dilatorias ya mencionadas y al mismo tiempo negar lugar a la demanda en todas sus partes. Lo que la sentenciadora debió haber hecho es, una vez acogidas las dilatorias, mandar la corrección del procedimiento, para posteriormente, dentro de un procedimiento legalmente constituido, pronunciarse respecto del fondo del asunto. 2º. Que el inciso penúltimo del mismo artículo 768 dispone que la Corte puede desestimar un recurso de esta especie si el vicio es reparable por otra vía que evite la invalidación del fallo. 3º. Que en razón de las modificaciones que se efectuarán en la sede de apelación, los jueces sentenciadores entienden que se repararán los vicios que en opinión de la recurrente tiene la sentencia a quo. B. En cuanto al recurso de apelación de lo principal de fs. 200. Se reproduce la sentencia en apelación sólo en su parte expositiva y los fundamentos 1º al 4º y se tiene, además, presente: 4º. Que tanto la demandada principal, don Santiago Miranda Cassuni, como la demandada subsidiaria Compañía de Teléfonos de Chile S.A., C.T.C. S.A., han interpuesto la excepción dilatoria de falta de representación legal o personería de la demandante, para comparecer a nombre de su hijo natural, menor de edad Yerko Antonio Daza Díaz; ahora bien, en virtud de la medida para mejor resolver decretada a fs. 217 de autos, el Segundo Juzgado de Letras de Menores de San Miguel ha enviado copia autorizada de los autos Rol Nº 33.279, que se han agregado a este proceso, en los que consta que, por sentencia de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, se designó tutora del menor Yerko Daza Díaz a su madre natural doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso. 5º. Que, por lo expuesto en fundamento precedente, queda claro que la actora tiene título legal para comparecer en este proceso a nombre de su hijo menor Yerko Antonio Daza Díaz y por ende, procede rechazar las excepciones dilatorias fundadas en la falta de personería o representación de la actora con respecto a su hijo menor mencionado, interpuestas por las demandadas. 6º. Que la demandada subsidiaria, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., interpuso como excepción dilatoria, la falta de titularidad de la acción –falta de legitimación activa–, expresando que la actora no tiene calidad de heredera, ni vínculo de parentesco alguno con don Luis Antonio Daza San Martín, no ha acompañado auto ni decreto de posesión efectiva y aun ella misma reconoce que el Sr. Daza era su “pareja” y padre de su hijo natural, y que nuestra legislación no reconoce la calidad jurídica de “pareja”, y por lo tanto, la demandante actuando por sí carece de legitimación activa que le permita accionar en contra de dicha compañía. 7º. Que con el Certificado de Nacimiento del menor Yerko Antonio Daza Díaz, acaecido el día 12 de noviembre de 1991, con las declaraciones de los testigos señores Rubén Aurelio Allende Morales, corriente fs. 163 a 167 y Cristián Álex Gómez Arriagada, que rola de fs. 169 a 172, en el sentido que el fallecido Sr. Daza, era del sostén económico de su familia, unido a lo declarado en su demanda por la ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

actora, y considerando que las demandadas no han impugnado la relación de “pareja” del fallecido Sr. Daza con la actora, apreciando estos hechos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en opinión de los sentenciadores está acreditado en autos la calidad de conviviente de la actora con el fallecido señor Antonio Daza San Martín. Ahora que, la relación de pareja o convivencia, si bien, no está unida por un vínculo matrimonial, significa una vida en común y la actora, como conviviente por más de cinco años y madre de su único hijo, enfrenta la pérdida de su conviviente con el mismo dolor y consecuencias económicas que si el occiso hubiera sido su cónyuge, ya que habían formado un hogar que era sostenido económicamente por él. Por ello, en opinión de los jueces sentenciadores, la actora tiene un interés directo en este juicio, pues ha perdido su compañero de vida, lo que le produjo un perjuicio directo en lo económico al quedar ella y su hijo sin apoyo, por lo cual la demanda de autos parece legítima y además, ella, como mujer y su hijo como tal, han sufrido un daño moral con la pérdida de su pareja y padre. Por otra parte, nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tan es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. Además, nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 1º, reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y un hombre, una mujer y un hijo común que viven juntos en un hogar, constituyen, sin ninguna duda, una familia, la que es necesario proteger cuando el jefe de familia ha fallecido. Además, existe una razón de texto para estimar que la actora tiene legitimidad activa y es el artículo 69 de la ley Nº 16.744, que en su letra b) dispone que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho. 8º. Por las razones expresadas en el fundamento precedente, los jueces sentenciadores estiman que la actora tiene legitimidad activa para actuar por sí en estos autos, aun cuando, en la especie, esta circunstancia no es determinante, toda vez que ella, además, actúa en este proceso como representante legal de su hijo menor, Yerko Antonio Daza Díaz y, por ende, se rechazará esta excepción. 9º. Que la demandada subsidiaria, Compañía de Teléfonos de Chile S.A., interpuso, además las excepciones de prescripción y beneficio de excusión. La prescripción la funda en el artículo 480 del Código del Trabajo, que prescribe que, en todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere dicho cuerpo legal, prescriben en seis meses contados desde la terminación de los servicios y señala que la demanda le fue notificada el 28 de noviembre de 1996, esto es, más de un año después de vencido el plazo de prescripción. Al respecto, es preciso señalar que la disposición aludida por la demandada subsidiaria se refiere a una norma que sólo regula derechos que tienen su fuente única y exclusivamente en el contrato de trabajo regido sólo por el Código del ramo. En cambio, la materia sobre riesgos de accidentes del trabajo se rige por la ley Nº 16.744, y específicamente es su artículo 69 el que fija las reglas cuando el accidente se deba a culpa o dolo del responsable del accidente y otorga a la víctima y a las demás personas a quienes el accidente cause daño el derecho a reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones de derecho común, incluso el daño moral. En consecuencia, la prescripción del derecho a demandar indemnización se rige por las normas comunes y es cinco años, por lo que se rechazará esta excepción. En cuanto a la excepción del beneficio de excusión invocado por la demandada subsidiaria, en opinión de los sentenciadores no es procedente aceptar los argumentos que dimanan de normas de derecho privado, toda vez que el Código del Trabajo y la ley Nº 16.744 son normas esencialmente de orden público cuyo objeto es la protección de los trabajadores, razón por la cual se rechazará esta excepción. Además, por imperativo legal del artículo 64, el dueño de la obra, es subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. 10º. Que con el contrato de trabajo que rola a fs. 26, no objetado, de fecha 6 de febrero de 1995 se acredita en autos que el empleador del fallecido trabajador Luis Antonio Daza San Martín era el demandado Santiago Miranda Cassuni, hecho que corrobora la primera posición del pliego de la prueba confesional ficta de la demandante que a fs. 162, el tribunal a quo tuvo por confeso. En consecuencia, procede excluir empleador a la empresa R y M Ingeniería Ltda. 11º. Que la demandada subsidiaria se ha defendido exponiendo que todas las faenas de construcción del edificio donde tuvo lugar el accidente del trabajo eran de exclusiva responsabilidad de la em-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

actora, y considerando que las demandadas no han impugnado la relación de “pareja” del fallecido Sr. Daza con la actora, apreciando estos hechos de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en opinión de los sentenciadores está acreditado en autos la calidad de conviviente de la actora con el fallecido señor Antonio Daza San Martín. Ahora que, la relación de pareja o convivencia, si bien, no está unida por un vínculo matrimonial, significa una vida en común y la actora, como conviviente por más de cinco años y madre de su único hijo, enfrenta la pérdida de su conviviente con el mismo dolor y consecuencias económicas que si el occiso hubiera sido su cónyuge, ya que habían formado un hogar que era sostenido económicamente por él. Por ello, en opinión de los jueces sentenciadores, la actora tiene un interés directo en este juicio, pues ha perdido su compañero de vida, lo que le produjo un perjuicio directo en lo económico al quedar ella y su hijo sin apoyo, por lo cual la demanda de autos parece legítima y además, ella, como mujer y su hijo como tal, han sufrido un daño moral con la pérdida de su pareja y padre. Por otra parte, nuestra legislación civil no excluye la existencia de la convivencia, tan es así que en las normas previsionales se le han reconocido derechos a la conviviente. Además, nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 1º, reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y un hombre, una mujer y un hijo común que viven juntos en un hogar, constituyen, sin ninguna duda, una familia, la que es necesario proteger cuando el jefe de familia ha fallecido. Además, existe una razón de texto para estimar que la actora tiene legitimidad activa y es el artículo 69 de la ley Nº 16.744, que en su letra b) dispone que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán reclamar las indemnizaciones a que tengan derecho. 8º. Por las razones expresadas en el fundamento precedente, los jueces sentenciadores estiman que la actora tiene legitimidad activa para actuar por sí en estos autos, aun cuando, en la especie, esta circunstancia no es determinante, toda vez que ella, además, actúa en este proceso como representante legal de su hijo menor, Yerko Antonio Daza Díaz y, por ende, se rechazará esta excepción. 9º. Que la demandada subsidiaria, Compañía de Teléfonos de Chile S.A., interpuso, además las excepciones de prescripción y beneficio de excusión. La prescripción la funda en el artículo 480 del Código del Trabajo, que prescribe que, en todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere dicho cuerpo legal, prescriben en seis meses contados desde la terminación de los servicios y señala que la demanda le fue notificada el 28 de noviembre de 1996, esto es, más de un año después de vencido el plazo de prescripción. Al respecto, es preciso señalar que la disposición aludida por la demandada subsidiaria se refiere a una norma que sólo regula derechos que tienen su fuente única y exclusivamente en el contrato de trabajo regido sólo por el Código del ramo. En cambio, la materia sobre riesgos de accidentes del trabajo se rige por la ley Nº 16.744, y específicamente es su artículo 69 el que fija las reglas cuando el accidente se deba a culpa o dolo del responsable del accidente y otorga a la víctima y a las demás personas a quienes el accidente cause daño el derecho a reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones de derecho común, incluso el daño moral. En consecuencia, la prescripción del derecho a demandar indemnización se rige por las normas comunes y es cinco años, por lo que se rechazará esta excepción. En cuanto a la excepción del beneficio de excusión invocado por la demandada subsidiaria, en opinión de los sentenciadores no es procedente aceptar los argumentos que dimanan de normas de derecho privado, toda vez que el Código del Trabajo y la ley Nº 16.744 son normas esencialmente de orden público cuyo objeto es la protección de los trabajadores, razón por la cual se rechazará esta excepción. Además, por imperativo legal del artículo 64, el dueño de la obra, es subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos. 10º. Que con el contrato de trabajo que rola a fs. 26, no objetado, de fecha 6 de febrero de 1995 se acredita en autos que el empleador del fallecido trabajador Luis Antonio Daza San Martín era el demandado Santiago Miranda Cassuni, hecho que corrobora la primera posición del pliego de la prueba confesional ficta de la demandante que a fs. 162, el tribunal a quo tuvo por confeso. En consecuencia, procede excluir empleador a la empresa R y M Ingeniería Ltda. 11º. Que la demandada subsidiaria se ha defendido exponiendo que todas las faenas de construcción del edificio donde tuvo lugar el accidente del trabajo eran de exclusiva responsabilidad de la em-

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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presa Contratista Econar S.A., representada legalmente por don Italo Rosas G., ambos con domicilio en Av. Américo Vespucio 0350, Quilicura, con quien C.T.C. S.A. suscribió el contrato de construcción por la modalidad a suma alzada y con estados de pago. En prueba de esta afirmación, acompañó contrato de construcción de obra celebrado entre la Compañía de Teléfonos de Chile S.A. y Econar S.A., corriente de fs. 101 a 129, cuya cláusula séptima señala la obligación del contratista de dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre accidentes del trabajo y su obligación de contar con elementos de seguridad y equipamiento de su personal de acuerdo con las recomendaciones impartidas por el Departamento de Prevención y Riesgos de la Compañía de Teléfonos de Chile S.A. 12º. Que la defensa mencionada en el fundamento precedente no excluye de responsabilidad a C.T.C. S.A., toda vez que por imperativo legal del artículo 64 del Código del Trabajo, el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos y también responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad del contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos. 13º. Que el testigo don Luis Antonio Alcota Ibarra, sobreviviente del accidente, cuya deposición rola de fs. 152 a 158, declara que el día del accidente debieron trasladar, por petición de su empleador Sr. Miranda, un tablero eléctrico al 5º piso de la construcción de Froilán Roa; que entre cuatro personas lo trasladaron al segundo piso y allí montaron el tablero al montacarga; que nadie les indicó que no se podía utilizar dicho montacarga, ni tampoco el jefe de obra; que el montacarga no tenía ninguna señalización visible respecto de la carga máxima o cualquier otro tipo de restricción; que el Sr. Miranda, en esa obra, con ningún trabajador cumplió con las obligaciones de prestar las medidas de seguridad pertinentes; que no tenían casco, bototos, cinturones, ni tampoco antiparras ni guantes; que tampoco recibieron ninguna advertencia de parte de los inspectores de C.T.C. Mundo en el sentido de no utilizar el montacarga; que como eran tres personas, no podían llevar el tablero eléctrico hasta el 5º piso por la escalera; que el Sr. Daza no se expuso temerariamente al accidente, por cuanto en dicho montacarga subían todo el día material de alto peso, por ejemplo, se subían aproximadamente 20 planchas de piso falso y herramientas, además de personas; que habían usado el montacarga una vez anterior para llevar un tablero eléctrico del primer piso al subterráneo. 14º. Que el testigo de la demandada subsidiaria C.T.C. S.A., don Norman Edy Miranda Olivares, funcionario de C.T.C. S.A., experto en prevención de riesgos, depone de fs. 173 a 182 y declara que el implemento que usaron los accidentados no es un montacarga, sino una plataforma de trabajo para el transporte de dos personas como máximo y no para transporte de carga pesada y que los trabajadores decidieron utilizarla, sin autorización previa, como dejaron constancia ellos en el Manual de Seguridad; que en el momento del accidente, el ITO (Inspector Técnico de Obra) contratado por C.T.C. estaba accidentado y con licencia médica y que sólo estaba el jefe de obra; que la plataforma tenía señalizado “ascensor en construcción” y “sólo ingresar a personal autorizado” y era de propiedad de la firma Otis y de utilización exclusiva de ellos; 15º. Que apreciada la prueba testimonial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los jueces sentenciadores estiman que con las declaraciones de los testigos Luis Antonio Alcota Ibarra y Norman Edy Miranda Olivares queda acreditado que los trabajadores que ocuparon el montacarga o plataforma no fueron advertidos de la supuesta prohibición de usar dicho elemento, toda vez que incluso lo había utilizado una vez antes, y la falta de advertencia también se puede presumir del hecho testificado por el testigo de la parte demandada subsidiaria, Sr. Norman Miranda, que el Inspector Técnico de Obras de la C.T.C. S.A. ese día se encontraba ausente de la obra por estar también accidentado y que, presente el jefe de obra, nada hizo para impedir el uso de la plataforma. 16º. Que, corrobora la conclusión del fundamento anterior, la declaración del testigo sobreviviente del accidente, en el sentido de que no había advertencia alguna en el montacarga que impidiera su utilización por el personal de la obra, lo que permite a esta Corte formarse la convicción de que, efectivamente, no hubo ningún aviso o advertencia que impidiera a los accidentados su uso. 17º. Que el empleador don Santiago Miranda Cassuni no cumplió las obligaciones de prevención de riesgos que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, primero, al no poner a disposición de sus

presa Contratista Econar S.A., representada legalmente por don Italo Rosas G., ambos con domicilio en Av. Américo Vespucio 0350, Quilicura, con quien C.T.C. S.A. suscribió el contrato de construcción por la modalidad a suma alzada y con estados de pago. En prueba de esta afirmación, acompañó contrato de construcción de obra celebrado entre la Compañía de Teléfonos de Chile S.A. y Econar S.A., corriente de fs. 101 a 129, cuya cláusula séptima señala la obligación del contratista de dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre accidentes del trabajo y su obligación de contar con elementos de seguridad y equipamiento de su personal de acuerdo con las recomendaciones impartidas por el Departamento de Prevención y Riesgos de la Compañía de Teléfonos de Chile S.A. 12º. Que la defensa mencionada en el fundamento precedente no excluye de responsabilidad a C.T.C. S.A., toda vez que por imperativo legal del artículo 64 del Código del Trabajo, el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos y también responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad del contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos. 13º. Que el testigo don Luis Antonio Alcota Ibarra, sobreviviente del accidente, cuya deposición rola de fs. 152 a 158, declara que el día del accidente debieron trasladar, por petición de su empleador Sr. Miranda, un tablero eléctrico al 5º piso de la construcción de Froilán Roa; que entre cuatro personas lo trasladaron al segundo piso y allí montaron el tablero al montacarga; que nadie les indicó que no se podía utilizar dicho montacarga, ni tampoco el jefe de obra; que el montacarga no tenía ninguna señalización visible respecto de la carga máxima o cualquier otro tipo de restricción; que el Sr. Miranda, en esa obra, con ningún trabajador cumplió con las obligaciones de prestar las medidas de seguridad pertinentes; que no tenían casco, bototos, cinturones, ni tampoco antiparras ni guantes; que tampoco recibieron ninguna advertencia de parte de los inspectores de C.T.C. Mundo en el sentido de no utilizar el montacarga; que como eran tres personas, no podían llevar el tablero eléctrico hasta el 5º piso por la escalera; que el Sr. Daza no se expuso temerariamente al accidente, por cuanto en dicho montacarga subían todo el día material de alto peso, por ejemplo, se subían aproximadamente 20 planchas de piso falso y herramientas, además de personas; que habían usado el montacarga una vez anterior para llevar un tablero eléctrico del primer piso al subterráneo. 14º. Que el testigo de la demandada subsidiaria C.T.C. S.A., don Norman Edy Miranda Olivares, funcionario de C.T.C. S.A., experto en prevención de riesgos, depone de fs. 173 a 182 y declara que el implemento que usaron los accidentados no es un montacarga, sino una plataforma de trabajo para el transporte de dos personas como máximo y no para transporte de carga pesada y que los trabajadores decidieron utilizarla, sin autorización previa, como dejaron constancia ellos en el Manual de Seguridad; que en el momento del accidente, el ITO (Inspector Técnico de Obra) contratado por C.T.C. estaba accidentado y con licencia médica y que sólo estaba el jefe de obra; que la plataforma tenía señalizado “ascensor en construcción” y “sólo ingresar a personal autorizado” y era de propiedad de la firma Otis y de utilización exclusiva de ellos; 15º. Que apreciada la prueba testimonial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los jueces sentenciadores estiman que con las declaraciones de los testigos Luis Antonio Alcota Ibarra y Norman Edy Miranda Olivares queda acreditado que los trabajadores que ocuparon el montacarga o plataforma no fueron advertidos de la supuesta prohibición de usar dicho elemento, toda vez que incluso lo había utilizado una vez antes, y la falta de advertencia también se puede presumir del hecho testificado por el testigo de la parte demandada subsidiaria, Sr. Norman Miranda, que el Inspector Técnico de Obras de la C.T.C. S.A. ese día se encontraba ausente de la obra por estar también accidentado y que, presente el jefe de obra, nada hizo para impedir el uso de la plataforma. 16º. Que, corrobora la conclusión del fundamento anterior, la declaración del testigo sobreviviente del accidente, en el sentido de que no había advertencia alguna en el montacarga que impidiera su utilización por el personal de la obra, lo que permite a esta Corte formarse la convicción de que, efectivamente, no hubo ningún aviso o advertencia que impidiera a los accidentados su uso. 17º. Que el empleador don Santiago Miranda Cassuni no cumplió las obligaciones de prevención de riesgos que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, primero, al no poner a disposición de sus ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

trabajadores elementos para transportar un pesado tablero eléctrico desde el primer al quinto piso o disponer de un número de trabajadores suficientes para transportar dicho material y en segundo lugar, porque no advirtió a sus trabajadores que la plataforma o montacarga que existía en la obra no era utilizable para esos fines. 18º. Que en mérito de lo razonado en los motivos precedentes, el hecho que originó el deceso de don Luis Antonio Daza Díaz se califica como accidente del trabajo. 19º. Que en cuanto a los daños y perjuicios solicitados por la actora, $ 95.322.010 que corresponde a la remuneración última del occiso por cada uno de los meses de vida activa que le habría correspondido trabajar hasta su jubilación, no se ha acreditado en autos el daño patrimonial efectivamente causado, pues no hay prueba alguna de gastos de enfermedad ni de sepultación. Por otra parte, para estimar el lucro cesante, esta Corte estima que, no es posible hacer el cálculo que hace la actora, pues es improcedente acoger beneficios hipotéticos que habrían correspondido a la actora, en el caso que hubiera permanecido unida a su conviviente por el promedio de vida de éste. Además, consta en autos a fs. 218, que el menor Yerko Antonio Daza Díaz, en virtud de lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la ley Nº 16.747, por resolución Nº 4.203, de 1995 del Instituto de Normalización Previsional, recibe una pensión de orfandad ascendente a $ 48.851 mensuales, razones por las cuales no se accederá a lo solicitado por la demandante a este respecto. 20º. Que, sin embargo, con la declaración de los testigos Rubén Aurelio Allende Morales que rola de fs. 163 a 167 y Cristián Álex Gómez Arriagada que están contestes en el hecho que el occiso sostenía económicamente su hogar y que su pérdida ocasionó un grave perjuicio económico a su mujer, está acreditado en autos el perjuicio económico sufrido por la actora y su hijo, el menor Yerko Antonio Daza Díaz. A lo anterior, hay que agregar que el dolor de la pérdida de un conviviente de más de cinco años, con quien se había formado una familia y de quien se había tenido un hijo es un hecho notorio. 21º. Que, como lo ha expresado la Excma. Corte Suprema el daño moral, entendido como el sufrimiento o afección psicológica que lesiona el espíritu, al herir sentimientos de afecto y familia, manifestándose en lógicas y notorias mortificaciones, pesadumbres y depresiones de ánimo, necesariamente debe ser indemnizado cuando se produce en sede contractual, porque el legislador no lo excluye del artículo 1558 del Código Civil, al contrario, en la letra b) del artículo 69 de la ley Nº 16.744, expresamente lo hace procedente....” (Excma. C.S. sentencia 16.06.97, Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XCIV, Sec. 3, p. 95). 22º. Que no obstante lo expresado en motivo anterior, y teniendo presente que la actora demandó la suma de $ 120.000.000 por concepto de daño moral, es necesario considerar para los efectos de la evaluación de éste, el hecho que, de alguna manera, don Luis Antonio Daza San Martín se expuso al daño, al subirse al montacarga, lo que, de conformidad con el artículo 2330 del Código Civil, atenúa la responsabilidad de la demandada principal, y por ende, de la demandada subsidiaria. Por las consideraciones precedentes y vistos, además lo dispuesto en los artículos 64, 184, 425, 426, 455, 456, 458, 463, 468, 470, 471, 472 y 473 del Código del Trabajo, 69, letra b) de la ley Nº 16.744 y 1698 del Código Civil, A. Se desestima el recurso de casación en la forma intentado en el segundo otrosí del escrito de fs. 200. B. Se revoca la sentencia de veintiséis de febrero pasado escrita a fs. 184, en cuanto por sus decisiones II, III y IV, acoge las excepciones de falta de representación y de titularidad, rechaza la demanda y exime de las costas a la demandante; declarándose en su lugar lo siguiente: 1) Que se deniegan las excepciones de falta de representación legal de la actora para comparecer en nombre de su hijo Yerko Antonio Daza Díaz y de falta de titularidad activa, interpuesta por las demandadas principal y subsidiaria. 2) Que se deniega la demanda en cuanto demanda $ 95.322.010 a título de daños y perjuicios. 3) Que se deniega la demanda respecto de la empresa R y M Ingeniería Limitada, por no existir relación laboral entre ella y el occiso don Luis Antonio Daza San Martín. 4) Que se acoge la demanda con respecto al daño moral causado a la actora Gloria del Carmen Díaz Moscoso y a su hijo menor Yerco Antonio Daza Díaz, estimándose éste prudencialmente en $ 15.000.000 quince millones de pesos, como suma única para ambos.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

trabajadores elementos para transportar un pesado tablero eléctrico desde el primer al quinto piso o disponer de un número de trabajadores suficientes para transportar dicho material y en segundo lugar, porque no advirtió a sus trabajadores que la plataforma o montacarga que existía en la obra no era utilizable para esos fines. 18º. Que en mérito de lo razonado en los motivos precedentes, el hecho que originó el deceso de don Luis Antonio Daza Díaz se califica como accidente del trabajo. 19º. Que en cuanto a los daños y perjuicios solicitados por la actora, $ 95.322.010 que corresponde a la remuneración última del occiso por cada uno de los meses de vida activa que le habría correspondido trabajar hasta su jubilación, no se ha acreditado en autos el daño patrimonial efectivamente causado, pues no hay prueba alguna de gastos de enfermedad ni de sepultación. Por otra parte, para estimar el lucro cesante, esta Corte estima que, no es posible hacer el cálculo que hace la actora, pues es improcedente acoger beneficios hipotéticos que habrían correspondido a la actora, en el caso que hubiera permanecido unida a su conviviente por el promedio de vida de éste. Además, consta en autos a fs. 218, que el menor Yerko Antonio Daza Díaz, en virtud de lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la ley Nº 16.747, por resolución Nº 4.203, de 1995 del Instituto de Normalización Previsional, recibe una pensión de orfandad ascendente a $ 48.851 mensuales, razones por las cuales no se accederá a lo solicitado por la demandante a este respecto. 20º. Que, sin embargo, con la declaración de los testigos Rubén Aurelio Allende Morales que rola de fs. 163 a 167 y Cristián Álex Gómez Arriagada que están contestes en el hecho que el occiso sostenía económicamente su hogar y que su pérdida ocasionó un grave perjuicio económico a su mujer, está acreditado en autos el perjuicio económico sufrido por la actora y su hijo, el menor Yerko Antonio Daza Díaz. A lo anterior, hay que agregar que el dolor de la pérdida de un conviviente de más de cinco años, con quien se había formado una familia y de quien se había tenido un hijo es un hecho notorio. 21º. Que, como lo ha expresado la Excma. Corte Suprema el daño moral, entendido como el sufrimiento o afección psicológica que lesiona el espíritu, al herir sentimientos de afecto y familia, manifestándose en lógicas y notorias mortificaciones, pesadumbres y depresiones de ánimo, necesariamente debe ser indemnizado cuando se produce en sede contractual, porque el legislador no lo excluye del artículo 1558 del Código Civil, al contrario, en la letra b) del artículo 69 de la ley Nº 16.744, expresamente lo hace procedente....” (Excma. C.S. sentencia 16.06.97, Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XCIV, Sec. 3, p. 95). 22º. Que no obstante lo expresado en motivo anterior, y teniendo presente que la actora demandó la suma de $ 120.000.000 por concepto de daño moral, es necesario considerar para los efectos de la evaluación de éste, el hecho que, de alguna manera, don Luis Antonio Daza San Martín se expuso al daño, al subirse al montacarga, lo que, de conformidad con el artículo 2330 del Código Civil, atenúa la responsabilidad de la demandada principal, y por ende, de la demandada subsidiaria. Por las consideraciones precedentes y vistos, además lo dispuesto en los artículos 64, 184, 425, 426, 455, 456, 458, 463, 468, 470, 471, 472 y 473 del Código del Trabajo, 69, letra b) de la ley Nº 16.744 y 1698 del Código Civil, A. Se desestima el recurso de casación en la forma intentado en el segundo otrosí del escrito de fs. 200. B. Se revoca la sentencia de veintiséis de febrero pasado escrita a fs. 184, en cuanto por sus decisiones II, III y IV, acoge las excepciones de falta de representación y de titularidad, rechaza la demanda y exime de las costas a la demandante; declarándose en su lugar lo siguiente: 1) Que se deniegan las excepciones de falta de representación legal de la actora para comparecer en nombre de su hijo Yerko Antonio Daza Díaz y de falta de titularidad activa, interpuesta por las demandadas principal y subsidiaria. 2) Que se deniega la demanda en cuanto demanda $ 95.322.010 a título de daños y perjuicios. 3) Que se deniega la demanda respecto de la empresa R y M Ingeniería Limitada, por no existir relación laboral entre ella y el occiso don Luis Antonio Daza San Martín. 4) Que se acoge la demanda con respecto al daño moral causado a la actora Gloria del Carmen Díaz Moscoso y a su hijo menor Yerco Antonio Daza Díaz, estimándose éste prudencialmente en $ 15.000.000 quince millones de pesos, como suma única para ambos.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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C. Se confirma el fallo en alzada en cuanto deniega la excepción de incompetencia del tribunal interpuesta por las demandantes principal, Santiago Miranda Cassuni y subsidiaria, Compañía de Teléfonos de Chile. D. Se exime de costas a las demandadas principal y subsidiaria, por no haber sido totalmente vencidas. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Abogado Integrante señora Alma Wilson Gallardo. Pronunciada por el Ministro señor Lamberto Cisternas Rocha y Abogados Integrantes señor Francisco Merino Scheihing y señorita Alma Wilson Gallardo. Rol Nº 1.367 99.

III. SENTENCIA DE CASACIÓN Santiago, 8 de noviembre de 2000. VISTOS: Por sentencia definitiva de 26 de febrero de 1999, escrita a fojas 184 y siguientes, en la causa Rol Nº 5.134 96 seguida ante el Noveno Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulada: “Díaz Moscoso Gloria del Carmen con Miranda Cassuni, Santiago; R y M Ingeniería Ltda. y Compañía de Teléfonos de Chile S.A.”, se desestimó, sin costas, la demanda en que la actora solicitaba una indemnización de perjuicios para ella y su hijo, por el incumplimiento del contrato de trabajo que ligó a su pareja o conviviente, don Luis Daza San Martín, en el deber de seguridad, pues él falleció con motivo de accidente del trabajo ocurrido el 27 de marzo de 1995. Recurrida de casación en la forma y apelación esta sentencia por la demandante, una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó el recurso de nulidad; pero, por medio de la apelación, con las motivaciones que se leen a fojas 228 y siguientes, la revocó el 28 de octubre del año pasado, y en su reemplazo sólo se condenó a los demandados don Santiago Miranda Cassuni y la Compañía de Teléfonos de Chile S.A., a pagar a la demandante doña Gloria Díaz y a su hijo menor Yerko Daza Díaz, por concepto de daño moral para ambos actores, la suma única de $ 15.000.000,00 sin costas. Contra este fallo el apoderado que representa a la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (antiguamente denominada Compañía de Teléfonos), una de las demandadas y condenada en estos antecedentes, ha interpuesto recurso de casación en el fondo, el cual se trajo en relación a fojas 251. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la recurrente de casación expone en su libelo que los falladores han transgredido el artículo 64 del Código del Trabajo al acoger la demanda en contra de su representada, en razón de que para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria, era requisito que se dirigiera también la acción en contra de la empresa Econar, quien era su contratista y que no fue demandada en estos autos. En este mismo sentido, también los falladores, al desestimar el beneficio de excusión por ellos alegado, han vulnerado este artículo del Estatuto Laboral, puesto que, en definitiva, la denominada responsabilidad subsidiaria que esta norma dispone no es más que este beneficio de excusión. SEGUNDO: Que, para lo antes indicado, esta defensa sostiene que es del caso tener en cuenta que el trabajador fallecido en el accidente del trabajo, era dependiente de don Santiago Miranda, quien a su vez era subcontratista de la empresa Econar, siendo esta última a quien su representada había contratado para la ejecución de la obra en cuyo lugar ocurrió el accidente laboral que, en definitiva, le costó la vida a don Luis Daza San Martín, empleado del señor Miranda, trabajador que era conviviente de la demandante y padre del menor. TERCERO: Que, el asunto propuesto requiere tener presente en primer lugar, que la demanda de foja 1 se dirigió en contra de don Santiago Miranda Cassuni, por sí y en representación de “R y M Ingeniería Ltda.” en su carácter de empleador del trabajador fallecido don Luis Daza San Martín; como también contra de la “Compañía de Teléfonos de Chile S.A.”, como tercero responsable del accidente del trabajo. CUARTO: Que, la sentencia cuestionada, en segundo lugar, en lo que importa al problema propuesto en el recurso, fija como hechos del pleito, los siguientes:

Santiago, 8 de noviembre de 2000. VISTOS: Por sentencia definitiva de 26 de febrero de 1999, escrita a fojas 184 y siguientes, en la causa Rol Nº 5.134 96 seguida ante el Noveno Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulada: “Díaz Moscoso Gloria del Carmen con Miranda Cassuni, Santiago; R y M Ingeniería Ltda. y Compañía de Teléfonos de Chile S.A.”, se desestimó, sin costas, la demanda en que la actora solicitaba una indemnización de perjuicios para ella y su hijo, por el incumplimiento del contrato de trabajo que ligó a su pareja o conviviente, don Luis Daza San Martín, en el deber de seguridad, pues él falleció con motivo de accidente del trabajo ocurrido el 27 de marzo de 1995. Recurrida de casación en la forma y apelación esta sentencia por la demandante, una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, desestimó el recurso de nulidad; pero, por medio de la apelación, con las motivaciones que se leen a fojas 228 y siguientes, la revocó el 28 de octubre del año pasado, y en su reemplazo sólo se condenó a los demandados don Santiago Miranda Cassuni y la Compañía de Teléfonos de Chile S.A., a pagar a la demandante doña Gloria Díaz y a su hijo menor Yerko Daza Díaz, por concepto de daño moral para ambos actores, la suma única de $ 15.000.000,00 sin costas. Contra este fallo el apoderado que representa a la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (antiguamente denominada Compañía de Teléfonos), una de las demandadas y condenada en estos antecedentes, ha interpuesto recurso de casación en el fondo, el cual se trajo en relación a fojas 251. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la recurrente de casación expone en su libelo que los falladores han transgredido el artículo 64 del Código del Trabajo al acoger la demanda en contra de su representada, en razón de que para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria, era requisito que se dirigiera también la acción en contra de la empresa Econar, quien era su contratista y que no fue demandada en estos autos. En este mismo sentido, también los falladores, al desestimar el beneficio de excusión por ellos alegado, han vulnerado este artículo del Estatuto Laboral, puesto que, en definitiva, la denominada responsabilidad subsidiaria que esta norma dispone no es más que este beneficio de excusión. SEGUNDO: Que, para lo antes indicado, esta defensa sostiene que es del caso tener en cuenta que el trabajador fallecido en el accidente del trabajo, era dependiente de don Santiago Miranda, quien a su vez era subcontratista de la empresa Econar, siendo esta última a quien su representada había contratado para la ejecución de la obra en cuyo lugar ocurrió el accidente laboral que, en definitiva, le costó la vida a don Luis Daza San Martín, empleado del señor Miranda, trabajador que era conviviente de la demandante y padre del menor. TERCERO: Que, el asunto propuesto requiere tener presente en primer lugar, que la demanda de foja 1 se dirigió en contra de don Santiago Miranda Cassuni, por sí y en representación de “R y M Ingeniería Ltda.” en su carácter de empleador del trabajador fallecido don Luis Daza San Martín; como también contra de la “Compañía de Teléfonos de Chile S.A.”, como tercero responsable del accidente del trabajo. CUARTO: Que, la sentencia cuestionada, en segundo lugar, en lo que importa al problema propuesto en el recurso, fija como hechos del pleito, los siguientes:

III. SENTENCIA DE CASACIÓN C. Se confirma el fallo en alzada en cuanto deniega la excepción de incompetencia del tribunal interpuesta por las demandantes principal, Santiago Miranda Cassuni y subsidiaria, Compañía de Teléfonos de Chile. D. Se exime de costas a las demandadas principal y subsidiaria, por no haber sido totalmente vencidas. Regístrese y devuélvase. Redacción de la Abogado Integrante señora Alma Wilson Gallardo. Pronunciada por el Ministro señor Lamberto Cisternas Rocha y Abogados Integrantes señor Francisco Merino Scheihing y señorita Alma Wilson Gallardo. Rol Nº 1.367 99. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

a) Que, con el contrato de trabajo que rola a fs. 26, de fecha 6 de febrero de 1995 se acredita en autos que el empleador del fallecido trabajador Luis Antonio Daza San Martín era el demandado Santiago Miranda Cassuni, en consecuencia, procede excluir como empleador a la empresa R y M Ingeniería Ltda. (considerando 10º); b) Que, las faenas de construcción del edificio en donde tuvo lugar el accidente fue encomendada por la demandada subsidiaria, Compañía de Teléfonos de Chile S.A., a la empresa contratista Econar S.A., en virtud de un contrato, agregado a fojas 101, de construcción de obra, por la modalidad de suma alzada. QUINTO: Que, los jueces de segundo grado en su motivación duodécima, de la resolución materia de estudio, al hacerse cargo de la alegación de la Compañía de Teléfonos de Chile, respecto de la improcedencia de ser condenada sin que se haya emplazado previamente a su contratista, es decir, la empresa Econar S.A., expresaron: “...que por imperativo legal del artículo 64 del Código del Trabajo, el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos y también responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad del contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.”. SEXTO: Que, de lo antes transcrito y de la simple lectura de la disposición contenida en el artículo 64 del Código laboral, cotejadas con los hechos sentados por los jueces de mérito, aparece que el dueño de la obra o faena, como lo es la Compañía de Teléfonos de Chile S.A., es responsable subsidiariamente de las obligaciones laborales, como es aquélla de seguridad y protección de los trabajadores fijada en el artículo 184 del Texto Laboral, que afecten a los contratistas, en este caso la empresa Econar S.A. También responde la Compañía de Teléfonos de Chile S.A. de esta obligación que aqueja a los subcontratistas, como es del empleador don Santiago Miranda con la actora, cuando no pudiere hacerse efectiva su responsabilidad. SÉPTIMO: Que, como se puede advertir, la recurrente, es decir, la Compañía de Teléfonos de Chile, sólo puede responder cuando no puede hacerse efectiva la responsabilidad de su contratista. OCTAVO: Que, en razón de lo antes indicado, era requisito para hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra o faena, en este caso de la Compañía de Teléfonos de Chile, que el escrito de demanda, además, de dirigirse en contra del subcontratista, don Santiago Miranda Cassuni, se interpusiera en contra del contratista, la empresa Econar S.A., puesto que en el evento que no se pueda hacer efectiva la responsabilidad de esta última, puede perseguirse a la primera. NOVENO: Que, lo anteriormente afirmado, puede entenderse como un requisito de procesabilidad, en esta cadena que surge entre el dueño de la obra, su contratista y él o los subcontratistas, en que van respondiendo sólo en forma subsidiaria de las obligaciones laborales y previsionales. DÉCIMO: Que, como ya se dijo en el razonamiento tercero, la actora no dirigió su acción en contra de la empresa contratista, quien en primer término responde, en forma subsidiaria de la obligación laboral que se demanda en estos antecedentes, incumplida por la subcontratista, empleadora del trabajador fallecido; así, mal puede condenarse al dueño de la obra o faena, como lo han resuelto los jueces del fondo, ya que la obligación contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo no es solidaria sino que subsidiaria. UNDÉCIMO: Que, lo expresado en los considerandos que anteceden conduce a concluir que el fallo cuya anulación se pide en estos autos, adolece de los errores de derecho denunciados en el recurso, en la medida que aplicó equivocadamente el artículo 64 del Código laboral, al condenar como obligada subsidiaria a la compañía recurrente, ignorando que no se dirigió la acción en contra del primer obligado subsidiario, como es la empresa contratista Econar S.A., infracción que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que motivó la condena de esta empresa, al pago de las indemnizaciones pretendidas por la actora. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 240 por la demandada, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., contra la sentencia de veintiocho de octubre del año pasado, que se lee a fojas 228 y siguientes, en cuanto se pronuncia por

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

a) Que, con el contrato de trabajo que rola a fs. 26, de fecha 6 de febrero de 1995 se acredita en autos que el empleador del fallecido trabajador Luis Antonio Daza San Martín era el demandado Santiago Miranda Cassuni, en consecuencia, procede excluir como empleador a la empresa R y M Ingeniería Ltda. (considerando 10º); b) Que, las faenas de construcción del edificio en donde tuvo lugar el accidente fue encomendada por la demandada subsidiaria, Compañía de Teléfonos de Chile S.A., a la empresa contratista Econar S.A., en virtud de un contrato, agregado a fojas 101, de construcción de obra, por la modalidad de suma alzada. QUINTO: Que, los jueces de segundo grado en su motivación duodécima, de la resolución materia de estudio, al hacerse cargo de la alegación de la Compañía de Teléfonos de Chile, respecto de la improcedencia de ser condenada sin que se haya emplazado previamente a su contratista, es decir, la empresa Econar S.A., expresaron: “...que por imperativo legal del artículo 64 del Código del Trabajo, el dueño de la obra, empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos y también responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad del contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.”. SEXTO: Que, de lo antes transcrito y de la simple lectura de la disposición contenida en el artículo 64 del Código laboral, cotejadas con los hechos sentados por los jueces de mérito, aparece que el dueño de la obra o faena, como lo es la Compañía de Teléfonos de Chile S.A., es responsable subsidiariamente de las obligaciones laborales, como es aquélla de seguridad y protección de los trabajadores fijada en el artículo 184 del Texto Laboral, que afecten a los contratistas, en este caso la empresa Econar S.A. También responde la Compañía de Teléfonos de Chile S.A. de esta obligación que aqueja a los subcontratistas, como es del empleador don Santiago Miranda con la actora, cuando no pudiere hacerse efectiva su responsabilidad. SÉPTIMO: Que, como se puede advertir, la recurrente, es decir, la Compañía de Teléfonos de Chile, sólo puede responder cuando no puede hacerse efectiva la responsabilidad de su contratista. OCTAVO: Que, en razón de lo antes indicado, era requisito para hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra o faena, en este caso de la Compañía de Teléfonos de Chile, que el escrito de demanda, además, de dirigirse en contra del subcontratista, don Santiago Miranda Cassuni, se interpusiera en contra del contratista, la empresa Econar S.A., puesto que en el evento que no se pueda hacer efectiva la responsabilidad de esta última, puede perseguirse a la primera. NOVENO: Que, lo anteriormente afirmado, puede entenderse como un requisito de procesabilidad, en esta cadena que surge entre el dueño de la obra, su contratista y él o los subcontratistas, en que van respondiendo sólo en forma subsidiaria de las obligaciones laborales y previsionales. DÉCIMO: Que, como ya se dijo en el razonamiento tercero, la actora no dirigió su acción en contra de la empresa contratista, quien en primer término responde, en forma subsidiaria de la obligación laboral que se demanda en estos antecedentes, incumplida por la subcontratista, empleadora del trabajador fallecido; así, mal puede condenarse al dueño de la obra o faena, como lo han resuelto los jueces del fondo, ya que la obligación contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo no es solidaria sino que subsidiaria. UNDÉCIMO: Que, lo expresado en los considerandos que anteceden conduce a concluir que el fallo cuya anulación se pide en estos autos, adolece de los errores de derecho denunciados en el recurso, en la medida que aplicó equivocadamente el artículo 64 del Código laboral, al condenar como obligada subsidiaria a la compañía recurrente, ignorando que no se dirigió la acción en contra del primer obligado subsidiario, como es la empresa contratista Econar S.A., infracción que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que motivó la condena de esta empresa, al pago de las indemnizaciones pretendidas por la actora. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 240 por la demandada, Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., contra la sentencia de veintiocho de octubre del año pasado, que se lee a fojas 228 y siguientes, en cuanto se pronuncia por

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el recurso de apelación, la que, en consecuencia, es nula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente. Regístrese. Rol Nº 13-00. Pronunciado por los Ministros señores Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor Patricio Novoa F.

IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO Santiago, 8 de noviembre de 2000. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: VISTOS: En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por la actora a fojas 200, ténganse por reproducida las motivaciones emitidas por el Tribunal de Alzada en la resolución de veintiocho de octubre del año pasado, que se lee a fojas 228. Respecto del recurso de apelación: Se reproduce la parte expositiva y los razonamientos primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia en alzada que se lee a fojas 184 y siguientes. Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: PRIMERO: Que, por no haber sido objeto del recurso de casación antes examinado y, en consecuencia no encontrándose afectados por los efectos de la nulidad, se reproducen los fundamentos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo y vigesimo primero y vigesimo segundo, este último con excepción de su frase final: “...y por ende, de la demandada subsidiaria...”, que se elimina, de la sentencia casada de veintiocho de octubre del año pasado, escrita a fojas 228 y siguientes. SEGUNDO: Que, los fundamentos tercero a décimo, ambos inclusive, del fallo de casación que precede se tienen, también por reproducidos. TERCERO: Que, de los indicados razonamientos y de la lectura del artículo 64 del Código del Trabajo, aparece con meridiana claridad que en este caso, para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de la Compañía de Teléfonos de Chile, dueña de la obra o faena, era requisito que la demanda se dirigiera no sólo en contra del subcontratista, como ocurre en la especie, sino que también en contra del contratista, cuestión que no aconteció; de manera tal, no se dan los presupuestos para acoger la acción interpuesta en contra la indicada empresa dueña de la obra. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 64, 184, 425, 426, 455, 456, 458, 463, 468, 470, 471, 472, 473 del Código del Trabajo, 764, 766, 768 del Código de Procedimiento Civil, 69 de la ley Nº 16.744 y 1698 del Código Civil, se resuelve: I) Se desestima el recurso de casación en la forma; II) Se revoca la sentencia apelada de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 184 y siguientes, en cuanto a sus decisiones II, III y IV, acoge las excepciones de falta de representación y de titularidad, rechaza la demanda y exime de las costas a la demandante, declarándose en su lugar lo siguiente: a) Que, se deniegan las excepciones de falta de representación legal de la actora para comparecer en nombre de su hijo Yerko Daza Díaz y de falta de titularidad activa, interpuestas por las demandadas. b) Que, se rechaza la demanda respecto de las empresas R y M Ingeniería Ltda. y Compañía de Teléfonos de Chile S.A.. c) Que se acoge la demanda, sólo en cuanto se condena a don Santiago Miranda Cassuni, como empleador de su trabajador fallecido don Luis Daza San Martín, a pagar el daño moral causado a la demandante doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso y a su hijo menor Yerko Daza Díaz, la suma única y para ambos de quince millones de pesos ($ 15.000.000,00); en lo demás se la rechaza. d) Se exime del pago de las costas a la demandada principal, por no haber sido totalmente vencida. Se confirma en lo demás la sentencia en alzada.

Santiago, 8 de noviembre de 2000. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: VISTOS: En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por la actora a fojas 200, ténganse por reproducida las motivaciones emitidas por el Tribunal de Alzada en la resolución de veintiocho de octubre del año pasado, que se lee a fojas 228. Respecto del recurso de apelación: Se reproduce la parte expositiva y los razonamientos primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia en alzada que se lee a fojas 184 y siguientes. Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: PRIMERO: Que, por no haber sido objeto del recurso de casación antes examinado y, en consecuencia no encontrándose afectados por los efectos de la nulidad, se reproducen los fundamentos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo y vigesimo primero y vigesimo segundo, este último con excepción de su frase final: “...y por ende, de la demandada subsidiaria...”, que se elimina, de la sentencia casada de veintiocho de octubre del año pasado, escrita a fojas 228 y siguientes. SEGUNDO: Que, los fundamentos tercero a décimo, ambos inclusive, del fallo de casación que precede se tienen, también por reproducidos. TERCERO: Que, de los indicados razonamientos y de la lectura del artículo 64 del Código del Trabajo, aparece con meridiana claridad que en este caso, para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de la Compañía de Teléfonos de Chile, dueña de la obra o faena, era requisito que la demanda se dirigiera no sólo en contra del subcontratista, como ocurre en la especie, sino que también en contra del contratista, cuestión que no aconteció; de manera tal, no se dan los presupuestos para acoger la acción interpuesta en contra la indicada empresa dueña de la obra. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 64, 184, 425, 426, 455, 456, 458, 463, 468, 470, 471, 472, 473 del Código del Trabajo, 764, 766, 768 del Código de Procedimiento Civil, 69 de la ley Nº 16.744 y 1698 del Código Civil, se resuelve: I) Se desestima el recurso de casación en la forma; II) Se revoca la sentencia apelada de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 184 y siguientes, en cuanto a sus decisiones II, III y IV, acoge las excepciones de falta de representación y de titularidad, rechaza la demanda y exime de las costas a la demandante, declarándose en su lugar lo siguiente: a) Que, se deniegan las excepciones de falta de representación legal de la actora para comparecer en nombre de su hijo Yerko Daza Díaz y de falta de titularidad activa, interpuestas por las demandadas. b) Que, se rechaza la demanda respecto de las empresas R y M Ingeniería Ltda. y Compañía de Teléfonos de Chile S.A.. c) Que se acoge la demanda, sólo en cuanto se condena a don Santiago Miranda Cassuni, como empleador de su trabajador fallecido don Luis Daza San Martín, a pagar el daño moral causado a la demandante doña Gloria del Carmen Díaz Moscoso y a su hijo menor Yerko Daza Díaz, la suma única y para ambos de quince millones de pesos ($ 15.000.000,00); en lo demás se la rechaza. d) Se exime del pago de las costas a la demandada principal, por no haber sido totalmente vencida. Se confirma en lo demás la sentencia en alzada.

IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO el recurso de apelación, la que, en consecuencia, es nula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente. Regístrese. Rol Nº 13-00. Pronunciado por los Ministros señores Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor Patricio Novoa F. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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Regístrese y devuélvase. Rol Nº 13 00 (Santiago). Pronunciado por los Ministros señores Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor Patricio Novoa F. Díaz Moscoso Gloria del Carmen. Casación Fondo-Laboral.

Regístrese y devuélvase. Rol Nº 13 00 (Santiago). Pronunciado por los Ministros señores Mario Garrido M., Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor Patricio Novoa F. Díaz Moscoso Gloria del Carmen. Casación Fondo-Laboral. 140

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 98-2000 Cita online: CL/JUR/3024/2000 I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO Santiago, 31 de mayo de 1999. VISTOS: A fojas 6, comparece don Luis Mool Méndez, viudo, jubilado, domiciliado en Población Santa Elena Nº 1432, El Bosque, deduciendo demanda en juicio ordinario por indemnización de perjuicios en contra de Constructora Gateway S.A., de su giro, representada legalmente por don Eduardo Moisés Froimovich Libedinsky, constructor civil, ambos domiciliados en Los Militares Nº 5277, Las Condes, solicitando se condene a la demandada al pago del daño emergente y moral personalmente sufrido, por motivo del accidente sufrido por su hijo Ricardo Antonio Moll Ramírez. Funda su acción en que su hijo Ricardo Mool Ramírez ingresó a prestar servicios para la Constructora Gateway S.A. el día 5 de diciembre de 1996 para trabajar a jornal en la construcción ubicada en Santo Domingo Nº 451, Santiago, con un horario de lunes a jueves de 7:45 a 18:15 horas, y una remuneración de $70.000,00 de sueldo base mensual y otras prestaciones. El día 11 de diciembre de 1996, su hijo Ricardo Mool, cerca de las 11:00 horas, le ordenaron trasladar material de trabajo en la obra del primero al séptimo piso, utilizando un montacargas usado para tales efectos. En esa situación, tres trabajadores estaban realizando labores eléctricas y de soldaduras en el séptimo piso, dejando un tablón que obtaculizaba el montacargas. Su hijo, junto al operario Juan Marileo Beña tuvieron que despejar el libre tránsito del montacargas, de esta forma, ambas personas subieron al séptimo piso, ingresando Ricardo Mool al montacargas para liberar el tablón, desplomándose dicho elevador hasta el primer piso, con una caída de 18 a 20 metros de altura, produciéndole a su hijo lesiones gravísimas, bajo estado de coma lo que le produjo la muerte, siendo hospitalizado en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Señala que su hijo Ricardo Mool al momento del accidente cumplía con todas las exigencias de seguridad a que estaba obligado, pero la gravedad del accidente no pudo haber evitado el daño sufrido a su hijo. De esta forma, por mantener la demandada un elevador en condiciones deficientes o sin la atención requerida, solicita se condene a la demandada al pago de los perjuicios por lucro cesante ascendente a la suma de $ 30.844.800 y por concepto de daño moral la suma de $ 60.000.000, solicitando un total de $ 90.844.800 o lo que SS. estime en justicia, con reajustes, intereses y costas. A fojas 20, comparece don Eduardo Froimovich Libedinsky, constructor civil, en representación de Constructora Gateway S.A., ambos domiciliados en los Militares Nº 5277, Las Condes, contestando demanda y solicitando su rechazo. Señala que don Ricardo Mool Ramírez, ingresó a trabajar como jornalero a cargo de aseo y otras labores menores, el 5 de diciembre de 1996. Su labor era desde el primer piso enviar materiales a los pisos superiores, mediante un huinche. El 11 de diciembre, se procedió a la agregación de un piso al montacarga, por personas especializadas, de esta forma se soltó la plataforma del sexto piso, quedando su base sujeta con dos maderos, bajando los encargados de ello. Cuando la grúa llegó don Ricardo Mool se encontraba en el séptimo piso, el que, sin mediar instrucción de alguna otra persona saltó desde el séptimo piso a la plataforma, botando las contenciones de madera precipitándose al vacío, caída que le originó diversas lesiones hospitalizándose para luego morir. Tras dicho relato, viene en oponer las siguientes excepciones: Incompetencia del Tribunal: ya que según el artículo 420, letra f) del Código del Trabajo, que exceptúa de la competencia de los Tribunales del Trabajo los juicios en que se pretenda hacer valer la responsabilidad extracontractual del empleador, atendido a que los hechos que se reclaman no se derivan de una obligación contractual, ya que no se ha incumplido ninguna obligación emanada del contrato de trabajo, así el actor jamás ha tenido vínculo contractual con la demandada, por lo que no se puede hacer valer dicha responsabilidad, por lo que el tribunal carece de jurisdicción. Falta de legitimidad y de personería del demandante, deduce en subsidio de la primera, ya que el actor no ha señalado la personería o titularidad para actuar en autos, no puede establecer si el actor ha demandado a nombre propio, en representación de su hijo o como heredero. Falta de legitimación activa del demandante, en subsidio de las excepciones anterior ha deducido la

Santiago, 31 de mayo de 1999. VISTOS: A fojas 6, comparece don Luis Mool Méndez, viudo, jubilado, domiciliado en Población Santa Elena Nº 1432, El Bosque, deduciendo demanda en juicio ordinario por indemnización de perjuicios en contra de Constructora Gateway S.A., de su giro, representada legalmente por don Eduardo Moisés Froimovich Libedinsky, constructor civil, ambos domiciliados en Los Militares Nº 5277, Las Condes, solicitando se condene a la demandada al pago del daño emergente y moral personalmente sufrido, por motivo del accidente sufrido por su hijo Ricardo Antonio Moll Ramírez. Funda su acción en que su hijo Ricardo Mool Ramírez ingresó a prestar servicios para la Constructora Gateway S.A. el día 5 de diciembre de 1996 para trabajar a jornal en la construcción ubicada en Santo Domingo Nº 451, Santiago, con un horario de lunes a jueves de 7:45 a 18:15 horas, y una remuneración de $70.000,00 de sueldo base mensual y otras prestaciones. El día 11 de diciembre de 1996, su hijo Ricardo Mool, cerca de las 11:00 horas, le ordenaron trasladar material de trabajo en la obra del primero al séptimo piso, utilizando un montacargas usado para tales efectos. En esa situación, tres trabajadores estaban realizando labores eléctricas y de soldaduras en el séptimo piso, dejando un tablón que obtaculizaba el montacargas. Su hijo, junto al operario Juan Marileo Beña tuvieron que despejar el libre tránsito del montacargas, de esta forma, ambas personas subieron al séptimo piso, ingresando Ricardo Mool al montacargas para liberar el tablón, desplomándose dicho elevador hasta el primer piso, con una caída de 18 a 20 metros de altura, produciéndole a su hijo lesiones gravísimas, bajo estado de coma lo que le produjo la muerte, siendo hospitalizado en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Señala que su hijo Ricardo Mool al momento del accidente cumplía con todas las exigencias de seguridad a que estaba obligado, pero la gravedad del accidente no pudo haber evitado el daño sufrido a su hijo. De esta forma, por mantener la demandada un elevador en condiciones deficientes o sin la atención requerida, solicita se condene a la demandada al pago de los perjuicios por lucro cesante ascendente a la suma de $ 30.844.800 y por concepto de daño moral la suma de $ 60.000.000, solicitando un total de $ 90.844.800 o lo que SS. estime en justicia, con reajustes, intereses y costas. A fojas 20, comparece don Eduardo Froimovich Libedinsky, constructor civil, en representación de Constructora Gateway S.A., ambos domiciliados en los Militares Nº 5277, Las Condes, contestando demanda y solicitando su rechazo. Señala que don Ricardo Mool Ramírez, ingresó a trabajar como jornalero a cargo de aseo y otras labores menores, el 5 de diciembre de 1996. Su labor era desde el primer piso enviar materiales a los pisos superiores, mediante un huinche. El 11 de diciembre, se procedió a la agregación de un piso al montacarga, por personas especializadas, de esta forma se soltó la plataforma del sexto piso, quedando su base sujeta con dos maderos, bajando los encargados de ello. Cuando la grúa llegó don Ricardo Mool se encontraba en el séptimo piso, el que, sin mediar instrucción de alguna otra persona saltó desde el séptimo piso a la plataforma, botando las contenciones de madera precipitándose al vacío, caída que le originó diversas lesiones hospitalizándose para luego morir. Tras dicho relato, viene en oponer las siguientes excepciones: Incompetencia del Tribunal: ya que según el artículo 420, letra f) del Código del Trabajo, que exceptúa de la competencia de los Tribunales del Trabajo los juicios en que se pretenda hacer valer la responsabilidad extracontractual del empleador, atendido a que los hechos que se reclaman no se derivan de una obligación contractual, ya que no se ha incumplido ninguna obligación emanada del contrato de trabajo, así el actor jamás ha tenido vínculo contractual con la demandada, por lo que no se puede hacer valer dicha responsabilidad, por lo que el tribunal carece de jurisdicción. Falta de legitimidad y de personería del demandante, deduce en subsidio de la primera, ya que el actor no ha señalado la personería o titularidad para actuar en autos, no puede establecer si el actor ha demandado a nombre propio, en representación de su hijo o como heredero. Falta de legitimación activa del demandante, en subsidio de las excepciones anterior ha deducido la

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demandada, porque el actor carece de acción, el hecho que sea su padre no lo convierte en sucesor o heredero y, además, ello no le da derecho a suceder en las obligaciones contractuales porque éstas no son transmisibles, ya que el artículo 159 Nº 3 del Código del Trabajo establece que el contrato de trabajo termina por la muerte del trabajador. Ineptitud del libelo, deduce en subsidio, solicita se condene a la demandada a pagar el daño emergente y el daño moral, solicitando luego el pago del lucro cesante, por lo que no sabe qué es lo que está demandando el actor, además no se señala el fundamento de la responsabilidad atribuida a la demandada. Cosa juzgada o litis pendencia, en subsidio de las anteriores. Además, alega irresponsabilidad de la demandada, en subsidio de las excepciones opuestas, porque ella dio cabal e íntegro cumplimiento a todas las obligaciones de prevención de riesgos y seguridad del trabajo, estableciendo el comité paritario de su representada que el trabajador accidentado no estaba autorizado a prestar labores sobre el montacargas, ni tampoco recibió órdenes de su jefe directo o indirecto para ello. De esta forma el accidentado a la época del suceso cumplía con todas las exigencias de seguridad para las labores a que estaba obligado. Alega, además, que la muerte no fue causa inmediata y directa del accidente. Además, controvierte el perjuicio estimado por el demandante y alega exposición temeraria al daño, por lo que deberá ser rebajado el monto, conforme al artículo 2330 del Código Civil, porque el accidentado al asumir de motu proprio tareas para lo que no estaba capacitado ni autorizado fue imprudente y temeraria. A fojas 30, contesta el traslado a las excepciones, señalando que el tribunal es competente para conocer de la materia demandada. Respecto de la falta de personería y falta de legitimidad activa, no es tal, toda vez que el actor demanda a nombre propio. La ineptitud del libelo no es tal porque en el petitorio de la demanda es bastante claro. La cosa juzgada y litis pendencia el demandado sólo las ha anunciado. A fojas 31, se recibe la causa a prueba. A fojas 88, se lleva a efecto la audiencia de Conciliación y prueba, conciliación que no prosperó, rindiéndose las probanzas que constan en autos. A fojas 114, se cita a las partes a oír sentencia. Considerando: En cuanto a la excepción de incompetencia: 1º Que don Eduardo Froimovich Libedinsky, en representación de Constructora Gateway S.A., al contestar demanda opone la excepción de incompetencia del tribunal, fundada en que el artículo 420, letra f) del Código del Trabajo, dispone perentoriamente que se exceptúa de la competencia de los Tribunales del Trabajo, los juicios en que se pretenda hacer valer la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad contractual debe haber un daño o perjuicio que haya tenido su origen preciso y directo en el incumplimiento de una obligación contractual, en este caso la responsabilidad que se reclama deriva de un incumplimiento legal, lo que es una responsabilidad extracontractual. Sólo se invoca para alegar dicha irresponsabilidad la obligación legal consagrada en el artículo 184 del Código del Trabajo. Además, la responsabilidad contractual es propia y exclusiva entre las partes, no pudiendo de ninguna manera cubrir a terceros extraños. De esta forma el actor no ha tenido vínculo contractual con la demandada por lo que mal puede valerse de dicha responsabilidad; 2º Que contestando a dicha excepción, el actor señala que los Tribunales Laborales son competentes para conocer de la materia, según se ha resuelto en diversos fallos; 3º Que al efecto, según establece la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en su artículo 73, que: La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley reproduciéndose dicho texto en el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales. Agrega el artículo 5º de dicho Código en su inciso tercero que, integran el Poder Judicial los Juzgados de Letras del Trabajo, los que se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. De esta forma, para establecer si la materia objeto de la litis es de competencia de esta judicatura debe estarse a las normas orgánicas que establecen su competencia, esto es a las disposiciones del artículo 420 del Código del Trabajo, la que establece que serán de competencia de los Juzgados del Trabajo, letra a) Las

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demandada, porque el actor carece de acción, el hecho que sea su padre no lo convierte en sucesor o heredero y, además, ello no le da derecho a suceder en las obligaciones contractuales porque éstas no son transmisibles, ya que el artículo 159 Nº 3 del Código del Trabajo establece que el contrato de trabajo termina por la muerte del trabajador. Ineptitud del libelo, deduce en subsidio, solicita se condene a la demandada a pagar el daño emergente y el daño moral, solicitando luego el pago del lucro cesante, por lo que no sabe qué es lo que está demandando el actor, además no se señala el fundamento de la responsabilidad atribuida a la demandada. Cosa juzgada o litis pendencia, en subsidio de las anteriores. Además, alega irresponsabilidad de la demandada, en subsidio de las excepciones opuestas, porque ella dio cabal e íntegro cumplimiento a todas las obligaciones de prevención de riesgos y seguridad del trabajo, estableciendo el comité paritario de su representada que el trabajador accidentado no estaba autorizado a prestar labores sobre el montacargas, ni tampoco recibió órdenes de su jefe directo o indirecto para ello. De esta forma el accidentado a la época del suceso cumplía con todas las exigencias de seguridad para las labores a que estaba obligado. Alega, además, que la muerte no fue causa inmediata y directa del accidente. Además, controvierte el perjuicio estimado por el demandante y alega exposición temeraria al daño, por lo que deberá ser rebajado el monto, conforme al artículo 2330 del Código Civil, porque el accidentado al asumir de motu proprio tareas para lo que no estaba capacitado ni autorizado fue imprudente y temeraria. A fojas 30, contesta el traslado a las excepciones, señalando que el tribunal es competente para conocer de la materia demandada. Respecto de la falta de personería y falta de legitimidad activa, no es tal, toda vez que el actor demanda a nombre propio. La ineptitud del libelo no es tal porque en el petitorio de la demanda es bastante claro. La cosa juzgada y litis pendencia el demandado sólo las ha anunciado. A fojas 31, se recibe la causa a prueba. A fojas 88, se lleva a efecto la audiencia de Conciliación y prueba, conciliación que no prosperó, rindiéndose las probanzas que constan en autos. A fojas 114, se cita a las partes a oír sentencia. Considerando: En cuanto a la excepción de incompetencia: 1º Que don Eduardo Froimovich Libedinsky, en representación de Constructora Gateway S.A., al contestar demanda opone la excepción de incompetencia del tribunal, fundada en que el artículo 420, letra f) del Código del Trabajo, dispone perentoriamente que se exceptúa de la competencia de los Tribunales del Trabajo, los juicios en que se pretenda hacer valer la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad contractual debe haber un daño o perjuicio que haya tenido su origen preciso y directo en el incumplimiento de una obligación contractual, en este caso la responsabilidad que se reclama deriva de un incumplimiento legal, lo que es una responsabilidad extracontractual. Sólo se invoca para alegar dicha irresponsabilidad la obligación legal consagrada en el artículo 184 del Código del Trabajo. Además, la responsabilidad contractual es propia y exclusiva entre las partes, no pudiendo de ninguna manera cubrir a terceros extraños. De esta forma el actor no ha tenido vínculo contractual con la demandada por lo que mal puede valerse de dicha responsabilidad; 2º Que contestando a dicha excepción, el actor señala que los Tribunales Laborales son competentes para conocer de la materia, según se ha resuelto en diversos fallos; 3º Que al efecto, según establece la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en su artículo 73, que: La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley reproduciéndose dicho texto en el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales. Agrega el artículo 5º de dicho Código en su inciso tercero que, integran el Poder Judicial los Juzgados de Letras del Trabajo, los que se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. De esta forma, para establecer si la materia objeto de la litis es de competencia de esta judicatura debe estarse a las normas orgánicas que establecen su competencia, esto es a las disposiciones del artículo 420 del Código del Trabajo, la que establece que serán de competencia de los Juzgados del Trabajo, letra a) Las

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cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales. Según dicha norma, es de competencia de este tribunal la aplicación de las normas laborales, que en el caso sub lite, el artículo 184 del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de tomar todas las medidas necesarias a fin de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, la que, en relación con el artículo 1º del mismo cuerpo normativo señala que: Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias, norma que permite incorporar al contrato de trabajo todos aquellos deberes y obligaciones, debiendo éstos tenerse como parte integrante de los contratos individuales, atendido a que son normas reguladoras mínimas de orden público, por lo que la materia que causa la presente controversia, esto es, el accidente acaecido el día 11 de diciembre de 1996, en las dependencias de la demandada que produjo las diversas lesiones graves del afectado y posterior muerte, por dicho resultado y según lo previsto en el artículo 184 precitado hay una clara infracción contractual. Sin embargo, el actor, a fojas 6, al accionar a nombre propio y en razón a que solicita se condene al demandado al pago de las indemnizaciones que señala por los perjuicios sufridos por la muerte de su hijo Ricardo Mool Ramírez, lo que es reiterado en su presentación de fojas 30, por lo que no obra a nombre del accidentado o como sucesor de éste en sus derechos y obligaciones transmisibles, razón por la cual comparece como un tercero ajeno a la obligación contractual de las partes de la relación laboral. De esta forma, de un mismo hecho, el accidente acaecido, hay una dualidad de responsabilidades, esto es, aquella derivada de la responsabilidad contractual que afecta a las partes, por un lado el empleador, y por otro el trabajador o, en su defecto, con sus causahabientes, por el incumplimiento contratual analizado precedentemente, para el cual es competente este tribunal; y por otro lado está el caso en análisis, en que el actor, invocando su calidad de padre legítimo, reclama indemnización por lucro cesante y daño moral por las consecuencias de accidente y muerte de su hijo, lo cual estaría fuera de la competencia de este tribunal por ser una materia de carácter extracontractual, toda vez que la letra f) del artículo 420, referido, establece como competencia del tribunal: Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744; estableciendo el artículo 69 de la ley Nº 16.744, en su letra b) que las demás personas a quienes el accidente cause daño podrán reclamar al empleador las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo al derecho común, razones todas que llevan a esta Sentenciadora a concluir que es incompetente para pronunciarse sobre el fondo, por lo que se acogerá dicha excepción, debiéndose ocurrir ante quien corresponda; 3º Que por incompatible con lo razonado precedentemente, esta Sentenciadora no se pronunciará por las restantes excepciones y por el fondo del asunto; 4º. Que las pruebas fueron analizadas según las reglas de la sana crítica; Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 184, 420, 426, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 451, 452, 454, 455, 456 y 548; 1º y 5º del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve: Iº Que ha lugar a la excepción de incompetencia. IIº Que no se pronunciará por las demás excepciones y por el fondo de la cuestión por ser incompatible con lo resuelto. IIIº Cada parte pagará sus costas. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Dictada por la Juez Titular señora Isolda Rosas Villarroel.

II. LA CORTE DE APELACIONES. Santiago, 20 de octubre de 1999. VISTOS: Se confirma la sentencia apelada de treinta y uno de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 116 y siguientes. Regístrese y devuélvase.

Santiago, 20 de octubre de 1999. VISTOS: Se confirma la sentencia apelada de treinta y uno de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 116 y siguientes. Regístrese y devuélvase.

II. LA CORTE DE APELACIONES. cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales. Según dicha norma, es de competencia de este tribunal la aplicación de las normas laborales, que en el caso sub lite, el artículo 184 del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de tomar todas las medidas necesarias a fin de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, la que, en relación con el artículo 1º del mismo cuerpo normativo señala que: Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias, norma que permite incorporar al contrato de trabajo todos aquellos deberes y obligaciones, debiendo éstos tenerse como parte integrante de los contratos individuales, atendido a que son normas reguladoras mínimas de orden público, por lo que la materia que causa la presente controversia, esto es, el accidente acaecido el día 11 de diciembre de 1996, en las dependencias de la demandada que produjo las diversas lesiones graves del afectado y posterior muerte, por dicho resultado y según lo previsto en el artículo 184 precitado hay una clara infracción contractual. Sin embargo, el actor, a fojas 6, al accionar a nombre propio y en razón a que solicita se condene al demandado al pago de las indemnizaciones que señala por los perjuicios sufridos por la muerte de su hijo Ricardo Mool Ramírez, lo que es reiterado en su presentación de fojas 30, por lo que no obra a nombre del accidentado o como sucesor de éste en sus derechos y obligaciones transmisibles, razón por la cual comparece como un tercero ajeno a la obligación contractual de las partes de la relación laboral. De esta forma, de un mismo hecho, el accidente acaecido, hay una dualidad de responsabilidades, esto es, aquella derivada de la responsabilidad contractual que afecta a las partes, por un lado el empleador, y por otro el trabajador o, en su defecto, con sus causahabientes, por el incumplimiento contratual analizado precedentemente, para el cual es competente este tribunal; y por otro lado está el caso en análisis, en que el actor, invocando su calidad de padre legítimo, reclama indemnización por lucro cesante y daño moral por las consecuencias de accidente y muerte de su hijo, lo cual estaría fuera de la competencia de este tribunal por ser una materia de carácter extracontractual, toda vez que la letra f) del artículo 420, referido, establece como competencia del tribunal: Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744; estableciendo el artículo 69 de la ley Nº 16.744, en su letra b) que las demás personas a quienes el accidente cause daño podrán reclamar al empleador las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo al derecho común, razones todas que llevan a esta Sentenciadora a concluir que es incompetente para pronunciarse sobre el fondo, por lo que se acogerá dicha excepción, debiéndose ocurrir ante quien corresponda; 3º Que por incompatible con lo razonado precedentemente, esta Sentenciadora no se pronunciará por las restantes excepciones y por el fondo del asunto; 4º. Que las pruebas fueron analizadas según las reglas de la sana crítica; Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 184, 420, 426, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 449, 451, 452, 454, 455, 456 y 548; 1º y 5º del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve: Iº Que ha lugar a la excepción de incompetencia. IIº Que no se pronunciará por las demás excepciones y por el fondo de la cuestión por ser incompatible con lo resuelto. IIIº Cada parte pagará sus costas. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Dictada por la Juez Titular señora Isolda Rosas Villarroel. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, 11 de julio de 2000. VISTOS: Ante el Octavo Juzgado del Trabajo de Santiago, en estos autos Rol Nº 3.809 97, Luis Mool Méndez, demanda a la Constructora Gateway S.A., representada por Eduardo Moisés Froimovich Libedinsky, a fin que, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 184 del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744, sea condenada a pagarle las sumas que indica por concepto de lucro cesante y daño moral, originadas en los perjuicios que ha sufrido debido al fallecimiento de su hijo en un accidente laboral, más reajustes, intereses y costas. En la contestación a la demanda, la demandada opuso las excepciones de incompetencia del Tribunal, falta de legitimidad activa y de personería del demandante, la ineptitud del libelo, la cosa juzgada o litis pendencia, además de solicitar el rechazo de la acción, con costas, argumentando sobre la irresponsabilidad de su parte por las razones que indica y controvirtió el monto de los perjuicios, además, de hacer valer la exposición imprudente al riesgo. En sentencia de treinta y uno de mayo del año pasado, escrita a fojas 116, el tribunal de primer grado, acogió la excepción de incompetencia y no se pronunció sobre las restantes ni el fondo del asunto, imponiendo a cada parte sus costas. Se alzó el demandante y una de las salas de I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de veinte de octubre del año pasado, que se lee a fojas 152, confirmó el de primer grado, sin modificaciones. En contra de esta última sentencia, el demandante deduce recurso de casación en el fondo, a fin que se la invalide y se dicte la sentencia de reemplazo que corresponda, con costas. Se trajeron estos autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el demandante funda el recurso de casación en el fondo en la infracción a los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744. Al respecto, el recurrente señala que el primero de los artículos citados expresa el principio que cuando se persigue la responsabilidad de alguien, por un accidente del trabajo o enfermedad profesional, en su calidad de empleador, siempre se estará en el ámbito de la jurisdicción laboral, puesto que lo que predomina en la norma es que el sujeto pasivo sea un empleador, para los efectos de determinar la competencia, es decir, que la víctima del accidente tenga un vínculo de subordinación o dependencia en los términos del artículo 3º del Código del Trabajo y, en consecuencia, en lo que concierne a las responsabilidades que no deriven de la calidad de empleador, será aplicable el artículo 69 de la ley Nº 16.744. Agrega que, en el caso, la referencia a las normas del derecho común del artículo citado, serán las contempladas en la legislación laboral y que las responsabilidades demandadas son las derivadas de una relación laboral. Termina indicando la influencia que tales infracciones han tenido, a su juicio, en lo dispositivo del fallo. SEGUNDO: Que la sentencia atacada ha determinado que la demanda pretende obtener una indemnización cuya fuente es la responsabilidad extracontractual, la que no es propia de la relación laboral, determinación que condujo a los sentenciadores a decidir que el tribunal del trabajo es incompetente para conocer de la acción deducida, basándose para ello en las disposiciones de los artículos 420 f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744. TERCERO: Que resulta evidente que el precepto legal en que se apoya la acción intentada, es el artículo 184 del Código del Trabajo, el que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, norma que se encuentra incorporada a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos.

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III. SENTENCIA DE CASACIÓN

Rol Nº 3.513 99. Dictada por los Ministros señoras Raquel Camposano Echegaray, Sonia Araneda Briones y Abogado Integrante señor Francisco Merino Scheihng.

Rol Nº 3.513 99. Dictada por los Ministros señoras Raquel Camposano Echegaray, Sonia Araneda Briones y Abogado Integrante señor Francisco Merino Scheihng.

III. SENTENCIA DE CASACIÓN

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, 11 de julio de 2000. VISTOS: Ante el Octavo Juzgado del Trabajo de Santiago, en estos autos Rol Nº 3.809 97, Luis Mool Méndez, demanda a la Constructora Gateway S.A., representada por Eduardo Moisés Froimovich Libedinsky, a fin que, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 184 del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744, sea condenada a pagarle las sumas que indica por concepto de lucro cesante y daño moral, originadas en los perjuicios que ha sufrido debido al fallecimiento de su hijo en un accidente laboral, más reajustes, intereses y costas. En la contestación a la demanda, la demandada opuso las excepciones de incompetencia del Tribunal, falta de legitimidad activa y de personería del demandante, la ineptitud del libelo, la cosa juzgada o litis pendencia, además de solicitar el rechazo de la acción, con costas, argumentando sobre la irresponsabilidad de su parte por las razones que indica y controvirtió el monto de los perjuicios, además, de hacer valer la exposición imprudente al riesgo. En sentencia de treinta y uno de mayo del año pasado, escrita a fojas 116, el tribunal de primer grado, acogió la excepción de incompetencia y no se pronunció sobre las restantes ni el fondo del asunto, imponiendo a cada parte sus costas. Se alzó el demandante y una de las salas de I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de veinte de octubre del año pasado, que se lee a fojas 152, confirmó el de primer grado, sin modificaciones. En contra de esta última sentencia, el demandante deduce recurso de casación en el fondo, a fin que se la invalide y se dicte la sentencia de reemplazo que corresponda, con costas. Se trajeron estos autos en relación. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el demandante funda el recurso de casación en el fondo en la infracción a los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744. Al respecto, el recurrente señala que el primero de los artículos citados expresa el principio que cuando se persigue la responsabilidad de alguien, por un accidente del trabajo o enfermedad profesional, en su calidad de empleador, siempre se estará en el ámbito de la jurisdicción laboral, puesto que lo que predomina en la norma es que el sujeto pasivo sea un empleador, para los efectos de determinar la competencia, es decir, que la víctima del accidente tenga un vínculo de subordinación o dependencia en los términos del artículo 3º del Código del Trabajo y, en consecuencia, en lo que concierne a las responsabilidades que no deriven de la calidad de empleador, será aplicable el artículo 69 de la ley Nº 16.744. Agrega que, en el caso, la referencia a las normas del derecho común del artículo citado, serán las contempladas en la legislación laboral y que las responsabilidades demandadas son las derivadas de una relación laboral. Termina indicando la influencia que tales infracciones han tenido, a su juicio, en lo dispositivo del fallo. SEGUNDO: Que la sentencia atacada ha determinado que la demanda pretende obtener una indemnización cuya fuente es la responsabilidad extracontractual, la que no es propia de la relación laboral, determinación que condujo a los sentenciadores a decidir que el tribunal del trabajo es incompetente para conocer de la acción deducida, basándose para ello en las disposiciones de los artículos 420 f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744. TERCERO: Que resulta evidente que el precepto legal en que se apoya la acción intentada, es el artículo 184 del Código del Trabajo, el que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, norma que se encuentra incorporada a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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CUARTO: Que, de este modo, el fundamento sobre el que se sostiene la sentencia impugnada, es erróneo, puesto que como se dejó establecido en el motivo anterior, el demandante acciona en virtud del deber de protección que consagra el artículo 184 del Código del Trabajo en favor de su hijo, en virtud del vínculo de subordinación y dependencia que unía a éste con la demandada, razón por la cual es evidente que resulta competente para conocer de dicha acción un tribunal del trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 f) del Código del ramo, norma de carácter procesal, vigente a la época de la decisión. QUINTO: Que, además, cabe tener presente que, como este Tribunal lo ha decidido ya, ante el incumplimiento por parte del emplea dor de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, el legislador ha previsto el subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, artículo 69, que prescribe: Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.. Es decir, esta norma consagra la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios, cuando ellos han sido causados por el incumplimiento del deber de protección a la vida y salud del trabajador, cometido por el empleador y concede tal acción no sólo al propio afectado, sino a las demás personas a quienes el accidente cause daño. SEXTO: Que, en esta línea de deducciones, resulta evidente que el fallo impugnado ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 420 f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744, desde que conforme a tales normas, son los juzgados del trabajo los llamados a conocer y fallar las causas en que se deduce una acción que tiene por fundamento el deber de protección y seguridad, impuesto por el legislador al empleador, deber que se encuentra consagrado en el artículo 184 del Código del ramo, que, si bien no se menciona en el recurso en análisis, ha sido, evidentemente, quebrantada también. SÉPTIMO: Que conforme a lo razonado, no cabe sino la invalidación del fallo impugnado, por cuanto se cometieron en su dictación los errores de derecho analizados y, por ende, las infracciones de ley denunciadas por el demandante, las que han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, desde que motivaron la aceptación de la excepción de incompetencia, alegada por la demandada, y la subsecuente omisión de resolución de las restantes excepciones y del asunto controvertido. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del Trabajo y 764, 767, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante a fojas 153, contra la sentencia de veinte de octubre del año pasado, que se lee a fojas 152, la que, en consecuencia, es nula y se reemplaza por la que a continuación, pero, separadamente se dicta. Regístrese. Rol Nº 98-00. Pronunciado por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V., y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Juan Infante P.

IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO. Santiago, 11 de julio de 2000. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de la segunda parte de su motivo tercero, desde las expresiones Sin embargo, el actor, a fojas 6, al accionar a nombre propio..., la que se suprime hasta el final.

IV. SENTENCIA DE REEMPLAZO. Santiago, 11 de julio de 2000. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de la segunda parte de su motivo tercero, desde las expresiones Sin embargo, el actor, a fojas 6, al accionar a nombre propio..., la que se suprime hasta el final. CUARTO: Que, de este modo, el fundamento sobre el que se sostiene la sentencia impugnada, es erróneo, puesto que como se dejó establecido en el motivo anterior, el demandante acciona en virtud del deber de protección que consagra el artículo 184 del Código del Trabajo en favor de su hijo, en virtud del vínculo de subordinación y dependencia que unía a éste con la demandada, razón por la cual es evidente que resulta competente para conocer de dicha acción un tribunal del trabajo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 f) del Código del ramo, norma de carácter procesal, vigente a la época de la decisión. QUINTO: Que, además, cabe tener presente que, como este Tribunal lo ha decidido ya, ante el incumplimiento por parte del emplea dor de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, el legislador ha previsto el subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, artículo 69, que prescribe: Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.. Es decir, esta norma consagra la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios, cuando ellos han sido causados por el incumplimiento del deber de protección a la vida y salud del trabajador, cometido por el empleador y concede tal acción no sólo al propio afectado, sino a las demás personas a quienes el accidente cause daño. SEXTO: Que, en esta línea de deducciones, resulta evidente que el fallo impugnado ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 420 f) del Código del Trabajo y 69 de la ley Nº 16.744, desde que conforme a tales normas, son los juzgados del trabajo los llamados a conocer y fallar las causas en que se deduce una acción que tiene por fundamento el deber de protección y seguridad, impuesto por el legislador al empleador, deber que se encuentra consagrado en el artículo 184 del Código del ramo, que, si bien no se menciona en el recurso en análisis, ha sido, evidentemente, quebrantada también. SÉPTIMO: Que conforme a lo razonado, no cabe sino la invalidación del fallo impugnado, por cuanto se cometieron en su dictación los errores de derecho analizados y, por ende, las infracciones de ley denunciadas por el demandante, las que han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, desde que motivaron la aceptación de la excepción de incompetencia, alegada por la demandada, y la subsecuente omisión de resolución de las restantes excepciones y del asunto controvertido. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del Trabajo y 764, 767, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante a fojas 153, contra la sentencia de veinte de octubre del año pasado, que se lee a fojas 152, la que, en consecuencia, es nula y se reemplaza por la que a continuación, pero, separadamente se dicta. Regístrese. Rol Nº 98-00. Pronunciado por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V., y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Juan Infante P. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE MUERTE

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: Las consideraciones del fallo de casación que antecede y lo dispuesto en el artículo 463 del Código del Trabajo, se revoca la sentencia apelada de treinta y uno de mayo del año pasado, escrita a fojas 116 y siguientes y se decide que se rechaza la excepción de incompetencia deducida por la demandada, debiendo el juez, no inhabilitado que corresponda, emitir pronunciamiento sobre las restantes excepciones deducidas y el fondo del asunto, si procediera. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 98 00 (Santiago). Pronunciado por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V., y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Juan Infante P. Mool Méndez, Luis. Casación fondo. Laboral.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: Las consideraciones del fallo de casación que antecede y lo dispuesto en el artículo 463 del Código del Trabajo, se revoca la sentencia apelada de treinta y uno de mayo del año pasado, escrita a fojas 116 y siguientes y se decide que se rechaza la excepción de incompetencia deducida por la demandada, debiendo el juez, no inhabilitado que corresponda, emitir pronunciamiento sobre las restantes excepciones deducidas y el fondo del asunto, si procediera. Regístrese y devuélvase. Rol Nº 98 00 (Santiago). Pronunciado por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V., y los Abogados Integrantes señores Patricio Novoa F. y Juan Infante P. Mool Méndez, Luis. Casación fondo. Laboral. 146

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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FICHA Nº 1 I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. No basta un cumplimiento meramente formal, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido. b. La ausencia de un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones, sumado a la ausencia de implementos de seguridad generan la negligencia de la demandada.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (pintor) EDAD: 23 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve (Fractura en el tobillo derecho) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $2.500.000 Lucro Cesante $52.920.000 Rechazado

AnTECEDENTES DEL FALLO Rol: 602-2011 Tipo: Recurso de Nulidad (rechazado) Partes: Óscar Enrique Delva Elgueta con FADEPE S.A. Ministros: Sr. Javier Aníbal Moya Cuadra, Sra. Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez Cita OnLine: CL/JUR/7265/2011 DOCTRINA Respecto a los cursos de capacitación, si bien la empresa demandada incorporó al juicio un set de Registros de Capacitación, charla de 5 minutos. Que de este set, sólo aparece que el trabajador asistió a 3 de ellas, y sólo corresponden al “Uso de Guantes”, el día 23 de noviembre de 2009, al caso de “Residuos del Proceso, Carga Futura de Trabajo”, el 30 de noviembre de 2009, y sobre “Protección Respiratoria”, el 7 de diciembre de 2009. Es menester hacer presente que no debe perderse de vista que no se trata de un cumplimiento meramente formal, de acumular formularios y registros con la asistencia de los dependientes a charlas o discursos, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido, toda vez que la obligación de la deudora legal de seguridad no se satisface con el simple hecho de haber impartido “charlas”, sino que con una fiscalización efectiva de las instrucciones impartidas y del despliegue de las tareas riesgosas, lo que en la especie no ocurrió. En cuanto a la entrega de implementos de seguridad, señala el demandado que los elementos de protección personal que se les proveen son: zapatos de seguridad, pantalones de

Respecto a los cursos de capacitación, si bien la empresa demandada incorporó al juicio un set de Registros de Capacitación, charla de 5 minutos. Que de este set, sólo aparece que el trabajador asistió a 3 de ellas, y sólo corresponden al “Uso de Guantes”, el día 23 de noviembre de 2009, al caso de “Residuos del Proceso, Carga Futura de Trabajo”, el 30 de noviembre de 2009, y sobre “Protección Respiratoria”, el 7 de diciembre de 2009. Es menester hacer presente que no debe perderse de vista que no se trata de un cumplimiento meramente formal, de acumular formularios y registros con la asistencia de los dependientes a charlas o discursos, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido, toda vez que la obligación de la deudora legal de seguridad no se satisface con el simple hecho de haber impartido “charlas”, sino que con una fiscalización efectiva de las instrucciones impartidas y del despliegue de las tareas riesgosas, lo que en la especie no ocurrió. En cuanto a la entrega de implementos de seguridad, señala el demandado que los elementos de protección personal que se les proveen son: zapatos de seguridad, pantalones de DOCTRINA AnTECEDENTES DEL FALLO Rol: 602-2011 Tipo: Recurso de Nulidad (rechazado) Partes: Óscar Enrique Delva Elgueta con FADEPE S.A. Ministros: Sr. Javier Aníbal Moya Cuadra, Sra. Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez Cita OnLine: CL/JUR/7265/2011 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (pintor) EDAD: 23 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve (Fractura en el tobillo derecho) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $2.500.000 Lucro Cesante $52.920.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. No basta un cumplimiento meramente formal, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido. b. La ausencia de un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones, sumado a la ausencia de implementos de seguridad generan la negligencia de la demandada. FICHA Nº 1 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

cuero, chaqueta de cuero, casco con capuchón de cuero, lentes de seguridad y un tubo de oxígeno que provee de aire a los trabajadores a través de una manguera conectada al interior de su traje. No se ha acreditado mediante documentación alguna que tales implementos de seguridad hayan sido entregados al actor. En razón de lo anterior, resulta incuestionable que la empresa no acreditó el cumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, relativo a la adopción de todas las medidas necesarias para la protección eficaz de la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad en la obra, ya que el control y prevención de los riesgos en las faenas no se cumple, pues no aparece que el trabajador haya tenido en su poder el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa, que funcione un Comité Paritario tal como lo señala el demandado en su contestación, no existe un marco regulatorio para la seguridad en el desarrollo de las labores, que se hayan otorgado los implementos de seguridad al trabajador, y que las charlas y demás instructivos operativos hayan sido recepcionados por el trabajador, además de la ausencia detectada respecto a un elemento esencial en la conducción de la grúa horquilla, cual es la tenencia de una licencia de conducir especial, todo lo que se traduce en un cumplimiento imperfecto del deber de protección y la subsecuente responsabilidad del empleador. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 66; ley N° 16.744 Año 1968 art. 67; ley N° 16.744 Año 1968 art. 68; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69. cuero, chaqueta de cuero, casco con capuchón de cuero, lentes de seguridad y un tubo de oxígeno que provee de aire a los trabajadores a través de una manguera conectada al interior de su traje. No se ha acreditado mediante documentación alguna que tales implementos de seguridad hayan sido entregados al actor. En razón de lo anterior, resulta incuestionable que la empresa no acreditó el cumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, relativo a la adopción de todas las medidas necesarias para la protección eficaz de la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad en la obra, ya que el control y prevención de los riesgos en las faenas no se cumple, pues no aparece que el trabajador haya tenido en su poder el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa, que funcione un Comité Paritario tal como lo señala el demandado en su contestación, no existe un marco regulatorio para la seguridad en el desarrollo de las labores, que se hayan otorgado los implementos de seguridad al trabajador, y que las charlas y demás instructivos operativos hayan sido recepcionados por el trabajador, además de la ausencia detectada respecto a un elemento esencial en la conducción de la grúa horquilla, cual es la tenencia de una licencia de conducir especial, todo lo que se traduce en un cumplimiento imperfecto del deber de protección y la subsecuente responsabilidad del empleador. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) 150

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 66; ley N° 16.744 Año 1968 art. 67; ley N° 16.744 Año 1968 art. 68; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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FICHA Nº 2 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. La empresa mandante al contratar a otra (empleadora directa) para realizar labores especializadas que no son propias de su giro queda liberada de la responsabilidad solidaria. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Forma parte de éste, el deber de informar al trabajador los riesgos del trabajo y qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo.

I. La norma del artículo 183E del Código del Trabajo dispone: “Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista, respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud”. A su vez, el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, preceptúa en lo pertinente que “los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad”. DOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 197-2011 Tipo: Sentencia de Nulidad (acogida) Partes: Aurora del Rosario González Flores con Servicios de Aseos y Construcción Limitada; Kimberly Clark Chile S.A. Ministros: Sr. Lamberto Cisternas Rocha, Sra. Dobra Lusic Nadal y Sr. Juan Cristóbal Mera Muñoz. Cita OnLine: CL/JUR/6960-2011

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajadora (auxiliar de aseo) EDAD: CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (Quemadura de tercer grado al dorso del pie y tobillo izquierdos) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $10.000.000 Lucro Cesante No se solicita

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 197-2011 Tipo: Sentencia de Nulidad (acogida) Partes: Aurora del Rosario González Flores con Servicios de Aseos y Construcción Limitada; Kimberly Clark Chile S.A. Ministros: Sr. Lamberto Cisternas Rocha, Sra. Dobra Lusic Nadal y Sr. Juan Cristóbal Mera Muñoz. Cita OnLine: CL/JUR/6960-2011 DOCTRINA I. La norma del artículo 183E del Código del Trabajo dispone: “Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista, respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud”. A su vez, el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, preceptúa en lo pertinente que “los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad”.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajadora (auxiliar de aseo) EDAD: CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (Quemadura de tercer grado al dorso del pie y tobillo izquierdos) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $10.000.000 Lucro Cesante No se solicita CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. La empresa mandante al contratar a otra (empleadora directa) para realizar labores especializadas que no son propias de su giro queda liberada de la responsabilidad solidaria. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Forma parte de éste, el deber de informar al trabajador los riesgos del trabajo y qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo. FICHA Nº 2 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 183 E; Código del Trabajo art. 184; decreto supremo N° 40 de 11/02/1969 Ministerio del Trabajo y Previsión Social art. 21; ley N° 16.744 Año 1968 art. 66 bis.

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III. La falta de información oportuna acerca de qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo es fundamental, por cuanto de la prueba rendida, especialmente las pericias médicas, se desprende que si la actora hubiere sido oportunamente atendida por profesionales especializados en este tipo de herida, que no se encuentran en los consultorios o en los servicios de atención primaria, sino en instituciones tales como el Hospital del Trabajador, que finalmente la atiende un semana después de sufrido el accidente, es altamente probable que la herida no se hubiere extendido tanto, causándole eventualmente una cicatriz de mucho menor tamaño y que no se hubiere requerido injerto, pareciendo del todo contrario a la lógica y a ningún criterio de razonabilidad, que un trabajador suficientemente instruido sobre sus derechos y sobre los procedimientos de seguridad, se privara conscientemente de atención médica adecuada, por lo que la actuación de la actora, que significó en consecuencia, empeorar la lesión, a la luz de los medios de prueba agregados a autos, sólo puede ser atribuida a la falta de capacitación realizada por su empleador. (Considerando 10° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

De la normativa transcrita fluye que la obligación consignada en el artículo 183-E del Código del Trabajo no se aplica a la empresa mandante demandada, pues ella contrató a otra –que es la empleadora directa– para realizar labores especializadas que no son propias de su giro; lo que la libera de la responsabilidad solidaria declarada en el fallo impugnado. A lo anterior se suma, por otra parte, lo dispuesto en el artículo 183-B del Código laboral, que limita dicha responsabilidad de la empresa principal sólo a las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones por término de la relación laboral, cuyo no es el caso de la reclamada en estos autos. Así las cosas y no existiendo norma legal que sirva de fuente para la obligación declarada, sólo cabe concluir que el fallo impugnado incurrió en el error de derecho que se denuncia, por lo que este capítulo de nulidad deberá ser aceptado. (Considerandos 5, 6 y 7 de la sentencia de nulidad)

II. No consta que la demandada hubiere informado a la trabajadora de los posibles riesgos que importaban sus labores ni que la hubiere capacitado respecto al modo de desarrollar su labor o sobre los procedimientos de seguridad que debían ser adoptados en caso de ocurrir un accidente, incumpliendo así lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código del Trabajo, además de diversas normas, entre ellas el artículo 21 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, D.S. N° 40 de 1969. En efecto, la demandada requerida a exhibirlos, no pudo, por no contar con ellos, exhibir en audiencia el documento mediante el cual cumplía con esta obligación de informar a la trabajadora sobre los riesgos, ni tampoco pudo acreditar que se le hubiere efectuado alguna charla o actividad de inducción al proceso, señalando testigos de la demandada solidaria que quien hacía eso era el gerente de operaciones de la demandada principal, perosin que conste que ello haya efectivamente ocurrido respecto de la trabajadora, a quien tampoco se le alcanzó a entregar reglamento internoy aparentemente tampoco habría firmado contrato de trabajo, ya que la copia que ella incorpora sólo cuenta con la firma de su empleador, sin que ninguna de las demandadas contasen con tal documentación suscrita por la actora. (Considerando 9° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

II. No consta que la demandada hubiere informado a la trabajadora de los posibles riesgos que importaban sus labores ni que la hubiere capacitado respecto al modo de desarrollar su labor o sobre los procedimientos de seguridad que debían ser adoptados en caso de ocurrir un accidente, incumpliendo así lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código del Trabajo, además de diversas normas, entre ellas el artículo 21 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, D.S. N° 40 de 1969. En efecto, la demandada requerida a exhibirlos, no pudo, por no contar con ellos, exhibir en audiencia el documento mediante el cual cumplía con esta obligación de informar a la trabajadora sobre los riesgos, ni tampoco pudo acreditar que se le hubiere efectuado alguna charla o actividad de inducción al proceso, señalando testigos de la demandada solidaria que quien hacía eso era el gerente de operaciones de la demandada principal, perosin que conste que ello haya efectivamente ocurrido respecto de la trabajadora, a quien tampoco se le alcanzó a entregar reglamento internoy aparentemente tampoco habría firmado contrato de trabajo, ya que la copia que ella incorpora sólo cuenta con la firma de su empleador, sin que ninguna de las demandadas contasen con tal documentación suscrita por la actora. (Considerando 9° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

De la normativa transcrita fluye que la obligación consignada en el artículo 183-E del Código del Trabajo no se aplica a la empresa mandante demandada, pues ella contrató a otra –que es la empleadora directa– para realizar labores especializadas que no son propias de su giro; lo que la libera de la responsabilidad solidaria declarada en el fallo impugnado. A lo anterior se suma, por otra parte, lo dispuesto en el artículo 183-B del Código laboral, que limita dicha responsabilidad de la empresa principal sólo a las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones por término de la relación laboral, cuyo no es el caso de la reclamada en estos autos. Así las cosas y no existiendo norma legal que sirva de fuente para la obligación declarada, sólo cabe concluir que el fallo impugnado incurrió en el error de derecho que se denuncia, por lo que este capítulo de nulidad deberá ser aceptado. (Considerandos 5, 6 y 7 de la sentencia de nulidad)

III. La falta de información oportuna acerca de qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo es fundamental, por cuanto de la prueba rendida, especialmente las pericias médicas, se desprende que si la actora hubiere sido oportunamente atendida por profesionales especializados en este tipo de herida, que no se encuentran en los consultorios o en los servicios de atención primaria, sino en instituciones tales como el Hospital del Trabajador, que finalmente la atiende un semana después de sufrido el accidente, es altamente probable que la herida no se hubiere extendido tanto, causándole eventualmente una cicatriz de mucho menor tamaño y que no se hubiere requerido injerto, pareciendo del todo contrario a la lógica y a ningún criterio de razonabilidad, que un trabajador suficientemente instruido sobre sus derechos y sobre los procedimientos de seguridad, se privara conscientemente de atención médica adecuada, por lo que la actuación de la actora, que significó en consecuencia, empeorar la lesión, a la luz de los medios de prueba agregados a autos, sólo puede ser atribuida a la falta de capacitación realizada por su empleador. (Considerando 10° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 183 E; Código del Trabajo art. 184; decreto supremo N° 40 de 11/02/1969 Ministerio del Trabajo y Previsión Social art. 21; ley N° 16.744 Año 1968 art. 66 bis.

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FICHA Nº 3 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. La responsabilidad inmediata del mandante se traduce en que debe cumplir con el deber de protección y seguridad no sólo en términos formales, sino que se le exige eficacia en las medidas adoptadas. b. La responsabilidad directa de la empresa mandante significa que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales. c. Los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información, no de las obligaciones de protección de la empresa mandante.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (Jornalero, labores de instalación de tuberías o ductos de agua potable) EDAD: 56 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (fractura de apófisis transversa derecha de dorsal 4, traumatismo abdominal con hematoma perirenal izquierdo, trauma torácico con fracturas costales múltiples izquierdo y neumotórax izquierdo laminar bilateral) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $50.000.000 $2.500.000 Lucro Cesante $20.000.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1097-2011 Tipo: Demanda Partes: Ober Eduardo Marcelo Salvador con Ingeniería y Construcción MST S.A. y Aguas Andinas S.A. Magistrado: Paola Cecilia Díaz Urtubia Cita OnLine: CL/JUR/9275/2011 DOCTRINA A la empresa mandante demandada se le tuvo por no contestada la demanda, por lo que el tribunal está facultado, en virtud de lo dispuesto en el inc. 7 del art. 453 N° 1 del Código del Trabajo, para estimar como admitidos en la sentencia los hechos alegados en la demanda, en este caso su rectificación, referentes al régimen de subcontratación con la demandada principal al momento del accidente, conforme a la cual el actor realizaba labores. Esto además se refuerza con la documental incorporada y exhibida en juicio. En este sentido, por el régimen de subcontratación establecido, resulta aplicable en la especie el art. 183 E del Código del Trabajo, que establece que la empresa principal (dueña de la obra) deberá adoptar

A la empresa mandante demandada se le tuvo por no contestada la demanda, por lo que el tribunal está facultado, en virtud de lo dispuesto en el inc. 7 del art. 453 N° 1 del Código del Trabajo, para estimar como admitidos en la sentencia los hechos alegados en la demanda, en este caso su rectificación, referentes al régimen de subcontratación con la demandada principal al momento del accidente, conforme a la cual el actor realizaba labores. Esto además se refuerza con la documental incorporada y exhibida en juicio. En este sentido, por el régimen de subcontratación establecido, resulta aplicable en la especie el art. 183 E del Código del Trabajo, que establece que la empresa principal (dueña de la obra) deberá adoptar DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1097-2011 Tipo: Demanda Partes: Ober Eduardo Marcelo Salvador con Ingeniería y Construcción MST S.A. y Aguas Andinas S.A. Magistrado: Paola Cecilia Díaz Urtubia Cita OnLine: CL/JUR/9275/2011 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (Jornalero, labores de instalación de tuberías o ductos de agua potable) EDAD: 56 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (fractura de apófisis transversa derecha de dorsal 4, traumatismo abdominal con hematoma perirenal izquierdo, trauma torácico con fracturas costales múltiples izquierdo y neumotórax izquierdo laminar bilateral) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $50.000.000 $2.500.000 Lucro Cesante $20.000.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. La responsabilidad inmediata del mandante se traduce en que debe cumplir con el deber de protección y seguridad no sólo en términos formales, sino que se le exige eficacia en las medidas adoptadas. b. La responsabilidad directa de la empresa mandante significa que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales. c. Los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información, no de las obligaciones de protección de la empresa mandante. FICHA Nº 3 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el art. 66 bis de la ley N° 16.744, el que a su vez impone a la mandante la obligación de vigilar el cumplimiento de de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo confeccionar un reglamento que establezca “acciones de coordinación de actividades preventivas y mecanismos de fiscalización y sanciones. En este sentido, se puede afirmar junto a la jurisprudencia reciente (I. Corte Stgo. Rol N° 8755 2009) que la ley establece directamente la responsabilidad de la empresa principal, en materia de higiene y seguridad, respecto de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. Es decir, se le establece una responsabilidad inmediata al dueño de la obra, empresa o faena que no depende sino de su condición y de lo que haga con la obligación que le concierne, la que no reviste sólo un carácter formal, sino que exige “eficacia en las medidas adoptadas. De este modo, y no existiendo prueba alguna tendiente a acreditar que el municipio haya dado cumplimiento a la obligación que impone la ley, corresponde hacerla directamente responsable en el accidente de trabajo sufrido por el actor, debiendo condenarla solidariamente con la demandada principal al pago de la indemnización concedida, conforme al art. 183 B del mismo cuerpo legal, tal como se ha solicitado, puesto que dichas reparaciones constituyen una obligación laboral proveniente de un incumplimiento del contrato de trabajo. La circunstancia que se haya señalado que la empresa mandante tenga responsabilidad directa en nada obsta lo anterior, toda vez que ello en este contexto no quiere más que significar que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales y que se ha solicitado por medio de la presente acción. Por otro lado, los certificados de incumplimiento de obligaciones laborales allegados a los autos mediante oficio, sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago de cotizaciones y remuneraciones; sin embargo, nada acreditan respecto de las obligaciones de protección de la empresa mandante conforme a lo dispuesto en el art. 183 E del Código del Trabajo. (Considerando 9° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el art. 66 bis de la ley N° 16.744, el que a su vez impone a la mandante la obligación de vigilar el cumplimiento de de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo confeccionar un reglamento que establezca “acciones de coordinación de actividades preventivas y mecanismos de fiscalización y sanciones. En este sentido, se puede afirmar junto a la jurisprudencia reciente (I. Corte Stgo. Rol N° 8755 2009) que la ley establece directamente la responsabilidad de la empresa principal, en materia de higiene y seguridad, respecto de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. Es decir, se le establece una responsabilidad inmediata al dueño de la obra, empresa o faena que no depende sino de su condición y de lo que haga con la obligación que le concierne, la que no reviste sólo un carácter formal, sino que exige “eficacia en las medidas adoptadas. De este modo, y no existiendo prueba alguna tendiente a acreditar que el municipio haya dado cumplimiento a la obligación que impone la ley, corresponde hacerla directamente responsable en el accidente de trabajo sufrido por el actor, debiendo condenarla solidariamente con la demandada principal al pago de la indemnización concedida, conforme al art. 183 B del mismo cuerpo legal, tal como se ha solicitado, puesto que dichas reparaciones constituyen una obligación laboral proveniente de un incumplimiento del contrato de trabajo. La circunstancia que se haya señalado que la empresa mandante tenga responsabilidad directa en nada obsta lo anterior, toda vez que ello en este contexto no quiere más que significar que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales y que se ha solicitado por medio de la presente acción. Por otro lado, los certificados de incumplimiento de obligaciones laborales allegados a los autos mediante oficio, sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago de cotizaciones y remuneraciones; sin embargo, nada acreditan respecto de las obligaciones de protección de la empresa mandante conforme a lo dispuesto en el art. 183 E del Código del Trabajo. (Considerando 9° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

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FICHA Nº 4 I. ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último. d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD a. No basta contar con Comité Paritario, otorgar elementos de protección o realizar charlas de capacitación si no se cuenta con un procedimiento de trabajo seguro.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (operario industrial y técnico en prevención de riesgos, se desempeñaba como operario de planta) EDAD: 36 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (contusión extremidad inferior derecha, herida abrasiva cara posterior muslo derecho) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $500.000 Lucro Cesante $19.867.528 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-214-2011 Tipo: Demanda Partes: Ricardo Patricio Jara Sánchez con Quimetal Industrial S.A. Magistrado: Carmen Gloria Correa Valenzuela Cita OnLine: CL/JUR/9285/2011 DOCTRINA I. La responsabilidad que se genera por un accidente del trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Esta responsabilidad tiene como requisitos: a) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; b) que dicho incumplimiento sea imputable al em-

I. La responsabilidad que se genera por un accidente del trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Esta responsabilidad tiene como requisitos: a) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; b) que dicho incumplimiento sea imputable al emDOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-214-2011 Tipo: Demanda Partes: Ricardo Patricio Jara Sánchez con Quimetal Industrial S.A. Magistrado: Carmen Gloria Correa Valenzuela Cita OnLine: CL/JUR/9285/2011 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (operario industrial y técnico en prevención de riesgos, se desempeñaba como operario de planta) EDAD: 36 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (contusión extremidad inferior derecha, herida abrasiva cara posterior muslo derecho) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $60.000.000 $500.000 Lucro Cesante $19.867.528 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último. d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. II. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD a. No basta contar con Comité Paritario, otorgar elementos de protección o realizar charlas de capacitación si no se cuenta con un procedimiento de trabajo seguro. FICHA Nº 4 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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pleador, y c) que dicho incumplimiento haya ocasionado perjuicios al trabajador. Además, se requiere que exista un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. (Considerando 7º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) II. En la especie, si bien la empresa demandada contaba con ciertos estándares de seguridad, por cuanto contaba con comité paritario, otorgó elementos de protección al trabajador, hizo charlas de capacitación, lo cierto es que no existía un procedimiento de trabajo seguro en el lugar donde ocurrió el accidente del actor, lo que lleva a concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, desde que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no tener un procedimiento de trabajo seguro en las labores específicas que cumplía el demandante al momento del accidente. (Considerando 7º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. II. En la especie, si bien la empresa demandada contaba con ciertos estándares de seguridad, por cuanto contaba con comité paritario, otorgó elementos de protección al trabajador, hizo charlas de capacitación, lo cierto es que no existía un procedimiento de trabajo seguro en el lugar donde ocurrió el accidente del actor, lo que lleva a concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, desde que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no tener un procedimiento de trabajo seguro en las labores específicas que cumplía el demandante al momento del accidente. (Considerando 7º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) pleador, y c) que dicho incumplimiento haya ocasionado perjuicios al trabajador. Además, se requiere que exista un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. (Considerando 7º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) 156

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FICHA Nº 5 I. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Debe considerarse que el trabajador tuvo que alterar su versión al recibir las primeras atenciones, además, debió tratarse en el sistema público de salud y sólo después de un año de ocurrido el accidente y, luego de recabar pruebas, logró cobertura definitiva de las secuelas. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Albañil EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura de calcáneo y esguince de tobillo grado dos, como consecuencia de la caída de una escalera provisoria a una altura de 2.2 metros) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $12.000.000 Lucro Cesante $93.050.640 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1649-2010 Tipo: Recurso de Nulidad (rechazado) Partes: David Maldonado Hevia con Uriarte y Pérez Cotapos Ltda. Ministros: Sr. Mauricio Silva Cancino e integrada por el Ministro Sr. Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Sr. Enrique Pérez Levetzow. Cita OnLine: CL/JUR/15690/2010 DOCTRINA A lo anterior es importante sumar las dificultades que ha tenido el demandante para acceder a la cobertura de la ley N° 16.744 a raíz del ocultamiento del carácter laboral del accidente sufrido por él, lo que se aprecia de la investigación antes indicada, ya que no sólo debió alterar su versión al momento de recibir las primeras atenciones, sino que ello le significó tener que tratarse en el sistema público de salud al rechazarse cobertura por la Ley de Accidentes del Trabajo, debiendo luego de unos meses retornar a la mutual de seguridad, dando cuenta de las reales circunstancias del accidente para poder acceder a las prestaciones a que tiene derecho, siendo destacable en este punto, que la decisión definitiva sobre la cobertura de las secuelas derivadas de su accidente la obtuvo después de un año de ocurrido éste, para lo cual tuvo incluso que recabar pruebas. Lo anterior, es un antecedente que debe ser ponderado a la hora de cuantificar el daño moral a que se accederá, puesto que así lo establece, concretamente, el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. (Considerando 12º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. A lo anterior es importante sumar las dificultades que ha tenido el demandante para acceder a la cobertura de la ley N° 16.744 a raíz del ocultamiento del carácter laboral del accidente sufrido por él, lo que se aprecia de la investigación antes indicada, ya que no sólo debió alterar su versión al momento de recibir las primeras atenciones, sino que ello le significó tener que tratarse en el sistema público de salud al rechazarse cobertura por la Ley de Accidentes del Trabajo, debiendo luego de unos meses retornar a la mutual de seguridad, dando cuenta de las reales circunstancias del accidente para poder acceder a las prestaciones a que tiene derecho, siendo destacable en este punto, que la decisión definitiva sobre la cobertura de las secuelas derivadas de su accidente la obtuvo después de un año de ocurrido éste, para lo cual tuvo incluso que recabar pruebas. Lo anterior, es un antecedente que debe ser ponderado a la hora de cuantificar el daño moral a que se accederá, puesto que así lo establece, concretamente, el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. (Considerando 12º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1649-2010 Tipo: Recurso de Nulidad (rechazado) Partes: David Maldonado Hevia con Uriarte y Pérez Cotapos Ltda. Ministros: Sr. Mauricio Silva Cancino e integrada por el Ministro Sr. Mario Carroza Espinosa y el abogado integrante Sr. Enrique Pérez Levetzow. Cita OnLine: CL/JUR/15690/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Albañil EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura de calcáneo y esguince de tobillo grado dos, como consecuencia de la caída de una escalera provisoria a una altura de 2.2 metros) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $12.000.000 Lucro Cesante $93.050.640 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Debe considerarse que el trabajador tuvo que alterar su versión al recibir las primeras atenciones, además, debió tratarse en el sistema público de salud y sólo después de un año de ocurrido el accidente y, luego de recabar pruebas, logró cobertura definitiva de las secuelas. FICHA Nº 5 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro

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DOCTRINA

FICHA Nº 6

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-3718-2010 Tipo: Demanda Partes: Álvaro Gonzalo Barrueto Reyes con Pacific Fitness Ltda. Magistrado: Ximena Alejandra Rivera Salinas Cita OnLine: CL/JUR/7176/2011

I. ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR a. Puesto que gozar de la vida e integridad física y psíquica es una condición previa para disfrutar el derecho de propiedad, el empleador debe responder de culpa levísima. b. La adecuada prevención de accidentes forma parte de la totalidad de actividades que el empleador debe desarrollar dentro de su giro social. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Lo futuro del daño no impide su determinación, por lo tanto, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo. b. La proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento realmente producido, que se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (Maestro carpintero) EDAD: 31 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (fractura de pelvis, fractura del peroné derecho, herida complicada de cara y TEC cerrado) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $120.000.000 $18.000.000 Lucro Cesante $51.000.000 Rechazado

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (Maestro carpintero) EDAD: 31 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (fractura de pelvis, fractura del peroné derecho, herida complicada de cara y TEC cerrado) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $120.000.000 $18.000.000 Lucro Cesante $51.000.000 Rechazado

I. ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR a. Puesto que gozar de la vida e integridad física y psíquica es una condición previa para disfrutar el derecho de propiedad, el empleador debe responder de culpa levísima. b. La adecuada prevención de accidentes forma parte de la totalidad de actividades que el empleador debe desarrollar dentro de su giro social. II. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Lo futuro del daño no impide su determinación, por lo tanto, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo. b. La proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento realmente producido, que se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-3718-2010 Tipo: Demanda Partes: Álvaro Gonzalo Barrueto Reyes con Pacific Fitness Ltda. Magistrado: Ximena Alejandra Rivera Salinas Cita OnLine: CL/JUR/7176/2011

FICHA Nº 6

DOCTRINA

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (Considerando 10 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) II. Dado que el lucro cesante es un daño proyectado hacia el futuro, el mismo debe ser examinado desde el punto de vista del desarrollo normal de la relación causal y la no interferencia de hechos, conforme el curso natural y razonablemente previsible de las cosas. Es decir, debe evaluarse, a futuro, las aptitudes del trabajador para generar un ingreso equivalente al que percibía a la época del accidente, teniendo en consideración las labores desarrolladas y la posibilidad de volverlas a efectuar o bien de capacitarse para otra clase de tareas, el período laboral habitual de un trabajador promedio, como también los ciclos de desocupación que usualmente se verifican, dada el grado de movilidad del mercado de trabajo. Por lo mismo, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo, en atención a que lo futuro del daño no impide la determinación, ponderada según las circunstancias que usualmente se presentan en la vida laboral de los trabajadores del rubro en que se desempeña el actor, de la pérdida futura. Sin embargo, en el caso de estos antecedentes no se accederá al lucro cesante demandado, toda vez que no se trata, en la actualidad, de un daño cierto. En efecto, la proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento realmente producido que, en este caso, se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor, cuestión que aún no se ha efectuado. En ese sentido, es importante destacar que la falta de dicha determinación no puede ser subsanada por el tribunal, toda vez que la competencia para efectuarla ha sido puesta por el artículo 58 de la ley Nº 16.744, exclusivamente, en los Servicios de Salud o las mutualidades, en su caso; lo contrario, constituiría una vulneración de la prohibición del artículo 7° de la Constitución Política de la República en cuanto a arrogarse, un órgano del Estado, competencias que no le hayan sido expresamente otorgadas por ley. (Considerando 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. II. Dado que el lucro cesante es un daño proyectado hacia el futuro, el mismo debe ser examinado desde el punto de vista del desarrollo normal de la relación causal y la no interferencia de hechos, conforme el curso natural y razonablemente previsible de las cosas. Es decir, debe evaluarse, a futuro, las aptitudes del trabajador para generar un ingreso equivalente al que percibía a la época del accidente, teniendo en consideración las labores desarrolladas y la posibilidad de volverlas a efectuar o bien de capacitarse para otra clase de tareas, el período laboral habitual de un trabajador promedio, como también los ciclos de desocupación que usualmente se verifican, dada el grado de movilidad del mercado de trabajo. Por lo mismo, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo, en atención a que lo futuro del daño no impide la determinación, ponderada según las circunstancias que usualmente se presentan en la vida laboral de los trabajadores del rubro en que se desempeña el actor, de la pérdida futura. Sin embargo, en el caso de estos antecedentes no se accederá al lucro cesante demandado, toda vez que no se trata, en la actualidad, de un daño cierto. En efecto, la proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento realmente producido que, en este caso, se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor, cuestión que aún no se ha efectuado. En ese sentido, es importante destacar que la falta de dicha determinación no puede ser subsanada por el tribunal, toda vez que la competencia para efectuarla ha sido puesta por el artículo 58 de la ley Nº 16.744, exclusivamente, en los Servicios de Salud o las mutualidades, en su caso; lo contrario, constituiría una vulneración de la prohibición del artículo 7° de la Constitución Política de la República en cuanto a arrogarse, un órgano del Estado, competencias que no le hayan sido expresamente otorgadas por ley. (Considerando 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (Considerando 10 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. Por otra parte, el hecho de que la trabajadora haya sido picada por una araña mientras laboraba en las circunstancias ya descritas y habiendo además tomado conocimiento

FICHA Nº 7

I. Es posible concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, toda vez que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no mantener un aseo estricto y tampoco mantener las puertas cerradas a fin de impedir el ingreso de vectores a sus dependencias, como tampoco se instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio que alberga a la empresa demandada. (Considerando 9º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. Por otra parte, el hecho de que la trabajadora haya sido picada por una araña mientras laboraba en las circunstancias ya descritas y habiendo además tomado conocimiento

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I. Es posible concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, toda vez que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no mantener un aseo estricto y tampoco mantener las puertas cerradas a fin de impedir el ingreso de vectores a sus dependencias, como tampoco se instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio que alberga a la empresa demandada. (Considerando 9º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

FICHA Nº 7

DOCTRINA

I. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. El empleador no tomó las medidas necesarias: aseo estricto, puertas cerradas, ni instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio. b. Falta de eficiencia en el cumplimiento del deber, puesto que la jefa directa no informó al prevencionista de riesgo ni adoptó medidas tendientes a averiguar lo sucedido. c. Existencia de culpa levísima del empleador en el cumplimiento de su obligación legal.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1440-2012 Tipo: Recurso de Nulidad (rechazado) Partes: Carolina Muñoz Carrasco con EMERGIA CONTACT CENTER SL CHILE LTDA. Ministros: Sr. Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro Sr. Emilio Elgueta Torres y el abogado integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez Cita OnLine: CL/JUR/16436/2010

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Asesor telefónico de “Call Center” EDAD: 27 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Picadura de araña de rincón. Lesión en pantorrilla izquierda, pérdida de tejido en la zona y una cicatriz, lo que se traduce en que la actora se vea impedida de usar falda y mostrar su pierna por un lapso no determinado. Dolor físico, lo que se acredita no solo con la ficha médica de la actora y sufrimiento por la circunstancia de permanecer hospitalizada un mes) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $50.000.000 $10.000.000 Lucro Cesante No solicita -.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Asesor telefónico de “Call Center” EDAD: 27 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Picadura de araña de rincón. Lesión en pantorrilla izquierda, pérdida de tejido en la zona y una cicatriz, lo que se traduce en que la actora se vea impedida de usar falda y mostrar su pierna por un lapso no determinado. Dolor físico, lo que se acredita no solo con la ficha médica de la actora y sufrimiento por la circunstancia de permanecer hospitalizada un mes) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $50.000.000 $10.000.000 Lucro Cesante No solicita -.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1440-2012 Tipo: Recurso de Nulidad (rechazado) Partes: Carolina Muñoz Carrasco con EMERGIA CONTACT CENTER SL CHILE LTDA. Ministros: Sr. Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro Sr. Emilio Elgueta Torres y el abogado integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez Cita OnLine: CL/JUR/16436/2010

I. DEBER DE SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. El empleador no tomó las medidas necesarias: aseo estricto, puertas cerradas, ni instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio. b. Falta de eficiencia en el cumplimiento del deber, puesto que la jefa directa no informó al prevencionista de riesgo ni adoptó medidas tendientes a averiguar lo sucedido. c. Existencia de culpa levísima del empleador en el cumplimiento de su obligación legal.

DOCTRINA

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al ocurrir el hecho, su jefa directa, la que no informó al encargado de prevención de riesgos, ni adoptó medida alguna tendiente a lo menos a averiguar lo sucedido a la actora, significa que no se dio cumplimiento del deber de protección que exige el legislador al empleador, por cuanto es su obligación el uso de medidas de seguridad, de resguardar su vida y salud de manera eficiente. (Considerando 9º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) III. Así las cosas, es posible concluir que en la especie existió culpa por parte del empleador, al menos levísima, en el cumplimiento de su obligación legal de seguridad. (Considerando 9º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. III. Así las cosas, es posible concluir que en la especie existió culpa por parte del empleador, al menos levísima, en el cumplimiento de su obligación legal de seguridad. (Considerando 9º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) al ocurrir el hecho, su jefa directa, la que no informó al encargado de prevención de riesgos, ni adoptó medida alguna tendiente a lo menos a averiguar lo sucedido a la actora, significa que no se dio cumplimiento del deber de protección que exige el legislador al empleador, por cuanto es su obligación el uso de medidas de seguridad, de resguardar su vida y salud de manera eficiente. (Considerando 9º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

FICHA Nº 8

FICHA Nº 8 TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

I. RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO a. El empleador acreditó correctamente el cumplimiento del deber de seguridad. b. El siniestro se debió a causas no imputables al empleador (cruce de animal en la vía pública). c. No se verificó el requisito de causalidad.

Consta la documental incorporada por la demandada respecto del cumplimiento de su obligación de seguridad, a través del reglamento interno, exámenes ocupacionales, la existencia de sistema de gestión de seguridad y las charlas de inducción al trabajador, y asimismo, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respectivas, por lo que lo antes expuesto unido a la causa principal del accidente, esto es, el cruce de un animal en la vía pública y a la conducción sin estar atento a las condiciones del camino, permiten concluir que el siniestro se debió a causas no imputables al empleador, por lo que se ha rechazado la demanda en todas sus partes. (Considerando 13º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

DOCTRINA

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Jornalero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (TEC cerrado complicado, con contusiones hemorrágicas múltiples, como consecuencia de un choque en el vehículo en el que viajaba el actor) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total (viajaba sin cinturón de seguridad) VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $180.000.000 Rechazado Lucro Cesante $30.000.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1184-2010 Tipo: Recurso de nulidad (Rechazado) Partes: Juan Miguel Ramírez Ortubia con Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.; Corporación Nacional del Cobre de Chile Ministros: Sr. Mario Rojas González, e integrada por la Ministro Sra. María Rosa Kittsteiner Gentile y por el abogado integrante Sr. Rodrigo Asenjo Zegers. Cita OnLine: CL/JUR/16346/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1184-2010 Tipo: Recurso de nulidad (Rechazado) Partes: Juan Miguel Ramírez Ortubia con Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.; Corporación Nacional del Cobre de Chile Ministros: Sr. Mario Rojas González, e integrada por la Ministro Sra. María Rosa Kittsteiner Gentile y por el abogado integrante Sr. Rodrigo Asenjo Zegers. Cita OnLine: CL/JUR/16346/2010

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Jornalero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (TEC cerrado complicado, con contusiones hemorrágicas múltiples, como consecuencia de un choque en el vehículo en el que viajaba el actor) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total (viajaba sin cinturón de seguridad) VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $180.000.000 Rechazado Lucro Cesante $30.000.000 Rechazado

DOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

Consta la documental incorporada por la demandada respecto del cumplimiento de su obligación de seguridad, a través del reglamento interno, exámenes ocupacionales, la existencia de sistema de gestión de seguridad y las charlas de inducción al trabajador, y asimismo, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respectivas, por lo que lo antes expuesto unido a la causa principal del accidente, esto es, el cruce de un animal en la vía pública y a la conducción sin estar atento a las condiciones del camino, permiten concluir que el siniestro se debió a causas no imputables al empleador, por lo que se ha rechazado la demanda en todas sus partes. (Considerando 13º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

I. RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO a. El empleador acreditó correctamente el cumplimiento del deber de seguridad. b. El siniestro se debió a causas no imputables al empleador (cruce de animal en la vía pública). c. No se verificó el requisito de causalidad.

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FICHA Nº 9 I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. El empleador debe adoptar acciones destinadas a llenar de contenido dichos deberes básicos. b. No se tomaron todas las medidas necesarias, puesto que no existía comité paritario ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor ni existía una supervigilancia de los trabajos.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (mecánico de buses en el sistema Transantiago) EDAD: CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (Quemadura por fuego pierna izquierda tipo AB A) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $10.000.000 $1.500.000 Lucro Cesante No solicita

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-2998-2010 Tipo: Demanda Partes: Erick Alexander Mazzo Cerna con Buses Gran Santiago Uno. Magistrado: Carolina Andrea Luengo Portilla. Cita OnLine: CL/JUR/6997/2011 DOCTRINA El deber de protección y seguridad del empleador se concretiza con el cumplimiento de una serie de exigencias legales, tales como existencia de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad artículo 153 Código del Trabajo, que debe contener las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el medio laboral y las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en el establecimiento donde desempeña sus labores; capacitación de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida artículo 179 del Código del Trabajo; adopción y mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que señala la ley artículo 210 del Código precitado; funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de riesgos profesionales artículo 66 ley Nº 16.744, entre otras. Asimismo, los deberes básicos del empleador referidos a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los riesgos de la empresa, una definición de

El deber de protección y seguridad del empleador se concretiza con el cumplimiento de una serie de exigencias legales, tales como existencia de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad artículo 153 Código del Trabajo, que debe contener las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el medio laboral y las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en el establecimiento donde desempeña sus labores; capacitación de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida artículo 179 del Código del Trabajo; adopción y mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que señala la ley artículo 210 del Código precitado; funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de riesgos profesionales artículo 66 ley Nº 16.744, entre otras. Asimismo, los deberes básicos del empleador referidos a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los riesgos de la empresa, una definición de DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-2998-2010 Tipo: Demanda Partes: Erick Alexander Mazzo Cerna con Buses Gran Santiago Uno. Magistrado: Carolina Andrea Luengo Portilla. Cita OnLine: CL/JUR/6997/2011 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (mecánico de buses en el sistema Transantiago) EDAD: CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (Quemadura por fuego pierna izquierda tipo AB A) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $10.000.000 $1.500.000 Lucro Cesante No solicita CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. El empleador debe adoptar acciones destinadas a llenar de contenido dichos deberes básicos. b. No se tomaron todas las medidas necesarias, puesto que no existía comité paritario ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor ni existía una supervigilancia de los trabajos. FICHA Nº 9 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad, selección de éstos de acuerdo con esta realidad, instrucción y capacitación conforme con las contingencias advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e instrumentos idóneos para operar, mantención de sistemas de reacción eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia, evaluación frente a cada accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura, respeto de todas las normas legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. (Considerando 19 del Juzgado de Letras del Trabajo) Establecido que la empresa demandada no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y vida del trabajador demandante, por ende, no cumplió su deber de seguridad en los términos del artículo 184 del Código del Trabajo, toda vez que no se adoptaron todas las providencias precisas y efectivas para evitar el accidente, atendido que no existía comité paritario ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor y por último existía una falta de supervigilancia de los trabajos que se debían realizar el día del accidente en el taller teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivada del vínculo de subordinación y dependencia, surge para el empleador demandado la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. (Considerando 26 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184 las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad, selección de éstos de acuerdo con esta realidad, instrucción y capacitación conforme con las contingencias advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e instrumentos idóneos para operar, mantención de sistemas de reacción eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia, evaluación frente a cada accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura, respeto de todas las normas legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. (Considerando 19 del Juzgado de Letras del Trabajo) Establecido que la empresa demandada no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y vida del trabajador demandante, por ende, no cumplió su deber de seguridad en los términos del artículo 184 del Código del Trabajo, toda vez que no se adoptaron todas las providencias precisas y efectivas para evitar el accidente, atendido que no existía comité paritario ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor y por último existía una falta de supervigilancia de los trabajos que se debían realizar el día del accidente en el taller teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivada del vínculo de subordinación y dependencia, surge para el empleador demandado la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. (Considerando 26 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) 164

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FICHA Nº 10 I. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca. b. No procede la indemnización si el trabajador tiene una relación laboral vigente y está recibiendo el pago de licencias médicas. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Procede, puesto que se ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, además, se verifica el perjuicio de agrado.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operario de Mantención EDAD: 35 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura grave de pierna derecha, debiendo ser operado el actor, donde se le colocó una placa de titanio y tornillos en su pierna derecha, quedando internado durante 3 días, para luego estar en reposo absoluto por un mes. Proceso de curaciones quirúrgicas y de rehabilitación, con uso de bastones clínicos para desplazarse mínimas distancias) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 $1.000.000 Lucro Cesante $43.200.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1220-2010 Tipo: Recurso de nulidad (Rechazado). Partes: Alexis Arias Rojas con Sodexho Soportes y Servicios S.A. Ministros: Sr. Carlos Cerda Fernández e integrada por el Ministro Sr. Omar Astudillo Contreras y por el abogado integrante Sr. Antonio Barra Rojas. Cita OnLine: CL/JUR/16364/2010 DOCTRINA I. Este tribunal para determinar la procedencia de la indemnización solicitada por el actor, tiene presente que el lucro cesante ha sido definido en reiteradas ocasiones como lo que dejó de percibir el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación o del delito o cuasidelito. Sin perjuicio de lo cual tanto la Doctrina como la jurisprudencia han sostenido distintas posiciones en cuanto a la posibilidad de ser indemnizado, ya que para algunos se debe tener una certeza absoluta respecto de su concurrencia para poder ser indemnizado, lo que esta sentenciadora no comparte, ya que es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca, tal como lo indica el Profesor Fabián Elorriaga

I. Este tribunal para determinar la procedencia de la indemnización solicitada por el actor, tiene presente que el lucro cesante ha sido definido en reiteradas ocasiones como lo que dejó de percibir el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación o del delito o cuasidelito. Sin perjuicio de lo cual tanto la Doctrina como la jurisprudencia han sostenido distintas posiciones en cuanto a la posibilidad de ser indemnizado, ya que para algunos se debe tener una certeza absoluta respecto de su concurrencia para poder ser indemnizado, lo que esta sentenciadora no comparte, ya que es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca, tal como lo indica el Profesor Fabián Elorriaga DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 1220-2010 Tipo: Recurso de nulidad (Rechazado). Partes: Alexis Arias Rojas con Sodexho Soportes y Servicios S.A. Ministros: Sr. Carlos Cerda Fernández e integrada por el Ministro Sr. Omar Astudillo Contreras y por el abogado integrante Sr. Antonio Barra Rojas. Cita OnLine: CL/JUR/16364/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operario de Mantención EDAD: 35 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura grave de pierna derecha, debiendo ser operado el actor, donde se le colocó una placa de titanio y tornillos en su pierna derecha, quedando internado durante 3 días, para luego estar en reposo absoluto por un mes. Proceso de curaciones quirúrgicas y de rehabilitación, con uso de bastones clínicos para desplazarse mínimas distancias) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 $1.000.000 Lucro Cesante $43.200.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. Es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca. b. No procede la indemnización si el trabajador tiene una relación laboral vigente y está recibiendo el pago de licencias médicas. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Procede, puesto que se ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, además, se verifica el perjuicio de agrado. FICHA Nº 10 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

de Bonis, en el libro La Responsabilidad por los Accidentes del Trabajo, en su página 160, en la cual señala “Precisamente la idea que impera es que la certidumbre exigible en esta materia no es la absoluta, sino que la relativa, siempre que esté fundada en antecedentes objetivos, reales y probados”. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe tener presente que en el caso de autos, el actor desde la fecha de ocurrencia del accidente del trabajo sufrido, esto es, el 28 de noviembre de 2009, no ha sido desvinculado por la empresa demandada, manteniéndose vigente la relación laboral entre las partes e, incluso, siendo reconocido por el propio demandante al absolver posiciones que la demandada ya le había adelantado la posibilidad de reubicarlo en sus funciones cuando se reintegre a las mismas. Este hecho también quedó establecido, según consta del registro de audio, al momento de efectuar el tribunal un llamado extraordinario de conciliación durante la audiencia de juicio y su continuación, ya que la propia demandada estuvo dispuesta a asegurar la fuente laboral del trabajador por el período señalado en la referida audiencia, contabilizado desde que se reintegrara efectivamente a sus funciones, lo que finalmente no fue aceptado por el trabajador. Los hechos descritos precedentemente cobran relevancia al tenor de la indemnización de lucro cesante solicitada por el actor, atendido que resulta incompatible a juicio de esta sentenciadora la indemnización solicitada, teniendo presente el hecho que el actor mantiene vigente la relación laboral que lo unía para con la demandada de autos con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, por lo que mal podría estar colocándose en la situación de que a raíz del accidente sufrido deje de percibir sus remuneraciones mensuales, ya que durante el período en que ha permanecido con licencias médicas, ha percibido oportunamente todas las prestaciones que establece la ley Nº 16.744 y, una vez que se reintegre a sus funciones, fecha respecto de la cual aún no existe certeza de su ocurrencia de acuerdo a la declaración del perito designado por el tribunal a petición del propio actor, resulta improcedente la solicitud de la indemnización del lucro cesante, ya que este no ha podido configurarse, por lo que se procederá a su rechazo. (Considerando 18º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

II. Asimismo, fue alegado en el libelo el denominado perjuicio de agrado sufrido por el actor, ya que se le ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, las que de acuerdo al tenor de la declaración conteste en este sentido de ambos testigos, se tiene por acreditado que el actor efectivamente sufrió un cambio en su personalidad a partir del accidente sufrido, mostrándose más introvertido, a diferencia de como era con anterioridad al mismo, no pudiendo tampoco desarrollar actividades deportivas, como realizaba antes de jugar fútbol, por lo que este tribunal estima que se provocó un perjuicio moral al demandante. (Considerando 21º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

II. Asimismo, fue alegado en el libelo el denominado perjuicio de agrado sufrido por el actor, ya que se le ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, las que de acuerdo al tenor de la declaración conteste en este sentido de ambos testigos, se tiene por acreditado que el actor efectivamente sufrió un cambio en su personalidad a partir del accidente sufrido, mostrándose más introvertido, a diferencia de como era con anterioridad al mismo, no pudiendo tampoco desarrollar actividades deportivas, como realizaba antes de jugar fútbol, por lo que este tribunal estima que se provocó un perjuicio moral al demandante. (Considerando 21º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

de Bonis, en el libro La Responsabilidad por los Accidentes del Trabajo, en su página 160, en la cual señala “Precisamente la idea que impera es que la certidumbre exigible en esta materia no es la absoluta, sino que la relativa, siempre que esté fundada en antecedentes objetivos, reales y probados”. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe tener presente que en el caso de autos, el actor desde la fecha de ocurrencia del accidente del trabajo sufrido, esto es, el 28 de noviembre de 2009, no ha sido desvinculado por la empresa demandada, manteniéndose vigente la relación laboral entre las partes e, incluso, siendo reconocido por el propio demandante al absolver posiciones que la demandada ya le había adelantado la posibilidad de reubicarlo en sus funciones cuando se reintegre a las mismas. Este hecho también quedó establecido, según consta del registro de audio, al momento de efectuar el tribunal un llamado extraordinario de conciliación durante la audiencia de juicio y su continuación, ya que la propia demandada estuvo dispuesta a asegurar la fuente laboral del trabajador por el período señalado en la referida audiencia, contabilizado desde que se reintegrara efectivamente a sus funciones, lo que finalmente no fue aceptado por el trabajador. Los hechos descritos precedentemente cobran relevancia al tenor de la indemnización de lucro cesante solicitada por el actor, atendido que resulta incompatible a juicio de esta sentenciadora la indemnización solicitada, teniendo presente el hecho que el actor mantiene vigente la relación laboral que lo unía para con la demandada de autos con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, por lo que mal podría estar colocándose en la situación de que a raíz del accidente sufrido deje de percibir sus remuneraciones mensuales, ya que durante el período en que ha permanecido con licencias médicas, ha percibido oportunamente todas las prestaciones que establece la ley Nº 16.744 y, una vez que se reintegre a sus funciones, fecha respecto de la cual aún no existe certeza de su ocurrencia de acuerdo a la declaración del perito designado por el tribunal a petición del propio actor, resulta improcedente la solicitud de la indemnización del lucro cesante, ya que este no ha podido configurarse, por lo que se procederá a su rechazo. (Considerando 18º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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FICHA Nº 11 I. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. Debe responder el demandado, aunque no sea el empleador, del mal estado del lugar que tiene a su cargo. b. Se exime de responsabilidad al empleador, puesto que cumplía debidamente con su deber de protección y seguridad y el recinto no estaba a su cargo. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Supervisor en empresa portuaria EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Múltiples lesiones en el pie, como consecuencia de la caída de una carga de una grúa orquilla directamente en su pie, ocasionando un 15% de incapacidad laboral declarada por los organismos de seguridad social competentes) Exposición al daño de la víctima: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $45.000.000 $20.000.000 Lucro Cesante No señala monto Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 7506-2008 Tipo: Casación en la Forma y en el Fondo (Rechazado). Partes: Alfredo Álvarez Catalán con Empresa Portuaria San Antonio. Ministros: Sr. Patricio Valdés; Sras. Rosa María Maggi, Rosa Egnem; Sr. Roberto Jacob y el abogado integrante Sr. Rafael Gómez Balmaceda. Cita OnLine: CL/JUR/16753/2010 DOCTRINA En la especie, la demandada no es la empleadora del demandante, pero es quien tiene a su cuidado la conservación del Espigón del Puerto, de manera que si la conservación no es óptima ni buena, debe responder por los daños que se puedan ocasionar en dichos recintos a causa del mal estado o deficiente estado de conservación. (Considerando 8 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) Con lo razonado no cabe sino concluir que la demandada es responsable extracontractualmente del daño sufrido por el actor puesto que por un hecho que le es imputable, cual fue el no mantener en buenas condiciones el recinto a su cargo, se produjo el accidente que lo lesionó y dejó con una incapacidad laboral parcial; ello le ha permitido al demandante dirigir su acción en contra de la demandada por aplicación tanto de las normas laborales, ley Nº 16.744, cuanto del derecho civil, artículo 2314 del Código Civil y no en contra de su empleador, puesto que se ha demostrado que este último pagaba por ocupar sitios o patios en el Terminal del Espigón del Puerto y cumplía con las normas de Higiene y Seguridad no estando a su cargo la mantención o conservación de los recintos portuarios. (Considerando 13 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 2314; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69. En la especie, la demandada no es la empleadora del demandante, pero es quien tiene a su cuidado la conservación del Espigón del Puerto, de manera que si la conservación no es óptima ni buena, debe responder por los daños que se puedan ocasionar en dichos recintos a causa del mal estado o deficiente estado de conservación. (Considerando 8 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) Con lo razonado no cabe sino concluir que la demandada es responsable extracontractualmente del daño sufrido por el actor puesto que por un hecho que le es imputable, cual fue el no mantener en buenas condiciones el recinto a su cargo, se produjo el accidente que lo lesionó y dejó con una incapacidad laboral parcial; ello le ha permitido al demandante dirigir su acción en contra de la demandada por aplicación tanto de las normas laborales, ley Nº 16.744, cuanto del derecho civil, artículo 2314 del Código Civil y no en contra de su empleador, puesto que se ha demostrado que este último pagaba por ocupar sitios o patios en el Terminal del Espigón del Puerto y cumplía con las normas de Higiene y Seguridad no estando a su cargo la mantención o conservación de los recintos portuarios. (Considerando 13 de la sentencia de la Corte de Apelaciones) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 7506-2008 Tipo: Casación en la Forma y en el Fondo (Rechazado). Partes: Alfredo Álvarez Catalán con Empresa Portuaria San Antonio. Ministros: Sr. Patricio Valdés; Sras. Rosa María Maggi, Rosa Egnem; Sr. Roberto Jacob y el abogado integrante Sr. Rafael Gómez Balmaceda. Cita OnLine: CL/JUR/16753/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Supervisor en empresa portuaria EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Múltiples lesiones en el pie, como consecuencia de la caída de una carga de una grúa orquilla directamente en su pie, ocasionando un 15% de incapacidad laboral declarada por los organismos de seguridad social competentes) Exposición al daño de la víctima: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $45.000.000 $20.000.000 Lucro Cesante No señala monto Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL a. Debe responder el demandado, aunque no sea el empleador, del mal estado del lugar que tiene a su cargo. b. Se exime de responsabilidad al empleador, puesto que cumplía debidamente con su deber de protección y seguridad y el recinto no estaba a su cargo. FICHA Nº 11 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Existiendo el nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomado todas las medidas de seguridad necesarias (entrega de instructivos del uso de la máquina, capacitación e información sobre riesgos y medidas de prevención, capacitación adecuada para el cumplimiento de las labores, pro-

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DOCTRINA

FICHA Nº 12

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 965-2010 Tipo: Recurso de nulidad (rechazado) Partes: Mario López Gatica con Construcciones Especializadas Ltda. Ministros: Sr. Mauricio Silva Cancino, Sra. Jessica González Troncoso y el abogado integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez Cita OnLine: CL/JUR/16261/2010

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 a. Existe relación de causalidad entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el trabajador. b. Medidas de seguridad no fueron efectivas ni eficaces. c. Falta del deber de cuidado y protección que la ley le exige al empleador. II. INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE a. Para que se otorgue debe acreditarse que se dejó de percibir determinados ingresos como consecuencia de una lesión física. b. No existió merma en sus ingresos si recibió la cobertura que otorga la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. c. La circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades laborales, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar a efectos de otorgarla.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Jornalero EDAD: 51 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Incapacidad (Lesión en la cápsula ligamentosa metacarpio falángica izquierda, específicamente dedos pulgar e índice, y un desforramiento de parte de la mano. Distrofia simpática refleja de la mano. Todo lo anterior ha generado en el actor un 10% de incapacidad declarado por los organismos de seguridad social competentes) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $90.000.000 $5.000.000 Lucro Cesante $13.440.000 Rechazado

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Jornalero EDAD: 51 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Incapacidad (Lesión en la cápsula ligamentosa metacarpio falángica izquierda, específicamente dedos pulgar e índice, y un desforramiento de parte de la mano. Distrofia simpática refleja de la mano. Todo lo anterior ha generado en el actor un 10% de incapacidad declarado por los organismos de seguridad social competentes) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $90.000.000 $5.000.000 Lucro Cesante $13.440.000 Rechazado

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 a. Existe relación de causalidad entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el trabajador. b. Medidas de seguridad no fueron efectivas ni eficaces. c. Falta del deber de cuidado y protección que la ley le exige al empleador. II. INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE a. Para que se otorgue debe acreditarse que se dejó de percibir determinados ingresos como consecuencia de una lesión física. b. No existió merma en sus ingresos si recibió la cobertura que otorga la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. c. La circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades laborales, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar a efectos de otorgarla.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 965-2010 Tipo: Recurso de nulidad (rechazado) Partes: Mario López Gatica con Construcciones Especializadas Ltda. Ministros: Sr. Mauricio Silva Cancino, Sra. Jessica González Troncoso y el abogado integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez Cita OnLine: CL/JUR/16261/2010

FICHA Nº 12

DOCTRINA

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Existiendo el nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomado todas las medidas de seguridad necesarias (entrega de instructivos del uso de la máquina, capacitación e información sobre riesgos y medidas de prevención, capacitación adecuada para el cumplimiento de las labores, pro-

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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cedimientos estandarizados del manejo de las máquinas, avisos claros en el equipo de las partes peligrosas o que pueden afectar la integridad física del trabajador, como pintar de rojo aquellas zonas en las que no deben colocarse las manos) para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no se habría producido el accidente, que derivó en daño para éste, debe entenderse que ello se debe a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con sus trabajadores. Y el que causa daño a otro debe indemnizar el mismo, y teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivaba del vínculo de subordinación y dependencia, surge para él la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) II. Para que se indemnice el lucro cesante es necesario que éste sea real, es decir, que teniendo determinado ingreso lo dejó de percibir a consecuencia de una lesión física, que en autos el demandante no acreditó por medio alguno tal circunstancia, es más, se estableció que el demandante percibió los subsidios de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y las prestaciones médicas y tratamientos necesarios para su recuperación, y de seguridad laboral, y la circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades labores, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar lucro cesante, por lo anterior, se rechazará el cobro de tal indemnización. (Considerando 20 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 66; ley N° 16.744 Año 1968 art. 67; ley N° 16.744 Año 1968 art. 68; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 66; ley N° 16.744 Año 1968 art. 67; ley N° 16.744 Año 1968 art. 68; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69. II. Para que se indemnice el lucro cesante es necesario que éste sea real, es decir, que teniendo determinado ingreso lo dejó de percibir a consecuencia de una lesión física, que en autos el demandante no acreditó por medio alguno tal circunstancia, es más, se estableció que el demandante percibió los subsidios de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y las prestaciones médicas y tratamientos necesarios para su recuperación, y de seguridad laboral, y la circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades labores, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar lucro cesante, por lo anterior, se rechazará el cobro de tal indemnización. (Considerando 20 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) cedimientos estandarizados del manejo de las máquinas, avisos claros en el equipo de las partes peligrosas o que pueden afectar la integridad física del trabajador, como pintar de rojo aquellas zonas en las que no deben colocarse las manos) para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no se habría producido el accidente, que derivó en daño para éste, debe entenderse que ello se debe a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con sus trabajadores. Y el que causa daño a otro debe indemnizar el mismo, y teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivaba del vínculo de subordinación y dependencia, surge para él la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. En cuanto al fundamento de la responsabilidad exigida en el libelo de autos y su graduación, se hace necesario señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor, el artículo 184 del Código del Trabajo, establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que éstos son deudores de seguridad para aquéllos y tal obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se

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DOCTRINA

FICHA Nº 13

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-2557-2010 Tipo: Demanda Partes: Juan Carlos Cisternas Plaza con Héctor Eduardo Zurita y Prosegur Ltda. Magistrado: María Verónica Torres Reyes Cita OnLine: CL/JUR/16513/2010

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste. b. Su cumplimiento no queda entregado a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. c. Corresponde al empleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó todos los elementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo. II. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. Existe responsabilidad aplicable es la solidaridad para las obligaciones laborales y previsionales cuando el dueño de la obra no ha ejercido sus deberes de información y retención.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (obrero) EDAD: 42 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (policontuso; politraumatismo; fractura base quinto metacarpiano; herida región axilar derecha complicada; fractura tibia peroné distal derecho; fractura tibio peroné proximal derecho) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $100.000.000 $4.000.000 Lucro Cesante $82.600.000 Rechazado

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (obrero) EDAD: 42 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesiones leves (policontuso; politraumatismo; fractura base quinto metacarpiano; herida región axilar derecha complicada; fractura tibia peroné distal derecho; fractura tibio peroné proximal derecho) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $100.000.000 $4.000.000 Lucro Cesante $82.600.000 Rechazado

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste. b. Su cumplimiento no queda entregado a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. c. Corresponde al empleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó todos los elementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo. II. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. Existe responsabilidad aplicable es la solidaridad para las obligaciones laborales y previsionales cuando el dueño de la obra no ha ejercido sus deberes de información y retención.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-2557-2010 Tipo: Demanda Partes: Juan Carlos Cisternas Plaza con Héctor Eduardo Zurita y Prosegur Ltda. Magistrado: María Verónica Torres Reyes Cita OnLine: CL/JUR/16513/2010

FICHA Nº 13

DOCTRINA

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. En cuanto al fundamento de la responsabilidad exigida en el libelo de autos y su graduación, se hace necesario señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor, el artículo 184 del Código del Trabajo, establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que éstos son deudores de seguridad para aquéllos y tal obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se

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somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. Que, de esta forma, corresponde al empleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó todos los elementos o implementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo, otorgando la máxima seguridad posible en la faena, cuestión que, como se ha dicho, el empleador no logró. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) II. La demanda será acogida y los demandados serán condenados solidariamente al pago de la indemnización de perjuicios por daño moral por la suma de $4.000.000, esto por cuanto, a juicio de esta sentenciadora en el ámbito laboral, especialmente desde la dictación de la ley N° 20.123, conocida como Ley de Subcontratación, el régimen de responsabilidad entre empleador y contratista es la solidaridad, así lo establece el artículo 183 B del Código del Trabajo, régimen que se reemplaza por la subsidiariedad en los casos establecidos por la propia ley en el artículo 183 D, esto es, cuando el dueño de la obra hiciere efectivo los deberes de información y retención a que se refiere la norma anterior, siendo el deber de vigilancia, establecido en el artículo 183 E del cuerpo legal citado, por su contenido, equivalente, en materia de protección de la vida y seguridad de los trabajadores, a los deberes de información y retención, habiendo quedado establecido el incumplimiento que de ellos hizo el dueño de la obra, no existe razón para no aplicar el régimen de solidaridad que constituye el régimen general. Complementario con lo anterior, si hacemos una interpretación sistemática de la ley Nº 20.123 y de ésta y el Código del Trabajo a la que se inserta y los principios del derecho del trabajo y especialmente el protector, podemos arribar a la misma conclusión, si la solidaridad está establecida en general para las obligaciones legales y previsionales. (Considerando 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo; artículos 183 B, 183 D, 183 E y 184. Ley N° 20.123.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo; artículos 183 B, 183 D, 183 E y 184. Ley N° 20.123. II. La demanda será acogida y los demandados serán condenados solidariamente al pago de la indemnización de perjuicios por daño moral por la suma de $4.000.000, esto por cuanto, a juicio de esta sentenciadora en el ámbito laboral, especialmente desde la dictación de la ley N° 20.123, conocida como Ley de Subcontratación, el régimen de responsabilidad entre empleador y contratista es la solidaridad, así lo establece el artículo 183 B del Código del Trabajo, régimen que se reemplaza por la subsidiariedad en los casos establecidos por la propia ley en el artículo 183 D, esto es, cuando el dueño de la obra hiciere efectivo los deberes de información y retención a que se refiere la norma anterior, siendo el deber de vigilancia, establecido en el artículo 183 E del cuerpo legal citado, por su contenido, equivalente, en materia de protección de la vida y seguridad de los trabajadores, a los deberes de información y retención, habiendo quedado establecido el incumplimiento que de ellos hizo el dueño de la obra, no existe razón para no aplicar el régimen de solidaridad que constituye el régimen general. Complementario con lo anterior, si hacemos una interpretación sistemática de la ley Nº 20.123 y de ésta y el Código del Trabajo a la que se inserta y los principios del derecho del trabajo y especialmente el protector, podemos arribar a la misma conclusión, si la solidaridad está establecida en general para las obligaciones legales y previsionales. (Considerando 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. Que, de esta forma, corresponde al empleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó todos los elementos o implementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo, otorgando la máxima seguridad posible en la faena, cuestión que, como se ha dicho, el empleador no logró. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Los hechos establecidos deben ser relacionados con la disposición del artículo 184 del Código del Trabajo. Esa norma impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Es parte de la decisión de esta causa la determinación de la naturaleza de la responsabilidad que esta norma impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, debiendo previamente dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo 1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto, y volviendo al artículo 1547 ya

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DOCTRINA

FICHA Nº 14

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-2617-2010 Tipo: Demanda Partes: Marta Catalán Curivil con Preaservice Ltda. Magistrado: Ximena Ribera Salinas Cita On Line: CL/JUR/15758/2010

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Quien ejerce la facultad de mando tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público. b. La protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal. c. El empleador debe responder de culpa levísima.

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operaria de perecibles. EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Dos Quemaduras de grado 3 al cocinar; una producto de agua hirviendo y otra proveniente de aceite caliente que dejaron secuelas visibles en ambos brazos. ) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $4.000.000 $4.000.000 Lucro Cesante No solicita -.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operaria de perecibles. EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Dos Quemaduras de grado 3 al cocinar; una producto de agua hirviendo y otra proveniente de aceite caliente que dejaron secuelas visibles en ambos brazos. ) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $4.000.000 $4.000.000 Lucro Cesante No solicita -.

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Quien ejerce la facultad de mando tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público. b. La protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal. c. El empleador debe responder de culpa levísima.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-2617-2010 Tipo: Demanda Partes: Marta Catalán Curivil con Preaservice Ltda. Magistrado: Ximena Ribera Salinas Cita On Line: CL/JUR/15758/2010

FICHA Nº 14

DOCTRINA

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Los hechos establecidos deben ser relacionados con la disposición del artículo 184 del Código del Trabajo. Esa norma impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Es parte de la decisión de esta causa la determinación de la naturaleza de la responsabilidad que esta norma impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, debiendo previamente dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo 1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto, y volviendo al artículo 1547 ya

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citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado previamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. En ese sentido no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, a pesar de que es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual base de las convenciones civiles se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentre debidamente resguardada. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; Código Civil art. 1547.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; Código Civil art. 1547. citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado previamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. En ese sentido no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, a pesar de que es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual base de las convenciones civiles se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentre debidamente resguardada. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL O LUCRO CESANTE a. Para que procedan dichas indemnizaciones es necesario que el empleador haya actuado con culpa o dolo. b. Dichos elementos no concurren si el empleador ha tomado todas las medidas de seguridad acordes con el trabajo que el accidentado desempeñaba.

Analizada la prueba rendida y la dinámica del accidente, aparece que la empleadora tomó todas las medidas necesarias para evitar que un hecho como el ocurrido, dándole los elementos de seguridad, según han referido los testigos que han depuesto en audiencia, dándole instrucción acerca de su labor al momento de ser contratados, por lo que no se aprecia por este sentenciador el dolo o la culpa que haga responsable a la municipalidad del accidente. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

FICHA Nº 15

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 44; Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69; ley N° 16.744 Año 1968 art. 7º; ley N° 16.744 Año 1968 art. 79.

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CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Gasfíter EDAD: 51 años. CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura bilateral de muñeca y pseudoartrosis escafoides derecho (Nat), y en el segundo accidente una herida dedo índice de la mano derecha (simple), que le ocasiona incapacidad para el trabajo por 6 días. Lo anterior como consecuencia de una caída desde un tacho de basura al que subió en lugar de aguardar por la escalera existente para dicho fin) Exposición al daño de la víctima: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 Rechazado Lucro Cesante $42.000.000 Rechazado

DOCTRINA

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1311-2010 Tipo: Demanda Partes: Enrique Nispel Roco con Ilustre Municipalidad de Independencia Magistrado: Ramón Barría Campo Cita OnLine: CL/JUR/16420/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1311-2010 Tipo: Demanda Partes: Enrique Nispel Roco con Ilustre Municipalidad de Independencia Magistrado: Ramón Barría Campo Cita OnLine: CL/JUR/16420/2010

DOCTRINA

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Gasfíter EDAD: 51 años. CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura bilateral de muñeca y pseudoartrosis escafoides derecho (Nat), y en el segundo accidente una herida dedo índice de la mano derecha (simple), que le ocasiona incapacidad para el trabajo por 6 días. Lo anterior como consecuencia de una caída desde un tacho de basura al que subió en lugar de aguardar por la escalera existente para dicho fin) Exposición al daño de la víctima: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 Rechazado Lucro Cesante $42.000.000 Rechazado

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN FICHA Nº 15 174

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 44; Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69; ley N° 16.744 Año 1968 art. 7º; ley N° 16.744 Año 1968 art. 79.

I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL O LUCRO CESANTE a. Para que procedan dichas indemnizaciones es necesario que el empleador haya actuado con culpa o dolo. b. Dichos elementos no concurren si el empleador ha tomado todas las medidas de seguridad acordes con el trabajo que el accidentado desempeñaba.

Analizada la prueba rendida y la dinámica del accidente, aparece que la empleadora tomó todas las medidas necesarias para evitar que un hecho como el ocurrido, dándole los elementos de seguridad, según han referido los testigos que han depuesto en audiencia, dándole instrucción acerca de su labor al momento de ser contratados, por lo que no se aprecia por este sentenciador el dolo o la culpa que haga responsable a la municipalidad del accidente. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

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FICHA Nº 16 I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Para que se entienda que ha habido un incumplimiento debe señalarse de manera concreta, porque las condiciones eran defectuosas y las medidas no eran las adecuadas.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operario de producción EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Hernia núcleo pulposa a nivel de L5 S1 posterior lateral izquierda, siendo operado el 21 de noviembre de 2009 y continuando con terapias, etapa que concluyó el 28 de enero de 2010, presentándose a trabajar, lo que sólo pudo hacer por dos días, debido a los insoportables dolores que sufría, que le impedían de manera absoluta realizar trabajos. Se detectó una nueva hernia en la misma zona, ingresando a cirugía el 29 de abril de 2010, y reanudando la terapia recuperativa. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 Rechazado Lucro Cesante $9.280.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1766-2010 Tipo: Demanda Partes: César Cueto Sepúlveda con TEHMCO Tuberías de Polietileno Convencional Ltda. Magistrado: Patricia Fuenzalida Martínez. Cita OnLine: CL/JUR/15544/2010 DOCTRINA Cabe hacer presente que la demandante en su libelo no le imputa ningún incumplimiento concreto a la demandada, limitándose a esgrimir el deber de seguridad que tiene la empresa respecto al actor, en mérito de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo y demás normas legales y reglamentarias que cita, señalando al efecto que mis superiores, al ordenarle trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas, me expusieron a una condición insegura, pero, sin explicar por qué las condiciones de seguridad serían defectuosas, cuáles eran las medidas de seguridad que no se le otorgaron o cómo se habría producido la inseguridad que denuncia, siendo además un hecho no controvertido que, de acuerdo al relato del propio actor, el accidente se produjo cuando éste levantaba un rollo de 30 kilos de peso, peso que se encuentra por debajo del límite máximo previsto en el artículo 211 H del Código del Trabajo. En base a los razonamientos ya esgrimidos, es que se rechazará la demanda en todas sus partes, por cuanto los hechos contenidos en el relato del libelo no permiten establecer

Cabe hacer presente que la demandante en su libelo no le imputa ningún incumplimiento concreto a la demandada, limitándose a esgrimir el deber de seguridad que tiene la empresa respecto al actor, en mérito de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo y demás normas legales y reglamentarias que cita, señalando al efecto que mis superiores, al ordenarle trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas, me expusieron a una condición insegura, pero, sin explicar por qué las condiciones de seguridad serían defectuosas, cuáles eran las medidas de seguridad que no se le otorgaron o cómo se habría producido la inseguridad que denuncia, siendo además un hecho no controvertido que, de acuerdo al relato del propio actor, el accidente se produjo cuando éste levantaba un rollo de 30 kilos de peso, peso que se encuentra por debajo del límite máximo previsto en el artículo 211 H del Código del Trabajo. En base a los razonamientos ya esgrimidos, es que se rechazará la demanda en todas sus partes, por cuanto los hechos contenidos en el relato del libelo no permiten establecer DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1766-2010 Tipo: Demanda Partes: César Cueto Sepúlveda con TEHMCO Tuberías de Polietileno Convencional Ltda. Magistrado: Patricia Fuenzalida Martínez. Cita OnLine: CL/JUR/15544/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operario de producción EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Hernia núcleo pulposa a nivel de L5 S1 posterior lateral izquierda, siendo operado el 21 de noviembre de 2009 y continuando con terapias, etapa que concluyó el 28 de enero de 2010, presentándose a trabajar, lo que sólo pudo hacer por dos días, debido a los insoportables dolores que sufría, que le impedían de manera absoluta realizar trabajos. Se detectó una nueva hernia en la misma zona, ingresando a cirugía el 29 de abril de 2010, y reanudando la terapia recuperativa. EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 Rechazado Lucro Cesante $9.280.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. Para que se entienda que ha habido un incumplimiento debe señalarse de manera concreta, porque las condiciones eran defectuosas y las medidas no eran las adecuadas. FICHA Nº 16 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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incumplimiento contractual alguno de la demandada que permita fundar la existencia de la responsabilidad contractual que se imputa a su parte en el accidente sufrido por el accidente, sin que, como se ha señalado previamente, pueda fundarse esta responsabilidad tampoco en hechos sobre los cuales se ha rendido prueba, los que no fueron oportunamente argumentados por las partes, porque ello importaría afectar las posibilidades de defensa de una parte en beneficio de la contraria, al aceptar el Tribunal un actuar que atenta contra la igualdad de armas que debe existir entre las partes, además de poder importar un vicio al significar ello pronunciarse sobre asuntos no sometidos expresamente al conocimiento del Tribunal. (Considerandos 7° y 9° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. incumplimiento contractual alguno de la demandada que permita fundar la existencia de la responsabilidad contractual que se imputa a su parte en el accidente sufrido por el accidente, sin que, como se ha señalado previamente, pueda fundarse esta responsabilidad tampoco en hechos sobre los cuales se ha rendido prueba, los que no fueron oportunamente argumentados por las partes, porque ello importaría afectar las posibilidades de defensa de una parte en beneficio de la contraria, al aceptar el Tribunal un actuar que atenta contra la igualdad de armas que debe existir entre las partes, además de poder importar un vicio al significar ello pronunciarse sobre asuntos no sometidos expresamente al conocimiento del Tribunal. (Considerandos 7° y 9° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) 176

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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FICHA Nº 17 I. ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último. d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (operario de plataforma) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve (esguince de tobillo y rodilla derecha en 2º grado) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $10.000.000 Rechazado Lucro Cesante No solicita ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1654-2010 Tipo: Demanda Partes: Christian Andrés Medina Suazo con Andes Airport Services S.A. Magistrado: Gloria Marcela Cárdenas Quintero Cita OnLine: CL/JUR/15510/2010 DOCTRINA Se ha sostenido por la Doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador, y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. De acuerdo a lo antes razonado, no concurriendo el primero de los requisitos establecidos para la procedencia de responsabilidad del empleador en un accidente del trabajo, se procederá al rechazo de la demanda, omitiendo hacerse cargo de los restantes requisitos por estimarlo innecesario. Por lo anterior, tampoco se emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad solidaria que se demanda. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184 Se ha sostenido por la Doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador, y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. De acuerdo a lo antes razonado, no concurriendo el primero de los requisitos establecidos para la procedencia de responsabilidad del empleador en un accidente del trabajo, se procederá al rechazo de la demanda, omitiendo hacerse cargo de los restantes requisitos por estimarlo innecesario. Por lo anterior, tampoco se emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad solidaria que se demanda. (Considerando 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1654-2010 Tipo: Demanda Partes: Christian Andrés Medina Suazo con Andes Airport Services S.A. Magistrado: Gloria Marcela Cárdenas Quintero Cita OnLine: CL/JUR/15510/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (operario de plataforma) EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve (esguince de tobillo y rodilla derecha en 2º grado) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $10.000.000 Rechazado Lucro Cesante No solicita CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. ORIGEN, NATURALEZA Y REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD a. Si quien reclama es el trabajador, la responsabilidad es de índole contractual. b. Tiene su origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo. c. Debe existir un incumplimiento imputable al empleador de su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, que le ha generado un perjuicio a este último. d. Debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. FICHA Nº 17 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968; ley N° 16.744 Año 1968 art. 5; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Conforme a lo referido estima esta sentenciadora que de la prueba rendida analizada conforme a las reglas de la sana crítica, no se puede establecer que algún incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador sea causa directa del accidente sufrido por el demandante. En efecto, el accidente laboral consistió en que el actor se golpeó el dedo anular de la mano izquierda con un martillo y más allá de entregar los respectivos guantes de seguridad que pueden reducir el daño del golpe, pero no así evitarlo, no se vislumbra otra medida que en el presente caso sea exigible al empleador para eliminar el riesgo el que emana de la propia actividad física que despliega el carpintero al efectuar la acción de clavar, que en consecuencia se desestimará la demanda. (Considerando 20 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

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DOCTRINA

FICHA Nº 18

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1550-2009 Tipo: Demanda Partes: Osvaldo Jaime Astete Paredes con Sociedad Constructora Génesis Ltda. Magistrado: Natascha Núñez Ursic Cita OnLine: CL/JUR/16387/2010

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. El empleador adoptó las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. b. Considerando la labor desempeñada por el trabajador, más allá de la entrega de guantes de seguridad que pueden reducir el daño, pero no evitarlo, no se vislumbra otra medida que pueda ser exigida al empleador.

OCUPACIÓN: Carpintero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura grave de la tercera falange del dedo anular izquierdo) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral 600 UF Rechazado Lucro Cesante No solicita -.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES:

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Carpintero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura grave de la tercera falange del dedo anular izquierdo) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Total VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral 600 UF Rechazado Lucro Cesante No solicita -.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1550-2009 Tipo: Demanda Partes: Osvaldo Jaime Astete Paredes con Sociedad Constructora Génesis Ltda. Magistrado: Natascha Núñez Ursic Cita OnLine: CL/JUR/16387/2010

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 DEL CTRAB a. El empleador adoptó las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. b. Considerando la labor desempeñada por el trabajador, más allá de la entrega de guantes de seguridad que pueden reducir el daño, pero no evitarlo, no se vislumbra otra medida que pueda ser exigida al empleador.

DOCTRINA

FICHA Nº 18

Conforme a lo referido estima esta sentenciadora que de la prueba rendida analizada conforme a las reglas de la sana crítica, no se puede establecer que algún incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador sea causa directa del accidente sufrido por el demandante. En efecto, el accidente laboral consistió en que el actor se golpeó el dedo anular de la mano izquierda con un martillo y más allá de entregar los respectivos guantes de seguridad que pueden reducir el daño del golpe, pero no así evitarlo, no se vislumbra otra medida que en el presente caso sea exigible al empleador para eliminar el riesgo el que emana de la propia actividad física que despliega el carpintero al efectuar la acción de clavar, que en consecuencia se desestimará la demanda. (Considerando 20 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968; ley N° 16.744 Año 1968 art. 5; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

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FICHA Nº 19 I. INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE a. Corresponde al organismo médico calificar el grado de incapacidad. b. No existiendo incapacidad, no existe factor de cuantificación del daño para efectos de determinar la procedencia de la indemnización de perjuicios.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Cocinera EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Rotura de tendones supraespinoso izquierdo y derecho, con cero por ciento de incapacidad. Lo anterior en opinión del tribunal, como consecuencia de una enfermedad común) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $40.000.000 Rechazado Lucro Cesante $15.724.800 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1531-2010 Tipo: Demanda Partes: Patricia del Tránsito Sáez Venegas con María Angélica Silva Rojas Magistrado: Iván Santibáñez Torres. Cita OnLine: CL/JUR/15451/2010 DOCTRINA La afección de la actora en el caso de autos deriva de una enfermedad común, así ello no significa negar que la actora por su malestar no haya sufrido, pero ello no implica atribuirle responsabilidad al demandado a su respecto, ya que la afección no deriva de un accidente y según el artículo 58 de la ley Nº 16.744 es el organismo médico es el que califica el grado de incapacidad y en este caso ha referido que éste es equivalente a cero. Así, el Tribunal no adquirió certeza suficiente en cuanto a la existencia de un accidente del trabajo y que la afectación de la actora provenga del mismo, es decir, una lesión producida a causa o con ocasión del trabajo. (Considerando 7º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 5; ley N° 16.744 Año 1968 art. 77.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 5; ley N° 16.744 Año 1968 art. 77. La afección de la actora en el caso de autos deriva de una enfermedad común, así ello no significa negar que la actora por su malestar no haya sufrido, pero ello no implica atribuirle responsabilidad al demandado a su respecto, ya que la afección no deriva de un accidente y según el artículo 58 de la ley Nº 16.744 es el organismo médico es el que califica el grado de incapacidad y en este caso ha referido que éste es equivalente a cero. Así, el Tribunal no adquirió certeza suficiente en cuanto a la existencia de un accidente del trabajo y que la afectación de la actora provenga del mismo, es decir, una lesión producida a causa o con ocasión del trabajo. (Considerando 7º de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1531-2010 Tipo: Demanda Partes: Patricia del Tránsito Sáez Venegas con María Angélica Silva Rojas Magistrado: Iván Santibáñez Torres. Cita OnLine: CL/JUR/15451/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Cocinera EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Rotura de tendones supraespinoso izquierdo y derecho, con cero por ciento de incapacidad. Lo anterior en opinión del tribunal, como consecuencia de una enfermedad común) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $40.000.000 Rechazado Lucro Cesante $15.724.800 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE a. Corresponde al organismo médico calificar el grado de incapacidad. b. No existiendo incapacidad, no existe factor de cuantificación del daño para efectos de determinar la procedencia de la indemnización de perjuicios. FICHA Nº 19 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I. Que en este marco, no existe informe alguno emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad que afecte a la demandante. Es así como ésta

FICHA Nº 20

DOCTRINA

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-968-2010 Tipo: Demanda Partes: Hortensia del Carmen Pérez Améstica con Industrial y Comercial VTL Ltda. Magistrado: Lilian Leyton Varela Cita OnLine: CL/JUR/15092/2010 DOCTRINA

FICHA Nº 20

I. Que en este marco, no existe informe alguno emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad que afecte a la demandante. Es así como ésta

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OCUPACIÓN: Empleada Agrícola EDAD: 57 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (herida profunda con desprendimiento de piel y músculos al nivel del talón, desforramiento o colgajo del talón de la pierna izquierda y sangrado profuso, contusión del muslo derecho y contusión y hematomas en su cabeza; necrosis marginal del colgajo y heridas complejas en ambas extremidades inferiores, padecimientos físicos, que además le ocasionaron trastornos depresivos, en tratamiento por salud mental. Lo anterior como consecuencia del atropello de un camión EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $200.000.000 $10.000.000 Lucro Cesante $4.054.500 Rechazado

I. INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE a. La inexistencia de informes emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad sumado al hecho que mantiene relación laboral vigente, no otorgan antecedentes ciertos sobre la disminución en sus ingresos. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral. b. Abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, además, quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. c. Para fijarla debe considerarse la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. d. Su limitación está dada por la inexistencia de parámetros objetivos que no permiten la compensación por equivalencia.

ANTECEDENTES GENERALES:

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Empleada Agrícola EDAD: 57 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (herida profunda con desprendimiento de piel y músculos al nivel del talón, desforramiento o colgajo del talón de la pierna izquierda y sangrado profuso, contusión del muslo derecho y contusión y hematomas en su cabeza; necrosis marginal del colgajo y heridas complejas en ambas extremidades inferiores, padecimientos físicos, que además le ocasionaron trastornos depresivos, en tratamiento por salud mental. Lo anterior como consecuencia del atropello de un camión EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $200.000.000 $10.000.000 Lucro Cesante $4.054.500 Rechazado

I. INDEMNIZACIÓN DE LUCRO CESANTE a. La inexistencia de informes emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad sumado al hecho que mantiene relación laboral vigente, no otorgan antecedentes ciertos sobre la disminución en sus ingresos. II. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral. b. Abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, además, quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. c. Para fijarla debe considerarse la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. d. Su limitación está dada por la inexistencia de parámetros objetivos que no permiten la compensación por equivalencia.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-968-2010 Tipo: Demanda Partes: Hortensia del Carmen Pérez Améstica con Industrial y Comercial VTL Ltda. Magistrado: Lilian Leyton Varela Cita OnLine: CL/JUR/15092/2010

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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mantiene relación laboral vigente con la empresa demandada, sin que exista en este momento un antecedente cierto sobre la disminución en sus ingresos, de tal forma que no es posible recurrir a antecedentes objetivos, reales y probados, de los cuales deducir que la actora, que desempeñaba una labor poco calificada y con baja remuneración, que asciende a $159.000, de acuerdo a los hechos pacíficos del juicio, haya efectivamente dejado de percibir de manera cierta suma alguna. Es efectivo que por más de un año ha hecho uso de descanso por enfermedad, pero no debe perderse de vista que se trata de una mujer de ya 57 años, que según ella misma reconoce fue contactada por el terapeuta ocupacional de la AChS para que se reintegre a sus labores habituales, sin embargo y de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, no puede establecerse el juicio de probabilidad pretendido, desde que razonablemente puede esperarse, en el caso de cesantía, la reinserción laboral en actividades de baja calificación, con una remuneración equivalente a la percibida, sin una merma pecuniaria, de manera que no existen elementos de juicio que permitan cuantificar lo que por lucro cesante corresponde a la demandante, considerando que la cantidad pretendida es meramente referencial, no sustentada en antecedentes más o menos ciertos que lleven a su determinación, más cuando no se acreditó la pérdida normal de los ingresos propios de la actividad que desarrollaba la afectada. La demandante, como se dijo, continúa vinculada mediante contrato de trabajo con la empresa, no se ha declarado incapacidad por los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo, y de ser así compensará el pago de indemnizaciones o subsidios que contemplan las leyes laborales, de manera que la circunstancia que en el futuro la demandante pueda sufrir alguna disminución en su remuneración, no es suficiente ni permite la determinación de este tipo de indemnización, razón por la cual se desestima la demanda en este rubro. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) II. El artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, ello no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, lo que claramente en asuntos como el que se trata no sólo encuentra su amparo en el principio general de reparación del mismo, sino que en el tenor literal del artículo 69 de la ley Nº 16.744, al disponer que la reparación del daño moral procede en todo caso, en razón del incumplimiento del empleador del deber de protección de la vida e integridad corporal de los trabajadores. El punto de partida en el asunto está dado por el resarcimiento del daño moral en cuanto a la lesión de un interés significativo de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del mismo descansa en la condición de persona del afectado. Es así como se ha entendido como daño moral el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no sólo por el dolor o sufrimiento que se padece. Sobre esto, la visión reduccionista del daño moral pertenece al pasado, por lo que el daño extrapatrimonial protege más allá incluso el pretium doloris, el cual es sólo una especie del mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal (biológico, fisiológico y estético) o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral (Barrientos Zamorano, Marcelo. “Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris”. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol. 35, N° 1, pp. 85-106.

II. El artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, ello no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, lo que claramente en asuntos como el que se trata no sólo encuentra su amparo en el principio general de reparación del mismo, sino que en el tenor literal del artículo 69 de la ley Nº 16.744, al disponer que la reparación del daño moral procede en todo caso, en razón del incumplimiento del empleador del deber de protección de la vida e integridad corporal de los trabajadores. El punto de partida en el asunto está dado por el resarcimiento del daño moral en cuanto a la lesión de un interés significativo de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del mismo descansa en la condición de persona del afectado. Es así como se ha entendido como daño moral el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no sólo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no sólo por el dolor o sufrimiento que se padece. Sobre esto, la visión reduccionista del daño moral pertenece al pasado, por lo que el daño extrapatrimonial protege más allá incluso el pretium doloris, el cual es sólo una especie del mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal (biológico, fisiológico y estético) o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral (Barrientos Zamorano, Marcelo. “Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris”. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol. 35, N° 1, pp. 85-106. mantiene relación laboral vigente con la empresa demandada, sin que exista en este momento un antecedente cierto sobre la disminución en sus ingresos, de tal forma que no es posible recurrir a antecedentes objetivos, reales y probados, de los cuales deducir que la actora, que desempeñaba una labor poco calificada y con baja remuneración, que asciende a $159.000, de acuerdo a los hechos pacíficos del juicio, haya efectivamente dejado de percibir de manera cierta suma alguna. Es efectivo que por más de un año ha hecho uso de descanso por enfermedad, pero no debe perderse de vista que se trata de una mujer de ya 57 años, que según ella misma reconoce fue contactada por el terapeuta ocupacional de la AChS para que se reintegre a sus labores habituales, sin embargo y de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, no puede establecerse el juicio de probabilidad pretendido, desde que razonablemente puede esperarse, en el caso de cesantía, la reinserción laboral en actividades de baja calificación, con una remuneración equivalente a la percibida, sin una merma pecuniaria, de manera que no existen elementos de juicio que permitan cuantificar lo que por lucro cesante corresponde a la demandante, considerando que la cantidad pretendida es meramente referencial, no sustentada en antecedentes más o menos ciertos que lleven a su determinación, más cuando no se acreditó la pérdida normal de los ingresos propios de la actividad que desarrollaba la afectada. La demandante, como se dijo, continúa vinculada mediante contrato de trabajo con la empresa, no se ha declarado incapacidad por los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo, y de ser así compensará el pago de indemnizaciones o subsidios que contemplan las leyes laborales, de manera que la circunstancia que en el futuro la demandante pueda sufrir alguna disminución en su remuneración, no es suficiente ni permite la determinación de este tipo de indemnización, razón por la cual se desestima la demanda en este rubro. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69; Código Civil art. 1568.

ISSN 0718 3437). En esta misma línea, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, explica que la definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, incluyendo todo daño a la persona en sí misma (física-psíquica), como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales, esto es como todo menoscabo en un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra fuente. Si bien no existe ninguna norma en la Ley sobre Accidentes del Trabajo que entregue parámetros para la fijación del daño moral, resulta ilustrativo sobre el tema lo dispuesto en el artículo 41 de la ley Nº 19.966, que establece el régimen de garantías en salud, que a propósito de la responsabilidad de los órganos de la administración del Estado, prescribe: La indemnización por el daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos. En esta línea, el antecedente aludido permite concluir desde hechos demostrados, la naturaleza y entidad de la lesión, el período de incapacidad que afecta a la trabajadora, quien desde la fecha del siniestro no ha vuelto a prestar servicios para su empleador, en permanente tratamiento, que a pesar de no desarrollar una labor calificada, por lo mismo, y no obstante lo que se dijo a propósito del lucro cesante, no tiene certidumbre sobre su futuro, en atención a su situación, en espera de una posible cirugía plástica, que permanentemente presenta dolor, lo que permite concluir que el hecho dañoso ocasionó en la demandante un menoscabo producto del sufrimiento y desgaste emocional derivado del sometimiento a diversos exámenes y terapias posteriores a los hechos, escenario del que lógicamente se desprende no sólo la existencia de un dolor físico, sino que de aflicción y sufrimiento de verse expuesto a futuras operaciones con resultados inciertos, unido a la circunstancia que se encuentra afectada por un trastorno depresivo y a las secuelas visibles que se evidencian de las fotografías acompañadas. Conforme a todo lo reseñado, no cabe duda que el accidente lesionó la integridad física y psíquica del trabajador, que debe ser compensado mediante el pago indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, con las limitaciones propias, la lesión a derechos constitucionalmente amparos, y sin perjuicio de reconocer, ante la inexistencia de parámetros objetivos como en otras legislaciones, la imposibilidad de una compensación por equivalencia, pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $10.000.000. (Considerandos 20, 21 y 22 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

ISSN 0718 3437). En esta misma línea, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, explica que la definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, incluyendo todo daño a la persona en sí misma (física-psíquica), como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales, esto es como todo menoscabo en un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra fuente. Si bien no existe ninguna norma en la Ley sobre Accidentes del Trabajo que entregue parámetros para la fijación del daño moral, resulta ilustrativo sobre el tema lo dispuesto en el artículo 41 de la ley Nº 19.966, que establece el régimen de garantías en salud, que a propósito de la responsabilidad de los órganos de la administración del Estado, prescribe: La indemnización por el daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producirse aquéllos. En esta línea, el antecedente aludido permite concluir desde hechos demostrados, la naturaleza y entidad de la lesión, el período de incapacidad que afecta a la trabajadora, quien desde la fecha del siniestro no ha vuelto a prestar servicios para su empleador, en permanente tratamiento, que a pesar de no desarrollar una labor calificada, por lo mismo, y no obstante lo que se dijo a propósito del lucro cesante, no tiene certidumbre sobre su futuro, en atención a su situación, en espera de una posible cirugía plástica, que permanentemente presenta dolor, lo que permite concluir que el hecho dañoso ocasionó en la demandante un menoscabo producto del sufrimiento y desgaste emocional derivado del sometimiento a diversos exámenes y terapias posteriores a los hechos, escenario del que lógicamente se desprende no sólo la existencia de un dolor físico, sino que de aflicción y sufrimiento de verse expuesto a futuras operaciones con resultados inciertos, unido a la circunstancia que se encuentra afectada por un trastorno depresivo y a las secuelas visibles que se evidencian de las fotografías acompañadas. Conforme a todo lo reseñado, no cabe duda que el accidente lesionó la integridad física y psíquica del trabajador, que debe ser compensado mediante el pago indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, con las limitaciones propias, la lesión a derechos constitucionalmente amparos, y sin perjuicio de reconocer, ante la inexistencia de parámetros objetivos como en otras legislaciones, la imposibilidad de una compensación por equivalencia, pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $10.000.000. (Considerandos 20, 21 y 22 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69; Código Civil art. 1568.

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FICHA Nº 21 I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El sentenciador debe fijarla para compensar una lesión de derechos de rango constitucional. b. Es imposible la compensación dineraria por equivalencia. c. Al fijarla se debe velar por la reparación integral del daño e impedir el enriquecimiento sin causa. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. El derecho impone al sentenciador el deber de fijar una indemnización dineraria para compensar el sufrimiento, es decir, aquello propio de la esfera de los bienes extramatrimoniales que constituyen una lesión de derechos de rango constitucional (integridad física y psíquica). Lo hace a sabiendas de que se trata de bienes jurídicos cuya reparación a través del recurso de la compensación dineraria por equivalencia, es imposible, confiando en el juicio en equidad del juzgador que ha formularse sin vulnerar dos mandatos inherentes al ordenamiento, como que constituyen principios ampliamente aceptados por la comunidad jurídica, a saber, la reparación integral del daño y la interdicción de enriquecimiento sin causa (que en otra formulación, se traduce en la prohibición de transformar este tipo de indemnizaciones en una fuente de lucro). (Considerando 16 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operaria de Aseo EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (fractura en la muñeca de la mano izquierda, que le significó hospitalización, intervención quirúrgica y tratamiento médico recuperativo) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente (caída por desnivel del piso) VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $20.000.000 $6.000.000 Lucro Cesante $1.000.000 (más aumento proporcional Rechazado según la duración de la incapacidad) ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-52-2010 Tipo: Demanda Partes: María Angélica Rojas Toledo con Sociedad Ibáñez Servicios Limitada; Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile Magistrado: Álvaro Flores Monardes Cita OnLine: CL/JUR/16211/2010 DOCTRINA El derecho impone al sentenciador el deber de fijar una indemnización dineraria para compensar el sufrimiento, es decir, aquello propio de la esfera de los bienes extramatrimoniales que constituyen una lesión de derechos de rango constitucional (integridad física y psíquica). Lo hace a sabiendas de que se trata de bienes jurídicos cuya reparación a través del recurso de la compensación dineraria por equivalencia, es imposible, confiando en el juicio en equidad del juzgador que ha formularse sin vulnerar dos mandatos inherentes al ordenamiento, como que constituyen principios ampliamente aceptados por la comunidad jurídica, a saber, la reparación integral del daño y la interdicción de enriquecimiento sin causa (que en otra formulación, se traduce en la prohibición de transformar este tipo de indemnizaciones en una fuente de lucro). (Considerando 16 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-52-2010 Tipo: Demanda Partes: María Angélica Rojas Toledo con Sociedad Ibáñez Servicios Limitada; Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile Magistrado: Álvaro Flores Monardes Cita OnLine: CL/JUR/16211/2010 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operaria de Aseo EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (fractura en la muñeca de la mano izquierda, que le significó hospitalización, intervención quirúrgica y tratamiento médico recuperativo) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Inexistente (caída por desnivel del piso) VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $20.000.000 $6.000.000 Lucro Cesante $1.000.000 (más aumento proporcional Rechazado según la duración de la incapacidad) CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. El sentenciador debe fijarla para compensar una lesión de derechos de rango constitucional. b. Es imposible la compensación dineraria por equivalencia. c. Al fijarla se debe velar por la reparación integral del daño e impedir el enriquecimiento sin causa. FICHA Nº 21 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

FICHA Nº 22 I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. El deber de protección y seguridad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, con independencia del lugar donde se prestan los servicios. b. Corresponde a la dueña de la obra probar que ejerció su deber de información y retención, de lo contrario, deberá responder solidariamente.

Se acogió la nulidad, por haber incurrido en infracción de ley, al no haber sancionado a ambas demandadas, ya individualizadas, puesto que el deber de protección y seguridad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, según se desprende de los artículos 184 y 183 letra E, ambos del Código del Trabajo, sin que haga el legislador distinción en cuanto al lugar físico donde se prestan los servicios, tanto el empleador directo como el contratista y los subcontratistas tienen el deber, al igual que un padre de familia, proteger, prevenir, supervisar y exigir el cumplimiento de las normas de cuidados acerca de la salud y seguridad en el desempeño de las funciones de sus trabajadores, cuestión que tiene rango constitucional, y que en el caso a tratar se ha incumplido, reflejando la conducta de todos ellos que no han asumido la relevancia del deber que se les ha impuesto, que no es otra que la preocupación que se debe prestar a la persona por ser tal, de modo que se desestimará el argumento de la demandada contratista, en cuanto ella no tenía injerencia

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CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

DOCTRINA

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operaria de Aseo EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura expuesta en la pierna izquierda, sin secuelas posteriores, como consecuencia de ser por atropellado por un camión en maniobras de retroceso) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $90.000.000 $8.000.000 Lucro Cesante $31.104.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 4637-2010 Tipo: Unificación de Jurisprudencia Laboral (Inadmisible) Partes: Luis Ernesto Orozco Méndez con Master Service Comercial Ltda.; Falabella. Ministros: Sr. Patricio Valdés A.; Sra. Gabriela Pérez P.; Sr. Guillermo Silva G.; Sra. Rosa María Maggi D., y el abogado integrante Sr. Luis Bates H. Cita OnLine: CL/JUR/16750/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 4637-2010 Tipo: Unificación de Jurisprudencia Laboral (Inadmisible) Partes: Luis Ernesto Orozco Méndez con Master Service Comercial Ltda.; Falabella. Ministros: Sr. Patricio Valdés A.; Sra. Gabriela Pérez P.; Sr. Guillermo Silva G.; Sra. Rosa María Maggi D., y el abogado integrante Sr. Luis Bates H. Cita OnLine: CL/JUR/16750/2010

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Operaria de Aseo EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura expuesta en la pierna izquierda, sin secuelas posteriores, como consecuencia de ser por atropellado por un camión en maniobras de retroceso) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $90.000.000 $8.000.000 Lucro Cesante $31.104.000 Rechazado

DOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN a. El deber de protección y seguridad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, con independencia del lugar donde se prestan los servicios. b. Corresponde a la dueña de la obra probar que ejerció su deber de información y retención, de lo contrario, deberá responder solidariamente. FICHA Nº 22 184

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Se acogió la nulidad, por haber incurrido en infracción de ley, al no haber sancionado a ambas demandadas, ya individualizadas, puesto que el deber de protección y seguridad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, según se desprende de los artículos 184 y 183 letra E, ambos del Código del Trabajo, sin que haga el legislador distinción en cuanto al lugar físico donde se prestan los servicios, tanto el empleador directo como el contratista y los subcontratistas tienen el deber, al igual que un padre de familia, proteger, prevenir, supervisar y exigir el cumplimiento de las normas de cuidados acerca de la salud y seguridad en el desempeño de las funciones de sus trabajadores, cuestión que tiene rango constitucional, y que en el caso a tratar se ha incumplido, reflejando la conducta de todos ellos que no han asumido la relevancia del deber que se les ha impuesto, que no es otra que la preocupación que se debe prestar a la persona por ser tal, de modo que se desestimará el argumento de la demandada contratista, en cuanto ella no tenía injerencia

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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sobre las condiciones de seguridad del lugar físico en donde efectuaba faenas su trabajador, que para estos efectos, sí tiene doble dependencia. Corresponde determinar la responsabilidad de la empresa principal, vale decir, si es subsidiaria o solidaria, ello dependerá si ejerció su rol de fiscalizador respecto a la contratista, en el evento que ello no lo demuestre debe responder solidariamente con la otra obligada conforme lo disponen los artículos 183 B y 183 E, ambos del Código del ramo. En el caso a tratar no se fija como punto de prueba la circunstancia de si la empleadora, dueña de la obra, fiscalizó o no a la contratista respecto de las obligaciones laborales y previsionales, sin constar en autos que se hubiera reclamado por ello, de manera que aquélla, entiéndase empresa principal, debe responder solidariamente con el contratista, a favor del actor. (Considerandos 6° y 7° de la sentencia de reemplazo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. sobre las condiciones de seguridad del lugar físico en donde efectuaba faenas su trabajador, que para estos efectos, sí tiene doble dependencia. Corresponde determinar la responsabilidad de la empresa principal, vale decir, si es subsidiaria o solidaria, ello dependerá si ejerció su rol de fiscalizador respecto a la contratista, en el evento que ello no lo demuestre debe responder solidariamente con la otra obligada conforme lo disponen los artículos 183 B y 183 E, ambos del Código del ramo. En el caso a tratar no se fija como punto de prueba la circunstancia de si la empleadora, dueña de la obra, fiscalizó o no a la contratista respecto de las obligaciones laborales y previsionales, sin constar en autos que se hubiera reclamado por ello, de manera que aquélla, entiéndase empresa principal, debe responder solidariamente con el contratista, a favor del actor. (Considerandos 6° y 7° de la sentencia de reemplazo) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. y traumatismo de

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184.

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 CTRAB a. La empresa no es responsable del accidente del trabajo si ha tomado todas las medidas de seguridad en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. b. Si los implementos de seguridad resultaron eficaces no se puede exigir medidas extraordinarias para evitar accidentes no predecibles.

Esta sentenciadora no concuerda con la tesis de la demandante, que la escalera no resultaba segura, que debió haberse proporcionado el andamio, esto sin perjuicio que los propios testigos de la demandante concuerdan en indicar que la escalera estaba apoyada en un pilar de un diámetro menor al ancho de la escalera, este solo hecho no acarrea la responsabilidad del empleado, sobre todo cuando el accidente ocurre al ir bajando la escalera y faltando sólo unos pocos peldaños para llegar al suelo. Y los testigos han indicado que la esclarea estaba asentada en el pilar. En este contexto las medidas de seguridad adoptadas por la demandada en relación al día de los hechos, los implementos de seguridad, la escalera utilizada dan cuenta que resultaron eficaces, pues no podría exigírsele que para evitar el accidente de suyo no predecible, siempre debiese para realizar un trabajo en altura utilizar el andamio. Atendido lo resuelto precedentemente, no se analizará los perjuicios sufridos por el actor con ocasión del accidente. (Considerandos 10 y 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

DOCTRINA

y traumatismo de

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1229-2009 Tipo: Demanda Partes: Fernando Aliste Paredes con CFV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN y otro Magistrado: Carolina Luengo Portilla Cita OnLine: CL/JUR/14738/2010

MONTOS OTORGADOS Rechazado Rechazado

MONTOS OTORGADOS Rechazado Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-1229-2009 Tipo: Demanda Partes: Fernando Aliste Paredes con CFV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN y otro Magistrado: Carolina Luengo Portilla Cita OnLine: CL/JUR/14738/2010

OCUPACIÓN: Albañil EDAD: 49 CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Policontusiones, TEC simple hombro) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $30.000.000 Lucro Cesante Su porcentaje de incapacidad laboral, calculado sobre la remuneración que percibía a la fecha del accidente, multiplicado por el número de meses y años que restan para jubilar

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ANTECEDENTES GENERALES:

FICHA Nº 23

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Albañil EDAD: 49 CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Policontusiones, TEC simple hombro) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS Daño Moral $30.000.000 Lucro Cesante Su porcentaje de incapacidad laboral, calculado sobre la remuneración que percibía a la fecha del accidente, multiplicado por el número de meses y años que restan para jubilar

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 CTRAB a. La empresa no es responsable del accidente del trabajo si ha tomado todas las medidas de seguridad en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. b. Si los implementos de seguridad resultaron eficaces no se puede exigir medidas extraordinarias para evitar accidentes no predecibles.

DOCTRINA

FICHA Nº 23

Esta sentenciadora no concuerda con la tesis de la demandante, que la escalera no resultaba segura, que debió haberse proporcionado el andamio, esto sin perjuicio que los propios testigos de la demandante concuerdan en indicar que la escalera estaba apoyada en un pilar de un diámetro menor al ancho de la escalera, este solo hecho no acarrea la responsabilidad del empleado, sobre todo cuando el accidente ocurre al ir bajando la escalera y faltando sólo unos pocos peldaños para llegar al suelo. Y los testigos han indicado que la esclarea estaba asentada en el pilar. En este contexto las medidas de seguridad adoptadas por la demandada en relación al día de los hechos, los implementos de seguridad, la escalera utilizada dan cuenta que resultaron eficaces, pues no podría exigírsele que para evitar el accidente de suyo no predecible, siempre debiese para realizar un trabajo en altura utilizar el andamio. Atendido lo resuelto precedentemente, no se analizará los perjuicios sufridos por el actor con ocasión del accidente. (Considerandos 10 y 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo)

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FICHA Nº 24 I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Para fijarlo debe considerarse que no se ha acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (maestro pintor) EDAD: 21 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve (fractura expuesta muñeca derecha) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: INEXISTENTE VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $3.000.000 Lucro Cesante $158.400.000 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-313-2009 Tipo: Demanda Partes: Juan Pablo Coña Millar con Homecoating Ltda. Magistrado: Natascha Eugenia Núñez Ursic Cita OnLine: CL/JUR/9026/2009 DOCTRINA Con la prueba rendida, especialmente antecedentes médicos consistentes en Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino, ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, Copia de control de atención médica del IST, Copia del carnet de alta del actor, emitido por el Hospital Barros Luco. Copia del programa de atención de salud de tratamiento del actor, y declaración de los testigos, que dan cuenta de los tratamientos de las lesiones, principalmente de la fractura que sufrió el demandante en su muñeca, además del tiempo de hospitalización desde la fecha del accidente al 21 de mayo de 2009, que fue intervenido por la fractura que sufrió 2 veces, que además se ha sometido a exámenes y controles, y que sufrió la incertidumbre de no recibir la atención médica que como trabajador le correspondía ante un accidente de origen laboral, de lo que se encuentra acreditado que el actor ha sufrido dolor físico, angustia y aflicción derivada del accidente del trabajo de autos, y moderando la pretensión del actor por no encontrarse acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida, se hará lugar a la indemnización por daño moral regulándose en la suma de $3.000.000. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. Ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 184. Ley N° 16.744 Año 1968 art. 69. Con la prueba rendida, especialmente antecedentes médicos consistentes en Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino, ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, Copia de control de atención médica del IST, Copia del carnet de alta del actor, emitido por el Hospital Barros Luco. Copia del programa de atención de salud de tratamiento del actor, y declaración de los testigos, que dan cuenta de los tratamientos de las lesiones, principalmente de la fractura que sufrió el demandante en su muñeca, además del tiempo de hospitalización desde la fecha del accidente al 21 de mayo de 2009, que fue intervenido por la fractura que sufrió 2 veces, que además se ha sometido a exámenes y controles, y que sufrió la incertidumbre de no recibir la atención médica que como trabajador le correspondía ante un accidente de origen laboral, de lo que se encuentra acreditado que el actor ha sufrido dolor físico, angustia y aflicción derivada del accidente del trabajo de autos, y moderando la pretensión del actor por no encontrarse acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida, se hará lugar a la indemnización por daño moral regulándose en la suma de $3.000.000. (Considerando 19 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: O-313-2009 Tipo: Demanda Partes: Juan Pablo Coña Millar con Homecoating Ltda. Magistrado: Natascha Eugenia Núñez Ursic Cita OnLine: CL/JUR/9026/2009 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Trabajador (maestro pintor) EDAD: 21 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión leve (fractura expuesta muñeca derecha) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: INEXISTENTE VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $100.000.000 $3.000.000 Lucro Cesante $158.400.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL a. Para fijarlo debe considerarse que no se ha acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida. FICHA Nº 24 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 3995-2006 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Rechazado) Partes: Rafael Calderón Alarcón con Empresa Constructora ACM Ltda. Ministros: Sres. Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Ricardo Peralta Valenzuela, Roberto Jacob Chocair, Urbano Marín Vallejo. Cita OnLine: CL/JUR/6065/2006

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ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Obrero de Construcción EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto), hematoma sub galela B.O.M., fractura pared anterior y posterior de senomaxilar izquierda, fractura fronto orbitaria, fractura cigoma izquierda, fractura epífisis distal del radio A 3 izquierda) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 $20.000.000 Lucro Cesante No se demanda (reserva a espera -. de la declaración de incapacidad)

FICHA Nº 25

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 a. No basta con contar con los implementos de seguridad, sino que el empleador debe entregarlos personal y controladamente y vigilar su uso en el cumplimiento de sus labores. b. La extrema diligencia supone no sólo la existencia de un Reglamento Interno, sino también la explicación reiterada del mismo. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Independiente de las posibles imprudencias del accidentado, no procede para reducir la indemnización puesto que es un caso de responsabilidad contractual. III. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL DAÑO FÍSICO a. Se confunde con el daño moral al no ser un daño patrimonial, ni poder incluirse en el extrapatrimonial. b. Para acreditarlo, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, puesto que el padecimiento que producen surge de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. IV. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otros. b. La reserva no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos.

I. DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL ART. 184 a. No basta con contar con los implementos de seguridad, sino que el empleador debe entregarlos personal y controladamente y vigilar su uso en el cumplimiento de sus labores. b. La extrema diligencia supone no sólo la existencia de un Reglamento Interno, sino también la explicación reiterada del mismo. II. EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO a. Independiente de las posibles imprudencias del accidentado, no procede para reducir la indemnización puesto que es un caso de responsabilidad contractual. III. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL DAÑO FÍSICO a. Se confunde con el daño moral al no ser un daño patrimonial, ni poder incluirse en el extrapatrimonial. b. Para acreditarlo, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, puesto que el padecimiento que producen surge de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. IV. INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE a. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otros. b. La reserva no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos.

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

FICHA Nº 25

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Obrero de Construcción EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto), hematoma sub galela B.O.M., fractura pared anterior y posterior de senomaxilar izquierda, fractura fronto orbitaria, fractura cigoma izquierda, fractura epífisis distal del radio A 3 izquierda) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $80.000.000 $20.000.000 Lucro Cesante No se demanda (reserva a espera -. de la declaración de incapacidad)

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 3995-2006 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Rechazado) Partes: Rafael Calderón Alarcón con Empresa Constructora ACM Ltda. Ministros: Sres. Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Ricardo Peralta Valenzuela, Roberto Jacob Chocair, Urbano Marín Vallejo. Cita OnLine: CL/JUR/6065/2006

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DOCTRINA I. Hay que insistir en que cuando se trata de cumplir una obligación laboral tan perentoria como extrema (debe tomar “todas las medidas necesarias”) cualquier omisión importa desobedecer el mandato legal. Y, por ende, a la luz de la naturaleza de la exigencia, ciertamente el deber de proporcionar los elementos de seguridad a trabajadores que desempeñan funciones peligrosas no se refiere sólo a tener a disposición de tales trabajadores dichos elementos en una bodega, sin que nadie parezca controlar si los toman o no, sino que además ese deber de proporcionar se refiere a entregárselos personal y controladamente para cada comienzo de labor, vigilando además, en cuanto sea posible, que los usen. Nada de lo anterior se probó en los autos y antes al contrario, de la testimonial del demandado queda claro que no se hizo ni lo uno ni lo otro. Ciertamente esas medidas insustituibles no se reemplazan con carteles ni con charlas, sin perjuicio de que tampoco se probó que al actor de estos autos se le haya dictado charla alguna sobre la seguridad ni sobre el uso de los implementos de rigor y, todavía más, no se probó que ese día específico se haya dictado alguna charla, pues los dos testigos declaran al respecto de manera absolutamente genérica. Tampoco la simple entrega de un reglamento de seguridad y menos cuando se quiere regular la labor de personas cuya calificación intelectual y cultural no consta en lo absoluto ni puede presumirse, tratándose como se trata de un rubro caracterizado justamente por absorber la mano de obra menos calificada puede configurar esa extrema diligencia que es deber del empleador, y menos si no consta que se procediera a explicarlo detalladamente, pues justamente el acabado estudio de ese reglamento debió constituir el objeto de algunas de las charlas de seguridad sobre las que nada se sabe en autos, salvo las tan genéricas y vagas indicaciones que al respecto entregan los testigos del demandado, y que no se refieren al señalado documento. Así, pues, sólo si el empleador hubiera cumplido todos los extremos de su obligación podría argumentar que proporcionó los elementos debidos y que, pese a ello, el hecho dañoso se produjo como consecuencia de causas independientes de su actuación. Como no ha sido así, lo que cabe concluir es justamente lo contrario, porque el accidente sí se debió al hecho de no usar el trabajador cuerda ni cinturón que lo asegurara, elementos que la empresa no le proporcionó, habida cuenta la amplitud que ya hemos dicho que ese término tiene, conforme al tenor del artículo 184 del Código del ramo. (Considerandos 7° y 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) II. No puede pretenderse rebaja de la indemnización por exposición imprudente al daño, como solicitó subsidiariamente el apelante, porque no estamos aquí en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, en que pueda regir el artículo 2330 del Código Civil, sino en el de la responsabilidad contractual, como lo dice la demanda, lo que no cambia porque además de las normas aplicables se haya citado en el libelo en forma errada otras disposiciones. El caso es que aquí se trata de un trabajador que demanda a un empleador que no cumplió una obligación que la ley incorpora al contrato de trabajo y, por ende, siendo el daño consecuencia de ese incumplimiento, no queda sino condenar al pago de la indemnización por el monto que se regulará, sin atender a posibles imprudencias del propio accidentado. (Considerando 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) III. Cabe desechar el pago de indemnización por el daño físico, pues ni las partes del cuerpo humano tienen precio y no es entonces ese un daño patrimonial ni puede incluirse en el extrapatrimonial porque se confunde allí necesariamente con el daño moral, pues este último se produce justamente por el padecimiento físico; por el menoscabo del cuerpo, por

III. Cabe desechar el pago de indemnización por el daño físico, pues ni las partes del cuerpo humano tienen precio y no es entonces ese un daño patrimonial ni puede incluirse en el extrapatrimonial porque se confunde allí necesariamente con el daño moral, pues este último se produce justamente por el padecimiento físico; por el menoscabo del cuerpo, por II. No puede pretenderse rebaja de la indemnización por exposición imprudente al daño, como solicitó subsidiariamente el apelante, porque no estamos aquí en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, en que pueda regir el artículo 2330 del Código Civil, sino en el de la responsabilidad contractual, como lo dice la demanda, lo que no cambia porque además de las normas aplicables se haya citado en el libelo en forma errada otras disposiciones. El caso es que aquí se trata de un trabajador que demanda a un empleador que no cumplió una obligación que la ley incorpora al contrato de trabajo y, por ende, siendo el daño consecuencia de ese incumplimiento, no queda sino condenar al pago de la indemnización por el monto que se regulará, sin atender a posibles imprudencias del propio accidentado. (Considerando 11 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) I. Hay que insistir en que cuando se trata de cumplir una obligación laboral tan perentoria como extrema (debe tomar “todas las medidas necesarias”) cualquier omisión importa desobedecer el mandato legal. Y, por ende, a la luz de la naturaleza de la exigencia, ciertamente el deber de proporcionar los elementos de seguridad a trabajadores que desempeñan funciones peligrosas no se refiere sólo a tener a disposición de tales trabajadores dichos elementos en una bodega, sin que nadie parezca controlar si los toman o no, sino que además ese deber de proporcionar se refiere a entregárselos personal y controladamente para cada comienzo de labor, vigilando además, en cuanto sea posible, que los usen. Nada de lo anterior se probó en los autos y antes al contrario, de la testimonial del demandado queda claro que no se hizo ni lo uno ni lo otro. Ciertamente esas medidas insustituibles no se reemplazan con carteles ni con charlas, sin perjuicio de que tampoco se probó que al actor de estos autos se le haya dictado charla alguna sobre la seguridad ni sobre el uso de los implementos de rigor y, todavía más, no se probó que ese día específico se haya dictado alguna charla, pues los dos testigos declaran al respecto de manera absolutamente genérica. Tampoco la simple entrega de un reglamento de seguridad y menos cuando se quiere regular la labor de personas cuya calificación intelectual y cultural no consta en lo absoluto ni puede presumirse, tratándose como se trata de un rubro caracterizado justamente por absorber la mano de obra menos calificada puede configurar esa extrema diligencia que es deber del empleador, y menos si no consta que se procediera a explicarlo detalladamente, pues justamente el acabado estudio de ese reglamento debió constituir el objeto de algunas de las charlas de seguridad sobre las que nada se sabe en autos, salvo las tan genéricas y vagas indicaciones que al respecto entregan los testigos del demandado, y que no se refieren al señalado documento. Así, pues, sólo si el empleador hubiera cumplido todos los extremos de su obligación podría argumentar que proporcionó los elementos debidos y que, pese a ello, el hecho dañoso se produjo como consecuencia de causas independientes de su actuación. Como no ha sido así, lo que cabe concluir es justamente lo contrario, porque el accidente sí se debió al hecho de no usar el trabajador cuerda ni cinturón que lo asegurara, elementos que la empresa no le proporcionó, habida cuenta la amplitud que ya hemos dicho que ese término tiene, conforme al tenor del artículo 184 del Código del ramo. (Considerandos 7° y 8° de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la enfermedad, por las secuelas limitantes, o por otros trastornos que sufre el organismo, confundiéndose de manera inseparable uno y otro mal, de suerte que por eso se dice que para acreditar el daño moral, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, ya que probado aquello, el padecimiento que producen surge evidente de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. (Considerando 12 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) IV. El demandante pide, además, reservar el debate sobre lucro cesante, lo que no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos, y eso se refiere a todo el rubro. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otro, como es el lucro cesante. En la especie se litigó no sólo sobre la existencia del accidente y sobre la responsabilidad contractual de la empresa en el mismo, sino sobre el daño causado al trabajador; esto es, sobre los perjuicios y, por ende, no cabe la reserva solicitada. (Considerando 13 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 1556; Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2329; Código Civil art. 2330; Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 68.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 1556; Código Civil art. 2314; Código Civil art. 2329; Código Civil art. 2330; Código del Trabajo art. 184; ley N° 16.744 Año 1968 art. 68. IV. El demandante pide, además, reservar el debate sobre lucro cesante, lo que no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos, y eso se refiere a todo el rubro. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otro, como es el lucro cesante. En la especie se litigó no sólo sobre la existencia del accidente y sobre la responsabilidad contractual de la empresa en el mismo, sino sobre el daño causado al trabajador; esto es, sobre los perjuicios y, por ende, no cabe la reserva solicitada. (Considerando 13 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) la enfermedad, por las secuelas limitantes, o por otros trastornos que sufre el organismo, confundiéndose de manera inseparable uno y otro mal, de suerte que por eso se dice que para acreditar el daño moral, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, ya que probado aquello, el padecimiento que producen surge evidente de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. (Considerando 12 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) 190

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FICHA Nº 26 I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR a. El empleador es un deudor de seguridad respecto de sus trabajadores. b. La obligación de dar seguridad en el trabajo es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Maestro Liniero EDAD: 38 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura de pie derecho, como consecuencia de una caída de 14 metros de altura. ) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $12.000.000 $3.000.000 Lucro Cesante $74.880.000 Rechazado ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 141-2006 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Inadmisible) Partes: Luis Bonifacio Castillo Castillo con Ingeniería Eléctrica Sociedad Anónima Ministros: Sres. Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate, Ricardo Peralta Valenzuela, Urbano Marín Vallejo Cita OnLine: CL/JUR/5509/2006 DOCTRINA Cabe señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que el empleador es un deudor de seguridad a sus trabajadores y tal obligación de dar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. (Considerando 10 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 1547; Código Civil art. 1698; Código Civil art. 2314; Código del Trabajo art. 184; Código del Trabajo art. 420 letra f; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69.

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código Civil art. 1547; Código Civil art. 1698; Código Civil art. 2314; Código del Trabajo art. 184; Código del Trabajo art. 420 letra f; ley N° 16.744 Año 1968 art. 69. Cabe señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que el empleador es un deudor de seguridad a sus trabajadores y tal obligación de dar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. (Considerando 10 de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo) DOCTRINA ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 141-2006 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Inadmisible) Partes: Luis Bonifacio Castillo Castillo con Ingeniería Eléctrica Sociedad Anónima Ministros: Sres. Marcos Libedinsky Tschorne, Orlando Álvarez Hernández, Patricio Valdés Aldunate, Ricardo Peralta Valenzuela, Urbano Marín Vallejo Cita OnLine: CL/JUR/5509/2006 ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Maestro Liniero EDAD: 38 años CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Fractura de pie derecho, como consecuencia de una caída de 14 metros de altura. ) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS CONCEPTOS DEMANDADOS Daño Moral $12.000.000 $3.000.000 Lucro Cesante $74.880.000 Rechazado CUADRO DE CUANTIFICACIÓN I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR a. El empleador es un deudor de seguridad respecto de sus trabajadores. b. La obligación de dar seguridad en el trabajo es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección. FICHA Nº 26 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 179; Código del Trabajo art. 184.

FICHA Nº 27

I. La circunstancia que se alegue que el actor estaba contratado sólo para Mas la abonadura, (sic) no exime tampoco al empleador de su obligación de tomar todas las medidas de seguridad que la actividad productiva que desarrolla exija, toda vez que del propio mérito de la causa fluye que el abono era la carga del coloso, que era arrastrado por un tractor y que en el sector a abonar debió ser descargado. Por ende, aun cuando aceptase que la labor del trabajador era sólo la de abonar, aplicando la experiencia, que es propia de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, el empleador debió prever la posibilidad de accidentes, tomando medidas de seguridad al respecto, ya que es cosa sabida que en los campos son recurrentes los accidentes en que se ven involucrados tractores y colosos, ya sea por la inexperiencia de los choferes, la topografía de los caminos y senderos u otras circunstancias. (Considerando 5 de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

I. ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD a. El empleador debe responder, aun cuando el trabajador haya estado realizando labores no especificadas en su contrato de trabajo.

DOCTRINA

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 4560-2003 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Desierto) Partes: Ramón González González con Carlos Pozo Gesswein Ministros: Sres. Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V. y Orlando Álvarez H. y el abogado integrante Sr. Juan Infante P. Cita OnLine: CL/JUR/3739/2010

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Obrero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Múltiples fracturas costales) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $2.000.000 $1.000.000 Lucro Cesante $724.000 Rechazado

ANTECEDENTES GENERALES: OCUPACIÓN: Obrero EDAD: No se consigna CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO: Lesión Leve (Múltiples fracturas costales) EXPOSICIÓN AL DAÑO DE LA VÍCTIMA: Parcial VÍCTIMA QUE SOLICITA LA INDEMNIZACIÓN: Directa CONCEPTOS DEMANDADOS MONTOS DEMANDADOS MONTOS OTORGADOS Daño Moral $2.000.000 $1.000.000 Lucro Cesante $724.000 Rechazado

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol: 4560-2003 Tipo: Recurso de Casación en el Fondo (Desierto) Partes: Ramón González González con Carlos Pozo Gesswein Ministros: Sres. Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V. y Orlando Álvarez H. y el abogado integrante Sr. Juan Infante P. Cita OnLine: CL/JUR/3739/2010

CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

DOCTRINA

I. ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD a. El empleador debe responder, aun cuando el trabajador haya estado realizando labores no especificadas en su contrato de trabajo.

I. La circunstancia que se alegue que el actor estaba contratado sólo para Mas la abonadura, (sic) no exime tampoco al empleador de su obligación de tomar todas las medidas de seguridad que la actividad productiva que desarrolla exija, toda vez que del propio mérito de la causa fluye que el abono era la carga del coloso, que era arrastrado por un tractor y que en el sector a abonar debió ser descargado. Por ende, aun cuando aceptase que la labor del trabajador era sólo la de abonar, aplicando la experiencia, que es propia de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, el empleador debió prever la posibilidad de accidentes, tomando medidas de seguridad al respecto, ya que es cosa sabida que en los campos son recurrentes los accidentes en que se ven involucrados tractores y colosos, ya sea por la inexperiencia de los choferes, la topografía de los caminos y senderos u otras circunstancias. (Considerando 5 de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

FICHA Nº 27

NORMATIVA RELEVANTE CITADA: Código del Trabajo art. 179; Código del Trabajo art. 184.

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TIRO

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 602-2011 Cita online: CL/JUR/7265/2011 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, veintiocho de marzo de dos mil once. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, comparece don Oscar Enrique Delva Elgueta, pintor, cédula nacional de identidad N°16.638.905-4, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N°835, oficina 1601, Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en procedimiento de aplicación general en contra de la empresa Fadepe S.A., empresa del giro de Maestranza Industrial, RUT. N°96.985.330-2, representada legalmente por don Alfredo Lavanderos Beaumont, ambos con domicilio en calle Antonio Escobar Williams N°70, comuna de Cerrillos, a fin de que se declare que la demandada debe pagar al actor las indemnizaciones por daño moral y por lucro cesante, o en subsidio, las indemnizaciones que por estos conceptos se determine, con reajustes, intereses y costas. Funda su demanda en el hecho que el día 07 de Octubre de 2009 ingresó a trabajar para la empresa Fadepe S.A., bajo vínculo de subordinación y dependencia, para desempeñarme como pintor, en la planta industrial de su empleadora ubicada en calle Antonio Escobar Williams N°70, comuna de Cerrillos. Que su remuneración ascendía a la suma de $ 350.000 brutos mensuales. Que, en relación al accidente del trabajo, señala que el 15 de julio de 2010, ingresó a trabajar como todos los días a las 08:00 horas. Que hacía una semana que su supervisor don Marcelo Peña, le había ordenado trabajar en el sector de “Granalla”, debiendo realizar labores distintas para las cuales fue contratado y capacitado. Agrega que esta sección es la encargada de limpiar los fierros, siendo su labor específica la de colocar los fierros sobre unos carros, debiendo luego operar unas mangueras que arrojan una especie de arenilla de acero que limpia el fierro, para finalmente trasladar los fierros por medio de una grúa horquilla para ser pintados. Que, aproximadamente a las 10:00 horas tenían que trasladar gran cantidad de fierros que ya estaban listos para ser pintados y ocupaban gran espacio en la cúpula de “granallas”. Como en ese momento no había ningún operador disponible, uno de los supervisores le dio la orden a un compañero de trabajo, Sergio Gutiérrez, que se desempeñaba como ayudante de limpieza, para que operara una grúa horquilla. Es así como, en momentos que el improvisado operador de la grúa horquilla ingresaba nuevamente al interior de la cúpula, habiendo ya retirado una carga de material, y mientras avanzaba al interior de la cúpula, la grúa horquilla viró hacia donde él estaba, atropellándolo y pasando las ruedas por encima de su pie derecho, cayendo al piso, resultando con su pie fracturado, sin poder levantarse. Agrega que de inmediato fue auxiliado por sus compañeros, llegando el inspector de calidad de pintura, quien le trasladó en el auto del supervisor hasta el Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo. Ingresó de urgencia, siendo examinado por los médicos de turno, debiendo quedar con reposo absoluto para que se desinflamara su pie, siendo internado posteriormente para ser operado, operación en la cual le colocaron placa de metal y tornillos en su tobillo derecho, quedando internado por 4 días más. Señala que una vez que salió del hospital debió iniciar un largo proceso de curaciones quirúrgicas y tratamiento de rehabilitación en el que se encuentra hasta la fecha. Indica que el responsable del accidente es su empleadora, ya que no tomó las mínimas medidas de resguardo requeridas por los trabajadores en el sector donde debían desarrollar las labores, toda vez que la grúa horquilla era operada por un trabajador que no contaba con capacitación adecuada ni menos licencia para conducir maquinarias industriales, pues su labor habitual era como ayudante de limpieza, lo que obviamente deja la posibilidad de accidentarse como algo sumamente probable. Además, tampoco existía algún tipo de demarcación que indicara por dónde debían transitar las grúas horquillas, las cuales no contaban con bocinas de aviso o luces de retroceso, que advirtieran su circulación. Señala que su empleador nunca tomó medidas de prevención de riesgos ni tampoco tomó las medidas de seguridad mínimas para evitar que sucediera un accidente del trabajo, debiendo transitar por

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil once. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, comparece don Oscar Enrique Delva Elgueta, pintor, cédula nacional de identidad N°16.638.905-4, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N°835, oficina 1601, Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en procedimiento de aplicación general en contra de la empresa Fadepe S.A., empresa del giro de Maestranza Industrial, RUT. N°96.985.330-2, representada legalmente por don Alfredo Lavanderos Beaumont, ambos con domicilio en calle Antonio Escobar Williams N°70, comuna de Cerrillos, a fin de que se declare que la demandada debe pagar al actor las indemnizaciones por daño moral y por lucro cesante, o en subsidio, las indemnizaciones que por estos conceptos se determine, con reajustes, intereses y costas. Funda su demanda en el hecho que el día 07 de Octubre de 2009 ingresó a trabajar para la empresa Fadepe S.A., bajo vínculo de subordinación y dependencia, para desempeñarme como pintor, en la planta industrial de su empleadora ubicada en calle Antonio Escobar Williams N°70, comuna de Cerrillos. Que su remuneración ascendía a la suma de $ 350.000 brutos mensuales. Que, en relación al accidente del trabajo, señala que el 15 de julio de 2010, ingresó a trabajar como todos los días a las 08:00 horas. Que hacía una semana que su supervisor don Marcelo Peña, le había ordenado trabajar en el sector de “Granalla”, debiendo realizar labores distintas para las cuales fue contratado y capacitado. Agrega que esta sección es la encargada de limpiar los fierros, siendo su labor específica la de colocar los fierros sobre unos carros, debiendo luego operar unas mangueras que arrojan una especie de arenilla de acero que limpia el fierro, para finalmente trasladar los fierros por medio de una grúa horquilla para ser pintados. Que, aproximadamente a las 10:00 horas tenían que trasladar gran cantidad de fierros que ya estaban listos para ser pintados y ocupaban gran espacio en la cúpula de “granallas”. Como en ese momento no había ningún operador disponible, uno de los supervisores le dio la orden a un compañero de trabajo, Sergio Gutiérrez, que se desempeñaba como ayudante de limpieza, para que operara una grúa horquilla. Es así como, en momentos que el improvisado operador de la grúa horquilla ingresaba nuevamente al interior de la cúpula, habiendo ya retirado una carga de material, y mientras avanzaba al interior de la cúpula, la grúa horquilla viró hacia donde él estaba, atropellándolo y pasando las ruedas por encima de su pie derecho, cayendo al piso, resultando con su pie fracturado, sin poder levantarse. Agrega que de inmediato fue auxiliado por sus compañeros, llegando el inspector de calidad de pintura, quien le trasladó en el auto del supervisor hasta el Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo. Ingresó de urgencia, siendo examinado por los médicos de turno, debiendo quedar con reposo absoluto para que se desinflamara su pie, siendo internado posteriormente para ser operado, operación en la cual le colocaron placa de metal y tornillos en su tobillo derecho, quedando internado por 4 días más. Señala que una vez que salió del hospital debió iniciar un largo proceso de curaciones quirúrgicas y tratamiento de rehabilitación en el que se encuentra hasta la fecha. Indica que el responsable del accidente es su empleadora, ya que no tomó las mínimas medidas de resguardo requeridas por los trabajadores en el sector donde debían desarrollar las labores, toda vez que la grúa horquilla era operada por un trabajador que no contaba con capacitación adecuada ni menos licencia para conducir maquinarias industriales, pues su labor habitual era como ayudante de limpieza, lo que obviamente deja la posibilidad de accidentarse como algo sumamente probable. Además, tampoco existía algún tipo de demarcación que indicara por dónde debían transitar las grúas horquillas, las cuales no contaban con bocinas de aviso o luces de retroceso, que advirtieran su circulación. Señala que su empleador nunca tomó medidas de prevención de riesgos ni tampoco tomó las medidas de seguridad mínimas para evitar que sucediera un accidente del trabajo, debiendo transitar por

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

zonas inseguras y, las grúas horquillas, ser operadas por trabajadores que no contaban con la capacitación adecuada y ni siquiera licencia para conducir maquinarias industriales. Señala que luego del accidente, fue finalmente atendido en el Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo, el que calificó este siniestro como un accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que le franquea la ley N°16.744. Que en definitiva, sufrió fractura y destrozo del tobillo derecho, lo que hasta el día de hoy le causa gran dolor, sin poder desplazarse en forma normal, debiendo utilizar bastones. Agrega que las gravísimas lesiones ocasionadas en su pie le han dejado completamente incapacitado. Desde el día que ingresó al Hospital del IST, debió iniciar un proceso de rehabilitación, en el cual se encuentra hasta la fecha. Indica que en la práctica ha quedado completamente inhabilitado para realizar cualquier tipo de actividad que requiera desplazarse regularmente, asimismo, no puede desplazarme mínimas distancias. Que actualmente sufre dolores permanentes en su pie y depende absolutamente de su familia para realizar hasta las labores más simples. Que a raíz del accidente no podrá desarrollar sus labores de pintor, o de cualquier actividad en que requiera desplazarse o realizar fuerza con mi cuerpo. Que a la fecha tiene 23 años de edad y con el producto de su trabajo, mantenía a su pareja e hijo de 3 años de edad. Indica que el daño físico y psicológico que porta le mantiene en una fuerte angustia, habiéndose traspasado la angustia a su familia, la cual vive diariamente su deterioro porque no puede realizar las actividades normales a las que estaba acostumbrado antes del accidente. Agrega, que se encuentra con licencia laboral a la fecha, sin realizar labores u oficios ordinarios para el común de las personas, por lo que su capacidad laboral se encuentra absolutamente limitada, sintiéndose tremendamente inútil para su familia. Indica que también ha sido víctima de un perjuicio de agrado. En efecto, estas lesiones le han privado de las diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivo que normalmente benefician a un joven de su edad y condición. Indica que el accidente y el largo tratamiento médico, le han significado progresivamente la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso mi salud mental. Que por lo anterior se ha incumplido por parte de su empleador la obligación legal y contractual de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador, a que aluden los artículos 66, 66 bis, 67 y 68 de la ley N°16.744, cuyo reglamento fue aprobado por el decreto supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, conocido como el Reglamento de Prevención de Riesgos, la obligación de prevención y seguridad de los artículos 66, 67 y 68 de la ley N°16.744, artículos reglamentados por el D.S. N°40, de 1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, artículo 210 del Código del Trabajo, en relación con los arts. 3, 36, 37°, 43° y 53, acápite primero del D.S. N°594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Infracción a los artículos 66 de la ley N°16.744 y 210 del Código del Trabajo, en relación con los N°s. 1 y 2 del artículo 24 del D.S. N°54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad; infracción al artículo 187 del Código del Trabajo, responsabilidad contractual por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo. Agrega que las normas que regulan esta materia son las contenidas en los artículos 19 N°s. 1, inciso 1, y 4 de la Constitución Política, en relación con los artículos 1547, 1556 y 1557 del Código Civil y con el artículo 184 del Código del Trabajo, en los Tratados Internacionales ya reseñados, y en el artículo 69 de la ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre otros. Que, por consiguiente, demanda indemnización por lucro cesante, la que se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación por vejez. Teniendo presente lo precedentemente expuesto y el hecho de que el monto de la remuneración que ganaba estando en actividad, ascendía aproximadamente a $ 350.000. mensuales, se multiplica $ 350.000. por 12 (para obtener la remuneración anual) y luego por 42 (años que van desde esta fecha hasta la fecha en que yo cumplo 65 años de edad), lo que da $ 176.400.000. A esta cantidad le aplicamos prudencialmente un grado de disminución de sus

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

zonas inseguras y, las grúas horquillas, ser operadas por trabajadores que no contaban con la capacitación adecuada y ni siquiera licencia para conducir maquinarias industriales. Señala que luego del accidente, fue finalmente atendido en el Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo, el que calificó este siniestro como un accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que le franquea la ley N°16.744. Que en definitiva, sufrió fractura y destrozo del tobillo derecho, lo que hasta el día de hoy le causa gran dolor, sin poder desplazarse en forma normal, debiendo utilizar bastones. Agrega que las gravísimas lesiones ocasionadas en su pie le han dejado completamente incapacitado. Desde el día que ingresó al Hospital del IST, debió iniciar un proceso de rehabilitación, en el cual se encuentra hasta la fecha. Indica que en la práctica ha quedado completamente inhabilitado para realizar cualquier tipo de actividad que requiera desplazarse regularmente, asimismo, no puede desplazarme mínimas distancias. Que actualmente sufre dolores permanentes en su pie y depende absolutamente de su familia para realizar hasta las labores más simples. Que a raíz del accidente no podrá desarrollar sus labores de pintor, o de cualquier actividad en que requiera desplazarse o realizar fuerza con mi cuerpo. Que a la fecha tiene 23 años de edad y con el producto de su trabajo, mantenía a su pareja e hijo de 3 años de edad. Indica que el daño físico y psicológico que porta le mantiene en una fuerte angustia, habiéndose traspasado la angustia a su familia, la cual vive diariamente su deterioro porque no puede realizar las actividades normales a las que estaba acostumbrado antes del accidente. Agrega, que se encuentra con licencia laboral a la fecha, sin realizar labores u oficios ordinarios para el común de las personas, por lo que su capacidad laboral se encuentra absolutamente limitada, sintiéndose tremendamente inútil para su familia. Indica que también ha sido víctima de un perjuicio de agrado. En efecto, estas lesiones le han privado de las diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivo que normalmente benefician a un joven de su edad y condición. Indica que el accidente y el largo tratamiento médico, le han significado progresivamente la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso mi salud mental. Que por lo anterior se ha incumplido por parte de su empleador la obligación legal y contractual de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador, a que aluden los artículos 66, 66 bis, 67 y 68 de la ley N°16.744, cuyo reglamento fue aprobado por el decreto supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, conocido como el Reglamento de Prevención de Riesgos, la obligación de prevención y seguridad de los artículos 66, 67 y 68 de la ley N°16.744, artículos reglamentados por el D.S. N°40, de 1969, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, artículo 210 del Código del Trabajo, en relación con los arts. 3, 36, 37°, 43° y 53, acápite primero del D.S. N°594, de 1999, del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Infracción a los artículos 66 de la ley N°16.744 y 210 del Código del Trabajo, en relación con los N°s. 1 y 2 del artículo 24 del D.S. N°54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad; infracción al artículo 187 del Código del Trabajo, responsabilidad contractual por infracción al artículo 184 del Código del Trabajo. Agrega que las normas que regulan esta materia son las contenidas en los artículos 19 N°s. 1, inciso 1, y 4 de la Constitución Política, en relación con los artículos 1547, 1556 y 1557 del Código Civil y con el artículo 184 del Código del Trabajo, en los Tratados Internacionales ya reseñados, y en el artículo 69 de la ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre otros. Que, por consiguiente, demanda indemnización por lucro cesante, la que se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación por vejez. Teniendo presente lo precedentemente expuesto y el hecho de que el monto de la remuneración que ganaba estando en actividad, ascendía aproximadamente a $ 350.000. mensuales, se multiplica $ 350.000. por 12 (para obtener la remuneración anual) y luego por 42 (años que van desde esta fecha hasta la fecha en que yo cumplo 65 años de edad), lo que da $ 176.400.000. A esta cantidad le aplicamos prudencialmente un grado de disminución de sus

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facultades para generar ingresos ascendentes al 30%, lo que da un total de $ 52.920.000. (cincuenta y dos millones novecientos veinte mil pesos), suma por la cual demando por concepto de lucro cesante. En subsidio de todo lo anterior, demanda por este concepto, la suma mayor o menor que se sirva fijar en justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos. Que en cuanto al daño moral, señala que su procedencia deriva de un accidente del trabajo. En efecto, el artículo 19 N°s. 1, inciso primero, y cuarto de la Constitución Política, en relación con el artículo 69 de la ley N°16.744, reconocen expresamente el derecho a tal clase de reparación. Señala que la lesión a los intereses patrimoniales origina un daño patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extrapatrimoniales hace surgir un daño extrapatrimoníal o moral. Por ende, se produce daño moral con toda lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial para él, de 23 años a la fecha, entre su condición antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano física y psicológicamente y la condición en que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que le ha significado quedar con su pie derecho fracturado y atrofiado, debiendo utilizar de forma permanente un bastón clínico; dificultades para desplazarse sufriendo dolor constante; dificultad para efectuar cualquier actividad que requiera de fuerza o precisión; presentando una evidente cojera al caminar; con todas las secuelas psicológicas y psiquiátricas que ello implica. A ello deben agregar una serie de dolores crónicos que deberá soportar el resto de su vida, y los mencionados perjuicios de sufrimiento y de agrado. Por consiguiente, demanda por concepto de daño moral la cantidad de $ 60.000.000. (sesenta millones de pesos), y, en subsidio, demanda por este concepto, la suma mayor o menor que se sirva fijar, de acuerdo a la equidad, justicia y al mérito del proceso. Que, por todo lo anterior, solicita se acoja en todas sus partes la demanda declarando que, la demandada debe pagarle las indemnizaciones por daño moral y por lucro cesante que se cobran en el libelo de autos, o, en subsidio, las indemnizaciones que por estos conceptos determine en cantidades superiores o inferiores a las peticionadas en la demanda, de acuerdo a la justicia, equidad y al mérito del proceso, con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; o, en subsidio, con los reajustes e intereses que determine el Tribunal, contados desde la fecha de notificación de esta demanda, o contados desde la fecha que se fije con costas. SEGUNDO: Que dentro del plazo legal contesta la demandada dentro de plazo, solicitando el total rechazo de la misma en todas sus partes, con costas, o, en subsidio y para el caso que se acoja la demanda solicita se rebaje la indemnización al monto de los daños efectivamente sufridos y que se acrediten en el proceso. Señala que el lamentable accidente sufrido por el demandante fue producto de un caso fortuito o fuerza mayor completamente ajeno al trabajo. En consecuencia, y no obstante que vienen en controvertir todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, en primer término, esta parte interpone, como excepción perentoria, la inexistencia de la obligación indemnizatoria. Sin perjuicio de lo anterior, para el caso que la señalada excepción sea desestimada y se acoja la demanda, solicitaremos que la indemnización sea fijada, como en derecho corresponde, en función del daño efectivamente sufrido por la víctima, negando lugar a la desmedida pretensión planteada en el libelo de la demanda, que busca transformar un desafortunado accidente en fuente de lucro y enriquecimiento sin causa. Indica que no es efectivo que la remuneración del trabajador haya ascendido a $ 350.000. mensuales; que no es efectivo que el demandante haya comenzado a prestar servicios en las faenas de granallado sólo desde la semana anterior al accidente ni que haya carecido de la capacitación necesaria al efecto; que no es efectivo que dentro de las labores específicas del actor se hayan encontrado las de colocar fierros sobre los carros, ni trasladarlos hasta la zona de granallado; que no es efectivo que el actor haya estado ejecutando las labores de traslado de fierros al momento del accidente; que no es efectivo que don Sergio Gutiérrez, operador de la grúa al momento del accidente, haya sido ayudante de limpieza; que no es efectivo que el mismo señor Gutiérrez haya sido un improvisado operador de grúas, como lo define el actor; que no es efectivo que al momento preciso del accidente el actor haya estado prestando ningún servicio de aquellos a los cuales se encontraba obligado en virtud de su contrato de trabajo; que no es efectivo que el operador de la grúa haya carecido de la experiencia y/o capacitación necesaria al efecto; que no es efectivo que las grúas horquillas hayan carecido de sistemas de alarma de retroceso; que no es efectivo que Fadepe jamás haya adoptado medidas de prevención de riesgos

facultades para generar ingresos ascendentes al 30%, lo que da un total de $ 52.920.000. (cincuenta y dos millones novecientos veinte mil pesos), suma por la cual demando por concepto de lucro cesante. En subsidio de todo lo anterior, demanda por este concepto, la suma mayor o menor que se sirva fijar en justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos. Que en cuanto al daño moral, señala que su procedencia deriva de un accidente del trabajo. En efecto, el artículo 19 N°s. 1, inciso primero, y cuarto de la Constitución Política, en relación con el artículo 69 de la ley N°16.744, reconocen expresamente el derecho a tal clase de reparación. Señala que la lesión a los intereses patrimoniales origina un daño patrimonial o material, en tanto que la lesión a los intereses extrapatrimoniales hace surgir un daño extrapatrimoníal o moral. Por ende, se produce daño moral con toda lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial para él, de 23 años a la fecha, entre su condición antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano física y psicológicamente y la condición en que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que le ha significado quedar con su pie derecho fracturado y atrofiado, debiendo utilizar de forma permanente un bastón clínico; dificultades para desplazarse sufriendo dolor constante; dificultad para efectuar cualquier actividad que requiera de fuerza o precisión; presentando una evidente cojera al caminar; con todas las secuelas psicológicas y psiquiátricas que ello implica. A ello deben agregar una serie de dolores crónicos que deberá soportar el resto de su vida, y los mencionados perjuicios de sufrimiento y de agrado. Por consiguiente, demanda por concepto de daño moral la cantidad de $ 60.000.000. (sesenta millones de pesos), y, en subsidio, demanda por este concepto, la suma mayor o menor que se sirva fijar, de acuerdo a la equidad, justicia y al mérito del proceso. Que, por todo lo anterior, solicita se acoja en todas sus partes la demanda declarando que, la demandada debe pagarle las indemnizaciones por daño moral y por lucro cesante que se cobran en el libelo de autos, o, en subsidio, las indemnizaciones que por estos conceptos determine en cantidades superiores o inferiores a las peticionadas en la demanda, de acuerdo a la justicia, equidad y al mérito del proceso, con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; o, en subsidio, con los reajustes e intereses que determine el Tribunal, contados desde la fecha de notificación de esta demanda, o contados desde la fecha que se fije con costas. SEGUNDO: Que dentro del plazo legal contesta la demandada dentro de plazo, solicitando el total rechazo de la misma en todas sus partes, con costas, o, en subsidio y para el caso que se acoja la demanda solicita se rebaje la indemnización al monto de los daños efectivamente sufridos y que se acrediten en el proceso. Señala que el lamentable accidente sufrido por el demandante fue producto de un caso fortuito o fuerza mayor completamente ajeno al trabajo. En consecuencia, y no obstante que vienen en controvertir todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, en primer término, esta parte interpone, como excepción perentoria, la inexistencia de la obligación indemnizatoria. Sin perjuicio de lo anterior, para el caso que la señalada excepción sea desestimada y se acoja la demanda, solicitaremos que la indemnización sea fijada, como en derecho corresponde, en función del daño efectivamente sufrido por la víctima, negando lugar a la desmedida pretensión planteada en el libelo de la demanda, que busca transformar un desafortunado accidente en fuente de lucro y enriquecimiento sin causa. Indica que no es efectivo que la remuneración del trabajador haya ascendido a $ 350.000. mensuales; que no es efectivo que el demandante haya comenzado a prestar servicios en las faenas de granallado sólo desde la semana anterior al accidente ni que haya carecido de la capacitación necesaria al efecto; que no es efectivo que dentro de las labores específicas del actor se hayan encontrado las de colocar fierros sobre los carros, ni trasladarlos hasta la zona de granallado; que no es efectivo que el actor haya estado ejecutando las labores de traslado de fierros al momento del accidente; que no es efectivo que don Sergio Gutiérrez, operador de la grúa al momento del accidente, haya sido ayudante de limpieza; que no es efectivo que el mismo señor Gutiérrez haya sido un improvisado operador de grúas, como lo define el actor; que no es efectivo que al momento preciso del accidente el actor haya estado prestando ningún servicio de aquellos a los cuales se encontraba obligado en virtud de su contrato de trabajo; que no es efectivo que el operador de la grúa haya carecido de la experiencia y/o capacitación necesaria al efecto; que no es efectivo que las grúas horquillas hayan carecido de sistemas de alarma de retroceso; que no es efectivo que Fadepe jamás haya adoptado medidas de prevención de riesgos ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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o que no haya adoptado las medidas de seguridad mínimas para evitar la ocurrencia de accidentes; que no es efectivo que el demandante esté impedido o haya quedado inhabilitado para desplazarse normalmente, ni que le resulte indispensable el uso de bastones para caminar; que no es efectivo que el demandante haya sufrido lesiones gravísimas ni que esté completamente incapacitado para trabajar; que no es efectivo que el demandante dependa de su familia para desenvolverse normalmente; que no es efectivo que el actor haya quedado incapacitado para desarrollar las labores que realizaba con anterioridad al accidente. Por último, tampoco es efectivo que la capacidad laboral del actor se encuentre absolutamente limitada como sostiene. Que en efecto, y tal como señala el demandante, la empresa mantiene una relación laboral con el demandante, quien se desempeñó como pintor y operario de la sala de granallado hasta la fecha del accidente, la cual se mantiene plenamente vigente a esta fecha. Señala que las labores del actor eran las de operario de la zona de recubrimiento industrial de la empresa, que comprenden las tareas de granallado y de pintura. Indica que la empresa consciente de su deber general de cuidado levísimo de velar por la seguridad particular de cada uno de sus trabajadores cuenta con una serie de prácticas, procedimientos y cumplimientos que la certifican dentro de los más altos estándares de la industria chilena. Al efecto, cuenta con Reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el cual es entregado en forma personal a cada uno de los operarios, que en el caso del actor, hay registro de entrega particular al demandante de un ejemplar del mismo y de uno del derecho, a saber los riesgos asociados a su trabajo; cuenta con Comité Paritario de Ejecutivos y Trabajadores de manera permanente, los que dejan constancia de sus sesiones en libros foliados y públicos; cuenta con cursos de capacitación permanentes a su personal. Específicamente este trabajador registra capacitaciones tales como el derecho a saber los riesgos de la empresa; está al día con sus cotizaciones de seguro obrero de accidentes del trabajo; registra bajas tasas de siniestralidad y de accidentabilidad; entrega a su costa a los trabajadores implementos de seguridad aprobados por la normativa chilena oficial; cuenta con procedimientos específicos para la operación de sus maquinarias y procesos productivos; está afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad y recibe asesoría y fiscalización permanente de la misma. Indica que dentro del proceso de construcción de una estructura metálica determinada se encuentra el denominado “granallado” que no corresponde a otra cosa sino a un método de limpieza de las partes y piezas metálicas, que se efectúa mediante un sistema de mangueras a alta presión (similar a las pistolas que arrojan agua a alta presión para limpiar un automóvil) y que arrojan pequeñas partículas metálicas contra las partes y piezas y que por la fuerza del impacto con que estas pequeñas partículas golpean las partes y piezas, van realizando un proceso similar al de una lija, limpiando las impurezas y las zonas oxidadas, a la vez que van dejando la superficie del fierro con la porosidad o rugosidad necesarias para recibir adecuadamente la pintura con que serán posteriormente recubiertas. Agrega que las labores de granallado se desarrollan en un galpón de aproximadamente 18 x 14 metros el cual se encuentra dividido en dos áreas principales, una para el granallado propiamente tal y otra para la pintura de las partes y piezas metálicas. Señala que los trabajadores que se desempeñan en estas faenas suelen trabajar indistintamente en la sección de pintura y en la de granallado, siempre después de haber sido debidamente capacitados al efecto. Señala que el proceso comienza con la colocación de los fierros al interior de la sala de granallado. Estas tareas siempre son realizadas con la ayuda de una grúa que los coloca directamente en el piso de la sala o sobre unos carros especialmente acondicionados al efecto y que se desplazan sobre unos rieles metálicos. NO es efectivo, que los fierros sean trasladados por ningún trabajador. Eventualmente los operarios pueden acomodar las piezas metálicas en el carro respectivo, o en el suelo según sea el caso, luego que éstas han sido dispuestas por la grúa. Que, una vez que las piezas metálicas han sido definitivamente ubicadas, se procede al cierre total de la sala de granallado, en la cual quedan única y exclusivamente dos operarios que ejecutan tales labores. Estos trabajadores cumplen con exigentes normas de seguridad y prevención de riesgos. Los Elementos de Protección Personal que se les proveen son: zapatos de seguridad, pantalones de cuero, una chaqueta de cuero, completamente cerrada, un casco con capuchón de cuero y lentes de seguridad, un tubo de oxígeno que provee de aire a los trabajadores a través de una manguera conectada directamente al interior de su traje.

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o que no haya adoptado las medidas de seguridad mínimas para evitar la ocurrencia de accidentes; que no es efectivo que el demandante esté impedido o haya quedado inhabilitado para desplazarse normalmente, ni que le resulte indispensable el uso de bastones para caminar; que no es efectivo que el demandante haya sufrido lesiones gravísimas ni que esté completamente incapacitado para trabajar; que no es efectivo que el demandante dependa de su familia para desenvolverse normalmente; que no es efectivo que el actor haya quedado incapacitado para desarrollar las labores que realizaba con anterioridad al accidente. Por último, tampoco es efectivo que la capacidad laboral del actor se encuentre absolutamente limitada como sostiene. Que en efecto, y tal como señala el demandante, la empresa mantiene una relación laboral con el demandante, quien se desempeñó como pintor y operario de la sala de granallado hasta la fecha del accidente, la cual se mantiene plenamente vigente a esta fecha. Señala que las labores del actor eran las de operario de la zona de recubrimiento industrial de la empresa, que comprenden las tareas de granallado y de pintura. Indica que la empresa consciente de su deber general de cuidado levísimo de velar por la seguridad particular de cada uno de sus trabajadores cuenta con una serie de prácticas, procedimientos y cumplimientos que la certifican dentro de los más altos estándares de la industria chilena. Al efecto, cuenta con Reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el cual es entregado en forma personal a cada uno de los operarios, que en el caso del actor, hay registro de entrega particular al demandante de un ejemplar del mismo y de uno del derecho, a saber los riesgos asociados a su trabajo; cuenta con Comité Paritario de Ejecutivos y Trabajadores de manera permanente, los que dejan constancia de sus sesiones en libros foliados y públicos; cuenta con cursos de capacitación permanentes a su personal. Específicamente este trabajador registra capacitaciones tales como el derecho a saber los riesgos de la empresa; está al día con sus cotizaciones de seguro obrero de accidentes del trabajo; registra bajas tasas de siniestralidad y de accidentabilidad; entrega a su costa a los trabajadores implementos de seguridad aprobados por la normativa chilena oficial; cuenta con procedimientos específicos para la operación de sus maquinarias y procesos productivos; está afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad y recibe asesoría y fiscalización permanente de la misma. Indica que dentro del proceso de construcción de una estructura metálica determinada se encuentra el denominado “granallado” que no corresponde a otra cosa sino a un método de limpieza de las partes y piezas metálicas, que se efectúa mediante un sistema de mangueras a alta presión (similar a las pistolas que arrojan agua a alta presión para limpiar un automóvil) y que arrojan pequeñas partículas metálicas contra las partes y piezas y que por la fuerza del impacto con que estas pequeñas partículas golpean las partes y piezas, van realizando un proceso similar al de una lija, limpiando las impurezas y las zonas oxidadas, a la vez que van dejando la superficie del fierro con la porosidad o rugosidad necesarias para recibir adecuadamente la pintura con que serán posteriormente recubiertas. Agrega que las labores de granallado se desarrollan en un galpón de aproximadamente 18 x 14 metros el cual se encuentra dividido en dos áreas principales, una para el granallado propiamente tal y otra para la pintura de las partes y piezas metálicas. Señala que los trabajadores que se desempeñan en estas faenas suelen trabajar indistintamente en la sección de pintura y en la de granallado, siempre después de haber sido debidamente capacitados al efecto. Señala que el proceso comienza con la colocación de los fierros al interior de la sala de granallado. Estas tareas siempre son realizadas con la ayuda de una grúa que los coloca directamente en el piso de la sala o sobre unos carros especialmente acondicionados al efecto y que se desplazan sobre unos rieles metálicos. NO es efectivo, que los fierros sean trasladados por ningún trabajador. Eventualmente los operarios pueden acomodar las piezas metálicas en el carro respectivo, o en el suelo según sea el caso, luego que éstas han sido dispuestas por la grúa. Que, una vez que las piezas metálicas han sido definitivamente ubicadas, se procede al cierre total de la sala de granallado, en la cual quedan única y exclusivamente dos operarios que ejecutan tales labores. Estos trabajadores cumplen con exigentes normas de seguridad y prevención de riesgos. Los Elementos de Protección Personal que se les proveen son: zapatos de seguridad, pantalones de cuero, una chaqueta de cuero, completamente cerrada, un casco con capuchón de cuero y lentes de seguridad, un tubo de oxígeno que provee de aire a los trabajadores a través de una manguera conectada directamente al interior de su traje.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Que durante el proceso de granallado la sala respectiva se encuentra completamente cerrada, siendo completamente imposible ingresar o salir de la misma. Al término del proceso, los granalladores abandonan la sala de granallado por una puerta lateral. Que una vez que los granalladores han abandonado la sala, y el polvo en suspensión ha comenzado a decantar, se abren las puertas de la sala, que abarcan todo el ancho del galpón, por la parte frontal y trasera. A continuación, y cuando las condiciones de visibilidad se han normalizado, ingresan nuevamente las grúas para efectuar el desplazamiento de los carros hacia afuera del galpón para pasar a la sección de pintura. Durante el tiempo que las grúas realizan las labores de retiro de los fierros desde la sala de granallado nuestros trabajadores deben mantenerse fuera del galpón en una zona de descanso que se encuentra a unos cuantos metros del mismo, sin que les esté permitido interferir o interactuar con los gruesos. Sólo una vez que las grúas han retirado el material ya granallado y han desocupado el galpón, es el turno de los operarios a quienes se les haya asignado la limpieza de la sala, que no necesariamente son los mismos que han desarrollado las labores de granallado. Señala que el accidente se produjo una vez que ya había finalizado la faena de granallado y mientras las grúas se encontraban retirando los fierros que habían sido sometidos a ese proceso. El día del accidente en momentos que don Sergio Gutiérrez, quien desde hace largo tiempo y en variadas ocasiones había actuado como operario y conductor de la grúa, se encontraba trasladando los fierros a la zona de pintura, el señor Delva, contra todas las normas de seguridad, sin respetar ninguno de los procedimientos establecidos al efecto, y respecto de los cuales él mismo había sido adecuadamente instruido, sin haber recibido ninguna orden, directa ni indirecta, y sin ningún motivo que justificase su accionar, ingresó a la sala de granallado mientras las grúas efectuaban las labores de retiro de material con la exclusiva finalidad, según así lo han declarado quienes lo vieron, de conversar con el operador de la grúa señor Sergio Gutiérrez. En efecto, a pesar de no tener ningún motivo laboral de alguna manera relacionado con sus propias faenas, el señor Delva caminó hacia la sala de granallado y se acercó por detrás de la grúa que era conducida por el señor Gutiérrez a fin de entablar una conversación con éste, mientras este último desarrollaba su trabajo. Señala que el señor Delva ya había concluido sus labores, había finalizado la tarea de granallado que se le había encomendado y debía mantenerse alejado de la zona de trabajo de las grúas, a lo menos mientras éstas efectuaban la labor de retiro del material. Sin embargo, a pesar de las específicas instrucciones y procedimientos establecidos al efecto, el señor Delva en temeraria actitud se acercó hacia la grúa para conversar con el conductor de la grúa, como si no fuese suficiente exposición, el señor Delva realizó el acercamiento a la grúa mientras ésta retrocedía, de manera que al conductor le resultaba imposible advertir su presencia. En estas condiciones, mientras el señor Delva se dirigía hacia la grúa, que a su vez realizaba una maniobra de retroceso, tropezó con uno de los rieles por los cuales se desplazan los carros que llevan los fierros hacia la sala de granallado perdiendo el equilibrio y toda capacidad de reacción para esquivar la grúa que venía por su camino y que finalmente lo atropelló. Que, por lo expuesto, los hechos previos que causaron directamente el accidente no tienen ninguna conexión con el trabajo para el cual éste había sido contratado. Si bien el accidente se produjo en dependencias de la empresa, y dentro de la jornada laboral, no tienen absolutamente ningún vínculo con las labores para las cuales el actor había sido contratado. El demandante no sólo no estaba autorizado ni se le había dado ninguna instrucción para acercarse a la grúa mientras su conductor maniobraba con ella, sino que por el contrario, debía abstenerse, por normativa y por simple prudencia, alejado de la maquinaria, a lo menos hasta que esta hubiere finalizado su trabajo y hubiere sido detenida por el operario. Concluye que la causa basal, directa e inmediata del accidente ha sido única y exclusivamente la imprudencia del trabajador, quien se ha expuesto imprudentemente al riesgo al acercarse a una grúa en movimiento sin tener ninguna razón que justificase esa conducta. Que por lo anterior, no existe la obligación de indemnizar perjuicios, por falta de relación causal. Señala que todos los antecedentes que se aportarán indican la máxima diligencia y preocupación en el cuidado de nuestros trabajadores, así como el hecho que el accidente se produjo como consecuencia de la culpa exclusiva del trabajador. Indica que la correcta interpretación del artículo 184 del Código del Trabajo es aquella que radica la responsabilidad de un determinado accidente en la noción de infracción al deber de cuidado, o culpa, del empleador, interpretación que es coincidente a su vez con la norma del artículo 69 de la ley N°

Que durante el proceso de granallado la sala respectiva se encuentra completamente cerrada, siendo completamente imposible ingresar o salir de la misma. Al término del proceso, los granalladores abandonan la sala de granallado por una puerta lateral. Que una vez que los granalladores han abandonado la sala, y el polvo en suspensión ha comenzado a decantar, se abren las puertas de la sala, que abarcan todo el ancho del galpón, por la parte frontal y trasera. A continuación, y cuando las condiciones de visibilidad se han normalizado, ingresan nuevamente las grúas para efectuar el desplazamiento de los carros hacia afuera del galpón para pasar a la sección de pintura. Durante el tiempo que las grúas realizan las labores de retiro de los fierros desde la sala de granallado nuestros trabajadores deben mantenerse fuera del galpón en una zona de descanso que se encuentra a unos cuantos metros del mismo, sin que les esté permitido interferir o interactuar con los gruesos. Sólo una vez que las grúas han retirado el material ya granallado y han desocupado el galpón, es el turno de los operarios a quienes se les haya asignado la limpieza de la sala, que no necesariamente son los mismos que han desarrollado las labores de granallado. Señala que el accidente se produjo una vez que ya había finalizado la faena de granallado y mientras las grúas se encontraban retirando los fierros que habían sido sometidos a ese proceso. El día del accidente en momentos que don Sergio Gutiérrez, quien desde hace largo tiempo y en variadas ocasiones había actuado como operario y conductor de la grúa, se encontraba trasladando los fierros a la zona de pintura, el señor Delva, contra todas las normas de seguridad, sin respetar ninguno de los procedimientos establecidos al efecto, y respecto de los cuales él mismo había sido adecuadamente instruido, sin haber recibido ninguna orden, directa ni indirecta, y sin ningún motivo que justificase su accionar, ingresó a la sala de granallado mientras las grúas efectuaban las labores de retiro de material con la exclusiva finalidad, según así lo han declarado quienes lo vieron, de conversar con el operador de la grúa señor Sergio Gutiérrez. En efecto, a pesar de no tener ningún motivo laboral de alguna manera relacionado con sus propias faenas, el señor Delva caminó hacia la sala de granallado y se acercó por detrás de la grúa que era conducida por el señor Gutiérrez a fin de entablar una conversación con éste, mientras este último desarrollaba su trabajo. Señala que el señor Delva ya había concluido sus labores, había finalizado la tarea de granallado que se le había encomendado y debía mantenerse alejado de la zona de trabajo de las grúas, a lo menos mientras éstas efectuaban la labor de retiro del material. Sin embargo, a pesar de las específicas instrucciones y procedimientos establecidos al efecto, el señor Delva en temeraria actitud se acercó hacia la grúa para conversar con el conductor de la grúa, como si no fuese suficiente exposición, el señor Delva realizó el acercamiento a la grúa mientras ésta retrocedía, de manera que al conductor le resultaba imposible advertir su presencia. En estas condiciones, mientras el señor Delva se dirigía hacia la grúa, que a su vez realizaba una maniobra de retroceso, tropezó con uno de los rieles por los cuales se desplazan los carros que llevan los fierros hacia la sala de granallado perdiendo el equilibrio y toda capacidad de reacción para esquivar la grúa que venía por su camino y que finalmente lo atropelló. Que, por lo expuesto, los hechos previos que causaron directamente el accidente no tienen ninguna conexión con el trabajo para el cual éste había sido contratado. Si bien el accidente se produjo en dependencias de la empresa, y dentro de la jornada laboral, no tienen absolutamente ningún vínculo con las labores para las cuales el actor había sido contratado. El demandante no sólo no estaba autorizado ni se le había dado ninguna instrucción para acercarse a la grúa mientras su conductor maniobraba con ella, sino que por el contrario, debía abstenerse, por normativa y por simple prudencia, alejado de la maquinaria, a lo menos hasta que esta hubiere finalizado su trabajo y hubiere sido detenida por el operario. Concluye que la causa basal, directa e inmediata del accidente ha sido única y exclusivamente la imprudencia del trabajador, quien se ha expuesto imprudentemente al riesgo al acercarse a una grúa en movimiento sin tener ninguna razón que justificase esa conducta. Que por lo anterior, no existe la obligación de indemnizar perjuicios, por falta de relación causal. Señala que todos los antecedentes que se aportarán indican la máxima diligencia y preocupación en el cuidado de nuestros trabajadores, así como el hecho que el accidente se produjo como consecuencia de la culpa exclusiva del trabajador. Indica que la correcta interpretación del artículo 184 del Código del Trabajo es aquella que radica la responsabilidad de un determinado accidente en la noción de infracción al deber de cuidado, o culpa, del empleador, interpretación que es coincidente a su vez con la norma del artículo 69 de la ley N° ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

16.744. Que, en la especie, como se ha sostenido, la empresa Fadepe S.A. ha cumplido cabal y permanentemente con la obligación de seguridad que le impone la legislación laboral, en especial el artículo 184 del Código del Trabajo, adoptando eficazmente todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores. Que en el caso del señor Delva el accidente del cual ha sido víctima no obedece a un hecho propio o derivado de la relación laboral existente entre él y mi representada, sino a una lamentable serie de hechos imprudentes y descuidados, completamente ajenos a las labores para las cuales fue contratado y que en consecuencia no tiene ninguna conexión con el deber de seguridad que Fadepe S.A. asumió en su favor al momento de incorporarlo a su planta de trabajadores. En efecto, el deber de protección del empleador no se extiende, ni puede extenderse, a hechos ajenos a la relación laboral. Desde este punto de vista es insostenible que todo hecho o incidente que cause daño al trabajador es atribuible y genera responsabilidad para el empleador por el solo hecho de producirse dentro de la faena o durante la jornada de trabajo. De esta forma, y de acuerdo con el estatuto de responsabilidad consagrado por nuestro legislador, falta además uno de los requisitos esenciales para la atribución de responsabilidad, cual es la relación de causalidad. Que, sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, y para el caso que se estime como primer responsable del accidente de autos a la empresa, solicita que, en consideración a lo establecido en el artículo 2330 del Código Civil, se rebaje prudencialmente el monto de la indemnización en razón de haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño, toda vez que al actuar con una negligencia inexcusable en la realización de una maniobra que el criterio común y las máximas de experiencia indican deben efectuarse cuidadosamente, éste no cumplió con el mínimo estándar que el derecho exige a todos para evitar la producción de daños en la propia persona. Sostiene el demandante que como consecuencia del accidente sufrido en la obra en que prestaba servicios para la demandada ha sufrido severos daños. La primera pretensión del señor Delva dice relación con la supuesta obligación de Fadepe S.A. de pagar, a modo de indemnización por lucro cesante, la cantidad de $ 52.920.000 que correspondería, al decir del actor, a la cantidad que éste ciertamente habría obtenido a lo largo de los 42 años de vida laboral útil que le restaban al momento del accidente. Sin embargo, omite señalar el señor Delva que desde el momento mismo del accidente, y hasta la fecha, él, precisamente por ser sujeto de seguro obrero financiado por mi representada a lo largo de su vida laboral, accedió, y lo sigue haciendo. Es decir, el sistema de seguridad social se ha hecho cargo por completo de los gastos médicos asociados a su tratamiento y adicionalmente le ha entregado al señor Delva el equivalente a la remuneración mensual que éste percibía al momento del accidente, situación que se mantendrá inalterada al menos hasta el momento de finalización del tratamiento de salud y declaración, si procede, del grado de invalidez que el accidente le provoque en definitiva. En efecto, y puesto que el vínculo laboral existente entre el demandante y esta parte se mantiene plenamente vigente, el señor Delva no ha sufrido en sus ingresos merma alguna que deba ser indemnizada, por lo que la pretensión indemnizatoria del actor debe ser desestimada íntegramente. Que la doctrina como la jurisprudencia uniforme y reiterada de nuestros tribunales exigen como requisito primero y esencial que el daño sea cierto, requisito que hace referencia a su materialidad, a su realidad, y ésta sólo puede resultar de su prueba, lo cual debe ser acreditado a través de los medios que establece la ley. Por otra parte, pero igualmente relacionado con este asunto, la pretensión indemnizatoria debe ser desestimada en cuanto al lucro cesante, o daño futuro, atendido que no existe base alguna para establecer el nivel de incapacidad que deberá soportar el trabajador como consecuencia del accidente. Ello es así pues al no haber concluido aún el tratamiento médico del señor Delva resulta lógicamente imposible determinar el grado de invalidez, requisito sine qua non para establecer el monto de la indemnización. Señala que el actor en su libelo simplemente ha asumido como una cuestión cierta e irreversible la incapacidad absoluta y permanente para toda clase de trabajo. Es decir, se ha autocalificado como víctima de un 100% de invalidez. En el evento de ser eso cierto, el propio sistema de seguro de accidentes otorgará a la víctima una pensión destinada a compensar la pérdida de capacidad de trabajo. Si a eso se le agrega la indemnización que el señor Delva pretende obtener por esta vía estaríamos claramente

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

16.744. Que, en la especie, como se ha sostenido, la empresa Fadepe S.A. ha cumplido cabal y permanentemente con la obligación de seguridad que le impone la legislación laboral, en especial el artículo 184 del Código del Trabajo, adoptando eficazmente todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores. Que en el caso del señor Delva el accidente del cual ha sido víctima no obedece a un hecho propio o derivado de la relación laboral existente entre él y mi representada, sino a una lamentable serie de hechos imprudentes y descuidados, completamente ajenos a las labores para las cuales fue contratado y que en consecuencia no tiene ninguna conexión con el deber de seguridad que Fadepe S.A. asumió en su favor al momento de incorporarlo a su planta de trabajadores. En efecto, el deber de protección del empleador no se extiende, ni puede extenderse, a hechos ajenos a la relación laboral. Desde este punto de vista es insostenible que todo hecho o incidente que cause daño al trabajador es atribuible y genera responsabilidad para el empleador por el solo hecho de producirse dentro de la faena o durante la jornada de trabajo. De esta forma, y de acuerdo con el estatuto de responsabilidad consagrado por nuestro legislador, falta además uno de los requisitos esenciales para la atribución de responsabilidad, cual es la relación de causalidad. Que, sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, y para el caso que se estime como primer responsable del accidente de autos a la empresa, solicita que, en consideración a lo establecido en el artículo 2330 del Código Civil, se rebaje prudencialmente el monto de la indemnización en razón de haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño, toda vez que al actuar con una negligencia inexcusable en la realización de una maniobra que el criterio común y las máximas de experiencia indican deben efectuarse cuidadosamente, éste no cumplió con el mínimo estándar que el derecho exige a todos para evitar la producción de daños en la propia persona. Sostiene el demandante que como consecuencia del accidente sufrido en la obra en que prestaba servicios para la demandada ha sufrido severos daños. La primera pretensión del señor Delva dice relación con la supuesta obligación de Fadepe S.A. de pagar, a modo de indemnización por lucro cesante, la cantidad de $ 52.920.000 que correspondería, al decir del actor, a la cantidad que éste ciertamente habría obtenido a lo largo de los 42 años de vida laboral útil que le restaban al momento del accidente. Sin embargo, omite señalar el señor Delva que desde el momento mismo del accidente, y hasta la fecha, él, precisamente por ser sujeto de seguro obrero financiado por mi representada a lo largo de su vida laboral, accedió, y lo sigue haciendo. Es decir, el sistema de seguridad social se ha hecho cargo por completo de los gastos médicos asociados a su tratamiento y adicionalmente le ha entregado al señor Delva el equivalente a la remuneración mensual que éste percibía al momento del accidente, situación que se mantendrá inalterada al menos hasta el momento de finalización del tratamiento de salud y declaración, si procede, del grado de invalidez que el accidente le provoque en definitiva. En efecto, y puesto que el vínculo laboral existente entre el demandante y esta parte se mantiene plenamente vigente, el señor Delva no ha sufrido en sus ingresos merma alguna que deba ser indemnizada, por lo que la pretensión indemnizatoria del actor debe ser desestimada íntegramente. Que la doctrina como la jurisprudencia uniforme y reiterada de nuestros tribunales exigen como requisito primero y esencial que el daño sea cierto, requisito que hace referencia a su materialidad, a su realidad, y ésta sólo puede resultar de su prueba, lo cual debe ser acreditado a través de los medios que establece la ley. Por otra parte, pero igualmente relacionado con este asunto, la pretensión indemnizatoria debe ser desestimada en cuanto al lucro cesante, o daño futuro, atendido que no existe base alguna para establecer el nivel de incapacidad que deberá soportar el trabajador como consecuencia del accidente. Ello es así pues al no haber concluido aún el tratamiento médico del señor Delva resulta lógicamente imposible determinar el grado de invalidez, requisito sine qua non para establecer el monto de la indemnización. Señala que el actor en su libelo simplemente ha asumido como una cuestión cierta e irreversible la incapacidad absoluta y permanente para toda clase de trabajo. Es decir, se ha autocalificado como víctima de un 100% de invalidez. En el evento de ser eso cierto, el propio sistema de seguro de accidentes otorgará a la víctima una pensión destinada a compensar la pérdida de capacidad de trabajo. Si a eso se le agrega la indemnización que el señor Delva pretende obtener por esta vía estaríamos claramente

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en presencia de una situación de enriquecimiento sin causa que excedería largamente la función meramente reparatoria de la indemnización. Finalmente, cabe señalar que la indemnización propuesta, casi 53 millones de pesos, resulta carente de toda explicación racional y de sustento, incluso en la teoría económica. Es más, la cantidad ni siquiera responde a la simple proyección aritmética durante 42 años de los ingresos que percibía el señor a la época del accidente. Respecto del daño moral, la abultada cifra pretendida resulta evidentemente desproporcionada y sin ningún sustento que no sea el evidente afán de lucro que impulsa solapadamente la presente acción. Indica que el monto solicitado por la contraria a título de daño moral, además de ser meramente especulativo por cuanto no existen antecedentes en autos de la cuantía y certeza del daño, es total y absolutamente alejado de los estándares que se han ido estableciendo, por la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales de justicia, de manera que debe ser desechada, con costas. Por todas las razones antes señaladas, solicita al Tribunal se declare que se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por don Oscar Enrique Delva Elgueta en contra de Fadepe S.A., con costas, y en subsidio, y sin perjuicio de los recursos legales, solicita se declare la exposición imprudente al daño y se calculen prudencialmente los perjuicios sufridos sin consideración a las exorbitantes cifras pretendidas por el actor, reduciendo sustancialmente el monto de la indemnización concedida hasta el valor de los perjuicios efectivamente acreditados en autos. TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, razón por la cual se procedió a fijar los siguientes hechos a probar: 1) Efectividad de haber adoptado el demandado todas las medidas de seguridad para evitar eficazmente la producción de accidentes como el que sufrió el actor; 2) Efectividad de que el accidente se habría producido por imprudencia del actor al ingresar a la sala de Granallado mientras las grúas se encontraban en movimiento, a conversar con el operador de grúas, don Sergio Gutiérrez. Hechos y circunstancias de producción del accidente; 3) Lesiones y daños experimentados por el actor producto del accidente. Grado de incapacidad y secuelas del mismo, y 4) Remuneración mensual del actor. CUARTO: Que la parte demandante ofreció e incorporó la siguiente prueba documental: contrato de trabajo del actor de fecha 19 de octubre de 2009, más anexo de contrato de fecha 7 de diciembre de 2009; 4 liquidaciones de remuneraciones del actor de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2010; dato de atención médica de urgencia del actor de 28 de octubre de 2010 en el Instituto de Seguridad del Trabajo; 2 altas hospitalarias emitidas por el Instituto de Seguridad del Trabajo de fechas 19 de julio y 26 de octubre de 2010; 3 citaciones a control médico de fechas 28 de julio, 17 de noviembre y 2 de diciembre de 2010 emitidas por el Instituto de Seguridad del Trabajo; set de 13 informes de traslado de pacientes emitidos por el Instituto de Seguridad del Trabajo, correspondientes al actor desde el 22 de julio al 18 de noviembre de 2010; citación a control médico emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo al actor de fecha 10 de noviembre de 2010; carnet de control médico del actor; copia de la cédula de identidad del actor; certificado de alta médica del actor fecha 10 de noviembre de 2010 emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo; carta emitida por la demandada dirigida al Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 17 de noviembre de 2010, informando que el actor no tiene capacidad de realizar sus labores en la empresa; contrato de trabajo de Sergio Gutiérrez Villa, suscrito con fecha 1 de junio de 2010; finiquito de trabajo correspondiente a don Sergio Gutiérrez celebrado con la demandada de fecha 20 de julio de 2010; ficha técnica de prevención de riesgos de operador de grúa horquilla, sacada de la página Web de la Mutual de Seguridad; ficha técnica de uso preventivo de montacargas sacada de la página Web de la Mutual de Seguridad, y ficha técnica sobre prevención de riesgos de operación de grúa Horquilla, sacada del sitio Web de la AChS. Que, asimismo, se citó a absolver posiciones a don Alfredo Lavanderos Beaumont, y declararon los testigos señores Sergio Gutiérrez Villa y Ana Rosa Elgueta Alarcón, cuyas declaraciones constan en el registro de audio. Que, además se incorporaron los oficios remitidos del Instituto de Seguridad del Trabajo, de la Inspección del Trabajo de Maipú, la Seremi de Salud Metropolitana y el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación.

en presencia de una situación de enriquecimiento sin causa que excedería largamente la función meramente reparatoria de la indemnización. Finalmente, cabe señalar que la indemnización propuesta, casi 53 millones de pesos, resulta carente de toda explicación racional y de sustento, incluso en la teoría económica. Es más, la cantidad ni siquiera responde a la simple proyección aritmética durante 42 años de los ingresos que percibía el señor a la época del accidente. Respecto del daño moral, la abultada cifra pretendida resulta evidentemente desproporcionada y sin ningún sustento que no sea el evidente afán de lucro que impulsa solapadamente la presente acción. Indica que el monto solicitado por la contraria a título de daño moral, además de ser meramente especulativo por cuanto no existen antecedentes en autos de la cuantía y certeza del daño, es total y absolutamente alejado de los estándares que se han ido estableciendo, por la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales de justicia, de manera que debe ser desechada, con costas. Por todas las razones antes señaladas, solicita al Tribunal se declare que se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por don Oscar Enrique Delva Elgueta en contra de Fadepe S.A., con costas, y en subsidio, y sin perjuicio de los recursos legales, solicita se declare la exposición imprudente al daño y se calculen prudencialmente los perjuicios sufridos sin consideración a las exorbitantes cifras pretendidas por el actor, reduciendo sustancialmente el monto de la indemnización concedida hasta el valor de los perjuicios efectivamente acreditados en autos. TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, razón por la cual se procedió a fijar los siguientes hechos a probar: 1) Efectividad de haber adoptado el demandado todas las medidas de seguridad para evitar eficazmente la producción de accidentes como el que sufrió el actor; 2) Efectividad de que el accidente se habría producido por imprudencia del actor al ingresar a la sala de Granallado mientras las grúas se encontraban en movimiento, a conversar con el operador de grúas, don Sergio Gutiérrez. Hechos y circunstancias de producción del accidente; 3) Lesiones y daños experimentados por el actor producto del accidente. Grado de incapacidad y secuelas del mismo, y 4) Remuneración mensual del actor. CUARTO: Que la parte demandante ofreció e incorporó la siguiente prueba documental: contrato de trabajo del actor de fecha 19 de octubre de 2009, más anexo de contrato de fecha 7 de diciembre de 2009; 4 liquidaciones de remuneraciones del actor de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2010; dato de atención médica de urgencia del actor de 28 de octubre de 2010 en el Instituto de Seguridad del Trabajo; 2 altas hospitalarias emitidas por el Instituto de Seguridad del Trabajo de fechas 19 de julio y 26 de octubre de 2010; 3 citaciones a control médico de fechas 28 de julio, 17 de noviembre y 2 de diciembre de 2010 emitidas por el Instituto de Seguridad del Trabajo; set de 13 informes de traslado de pacientes emitidos por el Instituto de Seguridad del Trabajo, correspondientes al actor desde el 22 de julio al 18 de noviembre de 2010; citación a control médico emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo al actor de fecha 10 de noviembre de 2010; carnet de control médico del actor; copia de la cédula de identidad del actor; certificado de alta médica del actor fecha 10 de noviembre de 2010 emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo; carta emitida por la demandada dirigida al Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 17 de noviembre de 2010, informando que el actor no tiene capacidad de realizar sus labores en la empresa; contrato de trabajo de Sergio Gutiérrez Villa, suscrito con fecha 1 de junio de 2010; finiquito de trabajo correspondiente a don Sergio Gutiérrez celebrado con la demandada de fecha 20 de julio de 2010; ficha técnica de prevención de riesgos de operador de grúa horquilla, sacada de la página Web de la Mutual de Seguridad; ficha técnica de uso preventivo de montacargas sacada de la página Web de la Mutual de Seguridad, y ficha técnica sobre prevención de riesgos de operación de grúa Horquilla, sacada del sitio Web de la AChS. Que, asimismo, se citó a absolver posiciones a don Alfredo Lavanderos Beaumont, y declararon los testigos señores Sergio Gutiérrez Villa y Ana Rosa Elgueta Alarcón, cuyas declaraciones constan en el registro de audio. Que, además se incorporaron los oficios remitidos del Instituto de Seguridad del Trabajo, de la Inspección del Trabajo de Maipú, la Seremi de Salud Metropolitana y el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, respecto a la prueba de exhibición de documentos sólo se exhibió por parte de la demandada la copia de capacitaciones y entrenamiento efectuada al Sr. Villa. No se exhibió la copia del informe de investigación del Comité Paritario respecto de las causas del accidente sufrido por el actor y copia de las actas correspondientes a las 3 sesiones realizadas con anterioridad, como con posterioridad de la sesión que investigó el accidente que sufrió el demandante; copia de la declaración individual del accidente del trabajo presentada ante el Instituto de Seguridad del Trabajo; copia de la declaración individual del accidente del trabajo presentada ante la Inspección del Trabajo y la Seremi respectiva, y capacitación y procedimientos de trabajo seguro entregados al actor para desempeñarse en Granallado, debidamente firmados por este. QUINTO: Que, por su parte, la empresa demandada, ofreció e incorporó la siguiente documental: copia del contrato de trabajo del actor de fecha 19 de octubre de 2009; copia del anexo del contrato de trabajo de fecha 7 de diciembre de 2009; copia de certificado de alta médica del actor emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 10 de noviembre de 2010; copia de ficha médica N° 2010070002877 000 emitida por el Instituto de Seguridad del Trabajo, de fecha 10 de noviembre de 2010; copia del certificado de alta médica emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 16 de noviembre de 2010; copia de correo electrónico enviado desde el Instituto de Seguridad del Trabajo a Tabita Guajardo, informando que con fecha 17 de noviembre de 2010 ingresó el actor a dicha entidad; copia del documento denominado área de tratamiento superficial Granallado y pintura, el que consta de 6 páginas; copia del documento denominado instructivo de trabajo para la preparación de pintura, consta de 6 páginas; copia del documento denominado instructivo de operación y trabajo Sala de Granallado; copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada; registros de capacitación efectuados por la empresa en los cuales asistió el demandante en que aparece el demandante o el Sr. Gutiérrez, además de los documentos que dicen relación con el manejo de aire comprimido, exceso de confianza, buen uso de equipo de protección personal y percepción del riesgo, y set de 7 fotografías de la sala de Granallado, de los operarios encargados de la faena de granallado y de la maquinaria utilizada en las faenas. Que, asimismo, absolvió posiciones el demandante, don Oscar Delva Elgueta, y prestaron declaración los testigos Rodrigo Mondaca Henríquez y Alfredo Salinas Aguilera, cuyas declaraciones constan en el registro de audio. Por último, se incorporó oficio de FONASA y AFP PROVIDA. SEXTO: Que, a la luz de lo preceptuado en el inciso 1° artículo 5° ley Nº 16.744, para estar en presencia de un accidente del trabajo es menester la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de una fuerza lesiva, capaz de provocar una lesión, la que puede tratarse de una fuerza súbita, violenta o traumática, aunque también puede constituirse por una fuerza lenta y progresiva; b) debe existir una relación causal u ocasional; esto es, en la relación causal debe existir una relación directa entre el trabajo y la fuerza lesiva, que produzca la lesión o muerte, y en la ocasional, se verifica una relación indirecta o mediata entre ambas, y por último c) debe ocasionar una incapacidad o muerte. SÉPTIMO: Que, al haberse calificado el accidente ocurrido por el trabajador, el 15 de julio de 2010 como un accidente del trabajo, el peso de la prueba recae en el empleador, quien según lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, está gravado con una presunción de culpa que debe desvirtuar, debiendo demostrar la adopción de las medidas eficaces y que trasladen la responsabilidad del accidente al trabajador. OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto en el contrato de trabajo del actor, de fecha 19 de octubre de 2009, éste se obligó a prestar servicios a la empresa como pintor, sin ningún otro tipo de especificación; sin embargo, de acuerdo a lo sostenido por él en su libelo de demanda, debió realizar labores distintas para las cuales fue contratado y capacitado. Tanto es así que se le había ordenado trabajar en el sector de Granalla, sección encargada de limpiar los fierros, siendo en ella su labor específica la de colocar los fierros sobre unos carros, debiendo luego operar unas mangueras que arrojan una especie de arenilla de acero que limpia el fierro, para finalmente trasladar los fierros por medio de una grúa horquilla para ser pintados. NOVENO: Que, con la prueba documental y de la declaración de los testigos de la parte demandante, es posible asentar que el día 15 de julio de 2010, en horas de la mañana, aproximadamente a

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, respecto a la prueba de exhibición de documentos sólo se exhibió por parte de la demandada la copia de capacitaciones y entrenamiento efectuada al Sr. Villa. No se exhibió la copia del informe de investigación del Comité Paritario respecto de las causas del accidente sufrido por el actor y copia de las actas correspondientes a las 3 sesiones realizadas con anterioridad, como con posterioridad de la sesión que investigó el accidente que sufrió el demandante; copia de la declaración individual del accidente del trabajo presentada ante el Instituto de Seguridad del Trabajo; copia de la declaración individual del accidente del trabajo presentada ante la Inspección del Trabajo y la Seremi respectiva, y capacitación y procedimientos de trabajo seguro entregados al actor para desempeñarse en Granallado, debidamente firmados por este. QUINTO: Que, por su parte, la empresa demandada, ofreció e incorporó la siguiente documental: copia del contrato de trabajo del actor de fecha 19 de octubre de 2009; copia del anexo del contrato de trabajo de fecha 7 de diciembre de 2009; copia de certificado de alta médica del actor emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 10 de noviembre de 2010; copia de ficha médica N° 2010070002877 000 emitida por el Instituto de Seguridad del Trabajo, de fecha 10 de noviembre de 2010; copia del certificado de alta médica emitido por el Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 16 de noviembre de 2010; copia de correo electrónico enviado desde el Instituto de Seguridad del Trabajo a Tabita Guajardo, informando que con fecha 17 de noviembre de 2010 ingresó el actor a dicha entidad; copia del documento denominado área de tratamiento superficial Granallado y pintura, el que consta de 6 páginas; copia del documento denominado instructivo de trabajo para la preparación de pintura, consta de 6 páginas; copia del documento denominado instructivo de operación y trabajo Sala de Granallado; copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada; registros de capacitación efectuados por la empresa en los cuales asistió el demandante en que aparece el demandante o el Sr. Gutiérrez, además de los documentos que dicen relación con el manejo de aire comprimido, exceso de confianza, buen uso de equipo de protección personal y percepción del riesgo, y set de 7 fotografías de la sala de Granallado, de los operarios encargados de la faena de granallado y de la maquinaria utilizada en las faenas. Que, asimismo, absolvió posiciones el demandante, don Oscar Delva Elgueta, y prestaron declaración los testigos Rodrigo Mondaca Henríquez y Alfredo Salinas Aguilera, cuyas declaraciones constan en el registro de audio. Por último, se incorporó oficio de FONASA y AFP PROVIDA. SEXTO: Que, a la luz de lo preceptuado en el inciso 1° artículo 5° ley Nº 16.744, para estar en presencia de un accidente del trabajo es menester la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de una fuerza lesiva, capaz de provocar una lesión, la que puede tratarse de una fuerza súbita, violenta o traumática, aunque también puede constituirse por una fuerza lenta y progresiva; b) debe existir una relación causal u ocasional; esto es, en la relación causal debe existir una relación directa entre el trabajo y la fuerza lesiva, que produzca la lesión o muerte, y en la ocasional, se verifica una relación indirecta o mediata entre ambas, y por último c) debe ocasionar una incapacidad o muerte. SÉPTIMO: Que, al haberse calificado el accidente ocurrido por el trabajador, el 15 de julio de 2010 como un accidente del trabajo, el peso de la prueba recae en el empleador, quien según lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, está gravado con una presunción de culpa que debe desvirtuar, debiendo demostrar la adopción de las medidas eficaces y que trasladen la responsabilidad del accidente al trabajador. OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto en el contrato de trabajo del actor, de fecha 19 de octubre de 2009, éste se obligó a prestar servicios a la empresa como pintor, sin ningún otro tipo de especificación; sin embargo, de acuerdo a lo sostenido por él en su libelo de demanda, debió realizar labores distintas para las cuales fue contratado y capacitado. Tanto es así que se le había ordenado trabajar en el sector de Granalla, sección encargada de limpiar los fierros, siendo en ella su labor específica la de colocar los fierros sobre unos carros, debiendo luego operar unas mangueras que arrojan una especie de arenilla de acero que limpia el fierro, para finalmente trasladar los fierros por medio de una grúa horquilla para ser pintados. NOVENO: Que, con la prueba documental y de la declaración de los testigos de la parte demandante, es posible asentar que el día 15 de julio de 2010, en horas de la mañana, aproximadamente a

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las 10:00 horas y teniendo la obligación de trasladar una gran cantidad de fierros que estaban listos en la sala de Granallas, un compañero de trabajo, señor Sergio Gutiérrez, quien se desempeñaba como ayudante, opera una grúa horquilla hacia el interior de la Sala, virando hacia donde el trabajador se encontraba, atropellándolo y pasando las ruedas por encima de su pie derecho. DÉCIMO: Que, la empresa demandada, a fin de acreditar el cumplimiento irrestricto de las obligaciones que sobre ella recaen, incorporó una copia del Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad; copias de un Instructivo de Trabajo para la Preparación y Aplicación de Pintura, del Procedimiento Operativo Área Tratamiento Superficial Granallado y Pintura y del Instructivo de Operación y Trabajo Sala de Granallado; un set de 7 fotografías que de acuerdo a su ofrecimiento corresponden a la sala de Granallado, de los operarios encargados de la faena de granallado y de la máquina; un set de Registros de Capacitación, Charlas de 5 minutos. UNDÉCIMO: Que, no obstante lo expuesto, y la acreditación por parte de la demandada, sobre el cumplimiento de sus obligaciones, es menester determinar si en el caso concreto cumplió con el deber de protección eficaz de la vida e integridad física y psíquica de don Oscar Delva Elgueta. Que, en su escrito de contestación de la demanda, la empresa alega una conducta absolutamente satisfactoria de las obligaciones que el artículo 184 del Código del Trabajo le imponen, toda vez que cuenta con Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, cuenta con Comité Paritario de Ejecutivos y Trabajadores, cuenta con cursos de capacitación permanentes a su personal, está al día con sus cotizaciones de seguro obrero de accidentes del trabajo, registra bajas tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, entrega a su costa a los trabajadores implementos de seguridad, cuenta con procedimientos específicos para la operación de sus maquinarias y procesos productivos, y está afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad y recibe asesoría y fiscalización permanente de la misma. DUODÉCIMO; Que, en este contexto, se debe analizar, bajo el prisma del citado artículo 184, si efectivamente el demandado adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, entendiendo que esta protección eficaz si bien apunta a un efecto de resultado, se encuentra referida fundamentalmente a la magnitud de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a su obligación de prevención y seguridad. Que, para ello, es menester analizar cada una de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa para evitar eficazmente el accidente. Que, en efecto, la empresa refiere contar con un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad que es entregado a todos los operarios en forma personal, y que específicamente en el caso del señor Delva existe un registro de su entrega al trabajador y de uno de los Derechos a Saber de los riesgos asociados a su trabajo. Que, al respecto se incorporó una copia de un Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, pero en estos autos, al menos no hay constancia alguna que tal documento haya sido entregado al actor. Que, a mayor abundamiento, ni siquiera en el contrato de trabajo de fecha 19 de octubre de 2009, ni posterior anexo de contrato de 7 de diciembre de 2009, aparece alusión alguna respecto a la entrega y/o recepción por parte del trabajador del referido Reglamento. Que, lo mismo ocurre con el ejemplar del Derecho a Saber que la empresa reseña tener respecto a los riesgos asociados al trabajo del actor. DÉCIMO TERCERO: Que, la empresa demandada refiere tener un Comité Paritario de Ejecutivos y Trabajadores, que funciona de manera permanente, dejando constancia de sus sesiones en libros foliados y públicos. Que, tanto la existencia como su funcionamiento, no fueron acreditados en esta causa, toda vez que no fue exhibida en la audiencia de estilo, copia del Informe de Investigación del Comité Paritario y las actas de las sesiones anteriores y posteriores al accidente. DÉCIMO CUARTO: Que, respecto a los cursos de capacitación, si bien la empresa demandada incorporó al juicio un set de Registros de Capacitación, Charla de 5 minutos. Que de este set, sólo aparece que el trabajador asistió a 3 de ellas, y sólo corresponden al “Uso de Guantes”, el día 23 de noviembre de 2009, al caso de “Residuos del Proceso, Carga Futura de Trabajo”, el 30 de noviembre de 2009, y sobre “Protección Respiratoria”, el 7 de diciembre de 2009.

las 10:00 horas y teniendo la obligación de trasladar una gran cantidad de fierros que estaban listos en la sala de Granallas, un compañero de trabajo, señor Sergio Gutiérrez, quien se desempeñaba como ayudante, opera una grúa horquilla hacia el interior de la Sala, virando hacia donde el trabajador se encontraba, atropellándolo y pasando las ruedas por encima de su pie derecho. DÉCIMO: Que, la empresa demandada, a fin de acreditar el cumplimiento irrestricto de las obligaciones que sobre ella recaen, incorporó una copia del Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad; copias de un Instructivo de Trabajo para la Preparación y Aplicación de Pintura, del Procedimiento Operativo Área Tratamiento Superficial Granallado y Pintura y del Instructivo de Operación y Trabajo Sala de Granallado; un set de 7 fotografías que de acuerdo a su ofrecimiento corresponden a la sala de Granallado, de los operarios encargados de la faena de granallado y de la máquina; un set de Registros de Capacitación, Charlas de 5 minutos. UNDÉCIMO: Que, no obstante lo expuesto, y la acreditación por parte de la demandada, sobre el cumplimiento de sus obligaciones, es menester determinar si en el caso concreto cumplió con el deber de protección eficaz de la vida e integridad física y psíquica de don Oscar Delva Elgueta. Que, en su escrito de contestación de la demanda, la empresa alega una conducta absolutamente satisfactoria de las obligaciones que el artículo 184 del Código del Trabajo le imponen, toda vez que cuenta con Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, cuenta con Comité Paritario de Ejecutivos y Trabajadores, cuenta con cursos de capacitación permanentes a su personal, está al día con sus cotizaciones de seguro obrero de accidentes del trabajo, registra bajas tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, entrega a su costa a los trabajadores implementos de seguridad, cuenta con procedimientos específicos para la operación de sus maquinarias y procesos productivos, y está afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad y recibe asesoría y fiscalización permanente de la misma. DUODÉCIMO; Que, en este contexto, se debe analizar, bajo el prisma del citado artículo 184, si efectivamente el demandado adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, entendiendo que esta protección eficaz si bien apunta a un efecto de resultado, se encuentra referida fundamentalmente a la magnitud de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a su obligación de prevención y seguridad. Que, para ello, es menester analizar cada una de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa para evitar eficazmente el accidente. Que, en efecto, la empresa refiere contar con un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad que es entregado a todos los operarios en forma personal, y que específicamente en el caso del señor Delva existe un registro de su entrega al trabajador y de uno de los Derechos a Saber de los riesgos asociados a su trabajo. Que, al respecto se incorporó una copia de un Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, pero en estos autos, al menos no hay constancia alguna que tal documento haya sido entregado al actor. Que, a mayor abundamiento, ni siquiera en el contrato de trabajo de fecha 19 de octubre de 2009, ni posterior anexo de contrato de 7 de diciembre de 2009, aparece alusión alguna respecto a la entrega y/o recepción por parte del trabajador del referido Reglamento. Que, lo mismo ocurre con el ejemplar del Derecho a Saber que la empresa reseña tener respecto a los riesgos asociados al trabajo del actor. DÉCIMO TERCERO: Que, la empresa demandada refiere tener un Comité Paritario de Ejecutivos y Trabajadores, que funciona de manera permanente, dejando constancia de sus sesiones en libros foliados y públicos. Que, tanto la existencia como su funcionamiento, no fueron acreditados en esta causa, toda vez que no fue exhibida en la audiencia de estilo, copia del Informe de Investigación del Comité Paritario y las actas de las sesiones anteriores y posteriores al accidente. DÉCIMO CUARTO: Que, respecto a los cursos de capacitación, si bien la empresa demandada incorporó al juicio un set de Registros de Capacitación, Charla de 5 minutos. Que de este set, sólo aparece que el trabajador asistió a 3 de ellas, y sólo corresponden al “Uso de Guantes”, el día 23 de noviembre de 2009, al caso de “Residuos del Proceso, Carga Futura de Trabajo”, el 30 de noviembre de 2009, y sobre “Protección Respiratoria”, el 7 de diciembre de 2009. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, es menester hacer presente que no debe perderse de vista que no se trata de un cumplimiento meramente formal, de acumular formularios y registros con la asistencia de los dependientes a charlas o discursos, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido, toda vez que la obligación de la deudora legal de seguridad no se satisface con el simple hecho de haber impartido “charlas”, sino que con una fiscalización efectiva de las instrucciones impartidas y del despliegue de las tareas riesgosas, lo que en la especie no ocurrió. DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la entrega de implementos de seguridad, señala el demandado que los elementos de protección personal que se les proveen son: zapatos de seguridad, pantalones de cuero, chaqueta de cuero, casco con capuchón de cuero, lentes de seguridad y un tubo de oxígeno que provee de aire a los trabajadores a través de una manguera conectada al interior de su traje. Que, no se ha acreditado mediante documentación alguna que tales implementos de seguridad hayan sido entregados al actor. DÉCIMO SEXTO: Que, a fin de acreditar los procedimientos específicos para la operación de maquinarias y procesos productivos, fueron incorporados por la empresa dos Instructivos de Trabajo, uno respecto a la Operación y Trabajo de la Sala de Granallado, y otro respecto a la Preparación y Aplicación de Pintura. Que, también fue incorporado el Procedimiento Área de Tratamiento Superficial. Que, los tres documentos antes individualizados, si bien aparecen redactados por don Marcelo Peña G., Sup. Área Trat. Superficial, ninguno de ellos registra firma del redactor, no tienen fecha y no presentan revisión ni aprobación alguna. Que, el set de 7 fotografías, sólo ilustra la sala de Granallado, pero que al no referir fecha, ni siquiera permite situarse en el contexto del accidente. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el hecho de estar al día en el pago de las cotizaciones de seguro, registrar bajas tasas de accidentabilidad y estar afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad, recibiendo asesorías y fiscalización permanente de la misma, no han sido acreditados en esta causa. DÉCIMO OCTAVO: Que, ante la constatación de la ausencia de reglamentación, implementos, de instrucciones serias, ciertas y precisas en materias de seguridad, resulta como corolario de todas las carencias, el hecho de que quien conducía la grúa horquilla al momento de producirse el accidente, era el trabajador señor Sergio Gutiérrez, de 20 años, quien fue contratado como “Ayudante” según consta del contrato de trabajo de 1 de junio de 2010, sin tener licencia clase “D” que es la que exige la Ley del Tránsito para conducir este tipo de máquinas. Que lo anterior, ha quedado acreditado con la propia declaración del señor Gutiérrez en el juicio, y lo que es más grave, por el propio representante legal de la empresa demandada, el señor Alfredo Lavanderos, quien refiere que al trabajador Gutiérrez no se le exigió licencia para el manejo de la grúa horquilla. Que, en el mismo sentido, se incorporó al juicio la Hoja de Vida de Conductor del señor Sergio Gutiérrez Villa, quien no registra licencias de conducir. DÉCIMO NOVENO: Que, cabe recordar, de conformidad a la ley, el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias que le permitan proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo además, garantizar para que, en caso de accidente, el trabajador pueda acceder a una oportuna y adecuada atención médica. Que la norma aludida, impuesta por el legislador a los empleadores, tiene un sentido tal que los constituye en deudores de seguridad para con sus trabajadores y esta obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de su esencia, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. Que, en tal sentido, resulta incuestionable que la empresa no acreditó el cumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, relativo a la adopción de todas las medidas necesarias para la protección

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, es menester hacer presente que no debe perderse de vista que no se trata de un cumplimiento meramente formal, de acumular formularios y registros con la asistencia de los dependientes a charlas o discursos, sino que importa el conocimiento y aplicación bajo supervigilancia de lo aprendido, toda vez que la obligación de la deudora legal de seguridad no se satisface con el simple hecho de haber impartido “charlas”, sino que con una fiscalización efectiva de las instrucciones impartidas y del despliegue de las tareas riesgosas, lo que en la especie no ocurrió. DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la entrega de implementos de seguridad, señala el demandado que los elementos de protección personal que se les proveen son: zapatos de seguridad, pantalones de cuero, chaqueta de cuero, casco con capuchón de cuero, lentes de seguridad y un tubo de oxígeno que provee de aire a los trabajadores a través de una manguera conectada al interior de su traje. Que, no se ha acreditado mediante documentación alguna que tales implementos de seguridad hayan sido entregados al actor. DÉCIMO SEXTO: Que, a fin de acreditar los procedimientos específicos para la operación de maquinarias y procesos productivos, fueron incorporados por la empresa dos Instructivos de Trabajo, uno respecto a la Operación y Trabajo de la Sala de Granallado, y otro respecto a la Preparación y Aplicación de Pintura. Que, también fue incorporado el Procedimiento Área de Tratamiento Superficial. Que, los tres documentos antes individualizados, si bien aparecen redactados por don Marcelo Peña G., Sup. Área Trat. Superficial, ninguno de ellos registra firma del redactor, no tienen fecha y no presentan revisión ni aprobación alguna. Que, el set de 7 fotografías, sólo ilustra la sala de Granallado, pero que al no referir fecha, ni siquiera permite situarse en el contexto del accidente. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el hecho de estar al día en el pago de las cotizaciones de seguro, registrar bajas tasas de accidentabilidad y estar afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad, recibiendo asesorías y fiscalización permanente de la misma, no han sido acreditados en esta causa. DÉCIMO OCTAVO: Que, ante la constatación de la ausencia de reglamentación, implementos, de instrucciones serias, ciertas y precisas en materias de seguridad, resulta como corolario de todas las carencias, el hecho de que quien conducía la grúa horquilla al momento de producirse el accidente, era el trabajador señor Sergio Gutiérrez, de 20 años, quien fue contratado como “Ayudante” según consta del contrato de trabajo de 1 de junio de 2010, sin tener licencia clase “D” que es la que exige la Ley del Tránsito para conducir este tipo de máquinas. Que lo anterior, ha quedado acreditado con la propia declaración del señor Gutiérrez en el juicio, y lo que es más grave, por el propio representante legal de la empresa demandada, el señor Alfredo Lavanderos, quien refiere que al trabajador Gutiérrez no se le exigió licencia para el manejo de la grúa horquilla. Que, en el mismo sentido, se incorporó al juicio la Hoja de Vida de Conductor del señor Sergio Gutiérrez Villa, quien no registra licencias de conducir. DÉCIMO NOVENO: Que, cabe recordar, de conformidad a la ley, el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias que le permitan proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo además, garantizar para que, en caso de accidente, el trabajador pueda acceder a una oportuna y adecuada atención médica. Que la norma aludida, impuesta por el legislador a los empleadores, tiene un sentido tal que los constituye en deudores de seguridad para con sus trabajadores y esta obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de su esencia, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. Que, en tal sentido, resulta incuestionable que la empresa no acreditó el cumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, relativo a la adopción de todas las medidas necesarias para la protección

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eficaz de la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad en la obra, ya que el control y prevención de los riesgos en las faenas no se cumple, pues no aparece que el trabajador haya tenido en su poder el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa, que funcione un Comité Paritario tal como lo señala el demandado en su contestación y que en la especie, no existe un marco regulatorio para la seguridad en el desarrollo de las labores, que se hayan otorgado los implementos de seguridad al trabajador, y que las charlas y demás instructivos operativos hayan sido recepcionados por el trabajador, además de la ausencia detectada respecto a un elemento esencial en la conducción de la grúa horquilla, cual es la tenencia de una licencia de conducir especial, todo lo que se traduce en un cumplimiento imperfecto del deber de protección y la subsecuente responsabilidad del empleador. VIGÉSIMO: Que, el deber de protección que el legislador impone al empleador, sólo reconoce como límites el caso fortuito o fuerza mayor, y la imprudencia temeraria del trabajador, hipótesis que no han sido acreditadas, por cuanto, el testimonio del señor Rodrigo Mondaca, si bien es jefe de faena, refiere tener un vínculo con el actor, por cuanto, éste es pareja de una sobrina suya, y, por consiguiente su declaración fue prestada respecto a hechos posteriores del accidente, y el testigo, señor Alfredo Salinas, presenta contradicciones en cuanto a la forma de ocurrencia del accidente, lo que fue observado por esta magistrado. Que según lo expuesto, sólo resta concluir que si la empleadora hubiera entregado al trabajador elementos de seguridad y mantuviera, asimismo, un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones encomendadas el día del infortunio, con el objeto de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, el accidente no se hubiera producido, de manera que la negligencia de la demandada se infiere de la sola materialización del daño y conforme lo ordena el artículo 1556 del Código Civil en relación con el artículo 69 de la ley Nº 16.744 y del principio general de reparación integral del daño, procede condenar a la demandada a resarcir los perjuicios efectivamente probados. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, previo a resolver las lesiones y daños experimentados por el trabajador, resulta importante referirse a la remuneración mensual del actor. Que, el actor en su libelo de demanda señala que su remuneración ascendía a la suma de $ 350.000 brutos. Que, por su parte el demandado controvierte la suma antes señalada, pero no se refiere a remuneración alguna. Que, a fin de acreditar la remuneración del trabajador, se incorporaron al juicio por parte del actor, las remuneraciones de los meses de marzo a junio de 2010, donde aparecen como trabajados en forma completa los meses de marzo, abril y junio de 2010, liquidaciones que incluyen un sueldo base por $ 222.500, gratificación por $ 65.313 y un bono de producción fijo y mensual de $ 25.000, todos los cuales son suficientes para estimar que la remuneración del trabajador corresponde a la suma $ 312.813, para todos los efectos legales. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, habiendo sido determinada la remuneración del trabajador, cabe señalar que según lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, entendiéndose este último como la pérdida cierta de la ganancia posible, de manera que deberá acreditarse por quien pretende obtener la reparación, la disminución efectiva en la misma, y para su determinación necesario resulta recurrir a hechos reales, objetivos y probados, y aunque la estimación en este sentido no puede ser matemáticamente exacta, debe sí fundarse en consideraciones razonables, dentro de un contexto lógico y probable y limitado a las circunstancias del caso, dentro del proceso de normalidad de las cosas, de manera que el lucro cesante resultará ser un juicio de probabilidad pero dentro de los parámetros ya expuestos. Que, no existe informe alguno emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad que afecte al demandante. Es así como éste mantiene relación laboral vigente con la empresa demandada, sin que exista en este momento un antecedente cierto sobre la disminución en sus ingresos, de tal forma que no es posible recurrir a antecedentes objetivos, reales y probados, de los cuales deducir que el actor, que desempeñaba una labor poco calificada y con remuneración baja, que asciende a $ 312.813, de acuerdo a lo consignado en el motivo precedente, haya efectivamente dejado de percibir de manera cierta suma alguna.

eficaz de la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad en la obra, ya que el control y prevención de los riesgos en las faenas no se cumple, pues no aparece que el trabajador haya tenido en su poder el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa, que funcione un Comité Paritario tal como lo señala el demandado en su contestación y que en la especie, no existe un marco regulatorio para la seguridad en el desarrollo de las labores, que se hayan otorgado los implementos de seguridad al trabajador, y que las charlas y demás instructivos operativos hayan sido recepcionados por el trabajador, además de la ausencia detectada respecto a un elemento esencial en la conducción de la grúa horquilla, cual es la tenencia de una licencia de conducir especial, todo lo que se traduce en un cumplimiento imperfecto del deber de protección y la subsecuente responsabilidad del empleador. VIGÉSIMO: Que, el deber de protección que el legislador impone al empleador, sólo reconoce como límites el caso fortuito o fuerza mayor, y la imprudencia temeraria del trabajador, hipótesis que no han sido acreditadas, por cuanto, el testimonio del señor Rodrigo Mondaca, si bien es jefe de faena, refiere tener un vínculo con el actor, por cuanto, éste es pareja de una sobrina suya, y, por consiguiente su declaración fue prestada respecto a hechos posteriores del accidente, y el testigo, señor Alfredo Salinas, presenta contradicciones en cuanto a la forma de ocurrencia del accidente, lo que fue observado por esta magistrado. Que según lo expuesto, sólo resta concluir que si la empleadora hubiera entregado al trabajador elementos de seguridad y mantuviera, asimismo, un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones encomendadas el día del infortunio, con el objeto de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, el accidente no se hubiera producido, de manera que la negligencia de la demandada se infiere de la sola materialización del daño y conforme lo ordena el artículo 1556 del Código Civil en relación con el artículo 69 de la ley Nº 16.744 y del principio general de reparación integral del daño, procede condenar a la demandada a resarcir los perjuicios efectivamente probados. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, previo a resolver las lesiones y daños experimentados por el trabajador, resulta importante referirse a la remuneración mensual del actor. Que, el actor en su libelo de demanda señala que su remuneración ascendía a la suma de $ 350.000 brutos. Que, por su parte el demandado controvierte la suma antes señalada, pero no se refiere a remuneración alguna. Que, a fin de acreditar la remuneración del trabajador, se incorporaron al juicio por parte del actor, las remuneraciones de los meses de marzo a junio de 2010, donde aparecen como trabajados en forma completa los meses de marzo, abril y junio de 2010, liquidaciones que incluyen un sueldo base por $ 222.500, gratificación por $ 65.313 y un bono de producción fijo y mensual de $ 25.000, todos los cuales son suficientes para estimar que la remuneración del trabajador corresponde a la suma $ 312.813, para todos los efectos legales. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, habiendo sido determinada la remuneración del trabajador, cabe señalar que según lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, entendiéndose este último como la pérdida cierta de la ganancia posible, de manera que deberá acreditarse por quien pretende obtener la reparación, la disminución efectiva en la misma, y para su determinación necesario resulta recurrir a hechos reales, objetivos y probados, y aunque la estimación en este sentido no puede ser matemáticamente exacta, debe sí fundarse en consideraciones razonables, dentro de un contexto lógico y probable y limitado a las circunstancias del caso, dentro del proceso de normalidad de las cosas, de manera que el lucro cesante resultará ser un juicio de probabilidad pero dentro de los parámetros ya expuestos. Que, no existe informe alguno emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad que afecte al demandante. Es así como éste mantiene relación laboral vigente con la empresa demandada, sin que exista en este momento un antecedente cierto sobre la disminución en sus ingresos, de tal forma que no es posible recurrir a antecedentes objetivos, reales y probados, de los cuales deducir que el actor, que desempeñaba una labor poco calificada y con remuneración baja, que asciende a $ 312.813, de acuerdo a lo consignado en el motivo precedente, haya efectivamente dejado de percibir de manera cierta suma alguna. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, atendido que el demandante continúa vinculado mediante contrato de trabajo de carácter de indefinido con la empresa, no se ha declarado incapacidad por los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo, y de ser así compensará el pago de indemnizaciones o subsidios que contemplan las leyes laborales, de manera que la circunstancia que en el futuro el demandante pueda sufrir alguna disminución en su remuneración, no es suficiente ni permite la determinación de este tipo de indemnización, razón por la cual se desestima la demanda en este aspecto. VIGÉSIMO TERCERO: Que, el artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, ello no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, lo que claramente en asuntos como el que se trata no solo encuentra su amparo en el principio general de reparación del mismo, sino que en el tenor literal del artículo 69 de la ley Nº 16.744, al disponer que la reparación del daño moral procede en todo caso, en razón del incumplimiento del empleador del deber de protección de la vida e integridad corporal de los trabajadores. VIGÉSIMO CUARTO: Que, habiendo reclamado el actor conceptos como perjuicio de sufrimiento y de agrado, necesario resulta pronunciarse a su respecto, especialmente cuando los conceptos antes señalados se encuentran comprendidos en lo que la doctrina y jurisprudencia ha sindicado como daño moral. Que, el asunto está dado por el resarcimiento del daño moral en cuanto a la lesión de un interés significativo de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del mismo descansa en la condición de persona del afectado, el que abarca no solo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidas las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. Que, de esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no solo por el dolor o sufrimiento que se padece. Que, de los diagnósticos emanados de la ficha clínica del actor se infiere que el demandante con fecha 15 de julio de 2010 sufrió el atropello de su tobillo derecho. Que, por dichas lesiones fue trasladado al Instituto de Seguridad del Trabajo. Que, el día de los hechos si bien no fue hospitalizado, quedó internado con posterioridad, donde le colocaron una placa de metal y tornillos en el tobillo derecho. Que, una vez operado, inició en dicho Instituto un tratamiento de rehabilitación. Que, de conformidad a la Ecotomografía del Tobillo Derecho, efectuada al trabajador con fecha 4 de octubre de 2010, se diagnostica una tenosinovitis leve del tibial anterior, sinovitis leve de la tibia astragalina y elementos de osteosíntesis del maléolo tibial. Que, el Certificado de Alta Médica otorgado por el Instituto de Seguridad del Trabajo el 12 de noviembre de 2010, refiere que el trabajador queda en condiciones de reintegrarse a sus labores a contar del 13 de noviembre de 2010. Que, la empresa con fecha 17 de noviembre de 2010, solicita una nueva evaluación e informe médico del actor, toda vez que el día 16 de noviembre de 2010 no soportó el dolor en el tobillo afectado. Que, a lo anterior, se agrega la declaración de la madre del trabajador, señora Ana Elgueta, quien se refiere a la imposibilidad de su hijo de realizar en forma normal sus actividades cotidianas, sin bastón. VIGÉSIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en consideración que no ha sido determinado el grado de incapacidad por el organismo de seguridad social correspondiente, la falta de peritaje que permita a esta magistrado ilustrar de mejor forma la magnitud de la fractura del actor, y siendo la víctima un trabajador joven, que actualmente tiene 23 años, y que una fractura, tiene sin lugar a dudas una recuperabilidad para el paciente, permiten concluir que no cabe duda que el accidente lesionó la integridad física y psíquica del trabajador y que por ello debe ser compensado mediante el pago indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $ 2.500.000, suma que deberá pagarse reajustada según lo establece el artículo 63 del Código del Trabajo, más los intereses corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el presente fallo hasta su pago efectivo.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que, atendido que el demandante continúa vinculado mediante contrato de trabajo de carácter de indefinido con la empresa, no se ha declarado incapacidad por los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo, y de ser así compensará el pago de indemnizaciones o subsidios que contemplan las leyes laborales, de manera que la circunstancia que en el futuro el demandante pueda sufrir alguna disminución en su remuneración, no es suficiente ni permite la determinación de este tipo de indemnización, razón por la cual se desestima la demanda en este aspecto. VIGÉSIMO TERCERO: Que, el artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, ello no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, lo que claramente en asuntos como el que se trata no solo encuentra su amparo en el principio general de reparación del mismo, sino que en el tenor literal del artículo 69 de la ley Nº 16.744, al disponer que la reparación del daño moral procede en todo caso, en razón del incumplimiento del empleador del deber de protección de la vida e integridad corporal de los trabajadores. VIGÉSIMO CUARTO: Que, habiendo reclamado el actor conceptos como perjuicio de sufrimiento y de agrado, necesario resulta pronunciarse a su respecto, especialmente cuando los conceptos antes señalados se encuentran comprendidos en lo que la doctrina y jurisprudencia ha sindicado como daño moral. Que, el asunto está dado por el resarcimiento del daño moral en cuanto a la lesión de un interés significativo de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del mismo descansa en la condición de persona del afectado, el que abarca no solo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidas las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. Que, de esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no solo por el dolor o sufrimiento que se padece. Que, de los diagnósticos emanados de la ficha clínica del actor se infiere que el demandante con fecha 15 de julio de 2010 sufrió el atropello de su tobillo derecho. Que, por dichas lesiones fue trasladado al Instituto de Seguridad del Trabajo. Que, el día de los hechos si bien no fue hospitalizado, quedó internado con posterioridad, donde le colocaron una placa de metal y tornillos en el tobillo derecho. Que, una vez operado, inició en dicho Instituto un tratamiento de rehabilitación. Que, de conformidad a la Ecotomografía del Tobillo Derecho, efectuada al trabajador con fecha 4 de octubre de 2010, se diagnostica una tenosinovitis leve del tibial anterior, sinovitis leve de la tibia astragalina y elementos de osteosíntesis del maléolo tibial. Que, el Certificado de Alta Médica otorgado por el Instituto de Seguridad del Trabajo el 12 de noviembre de 2010, refiere que el trabajador queda en condiciones de reintegrarse a sus labores a contar del 13 de noviembre de 2010. Que, la empresa con fecha 17 de noviembre de 2010, solicita una nueva evaluación e informe médico del actor, toda vez que el día 16 de noviembre de 2010 no soportó el dolor en el tobillo afectado. Que, a lo anterior, se agrega la declaración de la madre del trabajador, señora Ana Elgueta, quien se refiere a la imposibilidad de su hijo de realizar en forma normal sus actividades cotidianas, sin bastón. VIGÉSIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en consideración que no ha sido determinado el grado de incapacidad por el organismo de seguridad social correspondiente, la falta de peritaje que permita a esta magistrado ilustrar de mejor forma la magnitud de la fractura del actor, y siendo la víctima un trabajador joven, que actualmente tiene 23 años, y que una fractura, tiene sin lugar a dudas una recuperabilidad para el paciente, permiten concluir que no cabe duda que el accidente lesionó la integridad física y psíquica del trabajador y que por ello debe ser compensado mediante el pago indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $ 2.500.000, suma que deberá pagarse reajustada según lo establece el artículo 63 del Código del Trabajo, más los intereses corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el presente fallo hasta su pago efectivo.

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VIGÉSIMO SEXTO: Que, la prueba se apreció de conformidad a las reglas de la sana critica, y que la demás prueba documental incorporada, en nada altera las conclusiones expresadas en los fundamentos anteriores. Y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, 7°, 184, 446 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 66 bis de la ley Nº 16.744 y decreto supremo 76 del Ministerio del Trabajo, se declara: I. Que, SE ACOGE la demanda deducida con fecha 19 de noviembre de 2010, por don Oscar Enrique Delva Elgueta, en contra de la empresa FADEPE S.A., representada legalmente por don Alfredo Lavanderos Beaumont, en cuanto se declara que el accidente laboral sufrido por el actor el día 15 de julio de 2010, fue por responsabilidad de la empresa demandada, en razón de no haber cumplido con la obligación que dispone el artículo 184 del Código del Trabajo y, como consecuencia, deberá pagarle al trabajador la suma de $ 2.500.000 por concepto de daño moral. II. Que se rechaza en lo demás la demanda de autos. III. Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. IV. Que cada parte pagará sus costas. V. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese. RIT O 3476 2010 RUC 10 4 0046225 Dictada por Llilian del Carmen Durán Barrera, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

II. CORTE DE APELACIONES Santiago, uno de diciembre de dos mil once. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que la parte demandante representada por su abogada Yasna Maldonado Navarro, recurre de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que declaró la responsabilidad de la demandada en relación a accidente del trabajo ocurrido el 15 de julio de 2010 y le obliga al pago de $ 2.500.000 por concepto de daño moral. 1.- La primera causal de nulidad responde a la infracción a los artículos 30 y 31 de la ley N° 16.744 en relación a los artículos 8° y 10 del decreto con fuerza de ley N° 44 de 1978, todo sobre la base de lo dispuesto en el artículo del 477 del Código del Trabajo. Las normas han sido reproducidas por el recurrente. Al efecto, señala que la sentencia desestima el rubro de lucro cesante que se esgrime por la actora toda vez que no se ha acreditado por la actora la disminución efectiva en su patrimonio, precisando que debe recurrirse a hechos reales, objetivos y probados, lo que en ningún caso ocurre en el procedimiento. Analiza las prestaciones sociales de la ley numerada que son de aplicación general consagradas como ayudas solidarias establecidas por el Estado de Chile y que se cancelan sin previo juicio, correspondiendo a parte del sueldo como lo establece el artículo 30; lo anterior, conlleva a precisar que el actor sufrió una merma en sus ingresos mensuales. De allí que resulta fácil determinar el cálculo de los subsidios que debe percibir el actor pues, atento lo dispone el artículo 8° del decreto con fuerza de ley nominado, la base corresponde a una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio o de ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendarios más próximos al mes en que se inicia la licencia. Al efecto, señala que el actor dejó de percibir mensualmente la suma de $ 90.313 durante el periodo que corre desde la fecha del accidente hasta el alta médica, que totaliza la suma de $ 722.504. De allí que resulte adecuado esgrimir el lucro cesante al estarse debidamente probado en autos que, de haberse aplicado las normas citadas, no se hubiera cometido la infracción de ley que se denuncia y se habría dado lugar al rubro impetrado.

Santiago, uno de diciembre de dos mil once. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que la parte demandante representada por su abogada Yasna Maldonado Navarro, recurre de nulidad en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que declaró la responsabilidad de la demandada en relación a accidente del trabajo ocurrido el 15 de julio de 2010 y le obliga al pago de $ 2.500.000 por concepto de daño moral. 1.- La primera causal de nulidad responde a la infracción a los artículos 30 y 31 de la ley N° 16.744 en relación a los artículos 8° y 10 del decreto con fuerza de ley N° 44 de 1978, todo sobre la base de lo dispuesto en el artículo del 477 del Código del Trabajo. Las normas han sido reproducidas por el recurrente. Al efecto, señala que la sentencia desestima el rubro de lucro cesante que se esgrime por la actora toda vez que no se ha acreditado por la actora la disminución efectiva en su patrimonio, precisando que debe recurrirse a hechos reales, objetivos y probados, lo que en ningún caso ocurre en el procedimiento. Analiza las prestaciones sociales de la ley numerada que son de aplicación general consagradas como ayudas solidarias establecidas por el Estado de Chile y que se cancelan sin previo juicio, correspondiendo a parte del sueldo como lo establece el artículo 30; lo anterior, conlleva a precisar que el actor sufrió una merma en sus ingresos mensuales. De allí que resulta fácil determinar el cálculo de los subsidios que debe percibir el actor pues, atento lo dispone el artículo 8° del decreto con fuerza de ley nominado, la base corresponde a una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio o de ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendarios más próximos al mes en que se inicia la licencia. Al efecto, señala que el actor dejó de percibir mensualmente la suma de $ 90.313 durante el periodo que corre desde la fecha del accidente hasta el alta médica, que totaliza la suma de $ 722.504. De allí que resulte adecuado esgrimir el lucro cesante al estarse debidamente probado en autos que, de haberse aplicado las normas citadas, no se hubiera cometido la infracción de ley que se denuncia y se habría dado lugar al rubro impetrado.

II. CORTE DE APELACIONES VIGÉSIMO SEXTO: Que, la prueba se apreció de conformidad a las reglas de la sana critica, y que la demás prueba documental incorporada, en nada altera las conclusiones expresadas en los fundamentos anteriores. Y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, 7°, 184, 446 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 66 bis de la ley Nº 16.744 y decreto supremo 76 del Ministerio del Trabajo, se declara: I. Que, SE ACOGE la demanda deducida con fecha 19 de noviembre de 2010, por don Oscar Enrique Delva Elgueta, en contra de la empresa FADEPE S.A., representada legalmente por don Alfredo Lavanderos Beaumont, en cuanto se declara que el accidente laboral sufrido por el actor el día 15 de julio de 2010, fue por responsabilidad de la empresa demandada, en razón de no haber cumplido con la obligación que dispone el artículo 184 del Código del Trabajo y, como consecuencia, deberá pagarle al trabajador la suma de $ 2.500.000 por concepto de daño moral. II. Que se rechaza en lo demás la demanda de autos. III. Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. IV. Que cada parte pagará sus costas. V. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese. RIT O 3476 2010 RUC 10 4 0046225 Dictada por Llilian del Carmen Durán Barrera, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2.- La segunda causal esgrimida se esboza en relación al artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, infracción a las reglas de la sana crítica sobre la base de las evidencias practicadas en juicio consistentes en las liquidaciones de remuneraciones de los últimos tres meses que consideran las horas extraordinarias canceladas al actor. Centra la causal en cuanto existe contradicción e incoherencia en el fallo precisamente al tenor de las evidencias narradas que no han sido consideradas por el sentenciador y que la sola argumentación de no haber sufrido el actor detrimento o perjuicio, consolidan la causal alegada. Es decir, a consecuencias del accidente, no percibió las horas que alega. Si se hubieren aplicado correctamente las reglas anotadas, el sentenciador habría dado lugar al pago de las horas extraordinarias alegadas. Solicita se acoja el recurso de nulidad a fin de que se declare nulo el fallo accediendo a las causales alegadas, que se interponen conjuntamente, y se dicte la de reemplazo condenando a la demandada al pago de las sumas que indica, o lo que el Tribunal determine, con costas. SEGUNDO: Que, previo es dable precisar que el recurso contiene dos motivos de nulidad que, en concreto, resultan incompatibles; así, no es posible, en un medio de impugnación como el de nulidad que es de carácter de derecho estricto, resolver el conflicto precisamente por carecer el Tribunal de la facultad para privilegiar una causal en lugar de la otra y suplir de esta forma la omisión que se constata. TERCERO: Que, no obstante, respecto de la primera causal, se precisa que la determinación del lucro cesante esgrimido, y tal cual lo refleja el sentenciador de grado, lo categórico resulta ser que tal rubro debe basarse en hechos reales, objetivos y probados, sin perjuicio de precisar la falta de evidencia consecuencial que permita definir el monto respectivo. Aparece como hecho nuevo –del que tampoco se rinde prueba alguna– el eventual monto que asciende o comprende el subsidio alegado y que permita definir la diferencia entre lo que percibía y aquel monto eventual basado en el subsidio; todavía, la aplicación de la normativa que se considera transgredida, no resulta que se haya producido en la realidad al no contarse con evidencia alguna al efecto, precisando que no fue introducido en el debate, es decir, no fue punto controvertido durante el juicio. Concordante, es dable argumentar que durante todo el periodo que abarcó la recuperación del accidente, el trabajador recibió su remuneración completa a que tenía derecho en uso a las licencias médicas respectivas. CUARTO: Que en relación a la segunda causal, no se aclara por la recurrente cuál o cuáles de las reglas de la sana crítica han sido infringidas, no bastando la cita del artículo 456 del Código del Trabajo y se hace notar que no corresponde a una norma decisoria litis si no de una norma ordenatoria litis. En este escenario, es dable precisar que no se ha controvertido en lo que respecta a las materias que se consagran por la sentencia, es decir, lo referido al accidente del trabajo y que al efecto, se han apreciado las evidencias atento el sistema de la sana crítica al percibirse que la conclusión se concreta sobre la base de razonabilidad y los principios de la lógica conceptual. Por estas consideraciones, citas legales, lo dispuesto en los artículos 482 y 483 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la abogada representante de la actora, en contra de la sentencia dictada por la Jueza Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, Lilian Durán Barrera, con fecha 28 de marzo de 2011. Regístrese y Comuníquese. Redacción del Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra. Rol N° 602-2011. No firma el abogado integrante señor Guerrero, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia. Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

2.- La segunda causal esgrimida se esboza en relación al artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, infracción a las reglas de la sana crítica sobre la base de las evidencias practicadas en juicio consistentes en las liquidaciones de remuneraciones de los últimos tres meses que consideran las horas extraordinarias canceladas al actor. Centra la causal en cuanto existe contradicción e incoherencia en el fallo precisamente al tenor de las evidencias narradas que no han sido consideradas por el sentenciador y que la sola argumentación de no haber sufrido el actor detrimento o perjuicio, consolidan la causal alegada. Es decir, a consecuencias del accidente, no percibió las horas que alega. Si se hubieren aplicado correctamente las reglas anotadas, el sentenciador habría dado lugar al pago de las horas extraordinarias alegadas. Solicita se acoja el recurso de nulidad a fin de que se declare nulo el fallo accediendo a las causales alegadas, que se interponen conjuntamente, y se dicte la de reemplazo condenando a la demandada al pago de las sumas que indica, o lo que el Tribunal determine, con costas. SEGUNDO: Que, previo es dable precisar que el recurso contiene dos motivos de nulidad que, en concreto, resultan incompatibles; así, no es posible, en un medio de impugnación como el de nulidad que es de carácter de derecho estricto, resolver el conflicto precisamente por carecer el Tribunal de la facultad para privilegiar una causal en lugar de la otra y suplir de esta forma la omisión que se constata. TERCERO: Que, no obstante, respecto de la primera causal, se precisa que la determinación del lucro cesante esgrimido, y tal cual lo refleja el sentenciador de grado, lo categórico resulta ser que tal rubro debe basarse en hechos reales, objetivos y probados, sin perjuicio de precisar la falta de evidencia consecuencial que permita definir el monto respectivo. Aparece como hecho nuevo –del que tampoco se rinde prueba alguna– el eventual monto que asciende o comprende el subsidio alegado y que permita definir la diferencia entre lo que percibía y aquel monto eventual basado en el subsidio; todavía, la aplicación de la normativa que se considera transgredida, no resulta que se haya producido en la realidad al no contarse con evidencia alguna al efecto, precisando que no fue introducido en el debate, es decir, no fue punto controvertido durante el juicio. Concordante, es dable argumentar que durante todo el periodo que abarcó la recuperación del accidente, el trabajador recibió su remuneración completa a que tenía derecho en uso a las licencias médicas respectivas. CUARTO: Que en relación a la segunda causal, no se aclara por la recurrente cuál o cuáles de las reglas de la sana crítica han sido infringidas, no bastando la cita del artículo 456 del Código del Trabajo y se hace notar que no corresponde a una norma decisoria litis si no de una norma ordenatoria litis. En este escenario, es dable precisar que no se ha controvertido en lo que respecta a las materias que se consagran por la sentencia, es decir, lo referido al accidente del trabajo y que al efecto, se han apreciado las evidencias atento el sistema de la sana crítica al percibirse que la conclusión se concreta sobre la base de razonabilidad y los principios de la lógica conceptual. Por estas consideraciones, citas legales, lo dispuesto en los artículos 482 y 483 del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por la abogada representante de la actora, en contra de la sentencia dictada por la Jueza Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, Lilian Durán Barrera, con fecha 28 de marzo de 2011. Regístrese y Comuníquese. Redacción del Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra. Rol N° 602-2011. No firma el abogado integrante señor Guerrero, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia. Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Amanda Valdovinos Jeldes y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 197-2011 Cita online: CL/JUR/6960/2011 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, catorce de enero de dos mil once. VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 23 de septiembre de 2010, compareció doña Aurora del Rosario González Flores, auxiliar de aseo, domiciliada en pasaje Lastarria N° 798, comuna de Huechuraba, quien interpone demanda de indemnización por accidente del trabajo, en contra de Servicios de Aseos y Construcción Limitada, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don Lorenzo Aldunate Díaz, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Serrano N° 63, oficina 44, comuna de Santiago, y en contra de Kimberly Clark Chile S.A., del giro de importación y distribución de productos de higiene, representada legalmente por doña Carlina Valdivieso, ignora segundo apellido y profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Del Valle N° 725, piso 4, Comuna de Huechuraba. Hace presente que la demandada es una empresa que ofrece soluciones integrales de aseo y construcción, siendo uno de sus clientes Kimberly Clark Chile S.A., multinacional dedicada a la elaboración de productos destinados al cuidado e higiene de las personas, donde prestaba sus servicios la actora, en virtud de contrato de trabajo celebrado con fecha 19 de julio de 2010, con vigencia hasta el día 31 de agosto de 2010, cumpliendo funciones de auxiliar de aseo industrial, en una jornada de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas, percibiendo una remuneración compuesta de sueldo base de $ 95.560, indica que su jefe directo era un empleado de la demandada principal, Enrique, cuyo apellido no recuerda, quien el primer día de trabajo le señaló que sus funciones eran efectuar aseo en las dependencias de la mandante con los productos guardados en el estante del baño, sin capacitarla, ni entregarle instrucciones o procedimientos para realizar la labor, las que tampoco fiscalizaba. Refiere que con fecha 20 de julio de 2010, día siguiente al inicio de los servicios, aproximadamente a las 21:00 horas, mientras limpiaba baños en las oficinas de Kimberly Clark Chile S.A., tomó el desengrasante industrial guardado en el estante del baño, como le habían indicado sus compañeras, y en circunstancias que vaciaba el líquido en el balde, sin contar con guantes u otro elemento de protección personal, ni haber sido instruida acerca del modo de realizar el procedimiento, se derramó un poco del líquido en su pantalón, el que escurrió, entrando en su botín y cayendo en el empeine de su pie izquierdo, provocándole ardor, por lo que se sacó el botín y el calcetín y se lavó con agua, sin que parase el ardor ni el dolor, y al cabo de una hora, al terminar sus labores, se retiró con mucho dolor en su pie izquierdo, el que al llegar a su hogar estaba muy hinchado, irritado y morado, por lo que alrededor de las 23:30 horas, se dirigió al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de La Pincoya, donde la curaron con suero y apósitos, señalándole que acudiese a la Mutual de Seguridad por la herida sufrida en el accidente laboral. Al día siguiente del accidente, el 21 de julio de 2010, llamó a su empleador, hablando con el jefe de personal don Patricio Achurra, a quien le informó lo ocurrido y el estado de su pie, prohibiéndole que acudiera a la Mutual de Seguridad, puesto que no le correspondía ese derecho porque sólo llevaba dos días trabajando, por lo que continuó recibiendo curaciones en el consultorio de La Pincoya, asistiendo a trabajar con mucha dificultad y dolor, cojeando y sin poder apoyar su pie normalmente, luego, el 26 de julio de 2010, cuando su pie presentaba hinchazón, claras evidencias de pus, escaras y estaba de un color morado con manchas verdes, en el Consultorio le señalaron que debía ir a la Mutual de Seguridad para ser operada, por lo que nuevamente llamó a don Patricio, quien insistió en que no le correspondía, por lo que hizo averiguaciones en la Inspección del Trabajo, donde le señalaron que debía asistir a la Mutual de Seguridad para que le otorgaran asistencia médica, aunque su empleador se opusiera. El día 28 de julio de 2010 su hermana la llevó a la Asociación Chilena de Seguridad, a la agencia Parque las Américas, donde le pusieron suero y trasladaron inmediatamente al Hospital del Trabajador,

Santiago, catorce de enero de dos mil once. VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 23 de septiembre de 2010, compareció doña Aurora del Rosario González Flores, auxiliar de aseo, domiciliada en pasaje Lastarria N° 798, comuna de Huechuraba, quien interpone demanda de indemnización por accidente del trabajo, en contra de Servicios de Aseos y Construcción Limitada, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don Lorenzo Aldunate Díaz, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Serrano N° 63, oficina 44, comuna de Santiago, y en contra de Kimberly Clark Chile S.A., del giro de importación y distribución de productos de higiene, representada legalmente por doña Carlina Valdivieso, ignora segundo apellido y profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Del Valle N° 725, piso 4, Comuna de Huechuraba. Hace presente que la demandada es una empresa que ofrece soluciones integrales de aseo y construcción, siendo uno de sus clientes Kimberly Clark Chile S.A., multinacional dedicada a la elaboración de productos destinados al cuidado e higiene de las personas, donde prestaba sus servicios la actora, en virtud de contrato de trabajo celebrado con fecha 19 de julio de 2010, con vigencia hasta el día 31 de agosto de 2010, cumpliendo funciones de auxiliar de aseo industrial, en una jornada de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas, percibiendo una remuneración compuesta de sueldo base de $ 95.560, indica que su jefe directo era un empleado de la demandada principal, Enrique, cuyo apellido no recuerda, quien el primer día de trabajo le señaló que sus funciones eran efectuar aseo en las dependencias de la mandante con los productos guardados en el estante del baño, sin capacitarla, ni entregarle instrucciones o procedimientos para realizar la labor, las que tampoco fiscalizaba. Refiere que con fecha 20 de julio de 2010, día siguiente al inicio de los servicios, aproximadamente a las 21:00 horas, mientras limpiaba baños en las oficinas de Kimberly Clark Chile S.A., tomó el desengrasante industrial guardado en el estante del baño, como le habían indicado sus compañeras, y en circunstancias que vaciaba el líquido en el balde, sin contar con guantes u otro elemento de protección personal, ni haber sido instruida acerca del modo de realizar el procedimiento, se derramó un poco del líquido en su pantalón, el que escurrió, entrando en su botín y cayendo en el empeine de su pie izquierdo, provocándole ardor, por lo que se sacó el botín y el calcetín y se lavó con agua, sin que parase el ardor ni el dolor, y al cabo de una hora, al terminar sus labores, se retiró con mucho dolor en su pie izquierdo, el que al llegar a su hogar estaba muy hinchado, irritado y morado, por lo que alrededor de las 23:30 horas, se dirigió al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de La Pincoya, donde la curaron con suero y apósitos, señalándole que acudiese a la Mutual de Seguridad por la herida sufrida en el accidente laboral. Al día siguiente del accidente, el 21 de julio de 2010, llamó a su empleador, hablando con el jefe de personal don Patricio Achurra, a quien le informó lo ocurrido y el estado de su pie, prohibiéndole que acudiera a la Mutual de Seguridad, puesto que no le correspondía ese derecho porque sólo llevaba dos días trabajando, por lo que continuó recibiendo curaciones en el consultorio de La Pincoya, asistiendo a trabajar con mucha dificultad y dolor, cojeando y sin poder apoyar su pie normalmente, luego, el 26 de julio de 2010, cuando su pie presentaba hinchazón, claras evidencias de pus, escaras y estaba de un color morado con manchas verdes, en el Consultorio le señalaron que debía ir a la Mutual de Seguridad para ser operada, por lo que nuevamente llamó a don Patricio, quien insistió en que no le correspondía, por lo que hizo averiguaciones en la Inspección del Trabajo, donde le señalaron que debía asistir a la Mutual de Seguridad para que le otorgaran asistencia médica, aunque su empleador se opusiera. El día 28 de julio de 2010 su hermana la llevó a la Asociación Chilena de Seguridad, a la agencia Parque las Américas, donde le pusieron suero y trasladaron inmediatamente al Hospital del Trabajador,

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 197-2011 Cita online: CL/JUR/6960/2011 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

diagnosticándosele una “Quemadura de Extremidad Inferior (Lesión Ppal) Exten. Mayor”, siendo hospitalizada y operada el 30 de julio de 2010, para sacar las escaras formadas en su pie, luego el día 3 de agosto de 2010, para terminar de remover las escaras, y finalmente el día 10 de agosto de 2010, le injertaron piel de su muslo izquierdo en la herida, permaneciendo hospitalizada hasta el 19 de agosto de 2010, precisa que el injerto consistió en extraer un parche cutáneo de su muslo trasplantándolo a su pie, por lo que estuvo varios días en recuperación, instalándosele una máquina que absorbía los líquidos que producía su piel, quedando con una horrible cicatriz en forma de un cuadrado de unos 10X10 centímetros, en su muslo izquierdo, la que aún no cicatriza, añade que al dársele el alta, el injerto aún no sanaba y no tenía movilidad ni sensibilidad en el pie, por lo que se le indicó absoluto reposo y se le recetó una serie de medicamentos para apaciguar el dolor y ayudar a la recuperación, los que ingiere a diario, pese a lo cual los dolores en su pie persisten, siguiendo luego tratamientos médicos y rehabilitación, estimándose por los médicos en un año el tiempo necesario para una completa recuperación. Sostiene que la demandada mantenía un bajo a nulo estándar en cuanto a la seguridad de sus trabajadores, sin que se le informase del derecho a saber o se le entregaran instrucciones, inducciones e informaciones respecto a la prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, entrega de elementos de protección personal, medidas de higiene y seguridad o capacitación, entre otras, sin que al momento del accidente contase con los elementos de protección personal, ni los implementos de seguridad necesarios, produciéndose el accidente precisamente debido a que se encontraba con una vestimenta inadecuada y sin los elementos de protección personal, sin que tampoco le fuese entregado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad o se le informase sobre los riesgos y la peligrosidad de los líquidos con los cuales desarrollaba su labor, sin que al momento del accidente se encontrase presente ningún Jefe o Supervisor, siendo acompañada sólo por sus compañeras de labores, y haber sido capacitada respecto al modo en que debía efectuar sus labores, incumpliendo así su empleadora el deber de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo. En cuanto a la demandada solidaria, señala que también debía cumplir con la obligación de protección, establecida en el artículo 183 E del Código del Trabajo, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores de su empresa, cualquiera sea su dependencia, e implementar un Reglamento Especial para empresas contratistas y sub contratistas que estableciera como mínimo acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad e higiene, además de contener los mecanismos para verificar su cumplimiento por la contratista y las sanciones para el caso de incumplimiento, debiendo vigilar que la contratista informara a sus trabajadores, y en especial a la actora, de las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida y salud en relación a los riesgos laborales, medidas de prevención, métodos del trabajo correcto y entrega de elementos de protección personal, incumplimiento de Kimberly Clark Chile S.A., que origina su responsabilidad respecto de los daños causados. Expone luego las consecuencias sufridas producto del accidente laboral, señalando que antes realizaba actividades físicas con absoluta normalidad, las que hoy no puede, ya que no puede siquiera caminar con normalidad, dado que no puede apoyar el pie, debiendo valerse de bastones para desplazarse, por lo cual no puede trabajar, debiendo permanecer en constante reposo, sufriendo dolores en su pie, el que se inflama constantemente, además de la horrible cicatriz consecuencia del injerto, que tampoco está completamente sana, ya que se enrojece y le duele, agrega que el accidente también le ha ocasionado daños morales, consistentes en el dolor y sufrimiento causado por el accidente y sus consecuencias, además del daño estético; agrega que los hechos afectaron a su familia, ya que debió dejar a sus hijas solas, quedando la mayor, de 18 años, a cargo de su hermana de 13 años, y de su hijo de un año, dejando ambas los estudios de lado para visitarla en el hospital, y debiendo vivir de la caridad de familiares, ya que ella era la única sostenedora de mis hijas y mi nieto, sin que haya podido volver a trabajar desde el accidente, atendido los dolores que sufre, recibiendo de su empleador únicamente la suma de $ 14.753, que supuestamente correspondía a la remuneración por los días trabajados durante el mes de julio, sin otorgarle ninguna otra prestación, dejándola completamente desamparada. Por lo expuesto, solicita se acoja la demanda, condenando a la demandadas al pago de una indemnización de daño moral padecido, consistente en $ 15.000.000 por el dolor y sufrimiento pa-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

diagnosticándosele una “Quemadura de Extremidad Inferior (Lesión Ppal) Exten. Mayor”, siendo hospitalizada y operada el 30 de julio de 2010, para sacar las escaras formadas en su pie, luego el día 3 de agosto de 2010, para terminar de remover las escaras, y finalmente el día 10 de agosto de 2010, le injertaron piel de su muslo izquierdo en la herida, permaneciendo hospitalizada hasta el 19 de agosto de 2010, precisa que el injerto consistió en extraer un parche cutáneo de su muslo trasplantándolo a su pie, por lo que estuvo varios días en recuperación, instalándosele una máquina que absorbía los líquidos que producía su piel, quedando con una horrible cicatriz en forma de un cuadrado de unos 10X10 centímetros, en su muslo izquierdo, la que aún no cicatriza, añade que al dársele el alta, el injerto aún no sanaba y no tenía movilidad ni sensibilidad en el pie, por lo que se le indicó absoluto reposo y se le recetó una serie de medicamentos para apaciguar el dolor y ayudar a la recuperación, los que ingiere a diario, pese a lo cual los dolores en su pie persisten, siguiendo luego tratamientos médicos y rehabilitación, estimándose por los médicos en un año el tiempo necesario para una completa recuperación. Sostiene que la demandada mantenía un bajo a nulo estándar en cuanto a la seguridad de sus trabajadores, sin que se le informase del derecho a saber o se le entregaran instrucciones, inducciones e informaciones respecto a la prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, entrega de elementos de protección personal, medidas de higiene y seguridad o capacitación, entre otras, sin que al momento del accidente contase con los elementos de protección personal, ni los implementos de seguridad necesarios, produciéndose el accidente precisamente debido a que se encontraba con una vestimenta inadecuada y sin los elementos de protección personal, sin que tampoco le fuese entregado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad o se le informase sobre los riesgos y la peligrosidad de los líquidos con los cuales desarrollaba su labor, sin que al momento del accidente se encontrase presente ningún Jefe o Supervisor, siendo acompañada sólo por sus compañeras de labores, y haber sido capacitada respecto al modo en que debía efectuar sus labores, incumpliendo así su empleadora el deber de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo. En cuanto a la demandada solidaria, señala que también debía cumplir con la obligación de protección, establecida en el artículo 183 E del Código del Trabajo, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores de su empresa, cualquiera sea su dependencia, e implementar un Reglamento Especial para empresas contratistas y sub contratistas que estableciera como mínimo acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad e higiene, además de contener los mecanismos para verificar su cumplimiento por la contratista y las sanciones para el caso de incumplimiento, debiendo vigilar que la contratista informara a sus trabajadores, y en especial a la actora, de las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida y salud en relación a los riesgos laborales, medidas de prevención, métodos del trabajo correcto y entrega de elementos de protección personal, incumplimiento de Kimberly Clark Chile S.A., que origina su responsabilidad respecto de los daños causados. Expone luego las consecuencias sufridas producto del accidente laboral, señalando que antes realizaba actividades físicas con absoluta normalidad, las que hoy no puede, ya que no puede siquiera caminar con normalidad, dado que no puede apoyar el pie, debiendo valerse de bastones para desplazarse, por lo cual no puede trabajar, debiendo permanecer en constante reposo, sufriendo dolores en su pie, el que se inflama constantemente, además de la horrible cicatriz consecuencia del injerto, que tampoco está completamente sana, ya que se enrojece y le duele, agrega que el accidente también le ha ocasionado daños morales, consistentes en el dolor y sufrimiento causado por el accidente y sus consecuencias, además del daño estético; agrega que los hechos afectaron a su familia, ya que debió dejar a sus hijas solas, quedando la mayor, de 18 años, a cargo de su hermana de 13 años, y de su hijo de un año, dejando ambas los estudios de lado para visitarla en el hospital, y debiendo vivir de la caridad de familiares, ya que ella era la única sostenedora de mis hijas y mi nieto, sin que haya podido volver a trabajar desde el accidente, atendido los dolores que sufre, recibiendo de su empleador únicamente la suma de $ 14.753, que supuestamente correspondía a la remuneración por los días trabajados durante el mes de julio, sin otorgarle ninguna otra prestación, dejándola completamente desamparada. Por lo expuesto, solicita se acoja la demanda, condenando a la demandadas al pago de una indemnización de daño moral padecido, consistente en $ 15.000.000 por el dolor y sufrimiento pa-

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decido; $ 15.000.000 por la pérdida de los placeres de la vida; $ 15.000.000 por el daño psíquico causado, y $ 15.000.000 por el daño estético; todo con costas. SEGUNDO: Que se tuvo por no efectuada la contestación de demanda de Servicios de Aseos y Construcción Limitada, por haber sido presentada en forma extemporánea. TERCERO: Que en cuanto a la demandada Kimberly Clark Chile S.A., esta opuso una excepción de incompetencia del Tribunal en relación a la materia, la que fuese rechazada durante la audiencia preparatoria de autos. Luego, en subsidio de lo anterior contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas, señalando en primer término que no es efectivo que la responsabilidad del dueño de la obra o faena se extienda a las obligaciones de hacer, y que el cumplimiento del deber de protección y cuidado debe ser cumplido por la empresa contratante del trabajador, ya que sólo ella tiene el conocimiento de los peligros y circunstancias que rodean la ejecución de sus labores específicas, por lo que deberá declararse que la demanda en su contra es improcedente, en virtud de los argumentos expuestos, estimando que la única responsabilidad eventualmente discutible para con su representada sería la de tipo extracontractual, añadiendo que igualmente en los hechos no se visualiza que haya existido nexo causal entre el hecho dañoso y conducta alguna de a quien se reclama la indemnización, toda vez que el accidente tuvo como única y basal causa la exposición imprudente de la víctima a un riesgo de accidente. Reconoce que la demandante ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para Servicios de Aseo y Construcción Limitada, en dependencias de su representada, en la fecha que señala en la demanda, que su remuneración ascendía a $ 95.560, y que su contrato era a plazo, con duración hasta el 31 de agosto de 2010, controvirtiendo las circunstancias que relata en relación al accidente, señalando que si bien su parte no tuvo jamás contacto directo con la actora, existen elementos en su declaración que permiten concluir que se están falseando antecedentes sobre la ocurrencia del supuesto accidente, entre ellos, que el desengrasante industrial que menciona la actora “WK 093”, a lo más puede causar irritación cutánea, pero no el pernicioso efecto que esta señala, advirtiéndose en las instrucciones del fabricante que “en caso de ingestión (del producto), beber abundante agua”, sin recomendar acudir a urgencia en caso de ingestión, lo que necesariamente significa que si no causa lesiones internas ni laceraciones estomacales, menos aún puede producir heridas tan graves como la que señala la actora, negando además que no se hayan tomado las medidas de seguridad correspondientes, ya que la actora recibió de su empleador copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, proporcionándole guantes, sin que le correspondiese utilizar bototos ni antiparras, según lo ha determinado la Mutual de Seguridad, tras un análisis a las labores que desarrollaba la trabajadora, a quien también se le instruyó sobre cómo realizar sus actividades. Indica que, según el contratista, el día 20 de julio en cuestión, efectivamente la actora mencionó que le había caído un poco del producto en el pantalón, sin expresar ninguna molestia, y que frente a órdenes de lavarse con agua, ella no lo hizo, restándole toda importancia, acudiendo a trabajar los días siguientes y hasta el día 24 de ese mes, cumpliendo su jornada sin quejarse de lesión o molestia alguna, por lo que grande fue su sorpresa cuando la Mutual de Seguridad informó al contratista que la actora había acudido a sus instalaciones, con fecha 26 de julio, informando haber sufrido una quemadura, antecedentes de los que se desprende la falsedad de los hechos relatados, estimando que se intenta hacer pasar como accidente laboral lesiones sufridas en otras circunstancias. Agrega que en la especie, no ha existido culpa o dolo de su representada o de la contratista, ni tampoco existió entre la supuesta infracción y los resultados, una relación de causalidad, adoptando su representada todas las medidas requeridas para realizar las labores propias de su giro en un marco de seguridad, con políticas claras en cuanto a la forma de realizar los trabajos que se llevan a cabo en sus faenas, supervisando al empleador directo y constatando que también cumple con toda la normativa de seguridad vigente, indicando que de aceptar que el accidente se produjo del modo que relata la actora, se desprende que ésta realizó su labor en forma descuidada y por tanto la causa inmediata del accidente no es de responsabilidad de ninguna de las empresas demandadas, sino que de la propia trabajadora, quien en sus labores debía hacer uso de líquidos de limpieza, de los cuales ninguno provoca el efecto tan dañino que indica la actora en su demanda, y que en cuanto a no habérsele instruido el modo de llevar a cabo el procedimiento consistente en echar un líquido a un balde, no se puede exigir

decido; $ 15.000.000 por la pérdida de los placeres de la vida; $ 15.000.000 por el daño psíquico causado, y $ 15.000.000 por el daño estético; todo con costas. SEGUNDO: Que se tuvo por no efectuada la contestación de demanda de Servicios de Aseos y Construcción Limitada, por haber sido presentada en forma extemporánea. TERCERO: Que en cuanto a la demandada Kimberly Clark Chile S.A., esta opuso una excepción de incompetencia del Tribunal en relación a la materia, la que fuese rechazada durante la audiencia preparatoria de autos. Luego, en subsidio de lo anterior contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas, señalando en primer término que no es efectivo que la responsabilidad del dueño de la obra o faena se extienda a las obligaciones de hacer, y que el cumplimiento del deber de protección y cuidado debe ser cumplido por la empresa contratante del trabajador, ya que sólo ella tiene el conocimiento de los peligros y circunstancias que rodean la ejecución de sus labores específicas, por lo que deberá declararse que la demanda en su contra es improcedente, en virtud de los argumentos expuestos, estimando que la única responsabilidad eventualmente discutible para con su representada sería la de tipo extracontractual, añadiendo que igualmente en los hechos no se visualiza que haya existido nexo causal entre el hecho dañoso y conducta alguna de a quien se reclama la indemnización, toda vez que el accidente tuvo como única y basal causa la exposición imprudente de la víctima a un riesgo de accidente. Reconoce que la demandante ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para Servicios de Aseo y Construcción Limitada, en dependencias de su representada, en la fecha que señala en la demanda, que su remuneración ascendía a $ 95.560, y que su contrato era a plazo, con duración hasta el 31 de agosto de 2010, controvirtiendo las circunstancias que relata en relación al accidente, señalando que si bien su parte no tuvo jamás contacto directo con la actora, existen elementos en su declaración que permiten concluir que se están falseando antecedentes sobre la ocurrencia del supuesto accidente, entre ellos, que el desengrasante industrial que menciona la actora “WK 093”, a lo más puede causar irritación cutánea, pero no el pernicioso efecto que esta señala, advirtiéndose en las instrucciones del fabricante que “en caso de ingestión (del producto), beber abundante agua”, sin recomendar acudir a urgencia en caso de ingestión, lo que necesariamente significa que si no causa lesiones internas ni laceraciones estomacales, menos aún puede producir heridas tan graves como la que señala la actora, negando además que no se hayan tomado las medidas de seguridad correspondientes, ya que la actora recibió de su empleador copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, proporcionándole guantes, sin que le correspondiese utilizar bototos ni antiparras, según lo ha determinado la Mutual de Seguridad, tras un análisis a las labores que desarrollaba la trabajadora, a quien también se le instruyó sobre cómo realizar sus actividades. Indica que, según el contratista, el día 20 de julio en cuestión, efectivamente la actora mencionó que le había caído un poco del producto en el pantalón, sin expresar ninguna molestia, y que frente a órdenes de lavarse con agua, ella no lo hizo, restándole toda importancia, acudiendo a trabajar los días siguientes y hasta el día 24 de ese mes, cumpliendo su jornada sin quejarse de lesión o molestia alguna, por lo que grande fue su sorpresa cuando la Mutual de Seguridad informó al contratista que la actora había acudido a sus instalaciones, con fecha 26 de julio, informando haber sufrido una quemadura, antecedentes de los que se desprende la falsedad de los hechos relatados, estimando que se intenta hacer pasar como accidente laboral lesiones sufridas en otras circunstancias. Agrega que en la especie, no ha existido culpa o dolo de su representada o de la contratista, ni tampoco existió entre la supuesta infracción y los resultados, una relación de causalidad, adoptando su representada todas las medidas requeridas para realizar las labores propias de su giro en un marco de seguridad, con políticas claras en cuanto a la forma de realizar los trabajos que se llevan a cabo en sus faenas, supervisando al empleador directo y constatando que también cumple con toda la normativa de seguridad vigente, indicando que de aceptar que el accidente se produjo del modo que relata la actora, se desprende que ésta realizó su labor en forma descuidada y por tanto la causa inmediata del accidente no es de responsabilidad de ninguna de las empresas demandadas, sino que de la propia trabajadora, quien en sus labores debía hacer uso de líquidos de limpieza, de los cuales ninguno provoca el efecto tan dañino que indica la actora en su demanda, y que en cuanto a no habérsele instruido el modo de llevar a cabo el procedimiento consistente en echar un líquido a un balde, no se puede exigir ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

al empleador ponerse en todas y cada una de las hipótesis de accidente que pueden ocurrir, ya que se espera que las personas tengan un mínimo de conocimiento general sobre cosas básicas, como las descritas por la actora, de modo que el accidente se debió única y exclusivamente a su imprudencia, quien por propia iniciativa y realizando incorrectamente un acto tan cotidiano como verter un líquido, se arrojó el desengrasante industrial de forma tan extraña y descuidada, que este habría caído por su pantalón y luego por el interior de su botín izquierdo, lo que significa que se encontraba distraída realizando sus labores, realizando así una acción insegura. Sin perjuicio de estimar que no le cabe responsabilidad en el accidente, controvierte la existencia y entidad de los perjuicios alegados por la actora, quien no indica por qué el daño moral debe estimarse en $ 60.000.000, tratándose de una suma antojadiza y arbitraria, sin fundamento real alguno, suma que además en su caso, deberá quedar sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente a él, como ocurre en la especie. CUARTO: Que con fecha 4 de noviembre de 2010, se celebró audiencia preparatoria, durante la cual se rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada solidaria, efectuándose luego sin éxito el llamado a conciliación, y fijando el Tribunal los hechos pacíficos y aquellos controvertidos respecto de los cuales debía recaer la prueba, ofreciendo las partes las probanzas que fueron incorporadas y observadas en la audiencia de juicio iniciada el día 6 de diciembre de 2010, la que debió ser suspendida atendida la falta de pruebas indispensables para la resolución del conflicto, continuando durante los días 27 y 30 de diciembre, y concluyendo con la citación a las partes, para el día 14 de enero de 2011 a las 15.30 horas, a fin de notificarse de la presente sentencia. QUINTO: Que atendido lo expuesto por las partes en sus libelos de demanda y contestación, se fijó como hecho pacífico el siguiente: que la demandada Kimberly Clark Chile S.A., fue informada por la contratista el día 20 de julio de 2010, de que la actora le habría mencionado que le había caído un poco de un producto en el pantalón. En tanto que se recibieron a prueba los siguientes hechos: la existencia de la relación laboral entre la demandante y la demandada Servicios de Aseos y Construcción Ltda., y en caso afirmativo, la fecha de inicio de la misma; remuneración pactada y efectivamente percibida por la demandante; labores para las cuales fue contratada la actora; efectividad de haber ocurrido los hechos en la forma relatada en la demanda el día 20 de julio de 2010 y que dicen relación con el accidente denunciado por la demandante, forma de ocurrencia, circunstancias de la misma y causas del accidente; efectividad que las demandadas habrían tomado todas las medidas necesarias para evitar eficazmente el accidente denunciado por la actora; efectividad que la demandante se habría expuesto en forma imprudente al accidente que denuncia; naturaleza, características, perjuicios y montos de los daños sufridos por la demandante; relación contractual que unió y/o une a las demandadas. SEXTO: Que a fin de acreditar sus alegaciones y defensas en relación a dichos hechos, las partes incorporaron las siguientes probanzas: a) Por la parte demandante: i. Documental consistente en: 1. Copia del contrato de trabajo celebrado entre la actora y Servicio de Aseo y Construcción Ltda., de fecha 19 de julio de 2010, mediante el cual esta se obliga a desempeñarse como auxiliar de aseo industrial en dependencias de Kimberly Clark Chile S.A., en la jornada y con la remuneración que se indica, contrato cuya vigencia se pactó hasta el 31 de agosto de 2010. 2. Liquidación de remuneraciones de la actora correspondiente al mes de julio de 2010, que da cuenta de 5 días trabajados y el pago de sueldo base por $ 15.927, más asignación de movilización. 3. Dato de atención primaria de urgencia emitido por SAPU de La Pincoya, que da cuenta del ingreso de la actora el día 20 de julio de 2010 a las 23:22 horas, indicando que se le cubrió con apósitos y se le envió a su Mutual, y como diagnóstico probable quemadura de pie izquierdo. 4. Documento denominado Indicaciones de Alta Hospitalaria, de fecha 19 de agosto de 2010, emitido a nombre de la actora, que contiene un listado de los medicamentos que debía consumir. 5. Ocho Boletines Informativos emitidos por el Centro de Atención Ambulatoria del Hospital del Trabajo de Santiago, de fecha 19, 24 y 31 de agosto, 7, 13 y 27 de septiembre, y 13 y 20 de octubre, todos de 2010, que contienen citaciones a controles, curaciones e indicaciones de tratamiento.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

al empleador ponerse en todas y cada una de las hipótesis de accidente que pueden ocurrir, ya que se espera que las personas tengan un mínimo de conocimiento general sobre cosas básicas, como las descritas por la actora, de modo que el accidente se debió única y exclusivamente a su imprudencia, quien por propia iniciativa y realizando incorrectamente un acto tan cotidiano como verter un líquido, se arrojó el desengrasante industrial de forma tan extraña y descuidada, que este habría caído por su pantalón y luego por el interior de su botín izquierdo, lo que significa que se encontraba distraída realizando sus labores, realizando así una acción insegura. Sin perjuicio de estimar que no le cabe responsabilidad en el accidente, controvierte la existencia y entidad de los perjuicios alegados por la actora, quien no indica por qué el daño moral debe estimarse en $ 60.000.000, tratándose de una suma antojadiza y arbitraria, sin fundamento real alguno, suma que además en su caso, deberá quedar sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente a él, como ocurre en la especie. CUARTO: Que con fecha 4 de noviembre de 2010, se celebró audiencia preparatoria, durante la cual se rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada solidaria, efectuándose luego sin éxito el llamado a conciliación, y fijando el Tribunal los hechos pacíficos y aquellos controvertidos respecto de los cuales debía recaer la prueba, ofreciendo las partes las probanzas que fueron incorporadas y observadas en la audiencia de juicio iniciada el día 6 de diciembre de 2010, la que debió ser suspendida atendida la falta de pruebas indispensables para la resolución del conflicto, continuando durante los días 27 y 30 de diciembre, y concluyendo con la citación a las partes, para el día 14 de enero de 2011 a las 15.30 horas, a fin de notificarse de la presente sentencia. QUINTO: Que atendido lo expuesto por las partes en sus libelos de demanda y contestación, se fijó como hecho pacífico el siguiente: que la demandada Kimberly Clark Chile S.A., fue informada por la contratista el día 20 de julio de 2010, de que la actora le habría mencionado que le había caído un poco de un producto en el pantalón. En tanto que se recibieron a prueba los siguientes hechos: la existencia de la relación laboral entre la demandante y la demandada Servicios de Aseos y Construcción Ltda., y en caso afirmativo, la fecha de inicio de la misma; remuneración pactada y efectivamente percibida por la demandante; labores para las cuales fue contratada la actora; efectividad de haber ocurrido los hechos en la forma relatada en la demanda el día 20 de julio de 2010 y que dicen relación con el accidente denunciado por la demandante, forma de ocurrencia, circunstancias de la misma y causas del accidente; efectividad que las demandadas habrían tomado todas las medidas necesarias para evitar eficazmente el accidente denunciado por la actora; efectividad que la demandante se habría expuesto en forma imprudente al accidente que denuncia; naturaleza, características, perjuicios y montos de los daños sufridos por la demandante; relación contractual que unió y/o une a las demandadas. SEXTO: Que a fin de acreditar sus alegaciones y defensas en relación a dichos hechos, las partes incorporaron las siguientes probanzas: a) Por la parte demandante: i. Documental consistente en: 1. Copia del contrato de trabajo celebrado entre la actora y Servicio de Aseo y Construcción Ltda., de fecha 19 de julio de 2010, mediante el cual esta se obliga a desempeñarse como auxiliar de aseo industrial en dependencias de Kimberly Clark Chile S.A., en la jornada y con la remuneración que se indica, contrato cuya vigencia se pactó hasta el 31 de agosto de 2010. 2. Liquidación de remuneraciones de la actora correspondiente al mes de julio de 2010, que da cuenta de 5 días trabajados y el pago de sueldo base por $ 15.927, más asignación de movilización. 3. Dato de atención primaria de urgencia emitido por SAPU de La Pincoya, que da cuenta del ingreso de la actora el día 20 de julio de 2010 a las 23:22 horas, indicando que se le cubrió con apósitos y se le envió a su Mutual, y como diagnóstico probable quemadura de pie izquierdo. 4. Documento denominado Indicaciones de Alta Hospitalaria, de fecha 19 de agosto de 2010, emitido a nombre de la actora, que contiene un listado de los medicamentos que debía consumir. 5. Ocho Boletines Informativos emitidos por el Centro de Atención Ambulatoria del Hospital del Trabajo de Santiago, de fecha 19, 24 y 31 de agosto, 7, 13 y 27 de septiembre, y 13 y 20 de octubre, todos de 2010, que contienen citaciones a controles, curaciones e indicaciones de tratamiento.

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6. Órden de Atención Terapia Física emitida por el Hospital del Trabajador, de fecha 13 de septiembre de 2010, que señala como diagnóstico Quemadura de extremidad inferior (Lesión Ppal) Exten. Mayor, e indica las sesiones de terapia física requeridas por la actora. 7. Carnet de citación de terapia física, en que constan cuatro citaciones de kinesiología efectuadas a la actora entre el 14 y 19 de octubre de 2010. 8. Carnet Kineactual, emitido por el Centro Kinésico de Kinesiología en Quemados y Cirugía Plástica, a nombre de la actora, en que constan cinco citaciones a control, entre los meses de septiembre y noviembre. 9. Set de seis fotografías que muestran las lesiones de la actora desde el momento del accidente, y la herida correspondiente al injerto, además de un CD que contiene las mismas imágenes. 10. Como otro medio de prueba, se incorporó además el zapato que usaba la actora al momento del accidente, en que se aprecia la corrosión que ha sufrido por dentro y por fuera a consecuencia de la acción del líquido que se vertió la actora. ii. Confesional rendida por don Jaime Cereceda Zúñiga, representante legal de la demandada Kimberly Clark Chile S.A., quien refirió haber conocido los hechos sólo una vez notificada la demanda y que la actora, según su contrato, era auxiliar de aseo, señala que la empresa entrega un reglamento a los contratistas y que se supervisa esporádicamente su cumplimiento en cuanto a las medidas de seguridad, no sabe si a la demandante se le hizo la inducción de seguridad, materia que es semestralmente supervisada por el prevencionista de riesgos de la empresa, añade que existe un libro de novedades donde las empresas dejan constancia de hechos relevantes, sin que se haya notado ahí nada relativo al accidente, y sin que ellos hayan declarado el accidente por no tratarse de su trabajadora, en cuanto a los elementos de aseo, estos los aporta el contratista. iii. Testimonial consistente en las declaraciones de Katherine Garrido Ortega, María Cristina González Flores y Sujey Carvajal González, siendo la primera compañera de trabajo de la actora el día del accidente, y las siguientes hermana e hija de la demandante, respectivamente. La primera relata los hechos de ese día, indicando que la actora manipulaba un desengrasante industrial, cayéndole el líquido en el pie, por lo que ella le dijo que se lavara, refiere que cuando ella ocupaba el líquido le quedaban las manos como arrugadas, y que al principio les daban guantes, pero, se habían quemado, añade que después de que la actora se lavó, siguió trabajando y al terminar el turno le ardía y le picaba el pie, comentándole al día siguiente que habían ido al SAPU porque el jefe le había dicho que no le correspondía, ya que sólo llevaba dos días, lo que según la testigo le escuchó al supervisor habría dicho don Patricio Achurra, sin que existiese capacitación, sino que las más antiguas le enseñaban a las más nuevas, luego precisa que el accidente se produjo cuando la demandante vertía líquido en un vaso para diluirlo en un balde con agua, estando inclinada, sin que avisaran al supervisor porque no iba todos los días y no encontraron el libro de novedades, señalando que cuando ella usaba el líquido ya diluido le causaba picazón y le quedaban como lisas. La segunda señala que su hermana le comentó del accidente, que un químico le cayó en su pie, quemándola, que su hermana sufría mucho dolor y que le contó que fue al SAPU, donde le hicieron curaciones y le dijeron que debía atenderse como accidente del trabajo, pero, negándose a ello su empleador, por lo que la testigo consultó en la Inspección del Trabajo, donde le dijeron que sí tenía derecho, y acompañó a la demandante a la AChS, siendo trasladada al Hospital del Trabajador, donde fue hospitalizada, sometida a operaciones y a un injerto, refiriendo que aún mantiene los dolores, que no puede trabajar, lo que ha significado que la hija de la actora haya debido hacerse cargo de sostener a la familia y que su apariencia física ha cambiado, debiendo usar ahora zapatos y ropa que cubran sus cicatrices, añade que no sabe exactamente qué líquido o qué cantidad se vertió su hermana. La tercera testigo, hija de la demandante, relató que el día del accidente su madre llegó a su casa con una irritación muy grande, por lo que ella la acompañó al SAPU, refiere que ese día usaba el botín agregado a autos y que se le exhibiera, el que está roto en el mismo lugar en que su madre tiene la herida, también depone sobre el modo en que se produjo el accidente, que el señor Patricio Achurra habría dicho a su madre que no le correspondía ir a la Mutual por llevar sólo dos días trabajando, por lo que se atendió en el Consultorio de La Pincoya, donde ella la acompañaba a diario a realizarse curaciones, hasta que finalmente su tía averiguó en la Inspección del Trabajo que sí podía ir a la Mutual, por

6. Órden de Atención Terapia Física emitida por el Hospital del Trabajador, de fecha 13 de septiembre de 2010, que señala como diagnóstico Quemadura de extremidad inferior (Lesión Ppal) Exten. Mayor, e indica las sesiones de terapia física requeridas por la actora. 7. Carnet de citación de terapia física, en que constan cuatro citaciones de kinesiología efectuadas a la actora entre el 14 y 19 de octubre de 2010. 8. Carnet Kineactual, emitido por el Centro Kinésico de Kinesiología en Quemados y Cirugía Plástica, a nombre de la actora, en que constan cinco citaciones a control, entre los meses de septiembre y noviembre. 9. Set de seis fotografías que muestran las lesiones de la actora desde el momento del accidente, y la herida correspondiente al injerto, además de un CD que contiene las mismas imágenes. 10. Como otro medio de prueba, se incorporó además el zapato que usaba la actora al momento del accidente, en que se aprecia la corrosión que ha sufrido por dentro y por fuera a consecuencia de la acción del líquido que se vertió la actora. ii. Confesional rendida por don Jaime Cereceda Zúñiga, representante legal de la demandada Kimberly Clark Chile S.A., quien refirió haber conocido los hechos sólo una vez notificada la demanda y que la actora, según su contrato, era auxiliar de aseo, señala que la empresa entrega un reglamento a los contratistas y que se supervisa esporádicamente su cumplimiento en cuanto a las medidas de seguridad, no sabe si a la demandante se le hizo la inducción de seguridad, materia que es semestralmente supervisada por el prevencionista de riesgos de la empresa, añade que existe un libro de novedades donde las empresas dejan constancia de hechos relevantes, sin que se haya notado ahí nada relativo al accidente, y sin que ellos hayan declarado el accidente por no tratarse de su trabajadora, en cuanto a los elementos de aseo, estos los aporta el contratista. iii. Testimonial consistente en las declaraciones de Katherine Garrido Ortega, María Cristina González Flores y Sujey Carvajal González, siendo la primera compañera de trabajo de la actora el día del accidente, y las siguientes hermana e hija de la demandante, respectivamente. La primera relata los hechos de ese día, indicando que la actora manipulaba un desengrasante industrial, cayéndole el líquido en el pie, por lo que ella le dijo que se lavara, refiere que cuando ella ocupaba el líquido le quedaban las manos como arrugadas, y que al principio les daban guantes, pero, se habían quemado, añade que después de que la actora se lavó, siguió trabajando y al terminar el turno le ardía y le picaba el pie, comentándole al día siguiente que habían ido al SAPU porque el jefe le había dicho que no le correspondía, ya que sólo llevaba dos días, lo que según la testigo le escuchó al supervisor habría dicho don Patricio Achurra, sin que existiese capacitación, sino que las más antiguas le enseñaban a las más nuevas, luego precisa que el accidente se produjo cuando la demandante vertía líquido en un vaso para diluirlo en un balde con agua, estando inclinada, sin que avisaran al supervisor porque no iba todos los días y no encontraron el libro de novedades, señalando que cuando ella usaba el líquido ya diluido le causaba picazón y le quedaban como lisas. La segunda señala que su hermana le comentó del accidente, que un químico le cayó en su pie, quemándola, que su hermana sufría mucho dolor y que le contó que fue al SAPU, donde le hicieron curaciones y le dijeron que debía atenderse como accidente del trabajo, pero, negándose a ello su empleador, por lo que la testigo consultó en la Inspección del Trabajo, donde le dijeron que sí tenía derecho, y acompañó a la demandante a la AChS, siendo trasladada al Hospital del Trabajador, donde fue hospitalizada, sometida a operaciones y a un injerto, refiriendo que aún mantiene los dolores, que no puede trabajar, lo que ha significado que la hija de la actora haya debido hacerse cargo de sostener a la familia y que su apariencia física ha cambiado, debiendo usar ahora zapatos y ropa que cubran sus cicatrices, añade que no sabe exactamente qué líquido o qué cantidad se vertió su hermana. La tercera testigo, hija de la demandante, relató que el día del accidente su madre llegó a su casa con una irritación muy grande, por lo que ella la acompañó al SAPU, refiere que ese día usaba el botín agregado a autos y que se le exhibiera, el que está roto en el mismo lugar en que su madre tiene la herida, también depone sobre el modo en que se produjo el accidente, que el señor Patricio Achurra habría dicho a su madre que no le correspondía ir a la Mutual por llevar sólo dos días trabajando, por lo que se atendió en el Consultorio de La Pincoya, donde ella la acompañaba a diario a realizarse curaciones, hasta que finalmente su tía averiguó en la Inspección del Trabajo que sí podía ir a la Mutual, por ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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lo que al día siguiente la llevaron a la AChS, siendo hospitalizada, operada y realizándosele un injerto, continuando luego con terapias y medicamento, indicando que el accidente ha afectado a su madre quien ahora se avergüenza de mostrar su pie, además de impedirle trabajar, por lo que la testigo, quien es estudiante refiere haber tenido que asumir esa obligación, trabajando durante los fines de semana, luego añade que no conoce mayormente los detalles del accidente, relatando la versión de este que le comentó su madre. iv. Además de lo anterior, la parte solicitó a ambas demandadas, exhibir los siguientes documentos: 1. Copia de la declaración de accidente del trabajo. Efectivamente exhibido por las demandadas. 2. Informe de investigación del comité paritario de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada Servicio de Aseo y Construcción Ltda., y de Kimberly Clark Chile S.A. No fue exhibido informando ambas empresas que no tienen Comité Paritario, atendido el número de trabajadores de cada una, que los exime de dicha obligación. 3. Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, con su respectiva constancia y presentación ante la SEREMI de Salud, Inspección del Trabajo correspondiente y con comprobante de su entrega firmado por la actora, por la demandada Servicio de Aseo y Construcción Ltda. Exhibiendo ambas demandadas el reglamente de la demandada principal. 4. Procedimiento escrito en que conste detalladamente la labor específica que debía realizar la actora como auxiliar de aseo industrial al momento del accidente del trabajo, debidamente firmada por la demandante y la inducción al respecto también firmada por la demandante. El que no fuera exhibido, indicando la demandada principal que no consta por escrito y la solidaria que no cuentan con dicho procedimiento por tratarse de una obligación del empleador directo. 5. Derecho a saber de los riesgos de su labor en virtud del artículo 21 del decreto supremo número 40, específicamente respecto de los elementos, productos o sustancias que debía utilizar la actora en su función de auxiliar de aseo industrial y las fórmulas, sinónimos, aspecto y olor, la exposición permisible de esos productos, peligros para la salud y las medidas de control y prevención que debían adoptar para evitar tales riesgos. Documento que tampoco fue exhibido, indicando la demandada principal que se logró obtener ya que la trabajadora estuvo sólo cinco días, reiterando la solidaria sus dichos en cuanto a que ello sería obligación del empleador directo. 6. Comprobante de entrega de elementos de protección personal, entregados a la actora para desarrollar la labor de auxiliar de aseo industrial debidamente suscrita por la actora. Documento que no fue exhibido, reiterando las demandadas los mismos argumentos precedentemente expuestos. v. Asimismo, la parte solicitó se despachasen los siguientes oficios: 1. A la A.CH.S., quien remitió informe médico N° 378 11 10, relativo a la actora, que señala como diagnóstico Quemadura de tercer grado al dorso del pie y tobillo izquierdos, como tiempo de hospitalización desde el 28 de julio al 19 de agosto de 2010, y como tratamientos la realización de aseos quirúrgicos de la lesión y cobertura con injerto epidérmico, además de tratamiento de rehabilitación posterior, indicando que en la ficha clínica no se comenta limitación funcional del segmento, existiendo una secuela estética producto de la lesión; se remite además el informe técnico del accidente, que señala como causa del mismo manipulación inapropiada del producto al dosificar con la tapa cercano al cuerpo, situación que permite que el derrame tome contacto con la piel de la trabajadora, proponiendo las medidas preventivas y correctivas a ser llevadas a cabo por la empresa; asimismo se incluye copia del dato de atención de urgencia, ficha técnica del desengrasante supuestamente utilizado por la trabajadora, contrato de trabajo, declaración de la afectada y la ficha médica, entre otros documentos. 2. A la SEREMI de Salud, organismo que informó no haber encontrado antecedentes que digan relación con la denuncia o investigación el accidente por su parte; misma información que remitió la Inspección del Trabajo, requerida en igual sentido. 3. Al consultorio de La Pincoya, el que remitió copia de la ficha clínica, incluyendo los antecedentes relativos a la historia y evolución clínica de la actora, donde constan las atenciones recibidas, médicos de la atención de la actora y señale si le fue otorgada licencia médica. vi. Peritajes: La parte incorporó una pericia médica, realizada por la médico cirujano doña Edda Dresdner, quien concluyó que la actora sufrió un accidente por quemadura en su antepié izquierdo

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lo que al día siguiente la llevaron a la AChS, siendo hospitalizada, operada y realizándosele un injerto, continuando luego con terapias y medicamento, indicando que el accidente ha afectado a su madre quien ahora se avergüenza de mostrar su pie, además de impedirle trabajar, por lo que la testigo, quien es estudiante refiere haber tenido que asumir esa obligación, trabajando durante los fines de semana, luego añade que no conoce mayormente los detalles del accidente, relatando la versión de este que le comentó su madre. iv. Además de lo anterior, la parte solicitó a ambas demandadas, exhibir los siguientes documentos: 1. Copia de la declaración de accidente del trabajo. Efectivamente exhibido por las demandadas. 2. Informe de investigación del comité paritario de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada Servicio de Aseo y Construcción Ltda., y de Kimberly Clark Chile S.A. No fue exhibido informando ambas empresas que no tienen Comité Paritario, atendido el número de trabajadores de cada una, que los exime de dicha obligación. 3. Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, con su respectiva constancia y presentación ante la SEREMI de Salud, Inspección del Trabajo correspondiente y con comprobante de su entrega firmado por la actora, por la demandada Servicio de Aseo y Construcción Ltda. Exhibiendo ambas demandadas el reglamente de la demandada principal. 4. Procedimiento escrito en que conste detalladamente la labor específica que debía realizar la actora como auxiliar de aseo industrial al momento del accidente del trabajo, debidamente firmada por la demandante y la inducción al respecto también firmada por la demandante. El que no fuera exhibido, indicando la demandada principal que no consta por escrito y la solidaria que no cuentan con dicho procedimiento por tratarse de una obligación del empleador directo. 5. Derecho a saber de los riesgos de su labor en virtud del artículo 21 del decreto supremo número 40, específicamente respecto de los elementos, productos o sustancias que debía utilizar la actora en su función de auxiliar de aseo industrial y las fórmulas, sinónimos, aspecto y olor, la exposición permisible de esos productos, peligros para la salud y las medidas de control y prevención que debían adoptar para evitar tales riesgos. Documento que tampoco fue exhibido, indicando la demandada principal que se logró obtener ya que la trabajadora estuvo sólo cinco días, reiterando la solidaria sus dichos en cuanto a que ello sería obligación del empleador directo. 6. Comprobante de entrega de elementos de protección personal, entregados a la actora para desarrollar la labor de auxiliar de aseo industrial debidamente suscrita por la actora. Documento que no fue exhibido, reiterando las demandadas los mismos argumentos precedentemente expuestos. v. Asimismo, la parte solicitó se despachasen los siguientes oficios: 1. A la A.CH.S., quien remitió informe médico N° 378 11 10, relativo a la actora, que señala como diagnóstico Quemadura de tercer grado al dorso del pie y tobillo izquierdos, como tiempo de hospitalización desde el 28 de julio al 19 de agosto de 2010, y como tratamientos la realización de aseos quirúrgicos de la lesión y cobertura con injerto epidérmico, además de tratamiento de rehabilitación posterior, indicando que en la ficha clínica no se comenta limitación funcional del segmento, existiendo una secuela estética producto de la lesión; se remite además el informe técnico del accidente, que señala como causa del mismo manipulación inapropiada del producto al dosificar con la tapa cercano al cuerpo, situación que permite que el derrame tome contacto con la piel de la trabajadora, proponiendo las medidas preventivas y correctivas a ser llevadas a cabo por la empresa; asimismo se incluye copia del dato de atención de urgencia, ficha técnica del desengrasante supuestamente utilizado por la trabajadora, contrato de trabajo, declaración de la afectada y la ficha médica, entre otros documentos. 2. A la SEREMI de Salud, organismo que informó no haber encontrado antecedentes que digan relación con la denuncia o investigación el accidente por su parte; misma información que remitió la Inspección del Trabajo, requerida en igual sentido. 3. Al consultorio de La Pincoya, el que remitió copia de la ficha clínica, incluyendo los antecedentes relativos a la historia y evolución clínica de la actora, donde constan las atenciones recibidas, médicos de la atención de la actora y señale si le fue otorgada licencia médica. vi. Peritajes: La parte incorporó una pericia médica, realizada por la médico cirujano doña Edda Dresdner, quien concluyó que la actora sufrió un accidente por quemadura en su antepié izquierdo

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hacia el maléolo (tobillo) externo el 20 de julio de 2010. Esta quemadura evolucionó hacia una forma grave, que comprometió planos superficiales y productos de los tejidos. Requirió de tratamiento especializado prolongado, con médicos cirujanos plásticos, en condición de hospitalizada en el Hospital del Trabajador de Santiago, en donde se le practicaron varios aseos quirúrgicos, auto injerto de piel y derivación a rehabilitación kinesioterapéutica pre y post alta. Esta hospitalización ocurrió entre el 28 de julio y el 19 de agosto de 2010. (23 días). Luego se refiere a las diversas secuelas estéticas, psicológicas y funcionales derivadas del accidente, estimando que no es posible la recuperación total, ya que no se podrá restituir ad integrum la funcionalidad del pie izquierdo. En la audiencia la perito informó acerca de la metodología empleada, los antecedentes que tuvo a la vista y las pruebas o exámenes practicados, reiterando que en su opinión el desengrasante industrial que refiere la actora sí pudo causar la lesión que corresponde a una quemadura causada por álcali, descartando que el accidente se pueda haber producido por contacto con un producto de aseo de hogar atendida la menor concentración de estos productos, y explicando que las consecuencias de la lesión y su estado actual, dicen relación principalmente con la falta de atención oportuna especializada. vii. La parte demandante solicitó prestase declaración la demandante, a lo que se accedió, siendo esta interrogada por su apoderado luego de prestar la confesión solicitada por la demandada, oportunidad en que agregó que no le dio charla de inducción, capacitación, información sobre los riesgos, ni sobre los productos que usaba, sin entregarle reglamento interno, ni elementos de protección personal, exhibe el estado actual de su pie, apreciándose en su parte superior una cicatriz del tamaño de un puño, aproximadamente, sin que actualmente esté trabajando, y habiendo recibido sólo el pago de las remuneraciones de la semana trabajada y recientemente, aproximadamente, 84 días de subsidio por licencia médica. b) La demandada principal: no ofreció ni incorporó prueba alguna. c) En tanto que por la demandada solidaria se incorporó: i. Documental, consistente en: 1. Reglamento interno para contratistas, con comprobante de recepción por la empresa Servicio de Aseo y Construcción Ltda., de fecha 14 de enero de 2009, que regula las responsabilidades y obligaciones de los contratistas en materia de seguridad y prevención de accidentes. 2. Copia de procedimiento de seguridad de la empresa para contratistas y sub contratistas. 3. Registro de asistencia del mes de julio de la actora, donde consta que trabajó desde el 19 de julio al 24 de julio, cumpliendo su jornada habitual. 4. Copia de catálogo que describe el desengrasante WK 093, producto que la actora habría utilizado para limpiar, además de descripción realizada por la empresa Winkler que indica que no es inflamable, no contiene solventes clorados no abrasivos, y que contiene las siguientes indicaciones de: En caso de ingestión, beber abundante agua. En caso de contacto de piel y los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos. Si el malestar persiste, acudir al médico; y certificado de seguridad de la empresa Winkler, que indica que los productos cuentan con indicaciones de seguridad en sus etiquetas para facilitar su manipulación. 5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, respecto de la empresa Servicio de Aseo y Construcción Ltda., relativo al período julio de 2010. 6. Copia de denuncia individual de accidente del trabajo realizada por Servicio de Aseo y Construcción Ltda., el día 02 de agosto de 2010, donde se indica la actora manipulaba un desengrasante industrial, cayéndole este y provocándole una quemadura en el pie. ii. Confesional prestada por la demandante, quien explica en detalle el modo en que ocurre el accidente, mientras vertía el líquido en un vaso para luego diluirlo en un balde con agua, lo que hacía estando de cuclillas, cuando le cae un poco en la pierna, aproximadamente el equivalente a dos cucharas soperas, escurriendo hasta su botín y entrando en su pie izquierdo, entonces por instrucción de una compañera se lavó, enjuagando el calcetín que luego se volvió a poner para seguir trabajando, al llegar a su casa se volvió a limpiar y fue al SAPU, donde le hicieron curaciones, las que luego siguió recibiendo en el consultorio, luego de que al llamar a la empresa para avisar del accidente el señor Achurra le dijera que no tenía derecho a atención médica por llevar sólo dos días, y aclara que el día del accidente no

hacia el maléolo (tobillo) externo el 20 de julio de 2010. Esta quemadura evolucionó hacia una forma grave, que comprometió planos superficiales y productos de los tejidos. Requirió de tratamiento especializado prolongado, con médicos cirujanos plásticos, en condición de hospitalizada en el Hospital del Trabajador de Santiago, en donde se le practicaron varios aseos quirúrgicos, auto injerto de piel y derivación a rehabilitación kinesioterapéutica pre y post alta. Esta hospitalización ocurrió entre el 28 de julio y el 19 de agosto de 2010. (23 días). Luego se refiere a las diversas secuelas estéticas, psicológicas y funcionales derivadas del accidente, estimando que no es posible la recuperación total, ya que no se podrá restituir ad integrum la funcionalidad del pie izquierdo. En la audiencia la perito informó acerca de la metodología empleada, los antecedentes que tuvo a la vista y las pruebas o exámenes practicados, reiterando que en su opinión el desengrasante industrial que refiere la actora sí pudo causar la lesión que corresponde a una quemadura causada por álcali, descartando que el accidente se pueda haber producido por contacto con un producto de aseo de hogar atendida la menor concentración de estos productos, y explicando que las consecuencias de la lesión y su estado actual, dicen relación principalmente con la falta de atención oportuna especializada. vii. La parte demandante solicitó prestase declaración la demandante, a lo que se accedió, siendo esta interrogada por su apoderado luego de prestar la confesión solicitada por la demandada, oportunidad en que agregó que no le dio charla de inducción, capacitación, información sobre los riesgos, ni sobre los productos que usaba, sin entregarle reglamento interno, ni elementos de protección personal, exhibe el estado actual de su pie, apreciándose en su parte superior una cicatriz del tamaño de un puño, aproximadamente, sin que actualmente esté trabajando, y habiendo recibido sólo el pago de las remuneraciones de la semana trabajada y recientemente, aproximadamente, 84 días de subsidio por licencia médica. b) La demandada principal: no ofreció ni incorporó prueba alguna. c) En tanto que por la demandada solidaria se incorporó: i. Documental, consistente en: 1. Reglamento interno para contratistas, con comprobante de recepción por la empresa Servicio de Aseo y Construcción Ltda., de fecha 14 de enero de 2009, que regula las responsabilidades y obligaciones de los contratistas en materia de seguridad y prevención de accidentes. 2. Copia de procedimiento de seguridad de la empresa para contratistas y sub contratistas. 3. Registro de asistencia del mes de julio de la actora, donde consta que trabajó desde el 19 de julio al 24 de julio, cumpliendo su jornada habitual. 4. Copia de catálogo que describe el desengrasante WK 093, producto que la actora habría utilizado para limpiar, además de descripción realizada por la empresa Winkler que indica que no es inflamable, no contiene solventes clorados no abrasivos, y que contiene las siguientes indicaciones de: En caso de ingestión, beber abundante agua. En caso de contacto de piel y los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos. Si el malestar persiste, acudir al médico; y certificado de seguridad de la empresa Winkler, que indica que los productos cuentan con indicaciones de seguridad en sus etiquetas para facilitar su manipulación. 5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, respecto de la empresa Servicio de Aseo y Construcción Ltda., relativo al período julio de 2010. 6. Copia de denuncia individual de accidente del trabajo realizada por Servicio de Aseo y Construcción Ltda., el día 02 de agosto de 2010, donde se indica la actora manipulaba un desengrasante industrial, cayéndole este y provocándole una quemadura en el pie. ii. Confesional prestada por la demandante, quien explica en detalle el modo en que ocurre el accidente, mientras vertía el líquido en un vaso para luego diluirlo en un balde con agua, lo que hacía estando de cuclillas, cuando le cae un poco en la pierna, aproximadamente el equivalente a dos cucharas soperas, escurriendo hasta su botín y entrando en su pie izquierdo, entonces por instrucción de una compañera se lavó, enjuagando el calcetín que luego se volvió a poner para seguir trabajando, al llegar a su casa se volvió a limpiar y fue al SAPU, donde le hicieron curaciones, las que luego siguió recibiendo en el consultorio, luego de que al llamar a la empresa para avisar del accidente el señor Achurra le dijera que no tenía derecho a atención médica por llevar sólo dos días, y aclara que el día del accidente no ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

dejó constancia en el libro de novedades porque no lo encontraron ese día ni después, ni ver tampoco al supervisor. iii. Testimonial, consistente en las declaraciones de Enrique Montes Gallegos, Patricio Achurra Lamour, Haydée Hernández Saavedra y Verónica Durán Quezada. El primero de los testigos, supervisor de la demandada, señala cuales eran los elementos con que trabajaban la actora y sus compañeras, todos de marca Winkler, y que la inducción consistía en explicarles el uso de cada uno, explicación que la actora recibió de parte del gerente Mauricio Meza, señala que el uniforme que se entrega incluye guantes de látex, señala que sólo se enteró del accidente el día 26 de julio, cuando llegó otra trabajadora en reemplazo de la actora, quien le contó del accidente, añadiendo que va aproximadamente día por medio a cada instalación, y que esa semana había ido lunes, miércoles y viernes, sin que se le informase, ni constase en el libro de novedades, estimando que él debió haber visto a la trabajadora, y que una vez tomado conocimiento del accidente se dieron las facilidades para que la actora tuviese asistencia médica. El segundo testigo, jefe de personal de la demandada, señala no conocer a la demandante, aunque sabe cuáles eran sus funciones y donde las ejercía, señala que se les entrega uniforme y guantes, y que él envió el contrato de la actora a la instalación para que lo firmase, y que se enteró del accidente el 26 de julio, mediante un llamado de la Inspección del Trabajo, en que consultaban acerca del motivo por el cual se había prohibido a la actora el acceso a prestaciones de salud, refiere que el accidente ocurrió el día 20 de julio, y que la actora trabajó hasta ese sábado, cree que hizo la declaración de accidente el día 28 de julio, refiere que Mauricio Meza hace las inducciones y que hay un solo supervisor quien rota entre las distintas instalaciones. La tercera testigo se desempeña como auxiliar de aseo en Kimberly Clark, explica en qué consiste la labor y los productos que usa, señalando que a ella le entregaban guantes, pero, le era más cómodo trabajar sin ellos y que lo único que le ocurría es que se le ponían las manos muy suaves y al día siguiente se le caía una capa de cueritos, pero, que no se le inflama ni le duele, señala que nunca se enteró del accidente, aunque aclara que su jornada es de 08:00 a 18:00 horas, sin conocer a los trabajadores externos de la tarde. La última testigo es encargada de servicios internos de Kimberly Clark, siendo quien se relacionaba con los proveedores, entre ellos, la demandada principal, debiendo verificar que realizara el aseo, señalando que el contacto con las trabajadoras era un cuaderno que dejaba, donde estas anotaban cualquier dificultad que presentasen, sin saber nada del accidente, pese a la existencia del cuaderno y a que ve casi a diario al supervisor, añadiendo que la entrega de elementos de protección personal era de responsabilidad del empleador y que lo que ellos supervisaran era que el servicio se cumpliera. iv. La parte también incorporó un peritaje médico, evacuado por el médico cirujano Luis Ravanal, quien concluyó que la lesión de la actora posee características semejantes a aquellas observadas en casos de quemaduras por sustancias cáusticas alcalinas, siendo posible que se trate de una lesión de naturaleza accidental originada por la exposición y contacto directo con una sustancia química altamente alcalina, siendo posible incluir al desengrasante WK 093 como posible agente causante, aunque no existe confirmación de que esa haya sido precisamente la sustancia causante del daño, añade que la afectada se expuso en forma reiterada al riesgo de lesión, al entrar en dos ocasiones en contacto con el desengrasante, durante el derrame y luego al vestirse, siendo la segunda exposición de mayor riesgo, por su prolongación, que no ha sido posible determinar si la afectada usaba guantes u otros elementos de protección personal, o si había sido suficientemente informada de los riesgos a los que se exponía, sin que el uniforme de trabajo impidiese el contacto de la piel con sustancias líquidas, protegiéndola contra líquidos cáusticos en caso de derrame, estimando que la lesión no es invalidante en forma permanente, pero, sí estéticamente deformante, y sin que importe limitaciones funcionales. Conclusiones que el profesional ratificó en audiencia. v. Por último, la parte requirió oficiar a la A.CH.S., remitiéndose el oficio ya señalado. SÉPTIMO: Que en primer término la prueba incorporada a autos, permite tener suficientemente acreditado que la actora celebró un contrato de trabajo con la demandada principal, el día 19 de julio de 2010, para prestar servicios como auxiliar de aseo en las instalaciones de la mandante Kimberly Clark Chile S.A., en una jornada lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 ho-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

dejó constancia en el libro de novedades porque no lo encontraron ese día ni después, ni ver tampoco al supervisor. iii. Testimonial, consistente en las declaraciones de Enrique Montes Gallegos, Patricio Achurra Lamour, Haydée Hernández Saavedra y Verónica Durán Quezada. El primero de los testigos, supervisor de la demandada, señala cuales eran los elementos con que trabajaban la actora y sus compañeras, todos de marca Winkler, y que la inducción consistía en explicarles el uso de cada uno, explicación que la actora recibió de parte del gerente Mauricio Meza, señala que el uniforme que se entrega incluye guantes de látex, señala que sólo se enteró del accidente el día 26 de julio, cuando llegó otra trabajadora en reemplazo de la actora, quien le contó del accidente, añadiendo que va aproximadamente día por medio a cada instalación, y que esa semana había ido lunes, miércoles y viernes, sin que se le informase, ni constase en el libro de novedades, estimando que él debió haber visto a la trabajadora, y que una vez tomado conocimiento del accidente se dieron las facilidades para que la actora tuviese asistencia médica. El segundo testigo, jefe de personal de la demandada, señala no conocer a la demandante, aunque sabe cuáles eran sus funciones y donde las ejercía, señala que se les entrega uniforme y guantes, y que él envió el contrato de la actora a la instalación para que lo firmase, y que se enteró del accidente el 26 de julio, mediante un llamado de la Inspección del Trabajo, en que consultaban acerca del motivo por el cual se había prohibido a la actora el acceso a prestaciones de salud, refiere que el accidente ocurrió el día 20 de julio, y que la actora trabajó hasta ese sábado, cree que hizo la declaración de accidente el día 28 de julio, refiere que Mauricio Meza hace las inducciones y que hay un solo supervisor quien rota entre las distintas instalaciones. La tercera testigo se desempeña como auxiliar de aseo en Kimberly Clark, explica en qué consiste la labor y los productos que usa, señalando que a ella le entregaban guantes, pero, le era más cómodo trabajar sin ellos y que lo único que le ocurría es que se le ponían las manos muy suaves y al día siguiente se le caía una capa de cueritos, pero, que no se le inflama ni le duele, señala que nunca se enteró del accidente, aunque aclara que su jornada es de 08:00 a 18:00 horas, sin conocer a los trabajadores externos de la tarde. La última testigo es encargada de servicios internos de Kimberly Clark, siendo quien se relacionaba con los proveedores, entre ellos, la demandada principal, debiendo verificar que realizara el aseo, señalando que el contacto con las trabajadoras era un cuaderno que dejaba, donde estas anotaban cualquier dificultad que presentasen, sin saber nada del accidente, pese a la existencia del cuaderno y a que ve casi a diario al supervisor, añadiendo que la entrega de elementos de protección personal era de responsabilidad del empleador y que lo que ellos supervisaran era que el servicio se cumpliera. iv. La parte también incorporó un peritaje médico, evacuado por el médico cirujano Luis Ravanal, quien concluyó que la lesión de la actora posee características semejantes a aquellas observadas en casos de quemaduras por sustancias cáusticas alcalinas, siendo posible que se trate de una lesión de naturaleza accidental originada por la exposición y contacto directo con una sustancia química altamente alcalina, siendo posible incluir al desengrasante WK 093 como posible agente causante, aunque no existe confirmación de que esa haya sido precisamente la sustancia causante del daño, añade que la afectada se expuso en forma reiterada al riesgo de lesión, al entrar en dos ocasiones en contacto con el desengrasante, durante el derrame y luego al vestirse, siendo la segunda exposición de mayor riesgo, por su prolongación, que no ha sido posible determinar si la afectada usaba guantes u otros elementos de protección personal, o si había sido suficientemente informada de los riesgos a los que se exponía, sin que el uniforme de trabajo impidiese el contacto de la piel con sustancias líquidas, protegiéndola contra líquidos cáusticos en caso de derrame, estimando que la lesión no es invalidante en forma permanente, pero, sí estéticamente deformante, y sin que importe limitaciones funcionales. Conclusiones que el profesional ratificó en audiencia. v. Por último, la parte requirió oficiar a la A.CH.S., remitiéndose el oficio ya señalado. SÉPTIMO: Que en primer término la prueba incorporada a autos, permite tener suficientemente acreditado que la actora celebró un contrato de trabajo con la demandada principal, el día 19 de julio de 2010, para prestar servicios como auxiliar de aseo en las instalaciones de la mandante Kimberly Clark Chile S.A., en una jornada lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 ho-

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ras, contrato de trabajo que impone a la demandada principal el deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. OCTAVO: Que por otra parte también se tendrá como suficientemente acreditada la existencia del accidente de trabajo sufrido por la actora el día 20 de julio de 2010, lo anterior en base a la propia declaración individual de accidente efectuada por el empleador de la demandante el día 2 de agosto de 2010 y la calificación efectuada por el Hospital del Trabajador y las demás instituciones de salud previstas en la ley Nº 16.744, que otorgaron las atenciones previstas en dicho cuerpo legal, reservadas a los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, a la actora; y además, porque sin perjuicio de que la demandada solidaria planteé en su contestación de la demanda, la hipótesis de que la actora se pudo haber accidentado en su casa, esta debe ser descartada, ya que consta del registro de asistencia que allega la parte que la actora ese día trabajó hasta las 22:00 horas y según el dato de atención de urgencia, se presentó en el SAPU a las 23:22 horas, con una quemadura en el pie, estando contestes los dos peritos que deponen en autos en que la quemadura es atribuible sólo a un álcali, descartando que se trate de una quemadura por otros elementos como agua o fuego, descartando además la perito presentada por la demandante que los utensilios de aseo que se emplean en el hogar posean una alcalinidad tal como para poder causar semejante lesión, en tanto que el perito de la demandada solidaria, refiere que sí existe un elemento de aseo casero que podría causar tales lesiones, cual es, el limpiador de horno, sin embargo, resulta muy poco probable, plausible o lógico, además de no resultar sostenido por probanza alguna, que la trabajadora luego de regresar a su hogar después de las 22:00 horas, hora a la que concluyó su jornada, comenzase a limpiar el horno, y tuviere aún tiempo de accidentarse y trasladarse al SAPU, llegando a la hora ya señalada. Por lo expuesto, se tendrá como suficientemente acreditado que la actora sufrió un accidente laboral, el día 20 de julio de 2010, durante la jornada de trabajo, en circunstancias que la actora intentaba diluir un limpiador industrial (sea el desengrasante WK 093 u otro similar), cayéndole un poco de este, en estado concentrado, en su pierna, escurriendo hasta entrar por su zapato a su pie izquierdo, causándole una lesión que ha sido diagnosticada como Quemadura de tercer grado al dorso del pie y tobillo izquierdos, según consta del oficio remitido por la Asociación Chilena de Seguridad, que ha requerido de diversas intervenciones médicas, entre ellas un injerto, lesiones que a la fecha, pese al tiempo transcurrido del accidente, se advierten a través de las cicatrices exhibidas por la actora al Tribunal durante la audiencia de juicio. NOVENO: Que acreditada la existencia del accidente del trabajo, corresponde a continuación analizar si cabe alguna responsabilidad a la demandada principal en los daños que la actora demanda a consecuencia del accidente, responsabilidad que la demandante funda en el incumplimiento al deber de seguridad ya descrito, pudiendo considerar a estos efectos, que de acuerdo al relato que hacen los testigos y los peritos del accidente y sus consecuencias, es posible dividirlo en dos partes, siendo la primera el derrame inicial de líquido, que oportunamente atendido pudo tener consecuencias muy menores, y luego la secuencia de hechos y acciones que llevan al agravamiento de la lesión, que llegó a requerir de operaciones e incluso injertos. Que en cuanto a la primera acción consistente en el derrame de líquido, cabe tener presente que si bien ese derrame corresponde claramente a un hecho casual e imprevisto, y por ello no imputable a la demandada, igualmente desde esa primera etapa se advierten los siguientes incumplimientos de parte del empleador: No consta que la demandada hubiere informado a la trabajadora de los posibles riesgos que importaban sus labores ni que la hubiere capacitado respecto al modo de desarrollar su labor o sobre los procedimientos de seguridad que debían ser adoptados en caso de ocurrir un accidente, incumpliendo así lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código del Trabajo, además de diversas normas, entre ellas el artículo 21 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, DS N° 40 de 1969. En efecto, la demandada requerida a exhibirlos, no pudo, por no contar con ellos, exhibir en audiencia el documento mediante el cual cumplía con esta obligación de informar a la trabajadora sobre los riesgos, ni

ras, contrato de trabajo que impone a la demandada principal el deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. OCTAVO: Que por otra parte también se tendrá como suficientemente acreditada la existencia del accidente de trabajo sufrido por la actora el día 20 de julio de 2010, lo anterior en base a la propia declaración individual de accidente efectuada por el empleador de la demandante el día 2 de agosto de 2010 y la calificación efectuada por el Hospital del Trabajador y las demás instituciones de salud previstas en la ley Nº 16.744, que otorgaron las atenciones previstas en dicho cuerpo legal, reservadas a los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, a la actora; y además, porque sin perjuicio de que la demandada solidaria planteé en su contestación de la demanda, la hipótesis de que la actora se pudo haber accidentado en su casa, esta debe ser descartada, ya que consta del registro de asistencia que allega la parte que la actora ese día trabajó hasta las 22:00 horas y según el dato de atención de urgencia, se presentó en el SAPU a las 23:22 horas, con una quemadura en el pie, estando contestes los dos peritos que deponen en autos en que la quemadura es atribuible sólo a un álcali, descartando que se trate de una quemadura por otros elementos como agua o fuego, descartando además la perito presentada por la demandante que los utensilios de aseo que se emplean en el hogar posean una alcalinidad tal como para poder causar semejante lesión, en tanto que el perito de la demandada solidaria, refiere que sí existe un elemento de aseo casero que podría causar tales lesiones, cual es, el limpiador de horno, sin embargo, resulta muy poco probable, plausible o lógico, además de no resultar sostenido por probanza alguna, que la trabajadora luego de regresar a su hogar después de las 22:00 horas, hora a la que concluyó su jornada, comenzase a limpiar el horno, y tuviere aún tiempo de accidentarse y trasladarse al SAPU, llegando a la hora ya señalada. Por lo expuesto, se tendrá como suficientemente acreditado que la actora sufrió un accidente laboral, el día 20 de julio de 2010, durante la jornada de trabajo, en circunstancias que la actora intentaba diluir un limpiador industrial (sea el desengrasante WK 093 u otro similar), cayéndole un poco de este, en estado concentrado, en su pierna, escurriendo hasta entrar por su zapato a su pie izquierdo, causándole una lesión que ha sido diagnosticada como Quemadura de tercer grado al dorso del pie y tobillo izquierdos, según consta del oficio remitido por la Asociación Chilena de Seguridad, que ha requerido de diversas intervenciones médicas, entre ellas un injerto, lesiones que a la fecha, pese al tiempo transcurrido del accidente, se advierten a través de las cicatrices exhibidas por la actora al Tribunal durante la audiencia de juicio. NOVENO: Que acreditada la existencia del accidente del trabajo, corresponde a continuación analizar si cabe alguna responsabilidad a la demandada principal en los daños que la actora demanda a consecuencia del accidente, responsabilidad que la demandante funda en el incumplimiento al deber de seguridad ya descrito, pudiendo considerar a estos efectos, que de acuerdo al relato que hacen los testigos y los peritos del accidente y sus consecuencias, es posible dividirlo en dos partes, siendo la primera el derrame inicial de líquido, que oportunamente atendido pudo tener consecuencias muy menores, y luego la secuencia de hechos y acciones que llevan al agravamiento de la lesión, que llegó a requerir de operaciones e incluso injertos. Que en cuanto a la primera acción consistente en el derrame de líquido, cabe tener presente que si bien ese derrame corresponde claramente a un hecho casual e imprevisto, y por ello no imputable a la demandada, igualmente desde esa primera etapa se advierten los siguientes incumplimientos de parte del empleador: No consta que la demandada hubiere informado a la trabajadora de los posibles riesgos que importaban sus labores ni que la hubiere capacitado respecto al modo de desarrollar su labor o sobre los procedimientos de seguridad que debían ser adoptados en caso de ocurrir un accidente, incumpliendo así lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código del Trabajo, además de diversas normas, entre ellas el artículo 21 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, DS N° 40 de 1969. En efecto, la demandada requerida a exhibirlos, no pudo, por no contar con ellos, exhibir en audiencia el documento mediante el cual cumplía con esta obligación de informar a la trabajadora sobre los riesgos, ni ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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tampoco pudo acreditar que se le hubiere efectuado alguna charla o actividad de inducción al proceso, señalando testigos de la demandada solidaria que quien hacía eso era el gerente de operaciones de la demandada principal, pero, sin que conste que ello haya efectivamente ocurrido respecto de la trabajadora, a quien tampoco se le alcanzó a entregar reglamento interno, y aparentemente tampoco habría firmado contrato de trabajo, ya que la copia que ella incorpora sólo cuenta con la firma de su empleador, sin que ninguna de las demandadas contasen con tal documentación suscrita por la actora. A mayor abundamiento, sobre este punto, es pertinente considerar que el contrato de trabajo tiene fecha 19 de julio de 2010, mismo día a partir del cual la trabajadora figura cumpliendo su jornada íntegramente en instalaciones de la mandante, lo que permite razonablemente dudar de que haya existido algún momento en que la trabajadora hubiere podido ser suficientemente instruida sobre los riesgos de las labores, el modo de prevenirlos y cómo actuar ante la ocurrencia de un accidente. Por otra parte, las demandadas, ya desde la contestación de la demanda, en el caso de la solidaria, y luego durante la incorporación y observación de la prueba, hicieron hincapié en lo absurdo o excesivo que resultaba que la trabajadora reclamase que no se le había capacitado sobre el modo de realizar el proceso, pero, lo cierto es que ello no es absurdo, puesto que por básicas que puedan parecer las labores a la parte, no consta que la actora hubiere estado en contacto previamente con implementos de aseo industrial, los que ciertamente tienen componentes y usos distintos de los caseros, ya desde el momento en que necesitan ser diluidos, resultando a la luz de los hechos, ciertamente posible que se produjeran accidentes en su uso, por lo que la actitud de la parte al recalcar la supuesta obviedad o simpleza de las funciones de la actora, sólo demuestra su falta de entendimiento y de empatía respecto de las necesidades y derechos de los trabajadores a su cargo, quienes no tienen por qué conocer la composición de un desengrasante industrial, por ejemplo, ni los riesgos que su uso podría significar, sin que tengan por qué saber tampoco, cómo actuar ante un accidente del trabajo, de ahí que el legislador haga de cargo del empleador entregar tal información. Así las cosas, incluso en el supuesto que la lesión de la actora no se hubiere complicado, ya es posible establecer que en esta primera etapa la demandada incumplió el deber de información que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo y el artículo 21 del citado DS N° 40 de 1969, y no sólo no se informó a la actora sobre los riesgos, sino que tampoco se le informó sobre los procedimientos de seguridad, ni se le entregó el reglamento interno de higiene y seguridad. DÉCIMO: Que luego, en cuanto a la segunda etapa de la lesión, los dos peritos que deponen en autos están contestes en que esta se agravó debido a la segunda exposición de la actora al químico, que por lo demás estaba en estado de concentrado, lo que podría explicar la diferencia en la gravedad de la lesión sufrida por ella y las molestias que refiere haber sentido su compañera de trabajo cuando utilizaba el desengrasante previamente diluido en sus labores, y al inadecuado manejo que se hizo de dicha lesión. En este punto también es posible atribuir tales consecuencias a la empleadora, quien, como se indicó, no instruyó a la trabajadora acerca de qué hacer ante un accidente de trabajo, por lo que la demandante sólo pudo hacer aquello que le pareció razonable y que le aconsejaron sus compañeras, lavarse, lo que dada su falta de conocimiento sobre las medidas de seguridad aplicables, hizo por un tiempo menor al necesario, para luego retomar sus funciones usando el mismo calcetín y zapatos mojados con el líquido en cuestión, sin que la actora, por no haber sido instruida en tal sentido, haya comunicado inmediatamente el hecho a sus superiores, los que no estaban en el momento y con quienes no habría tenido aparentemente un mecanismo de comunicación directo, tal como teléfono u otro, sin dar aviso tampoco a alguna Mutual u otro organismo de salud, probablemente porque tampoco había sido informada acerca de cuál era la institución correspondiente; así las cosas, ante este desamparo en que se traduce la falta de información a que fue sometida la trabajadora, esta completó su jornada y se retiró a su hogar, para sólo entonces acudir a un servicio de salud común, en lugar de acudir a aquellos previstos en la ley Nº 16.744, lo que recién le es sugerido en el SAPU, sin que igualmente ello se pudiese concretar. En cuanto a esta última afirmación, se ha discutido si la actora dio efectivamente aviso a su empleador del accidente y si este le negó o no el derecho de recibir la atención de los organismos previstos en la ley Nº 16.744, estimando el Tribunal que aunque tanto el supervisor como el señor Achurra han

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tampoco pudo acreditar que se le hubiere efectuado alguna charla o actividad de inducción al proceso, señalando testigos de la demandada solidaria que quien hacía eso era el gerente de operaciones de la demandada principal, pero, sin que conste que ello haya efectivamente ocurrido respecto de la trabajadora, a quien tampoco se le alcanzó a entregar reglamento interno, y aparentemente tampoco habría firmado contrato de trabajo, ya que la copia que ella incorpora sólo cuenta con la firma de su empleador, sin que ninguna de las demandadas contasen con tal documentación suscrita por la actora. A mayor abundamiento, sobre este punto, es pertinente considerar que el contrato de trabajo tiene fecha 19 de julio de 2010, mismo día a partir del cual la trabajadora figura cumpliendo su jornada íntegramente en instalaciones de la mandante, lo que permite razonablemente dudar de que haya existido algún momento en que la trabajadora hubiere podido ser suficientemente instruida sobre los riesgos de las labores, el modo de prevenirlos y cómo actuar ante la ocurrencia de un accidente. Por otra parte, las demandadas, ya desde la contestación de la demanda, en el caso de la solidaria, y luego durante la incorporación y observación de la prueba, hicieron hincapié en lo absurdo o excesivo que resultaba que la trabajadora reclamase que no se le había capacitado sobre el modo de realizar el proceso, pero, lo cierto es que ello no es absurdo, puesto que por básicas que puedan parecer las labores a la parte, no consta que la actora hubiere estado en contacto previamente con implementos de aseo industrial, los que ciertamente tienen componentes y usos distintos de los caseros, ya desde el momento en que necesitan ser diluidos, resultando a la luz de los hechos, ciertamente posible que se produjeran accidentes en su uso, por lo que la actitud de la parte al recalcar la supuesta obviedad o simpleza de las funciones de la actora, sólo demuestra su falta de entendimiento y de empatía respecto de las necesidades y derechos de los trabajadores a su cargo, quienes no tienen por qué conocer la composición de un desengrasante industrial, por ejemplo, ni los riesgos que su uso podría significar, sin que tengan por qué saber tampoco, cómo actuar ante un accidente del trabajo, de ahí que el legislador haga de cargo del empleador entregar tal información. Así las cosas, incluso en el supuesto que la lesión de la actora no se hubiere complicado, ya es posible establecer que en esta primera etapa la demandada incumplió el deber de información que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo y el artículo 21 del citado DS N° 40 de 1969, y no sólo no se informó a la actora sobre los riesgos, sino que tampoco se le informó sobre los procedimientos de seguridad, ni se le entregó el reglamento interno de higiene y seguridad. DÉCIMO: Que luego, en cuanto a la segunda etapa de la lesión, los dos peritos que deponen en autos están contestes en que esta se agravó debido a la segunda exposición de la actora al químico, que por lo demás estaba en estado de concentrado, lo que podría explicar la diferencia en la gravedad de la lesión sufrida por ella y las molestias que refiere haber sentido su compañera de trabajo cuando utilizaba el desengrasante previamente diluido en sus labores, y al inadecuado manejo que se hizo de dicha lesión. En este punto también es posible atribuir tales consecuencias a la empleadora, quien, como se indicó, no instruyó a la trabajadora acerca de qué hacer ante un accidente de trabajo, por lo que la demandante sólo pudo hacer aquello que le pareció razonable y que le aconsejaron sus compañeras, lavarse, lo que dada su falta de conocimiento sobre las medidas de seguridad aplicables, hizo por un tiempo menor al necesario, para luego retomar sus funciones usando el mismo calcetín y zapatos mojados con el líquido en cuestión, sin que la actora, por no haber sido instruida en tal sentido, haya comunicado inmediatamente el hecho a sus superiores, los que no estaban en el momento y con quienes no habría tenido aparentemente un mecanismo de comunicación directo, tal como teléfono u otro, sin dar aviso tampoco a alguna Mutual u otro organismo de salud, probablemente porque tampoco había sido informada acerca de cuál era la institución correspondiente; así las cosas, ante este desamparo en que se traduce la falta de información a que fue sometida la trabajadora, esta completó su jornada y se retiró a su hogar, para sólo entonces acudir a un servicio de salud común, en lugar de acudir a aquellos previstos en la ley Nº 16.744, lo que recién le es sugerido en el SAPU, sin que igualmente ello se pudiese concretar. En cuanto a esta última afirmación, se ha discutido si la actora dio efectivamente aviso a su empleador del accidente y si este le negó o no el derecho de recibir la atención de los organismos previstos en la ley Nº 16.744, estimando el Tribunal que aunque tanto el supervisor como el señor Achurra han

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negado haber conocido el hecho, igualmente es posible estimar que por acción, mediante la negativa directa, o por omisión, al no otorgar oportunamente la información respectiva, la parte incurrió en incumplimiento, más aún si consideramos que el señor Achurra refiere haber tomado conocimiento del hecho mediante el llamado de funcionario de la Inspección del Trabajo el día 26 de julio, misma fecha en que afirma haberse enterado el supervisor, al faltar la actora, sin que ninguno de ellos refiera haber informado o requerido información al otro sobre la situación, y no obstante lo cual, el señor Achurra emite la declaración de accidente el día 2 de agosto de 2010, una semana después de conocer del accidente, dejando en el intertanto en desprotección a la trabajadora, quien sin apoyo de su empleador debió obtener atención médica, siendo incluso operada en este intertanto en que su empleador nada hacía a fin de intentar reparar las consecuencias del accidente. Que esta falta de información oportuna acerca de qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo es fundamental, por cuanto de la prueba rendida, especialmente las pericias médicas, se desprende que si la actora hubiere sido oportunamente atendida por profesionales especializados en este tipo de herida, que no se encuentran en los consultorios o en los servicios de atención primaria, sino en instituciones tales como el Hospital del Trabajador, que finalmente la atiende un semana después de sufrido el accidente, es altamente probable que la herida no se hubiere extendido tanto, causándole eventualmente una cicatriz de mucho menor tamaño y que no se hubiere requerido injerto, pareciendo del todo contrario a la lógica y a ningún criterio de razonabilidad, que un trabajador suficientemente instruido sobre sus derechos y sobre los procedimientos de seguridad, se privara conscientemente de atención médica adecuada, por lo que la actuación de la actora, que significó en consecuencia, empeorar la lesión, a la luz de los medios de prueba agregados a autos, sólo puede ser atribuida a la falta de capacitación realizada por su empleador. Que en mérito de tales razonamientos es que será absolutamente descartada la tesis de la exposición imprudente al daño, puesto que la trabajadora si bien mediante su actuar indudablemente empeoró la herida, sólo hizo aquello que se le dijo debía hacer, esto es, presentarse a trabajar, efectuar las labores de aseo y luego retirarse, sin interrumpir sus labores, retirándose antes a un servicio de salud, por no haber sido instruida en tal sentido, sin informar del hecho a un supervisor, puesto que este no se encontraba presente ese día martes 20, el propio supervisor refiere que esa semana habría ido a esa instalación lunes, miércoles y viernes, siendo la actora y su familia, según se desprende de la testimonial quienes debieron investigar el modo de que recibiera una atención médica oportuna, ante la pasividad de la empresa que manifiesta no haber conocido del hecho sino hasta una semana después, lo que parece poco plausible a la luz de las probanzas rendidas por la actora y del propio supervisor, quien señala que iba a la instalación día por medio, siendo razonable que en tales visitas consultase a las trabajadoras sobre eventuales novedades. UNDÉCIMO: Que así las cosas, acreditada la existencia de un accidente laboral, cuya gravedad es consecuencia directa del incumplimiento de la demandada de su deber de informar a la trabajadora sobre los riesgos del trabajo, y medidas y procedimientos de seguridad, el Tribunal hará lugar a la demanda en cuanto a condenar a la parte al pago de una indemnización de perjuicios por el daño moral, daño acreditado en autos, y que se desprende del dolor físico sufrido por la actora desde el momento del accidente, durante las curaciones, operaciones y tratamientos médicos a que fue sometida, de las alteraciones que ello causó en su vida familiar, impidiéndole cumplir adecuadamente su rol de madre y proveedora, además del importante daño estético causado, que se traduce en dos cicatrices, una producto de la herida y otra del injerto, que afectan el habitual desenvolvimiento social de la trabajadora. A este respecto es importante recalcar que si bien todo trabajo implica riesgos que el trabajador acepta al suscribir el contrato, lo que por cierto supone que estos le sean informados, lo que no incurrió en la especie, no es posible estimar que una trabajadora que se obliga a prestar servicios en un sistema bastante precario, con un contrato celebrado a plazo fijo, que contempla apenas unas horas semanales de trabajo, y por el cual percibía una remuneración bastante exigua, haya aceptado en razón de dicho contrato el riesgo de pasar varios años con una cicatriz en su cuerpo, que el propio perito ofrecido por la demandada califica de estéticamente deformante, por lo que resulta evidente que pese a no estar suficientemente acreditado que esta lesión cause alguna limitación funcional permanente a la actora,

negado haber conocido el hecho, igualmente es posible estimar que por acción, mediante la negativa directa, o por omisión, al no otorgar oportunamente la información respectiva, la parte incurrió en incumplimiento, más aún si consideramos que el señor Achurra refiere haber tomado conocimiento del hecho mediante el llamado de funcionario de la Inspección del Trabajo el día 26 de julio, misma fecha en que afirma haberse enterado el supervisor, al faltar la actora, sin que ninguno de ellos refiera haber informado o requerido información al otro sobre la situación, y no obstante lo cual, el señor Achurra emite la declaración de accidente el día 2 de agosto de 2010, una semana después de conocer del accidente, dejando en el intertanto en desprotección a la trabajadora, quien sin apoyo de su empleador debió obtener atención médica, siendo incluso operada en este intertanto en que su empleador nada hacía a fin de intentar reparar las consecuencias del accidente. Que esta falta de información oportuna acerca de qué hacer y dónde acudir en caso de accidente del trabajo es fundamental, por cuanto de la prueba rendida, especialmente las pericias médicas, se desprende que si la actora hubiere sido oportunamente atendida por profesionales especializados en este tipo de herida, que no se encuentran en los consultorios o en los servicios de atención primaria, sino en instituciones tales como el Hospital del Trabajador, que finalmente la atiende un semana después de sufrido el accidente, es altamente probable que la herida no se hubiere extendido tanto, causándole eventualmente una cicatriz de mucho menor tamaño y que no se hubiere requerido injerto, pareciendo del todo contrario a la lógica y a ningún criterio de razonabilidad, que un trabajador suficientemente instruido sobre sus derechos y sobre los procedimientos de seguridad, se privara conscientemente de atención médica adecuada, por lo que la actuación de la actora, que significó en consecuencia, empeorar la lesión, a la luz de los medios de prueba agregados a autos, sólo puede ser atribuida a la falta de capacitación realizada por su empleador. Que en mérito de tales razonamientos es que será absolutamente descartada la tesis de la exposición imprudente al daño, puesto que la trabajadora si bien mediante su actuar indudablemente empeoró la herida, sólo hizo aquello que se le dijo debía hacer, esto es, presentarse a trabajar, efectuar las labores de aseo y luego retirarse, sin interrumpir sus labores, retirándose antes a un servicio de salud, por no haber sido instruida en tal sentido, sin informar del hecho a un supervisor, puesto que este no se encontraba presente ese día martes 20, el propio supervisor refiere que esa semana habría ido a esa instalación lunes, miércoles y viernes, siendo la actora y su familia, según se desprende de la testimonial quienes debieron investigar el modo de que recibiera una atención médica oportuna, ante la pasividad de la empresa que manifiesta no haber conocido del hecho sino hasta una semana después, lo que parece poco plausible a la luz de las probanzas rendidas por la actora y del propio supervisor, quien señala que iba a la instalación día por medio, siendo razonable que en tales visitas consultase a las trabajadoras sobre eventuales novedades. UNDÉCIMO: Que así las cosas, acreditada la existencia de un accidente laboral, cuya gravedad es consecuencia directa del incumplimiento de la demandada de su deber de informar a la trabajadora sobre los riesgos del trabajo, y medidas y procedimientos de seguridad, el Tribunal hará lugar a la demanda en cuanto a condenar a la parte al pago de una indemnización de perjuicios por el daño moral, daño acreditado en autos, y que se desprende del dolor físico sufrido por la actora desde el momento del accidente, durante las curaciones, operaciones y tratamientos médicos a que fue sometida, de las alteraciones que ello causó en su vida familiar, impidiéndole cumplir adecuadamente su rol de madre y proveedora, además del importante daño estético causado, que se traduce en dos cicatrices, una producto de la herida y otra del injerto, que afectan el habitual desenvolvimiento social de la trabajadora. A este respecto es importante recalcar que si bien todo trabajo implica riesgos que el trabajador acepta al suscribir el contrato, lo que por cierto supone que estos le sean informados, lo que no incurrió en la especie, no es posible estimar que una trabajadora que se obliga a prestar servicios en un sistema bastante precario, con un contrato celebrado a plazo fijo, que contempla apenas unas horas semanales de trabajo, y por el cual percibía una remuneración bastante exigua, haya aceptado en razón de dicho contrato el riesgo de pasar varios años con una cicatriz en su cuerpo, que el propio perito ofrecido por la demandada califica de estéticamente deformante, por lo que resulta evidente que pese a no estar suficientemente acreditado que esta lesión cause alguna limitación funcional permanente a la actora, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, siete de octubre de dos mil once. Vistos, oídos los intervinientes y teniendo en consideración: 1°.- Que el abogado señor John R. Celis Ibarra, en representación de la demandada principal en esta causa, Servicios de Aseo y Construcción Ltda., recurre de nulidad en contra de la sentencia de catorce de enero pasado, dictada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que la condenó a pagar a la actora $ 10.000.000 –en forma solidaria con el otro demandado– como indemnización por un accidente del trabajo sufrido por la demandante.

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II. SENTENCIA DE NULIDAD

lo que es más bien irrelevante puesto que no se ha demandado en autos lucro cesante, sino sólo daño moral, esta sentenciadora estima que el dolor físico y aquel dolor psicológico que se desprende de tener que convivir a diario con esta lesión estéticamente deformante, causados a la trabajadora porque la empresa no fue diligente a la hora de cumplir con su deber de seguridad o porque estimó que las labores eran tan básicas que no requerían de información o inducción alguna, es un dolor que debe ser compartido por las partes y que en la práctica respecto de la demandada, se traduce en el deber de indemnizar los daños causados, indemnización que a título de daño moral, sin realizar las clasificaciones o distinciones que realiza la demandante, en la suma global de $ 10.000.000 que se estima deberá ser suficiente para que la actora pueda realizar acciones tendientes a mejorar el aspecto estético de la lesión o a superar las consecuencias psicológicas de la lesión. DUODÉCIMO: Que en cuanto a la responsabilidad de la empresa mandante respecto de la indemnización ya otorgada, cabe considerar lo dispuesto en el artículo 183 E del Código del Trabajo, que también hace extensiva a la mandante el deber de seguridad de todos los trabajadores que laboren en sus instalaciones, constando en autos, que la mandante consintió el ingreso a sus oficinas de la actora, sin exigir previamente que se le acreditara el cumplimiento del deber de seguridad por parte de la demandada principal, sin verificar que la trabajadora hubiere sido capacitada o instruida respecto a sus labores, que contare con los elementos de protección personal necesarios para las labores, ni tomar en general ninguna medida de resguardo de la vida y seguridad de la trabajadora, omisión que sirve de fundamento suficiente para hacer a la parte solidariamente responsable de la indemnización ya otorgada, atendido lo dispuesto en el artículo 1083 del Código del Trabajo, sin que sea posible limitar dicha responsabilidad a una de tipo subsidiario, por cuanto, si bien la parte allegó a los autos un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, este certificado dice relación con obligaciones distintas del deber de seguridad, respecto del cual está suficientemente acreditado que la demandada solidaria no hizo uso del derecho deber de información que le otorga el legislador, a fin de verificar que el contratista cumpla sus obligaciones con los trabajadores que se desempeñen en sus instalaciones. Y VISTOS también lo dispuesto por los artículos 1°, 7°, 183 A y siguientes, 184, 420, 425 y siguientes, 439 y siguientes, 446 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo, y 5° y 69 de la ley Nº 16.744, SE DECLARA: I. Que HA LUGAR a la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, interpuesta por doña Aurora del Rosario González Flores, en contra de Servicios de Aseos y Construcción Limitada, representada legalmente por don Lorenzo Aldunate Díaz, y en contra de Kimberly Clark Chile S.A., representada legalmente por doña Carlina Valdivieso, todos ya individualizados, condenándose a las demandadas al pago solidario a la actora de una indemnización de perjuicios por daño moral, equivalente a $ 10.000.0000 (diez millones de pesos). II. Que la prestación ordenada pagar devengará intereses y reajustes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. III. Que no habiendo sido totalmente vencidas, se exime a las demandadas del pago de las costas del proceso. Anótese, regístrese y notifíquese. Archívese en su oportunidad. RIT O 2759 2010. Pronunciada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

lo que es más bien irrelevante puesto que no se ha demandado en autos lucro cesante, sino sólo daño moral, esta sentenciadora estima que el dolor físico y aquel dolor psicológico que se desprende de tener que convivir a diario con esta lesión estéticamente deformante, causados a la trabajadora porque la empresa no fue diligente a la hora de cumplir con su deber de seguridad o porque estimó que las labores eran tan básicas que no requerían de información o inducción alguna, es un dolor que debe ser compartido por las partes y que en la práctica respecto de la demandada, se traduce en el deber de indemnizar los daños causados, indemnización que a título de daño moral, sin realizar las clasificaciones o distinciones que realiza la demandante, en la suma global de $ 10.000.000 que se estima deberá ser suficiente para que la actora pueda realizar acciones tendientes a mejorar el aspecto estético de la lesión o a superar las consecuencias psicológicas de la lesión. DUODÉCIMO: Que en cuanto a la responsabilidad de la empresa mandante respecto de la indemnización ya otorgada, cabe considerar lo dispuesto en el artículo 183 E del Código del Trabajo, que también hace extensiva a la mandante el deber de seguridad de todos los trabajadores que laboren en sus instalaciones, constando en autos, que la mandante consintió el ingreso a sus oficinas de la actora, sin exigir previamente que se le acreditara el cumplimiento del deber de seguridad por parte de la demandada principal, sin verificar que la trabajadora hubiere sido capacitada o instruida respecto a sus labores, que contare con los elementos de protección personal necesarios para las labores, ni tomar en general ninguna medida de resguardo de la vida y seguridad de la trabajadora, omisión que sirve de fundamento suficiente para hacer a la parte solidariamente responsable de la indemnización ya otorgada, atendido lo dispuesto en el artículo 1083 del Código del Trabajo, sin que sea posible limitar dicha responsabilidad a una de tipo subsidiario, por cuanto, si bien la parte allegó a los autos un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, este certificado dice relación con obligaciones distintas del deber de seguridad, respecto del cual está suficientemente acreditado que la demandada solidaria no hizo uso del derecho deber de información que le otorga el legislador, a fin de verificar que el contratista cumpla sus obligaciones con los trabajadores que se desempeñen en sus instalaciones. Y VISTOS también lo dispuesto por los artículos 1°, 7°, 183 A y siguientes, 184, 420, 425 y siguientes, 439 y siguientes, 446 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo, y 5° y 69 de la ley Nº 16.744, SE DECLARA: I. Que HA LUGAR a la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, interpuesta por doña Aurora del Rosario González Flores, en contra de Servicios de Aseos y Construcción Limitada, representada legalmente por don Lorenzo Aldunate Díaz, y en contra de Kimberly Clark Chile S.A., representada legalmente por doña Carlina Valdivieso, todos ya individualizados, condenándose a las demandadas al pago solidario a la actora de una indemnización de perjuicios por daño moral, equivalente a $ 10.000.0000 (diez millones de pesos). II. Que la prestación ordenada pagar devengará intereses y reajustes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. III. Que no habiendo sido totalmente vencidas, se exime a las demandadas del pago de las costas del proceso. Anótese, regístrese y notifíquese. Archívese en su oportunidad. RIT O 2759 2010. Pronunciada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

II. SENTENCIA DE NULIDAD

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, siete de octubre de dos mil once. Vistos, oídos los intervinientes y teniendo en consideración: 1°.- Que el abogado señor John R. Celis Ibarra, en representación de la demandada principal en esta causa, Servicios de Aseo y Construcción Ltda., recurre de nulidad en contra de la sentencia de catorce de enero pasado, dictada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que la condenó a pagar a la actora $ 10.000.000 –en forma solidaria con el otro demandado– como indemnización por un accidente del trabajo sufrido por la demandante.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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La causal invocada es la consignada en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo; esto es, haber sido pronunciada la sentencia con infracción de las normas sobre apreciación de la prueba según la sana crítica, pues no hizo un análisis de conjunto de las pruebas ni de la relación existente entre unas y otras, como lo exige el artículo 456 del código citado. Solicite se invalide el fallo impugnado y se emita sentencia de reemplazo que deseche la acción o, en subsidio, que se regule conforme a derecho “los montos concedidos a la actora”, con costas. 2°.- Que el abogado señor Eduardo Vásquez Silva, en representación de la demandada Kimberly Clark Chile S.A., solicita también la nulidad de la sentencia referida, invocando al efecto, en forma conjunta, las causales consignadas en los artículos 477 y 478, letra b), del Código del Trabajo; esto es, haberse dictado la sentencia con infracción de ley –no aplicar correctamente el artículo 183-E del citado código–, lo que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo, y haberse infringido de forma manifiesta las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ya que “las pruebas y antecedentes del proceso conducen lógicamente a una Conclusión Contraria a la consignada en la sentencia”. Solicita se anule el fallo impugnado y se dicte la sentencia de reemplazo que rechace la demanda, con costas. 3°.- Que el motivo de nulidad esgrimido por el primer recurso no se aprecia concurrente en el fallo que se revisa, desde que, luego de describir con detalle la diferente prueba rendida, en sus fundamentos Séptimo a Undécimo, efectúa precisamente una evaluación y apreciación de conjunto de las pruebas rendidas, relacionándolas en lo pertinente, para concluir que existió un accidente, que éste fue del trabajo, en el trabajo y durante la jornada, y que existió incumplimiento por parte de la demandada principal de la obligación de cuidado que le impone el artículo 184 del código laboral, tanto en la primera como en la segunda etapa que fue posible distinguir en dicho accidente, cuestiones todas estas que quedaron sentadas como hechos en la sentencia; sin que se haya acreditado ninguna infracción manifiesta de alguna de las reglas de la sana crítica. A todo lo cual cabe agregar, porque es ilustrativo en orden a entender la denuncia que se formula, que la parte que presenta este recurso –que es la demandada principal– “no ofreció ni incorporó prueba alguna”, como lo dice la juez a quo en el basamento Sexto, letra b). 4°.- Que, como se dijo, la primera de las causales de nulidad invocada por la segunda demandada –Kimberly Clark Chile S.A.–, consiste en la infracción del artículo 183-E del Código del Trabajo, por habérsele aplicado indebidamente, ya que es la empresa mandante que contrató a una especializada en un giro diferente al suyo –el aseo–, por lo que no le cabe asumir responsabilidad solidaria en el accidente de que se trata; infracción que ha tenido influencia en lo dispositivo y que, obviamente, le resulta agraviante. 5°.- Que la norma del artículo 183-E del Código del Trabajo dispone: “Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista, respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud”. A su vez, el artículo 66 bis de la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, preceptúa en lo pertinente que “los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad”. 6°.- Que de la normativa transcrita fluye que la obligación consignada en el artículo 183-E del Código del Trabajo no se aplica a esta demandada, pues ella contrató a otra –que es la empleadora directa– para realizar labores especializadas que no son propias de su giro; lo que la libera de la responsabilidad solidaria declarada en el fallo impugnado. A lo anterior se suma, por otra parte, lo dispuesto en el artículo 183-B del código laboral, que limita dicha responsabilidad de la empresa principal sólo a las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones por término de la relación laboral, cuyo no es el caso de la reclamada en estos autos.

La causal invocada es la consignada en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo; esto es, haber sido pronunciada la sentencia con infracción de las normas sobre apreciación de la prueba según la sana crítica, pues no hizo un análisis de conjunto de las pruebas ni de la relación existente entre unas y otras, como lo exige el artículo 456 del código citado. Solicite se invalide el fallo impugnado y se emita sentencia de reemplazo que deseche la acción o, en subsidio, que se regule conforme a derecho “los montos concedidos a la actora”, con costas. 2°.- Que el abogado señor Eduardo Vásquez Silva, en representación de la demandada Kimberly Clark Chile S.A., solicita también la nulidad de la sentencia referida, invocando al efecto, en forma conjunta, las causales consignadas en los artículos 477 y 478, letra b), del Código del Trabajo; esto es, haberse dictado la sentencia con infracción de ley –no aplicar correctamente el artículo 183-E del citado código–, lo que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo, y haberse infringido de forma manifiesta las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, ya que “las pruebas y antecedentes del proceso conducen lógicamente a una Conclusión Contraria a la consignada en la sentencia”. Solicita se anule el fallo impugnado y se dicte la sentencia de reemplazo que rechace la demanda, con costas. 3°.- Que el motivo de nulidad esgrimido por el primer recurso no se aprecia concurrente en el fallo que se revisa, desde que, luego de describir con detalle la diferente prueba rendida, en sus fundamentos Séptimo a Undécimo, efectúa precisamente una evaluación y apreciación de conjunto de las pruebas rendidas, relacionándolas en lo pertinente, para concluir que existió un accidente, que éste fue del trabajo, en el trabajo y durante la jornada, y que existió incumplimiento por parte de la demandada principal de la obligación de cuidado que le impone el artículo 184 del código laboral, tanto en la primera como en la segunda etapa que fue posible distinguir en dicho accidente, cuestiones todas estas que quedaron sentadas como hechos en la sentencia; sin que se haya acreditado ninguna infracción manifiesta de alguna de las reglas de la sana crítica. A todo lo cual cabe agregar, porque es ilustrativo en orden a entender la denuncia que se formula, que la parte que presenta este recurso –que es la demandada principal– “no ofreció ni incorporó prueba alguna”, como lo dice la juez a quo en el basamento Sexto, letra b). 4°.- Que, como se dijo, la primera de las causales de nulidad invocada por la segunda demandada –Kimberly Clark Chile S.A.–, consiste en la infracción del artículo 183-E del Código del Trabajo, por habérsele aplicado indebidamente, ya que es la empresa mandante que contrató a una especializada en un giro diferente al suyo –el aseo–, por lo que no le cabe asumir responsabilidad solidaria en el accidente de que se trata; infracción que ha tenido influencia en lo dispositivo y que, obviamente, le resulta agraviante. 5°.- Que la norma del artículo 183-E del Código del Trabajo dispone: “Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista, respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud”. A su vez, el artículo 66 bis de la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, preceptúa en lo pertinente que “los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad”. 6°.- Que de la normativa transcrita fluye que la obligación consignada en el artículo 183-E del Código del Trabajo no se aplica a esta demandada, pues ella contrató a otra –que es la empleadora directa– para realizar labores especializadas que no son propias de su giro; lo que la libera de la responsabilidad solidaria declarada en el fallo impugnado. A lo anterior se suma, por otra parte, lo dispuesto en el artículo 183-B del código laboral, que limita dicha responsabilidad de la empresa principal sólo a las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones por término de la relación laboral, cuyo no es el caso de la reclamada en estos autos. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, siete de octubre de dos mil once. En obedecimiento a lo ordenado por el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se mantienen los motivos Primero a Undécimo de la sentencia de catorce de enero de dos mil once, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dictada por la Juez Titular Patricia Fuenzalida Martínez en el RIT 0-2759-2010 (RUC 1040040135-2). Queda eliminado su fundamento Duodécimo. Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE: Lo dicho y razonado en los fundamentos 5° y 6° de la sentencia de nulidad que precede, conforme a lo cual no corresponde responsabilizar del accidente cuya indemnización es motivo de la litis a la demandada Kimberly Clark Chile S.A., Se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, interpuesta por doña Aurora del Rosario González Flores, sólo en contra de Servicios de Aseo y Construcción Limitada, representada legalmente por don Lorenzo Aldunate Díaz, condenándose a dicha demandada a pagar a la demandante, como indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos); y se la desestima con respecto a la demandada Kimberly Clark Chile S.A., representada por doña Carlina Valdivieso. Todo, sin costas. La prestación ordenada devengará intereses y reajustes de acuerdo a lo prescrito por el artículo 63 del Código del Trabajo. Anótese, regístrese y notifíquese. Archívese en su oportunidad. Regístrese en esta Corte en lo pertinente. Redacción del Ministro señor Cisternas. No firma la Ministro señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a la formación del acuerdo, por estar con licencia médica. N° 197-2.011.Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por los ministros señora Dobra Lusic Nadal y señor Juan Cristóbal Mera Muñoz.

7°.- Que, así las cosas y no existiendo norma legal que sirva de fuente para la obligación declarada, sólo cabe concluir que el fallo impugnado incurrió en el error de derecho que se denuncia, por lo que este capítulo de nulidad deberá ser aceptado. 8°.- Que el otro motivo de nulidad planteado por esta misma demandada no puede prosperar, por similares razones a las ya señaladas en el primer acápite del fundamento 3° precedente. Por estos fundamentos y conforme a lo previsto por el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo, SE HACE LUGAR a la nulidad de la sentencia de catorce de enero del presente año, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dictada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez Titular de dicho Juzgado, en cuanto condenó a la demandada Kimberly Clark Chile S.A. al pago solidario con la otra demandada –Servicios de Aseo y Construcción Limitada– de una indemnización por daño moral con motivo de un accidente del trabajo; sentencia que se reemplaza por la que dicte a continuación, en forma separada y sin nueva vista. Regístrese, y devuélvase como corresponde en estas causas del sistema reformado. Redacción del Ministro señor Cisternas. N° 197 – 2011 No firma la Ministro señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica. Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por los ministros señora Dobra Lusic Nadal y señor Juan Cristóbal Mera Muñoz.

II. SENTENCIA DE REEMPLAZO

II. SENTENCIA DE REEMPLAZO

7°.- Que, así las cosas y no existiendo norma legal que sirva de fuente para la obligación declarada, sólo cabe concluir que el fallo impugnado incurrió en el error de derecho que se denuncia, por lo que este capítulo de nulidad deberá ser aceptado. 8°.- Que el otro motivo de nulidad planteado por esta misma demandada no puede prosperar, por similares razones a las ya señaladas en el primer acápite del fundamento 3° precedente. Por estos fundamentos y conforme a lo previsto por el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo, SE HACE LUGAR a la nulidad de la sentencia de catorce de enero del presente año, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dictada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez Titular de dicho Juzgado, en cuanto condenó a la demandada Kimberly Clark Chile S.A. al pago solidario con la otra demandada –Servicios de Aseo y Construcción Limitada– de una indemnización por daño moral con motivo de un accidente del trabajo; sentencia que se reemplaza por la que dicte a continuación, en forma separada y sin nueva vista. Regístrese, y devuélvase como corresponde en estas causas del sistema reformado. Redacción del Ministro señor Cisternas. N° 197 – 2011 No firma la Ministro señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica. Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por los ministros señora Dobra Lusic Nadal y señor Juan Cristóbal Mera Muñoz.

Santiago, siete de octubre de dos mil once. En obedecimiento a lo ordenado por el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. VISTOS: Se mantienen los motivos Primero a Undécimo de la sentencia de catorce de enero de dos mil once, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dictada por la Juez Titular Patricia Fuenzalida Martínez en el RIT 0-2759-2010 (RUC 1040040135-2). Queda eliminado su fundamento Duodécimo. Y SE TIENE ADEMÁS PRESENTE: Lo dicho y razonado en los fundamentos 5° y 6° de la sentencia de nulidad que precede, conforme a lo cual no corresponde responsabilizar del accidente cuya indemnización es motivo de la litis a la demandada Kimberly Clark Chile S.A., Se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, interpuesta por doña Aurora del Rosario González Flores, sólo en contra de Servicios de Aseo y Construcción Limitada, representada legalmente por don Lorenzo Aldunate Díaz, condenándose a dicha demandada a pagar a la demandante, como indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos); y se la desestima con respecto a la demandada Kimberly Clark Chile S.A., representada por doña Carlina Valdivieso. Todo, sin costas. La prestación ordenada devengará intereses y reajustes de acuerdo a lo prescrito por el artículo 63 del Código del Trabajo. Anótese, regístrese y notifíquese. Archívese en su oportunidad. Regístrese en esta Corte en lo pertinente. Redacción del Ministro señor Cisternas. No firma la Ministro señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a la formación del acuerdo, por estar con licencia médica. N° 197-2.011.Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por los ministros señora Dobra Lusic Nadal y señor Juan Cristóbal Mera Muñoz.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1097-2011 Cita online: CL/JUR/9275/2011 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, veintiséis de agosto de dos mil once I. ANTECEDENTES. En este juicio don Ober Eduardo Marcelo Salvador, con domicilio en Sevilla 1413, Independencia, ha interpuesto demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de Ingeniería y Construcción MST S. A., representada por don Jaime Mardones Seyler, ambos con domicilio en Serrano 14, Oficina 504, Santiago, y, atendida su calidad de empresa principal, en contra de Aguas Andinas S.A., representada por Felipe Larraín, ambos domiciliados en Av. Presidente Balmaceda N°1398, Santiago. Funda su demanda en el hecho de haber trabajado para la demandada principal desde el día 27 de octubre de 2009, desempeñándose como jornalero en la Obra Lampa, de la comuna de Lampa, la que consiste en la instalación de tuberías o ductos de agua potable, a fin de alimentar un sector de la comuna. Para realizar la obra indicada, cuya propiedad imputa a Aguas Andinas S.A., se debía excavar una zanja de aproximadamente 1,8 metros de profundidad para poder instalar las tuberías conductoras de agua potable, dentro de las cuales se trabajaba para instalar las tuberías, luego taparlas y apisonarlas para luego cubrir la zanja. Es así como el 26 de enero de 2011, estando al interior de la zanja realizando las labores mencionadas, se desmoronó una de las paredes de tierra cayéndole encima y aplastándole cuerpo hasta el pecho, quedando sólo la cabeza sin enterrarse. Agrega que los trabajadores que hacían la excavación, hicieron presente a la empresa que la muralla de tierra se encontraba en un estado de mucha debilidad y era absolutamente previsible que podía desmoronarse por lo que pidieron a la empresa que instalara un sistema de “Estibado”, sin embargo, la empresa se negó, bajo el argumento de que había que hacer la zanja rápidamente, dado los plazos comprometidos con la empresa Aguas Andinas S. A. Alega que la obra no tenía ninguna de las medidas de seguridad mínimas para funcionar, ya que no existía un Prevencionista de Riesgos que tuviera la facultad de paralizar la obra, tampoco existía la acción directa de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, general o de faena, ni existía un Departamento de Prevención de Riesgos de ninguna de las empresas demandadas. Acusa que el accidente se produjo exclusivamente porque las empresas demandadas no resguardaron la salud y la seguridad de sus trabajadores, y como daños resultantes indica las lesiones de “Fractura de la Apófisis Transversa Derecha de Dorsal 4, Traumatismo Abdominal con Hematoma Parietal Izquierdo, trauma torácico con Fracturas Costales Múltiples Izquierdas y Neumotórax Izquierdo Laminar Bilateral, con un diagnóstico de Trauma Toracoabdominal Complicado y Tendinosis del Supraespinoso Derecho”. Este resultado lo tuvo hospitalizado 21 días en el Hospital del Trabajador de Santiago, ya que señala haber sufrido la fractura de siete costillas, continuando con tratamientos hasta la presentación de la demanda, caminando con mucha dificultad y con un gran dolor. En cuanto a la fuente de responsabilidad señala que las infracciones al deber de seguridad (del art. 184 del Código del Trabajo) en este caso, dan origen a la responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado por su incumplimiento. De esta forma demanda daño moral y lucro cesante que se le ha inferido. En cuanto al lucro cesante señala ha quedado con una incapacidad permanente por secuelas en la columna, esternón, zona abdominal y lumbar a sus 57 años, por lo que podía seguir trabajando por lo menos quince años más, y tomando en cuenta una remuneración mínima de $ 200.000, avalúa este perjuicio en $ 20.000,000. El daño moral lo estima en un monto no inferior a los $ 50.000.000, dado el sufrimiento físico y moral que alega y la actitud negligente, despreocupada e inhumana de las demandadas, además de las secuelas físicas, las que señala serán permanentes. Todo con intereses, reajustes y costas. La demandada Aguas Andinas S.A., alegó su falta de legitimación pasiva, como excepción dilatoria, en razón de no ser dueña de la obra que se señala por el demandante ni tener ninguna relación con

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil once I. ANTECEDENTES. En este juicio don Ober Eduardo Marcelo Salvador, con domicilio en Sevilla 1413, Independencia, ha interpuesto demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de Ingeniería y Construcción MST S. A., representada por don Jaime Mardones Seyler, ambos con domicilio en Serrano 14, Oficina 504, Santiago, y, atendida su calidad de empresa principal, en contra de Aguas Andinas S.A., representada por Felipe Larraín, ambos domiciliados en Av. Presidente Balmaceda N°1398, Santiago. Funda su demanda en el hecho de haber trabajado para la demandada principal desde el día 27 de octubre de 2009, desempeñándose como jornalero en la Obra Lampa, de la comuna de Lampa, la que consiste en la instalación de tuberías o ductos de agua potable, a fin de alimentar un sector de la comuna. Para realizar la obra indicada, cuya propiedad imputa a Aguas Andinas S.A., se debía excavar una zanja de aproximadamente 1,8 metros de profundidad para poder instalar las tuberías conductoras de agua potable, dentro de las cuales se trabajaba para instalar las tuberías, luego taparlas y apisonarlas para luego cubrir la zanja. Es así como el 26 de enero de 2011, estando al interior de la zanja realizando las labores mencionadas, se desmoronó una de las paredes de tierra cayéndole encima y aplastándole cuerpo hasta el pecho, quedando sólo la cabeza sin enterrarse. Agrega que los trabajadores que hacían la excavación, hicieron presente a la empresa que la muralla de tierra se encontraba en un estado de mucha debilidad y era absolutamente previsible que podía desmoronarse por lo que pidieron a la empresa que instalara un sistema de “Estibado”, sin embargo, la empresa se negó, bajo el argumento de que había que hacer la zanja rápidamente, dado los plazos comprometidos con la empresa Aguas Andinas S. A. Alega que la obra no tenía ninguna de las medidas de seguridad mínimas para funcionar, ya que no existía un Prevencionista de Riesgos que tuviera la facultad de paralizar la obra, tampoco existía la acción directa de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, general o de faena, ni existía un Departamento de Prevención de Riesgos de ninguna de las empresas demandadas. Acusa que el accidente se produjo exclusivamente porque las empresas demandadas no resguardaron la salud y la seguridad de sus trabajadores, y como daños resultantes indica las lesiones de “Fractura de la Apófisis Transversa Derecha de Dorsal 4, Traumatismo Abdominal con Hematoma Parietal Izquierdo, trauma torácico con Fracturas Costales Múltiples Izquierdas y Neumotórax Izquierdo Laminar Bilateral, con un diagnóstico de Trauma Toracoabdominal Complicado y Tendinosis del Supraespinoso Derecho”. Este resultado lo tuvo hospitalizado 21 días en el Hospital del Trabajador de Santiago, ya que señala haber sufrido la fractura de siete costillas, continuando con tratamientos hasta la presentación de la demanda, caminando con mucha dificultad y con un gran dolor. En cuanto a la fuente de responsabilidad señala que las infracciones al deber de seguridad (del art. 184 del Código del Trabajo) en este caso, dan origen a la responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado por su incumplimiento. De esta forma demanda daño moral y lucro cesante que se le ha inferido. En cuanto al lucro cesante señala ha quedado con una incapacidad permanente por secuelas en la columna, esternón, zona abdominal y lumbar a sus 57 años, por lo que podía seguir trabajando por lo menos quince años más, y tomando en cuenta una remuneración mínima de $ 200.000, avalúa este perjuicio en $ 20.000,000. El daño moral lo estima en un monto no inferior a los $ 50.000.000, dado el sufrimiento físico y moral que alega y la actitud negligente, despreocupada e inhumana de las demandadas, además de las secuelas físicas, las que señala serán permanentes. Todo con intereses, reajustes y costas. La demandada Aguas Andinas S.A., alegó su falta de legitimación pasiva, como excepción dilatoria, en razón de no ser dueña de la obra que se señala por el demandante ni tener ninguna relación con

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ésta, desconociendo el motivo por el cual se asevera con tanta seguridad dicho hecho. Además, indica que el contrato en el que pudo verse envuelto el accidente por el cual se demanda, es aquel celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Lampa e Ingeniería y Construcción MST S.A. con fecha 3 de septiembre de 2009. La demandada Ingeniería y Construcción MST S.A., opuso excepción de ineptitud del libelo, indicando que la demandante señala erróneamente el año del accidente y alega que no ha prestado servicios en esas fechas (2010 y 2011) como contratista a Aguas Andinas S.A., lo que hace el libelo poco claro. En audiencia preparatoria, de fecha 23 de mayo de 2011, la demandante se allanó a las excepciones de ineptitud del libelo y de falta de legitimación pasiva, por lo que corrigió su demanda señalando que el accidente del trabajo, efectivamente ocurrió el día 26 de enero de 2010, y no el 26 de Enero de 2011. Además se señala que por desconocimiento del trabajador respecto del dueño de la obra en la que sufrió el accidente del trabajo, se señaló como demandada solidaria a la empresa Aguas Andinas S. A., sin embargo, quien encargó las obras fue la Ilustre Municipalidad de Lampa. Conforme a ello, esta parte rectifica la demandada señalando que demanda solidariamente, a la Ilustre Municipalidad de Lampa, representada por Carlos Escobar Pérez, ambos domiciliados en Baquedano N°824, comuna de Lampa, atendida su calidad de empresa principal respecto de Ingeniería y Construcción MST S.A., por ser el dueño de la obra en la que se accidentó el actor, dando por expresamente reproducidos los fundamentos de hecho y derecho señalados en el libelo de demanda y solicitando se tenga como parte integrante de la misma. La demandada Ingeniería y Construcción MST S.A., contestó la demanda, en el nuevo plazo que se le concedió para ello, negando la responsabilidad que se le imputa, en especial niega que la empresa se haya negado a la solicitud de los trabajadores en cuanto a realizar las obras de estibado, que en la obra o faena no existiera un prevencionista de riesgo, que en la obra no existiera un comité paritario de higiene y seguridad ni reglamento interno ni sistema de gestión en la faena. Reconoce que el actor ingresó a prestar servicios con fecha 27 de octubre de 2009 en labores de jornal, con una remuneración fija mensual de $ 279.599. Agrega que el actor fue sometido, por intermedio del departamento de prevención de riesgos de la empresa, a una inducción a cargo del prevencionista Diego Navarrete Bastías, inducción en la cual se le informó acerca de las tareas que realizaría, el lugar en que estas se desarrollarían, el uso correcto de herramientas y equipos, riesgos y medidas preventivas, elementos de protección, entre otras. Junto con ello, indica que se le capacitó específicamente en “procedimiento de trabajo seguro en excavaciones” y se le hizo entrega de todos los elementos de seguridad necesarios, entre ellos casco, zapatos, guantes, chaleco reflectante, arnés, tapones auditivos y polera, se le hizo además completar una “declaración de sintomatías o alergias” y se le entregó un ejemplar del “reglamento interno de higiene y seguridad” de la empresa. Además de todo lo anterior, señala que con fecha 21 de octubre de 2009 se constituyó el comité paritario de higiene y seguridad para la obra, el que se reunía periódicamente y cuya constitución fue oportunamente informada a la Inspección comunal del Trabajo correspondiente. Respecto del accidente la empleadora señala que el 26 de enero de 2010, el demandante trabajaba como asistente de don Juan Vera Herrera en una excavación de 1,60 metros de profundidad destinada a la instalación de cañerías de agua y, estando en dicha situación, se produjo la caída de un pilar que se encontraba en la orilla de la excavación, la cual produjo al demandante lesiones en su tórax, por las cuales fue derivado inmediatamente al Hospital del Trabajador, lugar en el cual recibió la atención médica requerida. Agrega que el mismo día 26 de enero se hizo una investigación del accidente ocurrido, la cual fue realizada por el supervisor Juan Vera Herrera, la cual fue revisada por el prevencionista de riesgos de la obra, don Marco Camus Espina, y presentada y aprobada por el comité paritario de higiene y seguridad con fecha 28 de enero del mismo año e informada al administrador de obra y al jefe de terreno. Sin perjuicio de lo anterior, el día 27 de enero de 2010 la empresa realizó la correspondiente declaración del accidente ante la Asociación Chilena de Seguridad y tras su recuperación por el hematoma y la fractura costal, el demandante fue dado definitivamente de alta con fecha 27 de abril de 2010, autorizándole volver a sus labores sin ningún tipo de restricción, reincorporándose a sus labores hasta su finiquito ocurrido con fecha 30 de septiembre

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ésta, desconociendo el motivo por el cual se asevera con tanta seguridad dicho hecho. Además, indica que el contrato en el que pudo verse envuelto el accidente por el cual se demanda, es aquel celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Lampa e Ingeniería y Construcción MST S.A. con fecha 3 de septiembre de 2009. La demandada Ingeniería y Construcción MST S.A., opuso excepción de ineptitud del libelo, indicando que la demandante señala erróneamente el año del accidente y alega que no ha prestado servicios en esas fechas (2010 y 2011) como contratista a Aguas Andinas S.A., lo que hace el libelo poco claro. En audiencia preparatoria, de fecha 23 de mayo de 2011, la demandante se allanó a las excepciones de ineptitud del libelo y de falta de legitimación pasiva, por lo que corrigió su demanda señalando que el accidente del trabajo, efectivamente ocurrió el día 26 de enero de 2010, y no el 26 de Enero de 2011. Además se señala que por desconocimiento del trabajador respecto del dueño de la obra en la que sufrió el accidente del trabajo, se señaló como demandada solidaria a la empresa Aguas Andinas S. A., sin embargo, quien encargó las obras fue la Ilustre Municipalidad de Lampa. Conforme a ello, esta parte rectifica la demandada señalando que demanda solidariamente, a la Ilustre Municipalidad de Lampa, representada por Carlos Escobar Pérez, ambos domiciliados en Baquedano N°824, comuna de Lampa, atendida su calidad de empresa principal respecto de Ingeniería y Construcción MST S.A., por ser el dueño de la obra en la que se accidentó el actor, dando por expresamente reproducidos los fundamentos de hecho y derecho señalados en el libelo de demanda y solicitando se tenga como parte integrante de la misma. La demandada Ingeniería y Construcción MST S.A., contestó la demanda, en el nuevo plazo que se le concedió para ello, negando la responsabilidad que se le imputa, en especial niega que la empresa se haya negado a la solicitud de los trabajadores en cuanto a realizar las obras de estibado, que en la obra o faena no existiera un prevencionista de riesgo, que en la obra no existiera un comité paritario de higiene y seguridad ni reglamento interno ni sistema de gestión en la faena. Reconoce que el actor ingresó a prestar servicios con fecha 27 de octubre de 2009 en labores de jornal, con una remuneración fija mensual de $ 279.599. Agrega que el actor fue sometido, por intermedio del departamento de prevención de riesgos de la empresa, a una inducción a cargo del prevencionista Diego Navarrete Bastías, inducción en la cual se le informó acerca de las tareas que realizaría, el lugar en que estas se desarrollarían, el uso correcto de herramientas y equipos, riesgos y medidas preventivas, elementos de protección, entre otras. Junto con ello, indica que se le capacitó específicamente en “procedimiento de trabajo seguro en excavaciones” y se le hizo entrega de todos los elementos de seguridad necesarios, entre ellos casco, zapatos, guantes, chaleco reflectante, arnés, tapones auditivos y polera, se le hizo además completar una “declaración de sintomatías o alergias” y se le entregó un ejemplar del “reglamento interno de higiene y seguridad” de la empresa. Además de todo lo anterior, señala que con fecha 21 de octubre de 2009 se constituyó el comité paritario de higiene y seguridad para la obra, el que se reunía periódicamente y cuya constitución fue oportunamente informada a la Inspección comunal del Trabajo correspondiente. Respecto del accidente la empleadora señala que el 26 de enero de 2010, el demandante trabajaba como asistente de don Juan Vera Herrera en una excavación de 1,60 metros de profundidad destinada a la instalación de cañerías de agua y, estando en dicha situación, se produjo la caída de un pilar que se encontraba en la orilla de la excavación, la cual produjo al demandante lesiones en su tórax, por las cuales fue derivado inmediatamente al Hospital del Trabajador, lugar en el cual recibió la atención médica requerida. Agrega que el mismo día 26 de enero se hizo una investigación del accidente ocurrido, la cual fue realizada por el supervisor Juan Vera Herrera, la cual fue revisada por el prevencionista de riesgos de la obra, don Marco Camus Espina, y presentada y aprobada por el comité paritario de higiene y seguridad con fecha 28 de enero del mismo año e informada al administrador de obra y al jefe de terreno. Sin perjuicio de lo anterior, el día 27 de enero de 2010 la empresa realizó la correspondiente declaración del accidente ante la Asociación Chilena de Seguridad y tras su recuperación por el hematoma y la fractura costal, el demandante fue dado definitivamente de alta con fecha 27 de abril de 2010, autorizándole volver a sus labores sin ningún tipo de restricción, reincorporándose a sus labores hasta su finiquito ocurrido con fecha 30 de septiembre

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de 2010. De esta forma alega que hizo todo lo que la ley le ordena una vez sucedido el accidente y otorgó tratamiento y atención oportunos al accidentado. Por lo demás, alega que el propio actor afirma en la demanda haber considerado un riesgo y no tomó ninguna medida de las indicadas en las capacitaciones proporcionados por la empresa, asumiéndolo temerariamente, por lo que la negligencia no es del empleador, sino que del propio trabajador. En este sentido afirma que no puede la empresa transformarse en un ente policial que se preocupe de que todos los trabajadores, en todo momento y lugar, cumplan con todas las medidas de seguridad indicadas, explicadas y otorgadas, más aun si se trata de un riesgo que el trabajador conoce, prefiere no informar y al cual se somete de forma consciente y voluntaria. En cuanto a las indemnizaciones solicitadas, señala no son procedentes en atención a que no es efectivo que el demandante sufra de una incapacidad permanente, ya que ingresó a trabajar nuevamente a la empresa una vez otorgada el alta médica, hasta el mes de septiembre de 2010, luego en el mes de marzo de 2011 prestó servicios para otra empresa, y a partir del 01 de mayo de 2011 presta servicios nuevamente para MTS S.A. Por lo demás tampoco resulta indemnizable el lucro cesante futuro, pues no se trata de un daño cierto. En cuanto al daño moral, alega éste se basa en supuestos que no son efectivos, sin perjuicio de que la cantidad solicitada resulta absolutamente desproporcionada. También alega que tampoco existe vínculo causal entre el supuesto daño moral y una conducta negligente o culpable de la empresa, pues esta cumplió con todas y cada una de las medidas de seguridad que el ordenamiento laboral le impone, incluso teniendo una diligencia mayor a la exigida. En resumen, señala que el demandante dice sufrir un accidente en una empresa que no cumple medida alguna de seguridad, lo que alega le produce una incapacidad permanente, producto de lo cual sostiene que no puede volver a trabajar, mientras su tratamiento médico le indica reposo sólo hasta el 27 de abril de 2010, y una vez terminado el reposo, vuelve a trabajar de manera inmediata a la misma empresa que según lo expresado por él no cumple con medida alguna de seguridad. La Ilustre Municipalidad de Lampa, habiendo sido notificada, no contestó la demanda en la forma y oportunidad legal, aunque compareció a las audiencias. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que por haberlo reconocido la demandada principal y en virtud de lo dispuesto en el inc. 7 del art. 453 N°1 del Código del Trabajo, respecto de la demandada solidaria, se tendrán por ciertos los siguientes hechos: – Que el actor prestó servicios subordinados para la demandada principal desde el 27 de octubre de 2009 hasta el día 30 de septiembre de 2010. – Que el día 26 de enero de 2010, encontrándose el actor en funciones de su cargo, en una excavación destinada a la instalación de cañerías de agua para la Municipalidad de Lampa, se produjo un accidente que produjo al actor lesiones graves en su tórax. – Que el accidente referido en el acápite anterior fue considerado un accidente del trabajo y como tal tuvo la cobertura correspondiente del seguro consagrado por la ley 16.744. – Que, según fue estimado pacífico en la audiencia de juicio, el actor actualmente está prestando servicios para la demandada principal. SEGUNDO: Que si bien la demandada afirma que fue el desprendimiento de tierra lo que le produjo las lesiones a nivel torácico al actor, con la declaración de todos los testigos, además de los informes allegados a los autos, se tiene por acreditado que fue la caída de un pilar de ladrillos que se encontraba al borde de la excavación lo que le causó las lesiones al actor. TERCERO: Que por lo anterior la controversia y prueba se ha referido a las causas del accidente (caída del pilar), y en especial, a si la empresa cumplió con su obligación de adoptar todas las medidas tendientes a proteger eficazmente la salud del trabajador en la faena, cuestión que resulta de carga de la demandada principal y que para ese efecto ha rendido la siguiente prueba: a) Acta de constitución del comité paritario de higiene y seguridad de fecha 21.10.2009, junto con acta de escrutinios para elegir representante de los trabajadores y las actas de reuniones mensuales del comité respecto de la obra modificación agua potable estación Colina de fechas 26.11.2009, 17.12.2009 y 28.01.2010.

de 2010. De esta forma alega que hizo todo lo que la ley le ordena una vez sucedido el accidente y otorgó tratamiento y atención oportunos al accidentado. Por lo demás, alega que el propio actor afirma en la demanda haber considerado un riesgo y no tomó ninguna medida de las indicadas en las capacitaciones proporcionados por la empresa, asumiéndolo temerariamente, por lo que la negligencia no es del empleador, sino que del propio trabajador. En este sentido afirma que no puede la empresa transformarse en un ente policial que se preocupe de que todos los trabajadores, en todo momento y lugar, cumplan con todas las medidas de seguridad indicadas, explicadas y otorgadas, más aun si se trata de un riesgo que el trabajador conoce, prefiere no informar y al cual se somete de forma consciente y voluntaria. En cuanto a las indemnizaciones solicitadas, señala no son procedentes en atención a que no es efectivo que el demandante sufra de una incapacidad permanente, ya que ingresó a trabajar nuevamente a la empresa una vez otorgada el alta médica, hasta el mes de septiembre de 2010, luego en el mes de marzo de 2011 prestó servicios para otra empresa, y a partir del 01 de mayo de 2011 presta servicios nuevamente para MTS S.A. Por lo demás tampoco resulta indemnizable el lucro cesante futuro, pues no se trata de un daño cierto. En cuanto al daño moral, alega éste se basa en supuestos que no son efectivos, sin perjuicio de que la cantidad solicitada resulta absolutamente desproporcionada. También alega que tampoco existe vínculo causal entre el supuesto daño moral y una conducta negligente o culpable de la empresa, pues esta cumplió con todas y cada una de las medidas de seguridad que el ordenamiento laboral le impone, incluso teniendo una diligencia mayor a la exigida. En resumen, señala que el demandante dice sufrir un accidente en una empresa que no cumple medida alguna de seguridad, lo que alega le produce una incapacidad permanente, producto de lo cual sostiene que no puede volver a trabajar, mientras su tratamiento médico le indica reposo sólo hasta el 27 de abril de 2010, y una vez terminado el reposo, vuelve a trabajar de manera inmediata a la misma empresa que según lo expresado por él no cumple con medida alguna de seguridad. La Ilustre Municipalidad de Lampa, habiendo sido notificada, no contestó la demanda en la forma y oportunidad legal, aunque compareció a las audiencias. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que por haberlo reconocido la demandada principal y en virtud de lo dispuesto en el inc. 7 del art. 453 N°1 del Código del Trabajo, respecto de la demandada solidaria, se tendrán por ciertos los siguientes hechos: – Que el actor prestó servicios subordinados para la demandada principal desde el 27 de octubre de 2009 hasta el día 30 de septiembre de 2010. – Que el día 26 de enero de 2010, encontrándose el actor en funciones de su cargo, en una excavación destinada a la instalación de cañerías de agua para la Municipalidad de Lampa, se produjo un accidente que produjo al actor lesiones graves en su tórax. – Que el accidente referido en el acápite anterior fue considerado un accidente del trabajo y como tal tuvo la cobertura correspondiente del seguro consagrado por la ley 16.744. – Que, según fue estimado pacífico en la audiencia de juicio, el actor actualmente está prestando servicios para la demandada principal. SEGUNDO: Que si bien la demandada afirma que fue el desprendimiento de tierra lo que le produjo las lesiones a nivel torácico al actor, con la declaración de todos los testigos, además de los informes allegados a los autos, se tiene por acreditado que fue la caída de un pilar de ladrillos que se encontraba al borde de la excavación lo que le causó las lesiones al actor. TERCERO: Que por lo anterior la controversia y prueba se ha referido a las causas del accidente (caída del pilar), y en especial, a si la empresa cumplió con su obligación de adoptar todas las medidas tendientes a proteger eficazmente la salud del trabajador en la faena, cuestión que resulta de carga de la demandada principal y que para ese efecto ha rendido la siguiente prueba: a) Acta de constitución del comité paritario de higiene y seguridad de fecha 21.10.2009, junto con acta de escrutinios para elegir representante de los trabajadores y las actas de reuniones mensuales del comité respecto de la obra modificación agua potable estación Colina de fechas 26.11.2009, 17.12.2009 y 28.01.2010. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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b) Acta de investigación de accidente realizada por la empresa de fecha 26 de enero de 2011, la que señala como causas del accidente un acto inseguro de no dejar soporte en el pilar y anota como condiciones inseguras el trabajar manteniendo el pilar sin soporte seguro. c) Documento comprobante de la inducción de trabajador nuevo reubicado, firmado por el actor, de fecha 27.10.2009. d) Documento con información respecto de los pesos de carga (Ley del saco 20.001) firmado por el actor. e) Declaración del trabajador al momento de iniciar su relación laboral en orden a si padece o no alguna sintomatía o alergia. f) Certificado de prevención de riesgos para trabajadores, en donde se instruye en la utilización y uso obligatorio de los elementos de protección personal, de los riesgos a los que podría estar expuesto en la obra denominada y el recibo de los elementos de protección personal, de fecha 27.10.2009, firmado por el actor. g) Certificado de entrega de elementos de protección personal recibidos conforme por el demandante de autos. h) Copia de certificado de recepción del Reglamento Interno de Ingeniería y Construcción MST, firmado por el actor con fecha 27.10.2009. i) Comprobante relativo a capacitación en procedimiento de trabajo, firmado por el actor, j) Informe técnico emitido por la Asociación Chilena de Seguridad y enviado al gerente de la empresa respecto del accidente del trabajo de autos, en el que se señala como causa del accidente la falta de planificación y revisiones seguras en el lugar de trabajo. k) La declaración del testigo Luis Genaro Díaz, quien trabaja para la demandada principal y se encontraba con el actor al momento del accidente, dentro de la excavación. Señala que estaban trabajando cuando se les viene la tierra encima y el (testigo) quedó con la tierra hasta las rodillas y el actor quedó tapado con un pilar de ladrillo que estaba en el costado de la excavación, aunque no quedó enterrado. Agrega que él sacó al actor de la zanja, a quien le salía sangre por la nariz y las orejas, y le dijo al prevencionista que llamara a la ambulancia. Agrega que no había estibaciones porque no lo encontraron necesario y que si las hubiera habido habría sido peor. Reconoce que la empresa, a través de un prevencionista, daba charlas referentes al riesgo en las obras y que existía un comité paritario. Interrogado por esta juez señala no saber por qué se produjo el accidente y no se lo explica. l) La declaración de don Rodrigo Pizarro, quien declaró ser operador de retroexcavadora, haber prestado servicios para MST y haber estado en la obra el día del accidente. El testigo señaló que no vio el accidente y sólo vio que había cedido un pilar de un portón y en la excavación había tierra. Refiere que había un prevencionista de riesgo en el lugar y que la ambulancia llegó en 10 minutos. m) La declaración de Víctor Cabrera, administrador de obras de la demandada, quien señala que se aportaban los elementos de seguridad, que se hacen charlas, que había prevencionista y funcionaba un comité paritario. Contrainterrogado declaró saber que la conclusión de la investigación del accidente fue que en casos como estos se debían tomar precauciones, es decir, había que apuntalar el pilar que se vino encima. n) La declaración de Claudio Sepúlveda, ingeniero de la demandada, quien señaló no haber estado en el lugar del accidente pero lo fueron a buscar y vio que se había caído un pilar de un estacionamiento anexo a la excavación que se realizaba. Contrainterrogado afirma que no había estibación en la excavación y que éstas se utilizan en excavaciones superiores a 2 metros de profundidad y en este caso no era más de 1,60m. Aclara que no sabe cómo se pudo haber evitado el accidente y que la causa fue no haber estado atentos a las condiciones del sector. CUARTO: Que por su parte la demandante incorporó el oficio de la AChS que repite el informe técnico del accidente en cuestión y que señala como causa la falta de planificación y revisiones seguras en el lugar de trabajo (pilar inestable). QUINTO: Que con todo lo anterior el tribunal puede concluir, que si bien la empleadora acreditó cumplir con las medidas de seguridad en el trabajo que se le imputaban como incumplidas, tales como tener comité paritario de higiene y seguridad, un prevencionista y capacitaciones varias; acorde con el informe de la AChS, se debe concluir que estas medidas no fueron suficientes para proteger eficazmen-

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b) Acta de investigación de accidente realizada por la empresa de fecha 26 de enero de 2011, la que señala como causas del accidente un acto inseguro de no dejar soporte en el pilar y anota como condiciones inseguras el trabajar manteniendo el pilar sin soporte seguro. c) Documento comprobante de la inducción de trabajador nuevo reubicado, firmado por el actor, de fecha 27.10.2009. d) Documento con información respecto de los pesos de carga (Ley del saco 20.001) firmado por el actor. e) Declaración del trabajador al momento de iniciar su relación laboral en orden a si padece o no alguna sintomatía o alergia. f) Certificado de prevención de riesgos para trabajadores, en donde se instruye en la utilización y uso obligatorio de los elementos de protección personal, de los riesgos a los que podría estar expuesto en la obra denominada y el recibo de los elementos de protección personal, de fecha 27.10.2009, firmado por el actor. g) Certificado de entrega de elementos de protección personal recibidos conforme por el demandante de autos. h) Copia de certificado de recepción del Reglamento Interno de Ingeniería y Construcción MST, firmado por el actor con fecha 27.10.2009. i) Comprobante relativo a capacitación en procedimiento de trabajo, firmado por el actor, j) Informe técnico emitido por la Asociación Chilena de Seguridad y enviado al gerente de la empresa respecto del accidente del trabajo de autos, en el que se señala como causa del accidente la falta de planificación y revisiones seguras en el lugar de trabajo. k) La declaración del testigo Luis Genaro Díaz, quien trabaja para la demandada principal y se encontraba con el actor al momento del accidente, dentro de la excavación. Señala que estaban trabajando cuando se les viene la tierra encima y el (testigo) quedó con la tierra hasta las rodillas y el actor quedó tapado con un pilar de ladrillo que estaba en el costado de la excavación, aunque no quedó enterrado. Agrega que él sacó al actor de la zanja, a quien le salía sangre por la nariz y las orejas, y le dijo al prevencionista que llamara a la ambulancia. Agrega que no había estibaciones porque no lo encontraron necesario y que si las hubiera habido habría sido peor. Reconoce que la empresa, a través de un prevencionista, daba charlas referentes al riesgo en las obras y que existía un comité paritario. Interrogado por esta juez señala no saber por qué se produjo el accidente y no se lo explica. l) La declaración de don Rodrigo Pizarro, quien declaró ser operador de retroexcavadora, haber prestado servicios para MST y haber estado en la obra el día del accidente. El testigo señaló que no vio el accidente y sólo vio que había cedido un pilar de un portón y en la excavación había tierra. Refiere que había un prevencionista de riesgo en el lugar y que la ambulancia llegó en 10 minutos. m) La declaración de Víctor Cabrera, administrador de obras de la demandada, quien señala que se aportaban los elementos de seguridad, que se hacen charlas, que había prevencionista y funcionaba un comité paritario. Contrainterrogado declaró saber que la conclusión de la investigación del accidente fue que en casos como estos se debían tomar precauciones, es decir, había que apuntalar el pilar que se vino encima. n) La declaración de Claudio Sepúlveda, ingeniero de la demandada, quien señaló no haber estado en el lugar del accidente pero lo fueron a buscar y vio que se había caído un pilar de un estacionamiento anexo a la excavación que se realizaba. Contrainterrogado afirma que no había estibación en la excavación y que éstas se utilizan en excavaciones superiores a 2 metros de profundidad y en este caso no era más de 1,60m. Aclara que no sabe cómo se pudo haber evitado el accidente y que la causa fue no haber estado atentos a las condiciones del sector. CUARTO: Que por su parte la demandante incorporó el oficio de la AChS que repite el informe técnico del accidente en cuestión y que señala como causa la falta de planificación y revisiones seguras en el lugar de trabajo (pilar inestable). QUINTO: Que con todo lo anterior el tribunal puede concluir, que si bien la empleadora acreditó cumplir con las medidas de seguridad en el trabajo que se le imputaban como incumplidas, tales como tener comité paritario de higiene y seguridad, un prevencionista y capacitaciones varias; acorde con el informe de la AChS, se debe concluir que estas medidas no fueron suficientes para proteger eficazmen-

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te la vida y salud del trabajador en la faena. En efecto, ha quedado claro por el informe técnico de la Mutual que la causa del accidente no fue una actitud temeraria del trabajador ni un caso fortuito, sino que se produjo por la falta de planificación y revisiones seguras en el lugar de trabajo (pilar inestable). Esta conclusión se refuerza con la investigación realizada por la propia empresa que coincide en atribuir al hecho de haber trabajado “manteniendo el pilar sin soporte” la causa del accidente, además como factor que influyó la propia empresa reconoce que no se debe “tunear” cuando se enfrenta a postes, pilares o árboles que estén al borde de la excavación. La totalidad de los testigos interrogados omitió esta circunstancia, lo que evidencia que no lo sabían o mintieron al señalar que no sabían las causas del accidente. A excepción del Sr. Cabrera, quien reconoció que existía un informe en este sentido. Por lo demás aparece como algo razonable y lógico que si se hace una excavación a cuya orilla existen pilares de ladrillos, deban tomarse medidas para que éstos no caigan como consecuencia de las labores de la excavación misma, por lo que el prevencionista que estaba en la obra debió precaver esta situación riesgosa a fin de evitar el grave accidente ocurrido. De esta manera se estima que la empleadora incumplió con su deber legal de adoptar todas las medidas eficaces para proteger la vida y salud de los trabajadores en la obra, y siendo dicha obligación parte del contenido irrenunciable del contrato de trabajo, debe presumirse la culpa en ello, toda vez que no ha sido acreditado la actitud temeraria o contraria a los procedimientos de parte del actor. También se ha acreditado que la empresa empleadora no dio aviso a la Inspección del Trabajo, siendo su obligación hacerlo, según se desprende del oficio de dicha entidad. SEXTO: Que como resultado del accidente de autos, y con la prueba rendida (en especial del informe médico del Hospital del Trabajador y oficio de la AChS), tenemos que el actor el 26 de enero de 2010, contando con 56 años de edad, sufrió lesiones de fractura de apófisis transversa derecha de dorsal 4, traumatismo abdominal con hematoma perienal izquierdo, trauma torácico con fracturas costales múltiples izquierdo y neumotórax izquierdo laminar bilateral, siendo tratado por especialidades de cirugía y traumatología, con una hospitalización que duró 21 días y una convalecencia aproximada de tres meses y de la ficha clínica se desprende que a 14 meses del accidente refiere dolor en la región dorso lumbar, principalmente al realizar esfuerzos de flexión (pág. 47). SÉPTIMO: Que en lo que respecta al daño moral, entendido como la afectación de bienes extra patrimoniales producto de la lesión o menoscabo ocasionado por el accidente, y no obstante la ausencia de una pericia sobre las secuelas del mismo, de los antecedentes contenidos en el informe médico de fecha 18 de julio de 2011 y la ficha clínica del actor se desprende que el trabajador fue afectado en su salud y sentir al someterse al tratamiento médico recuperativo que le tuvo hospitalizado 21 días, debiendo ser asistido para ir al baño, y considerando el relato del testigo presencial del accidente Sr. Díaz que vio que producto de la caída del pilar le salía sangre de la nariz y la oreja, lleva necesariamente a concluir, conforme a la sana crítica que el hecho dañoso ocasionó en el demandante un menoscabo producto del sufrimiento (pretium doloris) y desgaste emocional derivado del proceso de recuperación de las fracturas costales, de manera que esta sentenciadora estima prudencialmente el daño moral ocasionado al actor en la suma de $ 2.500.000. OCTAVO: Que no se hará lugar por concepto de lucro cesante al porcentaje de incapacidad proyectado, toda vez que se ha comprobado y reconocido que el actor continúa prestando servicios para la demandada principal, no advirtiéndose ninguna incapacidad permanente que sea causal de lucro cesante cierto. NOVENO: Que a la demandada Municipalidad de Lampa se le tuvo por no contestada la demanda, por lo que el tribunal está facultado, en virtud de lo dispuesto en el inc. 7 del art. 453 N°1 del Código del Trabajo, para estimar como admitidos “en la sentencia los hechos alegados en la demanda, en este caso su rectificación, referentes al régimen de subcontratación con la demandada principal al momento del accidente, conforme a la cual el actor realizaba labores. Esto además se refuerza con la documental incorporada y exhibida en juicio. En este sentido, por el régimen de subcontratación establecido, resulta aplicable en la especie el art. 183 E del Código del Trabajo, que establece que la empresa principal (dueña de la obra) deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el art. 66 bis de la ley N° 16.744, el que a su vez impone a la mandante

te la vida y salud del trabajador en la faena. En efecto, ha quedado claro por el informe técnico de la Mutual que la causa del accidente no fue una actitud temeraria del trabajador ni un caso fortuito, sino que se produjo por la falta de planificación y revisiones seguras en el lugar de trabajo (pilar inestable). Esta conclusión se refuerza con la investigación realizada por la propia empresa que coincide en atribuir al hecho de haber trabajado “manteniendo el pilar sin soporte” la causa del accidente, además como factor que influyó la propia empresa reconoce que no se debe “tunear” cuando se enfrenta a postes, pilares o árboles que estén al borde de la excavación. La totalidad de los testigos interrogados omitió esta circunstancia, lo que evidencia que no lo sabían o mintieron al señalar que no sabían las causas del accidente. A excepción del Sr. Cabrera, quien reconoció que existía un informe en este sentido. Por lo demás aparece como algo razonable y lógico que si se hace una excavación a cuya orilla existen pilares de ladrillos, deban tomarse medidas para que éstos no caigan como consecuencia de las labores de la excavación misma, por lo que el prevencionista que estaba en la obra debió precaver esta situación riesgosa a fin de evitar el grave accidente ocurrido. De esta manera se estima que la empleadora incumplió con su deber legal de adoptar todas las medidas eficaces para proteger la vida y salud de los trabajadores en la obra, y siendo dicha obligación parte del contenido irrenunciable del contrato de trabajo, debe presumirse la culpa en ello, toda vez que no ha sido acreditado la actitud temeraria o contraria a los procedimientos de parte del actor. También se ha acreditado que la empresa empleadora no dio aviso a la Inspección del Trabajo, siendo su obligación hacerlo, según se desprende del oficio de dicha entidad. SEXTO: Que como resultado del accidente de autos, y con la prueba rendida (en especial del informe médico del Hospital del Trabajador y oficio de la AChS), tenemos que el actor el 26 de enero de 2010, contando con 56 años de edad, sufrió lesiones de fractura de apófisis transversa derecha de dorsal 4, traumatismo abdominal con hematoma perienal izquierdo, trauma torácico con fracturas costales múltiples izquierdo y neumotórax izquierdo laminar bilateral, siendo tratado por especialidades de cirugía y traumatología, con una hospitalización que duró 21 días y una convalecencia aproximada de tres meses y de la ficha clínica se desprende que a 14 meses del accidente refiere dolor en la región dorso lumbar, principalmente al realizar esfuerzos de flexión (pág. 47). SÉPTIMO: Que en lo que respecta al daño moral, entendido como la afectación de bienes extra patrimoniales producto de la lesión o menoscabo ocasionado por el accidente, y no obstante la ausencia de una pericia sobre las secuelas del mismo, de los antecedentes contenidos en el informe médico de fecha 18 de julio de 2011 y la ficha clínica del actor se desprende que el trabajador fue afectado en su salud y sentir al someterse al tratamiento médico recuperativo que le tuvo hospitalizado 21 días, debiendo ser asistido para ir al baño, y considerando el relato del testigo presencial del accidente Sr. Díaz que vio que producto de la caída del pilar le salía sangre de la nariz y la oreja, lleva necesariamente a concluir, conforme a la sana crítica que el hecho dañoso ocasionó en el demandante un menoscabo producto del sufrimiento (pretium doloris) y desgaste emocional derivado del proceso de recuperación de las fracturas costales, de manera que esta sentenciadora estima prudencialmente el daño moral ocasionado al actor en la suma de $ 2.500.000. OCTAVO: Que no se hará lugar por concepto de lucro cesante al porcentaje de incapacidad proyectado, toda vez que se ha comprobado y reconocido que el actor continúa prestando servicios para la demandada principal, no advirtiéndose ninguna incapacidad permanente que sea causal de lucro cesante cierto. NOVENO: Que a la demandada Municipalidad de Lampa se le tuvo por no contestada la demanda, por lo que el tribunal está facultado, en virtud de lo dispuesto en el inc. 7 del art. 453 N°1 del Código del Trabajo, para estimar como admitidos “en la sentencia los hechos alegados en la demanda, en este caso su rectificación, referentes al régimen de subcontratación con la demandada principal al momento del accidente, conforme a la cual el actor realizaba labores. Esto además se refuerza con la documental incorporada y exhibida en juicio. En este sentido, por el régimen de subcontratación establecido, resulta aplicable en la especie el art. 183 E del Código del Trabajo, que establece que la empresa principal (dueña de la obra) deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el art. 66 bis de la ley N° 16.744, el que a su vez impone a la mandante ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo confeccionar un reglamento que establezca “acciones de coordinación de actividades preventivas y mecanismos de fiscalización y sanciones. En este sentido, se puede afirmar junto a la jurisprudencia reciente (I. Corte Stgo. Rol N°8755 2009) que la ley establece directamente la responsabilidad de la empresa principal, en materia de higiene y seguridad, respecto de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. Es decir, se le establece una responsabilidad inmediata al dueño de la obra, empresa o faena que no depende sino de su condición y de lo que haga con la obligación que le concierne, la que no reviste sólo una carácter formal sino que exige “eficacia en las medidas adoptadas. De este modo, y no existiendo prueba alguna tendiente a acreditar que el municipio haya dado cumplimiento a la obligación que impone la ley, corresponde hacerla directamente responsable en el accidente de trabajo sufrido por el actor, debiendo condenarla solidariamente con la demandada principal al pago de la indemnización concedida, conforme al art. 183 B del mismo cuerpo legal, tal como se ha solicitado, puesto que dichas reparaciones constituyen una obligación laboral proveniente de un incumplimiento del contrato de trabajo. La circunstancia que se haya señalado que la empresa mandante tenga responsabilidad directa en nada obsta lo anterior, toda vez que ello en este contexto no quiere más que significar que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales y que se ha solicitado por medio de la presente acción. Por otro lado, los certificados de incumplimiento de obligaciones laborales allegados a los autos mediante oficio, sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago de cotizaciones y remuneraciones, sin embargo nada acreditan respecto de las obligaciones de protección de la empresa mandante conforme a lo dispuesto en el art. 183 E del Código del Trabajo. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 69 y 76 de la ley N° 16.744, arts. 183 A, 183 B, 183 E, 184, 420, 425, 453 N°1, 456 y 459 del Código del Trabajo, se declara: I. Que se acoge la demanda de autos, sólo en cuanto se condena solidariamente a las demandadas a pagar al actor la suma de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) por concepto de daño moral. II. Que las sumas ordenadas pagar devengarán los reajustes que contempla el art. 63 del Código del Trabajo, más los intereses corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el fallo hasta su pago efectivo. III. Que se condena en costas a las demandadas, las que se regulan en este acto en la suma de $ 800.000 (ochocientos mil pesos), a la cual deben concurrir ambas en forma conjunta. Regístrese RIT O 1097 2011 RUC 11 4 0015118 2 Resolvió Paola Cecilia Díaz Urtubia, Juez Titular del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo confeccionar un reglamento que establezca “acciones de coordinación de actividades preventivas y mecanismos de fiscalización y sanciones. En este sentido, se puede afirmar junto a la jurisprudencia reciente (I. Corte Stgo. Rol N°8755 2009) que la ley establece directamente la responsabilidad de la empresa principal, en materia de higiene y seguridad, respecto de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. Es decir, se le establece una responsabilidad inmediata al dueño de la obra, empresa o faena que no depende sino de su condición y de lo que haga con la obligación que le concierne, la que no reviste sólo una carácter formal sino que exige “eficacia en las medidas adoptadas. De este modo, y no existiendo prueba alguna tendiente a acreditar que el municipio haya dado cumplimiento a la obligación que impone la ley, corresponde hacerla directamente responsable en el accidente de trabajo sufrido por el actor, debiendo condenarla solidariamente con la demandada principal al pago de la indemnización concedida, conforme al art. 183 B del mismo cuerpo legal, tal como se ha solicitado, puesto que dichas reparaciones constituyen una obligación laboral proveniente de un incumplimiento del contrato de trabajo. La circunstancia que se haya señalado que la empresa mandante tenga responsabilidad directa en nada obsta lo anterior, toda vez que ello en este contexto no quiere más que significar que se le puede demandar independientemente del contratista por su propia responsabilidad, pero no elimina la solidaridad pasiva que se estableció respecto de las obligaciones laborales y que se ha solicitado por medio de la presente acción. Por otro lado, los certificados de incumplimiento de obligaciones laborales allegados a los autos mediante oficio, sólo dan cuenta del ejercicio del deber de información respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago de cotizaciones y remuneraciones, sin embargo nada acreditan respecto de las obligaciones de protección de la empresa mandante conforme a lo dispuesto en el art. 183 E del Código del Trabajo. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 69 y 76 de la ley N° 16.744, arts. 183 A, 183 B, 183 E, 184, 420, 425, 453 N°1, 456 y 459 del Código del Trabajo, se declara: I. Que se acoge la demanda de autos, sólo en cuanto se condena solidariamente a las demandadas a pagar al actor la suma de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) por concepto de daño moral. II. Que las sumas ordenadas pagar devengarán los reajustes que contempla el art. 63 del Código del Trabajo, más los intereses corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el fallo hasta su pago efectivo. III. Que se condena en costas a las demandadas, las que se regulan en este acto en la suma de $ 800.000 (ochocientos mil pesos), a la cual deben concurrir ambas en forma conjunta. Regístrese RIT O 1097 2011 RUC 11 4 0015118 2 Resolvió Paola Cecilia Díaz Urtubia, Juez Titular del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-214-2011 Cita online: CL/JUR/9285/2011 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, dieciséis de mayo de dos mil once. VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: PRIMERO: Que comparece don Ricardo Patricio Jara Sánchez, operario industrial y técnico en prevención de riesgos, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, oficina 1601, comuna de Santiago, quien deduce demanda en juicio del trabajo en contra de su empleadora Quimetal Industrial S.A., empresa del giro de fabricación de productos químicos en base a cobre, azufre, molibdeno, magnesio y aluminio para usos industriales, representada por su Gerente General don Martín Ducci Cornu, empresario, ambos con domicilio en calle Los Yacimientos N° 1301, Comuna de Maipú. Señala que ingresó a prestar servicios para la demandada el día 23 de marzo de 2009, para desempeñarse como operario de planta. Indica que la demandada, es la principal empresa dedicada al negocio de los compuestos químicos en base a cobre, azufre, molibdeno, magnesio y aluminio para usos industriales, abasteciendo a industrias tanto nacionales como internacionales, contando con una serie de plantas y empresas filiales a lo largo del país. Agrega que su remuneración asciende a la suma aproximada de $ 285.453.- brutos mensuales. En cuanto al accidente, expone que las labores habituales que debía desempeñar, como operario de planta, eran las de envasar plaguicidas y armar pallets con los sacos de plaguicidas (entre 48 y 100 sacos dependiendo de su peso) en la sección de envasados. El día 22 de noviembre de 2010 ingresó a trabajar al turno de noche, que comenzaba a las 00:00 horas, debiendo trabajar como todos los días en el envasado de plaguicidas, ya que la planta tiene un funcionamiento continuo, sin embargo, su supervisor don Roberto Díaz le ordenó, junto a un compañero de trabajo, dirigirse hasta el sector de la planta denominado SECADOR SEI a retirar unos filtros mangas. Explica que, dichos filtros, eran aproximadamente unos 120, se encontraban en el tercer nivel, casi a nivel del suelo, pero dentro de una caja metálica que tenía una altura de 1,20 metros y cubiertos por 6 tapas metálicas apernadas a la que se accedía por medio de una escalera que se encontraba en uno de sus costados. Señala que, aproximadamente a las 04:50 horas, del día del accidente, y mientras se encontraba retirando uno de los filtros sobre la caja que los contenía, pisó el borde de una de las tapas de los filtros y esta cedió sorpresivamente, por lo que perdió el equilibrio y cayó sobre el borde de las tapas golpeándose el muslo derecho. Dice que, luego del accidente bajó a informarle a su supervisor que se encontraba lesionado, quien le indicó que debía esperar al paramédico de la empresa –que llegaba a las 07.30 horas– para que él decidiera si lo enviaba o no al Instituto de Seguridad del Trabajo, luego de eso fue hasta el baño para ver sus lesiones percatándose que el muslo había quedado deformado. Recién a las 08:30 horas llegó el paramédico de la empresa, quien lo acompañó hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo, donde fue atendido de urgencia y le ordenaron reposo laboral. Añade que, debido a los constantes dolores en su muslo derecho fue reingresado en el Instituto de Seguridad del Trabajo con fecha 30 de diciembre de 2010 y debió iniciar tratamiento médico consistente en drenajes y curaciones diarias. Refiere que, actualmente, se encuentra con reposo laboral y tratamiento médico permanente. Expone que, el accidente da cuenta de la falta total de cuidados y medidas de seguridad por parte de la demandada, ya que evidentemente su empleadora los hacía trabajar con un procedimiento riesgoso e inseguro, sin una superficie de trabajo adecuada, ya que debía subirse sobre las tapas de los filtros para poder sacarlos, nunca se le efectuó capacitación en dichas labores y menos se le informó acerca de los posibles riesgos de las labores que ejecutaba; sin un supervisor que fiscalizara las labores que estaba ejecutando y, en definitiva, no tenía un procedimiento de trabajo seguro para desarrollar las funciones que estaba realizando al momento de accidentarse. Refiere que, en el lugar y en el momento donde se accidentó no existía procedimiento escrito o no escrito de cómo efectuar los trabajos, no existía señalética visible alguna de peligro o de aviso del peligro en las labores que estaba desarrollando. No existía ningún tipo de procedimiento formal para trabajar, ni menos de trabajo seguro para precaver accidentes del trabajo al retirar filtros

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil once. VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: PRIMERO: Que comparece don Ricardo Patricio Jara Sánchez, operario industrial y técnico en prevención de riesgos, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, oficina 1601, comuna de Santiago, quien deduce demanda en juicio del trabajo en contra de su empleadora Quimetal Industrial S.A., empresa del giro de fabricación de productos químicos en base a cobre, azufre, molibdeno, magnesio y aluminio para usos industriales, representada por su Gerente General don Martín Ducci Cornu, empresario, ambos con domicilio en calle Los Yacimientos N° 1301, Comuna de Maipú. Señala que ingresó a prestar servicios para la demandada el día 23 de marzo de 2009, para desempeñarse como operario de planta. Indica que la demandada, es la principal empresa dedicada al negocio de los compuestos químicos en base a cobre, azufre, molibdeno, magnesio y aluminio para usos industriales, abasteciendo a industrias tanto nacionales como internacionales, contando con una serie de plantas y empresas filiales a lo largo del país. Agrega que su remuneración asciende a la suma aproximada de $ 285.453.- brutos mensuales. En cuanto al accidente, expone que las labores habituales que debía desempeñar, como operario de planta, eran las de envasar plaguicidas y armar pallets con los sacos de plaguicidas (entre 48 y 100 sacos dependiendo de su peso) en la sección de envasados. El día 22 de noviembre de 2010 ingresó a trabajar al turno de noche, que comenzaba a las 00:00 horas, debiendo trabajar como todos los días en el envasado de plaguicidas, ya que la planta tiene un funcionamiento continuo, sin embargo, su supervisor don Roberto Díaz le ordenó, junto a un compañero de trabajo, dirigirse hasta el sector de la planta denominado SECADOR SEI a retirar unos filtros mangas. Explica que, dichos filtros, eran aproximadamente unos 120, se encontraban en el tercer nivel, casi a nivel del suelo, pero dentro de una caja metálica que tenía una altura de 1,20 metros y cubiertos por 6 tapas metálicas apernadas a la que se accedía por medio de una escalera que se encontraba en uno de sus costados. Señala que, aproximadamente a las 04:50 horas, del día del accidente, y mientras se encontraba retirando uno de los filtros sobre la caja que los contenía, pisó el borde de una de las tapas de los filtros y esta cedió sorpresivamente, por lo que perdió el equilibrio y cayó sobre el borde de las tapas golpeándose el muslo derecho. Dice que, luego del accidente bajó a informarle a su supervisor que se encontraba lesionado, quien le indicó que debía esperar al paramédico de la empresa –que llegaba a las 07.30 horas– para que él decidiera si lo enviaba o no al Instituto de Seguridad del Trabajo, luego de eso fue hasta el baño para ver sus lesiones percatándose que el muslo había quedado deformado. Recién a las 08:30 horas llegó el paramédico de la empresa, quien lo acompañó hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo, donde fue atendido de urgencia y le ordenaron reposo laboral. Añade que, debido a los constantes dolores en su muslo derecho fue reingresado en el Instituto de Seguridad del Trabajo con fecha 30 de diciembre de 2010 y debió iniciar tratamiento médico consistente en drenajes y curaciones diarias. Refiere que, actualmente, se encuentra con reposo laboral y tratamiento médico permanente. Expone que, el accidente da cuenta de la falta total de cuidados y medidas de seguridad por parte de la demandada, ya que evidentemente su empleadora los hacía trabajar con un procedimiento riesgoso e inseguro, sin una superficie de trabajo adecuada, ya que debía subirse sobre las tapas de los filtros para poder sacarlos, nunca se le efectuó capacitación en dichas labores y menos se le informó acerca de los posibles riesgos de las labores que ejecutaba; sin un supervisor que fiscalizara las labores que estaba ejecutando y, en definitiva, no tenía un procedimiento de trabajo seguro para desarrollar las funciones que estaba realizando al momento de accidentarse. Refiere que, en el lugar y en el momento donde se accidentó no existía procedimiento escrito o no escrito de cómo efectuar los trabajos, no existía señalética visible alguna de peligro o de aviso del peligro en las labores que estaba desarrollando. No existía ningún tipo de procedimiento formal para trabajar, ni menos de trabajo seguro para precaver accidentes del trabajo al retirar filtros

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mangas. Agrega además que la demandada, no le proporcionó medidas adecuadas de seguridad para efectuar su trabajo. Asimismo, nunca se le informó sobre los riesgos existentes al ejecutar dicha labor en que se accidentó. En cuanto a los daños, indica que sufrió contusión extremidad inferior derecha y herida abrasiva cara posterior muslo derecho. Añade que, debido a las lesiones sufridas tiene graves dificultades para efectuar las labores más simples, no puede apoyar el muslo derecho, no puede desplazarse adecuadamente ya que presenta dolores en su pierna derecha y claudicación en dicha extremidad. Dice que, a la fecha tiene 36 años de edad y con el producto de su trabajo mantenía a su familia. Explica que, su oficio de operario requiere tener ambas piernas en perfectas condiciones para poder trabajar adecuadamente, ya que debe tomar materiales y transportarlos, todo lo cual requiere de fuerza y movilidad, características que ya no tiene debido a las lesiones sufridas en su muslo derecho. Expone que, el accidente y el largo tratamiento médico, progresivamente le han significado la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental. Más adelante, el actor hace mención a los fundamentos de derecho de la acción deducida. A su vez, demanda indemnización por concepto lucro cesante, señalando que este daño constituye la diferencia, en este caso, entre la entidad de su patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que sin él, ciertamente se hubiese obtenido o logrado. Luego señala que, la indemnización por concepto de lucro cesante se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha, y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación por vejez, la que previo cálculo avalúa en la suma de $ 19.867.528, suma por la cual demanda por este concepto. A su vez también demanda daño moral, por cuanto se produce daño moral con toda lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial de 36 años a la fecha, entre su condición antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano física y psicológicamente, y la condición en que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que ha significado que deba quedar con su pierna derecha incapacitada, con dolores crónicos y claudicación, no poder realizar ningún tipo de actividades en que requiera desplazarse regularmente; con todas las secuelas psicológicas y psiquiátricas que ello implica, demandando por este último concepto la suma de $ 60.000.000. En ambos casos, en subsidio, demanda la suma mayor o menor que el tribunal fije, de acuerdo a la equidad, justicia y al mérito del proceso Todo lo anterior, más reajustes, intereses y costas. SEGUNDO: Que la demandada contestando la demanda solicita su rechazo en todas sus partes, con costas. En primer lugar señala que el actor invoca una serie de hechos en relación al accidente sufrido que esa parte desconoce y rechaza. Expone que el lugar donde se desarrolló el trabajo y el accidente corresponde a una unidad operativa del secador spray, marca SEI, en donde se capturan las partículas sólidas y se separan del caudal de aire del secador. Estas partículas sólidas son capturadas por esta parte denominada filtro que lo componen estas 120 “mangas” con canastillos metálicos para mantenerlas en posición. Añade que las mangas con sus canastillos están colgando hacia el interior del equipo, desde el piso de los cubículos donde se trabaja. Estos cubículos son seis y forman una plataforma cuando está con sus seis tapas puestas, rodeadas por barandas de seguridad amarillas. Estas seis secciones o cubículos tienen una altura o profundidad de 86 centímetros por 1,2 metros de largo por 1.2 metros de ancho. A estos cubículos se accede por una escala adosada a la estructura también con barandas de seguridad amarillas. Luego y en cuanto a las circunstancias del accidente refiere que, pasadas las 00:00 horas del día lunes 22 de noviembre de 2010, el señor Roberto Díaz, supervisor de la Planta de Secado SEI, procedió a indicar al actor y a su ayudante Sr. Godoy, que las tareas a ejecutar en el turno entrante, consistían en completar el retiro de 50% de las mangas del secador SEI, labor que había comenzado y ejecutado parcialmente el turno anterior. Indica que para realizar la labor señalada, ambos trabajadores recibieron de parte del supervisor, los elementos de protección personal y las indicaciones de cuidado y seguridad que debían asumir previo a la tarea a ejecutar. Así, el actor comenzó a ejecutar la labor encomendada, propia de todo “operador de planta” y, para ello debió laborar en cada una de los 6 cubículos emplazados en dicho lugar, que el demandante denomina “cajas metálicas”. Hace presente, que para efectuar el retiro de las mangas del interior del secador SEI, el trabajador se debe ubicar dentro de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

mangas. Agrega además que la demandada, no le proporcionó medidas adecuadas de seguridad para efectuar su trabajo. Asimismo, nunca se le informó sobre los riesgos existentes al ejecutar dicha labor en que se accidentó. En cuanto a los daños, indica que sufrió contusión extremidad inferior derecha y herida abrasiva cara posterior muslo derecho. Añade que, debido a las lesiones sufridas tiene graves dificultades para efectuar las labores más simples, no puede apoyar el muslo derecho, no puede desplazarse adecuadamente ya que presenta dolores en su pierna derecha y claudicación en dicha extremidad. Dice que, a la fecha tiene 36 años de edad y con el producto de su trabajo mantenía a su familia. Explica que, su oficio de operario requiere tener ambas piernas en perfectas condiciones para poder trabajar adecuadamente, ya que debe tomar materiales y transportarlos, todo lo cual requiere de fuerza y movilidad, características que ya no tiene debido a las lesiones sufridas en su muslo derecho. Expone que, el accidente y el largo tratamiento médico, progresivamente le han significado la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental. Más adelante, el actor hace mención a los fundamentos de derecho de la acción deducida. A su vez, demanda indemnización por concepto lucro cesante, señalando que este daño constituye la diferencia, en este caso, entre la entidad de su patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que sin él, ciertamente se hubiese obtenido o logrado. Luego señala que, la indemnización por concepto de lucro cesante se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha, y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación por vejez, la que previo cálculo avalúa en la suma de $ 19.867.528, suma por la cual demanda por este concepto. A su vez también demanda daño moral, por cuanto se produce daño moral con toda lesión, menoscabo, detrimento, molestia o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como lo es la diferencia perjudicial de 36 años a la fecha, entre su condición antes de sufrir el siniestro, encontrándose sano física y psicológicamente, y la condición en que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que ha significado que deba quedar con su pierna derecha incapacitada, con dolores crónicos y claudicación, no poder realizar ningún tipo de actividades en que requiera desplazarse regularmente; con todas las secuelas psicológicas y psiquiátricas que ello implica, demandando por este último concepto la suma de $ 60.000.000. En ambos casos, en subsidio, demanda la suma mayor o menor que el tribunal fije, de acuerdo a la equidad, justicia y al mérito del proceso Todo lo anterior, más reajustes, intereses y costas. SEGUNDO: Que la demandada contestando la demanda solicita su rechazo en todas sus partes, con costas. En primer lugar señala que el actor invoca una serie de hechos en relación al accidente sufrido que esa parte desconoce y rechaza. Expone que el lugar donde se desarrolló el trabajo y el accidente corresponde a una unidad operativa del secador spray, marca SEI, en donde se capturan las partículas sólidas y se separan del caudal de aire del secador. Estas partículas sólidas son capturadas por esta parte denominada filtro que lo componen estas 120 “mangas” con canastillos metálicos para mantenerlas en posición. Añade que las mangas con sus canastillos están colgando hacia el interior del equipo, desde el piso de los cubículos donde se trabaja. Estos cubículos son seis y forman una plataforma cuando está con sus seis tapas puestas, rodeadas por barandas de seguridad amarillas. Estas seis secciones o cubículos tienen una altura o profundidad de 86 centímetros por 1,2 metros de largo por 1.2 metros de ancho. A estos cubículos se accede por una escala adosada a la estructura también con barandas de seguridad amarillas. Luego y en cuanto a las circunstancias del accidente refiere que, pasadas las 00:00 horas del día lunes 22 de noviembre de 2010, el señor Roberto Díaz, supervisor de la Planta de Secado SEI, procedió a indicar al actor y a su ayudante Sr. Godoy, que las tareas a ejecutar en el turno entrante, consistían en completar el retiro de 50% de las mangas del secador SEI, labor que había comenzado y ejecutado parcialmente el turno anterior. Indica que para realizar la labor señalada, ambos trabajadores recibieron de parte del supervisor, los elementos de protección personal y las indicaciones de cuidado y seguridad que debían asumir previo a la tarea a ejecutar. Así, el actor comenzó a ejecutar la labor encomendada, propia de todo “operador de planta” y, para ello debió laborar en cada una de los 6 cubículos emplazados en dicho lugar, que el demandante denomina “cajas metálicas”. Hace presente, que para efectuar el retiro de las mangas del interior del secador SEI, el trabajador se debe ubicar dentro de

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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la caja metálica o más bien cubículo, que contiene dichas mangas y una vez que el trabajador retira las mangas de la caja correspondiente, pasa a la siguiente caja a retirar las mangas de esta última. Añade que, la tarea que debía realizar el trabajador ese día en el turno de las 00.00 hrs. era una labor de baja complejidad, que únicamente consistía en retirar las mangas filtros de los cubículos ubicados en el secador SEI. Agrega que el accidente se produjo cuando el trabador caminó sobre el borde del secador, lo que constituye en sí una acción insegura y una exposición temeraria al riesgo. Agrega que el actor, tenía un amplio conocimiento de las medidas de seguridad industrial y prevención de riesgos que aplica la demandada, puesto que el demandante ejerció paralelamente al cargo de operario de producción, labores de prevencionista de riesgos para la demandada, participando activamente en la confección de políticas, descripciones de riesgos, en inducciones, capacitaciones, y en todos los demás aspectos relacionados con la seguridad en la faena. Añade que, el lugar en donde se encuentran emplazados los cubículos, dispone de espacio e iluminación más que suficiente para permitir un desplazamiento seguro de los trabajadores. Además, el área en donde se encuentra el secador SEI, se encuentra circundada por barandas de seguridad, debidamente señalizadas. Por su parte destaca, que el ‘accidente’ sufrido por el actor fue un percance de carácter leve, sin que se produjera perjuicio más allá de unos moretones y erosiones en el muslo derecho –o como señala en informe médico del IST, “herida abrasiva extensa y hematoma en cara posterior del muslo derecho”– y, por lo mismo, rechaza categóricamente que su “tropezón” le produzca o pudiere producir cualquier grado de invalidez o secuela de carácter temporal o permanente, que pudieren afectar su actividad laboral y/o personal. Argumenta que el actor realizó una acción insegura con características de temeraria al caminar por los bordes del secador. Expone que es un requisito esencial para determinar la existencia de la responsabilidad de indemnizar perjuicios, que exista responsabilidad subjetiva o sea que la acción u omisión lo sea con culpa o dolo. A mayor abundamiento, tanto la culpa como el dolo, deben ser acreditados fehacientemente ante el Tribunal, siendo la carga de la prueba íntegramente de la parte demandante. Añade que tanto lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, como en el artículo 69 de la ley Nº 16.744, no configuran en ningún caso, una responsabilidad de tipo estricta, no establecen una obligación de resultados. Señala que la demandada tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente que no ocurriera el accidente del actor. Expone que la demandante propuso en forma errada su demanda, por cuanto es la supuesta responsabilidad de carácter contractual, que le correspondería a la demandada la fuente de la hipotética obligación de indemnizar –en el evento de haber existido perjuicios– sería el incumplimiento contractual que deberá ser establecido por el tribunal, pero en el petitorio, el actor no formuló petición concreta alguna en orden a establecer que Quimetal habría incumplido el contrato, por lo que sin esta declaración previa, que corresponde a uno de los requisitos unánimemente establecidos para que se configure la responsabilidad contractual, la demanda de autos no puede prosperar. Otra línea de argumentación de la demandada dice relación con el cumplimiento de la obligación de seguridad del empleador, manifiesta que el actor recibió por lo menos 4 capacitaciones acerca de los riesgos y medidas de prevención de los riesgos inherentes a las funciones que ejercía, en el transcurso de 23 meses de vigencia de la relación laboral, al momento del accidente. Indica que el trabajador al momento de ingresar a prestar servicios en la demandada, recibió una completa Guía de Prevención de Riesgos en Formato Audiovisual, la cual describe la empresa en cada proceso productivo; como a su vez señala los riesgos inherentes a cada función y las medidas preventivas que es necesario tener en cuenta. Luego agrega que con fecha 10 de septiembre de 2010, al actor se le imparte el curso de capacitación denominado, “TALLER 511, Autocuidado para Trabajadores”. Impartido por el IST, el cual implica no incurrir en accidentes evitables, ocupando la fórmula, 5.1.1, es decir usar los 6 sentidos, tomar 1 acción correcta, y finalmente ejecutar 1 decisión razonable. Indica también que al actor se le informó acerca de los riesgos inherentes a su actividad. Añade que con fecha 23 de marzo de 2009, consta recepción por parte del actor de un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, de la empresa, el cual establece un capítulo dedicado a la obligación de informar de los riesgos laborales, como a su vez las correspondientes medidas correctivas. Añade además que el lugar de las faenas contaba con la señalética adecuada y se proporcionó al actor los implementos de seguridad necesarios para ejecutar las labores asignadas. Así, durante el año 2009, consta la entrega, en las oportunidades correspondientes,

la caja metálica o más bien cubículo, que contiene dichas mangas y una vez que el trabajador retira las mangas de la caja correspondiente, pasa a la siguiente caja a retirar las mangas de esta última. Añade que, la tarea que debía realizar el trabajador ese día en el turno de las 00.00 hrs. era una labor de baja complejidad, que únicamente consistía en retirar las mangas filtros de los cubículos ubicados en el secador SEI. Agrega que el accidente se produjo cuando el trabador caminó sobre el borde del secador, lo que constituye en sí una acción insegura y una exposición temeraria al riesgo. Agrega que el actor, tenía un amplio conocimiento de las medidas de seguridad industrial y prevención de riesgos que aplica la demandada, puesto que el demandante ejerció paralelamente al cargo de operario de producción, labores de prevencionista de riesgos para la demandada, participando activamente en la confección de políticas, descripciones de riesgos, en inducciones, capacitaciones, y en todos los demás aspectos relacionados con la seguridad en la faena. Añade que, el lugar en donde se encuentran emplazados los cubículos, dispone de espacio e iluminación más que suficiente para permitir un desplazamiento seguro de los trabajadores. Además, el área en donde se encuentra el secador SEI, se encuentra circundada por barandas de seguridad, debidamente señalizadas. Por su parte destaca, que el ‘accidente’ sufrido por el actor fue un percance de carácter leve, sin que se produjera perjuicio más allá de unos moretones y erosiones en el muslo derecho –o como señala en informe médico del IST, “herida abrasiva extensa y hematoma en cara posterior del muslo derecho”– y, por lo mismo, rechaza categóricamente que su “tropezón” le produzca o pudiere producir cualquier grado de invalidez o secuela de carácter temporal o permanente, que pudieren afectar su actividad laboral y/o personal. Argumenta que el actor realizó una acción insegura con características de temeraria al caminar por los bordes del secador. Expone que es un requisito esencial para determinar la existencia de la responsabilidad de indemnizar perjuicios, que exista responsabilidad subjetiva o sea que la acción u omisión lo sea con culpa o dolo. A mayor abundamiento, tanto la culpa como el dolo, deben ser acreditados fehacientemente ante el Tribunal, siendo la carga de la prueba íntegramente de la parte demandante. Añade que tanto lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, como en el artículo 69 de la ley Nº 16.744, no configuran en ningún caso, una responsabilidad de tipo estricta, no establecen una obligación de resultados. Señala que la demandada tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente que no ocurriera el accidente del actor. Expone que la demandante propuso en forma errada su demanda, por cuanto es la supuesta responsabilidad de carácter contractual, que le correspondería a la demandada la fuente de la hipotética obligación de indemnizar –en el evento de haber existido perjuicios– sería el incumplimiento contractual que deberá ser establecido por el tribunal, pero en el petitorio, el actor no formuló petición concreta alguna en orden a establecer que Quimetal habría incumplido el contrato, por lo que sin esta declaración previa, que corresponde a uno de los requisitos unánimemente establecidos para que se configure la responsabilidad contractual, la demanda de autos no puede prosperar. Otra línea de argumentación de la demandada dice relación con el cumplimiento de la obligación de seguridad del empleador, manifiesta que el actor recibió por lo menos 4 capacitaciones acerca de los riesgos y medidas de prevención de los riesgos inherentes a las funciones que ejercía, en el transcurso de 23 meses de vigencia de la relación laboral, al momento del accidente. Indica que el trabajador al momento de ingresar a prestar servicios en la demandada, recibió una completa Guía de Prevención de Riesgos en Formato Audiovisual, la cual describe la empresa en cada proceso productivo; como a su vez señala los riesgos inherentes a cada función y las medidas preventivas que es necesario tener en cuenta. Luego agrega que con fecha 10 de septiembre de 2010, al actor se le imparte el curso de capacitación denominado, “TALLER 511, Autocuidado para Trabajadores”. Impartido por el IST, el cual implica no incurrir en accidentes evitables, ocupando la fórmula, 5.1.1, es decir usar los 6 sentidos, tomar 1 acción correcta, y finalmente ejecutar 1 decisión razonable. Indica también que al actor se le informó acerca de los riesgos inherentes a su actividad. Añade que con fecha 23 de marzo de 2009, consta recepción por parte del actor de un ejemplar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, de la empresa, el cual establece un capítulo dedicado a la obligación de informar de los riesgos laborales, como a su vez las correspondientes medidas correctivas. Añade además que el lugar de las faenas contaba con la señalética adecuada y se proporcionó al actor los implementos de seguridad necesarios para ejecutar las labores asignadas. Así, durante el año 2009, consta la entrega, en las oportunidades correspondientes, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de diversos artículos, como lo fueron: guantes de nitrilo, trajes tivek, guantes de cabatrilla y mascarillas desechables. También ocurrió durante el año 2010. En conclusión, la demandada ha cumplido íntegramente la Obligación de Seguridad impuesta en el artículo 184 del Código del Trabajo, como también en las normas complementarias citadas. Agrega que la demandada ha tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Dice que además del Departamento de Prevención de Riesgos y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad; Quimetal cuenta con una Brigada de Emergencias, preparada para incendios y emergencias químicas inclusive, compuesta en la actualidad por 42 trabajadores, la cual funciona hace 5 años, teniendo dentro de sus objetivos cubrir todo tipo de emergencias que ocurran en el interior de la planta, protegiendo la vida e incapacidad física de las personas, comunidad e instalaciones. Cuyos voluntarios reciben los correspondientes implementos de seguridad personal y las capacitaciones necesarias tanto internas como externas. También la demandada alega la falta de concurrencia de los requisitos para la procedencia de indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual. Argumenta que para que se configure la supuesta responsabilidad contractual que se le atribuye a Quimetal, deben concurrir los requisitos que pueden agruparse en: (i) incumplimiento contractual; (ii) imputabilidad; (iii) daño, (iv) relación de causalidad y (y) mora. Reitera que no se reúne el primer requisito, ya que, tal como se señaló precedentemente, la demandada ha cumplido sus obligaciones legales y contractuales que se imputan por la contraria como incumplidas. Refiere que, en cuanto a la relación de causalidad, ésta debe entenderse como la exigencia de que el perjuicio que se alega haber sufrido derive en forma directa e inmediata del incumplimiento contractual denunciado. Al respecto en síntesis se argumenta que el accidente de autos carece de la aptitud causal para producir los daños constitutivos de lucro cesante y daño moral, que dice haber sufrido el actor. En cuanto a los perjuicios que se reclaman, la demandada objeta y controvierte expresamente la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados. Expone que resulta evidente que el daño que se demanda por concepto de lucro cesante, carece de certeza, se construye sobre la base de supuestos. Se hace una estimación privada, no emanada por el organismo competente, en este caso el IST Santiago, quien contrariamente le otorga el alta médica, con expresa mención de encontrarse en condiciones de reintegrarse a sus labores y que tampoco resulta de las operaciones matemáticas que plantea el actor. Finalmente, y respecto del daño moral que reclama el demandante, niega tajantemente la existencia de dichos perjuicios. Manifiesta que el propio informe emitido por el IST concluye “sin secuelas”. Argumenta que, resulta evidente, de acuerdo al informe médico que la lesión sufrida no era de tal envergadura o significancia, como para provocar un “pretium doloris” avaluable en $ 60.000.000.-. Es claramente manifestado en el informe médico, que en la mayoría de los controles su lesión evolucionaba en forma asintomática e indolora, menos aún se trataba de una lesión inmovilizante como intenta hacer creer el actor, lo cual es necesario concluir al verlo asistir a una fiesta bailable, sólo 5 días después de la lesión. Por último y en subsidio de todo lo expuesto alega la exposición imprudente al riesgo del actor como atenuante, lo que se deberá reflejar en una disminución sustancial de la indemnización que pretende el actor, toda vez que no existen motivos para que el trabajador se encontrara caminando por los bordes del equipo por cuanto él se debe aproximar al equipo por la escalera e introducirse al interior de los cubículos del secador SEI donde se encuentran los canastillos y mangas. Lo anterior, unido al hecho que se trata de un profesional en prevención de riesgos, por lo tanto, mayor es el grado de diligencia que la ley le exige. TERCERO: Que el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales fueron aceptados por las partes, a saber: 1.- La existencia de una relación laboral entre las partes a partir del 23 de marzo de 2009, desempeñándose el actor como operario de planta con una remuneración mensual de $ 285.453; 2.- Que el día 22 de noviembre de 2010 el actor sufrió un accidente en la unidad de secador spray. A continuación se llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó. Atendido lo precedentemente relatado y existiendo a juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijó los siguientes hechos a probar: 1.- Forma en la cual ocurrieron los hechos que motivaron el accidente de autos, características del secador spray, marca SEI; 2.- Daños sufridos

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de diversos artículos, como lo fueron: guantes de nitrilo, trajes tivek, guantes de cabatrilla y mascarillas desechables. También ocurrió durante el año 2010. En conclusión, la demandada ha cumplido íntegramente la Obligación de Seguridad impuesta en el artículo 184 del Código del Trabajo, como también en las normas complementarias citadas. Agrega que la demandada ha tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Dice que además del Departamento de Prevención de Riesgos y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad; Quimetal cuenta con una Brigada de Emergencias, preparada para incendios y emergencias químicas inclusive, compuesta en la actualidad por 42 trabajadores, la cual funciona hace 5 años, teniendo dentro de sus objetivos cubrir todo tipo de emergencias que ocurran en el interior de la planta, protegiendo la vida e incapacidad física de las personas, comunidad e instalaciones. Cuyos voluntarios reciben los correspondientes implementos de seguridad personal y las capacitaciones necesarias tanto internas como externas. También la demandada alega la falta de concurrencia de los requisitos para la procedencia de indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual. Argumenta que para que se configure la supuesta responsabilidad contractual que se le atribuye a Quimetal, deben concurrir los requisitos que pueden agruparse en: (i) incumplimiento contractual; (ii) imputabilidad; (iii) daño, (iv) relación de causalidad y (y) mora. Reitera que no se reúne el primer requisito, ya que, tal como se señaló precedentemente, la demandada ha cumplido sus obligaciones legales y contractuales que se imputan por la contraria como incumplidas. Refiere que, en cuanto a la relación de causalidad, ésta debe entenderse como la exigencia de que el perjuicio que se alega haber sufrido derive en forma directa e inmediata del incumplimiento contractual denunciado. Al respecto en síntesis se argumenta que el accidente de autos carece de la aptitud causal para producir los daños constitutivos de lucro cesante y daño moral, que dice haber sufrido el actor. En cuanto a los perjuicios que se reclaman, la demandada objeta y controvierte expresamente la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados. Expone que resulta evidente que el daño que se demanda por concepto de lucro cesante, carece de certeza, se construye sobre la base de supuestos. Se hace una estimación privada, no emanada por el organismo competente, en este caso el IST Santiago, quien contrariamente le otorga el alta médica, con expresa mención de encontrarse en condiciones de reintegrarse a sus labores y que tampoco resulta de las operaciones matemáticas que plantea el actor. Finalmente, y respecto del daño moral que reclama el demandante, niega tajantemente la existencia de dichos perjuicios. Manifiesta que el propio informe emitido por el IST concluye “sin secuelas”. Argumenta que, resulta evidente, de acuerdo al informe médico que la lesión sufrida no era de tal envergadura o significancia, como para provocar un “pretium doloris” avaluable en $ 60.000.000.-. Es claramente manifestado en el informe médico, que en la mayoría de los controles su lesión evolucionaba en forma asintomática e indolora, menos aún se trataba de una lesión inmovilizante como intenta hacer creer el actor, lo cual es necesario concluir al verlo asistir a una fiesta bailable, sólo 5 días después de la lesión. Por último y en subsidio de todo lo expuesto alega la exposición imprudente al riesgo del actor como atenuante, lo que se deberá reflejar en una disminución sustancial de la indemnización que pretende el actor, toda vez que no existen motivos para que el trabajador se encontrara caminando por los bordes del equipo por cuanto él se debe aproximar al equipo por la escalera e introducirse al interior de los cubículos del secador SEI donde se encuentran los canastillos y mangas. Lo anterior, unido al hecho que se trata de un profesional en prevención de riesgos, por lo tanto, mayor es el grado de diligencia que la ley le exige. TERCERO: Que el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales fueron aceptados por las partes, a saber: 1.- La existencia de una relación laboral entre las partes a partir del 23 de marzo de 2009, desempeñándose el actor como operario de planta con una remuneración mensual de $ 285.453; 2.- Que el día 22 de noviembre de 2010 el actor sufrió un accidente en la unidad de secador spray. A continuación se llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó. Atendido lo precedentemente relatado y existiendo a juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijó los siguientes hechos a probar: 1.- Forma en la cual ocurrieron los hechos que motivaron el accidente de autos, características del secador spray, marca SEI; 2.- Daños sufridos

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por el actor a raíz de los hechos antes señalados, naturaleza y monto de los mismos; 3.- Si la demandada cumplió con su deber de cuidado y seguridad respecto del actor, si entregó elementos de seguridad, informó acerca de la forma en que el trabajo se realizaba y los peligros de la labor que desempeñaba, además si existía señalética que daba aviso del peligro de las labores a desarrollar; 4.- Edad del actor a la fecha de ocurrencia del accidente de autos; 5.- Si el actor posee la profesión de técnico en prevención de riesgos, y si efectuó su práctica en la empresa demandada, participación en la confección de los programas de seguridad de aquella. CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: Documental, los que se incorporaron mediante su lectura resumida, consistente en: 1.- Contrato de trabajo de fecha 23 de marzo de 2009; 2.- Dato de atención médica de urgencia de fecha 14 de enero de 2011; 3.- Dato de atención médica de urgencia de fecha 17 de enero de 2011;4.- Dos citaciones a control de fecha 10 de enero y 17 de febrero de 2011; 5.- Tres liquidaciones de subsidios pagados por el IST de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011; 6.- Copia de conciliación y certificado de ejecutoria de 9 de septiembre de 2009 ante el 4° Juzgado de Familia de Santiago, RIT C4135–2009. Se valió de la prueba confesional prestada por don Martín Antonio Ducci Cornu, representante de la demandada, quien en síntesis declara: “Soy Ingeniero Civil, soy Gerente General de la empresa demandada. Conozco al actor de nombre, el actor fue contratado como operario de producción, para el secado de productos. Tenemos diversas actividades. El jefe de producción establece las labores, al momento del accidente el jefe a cargo era don Sergio Montero. El accidente se produce en el secado SEI, en este equipo se produce el secado de fungicidas. Tienen dos o tres niveles de altura, aprox. 15 metros, se le inyecta el líquido con el producto y por debajo se recibe el producto seco. El accidente ocurrió en el segundo nivel a una altura de 7 metros del piso más menos. El actor estaba realizando labores de retiro de mangas. Las mangas deben tener un diámetro de 15 cms, y cuatro metros de largo más menos. El actor estaba retirando la manga al momento del accidente, desconozco si estaba acompañado. El secador SEI tiene dos años de antigüedad, es el equipo más nuevo. En cuanto al procedimiento escrito, hemos implementado un sistema normativo en él se detallan los riesgos de la operación, esta actividad fue calificada de menor riesgo, por lo tanto, no existe un procedimiento escrito. Desconozco si el trabajador había realizado estas labores antes. El comité paritario realizó investigación del caso, en febrero de este año, dado el carácter de contusión. La conclusión fue que hubo negligencia del propio operador, dada además su condición especial. Hemos tomado enorme cantidad de acciones y medidas para prevenir estas situaciones, partiendo por un reglamento, luego la exhibición de un video, se han hecho capacitaciones, charlas. Los trabajadores firman documentos. En el video se hace referencia al secador SEI, es una plataforma donde se accede a la puerta principal se introducen las mangas, se accede por escaleras con barandas laterales y perimetrales. En la plataforma se desplaza caminando. El día del accidente las tapas ya habían sido sacadas y se había removido parte del material. Al equipo mismo se accede como quien se baja a la tina del baño de una casa, tiene una profundidad de 80 cms. Se saca la manga y se deja al costado En cuanto a elementos de seguridad, incluye zapatos, guantes, máscaras. La jefatura se encarga de que usen los implementos de seguridad. Además, hizo uso de la testimonial de doña Mireya Solange Arenas Ureta, quien en síntesis declara: “Soy estudiante. Conozco al actor de infancia, éramos vecinos. Nos visitamos cuatro veces a la semana a lo menos. El actor ha tenido dos accidentes, hace un tiempo le cayó algo en un pie, hace un año y medio más menos. El segundo ocurrió en noviembre, se lesionó una pierna, no sé cual pierna. El ha tenido problemas desde andar con muletas. No ha podido volver a trabajar, estuvo con licencia médica, los discriminaban, no le dieron la asignación de escolaridad. El vive con sus hijos y su papá, en Maipú. Tiene dos hijos, de 11 y 14. Sé que no está trabajando. El ha tenido que ir a control médico, creo que en el IST. El primer accidente lo tuvo en el trabajo, el segundo lo tuvo en el recital fue hace como dos meses y de ahí está con muletas.

por el actor a raíz de los hechos antes señalados, naturaleza y monto de los mismos; 3.- Si la demandada cumplió con su deber de cuidado y seguridad respecto del actor, si entregó elementos de seguridad, informó acerca de la forma en que el trabajo se realizaba y los peligros de la labor que desempeñaba, además si existía señalética que daba aviso del peligro de las labores a desarrollar; 4.- Edad del actor a la fecha de ocurrencia del accidente de autos; 5.- Si el actor posee la profesión de técnico en prevención de riesgos, y si efectuó su práctica en la empresa demandada, participación en la confección de los programas de seguridad de aquella. CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: Documental, los que se incorporaron mediante su lectura resumida, consistente en: 1.- Contrato de trabajo de fecha 23 de marzo de 2009; 2.- Dato de atención médica de urgencia de fecha 14 de enero de 2011; 3.- Dato de atención médica de urgencia de fecha 17 de enero de 2011;4.- Dos citaciones a control de fecha 10 de enero y 17 de febrero de 2011; 5.- Tres liquidaciones de subsidios pagados por el IST de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011; 6.- Copia de conciliación y certificado de ejecutoria de 9 de septiembre de 2009 ante el 4° Juzgado de Familia de Santiago, RIT C4135–2009. Se valió de la prueba confesional prestada por don Martín Antonio Ducci Cornu, representante de la demandada, quien en síntesis declara: “Soy Ingeniero Civil, soy Gerente General de la empresa demandada. Conozco al actor de nombre, el actor fue contratado como operario de producción, para el secado de productos. Tenemos diversas actividades. El jefe de producción establece las labores, al momento del accidente el jefe a cargo era don Sergio Montero. El accidente se produce en el secado SEI, en este equipo se produce el secado de fungicidas. Tienen dos o tres niveles de altura, aprox. 15 metros, se le inyecta el líquido con el producto y por debajo se recibe el producto seco. El accidente ocurrió en el segundo nivel a una altura de 7 metros del piso más menos. El actor estaba realizando labores de retiro de mangas. Las mangas deben tener un diámetro de 15 cms, y cuatro metros de largo más menos. El actor estaba retirando la manga al momento del accidente, desconozco si estaba acompañado. El secador SEI tiene dos años de antigüedad, es el equipo más nuevo. En cuanto al procedimiento escrito, hemos implementado un sistema normativo en él se detallan los riesgos de la operación, esta actividad fue calificada de menor riesgo, por lo tanto, no existe un procedimiento escrito. Desconozco si el trabajador había realizado estas labores antes. El comité paritario realizó investigación del caso, en febrero de este año, dado el carácter de contusión. La conclusión fue que hubo negligencia del propio operador, dada además su condición especial. Hemos tomado enorme cantidad de acciones y medidas para prevenir estas situaciones, partiendo por un reglamento, luego la exhibición de un video, se han hecho capacitaciones, charlas. Los trabajadores firman documentos. En el video se hace referencia al secador SEI, es una plataforma donde se accede a la puerta principal se introducen las mangas, se accede por escaleras con barandas laterales y perimetrales. En la plataforma se desplaza caminando. El día del accidente las tapas ya habían sido sacadas y se había removido parte del material. Al equipo mismo se accede como quien se baja a la tina del baño de una casa, tiene una profundidad de 80 cms. Se saca la manga y se deja al costado En cuanto a elementos de seguridad, incluye zapatos, guantes, máscaras. La jefatura se encarga de que usen los implementos de seguridad. Además, hizo uso de la testimonial de doña Mireya Solange Arenas Ureta, quien en síntesis declara: “Soy estudiante. Conozco al actor de infancia, éramos vecinos. Nos visitamos cuatro veces a la semana a lo menos. El actor ha tenido dos accidentes, hace un tiempo le cayó algo en un pie, hace un año y medio más menos. El segundo ocurrió en noviembre, se lesionó una pierna, no sé cual pierna. El ha tenido problemas desde andar con muletas. No ha podido volver a trabajar, estuvo con licencia médica, los discriminaban, no le dieron la asignación de escolaridad. El vive con sus hijos y su papá, en Maipú. Tiene dos hijos, de 11 y 14. Sé que no está trabajando. El ha tenido que ir a control médico, creo que en el IST. El primer accidente lo tuvo en el trabajo, el segundo lo tuvo en el recital fue hace como dos meses y de ahí está con muletas. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Desde marzo lo veo menos, con muletas lo vi ayer. Antes sólo cojeaba. No sé cuál fue el daño producto del accidente en el recital. A su vez se ordenó oficiar al Instituto de Seguridad del Trabajo y a la Inspección Comunal de Maipú cuyas respuestas fueron remitidas por los distintos organismos, y se incorporaron mediante lectura resumida en la audiencia de juicio y audiencia especial respectivamente. Además solicitó exhibición de documentos referidos a: Copia del Informe de Investigación del Comité Paritario respecto de las causas del accidente que sufrió el demandante, don Ricardo Patricio Jara Sánchez, RUT 12.855.960-4, y además copia de las actas correspondiente a las tres sesiones realizadas tanto con anterioridad, como con posterioridad a la fecha de la sesión que investigó el accidente que sufrió el señor Jara; 2.- Copia de la declaración individual de accidente del trabajo presentada ante el Instituto de Seguridad del Trabajador; 3.- Las denuncias y/o comunicación de siniestro efectuadas por la demandada Quimetal Industrial S.A., RUT 87.001.500-3; a cualquier compañía de seguros en relación al accidente del trabajo que sufrió el demandante, don Ricardo Patricio Jara Sánchez, RUT 12.855.960-4; Investigación efectuada por el Departamento de Prevención de Riesgos de la demandada. Diligencia cumplida por la demandada. QUINTO: Que a su turno la demandada rindió en la audiencia de juicio prueba documental, la que se incorporó mediante lectura resumida consistente en: 1.- Set de 15 fotografías del lugar de trabajo del actor, en concreto Secado SEI; 2.- Copia de informe interno de investigación de accidentes, emitido por don Pablo Muñoz Serra, sin fecha; 3.- Copia de acta de reunión extraordinaria del comité paritario de fecha 10 de enero de 2011; 4.- Copia de Acta de Reunión Extraordinaria del Comité Paritario de fecha 15 de febrero de 2011; 5.- Copia de certificado de actividad de capacitación de fecha 2 de junio de 2010; 6.- Copia de manual y certificado de capacitación del IST; 7.- Copia de Manual y Listado de Asistencia; 8.- Video de Prevención de Riesgos, preparado por Quimetral Industrial S.A.; 9.- Copia de constancia de entrega de reglamento interno de orden, higiene y seguridad de fecha 23 de marzo de 2009; 10.- Copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada; 11.- Set de copias de constancia de entrega de implementos personales de seguridad entre los años 2009 y 2010, son 24 documentos; 12.- Copia de actas de reuniones del comité paritario de la demandada del año 2010; 13.- Copia de certificado IST, de fecha 10 de enero de 2011; 14.- Copia de certificado de integrantes de Brigada de Emergencias Químicas e Incendios Brigada creada por la demandada; 15.- Copia de declaración individual accidente del Trabajo (DIAT) de fecha 24 de noviembre de 2010; 16.- Copia de informe médico de fecha 2 de febrero de 2011, del doctor Ricardo Jorquera Núñez; 17.- Copia de alta médica de fecha 20 de diciembre de 2010 del demandante; 18.- copia de alta médica de fecha 21 de febrero de 2011 del demandante; 19.- Copia de licencia médica emitida por el doctor Guido Zamora de fecha 22 de diciembre de 2010; 20.- Copia de licencia médica de la doctora Marcela Arnello de fecha 29 de diciembre de 2010; 21.- Copia de licencia médica de la doctora Ruth González de fecha 9 de febrero de 2011; 22.- Correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2010 de don Gerardo Pinto; 23.- Copia del contrato de práctica profesional para estudiantes trabajadores de la demandada suscrito con fecha 16 de abril de 2010; 24.- Copia informe final de práctica laboral del demandante en la carrera de técnico de nivel superior en prevención de riesgos CFT UTEM, año 2010, y 25.- Copia trabajo final del demandante, año 2010. La demandada solicitó y obtuvo la absolución de posiciones del demandante, Ricardo Patricio Jara Sánchez: quien declara en síntesis: “Yo cumplí en marzo dos años como operario de planta. Todo el tiempo fui operario de producción. Excepto cuando hice la práctica de prevención de riesgo. Lo que más hice fue inducción, donde tenía que mostrar el video. Tuve que elaborar un informe evaluando comparativamente los cambios realizados durante el período, las falencias y lo que se mejoró. Yo nunca estuve en la operación de esa máquina y tampoco nunca evalué. La labor de operación y mantención de la máquina la califico como riesgosa si no está capacitada. Yo efectué charlas de capacitación al personal. A raíz del accidente tuve una herida calificada como desgarro muscular, eso dice la ecotomografía. Me accidenté a las 5 de la mañana y recién a las 9:00 me llevaron al IST. Yo fui a la fiesta del Club deportivo a los pocos días después. Estaba en reposo pero no total, yo me trasladaba por mis medios. Es falso que yo bailé.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Desde marzo lo veo menos, con muletas lo vi ayer. Antes sólo cojeaba. No sé cuál fue el daño producto del accidente en el recital. A su vez se ordenó oficiar al Instituto de Seguridad del Trabajo y a la Inspección Comunal de Maipú cuyas respuestas fueron remitidas por los distintos organismos, y se incorporaron mediante lectura resumida en la audiencia de juicio y audiencia especial respectivamente. Además solicitó exhibición de documentos referidos a: Copia del Informe de Investigación del Comité Paritario respecto de las causas del accidente que sufrió el demandante, don Ricardo Patricio Jara Sánchez, RUT 12.855.960-4, y además copia de las actas correspondiente a las tres sesiones realizadas tanto con anterioridad, como con posterioridad a la fecha de la sesión que investigó el accidente que sufrió el señor Jara; 2.- Copia de la declaración individual de accidente del trabajo presentada ante el Instituto de Seguridad del Trabajador; 3.- Las denuncias y/o comunicación de siniestro efectuadas por la demandada Quimetal Industrial S.A., RUT 87.001.500-3; a cualquier compañía de seguros en relación al accidente del trabajo que sufrió el demandante, don Ricardo Patricio Jara Sánchez, RUT 12.855.960-4; Investigación efectuada por el Departamento de Prevención de Riesgos de la demandada. Diligencia cumplida por la demandada. QUINTO: Que a su turno la demandada rindió en la audiencia de juicio prueba documental, la que se incorporó mediante lectura resumida consistente en: 1.- Set de 15 fotografías del lugar de trabajo del actor, en concreto Secado SEI; 2.- Copia de informe interno de investigación de accidentes, emitido por don Pablo Muñoz Serra, sin fecha; 3.- Copia de acta de reunión extraordinaria del comité paritario de fecha 10 de enero de 2011; 4.- Copia de Acta de Reunión Extraordinaria del Comité Paritario de fecha 15 de febrero de 2011; 5.- Copia de certificado de actividad de capacitación de fecha 2 de junio de 2010; 6.- Copia de manual y certificado de capacitación del IST; 7.- Copia de Manual y Listado de Asistencia; 8.- Video de Prevención de Riesgos, preparado por Quimetral Industrial S.A.; 9.- Copia de constancia de entrega de reglamento interno de orden, higiene y seguridad de fecha 23 de marzo de 2009; 10.- Copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada; 11.- Set de copias de constancia de entrega de implementos personales de seguridad entre los años 2009 y 2010, son 24 documentos; 12.- Copia de actas de reuniones del comité paritario de la demandada del año 2010; 13.- Copia de certificado IST, de fecha 10 de enero de 2011; 14.- Copia de certificado de integrantes de Brigada de Emergencias Químicas e Incendios Brigada creada por la demandada; 15.- Copia de declaración individual accidente del Trabajo (DIAT) de fecha 24 de noviembre de 2010; 16.- Copia de informe médico de fecha 2 de febrero de 2011, del doctor Ricardo Jorquera Núñez; 17.- Copia de alta médica de fecha 20 de diciembre de 2010 del demandante; 18.- copia de alta médica de fecha 21 de febrero de 2011 del demandante; 19.- Copia de licencia médica emitida por el doctor Guido Zamora de fecha 22 de diciembre de 2010; 20.- Copia de licencia médica de la doctora Marcela Arnello de fecha 29 de diciembre de 2010; 21.- Copia de licencia médica de la doctora Ruth González de fecha 9 de febrero de 2011; 22.- Correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2010 de don Gerardo Pinto; 23.- Copia del contrato de práctica profesional para estudiantes trabajadores de la demandada suscrito con fecha 16 de abril de 2010; 24.- Copia informe final de práctica laboral del demandante en la carrera de técnico de nivel superior en prevención de riesgos CFT UTEM, año 2010, y 25.- Copia trabajo final del demandante, año 2010. La demandada solicitó y obtuvo la absolución de posiciones del demandante, Ricardo Patricio Jara Sánchez: quien declara en síntesis: “Yo cumplí en marzo dos años como operario de planta. Todo el tiempo fui operario de producción. Excepto cuando hice la práctica de prevención de riesgo. Lo que más hice fue inducción, donde tenía que mostrar el video. Tuve que elaborar un informe evaluando comparativamente los cambios realizados durante el período, las falencias y lo que se mejoró. Yo nunca estuve en la operación de esa máquina y tampoco nunca evalué. La labor de operación y mantención de la máquina la califico como riesgosa si no está capacitada. Yo efectué charlas de capacitación al personal. A raíz del accidente tuve una herida calificada como desgarro muscular, eso dice la ecotomografía. Me accidenté a las 5 de la mañana y recién a las 9:00 me llevaron al IST. Yo fui a la fiesta del Club deportivo a los pocos días después. Estaba en reposo pero no total, yo me trasladaba por mis medios. Es falso que yo bailé.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Cuando estaba de vacaciones tuve un accidente, en un evento donde estuve grabando un concierto de rock, una persona me cayó en la pierna y tuve luxación de cadera y esguince de rodilla, en la misma pierna donde tuve el accidente en la empresa. El día del accidente estaba con implementos de seguridad. Rindió la testimonial don Carlos Alberto Polanco Lazo, don Alfonso Nolberto Plazo Piña y don Rodrigo Vásquez Fuentealba, quiénes previamente juramentados exponen en síntesis: Don Carlos Alberto Polanco Lazo: “Soy médico cirujano, especialidad cirugía traumática, soy jefe servicio de urgencia IST. Yo al actor lo atendí en varias oportunidades. Lo atendí como interconsultor, para evaluar un hematoma en un muslo. Traté el hematoma, tuvo una evolución un poco más larga de lo esperable. El tenía un hematoma en el muslo y con los tratamientos de drenaje termina desapareciendo. A raíz de esta lesión no se afectó el musculo, se ubicaba en parte más superficial. Correspondía más a un seroma que un hematoma. Está fuera de compartimento muscular. A mi juicio no debe producirle ninguna incapacidad, por lo menos hasta el momento en que yo lo vi. Al señor Jara no sé en qué fecha empecé a atenderlo, fue a fines del año pasado. Me recuerdo de él porque lo vi muchas veces, a lo menos 10 veces en controles y es el único paciente en el último año con su lesión. El también vio otros médicos, vio traumatólogo. También lo vio el traumatólogo y el ecografista. Los drenajes es una segunda etapa del tratamiento, no son habituales, normalmente se quita solo. No tiene ninguna relevancia el período de tiempo que pasó en recibir la atención médica. No recuerdo fecha de inicio ni alta del paciente. Antes lo había dado de alta, pero como el trabajador hizo consulta nuevamente se volvió a tratar y se reingresó. Nosotros no otorgamos licencias normales, basta que solo decretemos reposo. Luego depone don Rodrigo Antonio Vásquez Fuentealba, quien señala: “Soy médico cirujano, medicina general estudios post título en traumatología. Yo trabajo en Hospital IST. Atiendo urgencia, policlínico y pabellón quirúrgico. Yo atendí al trabajador, un día en urgencia tras haber sido tratado por una contusión. Decía mantener dolor en la cara posterior de su muslo. Lo vi y me percaté que tenía un ceroma asociado a una contusión, le otorgué anestesia local y drené. Luego lo controlé en el policlínico, y el drenaje seguía drenando, lo derivé al Doctor Polanco. No recuerdo fecha. Yo no di de alta al trabajador. En cuanto a secuelas, existen varios tipos las secuelas funcionales, y depende de varios factores, edad del paciente, lugar de la lesión, etc. En este caso, podría presentar un cuadro de dolor regional complejo, podría presentar algún tipo de disconformidad desde el punto de vista estético. Desconozco si el trabajador está de alta. El alta médica puede implicar una serie de condiciones quizás no óptima, el médico que evalúa al paciente que en relación a sus capacidades está en condiciones de integrarse a sus labores. Cuando reevalúo al trabajador, lo reingresé, quedó con reposo médico y ese mismo día se realiza el drenaje. En el momento que yo vi al trabajador hasta el segundo control en ese momento no estaba en condiciones de retomar sus labores. Finalmente declara don Alfonso Nolberto Plaza Piña, quien dice: “Soy contralor de la demandada, yo estoy a cargo de muchas labores, revisar procedimientos, supervisar que las políticas se cumplan, resolver situaciones especiales, ver que las normas legales se estén cumpliendo, las políticas, etc. Conozco al actor. El actor es operario de la empresa, específicamente realizaba trabajos en el secador SEI, no obstante además había presentado requerimiento para hacer práctica en prevención de riesgos. Dentro de su jornada, parte de su tiempo era utilizado para el secador SEI y el experto de seguridad. Yo recibo todas las denuncias que se hacen al IST respecto de accidentes que pueden ocurrir, el día 22 de noviembre de 2010 se presentó el DIAT al IST por un resbalón que había tenido Jara y se había hecho una raspadura en el muslo derecho con una pequeña contusión, eso me informó el paramédico y experto en prevención de riesgos. El trabajador estuvo con licencia médica desde el 22 al 30 de noviembre. El día 27 de noviembre Jara participó en una fiesta del Club Deportivo. Después ha tenido una seguidilla de licencias, entre medio ha tenido licencias particulares, por enfermedad común.

Cuando estaba de vacaciones tuve un accidente, en un evento donde estuve grabando un concierto de rock, una persona me cayó en la pierna y tuve luxación de cadera y esguince de rodilla, en la misma pierna donde tuve el accidente en la empresa. El día del accidente estaba con implementos de seguridad. Rindió la testimonial don Carlos Alberto Polanco Lazo, don Alfonso Nolberto Plazo Piña y don Rodrigo Vásquez Fuentealba, quiénes previamente juramentados exponen en síntesis: Don Carlos Alberto Polanco Lazo: “Soy médico cirujano, especialidad cirugía traumática, soy jefe servicio de urgencia IST. Yo al actor lo atendí en varias oportunidades. Lo atendí como interconsultor, para evaluar un hematoma en un muslo. Traté el hematoma, tuvo una evolución un poco más larga de lo esperable. El tenía un hematoma en el muslo y con los tratamientos de drenaje termina desapareciendo. A raíz de esta lesión no se afectó el musculo, se ubicaba en parte más superficial. Correspondía más a un seroma que un hematoma. Está fuera de compartimento muscular. A mi juicio no debe producirle ninguna incapacidad, por lo menos hasta el momento en que yo lo vi. Al señor Jara no sé en qué fecha empecé a atenderlo, fue a fines del año pasado. Me recuerdo de él porque lo vi muchas veces, a lo menos 10 veces en controles y es el único paciente en el último año con su lesión. El también vio otros médicos, vio traumatólogo. También lo vio el traumatólogo y el ecografista. Los drenajes es una segunda etapa del tratamiento, no son habituales, normalmente se quita solo. No tiene ninguna relevancia el período de tiempo que pasó en recibir la atención médica. No recuerdo fecha de inicio ni alta del paciente. Antes lo había dado de alta, pero como el trabajador hizo consulta nuevamente se volvió a tratar y se reingresó. Nosotros no otorgamos licencias normales, basta que solo decretemos reposo. Luego depone don Rodrigo Antonio Vásquez Fuentealba, quien señala: “Soy médico cirujano, medicina general estudios post título en traumatología. Yo trabajo en Hospital IST. Atiendo urgencia, policlínico y pabellón quirúrgico. Yo atendí al trabajador, un día en urgencia tras haber sido tratado por una contusión. Decía mantener dolor en la cara posterior de su muslo. Lo vi y me percaté que tenía un ceroma asociado a una contusión, le otorgué anestesia local y drené. Luego lo controlé en el policlínico, y el drenaje seguía drenando, lo derivé al Doctor Polanco. No recuerdo fecha. Yo no di de alta al trabajador. En cuanto a secuelas, existen varios tipos las secuelas funcionales, y depende de varios factores, edad del paciente, lugar de la lesión, etc. En este caso, podría presentar un cuadro de dolor regional complejo, podría presentar algún tipo de disconformidad desde el punto de vista estético. Desconozco si el trabajador está de alta. El alta médica puede implicar una serie de condiciones quizás no óptima, el médico que evalúa al paciente que en relación a sus capacidades está en condiciones de integrarse a sus labores. Cuando reevalúo al trabajador, lo reingresé, quedó con reposo médico y ese mismo día se realiza el drenaje. En el momento que yo vi al trabajador hasta el segundo control en ese momento no estaba en condiciones de retomar sus labores. Finalmente declara don Alfonso Nolberto Plaza Piña, quien dice: “Soy contralor de la demandada, yo estoy a cargo de muchas labores, revisar procedimientos, supervisar que las políticas se cumplan, resolver situaciones especiales, ver que las normas legales se estén cumpliendo, las políticas, etc. Conozco al actor. El actor es operario de la empresa, específicamente realizaba trabajos en el secador SEI, no obstante además había presentado requerimiento para hacer práctica en prevención de riesgos. Dentro de su jornada, parte de su tiempo era utilizado para el secador SEI y el experto de seguridad. Yo recibo todas las denuncias que se hacen al IST respecto de accidentes que pueden ocurrir, el día 22 de noviembre de 2010 se presentó el DIAT al IST por un resbalón que había tenido Jara y se había hecho una raspadura en el muslo derecho con una pequeña contusión, eso me informó el paramédico y experto en prevención de riesgos. El trabajador estuvo con licencia médica desde el 22 al 30 de noviembre. El día 27 de noviembre Jara participó en una fiesta del Club Deportivo. Después ha tenido una seguidilla de licencias, entre medio ha tenido licencias particulares, por enfermedad común. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Hace treinta días debía reincorporarse pero solicitó vacaciones, ahora hace un par de días llegó otra licencia por treinta días más, supe que Jara había tenido otro accidente en una fiesta rock, alguien le cayó encima. A la fiesta asistió como todo el mundo. Yo lo vi en fotografías a él. El actor contaba con todos los implementos de seguridad el día del accidente. Llevo 22 años en el cargo, hace tres años y medio se inició un proceso de certificación. A los trabajadores cuando ingresan se les hacen clases didácticas, Jara incluso participaba en esa labor como practicante, luego se les exhibe una película, luego el trabajador va con todos sus implementos de seguridad. Para las normas ISO se hizo un proceso de levantamiento de todos los riesgos de la empresa, incluso Jara participó en el procedimiento de levantamiento de riesgos del sector SEI del secado. Quien valida que la empresa cumpla con estos procedimientos, ello lo evalúan diferentes organismos, una empresa externa. Dependiendo del riesgo se toman distintas medidas de protección. El lugar donde ocurrió el accidente, es una máquina de tres pisos, en esa sección los riesgos levantados no existen fuera de resbalar, no se detectó riesgo de caer. Es inconcebible que alguien camine por ese sector. Para hacer el trabajo, el trabajador debía subir una escala e introducirse desde dentro hay que sacar las mangas. Para cambiarse de cubículo lo hace de uno a otro levantando las piernas sin caminar por el borde no se justifica. Los cubículos estaban sin tapas porque el equipo anterior las había sacado era un trabajo en equipo. Luego vino un equipo que sacó las mallas. Nunca había habido un accidente en ese sector. El secador tiene un año y medio. Como alumno en práctica de prevención de riesgos, el actor participó en los procedimientos de levantamiento de riesgos, en las charlas de cinco minutos, en la capacitación de videos iniciales a todo los trabajadores. Como operario él también recibió capacitación, por lo menos dos. Conozco el Reglamento Interno, he participado en sus actualizaciones. El secador SEI también se llama Planta de secado. Se le exhibe Reglamento Interno a partir de pág. 42. complementario está la matriz de riesgo de la empresa. En el Reglamento Interno, no está. La DIAT, del actor no sé en qué fecha se hizo. A Jara se le llevó a eso de las 8:15 al hospital, el accidente fue a las 4:30 horas. No se puede hacer un procedimiento de algo que no se considera riesgo, como el propio actor lo calificó. Se le exhiben fotografías: La única forma de acceso es la escalera, las tapas se sacan desde adentro. Las mangas las retiran los operarios. Se incorporó respuesta a oficio enviado al IST. Para que el médico Juan Maturana Bascope informara tratamiento médico otorgado al actor. SEXTO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, según los principios de la lógica y las máximas de experiencia, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 1.- Que el actor el día 22 de noviembre de 2010 aproximadamente a las 4:30 horas, mientras se encontraba caminando sobre escalerilla secador SEI pisa en falso raspándose el muslo derecho quedando con una contusión de consideración. Hecho que se acredita con la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo de fecha 24 de noviembre de 2010, y con el informe investigación del accidente practicado por don Pablo Muñoz Serra, Jefe de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, junto al pre informe técnico del IST de abril de 2011 suscrito por don Miguel Yáñez Signe, Experto Profesional en Prevención de Riesgos, en el cual se describe el accidente señalando que el trabajador Ricardo Patricio Jara Sánchez se encontraba realizando labores de cambios de mangas del secador SEI en planta Lonquén, labor que era realizada desde la 01:00 horas, aproximadamente. Al momento de desplazarse por la plataforma, el trabajador cae a un distinto nivel dentro de un cubículo de contención de los filtros de mangas. Producto de esta caída sufre las consecuencias de: contusión extremidad inferior derecha y herida abrasiva de cara posterior muslo derecho. 2.- Que el actor el día del accidente fue atendido en el IST, según consta dato de atención médica de urgencia suscrito por el Dr. Sergio Olave Rojas donde se indica que en el Servicio de Urgencia del

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Hace treinta días debía reincorporarse pero solicitó vacaciones, ahora hace un par de días llegó otra licencia por treinta días más, supe que Jara había tenido otro accidente en una fiesta rock, alguien le cayó encima. A la fiesta asistió como todo el mundo. Yo lo vi en fotografías a él. El actor contaba con todos los implementos de seguridad el día del accidente. Llevo 22 años en el cargo, hace tres años y medio se inició un proceso de certificación. A los trabajadores cuando ingresan se les hacen clases didácticas, Jara incluso participaba en esa labor como practicante, luego se les exhibe una película, luego el trabajador va con todos sus implementos de seguridad. Para las normas ISO se hizo un proceso de levantamiento de todos los riesgos de la empresa, incluso Jara participó en el procedimiento de levantamiento de riesgos del sector SEI del secado. Quien valida que la empresa cumpla con estos procedimientos, ello lo evalúan diferentes organismos, una empresa externa. Dependiendo del riesgo se toman distintas medidas de protección. El lugar donde ocurrió el accidente, es una máquina de tres pisos, en esa sección los riesgos levantados no existen fuera de resbalar, no se detectó riesgo de caer. Es inconcebible que alguien camine por ese sector. Para hacer el trabajo, el trabajador debía subir una escala e introducirse desde dentro hay que sacar las mangas. Para cambiarse de cubículo lo hace de uno a otro levantando las piernas sin caminar por el borde no se justifica. Los cubículos estaban sin tapas porque el equipo anterior las había sacado era un trabajo en equipo. Luego vino un equipo que sacó las mallas. Nunca había habido un accidente en ese sector. El secador tiene un año y medio. Como alumno en práctica de prevención de riesgos, el actor participó en los procedimientos de levantamiento de riesgos, en las charlas de cinco minutos, en la capacitación de videos iniciales a todo los trabajadores. Como operario él también recibió capacitación, por lo menos dos. Conozco el Reglamento Interno, he participado en sus actualizaciones. El secador SEI también se llama Planta de secado. Se le exhibe Reglamento Interno a partir de pág. 42. complementario está la matriz de riesgo de la empresa. En el Reglamento Interno, no está. La DIAT, del actor no sé en qué fecha se hizo. A Jara se le llevó a eso de las 8:15 al hospital, el accidente fue a las 4:30 horas. No se puede hacer un procedimiento de algo que no se considera riesgo, como el propio actor lo calificó. Se le exhiben fotografías: La única forma de acceso es la escalera, las tapas se sacan desde adentro. Las mangas las retiran los operarios. Se incorporó respuesta a oficio enviado al IST. Para que el médico Juan Maturana Bascope informara tratamiento médico otorgado al actor. SEXTO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, según los principios de la lógica y las máximas de experiencia, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 1.- Que el actor el día 22 de noviembre de 2010 aproximadamente a las 4:30 horas, mientras se encontraba caminando sobre escalerilla secador SEI pisa en falso raspándose el muslo derecho quedando con una contusión de consideración. Hecho que se acredita con la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo de fecha 24 de noviembre de 2010, y con el informe investigación del accidente practicado por don Pablo Muñoz Serra, Jefe de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, junto al pre informe técnico del IST de abril de 2011 suscrito por don Miguel Yáñez Signe, Experto Profesional en Prevención de Riesgos, en el cual se describe el accidente señalando que el trabajador Ricardo Patricio Jara Sánchez se encontraba realizando labores de cambios de mangas del secador SEI en planta Lonquén, labor que era realizada desde la 01:00 horas, aproximadamente. Al momento de desplazarse por la plataforma, el trabajador cae a un distinto nivel dentro de un cubículo de contención de los filtros de mangas. Producto de esta caída sufre las consecuencias de: contusión extremidad inferior derecha y herida abrasiva de cara posterior muslo derecho. 2.- Que el actor el día del accidente fue atendido en el IST, según consta dato de atención médica de urgencia suscrito por el Dr. Sergio Olave Rojas donde se indica que en el Servicio de Urgencia del

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Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo fue atendido el demandante el 22 de noviembre de 2010 con las siguientes hipótesis diagnósticas: contusión extremidad inferior derecha, herida abrasiva cara posterior muslo derecho. Pronóstico inicial menor gravedad. 3.- Que el actor fue dado de alta el 20 de diciembre de 2010 y posteriormente reingresado el 30 de diciembre de 2010. Lo anterior consta del informe médico emitido por el IST suscrito por el Dr. Arnaldo Ledezma Zamora, el cual da cuenta que el trabajador fue controlado el 25 de noviembre de 2011 presentaba equimosis extensa en muslo y erosiones costrificadas. Posteriormente evolucionó con formación de hematoma de cierta consideración. 4.- Que el reingresó el 30 de diciembre de 2010 fue por aumento de volumen del seroma evacuado, que fue vaciado por incisión sin signos de infección. Se dejó drenaje. 5.- Que según da cuenta el certificado de alta médica del IST suscrito por el Doctor Carlos Alberto Polanco Lazo, el demandante fue dado de alta finalmente el 21 de febrero de 2011 quedando en condiciones de reintegrarse a sus labores el día 22 de febrero de 2011. 6.- Que a la época de ocurrido el hecho, la demandada contaba con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad el que fue incorporado en la audiencia de juicio, existiendo constancia que el actor tomó conocimiento de dicho antecedente del cual le fue entregado un ejemplar el 23 de marzo de 2009. 7.- Que al actor se le habían hecho entrega por la demandada de implementos de seguridad tanto en el año 2009 como también en el año 2010, según consta en las respectivas actas de entrega debidamente suscritas por el actor. Que a su vez, al momento de ocurrir el accidente el actor portaba elementos de seguridad, hecho que se acredita con los propios dichos de este, al absolver posiciones el cual al ser preguntado declara: “el día del accidente estaba con implementos de seguridad”. 8.- Que el actor a la fecha del accidente había participado en el taller de capacitación denominado “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”, que tuvo lugar el 2 de junio de 2010. También participó en una capacitación de autocuidado “511” de fecha 10 de septiembre de 2010. Ambos hechos se acreditan con los respectivos documentos que dan cuenta de ello. Unido además a la declaración del testigo de la demandada don Alfonso Plaza Piña, contralor de la empresa demandada quien sobre este punto declara: a los trabajadores cuando ingresan se les hacen clases didácticas, Jara incluso participaba en esa labor como practicante, luego se les exhibe una película... 9.- Que la empresa demandada cuenta con Comité Paritario, el cual en reunión de 10 de enero de 2011 decide, atendido lo extenso de la licencia médica del demandante, realizar una investigación del accidente designando al señor Pablo Muñoz, Experto en Prevención de Riesgos, a cargo de dicha investigación, lo anterior consta en el acta de reunión del Comité Paritario de esa fecha. Por su parte el acta de reunión de 15 de febrero de 2011 da cuenta que se entrega el informe de investigación ordenado y en él se concluye por parte del Comité Paritario que el accidente ocurrido el día 22 de noviembre de 2010 a las 04:30 horas se debió a negligencia inexcusable del trabajador señor Ricardo Jara. 10.- Que el actor además de estar contratado como operario de planta realizó su práctica profesional para obtener el título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos en la empresa demandada, lo que se acredita con el contrato de práctica profesional debidamente suscrito por las partes, además de los dichos del propio actor al absolver posiciones. 11.- Que no existía procedimiento escrito de trabajo seguro respecto del secador SEI donde ocurrió el accidente. Ello se acredita con los dichos del representante legal de la demandada, quien declara al respecto: …esta actividad fue calificada de menor riesgo por lo tanto no existe un procedimiento escrito.. Luego lo corrobora el testigo de la demandada don Alfonso Plaza Piña, quien señala: no se puede hacer un procedimiento de algo que no se considera riesgo. SÉPTIMO: Que, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Que para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y

Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo fue atendido el demandante el 22 de noviembre de 2010 con las siguientes hipótesis diagnósticas: contusión extremidad inferior derecha, herida abrasiva cara posterior muslo derecho. Pronóstico inicial menor gravedad. 3.- Que el actor fue dado de alta el 20 de diciembre de 2010 y posteriormente reingresado el 30 de diciembre de 2010. Lo anterior consta del informe médico emitido por el IST suscrito por el Dr. Arnaldo Ledezma Zamora, el cual da cuenta que el trabajador fue controlado el 25 de noviembre de 2011 presentaba equimosis extensa en muslo y erosiones costrificadas. Posteriormente evolucionó con formación de hematoma de cierta consideración. 4.- Que el reingresó el 30 de diciembre de 2010 fue por aumento de volumen del seroma evacuado, que fue vaciado por incisión sin signos de infección. Se dejó drenaje. 5.- Que según da cuenta el certificado de alta médica del IST suscrito por el Doctor Carlos Alberto Polanco Lazo, el demandante fue dado de alta finalmente el 21 de febrero de 2011 quedando en condiciones de reintegrarse a sus labores el día 22 de febrero de 2011. 6.- Que a la época de ocurrido el hecho, la demandada contaba con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad el que fue incorporado en la audiencia de juicio, existiendo constancia que el actor tomó conocimiento de dicho antecedente del cual le fue entregado un ejemplar el 23 de marzo de 2009. 7.- Que al actor se le habían hecho entrega por la demandada de implementos de seguridad tanto en el año 2009 como también en el año 2010, según consta en las respectivas actas de entrega debidamente suscritas por el actor. Que a su vez, al momento de ocurrir el accidente el actor portaba elementos de seguridad, hecho que se acredita con los propios dichos de este, al absolver posiciones el cual al ser preguntado declara: “el día del accidente estaba con implementos de seguridad”. 8.- Que el actor a la fecha del accidente había participado en el taller de capacitación denominado “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”, que tuvo lugar el 2 de junio de 2010. También participó en una capacitación de autocuidado “511” de fecha 10 de septiembre de 2010. Ambos hechos se acreditan con los respectivos documentos que dan cuenta de ello. Unido además a la declaración del testigo de la demandada don Alfonso Plaza Piña, contralor de la empresa demandada quien sobre este punto declara: a los trabajadores cuando ingresan se les hacen clases didácticas, Jara incluso participaba en esa labor como practicante, luego se les exhibe una película... 9.- Que la empresa demandada cuenta con Comité Paritario, el cual en reunión de 10 de enero de 2011 decide, atendido lo extenso de la licencia médica del demandante, realizar una investigación del accidente designando al señor Pablo Muñoz, Experto en Prevención de Riesgos, a cargo de dicha investigación, lo anterior consta en el acta de reunión del Comité Paritario de esa fecha. Por su parte el acta de reunión de 15 de febrero de 2011 da cuenta que se entrega el informe de investigación ordenado y en él se concluye por parte del Comité Paritario que el accidente ocurrido el día 22 de noviembre de 2010 a las 04:30 horas se debió a negligencia inexcusable del trabajador señor Ricardo Jara. 10.- Que el actor además de estar contratado como operario de planta realizó su práctica profesional para obtener el título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos en la empresa demandada, lo que se acredita con el contrato de práctica profesional debidamente suscrito por las partes, además de los dichos del propio actor al absolver posiciones. 11.- Que no existía procedimiento escrito de trabajo seguro respecto del secador SEI donde ocurrió el accidente. Ello se acredita con los dichos del representante legal de la demandada, quien declara al respecto: …esta actividad fue calificada de menor riesgo por lo tanto no existe un procedimiento escrito.. Luego lo corrobora el testigo de la demandada don Alfonso Plaza Piña, quien señala: no se puede hacer un procedimiento de algo que no se considera riesgo. SÉPTIMO: Que, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Que para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador, y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. Que respecto del primero de los requisitos, la norma exige la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, de tal forma que debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. Que en el caso sub lite, si bien la empresa demandada contaba con ciertos estándares de seguridad, por cuanto contaba con Comité Paritario, otorgó elementos de protección al trabajador, hizo charlas de capacitación, no existía un procedimiento de trabajo seguro en el lugar donde ocurrió el accidente del actor. Que por otra parte, al analizar la dinámica del accidente teniendo en vista el informe evacuado por el Comité Paritario, las fotografías incorporadas por la propia demandada y las declaraciones del actor y del testigo de la demandada y contralor de la empresa, se concluye que no era factible cambiarse de cubículo sino caminando por los bordes teniendo especialmente en consideración del tamaño de cada cubículo y la profundidad desde el borde de los cubículos hasta donde opera el personal, que según la propia versión de la demandada era de 86 cms. a la cual debían descender, para sacar las mangas. De esta manera desde el fin de la escalera a la tapa que la enfrenta existe una distancia, que no se indica pero al observar las fotografías cabe el ancho del pie de un trabajador, luego desde allí hay que acceder al interior del cubículo cuya profundidad es de 86 cms, por lo tanto, aparece como lógico y razonable que el trabajador para ingresar al cubículo haya caminado por el borde. Que, además, no obstante lo concluido en la investigación realizada por el Comité Paritario de la empresa en el sentido que el trabajador habría realizado una acción insegura con características de temeraria al caminar por los bordes del secador, debe tenerse en consideración el preinforme técnico emitido por el IST, organismo independiente, el cual describe como acción subestándar, falla en asegurar adecuadamente las tapas y adoptar una posición inadecuada al pasar por los bordes de las tapas. Luego, como recomendaciones establece que se debe “implementar análisis de trabajo seguro para todas las labores no rutinarias”. También se refiere al factor técnico del trabajo donde se denuncia una supervisión insuficiente. Que a su vez, no se acreditó por la demandada la existencia de prohibición expresa de caminar por el borde de la plataforma sino solamente en este sentido el testigo don Alfonso Plaza Piña dice: “Para cambiarse de cubículo lo hace de uno a otro levantando las piernas sin caminar por el borde, no se justifica”. Luego, dentro de las fotografías incorporadas no se advierte señalética alguna que prohíba caminar por los bordes. Que sin perjuicio de lo antes razonado, cabe tener presente que si bien el actor realizó una serie de actos como son adoptar una posición inadecuada al pasar por los bordes de las tapas, hecho que da cuenta el preinforme técnico del IST al describir a la acción subestándar, como también en el factor personal describe exceso de confianza, dichas acciones que se le imputan al actor, no pueden calificarse de negligentes de su parte aun cuando tuviera la calidad de “prevencionista de riesgos”, toda vez que el actor cumplía órdenes de su superior y desconocía la forma en que debía cumplir o acceder al lugar, lo que se acredita con los dichos del actor quien sobre el punto declara: “Yo nunca estuve en la operación de esa máquina y tampoco nunca evalué”, lo que se encuentra corroborado con los dichos del representante legal de la demandada, quien manifiesta: “Desconozco si el trabajador había realizado estas labores antes, no existiendo además un procedimiento de trabajo seguro en esas labores, ni señalética”. Que en consecuencia, es posible concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, toda vez que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no tener un procedimiento de trabajo seguro en las labores específicas que cumplía el actor al momento del accidente, ni existir señalética en el lugar (secado SEI) que prohibiera la acción ejecutada por el trabajador. Que así las cosas, en la especie existió culpa por parte del empleador, al menos levísima, en el cumplimiento de su obligación legal de seguridad, razón por la que concurre también el segundo de los requisitos. OCTAVO: Que respecto de la indemnización que se demanda por lucro cesante, concepto este último, que puede ser definido como una forma de daño patrimonial, que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima como consecuencia del daño, que

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salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador, y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. Que respecto del primero de los requisitos, la norma exige la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, de tal forma que debe existir un nexo causal entre el accidente y el incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad por el empleador. Que en el caso sub lite, si bien la empresa demandada contaba con ciertos estándares de seguridad, por cuanto contaba con Comité Paritario, otorgó elementos de protección al trabajador, hizo charlas de capacitación, no existía un procedimiento de trabajo seguro en el lugar donde ocurrió el accidente del actor. Que por otra parte, al analizar la dinámica del accidente teniendo en vista el informe evacuado por el Comité Paritario, las fotografías incorporadas por la propia demandada y las declaraciones del actor y del testigo de la demandada y contralor de la empresa, se concluye que no era factible cambiarse de cubículo sino caminando por los bordes teniendo especialmente en consideración del tamaño de cada cubículo y la profundidad desde el borde de los cubículos hasta donde opera el personal, que según la propia versión de la demandada era de 86 cms. a la cual debían descender, para sacar las mangas. De esta manera desde el fin de la escalera a la tapa que la enfrenta existe una distancia, que no se indica pero al observar las fotografías cabe el ancho del pie de un trabajador, luego desde allí hay que acceder al interior del cubículo cuya profundidad es de 86 cms, por lo tanto, aparece como lógico y razonable que el trabajador para ingresar al cubículo haya caminado por el borde. Que, además, no obstante lo concluido en la investigación realizada por el Comité Paritario de la empresa en el sentido que el trabajador habría realizado una acción insegura con características de temeraria al caminar por los bordes del secador, debe tenerse en consideración el preinforme técnico emitido por el IST, organismo independiente, el cual describe como acción subestándar, falla en asegurar adecuadamente las tapas y adoptar una posición inadecuada al pasar por los bordes de las tapas. Luego, como recomendaciones establece que se debe “implementar análisis de trabajo seguro para todas las labores no rutinarias”. También se refiere al factor técnico del trabajo donde se denuncia una supervisión insuficiente. Que a su vez, no se acreditó por la demandada la existencia de prohibición expresa de caminar por el borde de la plataforma sino solamente en este sentido el testigo don Alfonso Plaza Piña dice: “Para cambiarse de cubículo lo hace de uno a otro levantando las piernas sin caminar por el borde, no se justifica”. Luego, dentro de las fotografías incorporadas no se advierte señalética alguna que prohíba caminar por los bordes. Que sin perjuicio de lo antes razonado, cabe tener presente que si bien el actor realizó una serie de actos como son adoptar una posición inadecuada al pasar por los bordes de las tapas, hecho que da cuenta el preinforme técnico del IST al describir a la acción subestándar, como también en el factor personal describe exceso de confianza, dichas acciones que se le imputan al actor, no pueden calificarse de negligentes de su parte aun cuando tuviera la calidad de “prevencionista de riesgos”, toda vez que el actor cumplía órdenes de su superior y desconocía la forma en que debía cumplir o acceder al lugar, lo que se acredita con los dichos del actor quien sobre el punto declara: “Yo nunca estuve en la operación de esa máquina y tampoco nunca evalué”, lo que se encuentra corroborado con los dichos del representante legal de la demandada, quien manifiesta: “Desconozco si el trabajador había realizado estas labores antes, no existiendo además un procedimiento de trabajo seguro en esas labores, ni señalética”. Que en consecuencia, es posible concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, toda vez que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no tener un procedimiento de trabajo seguro en las labores específicas que cumplía el actor al momento del accidente, ni existir señalética en el lugar (secado SEI) que prohibiera la acción ejecutada por el trabajador. Que así las cosas, en la especie existió culpa por parte del empleador, al menos levísima, en el cumplimiento de su obligación legal de seguridad, razón por la que concurre también el segundo de los requisitos. OCTAVO: Que respecto de la indemnización que se demanda por lucro cesante, concepto este último, que puede ser definido como una forma de daño patrimonial, que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima como consecuencia del daño, que

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ésta se habría producido si el evento dañoso no se hubiera verificado. Es por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de no haber sucedido un daño. Ahora bien, esta juez estima que dicho concepto no es procedente, pues para su base de cálculo se parte de una serie de premisas que carecen de certeza, como lo es el hecho que el demandante trabaje en forma ininterrumpida hasta la edad de jubilarse y que reciba la misma remuneración. Por su parte, la ley 16.744 que regula el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales, protege entre otros a todos los trabajadores por cuenta ajena cualesquiera sean las labores que ejecuten y cualquiera sea la naturaleza de la empresa para quienes trabajen y otorga a los afiliados a ese seguro, que lo son por el solo ministerio de la ley las prestaciones que detalla y en este caso le han correspondido al actor. Además, en el caso de autos no existe declaración de incapacidad alguna, el demandante estuvo con licencia médica un período muy corto de tiempo, que es pagada por el organismo pertinente, el actor mantiene relación laboral vigente con la demandada y finalmente en el certificado de alta se indica expresamente que el actor está en condiciones de reincorporarse a sus labores. Por todo lo anterior, no se acogerá lo reclamado por este concepto. NOVENO: Que, en cuanto al daño moral que se demanda, es posible tener por acreditada la existencia de un daño moral en el actor, entendido como el dolor y sufrimiento del mismo, para lo cual habrá de tenerse en consideración que el actor fue atendido el día del accidente, posteriormente debió ser reingresado, oportunidad en la cual fue sometido a una pequeña intervención quirúrgica en la cual se le hizo un drenaje. Que, dicha lesión indudablemente se encuentra asociada a un dolor físico, lo que se acredita no solo con los informes médicos del actor sino también por los principios de la lógica y máximas de experiencia. DÉCIMO: Que no obstante lo razonado en el considerando anterior, en cuanto a la extensión del daño corporal sufrido por el actor, como también el sufrimiento psicológico, y para los efectos de cuantificar el daño que demanda, cabe señalar que no existe declaración de incapacidad al respecto, que el diagnóstico médico del actor a la fecha del accidente fue “herida abrasiva extensa y hematoma en cara posterior muslo derecho”. Con fecha 20 de diciembre de 2010 se indica alta médica, para posteriormente, el 30 de diciembre de 2010, ser reingresado esta vez con diagnóstico “seroma muslo derecho recidivado”, efectuándose drenaje quirúrgico. Que la lesión del actor a juicio del doctor Carlos Polanco Lazo especialista en cirugía traumática, está fuera del compartimento muscular y no debe producirle ninguna incapacidad. Por su parte el otro testigo, don Rodrigo Antonio Vásquez Fuentealba, médico cirujano que cumple funciones en urgencia del IST, declara respecto de las secuelas de la lesión, podría presentar un cuadro de dolor regional complejo. En consecuencia, las secuelas asociadas a la lesión son mínimas, lo que se condice además con el hecho que el actor una vez ocurrido el accidente siguió realizando su vida normal, tanto así que participó en una fiesta del Club deportivo a los pocos días de ocurrido el accidente, pues se encontraba con reposo parcial, hecho que reconoce el propio actor al absolver posiciones, como también refiere que en el mes de febrero tuvo un segundo accidente en la misma pierna mientras asistía a un concierto de rock. Que por todo lo anterior, es posible establecer que el daño moral que se demanda se verá resarcido suficientemente con la suma de $ 500.000, (quinientos mil pesos), suma que deberá reajustarse y devengará intereses corrientes, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. UNDÉCIMO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo antes concluido, razón por la cual se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos. Visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 63, 184 y 446 a 462 del Código del Trabajo, ley Nº 16.744 y decreto supremo 549, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: I.- Que SE ACOGE la demanda de autos interpuesta por don Ricardo Patricio Jara Sánchez, en contra de Quimetal Industrial S.A., representada por don Martín Ducci Cornu, sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar al actor la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos) por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del accidente sufrido el 22 de noviembre de 2010, suma que deberá reajustarse y devengará intereses conforme a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. II.- Que en todo lo demás se rechaza la demanda. III.- Que atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas.

ésta se habría producido si el evento dañoso no se hubiera verificado. Es por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de no haber sucedido un daño. Ahora bien, esta juez estima que dicho concepto no es procedente, pues para su base de cálculo se parte de una serie de premisas que carecen de certeza, como lo es el hecho que el demandante trabaje en forma ininterrumpida hasta la edad de jubilarse y que reciba la misma remuneración. Por su parte, la ley 16.744 que regula el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales, protege entre otros a todos los trabajadores por cuenta ajena cualesquiera sean las labores que ejecuten y cualquiera sea la naturaleza de la empresa para quienes trabajen y otorga a los afiliados a ese seguro, que lo son por el solo ministerio de la ley las prestaciones que detalla y en este caso le han correspondido al actor. Además, en el caso de autos no existe declaración de incapacidad alguna, el demandante estuvo con licencia médica un período muy corto de tiempo, que es pagada por el organismo pertinente, el actor mantiene relación laboral vigente con la demandada y finalmente en el certificado de alta se indica expresamente que el actor está en condiciones de reincorporarse a sus labores. Por todo lo anterior, no se acogerá lo reclamado por este concepto. NOVENO: Que, en cuanto al daño moral que se demanda, es posible tener por acreditada la existencia de un daño moral en el actor, entendido como el dolor y sufrimiento del mismo, para lo cual habrá de tenerse en consideración que el actor fue atendido el día del accidente, posteriormente debió ser reingresado, oportunidad en la cual fue sometido a una pequeña intervención quirúrgica en la cual se le hizo un drenaje. Que, dicha lesión indudablemente se encuentra asociada a un dolor físico, lo que se acredita no solo con los informes médicos del actor sino también por los principios de la lógica y máximas de experiencia. DÉCIMO: Que no obstante lo razonado en el considerando anterior, en cuanto a la extensión del daño corporal sufrido por el actor, como también el sufrimiento psicológico, y para los efectos de cuantificar el daño que demanda, cabe señalar que no existe declaración de incapacidad al respecto, que el diagnóstico médico del actor a la fecha del accidente fue “herida abrasiva extensa y hematoma en cara posterior muslo derecho”. Con fecha 20 de diciembre de 2010 se indica alta médica, para posteriormente, el 30 de diciembre de 2010, ser reingresado esta vez con diagnóstico “seroma muslo derecho recidivado”, efectuándose drenaje quirúrgico. Que la lesión del actor a juicio del doctor Carlos Polanco Lazo especialista en cirugía traumática, está fuera del compartimento muscular y no debe producirle ninguna incapacidad. Por su parte el otro testigo, don Rodrigo Antonio Vásquez Fuentealba, médico cirujano que cumple funciones en urgencia del IST, declara respecto de las secuelas de la lesión, podría presentar un cuadro de dolor regional complejo. En consecuencia, las secuelas asociadas a la lesión son mínimas, lo que se condice además con el hecho que el actor una vez ocurrido el accidente siguió realizando su vida normal, tanto así que participó en una fiesta del Club deportivo a los pocos días de ocurrido el accidente, pues se encontraba con reposo parcial, hecho que reconoce el propio actor al absolver posiciones, como también refiere que en el mes de febrero tuvo un segundo accidente en la misma pierna mientras asistía a un concierto de rock. Que por todo lo anterior, es posible establecer que el daño moral que se demanda se verá resarcido suficientemente con la suma de $ 500.000, (quinientos mil pesos), suma que deberá reajustarse y devengará intereses corrientes, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. UNDÉCIMO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo antes concluido, razón por la cual se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos. Visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 63, 184 y 446 a 462 del Código del Trabajo, ley Nº 16.744 y decreto supremo 549, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: I.- Que SE ACOGE la demanda de autos interpuesta por don Ricardo Patricio Jara Sánchez, en contra de Quimetal Industrial S.A., representada por don Martín Ducci Cornu, sólo en cuanto se condena a la demandada a pagar al actor la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos) por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del accidente sufrido el 22 de noviembre de 2010, suma que deberá reajustarse y devengará intereses conforme a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. II.- Que en todo lo demás se rechaza la demanda. III.- Que atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, bajo apercibimiento de pasar los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral. Regístrese y archívese en su oportunidad. RUC: 11–4–0006615–0. RIT: O–214–2011. Dictada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, bajo apercibimiento de pasar los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral. Regístrese y archívese en su oportunidad. RUC: 11–4–0006615–0. RIT: O–214–2011. Dictada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 240

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1649-2010 Cita online: CL/JUR/15690/2010 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, once de noviembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Son partes de este juicio, como demandante, don David Vicente Maldonado Hevia, albañil, domiciliado en calle Los Boteros N° 6182, comuna de Peñalolén, representado convencionalmente por don Jorge Morales Alliende, quien pretende se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones que indica por accidente del trabajo. Como demandada y ex empleadora del actor, la empresa Uriarte y Pérez Cotapos Ltda., del giro de su denominación, representada legalmente por don Alejandro Granese Philipps, abogado, ambos domiciliados en Avenida del Cóndor N° 550, oficina 504, comuna de Huechuraba, en que se solicita el rechazo de la demanda, con costas. SEGUNDO: La demanda se funda en un accidente ocurrido el día 24 de noviembre de 2008, cerca de las 11:50 horas, en la obra Edificio Carlos Valdovinos, ubicado en Vicuña Mackenna N° 3685, en circunstancias que el demandante se encontraba en el primer subterráneo y subía a la losa del primer piso a través de una escalera provisoria, pierde el equilibrio y cae hacia atrás apoyado en su pie izquierdo, desde 2,20 mts. de altura. Indica que el entorno y la escalera no contaban con las medidas de seguridad necesarias, ya que ésta no estaba anclada, la losa del primer piso no tenía barandas de sujeción, no se contaba con ningún mecanismo de seguridad en caso de caída, y los costados estaban bloqueados por elementos voluminosos como un tablero eléctrico y moldajes de madera para concreto y láminas de aluminio, los que obligaron al demandante a caer hacia atrás, alcanzando mayor velocidad mientras caía; no existía, además, señalética en la escalera provisoria, no se informó de los riesgos del uso de esa escalera ni se instruyó sobre su uso. Las anteriores medidas son parte de un instructivo de fiscalización emanado de la Dirección del Trabajo, exigible para la construcción en general. Agrega que la demandada ocultó el accidente de trabajo denunciándolo como de trayecto, por cuanto el prevencionista le aconsejó al actor declarar en ese sentido ante la Mutual, por lo que señaló que a las 07:55 al dirigirse al trabajo, al bajar del microbús, saltó sufriendo una lesión diagnosticada como fractura de calcáneo, esguince grado II y fractura de tobillo, siendo derivado al sistema común de salud al no haber acompañado un parte policial. Ese hecho fue verificado por la Superintendencia de Seguridad Social en una investigación efectuada, en la que destaca que la evolución de la lesión no es compatible con la versión de haberse accidentado el trabajador a las 07:55. Explica que el demandante quedó con severas y permanentes limitaciones en su capacidad funcional física por una rigidez permanente en su pie izquierdo, con dolor y crujidos que le impiden correr y trotar, practicar deportes, flectar la piernas, cargar peso sobre 35 kilos, es decir, no puede realizar las labores de albañil. Invoca la disposición del artículo 184 del Código del Trabajo en cuanto impone el empleador la obligación de mantener y velar por la seguridad de sus trabajadores, protección que debe ser eficaz, buscando la norma un efecto verificable, obligación respecto de la cual, se ha determinado jurisprudencialmente que el empleador responde de culpa levísima. En este caso, el empleador no adoptó medidas tales como elaborar un instructivo sobre uso de la escalera provisoria y un mecanismo de seguridad ante caídas, poner avisos o señalizaciones en la escalera, contar con un supervisor o controlador de uso, anclar dicha escalera, evitar el bloqueo de los costados de la escalera y el ocultamiento posterior del accidente. La protección de la vida e integridad física tiene protección constitucional en el artículo 19 N° 1 y 4° de la Carta Fundamental, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cita, asimismo, los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744, y los artículos 3°, 36, 37, 43 y 53 del decreto supremo N° 594, y los artículos 8°, 14, 21 y siguientes del decreto supremo N° 40, reglamento sobre prevención de riesgos.

Santiago, once de noviembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Son partes de este juicio, como demandante, don David Vicente Maldonado Hevia, albañil, domiciliado en calle Los Boteros N° 6182, comuna de Peñalolén, representado convencionalmente por don Jorge Morales Alliende, quien pretende se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones que indica por accidente del trabajo. Como demandada y ex empleadora del actor, la empresa Uriarte y Pérez Cotapos Ltda., del giro de su denominación, representada legalmente por don Alejandro Granese Philipps, abogado, ambos domiciliados en Avenida del Cóndor N° 550, oficina 504, comuna de Huechuraba, en que se solicita el rechazo de la demanda, con costas. SEGUNDO: La demanda se funda en un accidente ocurrido el día 24 de noviembre de 2008, cerca de las 11:50 horas, en la obra Edificio Carlos Valdovinos, ubicado en Vicuña Mackenna N° 3685, en circunstancias que el demandante se encontraba en el primer subterráneo y subía a la losa del primer piso a través de una escalera provisoria, pierde el equilibrio y cae hacia atrás apoyado en su pie izquierdo, desde 2,20 mts. de altura. Indica que el entorno y la escalera no contaban con las medidas de seguridad necesarias, ya que ésta no estaba anclada, la losa del primer piso no tenía barandas de sujeción, no se contaba con ningún mecanismo de seguridad en caso de caída, y los costados estaban bloqueados por elementos voluminosos como un tablero eléctrico y moldajes de madera para concreto y láminas de aluminio, los que obligaron al demandante a caer hacia atrás, alcanzando mayor velocidad mientras caía; no existía, además, señalética en la escalera provisoria, no se informó de los riesgos del uso de esa escalera ni se instruyó sobre su uso. Las anteriores medidas son parte de un instructivo de fiscalización emanado de la Dirección del Trabajo, exigible para la construcción en general. Agrega que la demandada ocultó el accidente de trabajo denunciándolo como de trayecto, por cuanto el prevencionista le aconsejó al actor declarar en ese sentido ante la Mutual, por lo que señaló que a las 07:55 al dirigirse al trabajo, al bajar del microbús, saltó sufriendo una lesión diagnosticada como fractura de calcáneo, esguince grado II y fractura de tobillo, siendo derivado al sistema común de salud al no haber acompañado un parte policial. Ese hecho fue verificado por la Superintendencia de Seguridad Social en una investigación efectuada, en la que destaca que la evolución de la lesión no es compatible con la versión de haberse accidentado el trabajador a las 07:55. Explica que el demandante quedó con severas y permanentes limitaciones en su capacidad funcional física por una rigidez permanente en su pie izquierdo, con dolor y crujidos que le impiden correr y trotar, practicar deportes, flectar la piernas, cargar peso sobre 35 kilos, es decir, no puede realizar las labores de albañil. Invoca la disposición del artículo 184 del Código del Trabajo en cuanto impone el empleador la obligación de mantener y velar por la seguridad de sus trabajadores, protección que debe ser eficaz, buscando la norma un efecto verificable, obligación respecto de la cual, se ha determinado jurisprudencialmente que el empleador responde de culpa levísima. En este caso, el empleador no adoptó medidas tales como elaborar un instructivo sobre uso de la escalera provisoria y un mecanismo de seguridad ante caídas, poner avisos o señalizaciones en la escalera, contar con un supervisor o controlador de uso, anclar dicha escalera, evitar el bloqueo de los costados de la escalera y el ocultamiento posterior del accidente. La protección de la vida e integridad física tiene protección constitucional en el artículo 19 N° 1 y 4° de la Carta Fundamental, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cita, asimismo, los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744, y los artículos 3°, 36, 37, 43 y 53 del decreto supremo N° 594, y los artículos 8°, 14, 21 y siguientes del decreto supremo N° 40, reglamento sobre prevención de riesgos.

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1649-2010 Cita online: CL/JUR/15690/2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Luego de expresar que al desempeñarse ahora como jornal en vez de albañil se produce un detrimento de sus ingresos, y que le ha significado una afección del ánimo el contraste entre su condición antes y después del accidente, finaliza solicitando se acoja la demanda, y se condene a la demandada al pago de $ 100.000.000 por daño moral y $ 93.050.640. por lucro cesante, o por las sumas que el tribunal estima, con intereses y reajustes de los artículos 63 y 17 del Código del Trabajo, con costas. TERCERO: La demandada al contestar, reconoce la existencia de un vínculo laboral con el demandante a contar del 18 de noviembre de 2008, pactado en un contrato de trabajo en que se le asigna la función de jornal en la etapa de término de la obra Edificio Carlos Valdovinos, vínculo que culminó el 04 de mayo de 2009, por la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Controvierte el lucro cesante pretendido toda vez que no se produce el detrimento patrimonial de que habla desde que no fue contratado como albañil sino como jornal, por lo que continuará ejecutando las labores que habitualmente desempeñaba, además de no haberse acreditado la invalidez o discapacidad que el accidente le habría producido al actor. En cuanto al daño moral, agrega que la lesión no le producirá incapacidad al trabajador, además que su recuperación y tratamiento será cubierto por el seguro de accidentes del trabajo. Concluye solicitando el rechazo en todas sus partes de la demanda, se declare la improcedencia de las indemnizaciones demandadas, con costas. CUARTO: Con fecha cuatro de agosto del año en curso, se llevó a cabo la audiencia preparatoria, en la que se instó a las partes a arribar a una conciliación, proponiendo bases para ello, gestión que no tuvo resultados. En consecuencia, se determinó como hechos no controvertidos: 1) Ocurrencia del accidente el día 24 de noviembre de 2008; y 2) Que el actor ya no trabaja para la empresa demandada y fue despedido por el art. 160 N° 3 del Código del Trabajo. Como hechos a probar, entonces, se fijaron los siguientes: 1) Circunstancias del accidente sufrido por el actor el 24 de septiembre de 2008 al interior de la obra denominada Edificio Carlos Valdovinos; 2) Labores que debía ejecutar el actor al interior de la referida obra; 3) Medidas de seguridad y prevención de accidentes adoptadas por la demandada a la fecha de ocurrencia de los hechos, tales como: procedimientos escritos, capacitaciones, controles y supervisiones y entrega de elementos de protección personal; 4) Efectividad que la demandada ocultó el carácter de accidente del trabajo, haciéndolo pasar por accidente de trayecto, ante la institución correspondiente; hechos y circunstancias; 5) Lesiones sufridas por el actor, entidad de las mismas y secuelas si las hubiere; 6) Si el actor a consecuencia del accidente sufrió el daño moral que alega, entidad del mismo; 7) Efectividad que se ha visto afectada la capacidad para generar ingresos del actor a consecuencia del accidente, y 8) Remuneración mensual percibida por el actor al momento de ocurrido el accidente. QUINTO: En la audiencia de juicio, las partes rindieron las probanzas ofrecidas en la preparación, comenzándose con la prueba de la parte demandante, consistente en Documental 1) Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social Ord. N064830 de 10 de diciembre de 2009; 2) Lista de Chequeo de la Construcción, emanado de la Dirección del Trabajo; 3) Certificado de cotizaciones emanado de la AFP PROVIDA, de fecha 19 de mayo de 2010; 4) Finiquito laboral original extendido entre el actor y la Empresa de Construcción Transporte Laja Ltda. de fecha 2 de noviembre de 2007; 5) Finiquito laboral original otorgado por la Empresa Constructora Bío Bío S.A. y el actor de fecha 30 de diciembre de 2009; 6) Informe médico emanado de la Mutual de Seguridad por la Dra. Carolina Silva, de fecha 21 de enero de 2010; 7) Resolución emanada de la Mutual de Seguridad suscrita por don Jorge Cuevas Allende, de fecha mayo de 2009; 8) Receta firmada por el Dr. Cristián Bastías Soto de la Mutual Chilena de Seguridad de fecha 4 de mayo de 2009; 9) Certificado de atención médica de fecha 1° de abril de 2009, emanado del Dr. Jorge Cuevas; 10) Citación médica de la Mutual Chilena de Seguridad del actor de 22 de abril de 2009; 11) Citación médica del 4 de enero de 2010; 12) Orden médica de reposo laboral de 3 de diciembre de 2008, respecto del actor; 13) Certificados de atención de 5 de marzo de 2009, 9 abril de 2009, 4 de enero de 2010, 26 de marzo de 2009; 14) Orden de atención al actor emanada del Hospital El Salvador, de 20 de junio de 2009; 15) Certificado de fecha 17 de febrero de 2009, que da cuenta de la negativa de atención; 16) Orden de reposo laboral emanada de la Mutual de Seguridad de 4 de noviembre de 2008.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Luego de expresar que al desempeñarse ahora como jornal en vez de albañil se produce un detrimento de sus ingresos, y que le ha significado una afección del ánimo el contraste entre su condición antes y después del accidente, finaliza solicitando se acoja la demanda, y se condene a la demandada al pago de $ 100.000.000 por daño moral y $ 93.050.640. por lucro cesante, o por las sumas que el tribunal estima, con intereses y reajustes de los artículos 63 y 17 del Código del Trabajo, con costas. TERCERO: La demandada al contestar, reconoce la existencia de un vínculo laboral con el demandante a contar del 18 de noviembre de 2008, pactado en un contrato de trabajo en que se le asigna la función de jornal en la etapa de término de la obra Edificio Carlos Valdovinos, vínculo que culminó el 04 de mayo de 2009, por la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Controvierte el lucro cesante pretendido toda vez que no se produce el detrimento patrimonial de que habla desde que no fue contratado como albañil sino como jornal, por lo que continuará ejecutando las labores que habitualmente desempeñaba, además de no haberse acreditado la invalidez o discapacidad que el accidente le habría producido al actor. En cuanto al daño moral, agrega que la lesión no le producirá incapacidad al trabajador, además que su recuperación y tratamiento será cubierto por el seguro de accidentes del trabajo. Concluye solicitando el rechazo en todas sus partes de la demanda, se declare la improcedencia de las indemnizaciones demandadas, con costas. CUARTO: Con fecha cuatro de agosto del año en curso, se llevó a cabo la audiencia preparatoria, en la que se instó a las partes a arribar a una conciliación, proponiendo bases para ello, gestión que no tuvo resultados. En consecuencia, se determinó como hechos no controvertidos: 1) Ocurrencia del accidente el día 24 de noviembre de 2008; y 2) Que el actor ya no trabaja para la empresa demandada y fue despedido por el art. 160 N° 3 del Código del Trabajo. Como hechos a probar, entonces, se fijaron los siguientes: 1) Circunstancias del accidente sufrido por el actor el 24 de septiembre de 2008 al interior de la obra denominada Edificio Carlos Valdovinos; 2) Labores que debía ejecutar el actor al interior de la referida obra; 3) Medidas de seguridad y prevención de accidentes adoptadas por la demandada a la fecha de ocurrencia de los hechos, tales como: procedimientos escritos, capacitaciones, controles y supervisiones y entrega de elementos de protección personal; 4) Efectividad que la demandada ocultó el carácter de accidente del trabajo, haciéndolo pasar por accidente de trayecto, ante la institución correspondiente; hechos y circunstancias; 5) Lesiones sufridas por el actor, entidad de las mismas y secuelas si las hubiere; 6) Si el actor a consecuencia del accidente sufrió el daño moral que alega, entidad del mismo; 7) Efectividad que se ha visto afectada la capacidad para generar ingresos del actor a consecuencia del accidente, y 8) Remuneración mensual percibida por el actor al momento de ocurrido el accidente. QUINTO: En la audiencia de juicio, las partes rindieron las probanzas ofrecidas en la preparación, comenzándose con la prueba de la parte demandante, consistente en Documental 1) Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social Ord. N064830 de 10 de diciembre de 2009; 2) Lista de Chequeo de la Construcción, emanado de la Dirección del Trabajo; 3) Certificado de cotizaciones emanado de la AFP PROVIDA, de fecha 19 de mayo de 2010; 4) Finiquito laboral original extendido entre el actor y la Empresa de Construcción Transporte Laja Ltda. de fecha 2 de noviembre de 2007; 5) Finiquito laboral original otorgado por la Empresa Constructora Bío Bío S.A. y el actor de fecha 30 de diciembre de 2009; 6) Informe médico emanado de la Mutual de Seguridad por la Dra. Carolina Silva, de fecha 21 de enero de 2010; 7) Resolución emanada de la Mutual de Seguridad suscrita por don Jorge Cuevas Allende, de fecha mayo de 2009; 8) Receta firmada por el Dr. Cristián Bastías Soto de la Mutual Chilena de Seguridad de fecha 4 de mayo de 2009; 9) Certificado de atención médica de fecha 1° de abril de 2009, emanado del Dr. Jorge Cuevas; 10) Citación médica de la Mutual Chilena de Seguridad del actor de 22 de abril de 2009; 11) Citación médica del 4 de enero de 2010; 12) Orden médica de reposo laboral de 3 de diciembre de 2008, respecto del actor; 13) Certificados de atención de 5 de marzo de 2009, 9 abril de 2009, 4 de enero de 2010, 26 de marzo de 2009; 14) Orden de atención al actor emanada del Hospital El Salvador, de 20 de junio de 2009; 15) Certificado de fecha 17 de febrero de 2009, que da cuenta de la negativa de atención; 16) Orden de reposo laboral emanada de la Mutual de Seguridad de 4 de noviembre de 2008.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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También rindió Confesional, compareciendo don Andrés Llodrá Daetz, gerente general de la empresa, que está informado que se trata de un accidente de trayecto, pero conoce la resolución que declaró el accidente como laboral, se le exhibe y la reconoce, no lo había leído hasta ahora. Desconoce la clase de escaleras que se utilizaba a la época del accidente, en la etapa de obra gruesa. Desconoce si la empresa reclamó de la resolución, porque eso lo manejan abogados, pero no instruyó algo así. Rindió asimismo prueba Testimonial, compareciendo doña María Teresa Cheuquelén Nahuelpán, conoce al actor hace seis años, son pareja. Supo del accidente sufrido por el actor, lo vio muy mal y hasta ahora sigue estando mal porque se le hace muy difícil trabajar bien, no puede hacer fuerza, ha estado con depresión, le ha afectado mucho no poder trabajar como antes lo hacía por el dolor de la pierna para caminar, cojea. No puede trabajar en trabajos pesados como antes lo hacía, por el accidente, que fue porque se cayó de una escalera y estuvo mal, no puede caminar y le duele mucho la pierna, no hace trabajo pesado porque le molesta, no puede cargar cosas pesadas, sí trabajo liviano. Siempre le duele la pierna, por ejemplo cuando se levanta de la cama le cuesta un poco, siente dolor, cuando va caminando le duele mucho, no puede correr ni hacer gimnasia, no puede saltar. El demandante ha estado mal de ánimo porque por el momento no ha podido trabajar, la testigo ha corrido con todos los gastos familiares, dice que no la ha podido apoyar. Al demandante le duele la pierna izquierda le parece, en el tobillo. Antes el demandante jugaba a la pelota y ahora no lo puede hacer. Durante este año el actor estuvo trabajando en construcción pero haciendo cosas livianas. También declaró don Luis Alberto Maldonado Vega, quien conoce al actor que tuvo problemas después de un accidente laboral que ocurrió hace dos años atrás, se cayó de una escala. Al demandante lo conoce desde hace más de 15 años, hace trabajos esporádicos por la lesión en el pie izquierdo, le ha comentado las cosas que le sucedían después del accidente y lo veía y la parte anímica no estaba muy bien. Antes el actor trabajaba en construcción, pero ya no puede hacer trabajos pesados, cojeaba, pero la parte más fuerte fue la sicológica. Cojea y no hace los mismos trabajos, el actor no puede correr ni saltar, quizás lo puede hacer pero el dolor es persistente y lo lleva a ser otra persona. Psicológicamente el actor dice que no es lo mismo, la parte anímica se veía abajo, le hablaba que el pie no le daba, era totalmente diferente, puede sonreír como todo el mundo pero anímicamente no es lo mismo y no puede trabajar en lo mismo. Son amigos desde hace muchos años, se consideran hermanos y lo conoce muy bien. Después de 2008 el actor ha trabajado en cosas esporádicas y livianas pero desconoce el rubro, fue a Chillán a sacar cosas de frutas, fuera del ámbito de la construcción. No viven cerca, ve al actor como una o dos veces al mes, el actor pasa a su trabajo, es fotógrafo y trabaja en la Plaza de Armas. Depuso también don Wenceslao Segundo Pérez Retamal, quien conoce al demandante porque trabajó para la demandada, estaba ahí mismo cuando el actor tuvo el accidente, estaban haciendo losa en la segunda planta en la obra de Carlos Valdovinos, frente a la estación del metro del mismo nombre, son carpinteros y estaban levantando un edificio, estaban en una escalera provisoriamente puesta, la amarraron con alambre, iba del primer piso al segundo piso, el actor venía bajando, se afirmó en la escalera y se resbaló y como ya estaba arriba trató de sujetarse y cayó de espaldas sobre los escombros. La escalera estaba provisoria, no había cuerda de vida, que se amarra por todo el edificio en cada piso. El testigo amarró con alambre la escalera, la empresa nunca se preocupó de que hubiera que parar escaleras, la escala no tenía señalización de seguridad, tuvieron charlas de seguridad pero no específicas respecto de la escalera. El accidente fue como a las 11:45, en la faena, y luego de la caída a los 15 minutos llegó alguien de seguridad y trataron de no moverlo pero después lo llevaron a la bodega, lo tuvieron desde las 12:00 a las 15:00 y no hicieron nada, no lo mandaron a ningún lugar, ya tenía el pie hinchado. De ahí no supo más porque lo trasladaron a otro lugar. Supo que lo llevaron a la casa porque se formaron varios comentarios y porque se encontró con el actor. El demandante a la semana después andaba con el pie enyesado, estuvo como un mes y medio, dos meses, lo derivaron a la Mutual. Siempre andaba con el pie que no pisaba bien, en ese tiempo vivían cerca, en Peñalolén, arrendaba cerca. No podía caminar bien, sentía clavadas en el talón y le dolía. El demandante dejó de ser su vecino a los cinco o seis meses después del accidente. Después lo veía cuando iban a la feria porque vivían en el sector de Peñalolén. No sabe si el actor ha trabajado, hace como un mes que no lo ve. Las charlas eran esporádicas, a veces semana o veinte días, de seguridad, que uno se tenía que cuidar. Se le entregó arnés, guante y casco de seguridad, y dejó de trabajar por disminución de personal. El accidente fue el 28 de noviembre de 2009, y dejó de trabajar para la empresa ese mismo

También rindió Confesional, compareciendo don Andrés Llodrá Daetz, gerente general de la empresa, que está informado que se trata de un accidente de trayecto, pero conoce la resolución que declaró el accidente como laboral, se le exhibe y la reconoce, no lo había leído hasta ahora. Desconoce la clase de escaleras que se utilizaba a la época del accidente, en la etapa de obra gruesa. Desconoce si la empresa reclamó de la resolución, porque eso lo manejan abogados, pero no instruyó algo así. Rindió asimismo prueba Testimonial, compareciendo doña María Teresa Cheuquelén Nahuelpán, conoce al actor hace seis años, son pareja. Supo del accidente sufrido por el actor, lo vio muy mal y hasta ahora sigue estando mal porque se le hace muy difícil trabajar bien, no puede hacer fuerza, ha estado con depresión, le ha afectado mucho no poder trabajar como antes lo hacía por el dolor de la pierna para caminar, cojea. No puede trabajar en trabajos pesados como antes lo hacía, por el accidente, que fue porque se cayó de una escalera y estuvo mal, no puede caminar y le duele mucho la pierna, no hace trabajo pesado porque le molesta, no puede cargar cosas pesadas, sí trabajo liviano. Siempre le duele la pierna, por ejemplo cuando se levanta de la cama le cuesta un poco, siente dolor, cuando va caminando le duele mucho, no puede correr ni hacer gimnasia, no puede saltar. El demandante ha estado mal de ánimo porque por el momento no ha podido trabajar, la testigo ha corrido con todos los gastos familiares, dice que no la ha podido apoyar. Al demandante le duele la pierna izquierda le parece, en el tobillo. Antes el demandante jugaba a la pelota y ahora no lo puede hacer. Durante este año el actor estuvo trabajando en construcción pero haciendo cosas livianas. También declaró don Luis Alberto Maldonado Vega, quien conoce al actor que tuvo problemas después de un accidente laboral que ocurrió hace dos años atrás, se cayó de una escala. Al demandante lo conoce desde hace más de 15 años, hace trabajos esporádicos por la lesión en el pie izquierdo, le ha comentado las cosas que le sucedían después del accidente y lo veía y la parte anímica no estaba muy bien. Antes el actor trabajaba en construcción, pero ya no puede hacer trabajos pesados, cojeaba, pero la parte más fuerte fue la sicológica. Cojea y no hace los mismos trabajos, el actor no puede correr ni saltar, quizás lo puede hacer pero el dolor es persistente y lo lleva a ser otra persona. Psicológicamente el actor dice que no es lo mismo, la parte anímica se veía abajo, le hablaba que el pie no le daba, era totalmente diferente, puede sonreír como todo el mundo pero anímicamente no es lo mismo y no puede trabajar en lo mismo. Son amigos desde hace muchos años, se consideran hermanos y lo conoce muy bien. Después de 2008 el actor ha trabajado en cosas esporádicas y livianas pero desconoce el rubro, fue a Chillán a sacar cosas de frutas, fuera del ámbito de la construcción. No viven cerca, ve al actor como una o dos veces al mes, el actor pasa a su trabajo, es fotógrafo y trabaja en la Plaza de Armas. Depuso también don Wenceslao Segundo Pérez Retamal, quien conoce al demandante porque trabajó para la demandada, estaba ahí mismo cuando el actor tuvo el accidente, estaban haciendo losa en la segunda planta en la obra de Carlos Valdovinos, frente a la estación del metro del mismo nombre, son carpinteros y estaban levantando un edificio, estaban en una escalera provisoriamente puesta, la amarraron con alambre, iba del primer piso al segundo piso, el actor venía bajando, se afirmó en la escalera y se resbaló y como ya estaba arriba trató de sujetarse y cayó de espaldas sobre los escombros. La escalera estaba provisoria, no había cuerda de vida, que se amarra por todo el edificio en cada piso. El testigo amarró con alambre la escalera, la empresa nunca se preocupó de que hubiera que parar escaleras, la escala no tenía señalización de seguridad, tuvieron charlas de seguridad pero no específicas respecto de la escalera. El accidente fue como a las 11:45, en la faena, y luego de la caída a los 15 minutos llegó alguien de seguridad y trataron de no moverlo pero después lo llevaron a la bodega, lo tuvieron desde las 12:00 a las 15:00 y no hicieron nada, no lo mandaron a ningún lugar, ya tenía el pie hinchado. De ahí no supo más porque lo trasladaron a otro lugar. Supo que lo llevaron a la casa porque se formaron varios comentarios y porque se encontró con el actor. El demandante a la semana después andaba con el pie enyesado, estuvo como un mes y medio, dos meses, lo derivaron a la Mutual. Siempre andaba con el pie que no pisaba bien, en ese tiempo vivían cerca, en Peñalolén, arrendaba cerca. No podía caminar bien, sentía clavadas en el talón y le dolía. El demandante dejó de ser su vecino a los cinco o seis meses después del accidente. Después lo veía cuando iban a la feria porque vivían en el sector de Peñalolén. No sabe si el actor ha trabajado, hace como un mes que no lo ve. Las charlas eran esporádicas, a veces semana o veinte días, de seguridad, que uno se tenía que cuidar. Se le entregó arnés, guante y casco de seguridad, y dejó de trabajar por disminución de personal. El accidente fue el 28 de noviembre de 2009, y dejó de trabajar para la empresa ese mismo ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

año. El demandante estaba trabajando con otro jefe y lo mandaron a hacer aseo arriba y limpiar la losa. El espacio era amplio pero la escalera era angosta y era el único espacio para subir, porque todavía no se construían las escaleras, por la otra calle había una pasarela y había que salir y entrar por el portón. Todos usaban el mismo camino. El capataz dio la orden de subir al demandante. Solicitó también un Peritaje, y dada la no aceptación de los profesionales designados en la preparación, es que se efectuó una nueva designación, fijándose una audiencia especial al efecto, en la que, en definitiva, se prescindió de la prueba, en atención a que los peritos designados no tienen la especialidad necesaria para evaluar al actor. Para concluir, solicitó Oficios, siendo incorporadas las respuestas de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción y el Hospital El Salvador. SEXTO: Por su parte, la demandada rindió prueba Documental, consistente en: 1) Contrato de trabajo de fecha 18 de noviembre de 2008; 2) Acta de comparendo de conciliación de 9 de junio de 2009, y 3) Acta de comparendo 23 de junio de 2009. También solicitó Confesional, compareciendo don David Vicente Maldonado Hevia, quien se desempeñaba como jornal a la época del accidente. Subiendo la escala, pierde el equilibrio y a los lados había moldajes y tablero eléctricos y por eso se impulsó hacia atrás y cuando cae los compañeros lo recogen, no podía caminar porque tenía un esguince grado dos, entre dos lo llevaron a la oficina y como no lo pudieron subir por la escalera, dieron la vuelta, había una rampla y lo sacaron, dieron la vuelta y llegaron a la oficina, el prevencionista conversaba con el jefe de obra, pasaron la 13:00 y el dolor lo sentía para caminar y para pisar. Le pedían que lo espere, aprovechó de comer porque tenía hambre y le dijo que esperara que almorzara, lo llevó del hombro al auto, y cuando iban le dijo que cambiara la versión, le preguntó por la micro que tomaba, que es la 210 y le dice que diga que saltó de la micro y que siguió trabajando y como a las 11:00 o 12:00 el pie le quedó hinchado. Había rumores de crisis, y le dijo que lo iban a echar y que asegure la pega porque estaban en el segundo piso y la pega venía como por un año y medio y él le dijo que era un esguince. Firmó el acta en la Mutual pero la fractura de calcáneo no coincide con la caída de la micro por la altura, los doctores analizaron, le pusieron yeso y botas ortopédicas y tenía hora para control pero no lo fueron a buscar porque se certificó que el accidente es común y no laboral. Accidente ocurrió cuando iba del subterráneo donde estaba trabajando, compactando y fue al baño del primer piso subiendo por la escalera. No había más forma de subir al primer piso y la otra es para vehículos o camiones. Finalmente rindió Testimonial, compareciendo don Francisco Antonio Gutiérrez Donoso, conoce al actor que trabajó en la empresa en el 2007, durante las faenas no tuvo un accidente, el día andaba comprando y lo vio en la portería, y le dijo que tuvo un accidente en la micro, lo llevó para ponerlo en un asiento con el pie levantado, estaba con Rosales y le pusieron un piso, esto sucedió a las 8:30, el demandante era jornal, siempre ejerció esa misma labor y el testigo era ayudante administrativo. La empresa cuando ingresa la persona al trabajo se le hace una charla de seguridad. Se desempeñaba en la obra Carlos Valdovinos, estaba a la entrada de la puerta principal, el primer container era de jefe de terreno y la oficina era en un segundo container. El testigo trabajó entre el 2006 y el 2009 en la obra y luego fue trasladado a Las Tacas. Su jornada comenzaba a las 8:00 y siempre llegaba antes, estaba comprando galletas y bebida, se encontró en la portería con el actor en el primer container, había como 60 trabajadores, y conocía al actor de antes porque le tomó los datos cuando ingresó. Conoce las hojas de inducción que se hacía firmar. Había escaleras de la losa al primer piso, son escaleras metálicas con barandas a los lados, había varias ubicaciones. Dejó de ver al actor como a las 10:30 porque llegó el de prevención, Morales, que se lo llevó a la Mutual, el testigo lo llamó como a las 9:15 y era jefe de la central y por eso no estaba en la obra. También declaró don Samuel Antonio Rojas Villarroel, pañolero ayudante de bodega, indica que el actor, que era jornal, tuvo accidente en el trayecto porque venía en locomoción y el actor estaba rengueando y por eso se le prestó apoyo, no recuerda fecha, eso pasó frente al metro Carlos Valdovinos donde está el paradero como a treinta metros eso pasó como a las 07:30 o 07:45. Sigue trabajando en la empresa. El actor estaba bajando de la micro por la puerta de atrás y pisó mal, el testigo bajó por adelante, no sabe cómo fue la pisada y esto pasó al ingresar a la obra. Trabaja en la empresa como hace 15 o 20 años. El testigo iba en el bus que va desde el centro de Santiago a Puente Alto, no recuerda la numeración, el recorrido venía desde el centro, no sabe dónde vive el actor ni en qué

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

año. El demandante estaba trabajando con otro jefe y lo mandaron a hacer aseo arriba y limpiar la losa. El espacio era amplio pero la escalera era angosta y era el único espacio para subir, porque todavía no se construían las escaleras, por la otra calle había una pasarela y había que salir y entrar por el portón. Todos usaban el mismo camino. El capataz dio la orden de subir al demandante. Solicitó también un Peritaje, y dada la no aceptación de los profesionales designados en la preparación, es que se efectuó una nueva designación, fijándose una audiencia especial al efecto, en la que, en definitiva, se prescindió de la prueba, en atención a que los peritos designados no tienen la especialidad necesaria para evaluar al actor. Para concluir, solicitó Oficios, siendo incorporadas las respuestas de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción y el Hospital El Salvador. SEXTO: Por su parte, la demandada rindió prueba Documental, consistente en: 1) Contrato de trabajo de fecha 18 de noviembre de 2008; 2) Acta de comparendo de conciliación de 9 de junio de 2009, y 3) Acta de comparendo 23 de junio de 2009. También solicitó Confesional, compareciendo don David Vicente Maldonado Hevia, quien se desempeñaba como jornal a la época del accidente. Subiendo la escala, pierde el equilibrio y a los lados había moldajes y tablero eléctricos y por eso se impulsó hacia atrás y cuando cae los compañeros lo recogen, no podía caminar porque tenía un esguince grado dos, entre dos lo llevaron a la oficina y como no lo pudieron subir por la escalera, dieron la vuelta, había una rampla y lo sacaron, dieron la vuelta y llegaron a la oficina, el prevencionista conversaba con el jefe de obra, pasaron la 13:00 y el dolor lo sentía para caminar y para pisar. Le pedían que lo espere, aprovechó de comer porque tenía hambre y le dijo que esperara que almorzara, lo llevó del hombro al auto, y cuando iban le dijo que cambiara la versión, le preguntó por la micro que tomaba, que es la 210 y le dice que diga que saltó de la micro y que siguió trabajando y como a las 11:00 o 12:00 el pie le quedó hinchado. Había rumores de crisis, y le dijo que lo iban a echar y que asegure la pega porque estaban en el segundo piso y la pega venía como por un año y medio y él le dijo que era un esguince. Firmó el acta en la Mutual pero la fractura de calcáneo no coincide con la caída de la micro por la altura, los doctores analizaron, le pusieron yeso y botas ortopédicas y tenía hora para control pero no lo fueron a buscar porque se certificó que el accidente es común y no laboral. Accidente ocurrió cuando iba del subterráneo donde estaba trabajando, compactando y fue al baño del primer piso subiendo por la escalera. No había más forma de subir al primer piso y la otra es para vehículos o camiones. Finalmente rindió Testimonial, compareciendo don Francisco Antonio Gutiérrez Donoso, conoce al actor que trabajó en la empresa en el 2007, durante las faenas no tuvo un accidente, el día andaba comprando y lo vio en la portería, y le dijo que tuvo un accidente en la micro, lo llevó para ponerlo en un asiento con el pie levantado, estaba con Rosales y le pusieron un piso, esto sucedió a las 8:30, el demandante era jornal, siempre ejerció esa misma labor y el testigo era ayudante administrativo. La empresa cuando ingresa la persona al trabajo se le hace una charla de seguridad. Se desempeñaba en la obra Carlos Valdovinos, estaba a la entrada de la puerta principal, el primer container era de jefe de terreno y la oficina era en un segundo container. El testigo trabajó entre el 2006 y el 2009 en la obra y luego fue trasladado a Las Tacas. Su jornada comenzaba a las 8:00 y siempre llegaba antes, estaba comprando galletas y bebida, se encontró en la portería con el actor en el primer container, había como 60 trabajadores, y conocía al actor de antes porque le tomó los datos cuando ingresó. Conoce las hojas de inducción que se hacía firmar. Había escaleras de la losa al primer piso, son escaleras metálicas con barandas a los lados, había varias ubicaciones. Dejó de ver al actor como a las 10:30 porque llegó el de prevención, Morales, que se lo llevó a la Mutual, el testigo lo llamó como a las 9:15 y era jefe de la central y por eso no estaba en la obra. También declaró don Samuel Antonio Rojas Villarroel, pañolero ayudante de bodega, indica que el actor, que era jornal, tuvo accidente en el trayecto porque venía en locomoción y el actor estaba rengueando y por eso se le prestó apoyo, no recuerda fecha, eso pasó frente al metro Carlos Valdovinos donde está el paradero como a treinta metros eso pasó como a las 07:30 o 07:45. Sigue trabajando en la empresa. El actor estaba bajando de la micro por la puerta de atrás y pisó mal, el testigo bajó por adelante, no sabe cómo fue la pisada y esto pasó al ingresar a la obra. Trabaja en la empresa como hace 15 o 20 años. El testigo iba en el bus que va desde el centro de Santiago a Puente Alto, no recuerda la numeración, el recorrido venía desde el centro, no sabe dónde vive el actor ni en qué

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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parte se sube a la micro. No vio a nadie más. Finalmente, declaró don Ramón Manuel Rosales Salvo, ha visto poco al actor, sabe de un accidente que ocurrió en Carlos Valdovinos, le avisaron que había una persona en portería y como miembro del Comité Paritario fue a ver, primero se levantó el pie y se puso una almohadilla abajo y se le comunicó a don Alfonso de seguridad, eso ocurrió como a las 7:00 y a él le avisaron a las 7:30. Se le indicó que había un maestro que estaba sentado fuera apoyado porque venía accidentado de afuera. No le contaron del accidente, calcula el testigo que fue fuera por la hora de inicio de las faenas. Después del accidente se esperó al Sr. Alfonso que es de seguridad y tomaba decisiones en estos casos, que no es del comité paritario. No se vincula el comité paritario con él. El Sr. Alfonso dijo que se lo llevaran a la Mutual, no se hizo investigación porque el accidentado venía de afuera. Trabaja en la obra Carlos Valdovinos, el traslado fue como a las 10:00, el retraso es porque tenía funciones en otras obras y por eso demoró en llegar. No se podía tomar ninguna decisión. SÉPTIMO: El primer hecho materia de controversia consiste en determinar las circunstancias del accidente sufrido por el demandante el día 24 de septiembre de 2008. Sobre el mismo, se tiene por establecido que éste ocurrió ese día, alrededor de las 11:45 horas, en circunstancias que el demandante subía desde el primer subterráneo a la losa del primer piso, por una escalera que no estaba anclada al piso y sin que hubiese baranda para sostenerse. Asimismo, se tiene por establecido que la caída del demandante fue hacia atrás, por existir materiales como moldajes y tablero eléctrico a los costados de la escalera. Para establecer ello, se tiene principalmente en consideración la información aportada por la Superintendencia de Seguridad Social, al remitir la copia de la investigación efectuada sobre el accidente del demandante, en la que consta, en primer lugar, un ingreso del demandante el día 24 de noviembre de 2008, a las 15:39 horas, al Centro de Atención La Florida, dando una versión el paciente consistente en que en el trayecto a su trabajo al bajar del microbús salta sufriendo inversión forzada del tobillo izquierdo. En esa evolución médica se solicita una radiografía de tobillo izquierdo ap lateral, y se observa fractura aguda en cara anterolateral de calcáneo, que no se correlaciona con la clínica. En cuanto a la denuncia del siniestro, consta también de la bitácora de denuncia del siniestro, que ella fue ingresada a las 14:32 horas del día 24 de noviembre de 2008. En la misma investigación se aprecia también que el día 06 de diciembre de 2008 se resolvió por el Sr. Jorge Cuevas Alliende, del Centro Verificador, que el accidente del demandante no constituye un accidente de trabajo en el trayecto, por carecer de un medio de prueba sobre el particular, siendo destacable que previo a ello, conforme aparece de la serie de correos electrónicos adjuntos, se requirió por parte de Daniela Fuentes, analista del mismo centro verificador, información sobre el mecanismo del accidente, en cuanto a su compatibilidad con el diagnóstico, respondiéndose por doña Patricia Villafrade, médico asesor de la gerencia de beneficios laborales, el día 05 de diciembre previo a la resolución, que no es posible establecer relación de causalidad entre mecanismo relatado (que a la fecha era la mala caída desde el microbús) y hallazgos clínicos e imagenológicos. En consecuencia, las lesiones detectadas al demandante, consistentes en fractura de calcáneo pie izquierdo, conforme se indica del informe médico que también consta en la investigación, no se compadecen con el relato del accidente consistente en una caída del microbús al llegar a la obra. OCTAVO: Por su parte, se aprecia que el demandante reingresó el 04 de enero de 2010, refiriendo molestias, determinándose clínicamente que tiene el talón más ancho, hay dolor en la flexión máxima del tobillo, y dolor subtalar. Consta en la hoja de historia clínica de ese día, también, que los diagnósticos son fractura de calcáneo y esguince de tobillo grado 2. Se aprecia luego, en la referida investigación, que el demandante compareció a la Mutual de Seguridad el día 25 de marzo de 2009, oportunidad en que modifica su versión sobre los hechos, expresando que el accidente ocurre en circunstancias que subió una escala, y a la altura de 2.20 mts. pierde el equilibrio y se expulsa hacia atrás, cayendo sobre superficie con tierra y piedras, lesionándose el tobillo izquierdo; dentro de las indicaciones, además de TAC de calcáneo izquierdo, se indica que el caso debe ser estudiado a profundidad para determinar si es acogido. Durante dicha investigación, consta que se tomó declaración a don Alfonso Morales, quien le indicó que el día del accidente se le comunica entre 08:00 y 09:00 de una lesión del demandante después de bajar del autobús, llegando a la obra a las 10:30, trasladando al trabajador a la Mutual; declarando en igual sentido los Sres. Ramón Rosales, Samuel Villarroel y Francisco Gutiérrez (quienes también declararon en juicio). Sin embargo, en la mis-

parte se sube a la micro. No vio a nadie más. Finalmente, declaró don Ramón Manuel Rosales Salvo, ha visto poco al actor, sabe de un accidente que ocurrió en Carlos Valdovinos, le avisaron que había una persona en portería y como miembro del Comité Paritario fue a ver, primero se levantó el pie y se puso una almohadilla abajo y se le comunicó a don Alfonso de seguridad, eso ocurrió como a las 7:00 y a él le avisaron a las 7:30. Se le indicó que había un maestro que estaba sentado fuera apoyado porque venía accidentado de afuera. No le contaron del accidente, calcula el testigo que fue fuera por la hora de inicio de las faenas. Después del accidente se esperó al Sr. Alfonso que es de seguridad y tomaba decisiones en estos casos, que no es del comité paritario. No se vincula el comité paritario con él. El Sr. Alfonso dijo que se lo llevaran a la Mutual, no se hizo investigación porque el accidentado venía de afuera. Trabaja en la obra Carlos Valdovinos, el traslado fue como a las 10:00, el retraso es porque tenía funciones en otras obras y por eso demoró en llegar. No se podía tomar ninguna decisión. SÉPTIMO: El primer hecho materia de controversia consiste en determinar las circunstancias del accidente sufrido por el demandante el día 24 de septiembre de 2008. Sobre el mismo, se tiene por establecido que éste ocurrió ese día, alrededor de las 11:45 horas, en circunstancias que el demandante subía desde el primer subterráneo a la losa del primer piso, por una escalera que no estaba anclada al piso y sin que hubiese baranda para sostenerse. Asimismo, se tiene por establecido que la caída del demandante fue hacia atrás, por existir materiales como moldajes y tablero eléctrico a los costados de la escalera. Para establecer ello, se tiene principalmente en consideración la información aportada por la Superintendencia de Seguridad Social, al remitir la copia de la investigación efectuada sobre el accidente del demandante, en la que consta, en primer lugar, un ingreso del demandante el día 24 de noviembre de 2008, a las 15:39 horas, al Centro de Atención La Florida, dando una versión el paciente consistente en que en el trayecto a su trabajo al bajar del microbús salta sufriendo inversión forzada del tobillo izquierdo. En esa evolución médica se solicita una radiografía de tobillo izquierdo ap lateral, y se observa fractura aguda en cara anterolateral de calcáneo, que no se correlaciona con la clínica. En cuanto a la denuncia del siniestro, consta también de la bitácora de denuncia del siniestro, que ella fue ingresada a las 14:32 horas del día 24 de noviembre de 2008. En la misma investigación se aprecia también que el día 06 de diciembre de 2008 se resolvió por el Sr. Jorge Cuevas Alliende, del Centro Verificador, que el accidente del demandante no constituye un accidente de trabajo en el trayecto, por carecer de un medio de prueba sobre el particular, siendo destacable que previo a ello, conforme aparece de la serie de correos electrónicos adjuntos, se requirió por parte de Daniela Fuentes, analista del mismo centro verificador, información sobre el mecanismo del accidente, en cuanto a su compatibilidad con el diagnóstico, respondiéndose por doña Patricia Villafrade, médico asesor de la gerencia de beneficios laborales, el día 05 de diciembre previo a la resolución, que no es posible establecer relación de causalidad entre mecanismo relatado (que a la fecha era la mala caída desde el microbús) y hallazgos clínicos e imagenológicos. En consecuencia, las lesiones detectadas al demandante, consistentes en fractura de calcáneo pie izquierdo, conforme se indica del informe médico que también consta en la investigación, no se compadecen con el relato del accidente consistente en una caída del microbús al llegar a la obra. OCTAVO: Por su parte, se aprecia que el demandante reingresó el 04 de enero de 2010, refiriendo molestias, determinándose clínicamente que tiene el talón más ancho, hay dolor en la flexión máxima del tobillo, y dolor subtalar. Consta en la hoja de historia clínica de ese día, también, que los diagnósticos son fractura de calcáneo y esguince de tobillo grado 2. Se aprecia luego, en la referida investigación, que el demandante compareció a la Mutual de Seguridad el día 25 de marzo de 2009, oportunidad en que modifica su versión sobre los hechos, expresando que el accidente ocurre en circunstancias que subió una escala, y a la altura de 2.20 mts. pierde el equilibrio y se expulsa hacia atrás, cayendo sobre superficie con tierra y piedras, lesionándose el tobillo izquierdo; dentro de las indicaciones, además de TAC de calcáneo izquierdo, se indica que el caso debe ser estudiado a profundidad para determinar si es acogido. Durante dicha investigación, consta que se tomó declaración a don Alfonso Morales, quien le indicó que el día del accidente se le comunica entre 08:00 y 09:00 de una lesión del demandante después de bajar del autobús, llegando a la obra a las 10:30, trasladando al trabajador a la Mutual; declarando en igual sentido los Sres. Ramón Rosales, Samuel Villarroel y Francisco Gutiérrez (quienes también declararon en juicio). Sin embargo, en la misACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ma el demandante mantiene la versión de la caída de la escalera, señalando el informe de investigación de accidentes, de 14 de abril de 2009, que las versiones de los testigos no concuerdan con el trabajador, que no se logra tomar declaración a un testigo del demandante por estar desvinculado de la empresa, y se alude a que habría una grabación de voz, por lo que no correspondería a un accidente del trabajo, informe fundamento de la resolución del centro verificador de 07 de mayo de 2009, en que se resuelve declarar que el siniestro denunciado no corresponde a un accidente laboral, ya que no se ha acreditado la relación de causalidad. Con posterioridad a esa decisión, consta que el 29 de mayo el trabajador aportó las grabaciones a que se aludió en la investigación, y se emitió un informe complementario por el Sr. Fernando Ramírez Novoa, de la gerencia de siniestros laborales, el que considera como antecedente 8. que no cuenta con testigos el trabajador, por lo que se estima no acreditada la relación de causalidad entre el trabajo y las lesiones; sin embargo, consta que se efectuaron declaraciones por parte de don Aldo González Olivares y don Wenceslao Pérez (deponente también en esta causa), quienes ratificaron la versión del actor, y que se evacuó un informe médico de lesiones el 30 de octubre de 2009, en que se indica que el relato de saltar al bajar de bus y sufrir la inversión forzada del tobillo izquierdo es poco compatible con la fractura de calcáneo, derivando, en definitiva, en el Ord. 664830 de 1° de diciembre de 2009, dictado por el Superintendente de Seguridad Social, quien concluye que el accidente del actor ocurrió el 24 de noviembre de 2008, a las 11:50, fundado, principalmente, en la evolución de la lesión sufrida, que al ingreso a la mutual (15:39) corresponde a no más de dos o tres horas, agregando que no resulta posible que el trabajador hubiera permanecido lesionado desde las 07:55 en la empresa. En resumen, el demandante proporcionó en la Mutual de Seguridad a su llegada, alrededor de las 15:00, una versión del accidente consistente en una caída de un bus, que no fue cubierta por la institución al colegirse que la dinámica relatada no se condice con el diagnóstico. Luego de ello, el demandante modifica su versión, la que sí es compatible con el diagnóstico efectuado, al punto que se determina por la Superintendencia de Seguridad Social, dar la cobertura de la ley N° 16.744. En ese sentido, otorga fuerza al relato de los hechos efectuados en la demanda el que, clínicamente, la hipótesis de accidente de trayecto no justifique la evolución de las lesiones, mientras que sí sea concordante con ella la caída desde la escalera, para lo cual también en importante tener en consideración que la hora relatada por el actor, esto es, las 11:50, concuerda con la antigüedad diagnosticada de lesión, dos o tres horas antes de concurrir a la Mutual de Seguridad, a las 15:00; mientras que no aparece verosímil la versión del accidente de trayecto en cuanto, al haber ocurrido a las 8:00 am, y habiendo llegado el encargado de prevención de riesgos a las 10:30, hayan tardado más de cuatro horas en llevar al trabajador al centro de atención La Florida de la Mutual de Seguridad, en circunstancias que la obra donde ocurre el accidente se ubica en Avenida Vicuña Mackenna N° 3685, frente a la Estación del Metro Carlos Valdovinos, según indicó el testigo de la demandada Sr. Rojas, mientras que la mencionada institución queda en la misma Avenida, pero en el N° 6381. Por lo mismo, aparece más creíble que el accidente se haya verificado alrededor del mediodía, y hayan esperado al prevencionista de riesgos para que luego él lleve al trabajador al centro de atención. NOVENO: Ahora bien, en relación con las circunstancias del accidente sufrido por el demandante en la obra, se tendrá por establecido que éste se encontraba en una escalera por la que subía desde el subterráneo al primer piso de la obra, instantes en que pierde el equilibrio y cae al suelo, de acuerdo con los dichos, en la investigación aportada, de los testigos Aldo González y Wenceslao Pérez, quienes fueron contestes en indicar que el actor subía una escalera del subterráneo al primer nivel, cayendo al suelo. En ese sentido, se dará más valor a esa versión del Sr. Pérez, en relación con sus dichos en juicio en cuanto a que el demandante venía bajando por la escala, por cuanto el primer relato, al haber sido obtenido en la investigación administrativa antes del mes de diciembre de 2009, fue dado en una fecha más próxima al accidente, y siendo razonable entender que el relato efectuado un año y nueve meses después del mismo en juicio, puede adolecer de imprecisiones, que permiten, incluso, dar mayor fe del mismo en cuanto no ha sido reconstruido antes de la audiencia. Por otro lado, se tendrá por establecido que la escalera por la que el demandante subía no estaba anclada al piso, ni contaba con una baranda de sujeción la losa del primer piso, como la existencia de tableros eléctricos y moldajes en los costados de la misma, ello por cuanto, en esas circunstancias los dichos del testigo Pérez coinciden con la versión dada por el demandante en la prueba confesio-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ma el demandante mantiene la versión de la caída de la escalera, señalando el informe de investigación de accidentes, de 14 de abril de 2009, que las versiones de los testigos no concuerdan con el trabajador, que no se logra tomar declaración a un testigo del demandante por estar desvinculado de la empresa, y se alude a que habría una grabación de voz, por lo que no correspondería a un accidente del trabajo, informe fundamento de la resolución del centro verificador de 07 de mayo de 2009, en que se resuelve declarar que el siniestro denunciado no corresponde a un accidente laboral, ya que no se ha acreditado la relación de causalidad. Con posterioridad a esa decisión, consta que el 29 de mayo el trabajador aportó las grabaciones a que se aludió en la investigación, y se emitió un informe complementario por el Sr. Fernando Ramírez Novoa, de la gerencia de siniestros laborales, el que considera como antecedente 8. que no cuenta con testigos el trabajador, por lo que se estima no acreditada la relación de causalidad entre el trabajo y las lesiones; sin embargo, consta que se efectuaron declaraciones por parte de don Aldo González Olivares y don Wenceslao Pérez (deponente también en esta causa), quienes ratificaron la versión del actor, y que se evacuó un informe médico de lesiones el 30 de octubre de 2009, en que se indica que el relato de saltar al bajar de bus y sufrir la inversión forzada del tobillo izquierdo es poco compatible con la fractura de calcáneo, derivando, en definitiva, en el Ord. 664830 de 1° de diciembre de 2009, dictado por el Superintendente de Seguridad Social, quien concluye que el accidente del actor ocurrió el 24 de noviembre de 2008, a las 11:50, fundado, principalmente, en la evolución de la lesión sufrida, que al ingreso a la mutual (15:39) corresponde a no más de dos o tres horas, agregando que no resulta posible que el trabajador hubiera permanecido lesionado desde las 07:55 en la empresa. En resumen, el demandante proporcionó en la Mutual de Seguridad a su llegada, alrededor de las 15:00, una versión del accidente consistente en una caída de un bus, que no fue cubierta por la institución al colegirse que la dinámica relatada no se condice con el diagnóstico. Luego de ello, el demandante modifica su versión, la que sí es compatible con el diagnóstico efectuado, al punto que se determina por la Superintendencia de Seguridad Social, dar la cobertura de la ley N° 16.744. En ese sentido, otorga fuerza al relato de los hechos efectuados en la demanda el que, clínicamente, la hipótesis de accidente de trayecto no justifique la evolución de las lesiones, mientras que sí sea concordante con ella la caída desde la escalera, para lo cual también en importante tener en consideración que la hora relatada por el actor, esto es, las 11:50, concuerda con la antigüedad diagnosticada de lesión, dos o tres horas antes de concurrir a la Mutual de Seguridad, a las 15:00; mientras que no aparece verosímil la versión del accidente de trayecto en cuanto, al haber ocurrido a las 8:00 am, y habiendo llegado el encargado de prevención de riesgos a las 10:30, hayan tardado más de cuatro horas en llevar al trabajador al centro de atención La Florida de la Mutual de Seguridad, en circunstancias que la obra donde ocurre el accidente se ubica en Avenida Vicuña Mackenna N° 3685, frente a la Estación del Metro Carlos Valdovinos, según indicó el testigo de la demandada Sr. Rojas, mientras que la mencionada institución queda en la misma Avenida, pero en el N° 6381. Por lo mismo, aparece más creíble que el accidente se haya verificado alrededor del mediodía, y hayan esperado al prevencionista de riesgos para que luego él lleve al trabajador al centro de atención. NOVENO: Ahora bien, en relación con las circunstancias del accidente sufrido por el demandante en la obra, se tendrá por establecido que éste se encontraba en una escalera por la que subía desde el subterráneo al primer piso de la obra, instantes en que pierde el equilibrio y cae al suelo, de acuerdo con los dichos, en la investigación aportada, de los testigos Aldo González y Wenceslao Pérez, quienes fueron contestes en indicar que el actor subía una escalera del subterráneo al primer nivel, cayendo al suelo. En ese sentido, se dará más valor a esa versión del Sr. Pérez, en relación con sus dichos en juicio en cuanto a que el demandante venía bajando por la escala, por cuanto el primer relato, al haber sido obtenido en la investigación administrativa antes del mes de diciembre de 2009, fue dado en una fecha más próxima al accidente, y siendo razonable entender que el relato efectuado un año y nueve meses después del mismo en juicio, puede adolecer de imprecisiones, que permiten, incluso, dar mayor fe del mismo en cuanto no ha sido reconstruido antes de la audiencia. Por otro lado, se tendrá por establecido que la escalera por la que el demandante subía no estaba anclada al piso, ni contaba con una baranda de sujeción la losa del primer piso, como la existencia de tableros eléctricos y moldajes en los costados de la misma, ello por cuanto, en esas circunstancias los dichos del testigo Pérez coinciden con la versión dada por el demandante en la prueba confesio-

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nal, haciéndose aplicación, además, en este caso, de la facultad de admisión tácita contemplada en el artículo 453 N° 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, toda vez que la demandada, en su escrito de contestación, no proporcionó versión alguna respecto del accidente sufrido por el actor, limitándose a controvertir los perjuicios demandados. En ese punto, también, es importante destacar que se determinó, como hecho a probar en esta causa, la adopción de medidas de seguridad y prevención por el empleador a la fecha de ocurrencia de los hechos, materia respecto de la cual no rindió prueba alguna, por cuanto las actas de comparecencia ante la Inspección del Trabajo no se refirieron a ese punto, y el contrato de trabajo nada aporta sobre el tema. En ese sentido, resulta ilustrativa la lista de chequeo de la construcción de la Dirección del Trabajo, desde que ella establece una serie de reglas sobre escaleras provisorias, de cuyo cumplimiento no se ha rendido prueba alguna. Así también, la sola mención del testigo Sr. Gutiérrez, en cuanto la empresa da una charla al ingreso de los trabajadores sobre seguridad, no tiene mérito alguno para acreditar dicha circunstancia, desde que no se aportó prueba instrumental al respecto dando cuenta de la efectividad de las mismas, el número de asistentes, la frecuencia de ellas y la concurrencia del actor. Se tendrá por establecido, también, que la demandada ocultó el carácter de accidente del trabajo, en atención a los antecedentes latamente relatados en los razonamientos séptimo y octavo, y por cuanto no existe una explicación razonable para que el demandante haya manifestado en la Mutual de Seguridad que su accidente era de trayecto más que la orden en ese sentido por parte de su empleador. La ocultación del verdadero carácter del accidente se ve reflejada no sólo en la presentación de testigos en sede administrativa dando cuenta de un accidente de trayecto, sino también en su presentación en este juicio, dando todos en forma conteste dicha versión, que resulta inverosímil, como ya se dijo, dado el largo tiempo utilizado en llevar al trabajador a la Mutual de Seguridad debiendo recorrer una corta distancia; sumado a las aseveraciones que ellos efectuaron en estrados, en cuanto a que el propio demandante habría manifestado haberse accidentado a la bajada del bus, siendo destacable, en este punto, que el testigo Sr. Rojas afirmó que iba en el mismo móvil con el demandante, a pesar de lo cual no recuerda el número de recorrido del mismo, siendo que se trata de la locomoción colectiva que tomaba para llegar al trabajo, de lo que puede colegirse que la ocupaba en forma habitual. Llama, en todo caso, la atención, puesto que el demandante vive, tal como consta en su demanda e individualización otorgada ante la Mutual de Seguridad, en la comuna de Peñalolén, mientras que el mencionado testigo refirió que el recorrido tomado por ambos circula entre Santiago y Puente Alto, por lo que difícilmente puede éste servir al demandante para llegar a su trabajo, circunstancia que tampoco pudo ser explicada por el testigo ante las preguntas del tribunal, puesto que no sólo no recuerda el número de recorrido, sino que tampoco sabe dónde subió el demandante, debilitándose fuertemente sus aseveraciones. DÉCIMO: En lo relativo a las lesiones sufridas por el demandante, es posible colegir, de acuerdo con las diferentes hojas de historia clínica aportadas por la Mutual de Seguridad, que ellas consisten conforme con los diagnósticos del trabajador en fractura del calcáneo y esguince de tobillo grado 2, registrando el informe médico incorporado por la actora de 21 de enero de 2010, que se trata de una lesión ósea aguda en cara anterolateral de calcáneo, estableciéndose en mayo de 2009 que el paciente tiene pinzamiento lateral con los perineos. En cuanto a las secuelas de dichas lesiones, se tiene por establecido que el demandante presenta, actualmente, dificultades para caminar y desplazarse, siendo importante destacar en este aspecto el aporte de los testigos de la parte demandante quienes han dado cuenta de las mismas, ya que la Sra. Cheuquelén, pareja del trabajador, expuso que éste siente un dolor en la pierna para caminar, ya no corre, salta ni hace gimnasia, dichos bastante similares a los del testigo Sr. Maldonado, amigo del actor, y quien expone que no hace trabajos pesados y cojea, pero que la afección más fuerte es psicológica, y el demandante dice que el pie no le da. Tales antecedentes deben ser contrastados con el informe médico, sin fecha que forma parte de la respuesta de oficio dada por la Mutual de Seguridad, en que consta que el 04 de mayo de 2009 el demandante fue evaluado por el equipo médico de pie del Hospital quienes le plantean una solución quirúrgica, ante lo cual el paciente dice que no tiene tanto dolor y que no desea operarse, lo que se aprecia también de la hoja de historia clínica de la fecha previamente indicada. Lo anterior, es relevante para efectos de determinar la responsabilidad sobre el punto, más adelante.

nal, haciéndose aplicación, además, en este caso, de la facultad de admisión tácita contemplada en el artículo 453 N° 1 inciso séptimo del Código del Trabajo, toda vez que la demandada, en su escrito de contestación, no proporcionó versión alguna respecto del accidente sufrido por el actor, limitándose a controvertir los perjuicios demandados. En ese punto, también, es importante destacar que se determinó, como hecho a probar en esta causa, la adopción de medidas de seguridad y prevención por el empleador a la fecha de ocurrencia de los hechos, materia respecto de la cual no rindió prueba alguna, por cuanto las actas de comparecencia ante la Inspección del Trabajo no se refirieron a ese punto, y el contrato de trabajo nada aporta sobre el tema. En ese sentido, resulta ilustrativa la lista de chequeo de la construcción de la Dirección del Trabajo, desde que ella establece una serie de reglas sobre escaleras provisorias, de cuyo cumplimiento no se ha rendido prueba alguna. Así también, la sola mención del testigo Sr. Gutiérrez, en cuanto la empresa da una charla al ingreso de los trabajadores sobre seguridad, no tiene mérito alguno para acreditar dicha circunstancia, desde que no se aportó prueba instrumental al respecto dando cuenta de la efectividad de las mismas, el número de asistentes, la frecuencia de ellas y la concurrencia del actor. Se tendrá por establecido, también, que la demandada ocultó el carácter de accidente del trabajo, en atención a los antecedentes latamente relatados en los razonamientos séptimo y octavo, y por cuanto no existe una explicación razonable para que el demandante haya manifestado en la Mutual de Seguridad que su accidente era de trayecto más que la orden en ese sentido por parte de su empleador. La ocultación del verdadero carácter del accidente se ve reflejada no sólo en la presentación de testigos en sede administrativa dando cuenta de un accidente de trayecto, sino también en su presentación en este juicio, dando todos en forma conteste dicha versión, que resulta inverosímil, como ya se dijo, dado el largo tiempo utilizado en llevar al trabajador a la Mutual de Seguridad debiendo recorrer una corta distancia; sumado a las aseveraciones que ellos efectuaron en estrados, en cuanto a que el propio demandante habría manifestado haberse accidentado a la bajada del bus, siendo destacable, en este punto, que el testigo Sr. Rojas afirmó que iba en el mismo móvil con el demandante, a pesar de lo cual no recuerda el número de recorrido del mismo, siendo que se trata de la locomoción colectiva que tomaba para llegar al trabajo, de lo que puede colegirse que la ocupaba en forma habitual. Llama, en todo caso, la atención, puesto que el demandante vive, tal como consta en su demanda e individualización otorgada ante la Mutual de Seguridad, en la comuna de Peñalolén, mientras que el mencionado testigo refirió que el recorrido tomado por ambos circula entre Santiago y Puente Alto, por lo que difícilmente puede éste servir al demandante para llegar a su trabajo, circunstancia que tampoco pudo ser explicada por el testigo ante las preguntas del tribunal, puesto que no sólo no recuerda el número de recorrido, sino que tampoco sabe dónde subió el demandante, debilitándose fuertemente sus aseveraciones. DÉCIMO: En lo relativo a las lesiones sufridas por el demandante, es posible colegir, de acuerdo con las diferentes hojas de historia clínica aportadas por la Mutual de Seguridad, que ellas consisten conforme con los diagnósticos del trabajador en fractura del calcáneo y esguince de tobillo grado 2, registrando el informe médico incorporado por la actora de 21 de enero de 2010, que se trata de una lesión ósea aguda en cara anterolateral de calcáneo, estableciéndose en mayo de 2009 que el paciente tiene pinzamiento lateral con los perineos. En cuanto a las secuelas de dichas lesiones, se tiene por establecido que el demandante presenta, actualmente, dificultades para caminar y desplazarse, siendo importante destacar en este aspecto el aporte de los testigos de la parte demandante quienes han dado cuenta de las mismas, ya que la Sra. Cheuquelén, pareja del trabajador, expuso que éste siente un dolor en la pierna para caminar, ya no corre, salta ni hace gimnasia, dichos bastante similares a los del testigo Sr. Maldonado, amigo del actor, y quien expone que no hace trabajos pesados y cojea, pero que la afección más fuerte es psicológica, y el demandante dice que el pie no le da. Tales antecedentes deben ser contrastados con el informe médico, sin fecha que forma parte de la respuesta de oficio dada por la Mutual de Seguridad, en que consta que el 04 de mayo de 2009 el demandante fue evaluado por el equipo médico de pie del Hospital quienes le plantean una solución quirúrgica, ante lo cual el paciente dice que no tiene tanto dolor y que no desea operarse, lo que se aprecia también de la hoja de historia clínica de la fecha previamente indicada. Lo anterior, es relevante para efectos de determinar la responsabilidad sobre el punto, más adelante. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

UNDÉCIMO: En cuanto a los perjuicios que el accidente laboral y sus secuelas han provocado en el demandante, se demandó, en primer lugar, lucro cesante. Sobre el mismo, se hizo consistir en una pérdida de capacidad de ganancia del actor, desde que, a la época del accidente se desempeñaba como albañil, mientras que luego de éste sólo podrá ejecutar actividades más livianas, como jornal. En ese orden de cosas, se fijó como hecho a probar las labores que debía ejecutar el actor al interior de la obra, quedando demostrado que ellas consisten en tareas de jornal, según se desprende del contrato de trabajo suscrito por las partes e incorporado en juicio por la parte demandada, y por la confesión judicial del demandante, quien admitió que se desempeñaba en tales tareas, por lo que, desde ya, esa premisa de la indemnización de perjuicios por lucro cesante ha quedado descartada. Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que no se ha declarado, por el organismo competente, la pérdida de capacidad de ganancia por el demandante, lo que ya impide acceder al lucro cesante, sin perjuicio de advertir, tal como ya se adelantó, que ha sido por voluntad del propio actor que no se ha obtenido una mejoría plena respecto de sus condiciones de salud, toda vez que éste no se manifestó de acuerdo con la solución quirúrgica que le fue planteada por el equipo de pie del Hospital del Trabajador, por lo mismo, las condiciones de salud en que éste se encuentra en la actualidad, no son consecuencia directa del accidente, sino que de su negativa a continuar con el tratamiento propuesto. A ello, cabe agregar que se desprende del certificado de cotizaciones previsionales del demandante y del certificado de la CCAF, ambos aportados por la actora, que el trabajador ha laborado con posterioridad a su accidente para diferentes empresas, y obteniendo diferentes montos de remuneración, siendo destacable que percibió, en los meses de noviembre y diciembre de 2009, montos similares a los que indica en su libelo como aquellos que dejará de percibir, y se ha desempeñado en el mismo rubro de la construcción, tal como puede desprenderse de las razones sociales pagadoras de cotizaciones. No obsta a la anterior conclusión los cortos períodos que aparece laborando el actor, por cuanto, tal como consta de los finiquitos incorporados por éste, se desempeña usualmente para obras o servicios determinados, cuestión bastante generalizada, por lo demás, en el ámbito de la construcción, por lo que a ello pueden deberse los períodos de inactividad. En consecuencia, se tiene por no acreditada la pérdida de capacidad de generar ingresos del demandante y, por lo mismo, se hace innecesario abordar el punto de prueba relativo a la remuneración mensual del actor. DUODÉCIMO: Finalmente, corresponde pronunciarse sobre el daño moral. En ese sentido, importa destacar los dichos de los testigos del demandante, en cuanto el actor no hace actividades físicas como saltar, correr y caminar, mientras que antes jugaba a la pelota, según expone su pareja Sra. Cheuquelén. Tales condiciones, en una persona de 36 años a la fecha del accidente, tal como consta en sus hojas de historia clínica, producen, naturalmente, una baja en el ánimo que ha sido constatada por los testigos indicados; sin embargo, no ha llegado al punto de requerir atención médica por ello, tratándose sus consultas y exámenes, exclusivamente, por su lesión al pie izquierdo. A lo anterior es importante sumar las dificultades que ha tenido el demandante para acceder a la cobertura de la ley N° 16.744 a raíz del ocultamiento del carácter laboral del accidente sufrido por él, lo que se aprecia de la investigación antes indicada, ya que no sólo debió alterar su versión al momento de recibir las primeras atenciones, sino que ello le significó tener que tratarse en el sistema público de salud al rechazarse cobertura por la ley de accidentes del trabajo, debiendo luego de unos meses retornar a la Mutual de Seguridad, dando cuenta de las reales circunstancias del accidente para poder acceder a las prestaciones a que tiene derecho, siendo destacable en este punto, que la decisión definitiva sobre la cobertura de las secuelas derivadas de su accidente la obtuvo después de un año de ocurrido éste, para lo cual tuvo incluso que recabar pruebas. Lo anterior, es un antecedente que debe ser ponderado a la hora de cuantificar el daño moral a que se accederá, puesto que así lo establece, concretamente, el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. DÉCIMO TERCERO: En cuanto a dicha norma, cabe destacar que impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, debiendo determinarse la naturaleza de la responsabilidad que esta regla impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, para lo cual es necesario previamente dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

UNDÉCIMO: En cuanto a los perjuicios que el accidente laboral y sus secuelas han provocado en el demandante, se demandó, en primer lugar, lucro cesante. Sobre el mismo, se hizo consistir en una pérdida de capacidad de ganancia del actor, desde que, a la época del accidente se desempeñaba como albañil, mientras que luego de éste sólo podrá ejecutar actividades más livianas, como jornal. En ese orden de cosas, se fijó como hecho a probar las labores que debía ejecutar el actor al interior de la obra, quedando demostrado que ellas consisten en tareas de jornal, según se desprende del contrato de trabajo suscrito por las partes e incorporado en juicio por la parte demandada, y por la confesión judicial del demandante, quien admitió que se desempeñaba en tales tareas, por lo que, desde ya, esa premisa de la indemnización de perjuicios por lucro cesante ha quedado descartada. Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que no se ha declarado, por el organismo competente, la pérdida de capacidad de ganancia por el demandante, lo que ya impide acceder al lucro cesante, sin perjuicio de advertir, tal como ya se adelantó, que ha sido por voluntad del propio actor que no se ha obtenido una mejoría plena respecto de sus condiciones de salud, toda vez que éste no se manifestó de acuerdo con la solución quirúrgica que le fue planteada por el equipo de pie del Hospital del Trabajador, por lo mismo, las condiciones de salud en que éste se encuentra en la actualidad, no son consecuencia directa del accidente, sino que de su negativa a continuar con el tratamiento propuesto. A ello, cabe agregar que se desprende del certificado de cotizaciones previsionales del demandante y del certificado de la CCAF, ambos aportados por la actora, que el trabajador ha laborado con posterioridad a su accidente para diferentes empresas, y obteniendo diferentes montos de remuneración, siendo destacable que percibió, en los meses de noviembre y diciembre de 2009, montos similares a los que indica en su libelo como aquellos que dejará de percibir, y se ha desempeñado en el mismo rubro de la construcción, tal como puede desprenderse de las razones sociales pagadoras de cotizaciones. No obsta a la anterior conclusión los cortos períodos que aparece laborando el actor, por cuanto, tal como consta de los finiquitos incorporados por éste, se desempeña usualmente para obras o servicios determinados, cuestión bastante generalizada, por lo demás, en el ámbito de la construcción, por lo que a ello pueden deberse los períodos de inactividad. En consecuencia, se tiene por no acreditada la pérdida de capacidad de generar ingresos del demandante y, por lo mismo, se hace innecesario abordar el punto de prueba relativo a la remuneración mensual del actor. DUODÉCIMO: Finalmente, corresponde pronunciarse sobre el daño moral. En ese sentido, importa destacar los dichos de los testigos del demandante, en cuanto el actor no hace actividades físicas como saltar, correr y caminar, mientras que antes jugaba a la pelota, según expone su pareja Sra. Cheuquelén. Tales condiciones, en una persona de 36 años a la fecha del accidente, tal como consta en sus hojas de historia clínica, producen, naturalmente, una baja en el ánimo que ha sido constatada por los testigos indicados; sin embargo, no ha llegado al punto de requerir atención médica por ello, tratándose sus consultas y exámenes, exclusivamente, por su lesión al pie izquierdo. A lo anterior es importante sumar las dificultades que ha tenido el demandante para acceder a la cobertura de la ley N° 16.744 a raíz del ocultamiento del carácter laboral del accidente sufrido por él, lo que se aprecia de la investigación antes indicada, ya que no sólo debió alterar su versión al momento de recibir las primeras atenciones, sino que ello le significó tener que tratarse en el sistema público de salud al rechazarse cobertura por la ley de accidentes del trabajo, debiendo luego de unos meses retornar a la Mutual de Seguridad, dando cuenta de las reales circunstancias del accidente para poder acceder a las prestaciones a que tiene derecho, siendo destacable en este punto, que la decisión definitiva sobre la cobertura de las secuelas derivadas de su accidente la obtuvo después de un año de ocurrido éste, para lo cual tuvo incluso que recabar pruebas. Lo anterior, es un antecedente que debe ser ponderado a la hora de cuantificar el daño moral a que se accederá, puesto que así lo establece, concretamente, el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. DÉCIMO TERCERO: En cuanto a dicha norma, cabe destacar que impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, debiendo determinarse la naturaleza de la responsabilidad que esta regla impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, para lo cual es necesario previamente dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo

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1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto y volviendo al artículo 1547 ya citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado previamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Si bien no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, si bien es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas, por lo que el beneficio no puede ser visto como equivalente. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentren debidamente resguardadas. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, al punto de ser una garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, la que necesariamente, por ser condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, conlleva a estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes y oportuna atención, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla dentro del marco de su giro social, debiendo emplear para su cumplimiento la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. DÉCIMO CUARTO: El análisis de las recetas, certificados de atención, citaciones, licencias médicas y formulario de interderivación, al sobreabundar respecto de hechos ya probados, no altera las conclusiones a que se ha arribado. Asimismo, no se razonará en torno a la información remitida por el Hospital del Salvador a través de una respuesta de oficio, toda vez que resulta ilegible el contenido de la misma. DÉCIMO QUINTO: La prueba ha sido apreciada conforme con las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 184, 420, 446 y siguientes, 456 del Código del Trabajo; artículo 5 y 69 de la ley N° 16.744, 1547 del Código Civil, SE DECLARA: I. Que se acoge la demanda deducida por don David Vicente Maldonado Hevia, en contra de la empresa Uriarte y Pérez Cotapos Ltda., y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de la suma de $ 12.000.000. al actor, por concepto de daño moral producto del accidente de trabajo sufrido el día 24 de noviembre de 2008. En lo demás, se la rechaza. II. El monto antes referido, será reajustado y devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. III. No se condena en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida. Digitalícense los documentos incorporados en audiencia; devuélvanse. Regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por Ximena Rivera Salinas, Juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. O-1784-2010

1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto y volviendo al artículo 1547 ya citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado previamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Si bien no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, si bien es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas, por lo que el beneficio no puede ser visto como equivalente. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentren debidamente resguardadas. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, al punto de ser una garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, la que necesariamente, por ser condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, conlleva a estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes y oportuna atención, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla dentro del marco de su giro social, debiendo emplear para su cumplimiento la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. DÉCIMO CUARTO: El análisis de las recetas, certificados de atención, citaciones, licencias médicas y formulario de interderivación, al sobreabundar respecto de hechos ya probados, no altera las conclusiones a que se ha arribado. Asimismo, no se razonará en torno a la información remitida por el Hospital del Salvador a través de una respuesta de oficio, toda vez que resulta ilegible el contenido de la misma. DÉCIMO QUINTO: La prueba ha sido apreciada conforme con las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 184, 420, 446 y siguientes, 456 del Código del Trabajo; artículo 5 y 69 de la ley N° 16.744, 1547 del Código Civil, SE DECLARA: I. Que se acoge la demanda deducida por don David Vicente Maldonado Hevia, en contra de la empresa Uriarte y Pérez Cotapos Ltda., y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de la suma de $ 12.000.000. al actor, por concepto de daño moral producto del accidente de trabajo sufrido el día 24 de noviembre de 2008. En lo demás, se la rechaza. II. El monto antes referido, será reajustado y devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. III. No se condena en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida. Digitalícense los documentos incorporados en audiencia; devuélvanse. Regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por Ximena Rivera Salinas, Juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. O-1784-2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

II. CORTE DE APELACIONES Santiago, once de abril de dos mil once. Vistos y oídos los intervinientes: PRIMERO: Que el representante de la parte demandada en esta causa, Empresa Constructora Uriarte y Pérez-Cotapos, abogado don Alejandro Granese Philipps, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha 15 de junio de 2009, invocando la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, en el caso de autos los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el respeto y protección a la vida privada y el derecho de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Funda la causal, en haber estimado la sentenciadora en su fallo la ocurrencia de un accidente del trabajo con una supuesta grabación clandestina efectuada a un ex prevencionista de riesgo que trabajó para ella y que el tribunal excluyó en su oportunidad por haber sido obtenida con vulneración de las garantías o derechos fundamentales; y, en segundo término, en la causal del artículo 478 del Código del ramo, letra b, es decir, haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, particularmente en lo que concierne a como tiene por acreditada la existencia del daño moral. SEGUNDO: Que en el análisis de las presuntas vulneraciones, debe señalarse en primer término, que la sentencia impugnada hace un análisis completo y conforme a derecho, de la prueba rendida; su ponderación está respaldada con los parámetros del sistema de la sana crítica, lo que se desprende de la aplicación razonada y concluyente de todo lo obrado; y generando una sentencia armónica con el actuar de las partes, del tribunal y de los terceros en el procedimiento. TERCERO: Que complementa el fundamento precedente, el hecho que el recurrente reproduce sus alegaciones de la etapa de discusión y las actuaciones del juicio, pretendiendo alterar las conclusiones de hecho que se encuentran a firme, en base a la impugnación que busca configurar que se enmiende lo resuelto por el tribunal a quo, tal como si se tratara de un recurso de apelación, cuyo no es el caso. CUARTO: Que, así las cosas, nos abocaremos a las infracciones que se dice incurre la sentencia de primer grado, consistiendo la primera impugnación en haber acogido la sentenciadora la hipótesis de que la demandada tuvo la intención de ocultar la existencia de un accidente del trabajo, hecho que lo acredita con los elementos de prueba que le reporta la investigación de la Superintendencia de Seguridad Social, la que a su vez se obtiene de una grabación obtenida sin su consentimiento de un ex prevencionista de riesgo que trabajó para ella; agrega que ya en la audiencia preparatoria se habría excluido tal grabación por haberse obtenido con vulneración de garantías o derechos fundamentales; QUINTO: Que, si bien el fallo razona en tal sentido y tiene por acreditada la existencia de un accidente del trabajo con la información que le reporta la Superintendencia de Seguridad Social, concluyendo que ella le ocasiona al demandante lesiones y evidentes secuelas, que lo hace acreedor a ser indemnizado por daño moral; en tales conclusiones, la sentenciadora no incurre en infracción alguna, porque la información aportada en la investigación sobre el accidente del trabajador, en cuanto a su ocurrencia y circunstancias esenciales, que le llevaron a descartar que éste hubiese acaecido con ocasión de la caída del microbús al llegar a la obra y dar por cierta, la segunda versión del trabajador, el haber sufrido una caída de 2,20 metros por pérdida de equilibrio al subir una escalera que no estaba anclada al piso ni contaba con baranda de sujeción, lo que le provoca una fractura de calcáreo pie izquierdo; se obtiene de una prueba testimonial y documental, con absoluta exclusión de la grabación obtenida con vulneración de derechos y garantías constitucionales, por lo que no se observa en la dictación del fallo una vulneración a las garantías constitucionales de respeto y protección a la vida privada ni a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, que consagra el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus artículos 4° y 5°; SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la segunda causal, de haberse vulnerado en la apreciación de la prueba las normas de la sana crítica, contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, debemos señalar que la sentenciadora ha establecido de acuerdo a los medios de prueba rendidos en la audiencia de juicio, debidamente ponderados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que el actor sufrió un accidente del trabajo el día 24 de noviembre de 2008, cuando al subir por una escalera desde el subterráneo al primer piso de la obra, perdió el equilibrio y cae al suelo, escalera que

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II. CORTE DE APELACIONES Santiago, once de abril de dos mil once. Vistos y oídos los intervinientes: PRIMERO: Que el representante de la parte demandada en esta causa, Empresa Constructora Uriarte y Pérez-Cotapos, abogado don Alejandro Granese Philipps, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha 15 de junio de 2009, invocando la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, en el caso de autos los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el respeto y protección a la vida privada y el derecho de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Funda la causal, en haber estimado la sentenciadora en su fallo la ocurrencia de un accidente del trabajo con una supuesta grabación clandestina efectuada a un ex prevencionista de riesgo que trabajó para ella y que el tribunal excluyó en su oportunidad por haber sido obtenida con vulneración de las garantías o derechos fundamentales; y, en segundo término, en la causal del artículo 478 del Código del ramo, letra b, es decir, haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, particularmente en lo que concierne a como tiene por acreditada la existencia del daño moral. SEGUNDO: Que en el análisis de las presuntas vulneraciones, debe señalarse en primer término, que la sentencia impugnada hace un análisis completo y conforme a derecho, de la prueba rendida; su ponderación está respaldada con los parámetros del sistema de la sana crítica, lo que se desprende de la aplicación razonada y concluyente de todo lo obrado; y generando una sentencia armónica con el actuar de las partes, del tribunal y de los terceros en el procedimiento. TERCERO: Que complementa el fundamento precedente, el hecho que el recurrente reproduce sus alegaciones de la etapa de discusión y las actuaciones del juicio, pretendiendo alterar las conclusiones de hecho que se encuentran a firme, en base a la impugnación que busca configurar que se enmiende lo resuelto por el tribunal a quo, tal como si se tratara de un recurso de apelación, cuyo no es el caso. CUARTO: Que, así las cosas, nos abocaremos a las infracciones que se dice incurre la sentencia de primer grado, consistiendo la primera impugnación en haber acogido la sentenciadora la hipótesis de que la demandada tuvo la intención de ocultar la existencia de un accidente del trabajo, hecho que lo acredita con los elementos de prueba que le reporta la investigación de la Superintendencia de Seguridad Social, la que a su vez se obtiene de una grabación obtenida sin su consentimiento de un ex prevencionista de riesgo que trabajó para ella; agrega que ya en la audiencia preparatoria se habría excluido tal grabación por haberse obtenido con vulneración de garantías o derechos fundamentales; QUINTO: Que, si bien el fallo razona en tal sentido y tiene por acreditada la existencia de un accidente del trabajo con la información que le reporta la Superintendencia de Seguridad Social, concluyendo que ella le ocasiona al demandante lesiones y evidentes secuelas, que lo hace acreedor a ser indemnizado por daño moral; en tales conclusiones, la sentenciadora no incurre en infracción alguna, porque la información aportada en la investigación sobre el accidente del trabajador, en cuanto a su ocurrencia y circunstancias esenciales, que le llevaron a descartar que éste hubiese acaecido con ocasión de la caída del microbús al llegar a la obra y dar por cierta, la segunda versión del trabajador, el haber sufrido una caída de 2,20 metros por pérdida de equilibrio al subir una escalera que no estaba anclada al piso ni contaba con baranda de sujeción, lo que le provoca una fractura de calcáreo pie izquierdo; se obtiene de una prueba testimonial y documental, con absoluta exclusión de la grabación obtenida con vulneración de derechos y garantías constitucionales, por lo que no se observa en la dictación del fallo una vulneración a las garantías constitucionales de respeto y protección a la vida privada ni a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, que consagra el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus artículos 4° y 5°; SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la segunda causal, de haberse vulnerado en la apreciación de la prueba las normas de la sana crítica, contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, debemos señalar que la sentenciadora ha establecido de acuerdo a los medios de prueba rendidos en la audiencia de juicio, debidamente ponderados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que el actor sufrió un accidente del trabajo el día 24 de noviembre de 2008, cuando al subir por una escalera desde el subterráneo al primer piso de la obra, perdió el equilibrio y cae al suelo, escalera que

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como ya hemos señalado no se encontraba anclada al suelo ni tampoco contaba con una baranda de sujeción la losa del primer piso, hecho que la demandada a su juicio habría ocultado y por lo mismo, estima que debe ser indemnizado; SÉPTIMO: Que, de lo expresado en su recurso por la demandada al fundamentar la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, como de sus dichos en estrados, podemos colegir que nuevamente nos encontramos que no comparte la interpretación de la sentenciadora, propio de un recurso de apelación y no de nulidad que es de derecho estricto, por lo mismo la impugnación no puede prosperar, ya que el fallo ha llegado a incluir a consecuencia de las lesiones sufridas por el actor debido al accidente del trabajo, corresponde acoger la demanda y otorgarle el pago de una suma por concepto de daño moral, razonando para ello latamente acerca de su procedencia y monto en los motivos duodécimo y décimo tercero. OCTAVO: Que lo razonado precedentemente llevará a esta Corte a desestimar el recurso de nulidad intentado por el recurrente, al no haberse demostrado la configuración de las infracciones a la ley invocadas. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza, el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil diez, declarándose que, en consecuencia, es válida. Redacción a cargo del Ministro Sr. Carroza Regístrese y comuníquese. Rol Corte N° 1649-2.010.No obstante, de haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Silva por estar ausente. Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por el Ministro señor Mario Carroza Espinosa y el Abogado integrante señor Enrique Pérez Levetzow.

como ya hemos señalado no se encontraba anclada al suelo ni tampoco contaba con una baranda de sujeción la losa del primer piso, hecho que la demandada a su juicio habría ocultado y por lo mismo, estima que debe ser indemnizado; SÉPTIMO: Que, de lo expresado en su recurso por la demandada al fundamentar la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, como de sus dichos en estrados, podemos colegir que nuevamente nos encontramos que no comparte la interpretación de la sentenciadora, propio de un recurso de apelación y no de nulidad que es de derecho estricto, por lo mismo la impugnación no puede prosperar, ya que el fallo ha llegado a incluir a consecuencia de las lesiones sufridas por el actor debido al accidente del trabajo, corresponde acoger la demanda y otorgarle el pago de una suma por concepto de daño moral, razonando para ello latamente acerca de su procedencia y monto en los motivos duodécimo y décimo tercero. OCTAVO: Que lo razonado precedentemente llevará a esta Corte a desestimar el recurso de nulidad intentado por el recurrente, al no haberse demostrado la configuración de las infracciones a la ley invocadas. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza, el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de fecha once de noviembre de dos mil diez, declarándose que, en consecuencia, es válida. Redacción a cargo del Ministro Sr. Carroza Regístrese y comuníquese. Rol Corte N° 1649-2.010.No obstante, de haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Silva por estar ausente. Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por el Ministro señor Mario Carroza Espinosa y el Abogado integrante señor Enrique Pérez Levetzow. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, siete de marzo de dos mil once. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Son partes de este juicio, como demandante, don Álvaro Gonzalo Barrueto Reyes,maestro carpintero, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N°835, Oficina 1601, comuna de Santiago, quien pretende se declare la responsabilidad de su empleadora en el accidente laboral sufrido y se la condene al pago de las indemnizaciones que pretende en el libelo, con costas. Como demandada, la empresa Pacific Fitness Limitada, del giro administración de gimnasios, representada por don Enrique García Aledo, empresario, ambos con domicilio en Avenida Rancagua N° 485, Piso 2°, comuna de Providencia, quien a pesar de estar válidamente emplazada no ha realizado gestión alguna en la presente causa, manteniéndose en rebeldía. SEGUNDO: La demanda se funda en una relación laboral que comenzó el día 01 de agosto del año 2010, desarrollando el actor labores como maestro en el establecimiento ubicado en la comuna de Santiago, por la que percibía una remuneración de $ 250.000 mensuales. Agrega que el día 03 de septiembre del año 2010, aproximadamente a las 16:00 hrs, el jefe de local le ordenó que subiera al techo del galpón, a 10 metros, a revisar unas goteras, para lo cual contaba con una escalera para acceder al techo inferior de la estructura, debiendo colocar ahí la escalera para acceder al techo más alto del galpón. Alrededor de las 16:30 horas pisó una plancha del techo que cedió, por lo que cayó hacia el galpón, impactando el lado derecho de su cuerpo. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, donde estuvo hospitalizado por 15 días, período en el cual fue operado de la pelvis, colocándose tutores de metal que sobresalían del cuerpo, para nuevamente ser operado retirándose los tutores y colocando placas de metal y 2 tornillos en la pelvis; para después iniciar curaciones quirúrgicas, en las que se mantiene hasta la actualidad, debiendo utilizar bastones clínicos para desplazarse. Sufrió graves lesiones en la pelvis, cadera, fractura de tobillo derecho y herida de cara complicada, por lo que asiste a terapias y tratamientos de urología, equipo pelvis y cadera, psiquiatría, medicina general, equipo de columna, equipo de pierna, entre otros. Explica que el accidente se produjo por la falta de cuidados y medidas de seguridad, ya que a pesar de la altura en que trabajaba no contaba con arnés de seguridad ni cuerda de vida, además de no contar con casco, elementos de seguridad ni existir un procedimiento de trabajo seguro. Ello constituye un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, que impone una protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores, apuntando a un efecto de resultado en cuanto prevenir accidentes del cual responde por culpa levísima. Asimismo, estima infringidos los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744 y los artículos 3°, 36 y 37 del D.S. N°594 del Ministerio de Salud. A causa del accidente ha tenido dificultades para efectuar labores que requieran fuerza o desplazamiento, sufre dolores permanentes en la pelvis y disminución de la movilidad, debiendo ser asistido por terceros. Tiene 31 años y mantenía a su familia, ahora no puede trabajar y sufre de angustia, la que vive también su familia. Finaliza solicitando se condene a la demandada al pago de indemnizaciones por el accidente de trabajo sufrido por lucro cesante por $ 51.000.000 y daño moral de $ 120.000.000, con reajustes, intereses y costas. TERCERO: Con fecha veinticinco de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia preparatoria en rebeldía de la parte demandada, motivo por el cual se tuvo por fracasado el llamado a las partes a conciliación. En consecuencia, se determinó como hechos a probar, los siguientes: 1) Existencia de una relación laboral entre las partes, labores desempañadas por el actor, fecha de inicio y remuneración pactada; 2) Forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos del 3 de septiembre de 2010, a raíz de los cuales el actor habría sufrido un accidente; 3) Medidas de seguridad y prevención de accidentes

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-3718-2010 Cita online: CL/JUR/7176/2011

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-3718-2010 Cita online: CL/JUR/7176/2011

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, siete de marzo de dos mil once. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Son partes de este juicio, como demandante, don Álvaro Gonzalo Barrueto Reyes,maestro carpintero, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N°835, Oficina 1601, comuna de Santiago, quien pretende se declare la responsabilidad de su empleadora en el accidente laboral sufrido y se la condene al pago de las indemnizaciones que pretende en el libelo, con costas. Como demandada, la empresa Pacific Fitness Limitada, del giro administración de gimnasios, representada por don Enrique García Aledo, empresario, ambos con domicilio en Avenida Rancagua N° 485, Piso 2°, comuna de Providencia, quien a pesar de estar válidamente emplazada no ha realizado gestión alguna en la presente causa, manteniéndose en rebeldía. SEGUNDO: La demanda se funda en una relación laboral que comenzó el día 01 de agosto del año 2010, desarrollando el actor labores como maestro en el establecimiento ubicado en la comuna de Santiago, por la que percibía una remuneración de $ 250.000 mensuales. Agrega que el día 03 de septiembre del año 2010, aproximadamente a las 16:00 hrs, el jefe de local le ordenó que subiera al techo del galpón, a 10 metros, a revisar unas goteras, para lo cual contaba con una escalera para acceder al techo inferior de la estructura, debiendo colocar ahí la escalera para acceder al techo más alto del galpón. Alrededor de las 16:30 horas pisó una plancha del techo que cedió, por lo que cayó hacia el galpón, impactando el lado derecho de su cuerpo. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, donde estuvo hospitalizado por 15 días, período en el cual fue operado de la pelvis, colocándose tutores de metal que sobresalían del cuerpo, para nuevamente ser operado retirándose los tutores y colocando placas de metal y 2 tornillos en la pelvis; para después iniciar curaciones quirúrgicas, en las que se mantiene hasta la actualidad, debiendo utilizar bastones clínicos para desplazarse. Sufrió graves lesiones en la pelvis, cadera, fractura de tobillo derecho y herida de cara complicada, por lo que asiste a terapias y tratamientos de urología, equipo pelvis y cadera, psiquiatría, medicina general, equipo de columna, equipo de pierna, entre otros. Explica que el accidente se produjo por la falta de cuidados y medidas de seguridad, ya que a pesar de la altura en que trabajaba no contaba con arnés de seguridad ni cuerda de vida, además de no contar con casco, elementos de seguridad ni existir un procedimiento de trabajo seguro. Ello constituye un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, que impone una protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores, apuntando a un efecto de resultado en cuanto prevenir accidentes del cual responde por culpa levísima. Asimismo, estima infringidos los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744 y los artículos 3°, 36 y 37 del D.S. N°594 del Ministerio de Salud. A causa del accidente ha tenido dificultades para efectuar labores que requieran fuerza o desplazamiento, sufre dolores permanentes en la pelvis y disminución de la movilidad, debiendo ser asistido por terceros. Tiene 31 años y mantenía a su familia, ahora no puede trabajar y sufre de angustia, la que vive también su familia. Finaliza solicitando se condene a la demandada al pago de indemnizaciones por el accidente de trabajo sufrido por lucro cesante por $ 51.000.000 y daño moral de $ 120.000.000, con reajustes, intereses y costas. TERCERO: Con fecha veinticinco de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia preparatoria en rebeldía de la parte demandada, motivo por el cual se tuvo por fracasado el llamado a las partes a conciliación. En consecuencia, se determinó como hechos a probar, los siguientes: 1) Existencia de una relación laboral entre las partes, labores desempañadas por el actor, fecha de inicio y remuneración pactada; 2) Forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos del 3 de septiembre de 2010, a raíz de los cuales el actor habría sufrido un accidente; 3) Medidas de seguridad y prevención de accidentes

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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implementadas por la demandada a la fecha de ocurrencia de los hechos; 4)Efectividad que el empleador adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad del trabajador en relación al accidente materia de autos; 5) Procedimiento y formación, capacitación, control y supervisión de las medidas de seguridad y prevención de accidentes vigentes y en uso en el lugar a la fecha de ocurrencia de éste; 6) Lesiones sufridas por el actor producto del accidente, carácter de éstas, naturaleza y monto de los daños. CUARTO: En la audiencia de juicio, se rindieron las probanzas ofrecidas en la preparación, consistente en Documental: 1) Contrato de trabajo celebrado entre las partes de 1 de agosto de 2010; 2) Liquidación de remuneración del actor del mes de agosto de 2010; 3) Cuatro epicrisis a nombre del actor emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción del período 16 de septiembre y 23 de noviembre de 2010; 4) Diecisiete citaciones a control médico a nombre del actor, emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción; 5) Cuatro órdenes médicas de reposo laboral a nombre del actor; 6) Siete recetas médicas a nombre del actor emitidas por la Mutual de Seguridad, período 16 de septiembre de noviembre de 2010; 7) Certificado de hospitalización a nombre del actor, emitido por la Mutual de Seguridad; 8) Comprobante de pago de subsidios a nombre del actor emitidos por la Mutual de fecha 1 de octubre de 2010; 9) Solicitud a la Unidad de herida a nombre del actor emitida por la Mutual de Seguridad de fecha 5 de octubre de 2010; 10) Dos resultados de examen a nombre del actor emitidos por la Mutual de Seguridad de fecha 8 de octubre de 2010; 11) Solicitud de orden de hospitalización a nombre del actor, emitida por la Mutual de Seguridad de fecha 13 de octubre de 2010; 12) Hoja historia clínica a nombre del actor emitida por la Mutual de Seguridad de fecha 15 de octubre de 2010; 13) Resultado de laboratorio de Neurofisiología, electromiografía y conducción nerviosa a nombre del actor de fecha 3 de noviembre de 2010; 14) Hoja de interconsulta a nombre del actor emitida por la Mutual de fecha 5 de noviembre de 2010; 15) Carnet de citación a control a nombre del actor emitido por la Mutual de fecha 17 de noviembre de 2010; 16) Solicitud de kinesiología a nombre del actor emitido por la Mutual el 30 de noviembre de 2010; 17) Copia de cédula de identidad del actor; 18) Set de cinco fichas técnicas para trabajo en altura, uso de arnés y cuerda de vida obtenidas de páginas web Portal Expertos de Prevención de Riesgos de Chile, AChS y Paritarios, y 19) Impresión fotográfica ilustrativa de uso de arnés y cuerda de vida para trabajo en altura. También solicitó Confesional, solicitando la comparecencia de don Enrique García Aledo, quien no asistió a la audiencia, motivo por el cual se accedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia preparatoria, del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo. Por la misma inasistencia, la Exhibición Documental tampoco se llevó a cabo, por lo que también se decretó hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del mismo cuerpo legal. También rindió Testimonial, compareciendo doña María Eduviges Reyes Robles, mamá del actor, quien supo que el accidente fue tipo 16:30 y se enteró alrededor de las 19:30, la llamó el jefe directo del demandante, le contó del accidente, que estaba grave pero no había peligro de muerte y se quedaron de encontrar en un Hospital, de ahí lo llevaban a la Mutual de Seguridad que está en Alameda con Ecuador. Cuando ella llegó también arribó la ambulancia, su hijo no estaba consciente pero la reconoció, estaba vendado. El demandante estudió electricidad y por eso pensó la testigo que le había dado la corriente, pero le aclararon que se cayó de arriba de un techo y que estaba tapando goteras, lo mandaron a arreglar unas planchas, a una altura de nueve o diez metros. Luego ella fue y estimó que era como a 12 metros, en el suelo había máquinas de ejercicio. El demandante estaba mal, le trató de hablar pero no se le entendió, la enfermera le dijo que no le preguntara nada, había que anestesiarlo. Lo hospitalizaron 15 días, en ese tiempo fue operado dos veces de la cadera, pelvis, tiene problemas en el tobillo y hueso sacro. Cuando volvió a la casa, él no dormía porque se quejaba de sus dolores, dormía con una bota, no se podía mover y ella lo lavaba, lo daba vuelta y le daba comida. Eso duró como dos meses y luego empezó a mejorar de a poco, no caminó de inmediato, pero podía dormir un poco más. Se desplazaba afirmándolo la testigo con ayuda de la vecina, lo sentaban en una silla de ruedas, que dejó en la casa a fin de año, pero si sale tiene que usarla. El demandante aún sigue con esos dolores, hay un hombro que le duele mucho pero no le han encontrado nada. Hasta el día de hoy va al Hospital, en la semana hay dos o tres controles, le habían dado terapia y no pudo seguir porque es muy pronto para hacerlo porque la cadera aún no está soldada. Viven solos los dos. Sólo trabaja el actor y la testigo tiene

implementadas por la demandada a la fecha de ocurrencia de los hechos; 4)Efectividad que el empleador adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad del trabajador en relación al accidente materia de autos; 5) Procedimiento y formación, capacitación, control y supervisión de las medidas de seguridad y prevención de accidentes vigentes y en uso en el lugar a la fecha de ocurrencia de éste; 6) Lesiones sufridas por el actor producto del accidente, carácter de éstas, naturaleza y monto de los daños. CUARTO: En la audiencia de juicio, se rindieron las probanzas ofrecidas en la preparación, consistente en Documental: 1) Contrato de trabajo celebrado entre las partes de 1 de agosto de 2010; 2) Liquidación de remuneración del actor del mes de agosto de 2010; 3) Cuatro epicrisis a nombre del actor emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción del período 16 de septiembre y 23 de noviembre de 2010; 4) Diecisiete citaciones a control médico a nombre del actor, emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción; 5) Cuatro órdenes médicas de reposo laboral a nombre del actor; 6) Siete recetas médicas a nombre del actor emitidas por la Mutual de Seguridad, período 16 de septiembre de noviembre de 2010; 7) Certificado de hospitalización a nombre del actor, emitido por la Mutual de Seguridad; 8) Comprobante de pago de subsidios a nombre del actor emitidos por la Mutual de fecha 1 de octubre de 2010; 9) Solicitud a la Unidad de herida a nombre del actor emitida por la Mutual de Seguridad de fecha 5 de octubre de 2010; 10) Dos resultados de examen a nombre del actor emitidos por la Mutual de Seguridad de fecha 8 de octubre de 2010; 11) Solicitud de orden de hospitalización a nombre del actor, emitida por la Mutual de Seguridad de fecha 13 de octubre de 2010; 12) Hoja historia clínica a nombre del actor emitida por la Mutual de Seguridad de fecha 15 de octubre de 2010; 13) Resultado de laboratorio de Neurofisiología, electromiografía y conducción nerviosa a nombre del actor de fecha 3 de noviembre de 2010; 14) Hoja de interconsulta a nombre del actor emitida por la Mutual de fecha 5 de noviembre de 2010; 15) Carnet de citación a control a nombre del actor emitido por la Mutual de fecha 17 de noviembre de 2010; 16) Solicitud de kinesiología a nombre del actor emitido por la Mutual el 30 de noviembre de 2010; 17) Copia de cédula de identidad del actor; 18) Set de cinco fichas técnicas para trabajo en altura, uso de arnés y cuerda de vida obtenidas de páginas web Portal Expertos de Prevención de Riesgos de Chile, AChS y Paritarios, y 19) Impresión fotográfica ilustrativa de uso de arnés y cuerda de vida para trabajo en altura. También solicitó Confesional, solicitando la comparecencia de don Enrique García Aledo, quien no asistió a la audiencia, motivo por el cual se accedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia preparatoria, del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo. Por la misma inasistencia, la Exhibición Documental tampoco se llevó a cabo, por lo que también se decretó hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del mismo cuerpo legal. También rindió Testimonial, compareciendo doña María Eduviges Reyes Robles, mamá del actor, quien supo que el accidente fue tipo 16:30 y se enteró alrededor de las 19:30, la llamó el jefe directo del demandante, le contó del accidente, que estaba grave pero no había peligro de muerte y se quedaron de encontrar en un Hospital, de ahí lo llevaban a la Mutual de Seguridad que está en Alameda con Ecuador. Cuando ella llegó también arribó la ambulancia, su hijo no estaba consciente pero la reconoció, estaba vendado. El demandante estudió electricidad y por eso pensó la testigo que le había dado la corriente, pero le aclararon que se cayó de arriba de un techo y que estaba tapando goteras, lo mandaron a arreglar unas planchas, a una altura de nueve o diez metros. Luego ella fue y estimó que era como a 12 metros, en el suelo había máquinas de ejercicio. El demandante estaba mal, le trató de hablar pero no se le entendió, la enfermera le dijo que no le preguntara nada, había que anestesiarlo. Lo hospitalizaron 15 días, en ese tiempo fue operado dos veces de la cadera, pelvis, tiene problemas en el tobillo y hueso sacro. Cuando volvió a la casa, él no dormía porque se quejaba de sus dolores, dormía con una bota, no se podía mover y ella lo lavaba, lo daba vuelta y le daba comida. Eso duró como dos meses y luego empezó a mejorar de a poco, no caminó de inmediato, pero podía dormir un poco más. Se desplazaba afirmándolo la testigo con ayuda de la vecina, lo sentaban en una silla de ruedas, que dejó en la casa a fin de año, pero si sale tiene que usarla. El demandante aún sigue con esos dolores, hay un hombro que le duele mucho pero no le han encontrado nada. Hasta el día de hoy va al Hospital, en la semana hay dos o tres controles, le habían dado terapia y no pudo seguir porque es muy pronto para hacerlo porque la cadera aún no está soldada. Viven solos los dos. Sólo trabaja el actor y la testigo tiene ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

una pensión y el demandante un subsidio. En cuanto a la forma de ser del actor, antes era un muchacho activo, hiperkinético, trabajador, hacía artes marciales y ahora ni pensar en eso, sería exponerse. Ellos viven en casa de dos pisos, el actor puede subir y bajar la escala pero hubo un tiempo que todo lo tenía que hacer arriba, hace dos meses que sube y baja y puede hacer algunas cosas. Las artes marciales el demandante las hacía una o dos veces a la semana, además jugaba a la pelota, el actor tiene pocas amistades por su mismo trabajo porque el tiempo le absorbe. Nadie le comentó que el demandante iba a sufrir los dolores luego del alta, ella fue con el como tres meses a los controles y lo ayudaba. El demandante tuvo que ir a psiquiatra, ahora se le olvidan las cosas, se pegó en la cabeza y tiene una cicatriz en la frente, toma medicamentos, no se sabe los nombres, y son para dormir. Rindió además Oficios, incorporándose la respuesta de la Mutual de Seguridad, la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo. Atendida la falta de respuesta del Instituto Traumatológico, el tribunal prescindió de la Prueba Pericial. QUINTO: El primer hecho a probar establecido en la causa tiene relación con la existencia de la relación laboral. Sobre el mismo, se tiene por acreditado que las partes se vincularon por una relación laboral que comenzó el día 01 de agosto de 2010, desempeñándose el actor como maestro, y por la cual percibía una remuneración mensual de $ 250.000. Ello se tiene por establecido de acuerdo con el tenor del contrato de trabajo que vinculó a las partes, en cuya cláusula séptima se deja establecido que la fecha de inicio de la relación laboral es el 01 de agosto de 2010, mientras que en la cláusula primera se deja constancia de las labores del actor, consistentes en maestro en operaciones. En idéntico tenor son los dichos de la testigo aportada por la parte actora, Sra. Reyes, quien expuso que su hijo laboraba para la demandada como maestro. Finalmente, el monto de la remuneración se tiene por acreditado de acuerdo con la liquidación de remuneraciones del mes de agosto incorporada en juicio, y si bien dicho instrumento permite colegir que los haberes percibidos por el trabajador son superiores a la suma indicada en la demanda, se limitará el tribunal, de corresponder, a lo pedido en dicho libelo. SEXTO: En lo relativo a las circunstancias del accidente del actor, se tiene por establecido que éste sufrió un accidente de trabajo el día 03 de septiembre de 2010 a las 16:30 horas, en circunstancias que se encontraba en el techo del galpón revisando unas goteras, ya que cedió una de las planchas que pisó, cayendo a una altura de cuatro metros al interior del mismo. Lo anterior se tiene por establecido de acuerdo del tenor de los dichos de la testigo de la parte demandante, Sra. Reyes, quien expuso que, una vez que fue a visitar a su hijo a la Mutual de Seguridad, se le informó de las circunstancias del accidente por el personero de la demandada que la esperaba en dicho lugar, en cuanto a que se produjo por una caída en altura mientras el actor revisaba unas goteras. Lo anterior se ve confirmado, asimismo, de la inasistencia del representante de la demandada a la audiencia de juicio sin causa justificada, lo que permite al tribunal aplicar la presunción contemplada en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, en cuanto a asentar la efectividad de la existencia del accidente de trabajo señalado en la demanda, como su fecha, esto es, el 03 de septiembre de 2010, alrededor de las 16:00 horas, en circunstancias que el demandante estaba en el techo del galpón de uno de los gimnasios de la cadena, al ceder una plancha que pisaba. Finalmente, la fecha, hora y altura de la caída se pueden establecer además de acuerdo con el tenor de los antecedentes médicos remitidos por la Mutual de Seguridad a través de la respuesta del oficio solicitado por la demandante, ya que en ellos consta el ingreso del trabajador por el accidente el día 3 de septiembre de 2010 a las 21:16 horas, siendo la hora del suceso las 16:30, y constando allí que estaba arriba de un techo realizando reparaciones. Lo mismo consta, también, en la declaración individual de accidente de trabajo, remitida por la mutualidad informante. SÉPTIMO: En lo relativo a los hechos a probar N° 3, 4 y 5, cabe indicar que ellos tienen relación con el cumplimiento, por parte del empleador, de la obligación de seguridad y protección eficaz de la vida y salud de sus trabajadores. Por lo mismo, se trata de hechos que constituyen la carga probatoria de la demandada, la que se ha mantenido rebelde durante la tramitación íntegra de esta litis, y por ende no ha aportado prueba alguna sobre dicho aspecto. Dada la falta de prueba sobre medidas de seguridad para trabajos en altura, se tendrá por establecido que la demandada no contaba con reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ni procedimiento y/o medidas de seguridad para trabajo en altura, y, en particular, no contaba con arnés para proporcionar a sus trabajadores ni cuerda de vida que los sujetara

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

una pensión y el demandante un subsidio. En cuanto a la forma de ser del actor, antes era un muchacho activo, hiperkinético, trabajador, hacía artes marciales y ahora ni pensar en eso, sería exponerse. Ellos viven en casa de dos pisos, el actor puede subir y bajar la escala pero hubo un tiempo que todo lo tenía que hacer arriba, hace dos meses que sube y baja y puede hacer algunas cosas. Las artes marciales el demandante las hacía una o dos veces a la semana, además jugaba a la pelota, el actor tiene pocas amistades por su mismo trabajo porque el tiempo le absorbe. Nadie le comentó que el demandante iba a sufrir los dolores luego del alta, ella fue con el como tres meses a los controles y lo ayudaba. El demandante tuvo que ir a psiquiatra, ahora se le olvidan las cosas, se pegó en la cabeza y tiene una cicatriz en la frente, toma medicamentos, no se sabe los nombres, y son para dormir. Rindió además Oficios, incorporándose la respuesta de la Mutual de Seguridad, la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo. Atendida la falta de respuesta del Instituto Traumatológico, el tribunal prescindió de la Prueba Pericial. QUINTO: El primer hecho a probar establecido en la causa tiene relación con la existencia de la relación laboral. Sobre el mismo, se tiene por acreditado que las partes se vincularon por una relación laboral que comenzó el día 01 de agosto de 2010, desempeñándose el actor como maestro, y por la cual percibía una remuneración mensual de $ 250.000. Ello se tiene por establecido de acuerdo con el tenor del contrato de trabajo que vinculó a las partes, en cuya cláusula séptima se deja establecido que la fecha de inicio de la relación laboral es el 01 de agosto de 2010, mientras que en la cláusula primera se deja constancia de las labores del actor, consistentes en maestro en operaciones. En idéntico tenor son los dichos de la testigo aportada por la parte actora, Sra. Reyes, quien expuso que su hijo laboraba para la demandada como maestro. Finalmente, el monto de la remuneración se tiene por acreditado de acuerdo con la liquidación de remuneraciones del mes de agosto incorporada en juicio, y si bien dicho instrumento permite colegir que los haberes percibidos por el trabajador son superiores a la suma indicada en la demanda, se limitará el tribunal, de corresponder, a lo pedido en dicho libelo. SEXTO: En lo relativo a las circunstancias del accidente del actor, se tiene por establecido que éste sufrió un accidente de trabajo el día 03 de septiembre de 2010 a las 16:30 horas, en circunstancias que se encontraba en el techo del galpón revisando unas goteras, ya que cedió una de las planchas que pisó, cayendo a una altura de cuatro metros al interior del mismo. Lo anterior se tiene por establecido de acuerdo del tenor de los dichos de la testigo de la parte demandante, Sra. Reyes, quien expuso que, una vez que fue a visitar a su hijo a la Mutual de Seguridad, se le informó de las circunstancias del accidente por el personero de la demandada que la esperaba en dicho lugar, en cuanto a que se produjo por una caída en altura mientras el actor revisaba unas goteras. Lo anterior se ve confirmado, asimismo, de la inasistencia del representante de la demandada a la audiencia de juicio sin causa justificada, lo que permite al tribunal aplicar la presunción contemplada en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, en cuanto a asentar la efectividad de la existencia del accidente de trabajo señalado en la demanda, como su fecha, esto es, el 03 de septiembre de 2010, alrededor de las 16:00 horas, en circunstancias que el demandante estaba en el techo del galpón de uno de los gimnasios de la cadena, al ceder una plancha que pisaba. Finalmente, la fecha, hora y altura de la caída se pueden establecer además de acuerdo con el tenor de los antecedentes médicos remitidos por la Mutual de Seguridad a través de la respuesta del oficio solicitado por la demandante, ya que en ellos consta el ingreso del trabajador por el accidente el día 3 de septiembre de 2010 a las 21:16 horas, siendo la hora del suceso las 16:30, y constando allí que estaba arriba de un techo realizando reparaciones. Lo mismo consta, también, en la declaración individual de accidente de trabajo, remitida por la mutualidad informante. SÉPTIMO: En lo relativo a los hechos a probar N° 3, 4 y 5, cabe indicar que ellos tienen relación con el cumplimiento, por parte del empleador, de la obligación de seguridad y protección eficaz de la vida y salud de sus trabajadores. Por lo mismo, se trata de hechos que constituyen la carga probatoria de la demandada, la que se ha mantenido rebelde durante la tramitación íntegra de esta litis, y por ende no ha aportado prueba alguna sobre dicho aspecto. Dada la falta de prueba sobre medidas de seguridad para trabajos en altura, se tendrá por establecido que la demandada no contaba con reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ni procedimiento y/o medidas de seguridad para trabajo en altura, y, en particular, no contaba con arnés para proporcionar a sus trabajadores ni cuerda de vida que los sujetara

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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ante eventuales caídas. Lo anterior, además de la falta de prueba, dado el tenor de la demanda en cuanto a que no contaba el demandante con arnés de seguridad ni cuerda de vida que evitara una caída, lo que ha sido admitido tácitamente por la demandada al no contestar el libelo pretensor, de acuerdo con lo previsto por el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, y además se presume efectivo por la confesional ficta; en aplicación, además, de las reglas de la sana crítica, puede establecerse ese hecho, puesto que la existencia de alguno de los elementos de seguridad antes indicado hubiese evitado el impacto del trabajador con el galpón al haber quedado suspendido en el aire, por lo que naturalmente puede concluirse su falta. En cuanto al reglamento interno, puede establecerse su falta de acuerdo con la exhibición documental solicitada por la parte demandante sin que se haya verificado su cumplimiento, toda vez que es posible aplicar la presunción del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, por tratarse de un documento que debe obrar en poder del empleador, como asimismo, los procedimientos de trabajo en altura, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 153 y 184 del Código del Trabajo. OCTAVO: En relación con las lesiones del actor, puede establecerse que sufrió de fractura de pelvis, fractura del peroné derecho, herida complicada de cara y tec cerrado, de acuerdo con el resumen del memorándum interno a través del cual se informó al tribunal de las lesiones y tratamientos del demandante por parte de la Mutual de Seguridad a través de la respuesta de oficio. Asimismo, se puede tener por acreditado lo anterior de acuerdo con el tenor de las epicrisis incorporadas por la parte actora, que dan cuenta, al 16 de septiembre de 2010, que el diagnóstico de alta hospitalaria del trabajador era de fractura de pelvis y herida de cara complicada, consistiendo sus indicaciones en reposo relativo, traslado en silla de ruedas, disponiéndose también su traslado de ida y vuelta, siendo también derivado a control de caderas, urología y siquiatría. El mismo diagnóstico, al que se suma la fractura de tobillo, se repite en las epicrisis de 19 y 28 de octubre de 2010 y de 23 de noviembre de 2010. Asimismo, las citaciones a control y carnet de citaciones a control incorporadas por la parte actora, permiten colegir que, al mes de diciembre de 2010, esto es, tres meses después del accidente laboral, el demandante aún era citado de manera frecuente a controles de diversa índole, siendo destacable que permanentemente debió ser revisado por el equipo de columna, pierna, psiquiatría y urología en el Hospital Santiago de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, período en el cual, además, estuvo con licencia médica, de acuerdo con las órdenes médicas de reposo laboral incorporadas en juicio. Asimismo, y dentro del historial del tratamiento seguido por el actor, puede establecerse que fue sometido a exámenes médicos de diversa índole, tal como se aprecia de los resultados de ecotomografía doppler testicular, ecotomografía pelviana, y del laboratorio de neurofisiología electromiografía y conducción nerviosa incorporados por la parte actora, y que datan de los meses de octubre y noviembre de 2010; que también fue derivado a kinesiología a fines de noviembre de 2010 con la indicación de reeducar marcha con bastones y carga parcial, fortalecer miotomas y desensibilizar hiperestesia del pie. Finalmente, es posible establecer, también, que el demandante debió ser sometido el día 07 de septiembre a una cirugía de reducción y osteosíntesis de la fractura de pelvis, siendo nuevamente intervenido el 28 de octubre, tal como se aprecia de la solicitud de orden de hospitalización de 13 de octubre de 2010, incorporada por la demandante, complementada con los protocolos de anestesia y operatorio que forman parte de los antecedentes médicos aportados en la respuesta de oficio de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Por otro lado, y finalmente, es posible establecer que las lesiones físicas del demandante ocasionadas por el accidente de trabajo aún no han sido superadas completamente, ya que a la documental incorporada en juicio, que data de órdenes de reposo laboral hasta el mes de diciembre de 2010, se suma el memorándum interno Meda/424/2011, de 23 de febrero de 2011, remitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en el que se informa que, a esa fecha, el trabajador está siendo estudiado con resonancia nuclear magnética con medio de contraste para determinar si hay compresión de la raíz L5 a nivel del sacro, agregándose que una vez concluidos todos los tratamientos será la comisión médica de la Mutual la que deberá fijar el grado de pérdida de capacidad de ganancia, sumado a la orden de reposo médico remitido por la misma vía, que comprende hasta el día 24 de febrero de 2011, de lo que se sigue que aún el demandante se encuentra en etapa de rehabilitación de su salud.

ante eventuales caídas. Lo anterior, además de la falta de prueba, dado el tenor de la demanda en cuanto a que no contaba el demandante con arnés de seguridad ni cuerda de vida que evitara una caída, lo que ha sido admitido tácitamente por la demandada al no contestar el libelo pretensor, de acuerdo con lo previsto por el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, y además se presume efectivo por la confesional ficta; en aplicación, además, de las reglas de la sana crítica, puede establecerse ese hecho, puesto que la existencia de alguno de los elementos de seguridad antes indicado hubiese evitado el impacto del trabajador con el galpón al haber quedado suspendido en el aire, por lo que naturalmente puede concluirse su falta. En cuanto al reglamento interno, puede establecerse su falta de acuerdo con la exhibición documental solicitada por la parte demandante sin que se haya verificado su cumplimiento, toda vez que es posible aplicar la presunción del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, por tratarse de un documento que debe obrar en poder del empleador, como asimismo, los procedimientos de trabajo en altura, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 153 y 184 del Código del Trabajo. OCTAVO: En relación con las lesiones del actor, puede establecerse que sufrió de fractura de pelvis, fractura del peroné derecho, herida complicada de cara y tec cerrado, de acuerdo con el resumen del memorándum interno a través del cual se informó al tribunal de las lesiones y tratamientos del demandante por parte de la Mutual de Seguridad a través de la respuesta de oficio. Asimismo, se puede tener por acreditado lo anterior de acuerdo con el tenor de las epicrisis incorporadas por la parte actora, que dan cuenta, al 16 de septiembre de 2010, que el diagnóstico de alta hospitalaria del trabajador era de fractura de pelvis y herida de cara complicada, consistiendo sus indicaciones en reposo relativo, traslado en silla de ruedas, disponiéndose también su traslado de ida y vuelta, siendo también derivado a control de caderas, urología y siquiatría. El mismo diagnóstico, al que se suma la fractura de tobillo, se repite en las epicrisis de 19 y 28 de octubre de 2010 y de 23 de noviembre de 2010. Asimismo, las citaciones a control y carnet de citaciones a control incorporadas por la parte actora, permiten colegir que, al mes de diciembre de 2010, esto es, tres meses después del accidente laboral, el demandante aún era citado de manera frecuente a controles de diversa índole, siendo destacable que permanentemente debió ser revisado por el equipo de columna, pierna, psiquiatría y urología en el Hospital Santiago de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, período en el cual, además, estuvo con licencia médica, de acuerdo con las órdenes médicas de reposo laboral incorporadas en juicio. Asimismo, y dentro del historial del tratamiento seguido por el actor, puede establecerse que fue sometido a exámenes médicos de diversa índole, tal como se aprecia de los resultados de ecotomografía doppler testicular, ecotomografía pelviana, y del laboratorio de neurofisiología electromiografía y conducción nerviosa incorporados por la parte actora, y que datan de los meses de octubre y noviembre de 2010; que también fue derivado a kinesiología a fines de noviembre de 2010 con la indicación de reeducar marcha con bastones y carga parcial, fortalecer miotomas y desensibilizar hiperestesia del pie. Finalmente, es posible establecer, también, que el demandante debió ser sometido el día 07 de septiembre a una cirugía de reducción y osteosíntesis de la fractura de pelvis, siendo nuevamente intervenido el 28 de octubre, tal como se aprecia de la solicitud de orden de hospitalización de 13 de octubre de 2010, incorporada por la demandante, complementada con los protocolos de anestesia y operatorio que forman parte de los antecedentes médicos aportados en la respuesta de oficio de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Por otro lado, y finalmente, es posible establecer que las lesiones físicas del demandante ocasionadas por el accidente de trabajo aún no han sido superadas completamente, ya que a la documental incorporada en juicio, que data de órdenes de reposo laboral hasta el mes de diciembre de 2010, se suma el memorándum interno Meda/424/2011, de 23 de febrero de 2011, remitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en el que se informa que, a esa fecha, el trabajador está siendo estudiado con resonancia nuclear magnética con medio de contraste para determinar si hay compresión de la raíz L5 a nivel del sacro, agregándose que una vez concluidos todos los tratamientos será la comisión médica de la Mutual la que deberá fijar el grado de pérdida de capacidad de ganancia, sumado a la orden de reposo médico remitido por la misma vía, que comprende hasta el día 24 de febrero de 2011, de lo que se sigue que aún el demandante se encuentra en etapa de rehabilitación de su salud. 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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NOVENO: En cuanto a las lesiones que exceden del ámbito físico, cabe tener por acreditado que el accidente de trabajo produjo en el demandante alteraciones en el ánimo vinculadas con los dolores sufridos; como también que éste presenta rasgos histriónicos. Ello se puede tener por establecido de acuerdo con la hoja de historia clínica del actor, debiendo destacarse la de 05 de septiembre de 2010, en la que se da cuenta de un desajuste conductual, siendo insistente el paciente en su traslado a sala y presentando alteración del sueño, además de mostrarse muy afectado por el dolor; empero, se da cuenta también de que el trabajador reconoce consumo de marihuana, cocaína y pasta base, al día previo al accidente en caso del primer estupefaciente, al punto de que las hipótesis diagnósticas psiquiátricas consisten en trastorno por uso de sustancias, observaciones por privación de cocaína y marihuana, y personalidad a evaluar, observar rasgos histriónicos, vinculándose, de esta forma, sus alteraciones y dolores con su propia personalidad e historial de consumo de drogas. Asimismo, en la historia de 01 de octubre, se da cuenta de problemas para dormir, descartándose origen neuronal en la hoja de 29 de diciembre, al indicarse que tiene un TAC de cerebro sin lesiones, a pesar de lo cual mantiene cefalea occipital tipo opresivo y cefalea frontal derecho tipo puntada, lo que permite colegir la falta de lesiones neuronales y por, ende, motivos ajenos a ello en sus cefaleas. Por su parte, las alteraciones en el ánimo sufridas por el demandante, se tienen por establecidas además de la historia clínica del actor, de acuerdo con los dichos de la testigo Sra. Reyes, su madre, quien afirma que luego de la hospitalización el demandante no podía dormir a raíz de los dolores que sufría, sumado a que no podía efectuar las tareas más básicas por sí solo, debiendo ella bañarlo y trasladarlo de un sitio a otro con ayuda de una vecina, hasta el mes de diciembre de 2010, fecha en que el trabajador comenzó a trasladarse con muletas. Por otro lado, ella indica que el actor practicaba artes marciales y jugaba a la pelota, cosas que en la actualidad no realiza, pero también agrega que no se trata de una persona con una abundante vida social, al exponer que no es persona de muchos amigos. DÉCIMO: Establecidos los daños físicos y psíquicos del demandante, corresponde determinar la responsabilidad de la empleadora en los mismos. En ese sentido, cabe tener presente que se tuvo por establecida la carencia de medidas de seguridad para trabajos en altura, tales como arnés y cuerda de vida y procedimiento de trabajo, por lo que claramente surge el incumplimiento en la obligación estatuida por el artículo 184 del Código del Trabajo, en cuanto no se dispuso lo necesario para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, careciendo la empresa de una conciencia de seguridad en orden a la prevención de accidentes. Ahora bien, dentro de las medidas paliativas, están aquellas establecidas en el inciso segundo del mencionado artículo 184 del Código del ramo, en cuanto proporcionar los elementos necesarios para que los trabajadores puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Sobre las mismas, puede colegirse que la demandada remitió al trabajador a un centro médico de urgencia una vez verificado el accidente, efectuando la pertinente declaración individual de accidente de trabajo, tal como consta de los antecedentes remitidos por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, obviando, sin embargo, la denuncia del accidente al tenor de lo previsto por el artículo 76 de la ley N° 16.744, tal como se aprecia de las respuestas de oficio remitidas por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia y de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, en que ambas instituciones informan no tener antecedentes sobre el mismo. Sobre la responsabilidad que atañe, en este punto, al empleador, cabe indicar en relación a la determinación de la naturaleza de la responsabilidad que el artículo 184 del Código del Trabajo impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, es necesario dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo 1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto, y volviendo al artículo 1547 ya citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado previamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

NOVENO: En cuanto a las lesiones que exceden del ámbito físico, cabe tener por acreditado que el accidente de trabajo produjo en el demandante alteraciones en el ánimo vinculadas con los dolores sufridos; como también que éste presenta rasgos histriónicos. Ello se puede tener por establecido de acuerdo con la hoja de historia clínica del actor, debiendo destacarse la de 05 de septiembre de 2010, en la que se da cuenta de un desajuste conductual, siendo insistente el paciente en su traslado a sala y presentando alteración del sueño, además de mostrarse muy afectado por el dolor; empero, se da cuenta también de que el trabajador reconoce consumo de marihuana, cocaína y pasta base, al día previo al accidente en caso del primer estupefaciente, al punto de que las hipótesis diagnósticas psiquiátricas consisten en trastorno por uso de sustancias, observaciones por privación de cocaína y marihuana, y personalidad a evaluar, observar rasgos histriónicos, vinculándose, de esta forma, sus alteraciones y dolores con su propia personalidad e historial de consumo de drogas. Asimismo, en la historia de 01 de octubre, se da cuenta de problemas para dormir, descartándose origen neuronal en la hoja de 29 de diciembre, al indicarse que tiene un TAC de cerebro sin lesiones, a pesar de lo cual mantiene cefalea occipital tipo opresivo y cefalea frontal derecho tipo puntada, lo que permite colegir la falta de lesiones neuronales y por, ende, motivos ajenos a ello en sus cefaleas. Por su parte, las alteraciones en el ánimo sufridas por el demandante, se tienen por establecidas además de la historia clínica del actor, de acuerdo con los dichos de la testigo Sra. Reyes, su madre, quien afirma que luego de la hospitalización el demandante no podía dormir a raíz de los dolores que sufría, sumado a que no podía efectuar las tareas más básicas por sí solo, debiendo ella bañarlo y trasladarlo de un sitio a otro con ayuda de una vecina, hasta el mes de diciembre de 2010, fecha en que el trabajador comenzó a trasladarse con muletas. Por otro lado, ella indica que el actor practicaba artes marciales y jugaba a la pelota, cosas que en la actualidad no realiza, pero también agrega que no se trata de una persona con una abundante vida social, al exponer que no es persona de muchos amigos. DÉCIMO: Establecidos los daños físicos y psíquicos del demandante, corresponde determinar la responsabilidad de la empleadora en los mismos. En ese sentido, cabe tener presente que se tuvo por establecida la carencia de medidas de seguridad para trabajos en altura, tales como arnés y cuerda de vida y procedimiento de trabajo, por lo que claramente surge el incumplimiento en la obligación estatuida por el artículo 184 del Código del Trabajo, en cuanto no se dispuso lo necesario para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, careciendo la empresa de una conciencia de seguridad en orden a la prevención de accidentes. Ahora bien, dentro de las medidas paliativas, están aquellas establecidas en el inciso segundo del mencionado artículo 184 del Código del ramo, en cuanto proporcionar los elementos necesarios para que los trabajadores puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Sobre las mismas, puede colegirse que la demandada remitió al trabajador a un centro médico de urgencia una vez verificado el accidente, efectuando la pertinente declaración individual de accidente de trabajo, tal como consta de los antecedentes remitidos por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, obviando, sin embargo, la denuncia del accidente al tenor de lo previsto por el artículo 76 de la ley N° 16.744, tal como se aprecia de las respuestas de oficio remitidas por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia y de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, en que ambas instituciones informan no tener antecedentes sobre el mismo. Sobre la responsabilidad que atañe, en este punto, al empleador, cabe indicar en relación a la determinación de la naturaleza de la responsabilidad que el artículo 184 del Código del Trabajo impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, es necesario dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo 1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto, y volviendo al artículo 1547 ya citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado previamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.

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Si bien no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, a pesar de que es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual base de las convenciones civiles se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentre debidamente resguardada. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. UNDÉCIMO: Teniendo presente, entonces, la suma exigencia del empleador en materia de prevención y recuperación de accidentes, debe establecerse, ahora, la procedencia y cuantía de los daños demandados. En ese sentido, la primera pretensión consiste en el pago de lucro cesante, indemnización que corresponde a la diferencia de los emolumentos que dejará de percibir el actor a causa del accidente, proyectada por sus restantes años de vida laboral. Ahora bien, dado que el lucro cesante es un daño proyectado hacia el futuro, el mismo debe ser examinado desde el punto de vista del desarrollo normal de la relación causal y la no interferencia de hechos, conforme el curso natural y razonablemente previsible de las cosas. Es decir, debe evaluarse, a futuro, las aptitudes del trabajador para generar un ingreso equivalente al que percibía a la época del accidente, teniendo en consideración las labores desarrolladas y la posibilidad de volverlas a efectuar o bien de capacitarse para otra clase de tareas, el período laboral habitual de un trabajador promedio, como también los ciclos de desocupación que usualmente se verifican, dado el grado de movilidad del mercado de trabajo. Por lo mismo, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo, en atención a que lo futuro del daño no impide la determinación, ponderada según las circunstancias que usualmente se presentan en la vida laboral de los trabajadores del rubro en que se desempeña el actor, de la pérdida futura. Sin embargo, en el caso de estos antecedentes no se accederá al lucro cesante demandado, toda vez que no se trata, en la actualidad, de un daño cierto. En efecto, la proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento realmente producido que, en este caso, se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor, cuestión que aún no se ha efectuado. En ese sentido, es importante destacar que la falta de dicha determinación no puede ser subsanada por el tribunal, toda vez que la competencia para efectuarla ha sido puesta por el artículo 58 de la ley Nº 16.744, exclusivamente, en los Servicios de Salud o las mutualidades, en su caso; lo contrario, constituiría una vulneración de la prohibición del artículo 7° de la Constitución Política de la República en cuanto a arrogarse, un órgano del Estado, competencias que no le hayan sido expresamente otorgadas por ley. En cuanto al daño moral, como ya se expresó, se tendrá presente el grado de responsabilidad del empleador en la falta de prevención del accidente de autos, y la afectación anímica del actor a causa de

Si bien no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, a pesar de que es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual base de las convenciones civiles se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentre debidamente resguardada. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. UNDÉCIMO: Teniendo presente, entonces, la suma exigencia del empleador en materia de prevención y recuperación de accidentes, debe establecerse, ahora, la procedencia y cuantía de los daños demandados. En ese sentido, la primera pretensión consiste en el pago de lucro cesante, indemnización que corresponde a la diferencia de los emolumentos que dejará de percibir el actor a causa del accidente, proyectada por sus restantes años de vida laboral. Ahora bien, dado que el lucro cesante es un daño proyectado hacia el futuro, el mismo debe ser examinado desde el punto de vista del desarrollo normal de la relación causal y la no interferencia de hechos, conforme el curso natural y razonablemente previsible de las cosas. Es decir, debe evaluarse, a futuro, las aptitudes del trabajador para generar un ingreso equivalente al que percibía a la época del accidente, teniendo en consideración las labores desarrolladas y la posibilidad de volverlas a efectuar o bien de capacitarse para otra clase de tareas, el período laboral habitual de un trabajador promedio, como también los ciclos de desocupación que usualmente se verifican, dado el grado de movilidad del mercado de trabajo. Por lo mismo, no es posible de descartar la procedencia de lucro cesante en un accidente de trabajo, en atención a que lo futuro del daño no impide la determinación, ponderada según las circunstancias que usualmente se presentan en la vida laboral de los trabajadores del rubro en que se desempeña el actor, de la pérdida futura. Sin embargo, en el caso de estos antecedentes no se accederá al lucro cesante demandado, toda vez que no se trata, en la actualidad, de un daño cierto. En efecto, la proyección a futuro debe efectuarse respecto de un detrimento realmente producido que, en este caso, se traduce en la pérdida de capacidad de ganancia decretada por la comisión médica de rigor, cuestión que aún no se ha efectuado. En ese sentido, es importante destacar que la falta de dicha determinación no puede ser subsanada por el tribunal, toda vez que la competencia para efectuarla ha sido puesta por el artículo 58 de la ley Nº 16.744, exclusivamente, en los Servicios de Salud o las mutualidades, en su caso; lo contrario, constituiría una vulneración de la prohibición del artículo 7° de la Constitución Política de la República en cuanto a arrogarse, un órgano del Estado, competencias que no le hayan sido expresamente otorgadas por ley. En cuanto al daño moral, como ya se expresó, se tendrá presente el grado de responsabilidad del empleador en la falta de prevención del accidente de autos, y la afectación anímica del actor a causa de ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

los dolores sufridos y las molestias derivadas del período en que requirió asistencia para realizar sus tareas básicas, como las condiciones personales detectadas por los médicos psiquiatras que lo trataron. DUODÉCIMO: En atención a la falta de determinación del grado de pérdida de capacidad de ganancia, el examen de la cédula de identidad del actor no altera las conclusiones a que se ha arribado. Asimismo, las recetas médicas, comprobante de pago de subsidios, solicitud a la unidad de herida, hoja de interconsulta, al abundar sobre hechos que se han tenido por probados con otros antecedentes, no modifican lo razonado. Al no versar directamente sobre los hechos a probar, no alteran lo considerado las cinco fichas técnicas para trabajo en altura ni la impresión fotográfica del uso de arnés y cuerda de vida. DÉCIMO TERCERO: La prueba ha sido apreciada conforme con las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 184, 420, 446 y siguientes, 456 del Código del Trabajo; artículos 5° y 58, de la ley N° 16.744, SE DECLARA: I. Que SE ACOGE la demanda deducida por don Álvaro Gonzalo Barrueto Reyes en contra de la empresa Pacific Fitness Limitada, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de la suma de $ 18.000.000. al actor, por concepto de daño moral producto del accidente de trabajo sufrido el día 03 de septiembre de 2010. En lo demás, se la rechaza. II. El monto antes referido, será reajustado y devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. III. No se condena en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida. Digitalícense los documentos incorporados en audiencia y devuélvanse. Regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por Ximena Rivera Salinas, Juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

los dolores sufridos y las molestias derivadas del período en que requirió asistencia para realizar sus tareas básicas, como las condiciones personales detectadas por los médicos psiquiatras que lo trataron. DUODÉCIMO: En atención a la falta de determinación del grado de pérdida de capacidad de ganancia, el examen de la cédula de identidad del actor no altera las conclusiones a que se ha arribado. Asimismo, las recetas médicas, comprobante de pago de subsidios, solicitud a la unidad de herida, hoja de interconsulta, al abundar sobre hechos que se han tenido por probados con otros antecedentes, no modifican lo razonado. Al no versar directamente sobre los hechos a probar, no alteran lo considerado las cinco fichas técnicas para trabajo en altura ni la impresión fotográfica del uso de arnés y cuerda de vida. DÉCIMO TERCERO: La prueba ha sido apreciada conforme con las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 184, 420, 446 y siguientes, 456 del Código del Trabajo; artículos 5° y 58, de la ley N° 16.744, SE DECLARA: I. Que SE ACOGE la demanda deducida por don Álvaro Gonzalo Barrueto Reyes en contra de la empresa Pacific Fitness Limitada, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de la suma de $ 18.000.000. al actor, por concepto de daño moral producto del accidente de trabajo sufrido el día 03 de septiembre de 2010. En lo demás, se la rechaza. II. El monto antes referido, será reajustado y devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. III. No se condena en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida. Digitalícense los documentos incorporados en audiencia y devuélvanse. Regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por Ximena Rivera Salinas, Juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 258

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1440-2010 Cita online: CL/JUR/16436/2010 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil diez. VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: PRIMERO: Que comparece doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, trabajadora, domiciliada en Avenida Condell N° 1246, comuna de Renca, quien demanda en procedimiento de aplicación general por accidente del trabajo a su empleador la empresa Emergia Contact Center SL Chile Ltda., persona jurídica del giro de call center, representada por don Ángel Gavela Marquina, ambos domiciliados en calle General Mackenna N° 1331, comuna de Santiago. Señala que ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 19 de noviembre de 2007 en calidad de asesor telefónico. Para cumplir con su giro comercial, la demandada tiene dispuesto en su domicilio una planta donde laboran alrededor de 600 personas, separando los distintos puestos de trabajo a través de paneles. Como se dirige a captar clientes residentes en España, tiene dispuesto diversos turnos que cubren las 24 horas del día, de lunes a domingo. Expone que para cumplir sus funciones debe en forma continua en su respectivo turno, efectuar llamadas para captar clientes potenciales, validar datos y seguimiento de casos, entre otras tareas. Refiere que el día 04 de diciembre de 2009, siendo aproximadamente las 12:30 horas (PM), en momentos en que realizaba sus labores, sintió un fuerte pinchazo en su pierna izquierda. Expone que el dolor fue intenso, que se acercaron dos compañeras a su puesto de trabajo alertadas por su grito de dolor. Observó que al parecer era una picadura de algún insecto. Hace presente que dadas las deficientes condiciones sanitarias en que laboran, era frecuente que observaran moscas muertas bajo los ventanales, acumulación de polvo, pulgas, etc. y además, reitera que la demandada labora ininterrumpidamente las 24 horas del día, de lunes a viernes, por lo que no se efectúa diariamente un aseo adecuado en las dependencias. En materia de aseo, sólo era visible una trabajadora que básicamente se limitaba a desocupar los basureros. Agrega que luego de la picadura, continuó laborando hasta el término de su turno del día viernes. Al llegar a su hogar, presentaba cada vez un mayor dolor en su pierna, acompañado de náuseas y mareos, por lo que concurrió al SAPU donde le suministraron antibióticos. Explica que al ver que su estado no mejoraba, el día sábado se comunicó con su jefa Ximena Neira, la cual le indicó que concurriera a la consulta de un doctor particular, lo cual no pudo hacer por su alto costo. Añade que recién pudo obtener una hora para el lunes siguiente a las 14:30 horas en el Hospital del Profesor, donde luego de ser examinada por un profesional, inmediatamente la derivaron al Hospital del Trabajador, lugar donde quedó hospitalizada por diagnóstico de loxocelismo cutáneo, esto es, un cuadro tóxico producido por el veneno que le inyectó una araña de rincón mientras trabajaba. Refiere que en control que se efectuó en el departamento de cirugía plástica el día 29 de diciembre de 2009, se pudo observar que presentaba una escara interna de 7 centímetros de diámetro, por lo que debió nuevamente ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente los días 05, 07 y 15 de enero de 2010. Explica que en esas operaciones se sacó piel de la cadera para efectuar un injerto en la herida, lo cual no dio resultado. Se mantuvo hospitalizada en tratamiento por cirugía plástica y terapia física, a fin de que pudiera caminar sin muletas, para finalmente ser dada de alta el día 05 de mayo de 2010. Indica que en la actualidad a sus 27 años presenta una grave deformación en su pierna y deberá esperar al menos un año para ver si se le regeneran los tejidos o se intenta un implante de silicona. “Además sufro de una cojera, pues perdí masa muscular lo cual ha implicado que tenga mi tendón atrofiado”. La demandante continúa haciendo mención a las normas de derecho aplicable, cita el artículo 184 del Código del Trabajo, como también el artículo 11 y artículo 37 del DS N° 594 del Ministerio de Salud, en cuanto al deber general de protección del empleador. Finalmente, demanda una indemnización de perjuicios por el severo daño físico, psicológico e intensos dolores, las que avalúa en la suma de $ 50.000.000 considerando que presenta una grave deformación en su pierna, se le ha atrofiado el tendón, quedando con una evidente cojera, tiene 27 años de edad y se encuentra impedida de usar falda y traje de baño. Todo lo anterior, más reajustes, intereses y costas.

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil diez. VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: PRIMERO: Que comparece doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, trabajadora, domiciliada en Avenida Condell N° 1246, comuna de Renca, quien demanda en procedimiento de aplicación general por accidente del trabajo a su empleador la empresa Emergia Contact Center SL Chile Ltda., persona jurídica del giro de call center, representada por don Ángel Gavela Marquina, ambos domiciliados en calle General Mackenna N° 1331, comuna de Santiago. Señala que ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 19 de noviembre de 2007 en calidad de asesor telefónico. Para cumplir con su giro comercial, la demandada tiene dispuesto en su domicilio una planta donde laboran alrededor de 600 personas, separando los distintos puestos de trabajo a través de paneles. Como se dirige a captar clientes residentes en España, tiene dispuesto diversos turnos que cubren las 24 horas del día, de lunes a domingo. Expone que para cumplir sus funciones debe en forma continua en su respectivo turno, efectuar llamadas para captar clientes potenciales, validar datos y seguimiento de casos, entre otras tareas. Refiere que el día 04 de diciembre de 2009, siendo aproximadamente las 12:30 horas (PM), en momentos en que realizaba sus labores, sintió un fuerte pinchazo en su pierna izquierda. Expone que el dolor fue intenso, que se acercaron dos compañeras a su puesto de trabajo alertadas por su grito de dolor. Observó que al parecer era una picadura de algún insecto. Hace presente que dadas las deficientes condiciones sanitarias en que laboran, era frecuente que observaran moscas muertas bajo los ventanales, acumulación de polvo, pulgas, etc. y además, reitera que la demandada labora ininterrumpidamente las 24 horas del día, de lunes a viernes, por lo que no se efectúa diariamente un aseo adecuado en las dependencias. En materia de aseo, sólo era visible una trabajadora que básicamente se limitaba a desocupar los basureros. Agrega que luego de la picadura, continuó laborando hasta el término de su turno del día viernes. Al llegar a su hogar, presentaba cada vez un mayor dolor en su pierna, acompañado de náuseas y mareos, por lo que concurrió al SAPU donde le suministraron antibióticos. Explica que al ver que su estado no mejoraba, el día sábado se comunicó con su jefa Ximena Neira, la cual le indicó que concurriera a la consulta de un doctor particular, lo cual no pudo hacer por su alto costo. Añade que recién pudo obtener una hora para el lunes siguiente a las 14:30 horas en el Hospital del Profesor, donde luego de ser examinada por un profesional, inmediatamente la derivaron al Hospital del Trabajador, lugar donde quedó hospitalizada por diagnóstico de loxocelismo cutáneo, esto es, un cuadro tóxico producido por el veneno que le inyectó una araña de rincón mientras trabajaba. Refiere que en control que se efectuó en el departamento de cirugía plástica el día 29 de diciembre de 2009, se pudo observar que presentaba una escara interna de 7 centímetros de diámetro, por lo que debió nuevamente ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente los días 05, 07 y 15 de enero de 2010. Explica que en esas operaciones se sacó piel de la cadera para efectuar un injerto en la herida, lo cual no dio resultado. Se mantuvo hospitalizada en tratamiento por cirugía plástica y terapia física, a fin de que pudiera caminar sin muletas, para finalmente ser dada de alta el día 05 de mayo de 2010. Indica que en la actualidad a sus 27 años presenta una grave deformación en su pierna y deberá esperar al menos un año para ver si se le regeneran los tejidos o se intenta un implante de silicona. “Además sufro de una cojera, pues perdí masa muscular lo cual ha implicado que tenga mi tendón atrofiado”. La demandante continúa haciendo mención a las normas de derecho aplicable, cita el artículo 184 del Código del Trabajo, como también el artículo 11 y artículo 37 del DS N° 594 del Ministerio de Salud, en cuanto al deber general de protección del empleador. Finalmente, demanda una indemnización de perjuicios por el severo daño físico, psicológico e intensos dolores, las que avalúa en la suma de $ 50.000.000 considerando que presenta una grave deformación en su pierna, se le ha atrofiado el tendón, quedando con una evidente cojera, tiene 27 años de edad y se encuentra impedida de usar falda y traje de baño. Todo lo anterior, más reajustes, intereses y costas.

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1440-2010 Cita online: CL/JUR/16436/2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEGUNDO: Que el abogado, don Daniel Espinoza Chávez, en nombre y representación, de Emergia Contact Center Chile Limitada, contesta la demanda interpuesta, solicitando su rechazo en todas sus partes. En primer término señala que la empresa se dedica al rubro de venta telefónica y demás operaciones y asesorías asociadas a estas ventas y promociones, dirigidas al público residente en el territorio español. Expone que el capital humano se sustenta en el asesor telefónico que, mediante el ingreso al sistema computacional por medio de su clave genera y recibe llamadas desde y hacia España. Refiere que, el día 4 de diciembre de 2009, entre las 12:30 y 13:00 horas, aproximadamente, al regresar la actora de su “break”, se sentó en su lugar de trabajo, sintiendo en ese instante un pinchazo en su pantorrilla izquierda, lo que le provocó un dolor intenso, informándole a su jefe directo lo ocurrido, prosiguiendo voluntariamente con sus labores hasta el término de su turno. Agrega que, el día lunes 7 de diciembre de ese año, la jefa directa de la actora, doña Jimena Neira, informa a don Marcelo Hernández Aguilera, Gerente de Prevención de Riesgos de la demandada, del hecho antes descrito, quien da la orden inmediata de trasladarla a la AChS Maipú, toda vez que la trabajadora se encontraba tratándose el problema en forma particular en el Hospital del Trabajador. Dice que tras ingresar los médicos determinan que su problema es producto de una picadura de araña de rincón y es derivada al AChS central para su atención médica. Señala que, durante la investigación de los hechos llevada a cabo por el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, se determinó que ella había llegado de su break minutos antes de que sintiera el pinchazo en su pantorrilla izquierda, que es imposible que la araña de rincón haya estado en las dependencias de la demandada, toda vez que dichos arácnidos se encuentran por lo general en lugares oscuros y lejos del ruido, además producto de la inspección profunda realizada en los rincones y orillas de la plataforma no se encontró ningún rastro de indicios de telaraña. Hace presente que la demandada, cuenta con una sala de break para que sus trabajadores almuercen y descansen, totalmente equipada con máquinas de alimentos, televisión, microondas, refrigerador, entre otras comodidades, siendo absolutamente innecesario que los asesores telefónicos salgan fuera de las instalaciones de la empresa durante la jornada laboral. Prosigue la demandada, señalando que luego de expirada la última licencia por accidente del trabajo, la actora se reintegró, con fecha 6 de mayo de 2010, a sus labores habituales como asesora telefónica y ha continuado prestando sus servicios sin sufrir perjuicio alguno derivado del presunto accidente de trabajo que dice haber sufrido. Expone que, siempre ha tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, manteniendo en condiciones óptimas, en cuanto a higiene y limpieza, sus oficinas, plataformas y demás dependencias. Dice que, mantiene en los lugares de trabajo todas las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para que sus trabajadores cumplan sus labores en un recinto limpio, velando siempre por la salud de su personal dependiente. Agrega que, en la empresa funciona normalmente el Departamento de Prevención de Riesgos, a cargo de su Gerente don Marcelo Hernández Aguilera. Al ingresar a la empresa la demandante fue debidamente informada acerca de los riesgos inherentes a la actividad a desempeñar y de las medidas preventivas para dicha labor, con la correspondiente inducción a la prevención de riesgos, de acuerdo a las normas de la ley N° 17.744 y el decreto supremo N° 40 del año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El mismo departamento de Prevención de Riesgos, dicta periódicas charlas a los trabajadores de la empresa en conformidad con un programa previamente diseñado al efecto. Añade que, se encuentran constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, en conformidad al D.S. N° 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual funciona normalmente vigilando el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Este comité, en reunión de fecha 28 de diciembre del año 2009, trató el tema ocurrido a la actora, respecto a la picada de araña de rincón, estableciéndose que “pese a los antecedentes entregados por la AChS y la ratificación de ser una araña de rincón, se tienen serías dudas de que la araña haya estado en la plataforma, debido a que las condiciones que presenta la instalación no es un lugar que acoja dicho insecto (bulliciosa, mucha claridad de día y noche). Se presume que pudo haberla traído de afuera o la casa, ya que minutos antes había salido a su break”. Manifiesta que cuenta con un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. A su vez, la demandada ha tomado todas las medidas necesarias a fin de resguardar la vida y salud de sus trabajadores. Refiere que con fecha 1 de octubre de 2009, suscribió un contrato de prestación de servicio de aseo y mantención con la empresa Sepcatech Limitada, la cual es una empresa especialista

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEGUNDO: Que el abogado, don Daniel Espinoza Chávez, en nombre y representación, de Emergia Contact Center Chile Limitada, contesta la demanda interpuesta, solicitando su rechazo en todas sus partes. En primer término señala que la empresa se dedica al rubro de venta telefónica y demás operaciones y asesorías asociadas a estas ventas y promociones, dirigidas al público residente en el territorio español. Expone que el capital humano se sustenta en el asesor telefónico que, mediante el ingreso al sistema computacional por medio de su clave genera y recibe llamadas desde y hacia España. Refiere que, el día 4 de diciembre de 2009, entre las 12:30 y 13:00 horas, aproximadamente, al regresar la actora de su “break”, se sentó en su lugar de trabajo, sintiendo en ese instante un pinchazo en su pantorrilla izquierda, lo que le provocó un dolor intenso, informándole a su jefe directo lo ocurrido, prosiguiendo voluntariamente con sus labores hasta el término de su turno. Agrega que, el día lunes 7 de diciembre de ese año, la jefa directa de la actora, doña Jimena Neira, informa a don Marcelo Hernández Aguilera, Gerente de Prevención de Riesgos de la demandada, del hecho antes descrito, quien da la orden inmediata de trasladarla a la AChS Maipú, toda vez que la trabajadora se encontraba tratándose el problema en forma particular en el Hospital del Trabajador. Dice que tras ingresar los médicos determinan que su problema es producto de una picadura de araña de rincón y es derivada al AChS central para su atención médica. Señala que, durante la investigación de los hechos llevada a cabo por el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, se determinó que ella había llegado de su break minutos antes de que sintiera el pinchazo en su pantorrilla izquierda, que es imposible que la araña de rincón haya estado en las dependencias de la demandada, toda vez que dichos arácnidos se encuentran por lo general en lugares oscuros y lejos del ruido, además producto de la inspección profunda realizada en los rincones y orillas de la plataforma no se encontró ningún rastro de indicios de telaraña. Hace presente que la demandada, cuenta con una sala de break para que sus trabajadores almuercen y descansen, totalmente equipada con máquinas de alimentos, televisión, microondas, refrigerador, entre otras comodidades, siendo absolutamente innecesario que los asesores telefónicos salgan fuera de las instalaciones de la empresa durante la jornada laboral. Prosigue la demandada, señalando que luego de expirada la última licencia por accidente del trabajo, la actora se reintegró, con fecha 6 de mayo de 2010, a sus labores habituales como asesora telefónica y ha continuado prestando sus servicios sin sufrir perjuicio alguno derivado del presunto accidente de trabajo que dice haber sufrido. Expone que, siempre ha tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, manteniendo en condiciones óptimas, en cuanto a higiene y limpieza, sus oficinas, plataformas y demás dependencias. Dice que, mantiene en los lugares de trabajo todas las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para que sus trabajadores cumplan sus labores en un recinto limpio, velando siempre por la salud de su personal dependiente. Agrega que, en la empresa funciona normalmente el Departamento de Prevención de Riesgos, a cargo de su Gerente don Marcelo Hernández Aguilera. Al ingresar a la empresa la demandante fue debidamente informada acerca de los riesgos inherentes a la actividad a desempeñar y de las medidas preventivas para dicha labor, con la correspondiente inducción a la prevención de riesgos, de acuerdo a las normas de la ley N° 17.744 y el decreto supremo N° 40 del año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El mismo departamento de Prevención de Riesgos, dicta periódicas charlas a los trabajadores de la empresa en conformidad con un programa previamente diseñado al efecto. Añade que, se encuentran constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, en conformidad al D.S. N° 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual funciona normalmente vigilando el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Este comité, en reunión de fecha 28 de diciembre del año 2009, trató el tema ocurrido a la actora, respecto a la picada de araña de rincón, estableciéndose que “pese a los antecedentes entregados por la AChS y la ratificación de ser una araña de rincón, se tienen serías dudas de que la araña haya estado en la plataforma, debido a que las condiciones que presenta la instalación no es un lugar que acoja dicho insecto (bulliciosa, mucha claridad de día y noche). Se presume que pudo haberla traído de afuera o la casa, ya que minutos antes había salido a su break”. Manifiesta que cuenta con un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. A su vez, la demandada ha tomado todas las medidas necesarias a fin de resguardar la vida y salud de sus trabajadores. Refiere que con fecha 1 de octubre de 2009, suscribió un contrato de prestación de servicio de aseo y mantención con la empresa Sepcatech Limitada, la cual es una empresa especialista

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TIRO

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en prestar a terceros servicios de aseo general de instalaciones empresariales y mantención de las mismas. Señala que las condiciones de higiene en las dependencias de la demandada son excelentes. En cuanto a las labores diarias de limpieza, se realizan en cinco turnos durante las 24 horas del día, más un turno extra los sábados, domingos y festivos, se procede a despejar y sacudir superficie de los módulos, junto con los objetos que allí se encuentran. Además se verifica una profunda limpieza de sillas y mesas, empleando para ello un paño limpio y húmedo con líquido multiuso, se aplica desodorante ambiental y cada cierto rato se retiran papeles de los basureros. Por último, diariamente se efectúa un aspirado de todo el piso, procediendo a su limpieza profunda, poniendo especial énfasis en el aspirado de zócalos y rincones. Manifiesta que existe un programa de aseo y limpieza tanto mensual como trimestral. Además que periódicamente la demandada, contrata los servicios de Suárez Suárez, una empresa dedicada al control de plagas e higienes ambiental. Así, con fecha 28 de octubre del 2009, 30 de noviembre de 2009 y 8 de enero del presente año, la empresa, efectuó servicios de sanitización y desinfectación en baños, oficinas y dependencias en general. Dice que por todo lo anterior, es absolutamente imposible que la araña de rincón haya estado en la plataforma de trabajo. Además se trata de un lugar bullicioso, iluminado, que previamente había sido objeto de una profunda sanitización y desinfectación. Ello, sumado a que la actora recién había regresado a la plataforma tras su break, tiempo en el cual no hizo uso de la sala especialmente habilitada para ello, permite comprender que la trabajadora trajo consigo desde la calle o de su domicilio el insecto, no teniendo en el accidente la sociedad que representa ningún tipo de responsabilidad. Respecto a la indemnización por daño moral que reclama, rechaza que ello corresponda por cuanto la demandada siempre ha adoptado las medidas necesarias para que sus dependencias estén rigurosamente limpias. Más adelante y refiriéndose al monto del daño moral que solicita señala que resulta desmesurado y desproporcionado teniendo en consideración que la actora se encuentra cumpliendo sus labores con plena normalidad durante el tiempo que permaneció con licencia médica recibió íntegramente su remuneración. También señala que la indemnización por daño moral no puede ser motivo de enriquecimiento para quien lo sufre. Finalmente, dice que no ha existido una declaración de grado de incapacidad para trabajar. TERCERO: Que el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales fueron aceptados por las partes, a saber: 1. Existencia de la relación laboral la que comenzó el día 19 de noviembre de 2007 y que cumplía funciones como asesor telefónico; 2. que el día 04 de diciembre de 2009 la actora sufrió una picadura de araña de rincón mientras prestaba servicios para la demandada. A continuación se llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el tribunal bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó. Atendido lo precedentemente relatado y existiendo a juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijó los siguientes hechos a probar: 1. Si la empresa demandada tomó las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de la demandante, manteniendo la higiene y la seguridad y los elementos necesarios para prevenir el accidente ocurrido el día 04 de diciembre de 2009; 2. lesiones sufridas por la actora como consecuencia del accidente sufrido el día 04 de diciembre de 2009 y secuelas en el plano físico y psicológico, en su caso, naturaleza de las lesiones, tratamiento al que fue sometida y tiempo que se demoraron en sanar dichas lesiones; 3. si por motivo del accidente sufrido por la actora se le ocasionaron daños materiales y morales para ser indemnizada por esta vía, en caso afirmativo, naturaleza, entidad y monto de ellos; 4. hechos, motivos y circunstancias que rodearon el accidente sufrido por la actora. CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: Documental, los que se incorporaron mediante su lectura resumida, consistente en: 1. Informe médico del Hospital de Trabajador N° 463.01.10 de fecha 25 de enero de 2010; 2. Certificado de alta de la AChS de fecha 04 de mayo de 2010; 3. Set de 2 páginas con 24 fotos de la lesión de la actora. También se valió de la prueba testimonial consistente en la declaración de la testigo doña Gianina Valeska Lepe Paredes, cuya declaración consta íntegramente en el registro de audio y sólo se reproducirá parcialmente para no incurrir en reiteraciones innecesarias. Declara que: Yo trabajo en Emergia Contact, desde el 15 de abril de 2008, conozco a la actora. Trabajamos en el mismo grupo. El 4 de diciembre yo estaba trabajando. Trabajamos en General Mackenna 1331, edificio nuevo, en la plataforma

en prestar a terceros servicios de aseo general de instalaciones empresariales y mantención de las mismas. Señala que las condiciones de higiene en las dependencias de la demandada son excelentes. En cuanto a las labores diarias de limpieza, se realizan en cinco turnos durante las 24 horas del día, más un turno extra los sábados, domingos y festivos, se procede a despejar y sacudir superficie de los módulos, junto con los objetos que allí se encuentran. Además se verifica una profunda limpieza de sillas y mesas, empleando para ello un paño limpio y húmedo con líquido multiuso, se aplica desodorante ambiental y cada cierto rato se retiran papeles de los basureros. Por último, diariamente se efectúa un aspirado de todo el piso, procediendo a su limpieza profunda, poniendo especial énfasis en el aspirado de zócalos y rincones. Manifiesta que existe un programa de aseo y limpieza tanto mensual como trimestral. Además que periódicamente la demandada, contrata los servicios de Suárez Suárez, una empresa dedicada al control de plagas e higienes ambiental. Así, con fecha 28 de octubre del 2009, 30 de noviembre de 2009 y 8 de enero del presente año, la empresa, efectuó servicios de sanitización y desinfectación en baños, oficinas y dependencias en general. Dice que por todo lo anterior, es absolutamente imposible que la araña de rincón haya estado en la plataforma de trabajo. Además se trata de un lugar bullicioso, iluminado, que previamente había sido objeto de una profunda sanitización y desinfectación. Ello, sumado a que la actora recién había regresado a la plataforma tras su break, tiempo en el cual no hizo uso de la sala especialmente habilitada para ello, permite comprender que la trabajadora trajo consigo desde la calle o de su domicilio el insecto, no teniendo en el accidente la sociedad que representa ningún tipo de responsabilidad. Respecto a la indemnización por daño moral que reclama, rechaza que ello corresponda por cuanto la demandada siempre ha adoptado las medidas necesarias para que sus dependencias estén rigurosamente limpias. Más adelante y refiriéndose al monto del daño moral que solicita señala que resulta desmesurado y desproporcionado teniendo en consideración que la actora se encuentra cumpliendo sus labores con plena normalidad durante el tiempo que permaneció con licencia médica recibió íntegramente su remuneración. También señala que la indemnización por daño moral no puede ser motivo de enriquecimiento para quien lo sufre. Finalmente, dice que no ha existido una declaración de grado de incapacidad para trabajar. TERCERO: Que el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales fueron aceptados por las partes, a saber: 1. Existencia de la relación laboral la que comenzó el día 19 de noviembre de 2007 y que cumplía funciones como asesor telefónico; 2. que el día 04 de diciembre de 2009 la actora sufrió una picadura de araña de rincón mientras prestaba servicios para la demandada. A continuación se llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el tribunal bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó. Atendido lo precedentemente relatado y existiendo a juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijó los siguientes hechos a probar: 1. Si la empresa demandada tomó las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de la demandante, manteniendo la higiene y la seguridad y los elementos necesarios para prevenir el accidente ocurrido el día 04 de diciembre de 2009; 2. lesiones sufridas por la actora como consecuencia del accidente sufrido el día 04 de diciembre de 2009 y secuelas en el plano físico y psicológico, en su caso, naturaleza de las lesiones, tratamiento al que fue sometida y tiempo que se demoraron en sanar dichas lesiones; 3. si por motivo del accidente sufrido por la actora se le ocasionaron daños materiales y morales para ser indemnizada por esta vía, en caso afirmativo, naturaleza, entidad y monto de ellos; 4. hechos, motivos y circunstancias que rodearon el accidente sufrido por la actora. CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: Documental, los que se incorporaron mediante su lectura resumida, consistente en: 1. Informe médico del Hospital de Trabajador N° 463.01.10 de fecha 25 de enero de 2010; 2. Certificado de alta de la AChS de fecha 04 de mayo de 2010; 3. Set de 2 páginas con 24 fotos de la lesión de la actora. También se valió de la prueba testimonial consistente en la declaración de la testigo doña Gianina Valeska Lepe Paredes, cuya declaración consta íntegramente en el registro de audio y sólo se reproducirá parcialmente para no incurrir en reiteraciones innecesarias. Declara que: Yo trabajo en Emergia Contact, desde el 15 de abril de 2008, conozco a la actora. Trabajamos en el mismo grupo. El 4 de diciembre yo estaba trabajando. Trabajamos en General Mackenna 1331, edificio nuevo, en la plataforma ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

trabajan más de 300 personas, la higiene es nula. Los escritorios nunca se limpian, yo llego a limpiar mi escritorio. El lugar de trabajo es muy insalubre. Hay personas que hacen aseo, limpian el pasillo, he visto que sacan el tacho de la basura. Los baños sí están limpios. La alfombra nunca se ha limpiado, son escritorios que están todo el día ocupados, hay turnos todo el día. El turno es rotativo de 7 a 9 de la noche, de lunes a domingo, me ha tocado ir a trabajar horas extraordinarias. Por turno trabajan más menos 20 personas, los break son rotativos, son tres break. El día del accidente, yo no estaba en el pasillo de la oficina, yo salí con la actora cuando se fue y me contó que le había picado algo que le dolía mucho. Ella me contó que el día sábado tuvo que llamar a su jefa para preguntarle qué hacía, indicándole que fuera al médico, lo que no pudo hacer porque no contaba con dinero. Después del accidente, el aseo se mantiene igual. Yo reclamo todos los días. Yo he visto moscas en el lugar. Ella estuvo con depresión en el hospital, estaba muy mal. Estuvo hospitalizada dos o tres meses, navidad, año nuevo y vacaciones. Yo fui dos o tres veces a verla. Le hicieron un injerto con piel de la cadera, y no resultó. Ella quedó coja. Ella antes andaba con vestido y chalas. Después que se incorporó ya no usa esa ropa, la pierna la tiene fea. Actualmente la veo bien. Yo arañas no he visto, pero hace menos de un mes me picó algo en un labio. También otras picaduras a otra compañera de trabajo. La picadura fue antes de media hora del break. Contrainterrogada: El día de los hechos yo estaba de turno de 7:30 a 16:00 horas. Yo supe de su picadura como a las 13:30 horas, cuando la actora se iba. Yo veo dos personas que hacen aseo, yo creo que son externas. Mi turno siempre es el mismo y siempre las veo. La plataforma es un lugar luminoso, maloliente, sucio. Además incorporó el oficio respuesta de la AChS de fecha 3 de septiembre de 2010, mediante su lectura resumida, el cual contiene además la ficha clínica de la actora. QUINTO: Que a su turno la demandada rindió en la audiencia de juicio prueba documental, la que se incorporó mediante lectura resumida consistente en: 1. Reglamento interno higiene y seguridad de la empresa, sin acta de recepción de la trabajadora; 2 Inducción derecho a saber de fecha 13 de noviembre de 2007; 3. Informe Técnico N° 201001016308 emitido por el experto en prevención de riesgos Patricio Cárcamo Gómez; 4. Informe de fecha 01 de julio de 2010 emitido por Marcelo Hernández; 5. Declaración manuscrita Carolina del Pilar Muñoz Carrasco; 6. Informativo de la araña de rincón emanado de la demandada; 7. Certificado de sanitización y desratización de fecha 28 de octubre 2009, 30 de noviembre 2009 y 8 de enero de 2010; 8. Programa aseo y mantención de Emergía Contact Center; 9. Acta comité paritario del mes de diciembre de 2009; 10. Contrato de servicio aseo y mantención menor entre la demandada y Sercatech de fecha 01 de octubre de 2009; 11. Certificado de alta de la actora con 4 anexos. La demandada solicitó y obtuvo la absolución de posiciones de la demandante, doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, quien en síntesis declara que: El día 4 de diciembre tuve turno de 7:30 a 16:00 horas. El segundo es de colación, yo tuve de 11:00 a 11:30 y después de 13:20 a 13:30 horas. El almuerzo lo hice en el casino. El tercer break no lo tomé, me fui a mi casa porque me sentía mal, pedí permiso, sentía mucho dolor. Fue como a las 12:30 horas, sentí un pinchazo, anteriormente me habían picado pulgas, por eso no le tomé mayor importancia. Me subí el pantalón me vi la pierna y tenía unas pintitas moradas, se las mostré a unas compañeras. Le comenté a mi jefa Ximena Neira, que nuevamente me picó una pulga, le mostré lo que tenía. Yo nunca vi la araña. Me empecé a sentir mal, no por la pierna, me sentía mareada, me dolía la cabeza, tenía náuseas, después en la tarde como a las 18:00 horas me sentía muy mal. Me llevaron al SAPU, me vieron la pierna, me inyectaron clorfenamina. No le tomé importancia a la picadura, me vi la pierna, tenía una aureola morada, en el SAPU me atendieron a las 20:00 horas y me dijeron que era picadura de insecto, nunca me dijeron que era araña de rincón. El sábado en la mañana llamé a mi jefa, me dijeron que era un insecto o principio de trombosis, me dijo que fuera a un médico particular. La empresa se puso en contacto conmigo el lunes, recién

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

trabajan más de 300 personas, la higiene es nula. Los escritorios nunca se limpian, yo llego a limpiar mi escritorio. El lugar de trabajo es muy insalubre. Hay personas que hacen aseo, limpian el pasillo, he visto que sacan el tacho de la basura. Los baños sí están limpios. La alfombra nunca se ha limpiado, son escritorios que están todo el día ocupados, hay turnos todo el día. El turno es rotativo de 7 a 9 de la noche, de lunes a domingo, me ha tocado ir a trabajar horas extraordinarias. Por turno trabajan más menos 20 personas, los break son rotativos, son tres break. El día del accidente, yo no estaba en el pasillo de la oficina, yo salí con la actora cuando se fue y me contó que le había picado algo que le dolía mucho. Ella me contó que el día sábado tuvo que llamar a su jefa para preguntarle qué hacía, indicándole que fuera al médico, lo que no pudo hacer porque no contaba con dinero. Después del accidente, el aseo se mantiene igual. Yo reclamo todos los días. Yo he visto moscas en el lugar. Ella estuvo con depresión en el hospital, estaba muy mal. Estuvo hospitalizada dos o tres meses, navidad, año nuevo y vacaciones. Yo fui dos o tres veces a verla. Le hicieron un injerto con piel de la cadera, y no resultó. Ella quedó coja. Ella antes andaba con vestido y chalas. Después que se incorporó ya no usa esa ropa, la pierna la tiene fea. Actualmente la veo bien. Yo arañas no he visto, pero hace menos de un mes me picó algo en un labio. También otras picaduras a otra compañera de trabajo. La picadura fue antes de media hora del break. Contrainterrogada: El día de los hechos yo estaba de turno de 7:30 a 16:00 horas. Yo supe de su picadura como a las 13:30 horas, cuando la actora se iba. Yo veo dos personas que hacen aseo, yo creo que son externas. Mi turno siempre es el mismo y siempre las veo. La plataforma es un lugar luminoso, maloliente, sucio. Además incorporó el oficio respuesta de la AChS de fecha 3 de septiembre de 2010, mediante su lectura resumida, el cual contiene además la ficha clínica de la actora. QUINTO: Que a su turno la demandada rindió en la audiencia de juicio prueba documental, la que se incorporó mediante lectura resumida consistente en: 1. Reglamento interno higiene y seguridad de la empresa, sin acta de recepción de la trabajadora; 2 Inducción derecho a saber de fecha 13 de noviembre de 2007; 3. Informe Técnico N° 201001016308 emitido por el experto en prevención de riesgos Patricio Cárcamo Gómez; 4. Informe de fecha 01 de julio de 2010 emitido por Marcelo Hernández; 5. Declaración manuscrita Carolina del Pilar Muñoz Carrasco; 6. Informativo de la araña de rincón emanado de la demandada; 7. Certificado de sanitización y desratización de fecha 28 de octubre 2009, 30 de noviembre 2009 y 8 de enero de 2010; 8. Programa aseo y mantención de Emergía Contact Center; 9. Acta comité paritario del mes de diciembre de 2009; 10. Contrato de servicio aseo y mantención menor entre la demandada y Sercatech de fecha 01 de octubre de 2009; 11. Certificado de alta de la actora con 4 anexos. La demandada solicitó y obtuvo la absolución de posiciones de la demandante, doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, quien en síntesis declara que: El día 4 de diciembre tuve turno de 7:30 a 16:00 horas. El segundo es de colación, yo tuve de 11:00 a 11:30 y después de 13:20 a 13:30 horas. El almuerzo lo hice en el casino. El tercer break no lo tomé, me fui a mi casa porque me sentía mal, pedí permiso, sentía mucho dolor. Fue como a las 12:30 horas, sentí un pinchazo, anteriormente me habían picado pulgas, por eso no le tomé mayor importancia. Me subí el pantalón me vi la pierna y tenía unas pintitas moradas, se las mostré a unas compañeras. Le comenté a mi jefa Ximena Neira, que nuevamente me picó una pulga, le mostré lo que tenía. Yo nunca vi la araña. Me empecé a sentir mal, no por la pierna, me sentía mareada, me dolía la cabeza, tenía náuseas, después en la tarde como a las 18:00 horas me sentía muy mal. Me llevaron al SAPU, me vieron la pierna, me inyectaron clorfenamina. No le tomé importancia a la picadura, me vi la pierna, tenía una aureola morada, en el SAPU me atendieron a las 20:00 horas y me dijeron que era picadura de insecto, nunca me dijeron que era araña de rincón. El sábado en la mañana llamé a mi jefa, me dijeron que era un insecto o principio de trombosis, me dijo que fuera a un médico particular. La empresa se puso en contacto conmigo el lunes, recién

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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me conseguí una hora a las 14:00 horas en el Hospital del Profesor, le avisé a mi jefa que no podía ir a trabajar, no era capaz. El médico del Hospital del Profesor, me dijo que me comunicara con la empresa para que me llevaran a la AChS. Estuve hospitalizada quince días primero hasta que parara la escara, después el 5 de enero estuve un mes hospitalizada. Tuve tres operaciones. Yo no estoy de acuerdo con la atención del AChS porque no me dieron apoyo psicológico. Ahora sigo trabajando en la empresa, sigo asistiendo a la AChS. Me descuentan las horas que voy a la AChS. Rindió la testifical de don Marcelo Hernández Aguilera, quien previamente juramentado declaró en síntesis: Soy experto en prevención de riesgos, trabajo en la empresa demandada. La demandada, tiene una empresa de aseo en forma constante y tiene las fumigaciones respectivas. La empresa de aseo se llama Sercatech, en forma constante hace turnos de día y de noche. Aseo diario, aspirado diario. Cada quince días, mensual y trimestral aseo profundo. Suárez y Suárez a esa fecha hace fumigación. En época de verano es cada dos semanas, en invierno una vez al mes. Yo del accidente me enteré el lunes 7 de diciembre de 2009, me informaron que la actora el día viernes había sido picada por un insecto, eso me lo comunicó la jefa Ximena Neira, cuando me enteré la derivé de inmediato a la AChS. Desconozco si fue al SAPU. Yo me enteré el día 7 de diciembre, desconozco si alguien se enteró antes. Yo el 4 de diciembre estuve hasta las 18:00 horas. El lugar se distribuye en módulos de trabajo, amplio, bullicioso, piso sólido con alfombra, amplio hacia arriba. Buena luminosidad. Los turnos son rotativos desde las 7:00 a las 16:00 horas. La empresa tiene una sala de break, pero a veces salen hacia el exterior. En el lugar he visto moscas, nunca he visto insectos. La empresa funciona las 24 horas. El día 4 de diciembre yo estaba en la empresa y no se me informó respecto de la ocurrencia del accidente de la actora, se me debió haber informado por doña Ximena Neira, jefa de la actora. El informativo de la araña de rincón yo lo elaboré, pero no se publicó. Las medidas de la empresa siempre estuvieron: debió llevarse a la AChS, tomar declaraciones a testigos, observación del lugar. El día lunes no tiene ninguna evidencia de que la araña le haya picado en la empresa. SEXTO: Que la parte demandada objetó las fotografías incorporadas, por cuanto son fotos impresas en computador, y no se indica en ellas a quién corresponden ni quién las tomó. Por su parte la demandante objetó el contrato de servicios de aseo, por cuanto no registra firma, lo mismo hace con el programa de aseo y mantención por el mismo motivo. A su vez, respecto del informativo de la araña de rincón preparado por la demandada dice que recomienda consultar servicio de urgencia, lo que no se hizo por la empresa, no se cumplió con las recomendaciones. Respecto del Reglamento Interno refiere que sólo se acompaña el derecho a saber no la recepción del Reglamento Interno por la trabajadora. En cuanto a la declaración de la actora dice que solo está firmada por ella, pero no escrita por ella y no todo lo que allí se escribe es efectivo. SÉPTIMO: Que se rechazarán las objeciones documentales planteadas por las partes, toda vez que ellas dicen relación con la aptitud probatoria de los documentos, mas no con las causales establecidas en la ley. OCTAVO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, esto es según los principios de la lógica y las máximas de experiencia, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 1. Que la actora el día 4 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 12:30 horas, después de regresar de su break y mientras se encontraba sentada en su puesto de trabajo sintió un pinchazo en la pantorrilla izquierda, lo que le produjo un intenso dolor, mostrándole a sus compañeras una mancha morada, avisándole a su jefa doña Ximena Neira de lo ocurrido y siguió trabajando, hasta el término del turno a las 13:30 horas. Hecho que se acredita tanto con los dichos de la actora al absolver posiciones, investigación del accidente practicado por don Patricio Carrasco Gómez, experto en prevención de riesgos de la AChS y el informe de fecha 1 de julio de 2010 de la empresa Emergia suscrito por el Gerente Prevención de Riesgos don Marcelo Hernández Aguilera.

me conseguí una hora a las 14:00 horas en el Hospital del Profesor, le avisé a mi jefa que no podía ir a trabajar, no era capaz. El médico del Hospital del Profesor, me dijo que me comunicara con la empresa para que me llevaran a la AChS. Estuve hospitalizada quince días primero hasta que parara la escara, después el 5 de enero estuve un mes hospitalizada. Tuve tres operaciones. Yo no estoy de acuerdo con la atención del AChS porque no me dieron apoyo psicológico. Ahora sigo trabajando en la empresa, sigo asistiendo a la AChS. Me descuentan las horas que voy a la AChS. Rindió la testifical de don Marcelo Hernández Aguilera, quien previamente juramentado declaró en síntesis: Soy experto en prevención de riesgos, trabajo en la empresa demandada. La demandada, tiene una empresa de aseo en forma constante y tiene las fumigaciones respectivas. La empresa de aseo se llama Sercatech, en forma constante hace turnos de día y de noche. Aseo diario, aspirado diario. Cada quince días, mensual y trimestral aseo profundo. Suárez y Suárez a esa fecha hace fumigación. En época de verano es cada dos semanas, en invierno una vez al mes. Yo del accidente me enteré el lunes 7 de diciembre de 2009, me informaron que la actora el día viernes había sido picada por un insecto, eso me lo comunicó la jefa Ximena Neira, cuando me enteré la derivé de inmediato a la AChS. Desconozco si fue al SAPU. Yo me enteré el día 7 de diciembre, desconozco si alguien se enteró antes. Yo el 4 de diciembre estuve hasta las 18:00 horas. El lugar se distribuye en módulos de trabajo, amplio, bullicioso, piso sólido con alfombra, amplio hacia arriba. Buena luminosidad. Los turnos son rotativos desde las 7:00 a las 16:00 horas. La empresa tiene una sala de break, pero a veces salen hacia el exterior. En el lugar he visto moscas, nunca he visto insectos. La empresa funciona las 24 horas. El día 4 de diciembre yo estaba en la empresa y no se me informó respecto de la ocurrencia del accidente de la actora, se me debió haber informado por doña Ximena Neira, jefa de la actora. El informativo de la araña de rincón yo lo elaboré, pero no se publicó. Las medidas de la empresa siempre estuvieron: debió llevarse a la AChS, tomar declaraciones a testigos, observación del lugar. El día lunes no tiene ninguna evidencia de que la araña le haya picado en la empresa. SEXTO: Que la parte demandada objetó las fotografías incorporadas, por cuanto son fotos impresas en computador, y no se indica en ellas a quién corresponden ni quién las tomó. Por su parte la demandante objetó el contrato de servicios de aseo, por cuanto no registra firma, lo mismo hace con el programa de aseo y mantención por el mismo motivo. A su vez, respecto del informativo de la araña de rincón preparado por la demandada dice que recomienda consultar servicio de urgencia, lo que no se hizo por la empresa, no se cumplió con las recomendaciones. Respecto del Reglamento Interno refiere que sólo se acompaña el derecho a saber no la recepción del Reglamento Interno por la trabajadora. En cuanto a la declaración de la actora dice que solo está firmada por ella, pero no escrita por ella y no todo lo que allí se escribe es efectivo. SÉPTIMO: Que se rechazarán las objeciones documentales planteadas por las partes, toda vez que ellas dicen relación con la aptitud probatoria de los documentos, mas no con las causales establecidas en la ley. OCTAVO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, esto es según los principios de la lógica y las máximas de experiencia, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 1. Que la actora el día 4 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 12:30 horas, después de regresar de su break y mientras se encontraba sentada en su puesto de trabajo sintió un pinchazo en la pantorrilla izquierda, lo que le produjo un intenso dolor, mostrándole a sus compañeras una mancha morada, avisándole a su jefa doña Ximena Neira de lo ocurrido y siguió trabajando, hasta el término del turno a las 13:30 horas. Hecho que se acredita tanto con los dichos de la actora al absolver posiciones, investigación del accidente practicado por don Patricio Carrasco Gómez, experto en prevención de riesgos de la AChS y el informe de fecha 1 de julio de 2010 de la empresa Emergia suscrito por el Gerente Prevención de Riesgos don Marcelo Hernández Aguilera. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2. Que la actora le comunicó a su jefatura directa lo ocurrido, sin embargo ella se retiró el día 4 de diciembre de 2010 a su domicilio sin recibir atención médica. Hecho que consta de los dichos de la propia actora, como también del testigo de la demandada, don Marcelo Hernández Aguilera, quien al respecto declara: me enteré el lunes 7 de diciembre de 2009, me informaron que la actora el día viernes había sido picada por un insecto, eso me lo comunicó la Jefa Ximena Neira. 3. Que al día siguiente de ocurrida la picadura, la actora concurrió al SAPU correspondiente a su domicilio donde le habrían informado acerca de que aparentemente la mordió una araña de rincón, pero no le indican tratamiento. Hecho que se acredita con la investigación de la AChS y los dichos de la actora al absolver posiciones. 4. Que el lunes 7 de diciembre de 2009, la actora consigue ser atendida en el Hospital del Profesor donde le sugieren que concurra a la AChS Maipú, donde fue derivada por la empresa. Este hecho se acredita con los dichos de la actora, y los dichos del testigo de la demandada, don Marcelo Hernández Aguilera. 5. Que según informe médico N° 378.08.10 emitido por la AChS y suscrito por el Dr. Rainhold García Sraube, la actora consultó el 7 de diciembre de 2009, al momento de la consulta destacaba intenso dolor en la pierna con aumento en zona redondeada y adematosa y con una ampolla central. Presentó náuseas y mareos, quedando hospitalizada por diagnóstico de loxocelismo cutáneo. 6. Que según da cuenta la ficha clínica de la actora fue intervenida en tres oportunidades, una de las cuales se le practicó injerto, el que fracasó. 7. Que fue dada de alta el 5 de mayo de 2010, según consta del informe médico de la AChS. 8 Que a la época de ocurrido el hecho, la demandada contaba con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el que fue incorporado en la audiencia de juicio, no existiendo constancia que la actora haya tomado conocimiento de dicho antecedente como tampoco que se le haya otorgado copia del mismo. 9. Que la demandada contaba con un Prevencionista de Riesgos a la época del accidente siendo este don Marcelo Hernández Aguilera según consta del informe evacuado por éste y su testimonio, mas este no tomó conocimiento del hecho ocurrido a la actora, sino hasta el lunes 7 de diciembre de 2010, según consta de sus propios dichos. 10. Que la empresa contaba con personal de aseo, hecho que se acredita con los dichos de la actora y de la testigo doña Gianina Valeska Lepe Paredes, mas no se acredita que existiera una empresa especializada contratada por la demandada, por cuanto tanto el contrato que se incorpora por la demandada como el programa de aseo de la empresa Sercatch, se le restará valor probatorio toda vez que no registra firma alguna e incluso contiene varios espacios en blanco, y al leer el programa más pareciera ser que se trata de una cotización. 11. Que se encuentra acreditado mediante certificado que en la empresa el 30 de noviembre de 2009 se habría efectuado una sanitización en baños, oficinas y dependencias en general por la empresa Suárez Suárez. NOVENO: Que, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Que para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador, y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. Que respecto del primero de los requisitos, cabe destacar que el hecho de la picadura de araña ocurrió dentro de la empresa demandada, mientras la actora se encontraba en su horario de trabajo y en su puesto de trabajo. Que si bien no se ha logrado determinar, si la araña de rincón que picó a la actora se encontraba en el interior del lugar donde presta sus funciones o bien si el insecto lo traía la actora desde el exterior, donde había tomado recientemente el break, sí se logró acreditar que el insecto estaba en el lugar de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2. Que la actora le comunicó a su jefatura directa lo ocurrido, sin embargo ella se retiró el día 4 de diciembre de 2010 a su domicilio sin recibir atención médica. Hecho que consta de los dichos de la propia actora, como también del testigo de la demandada, don Marcelo Hernández Aguilera, quien al respecto declara: me enteré el lunes 7 de diciembre de 2009, me informaron que la actora el día viernes había sido picada por un insecto, eso me lo comunicó la Jefa Ximena Neira. 3. Que al día siguiente de ocurrida la picadura, la actora concurrió al SAPU correspondiente a su domicilio donde le habrían informado acerca de que aparentemente la mordió una araña de rincón, pero no le indican tratamiento. Hecho que se acredita con la investigación de la AChS y los dichos de la actora al absolver posiciones. 4. Que el lunes 7 de diciembre de 2009, la actora consigue ser atendida en el Hospital del Profesor donde le sugieren que concurra a la AChS Maipú, donde fue derivada por la empresa. Este hecho se acredita con los dichos de la actora, y los dichos del testigo de la demandada, don Marcelo Hernández Aguilera. 5. Que según informe médico N° 378.08.10 emitido por la AChS y suscrito por el Dr. Rainhold García Sraube, la actora consultó el 7 de diciembre de 2009, al momento de la consulta destacaba intenso dolor en la pierna con aumento en zona redondeada y adematosa y con una ampolla central. Presentó náuseas y mareos, quedando hospitalizada por diagnóstico de loxocelismo cutáneo. 6. Que según da cuenta la ficha clínica de la actora fue intervenida en tres oportunidades, una de las cuales se le practicó injerto, el que fracasó. 7. Que fue dada de alta el 5 de mayo de 2010, según consta del informe médico de la AChS. 8 Que a la época de ocurrido el hecho, la demandada contaba con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el que fue incorporado en la audiencia de juicio, no existiendo constancia que la actora haya tomado conocimiento de dicho antecedente como tampoco que se le haya otorgado copia del mismo. 9. Que la demandada contaba con un Prevencionista de Riesgos a la época del accidente siendo este don Marcelo Hernández Aguilera según consta del informe evacuado por éste y su testimonio, mas este no tomó conocimiento del hecho ocurrido a la actora, sino hasta el lunes 7 de diciembre de 2010, según consta de sus propios dichos. 10. Que la empresa contaba con personal de aseo, hecho que se acredita con los dichos de la actora y de la testigo doña Gianina Valeska Lepe Paredes, mas no se acredita que existiera una empresa especializada contratada por la demandada, por cuanto tanto el contrato que se incorpora por la demandada como el programa de aseo de la empresa Sercatch, se le restará valor probatorio toda vez que no registra firma alguna e incluso contiene varios espacios en blanco, y al leer el programa más pareciera ser que se trata de una cotización. 11. Que se encuentra acreditado mediante certificado que en la empresa el 30 de noviembre de 2009 se habría efectuado una sanitización en baños, oficinas y dependencias en general por la empresa Suárez Suárez. NOVENO: Que, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Que para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador, y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. Que respecto del primero de los requisitos, cabe destacar que el hecho de la picadura de araña ocurrió dentro de la empresa demandada, mientras la actora se encontraba en su horario de trabajo y en su puesto de trabajo. Que si bien no se ha logrado determinar, si la araña de rincón que picó a la actora se encontraba en el interior del lugar donde presta sus funciones o bien si el insecto lo traía la actora desde el exterior, donde había tomado recientemente el break, sí se logró acreditar que el insecto estaba en el lugar de

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trabajo de la actora, no pudiendo determinarse con precisión si en el interior o exterior de sus dependencias. Que sin embargo, tal situación no exime de responsabilidad a la demandada, por cuanto según el informe de la investigación practicado por la AChS, la causa del accidente se debió a que en el call center donde la actora sufrió el accidente se trabaja con las puertas abiertas, lo que permite el ingreso de vectores desde el exterior. Ello sin perjuicio que también ha quedado demostrado con la declaración de la testigo doña Gianina Valeska Lepe Paredes que el aseo que se realiza al interior de las dependencias de la empresa y concretamente donde laboraba la actora es insuficiente, por cuanto si bien existe personal de aseo, este no se realiza en profundidad según manifiesta, lo que se condice con el hecho que la empresa funciona en forma ininterrumpida las 24 horas en turnos, según los propios dichos de la demandada, lo que impide realizar un aseo profundo, no habiéndose tampoco acreditado lo contrario. Que a su vez, no obstante haberse incorporado por la demandada un certificado de sanitización, dicho antecedente es insuficiente para concluir que el lugar de trabajo se encontraba libre de todo insecto, más aún cuando las máximas de la experiencia nos indican que el procedimiento de sanitización debe realizarse sin la presencia de personas en el lugar, hecho que no se acreditó. Que de acuerdo a lo razonado, es posible concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, toda vez que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no mantener un aseo estricto y tampoco mantener las puertas cerradas a fin de impedir el ingreso de vectores a sus dependencias, como tampoco, se instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio que alberga a la empresa demandada, de manera tal que en la especie concurre el primero de los requisitos señalados. Que por otra parte, el hecho de que la trabajadora haya sido picada por una araña mientras laboraba en las circunstancias ya descritas y habiendo además tomado conocimiento al ocurrir el hecho, su jefa directa, la que no informó al encargado de prevención de riesgos, ni adoptó medida alguna tendiente a lo menos a averiguar lo sucedido a la actora, significa que no se dio cumplimiento del deber de protección que exige el legislador al empleador, por cuanto es su obligación el uso de medidas de seguridad, de resguardar su vida y salud de manera eficiente. Que así las cosas, es posible concluir que en la especie existió culpa por parte del empleador, al menos levísima, en el cumplimiento de su obligación legal de seguridad, razón por la que concurre también el segundo de los requisitos. DÉCIMO: Que en cuanto al tercer requisito, atendidos los hechos establecidos en esta causa, es posible tener por acreditada la existencia de un daño moral en la actora, entendido como el dolor y sufrimiento del mismo, para lo cual habrá de tenerse en consideración que se trata de una mujer de 27 años de edad, cuyo daño físico se produjo en la pantorrilla izquierda, lo que se aprecia a simple vista, toda vez que observada por esta juez se advierte una pérdida de tejido en la zona y una cicatriz, lo que se traduce en que la actora se vea impedida de usar falda y mostrar su pierna por un lapso no determinado. Que a su vez, dicha lesión indudablemente se encuentra asociada a un dolor físico, lo que se acredita no solo con la ficha médica de la actora sino también por los principios de la lógica y máximas de experiencia. Que cabe también considerar dentro de este sufrimiento la circunstancia que la actora debió permanecer hospitalizada un mes. UNDÉCIMO: Que no obstante lo razonado en el considerando anterior, en cuanto a la extensión del daño corporal sufrido por la actora, como también el sufrimiento psicológico, y para los efectos de cuantificar el daño que demanda, cabe señalar que no existe declaración de incapacidad al respecto, que tampoco se acreditó médicamente la circunstancia alegada por la actora en su demanda en cuanto habría quedado con algún grado de cojera a raíz de la picadura, teniendo además en cuenta que esta fue dada de alta y actualmente sigue prestando servicios para la demandada, es posible establecer que el daño moral que se demanda se verá resarcido suficientemente con la suma de $ 10.000.000, suma que deberá reajustarse y devengará intereses corrientes, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. DUODÉCIMO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo antes concluido, razón por la cual se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos.

trabajo de la actora, no pudiendo determinarse con precisión si en el interior o exterior de sus dependencias. Que sin embargo, tal situación no exime de responsabilidad a la demandada, por cuanto según el informe de la investigación practicado por la AChS, la causa del accidente se debió a que en el call center donde la actora sufrió el accidente se trabaja con las puertas abiertas, lo que permite el ingreso de vectores desde el exterior. Ello sin perjuicio que también ha quedado demostrado con la declaración de la testigo doña Gianina Valeska Lepe Paredes que el aseo que se realiza al interior de las dependencias de la empresa y concretamente donde laboraba la actora es insuficiente, por cuanto si bien existe personal de aseo, este no se realiza en profundidad según manifiesta, lo que se condice con el hecho que la empresa funciona en forma ininterrumpida las 24 horas en turnos, según los propios dichos de la demandada, lo que impide realizar un aseo profundo, no habiéndose tampoco acreditado lo contrario. Que a su vez, no obstante haberse incorporado por la demandada un certificado de sanitización, dicho antecedente es insuficiente para concluir que el lugar de trabajo se encontraba libre de todo insecto, más aún cuando las máximas de la experiencia nos indican que el procedimiento de sanitización debe realizarse sin la presencia de personas en el lugar, hecho que no se acreditó. Que de acuerdo a lo razonado, es posible concluir que ha cabido responsabilidad a la demandada, toda vez que no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores, al no mantener un aseo estricto y tampoco mantener las puertas cerradas a fin de impedir el ingreso de vectores a sus dependencias, como tampoco, se instruyó a los trabajadores acerca de la existencia de vectores en el exterior del edificio que alberga a la empresa demandada, de manera tal que en la especie concurre el primero de los requisitos señalados. Que por otra parte, el hecho de que la trabajadora haya sido picada por una araña mientras laboraba en las circunstancias ya descritas y habiendo además tomado conocimiento al ocurrir el hecho, su jefa directa, la que no informó al encargado de prevención de riesgos, ni adoptó medida alguna tendiente a lo menos a averiguar lo sucedido a la actora, significa que no se dio cumplimiento del deber de protección que exige el legislador al empleador, por cuanto es su obligación el uso de medidas de seguridad, de resguardar su vida y salud de manera eficiente. Que así las cosas, es posible concluir que en la especie existió culpa por parte del empleador, al menos levísima, en el cumplimiento de su obligación legal de seguridad, razón por la que concurre también el segundo de los requisitos. DÉCIMO: Que en cuanto al tercer requisito, atendidos los hechos establecidos en esta causa, es posible tener por acreditada la existencia de un daño moral en la actora, entendido como el dolor y sufrimiento del mismo, para lo cual habrá de tenerse en consideración que se trata de una mujer de 27 años de edad, cuyo daño físico se produjo en la pantorrilla izquierda, lo que se aprecia a simple vista, toda vez que observada por esta juez se advierte una pérdida de tejido en la zona y una cicatriz, lo que se traduce en que la actora se vea impedida de usar falda y mostrar su pierna por un lapso no determinado. Que a su vez, dicha lesión indudablemente se encuentra asociada a un dolor físico, lo que se acredita no solo con la ficha médica de la actora sino también por los principios de la lógica y máximas de experiencia. Que cabe también considerar dentro de este sufrimiento la circunstancia que la actora debió permanecer hospitalizada un mes. UNDÉCIMO: Que no obstante lo razonado en el considerando anterior, en cuanto a la extensión del daño corporal sufrido por la actora, como también el sufrimiento psicológico, y para los efectos de cuantificar el daño que demanda, cabe señalar que no existe declaración de incapacidad al respecto, que tampoco se acreditó médicamente la circunstancia alegada por la actora en su demanda en cuanto habría quedado con algún grado de cojera a raíz de la picadura, teniendo además en cuenta que esta fue dada de alta y actualmente sigue prestando servicios para la demandada, es posible establecer que el daño moral que se demanda se verá resarcido suficientemente con la suma de $ 10.000.000, suma que deberá reajustarse y devengará intereses corrientes, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. DUODÉCIMO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo antes concluido, razón por la cual se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil once. VISTOS: 1°) Que, en esta causa Rit O 1765-2010, recurre de nulidad la defensa de la demandada –y también la demandante como se indicará más abajo– en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, que acoge la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, presentada por doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, en contra de su empleador Emergia Contac Center SL Chile Ltda., persona jurídica del giro call center, representada por don Ángel Gavela Marquina. 2°) Que el recurso de nulidad invoca, conjuntamente, las causales previstas en el artículo 477 del Código del Trabajo, en cuanto el fallo infringe lo previsto en los artículos 184, referido texto legal, 1547 del Código Civil y 69 de la ley N° 16.744 sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y las contenidas en las letras b) y c) del artículo 478, del estatuto laboral. 3°) Respecto a la primera de las causales invocadas, el empleador la sustenta en la decisión, a su juicio errada, de hacer una errónea aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo por cuanto no resulta procedente exigir una conducta que va más allá de la que ha exigido el legislador, como sería la de impedir que un arácnido ingrese desde la calle y que cause una lesión a un trabajador, no obstante las labores de limpieza que se realizan diariamente en las dependencias de la empleadora y de las actividades de sanitización que se hacen cada 15 días en dicho lugar; sostiene, asimismo, que se infringe el artículo 1547 del Código Civil, pues los hechos probados en la causa conducen a concluir que el accidente sufrido por la demandante se ha debido a fuerza mayor o caso fortuito del cual no es responsable su empleadora. Agrega, que se infringe la disposición del artículo 69 de la ley N° 16.744, en cuanto ordena el pago de intereses conforme al artículo 63 del Código Laboral, en circunstancias el pago de ellos se rigen por las normas del derecho común. 4°) Que con el mérito de los antecedentes, se advierte inequívocamente que la acción deducida por la trabajadora fue la de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo de conformidad al artículo 184 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 11 y 37 del DS. N° 594 del Ministerio de Salud, solicitándose la suma de $ 50.000.000 por los graves daños que se le produjeron –incluso con grave deformación en su pierna– al ser picada por una araña en su lugar de trabajo. Siendo tal la naturaleza

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II. CORTE DE APELACIONES

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 63, 184 y 446 a 462 del Código del Trabajo, ley Nº 16.744 y decreto supremo 549, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: I. Que SE ACOGE la demanda de autos interpuesta por doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, en contra de Emergia Contact Center SL Chile Limitada, representada por don Ángel Gavela Marquina, solo en cuanto se condena a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos), por concepto de daño moral sufrido a consecuencia de la picadura de araña de rincón que tuvo lugar en su lugar de trabajo con fecha 4 de diciembre de 2009, suma que deberá reajustarse y devengará intereses conforme a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. II. Que atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas. Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, bajo apercibimiento de pasar los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT: O 1765 2010. RUC: 10 4 0030802 6. Dictada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT: O 1765 2010 RUC: 10 4 0030802 6 Pronunciada por don (ña) Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a veintinueve de septiembre de dos mil diez, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 63, 184 y 446 a 462 del Código del Trabajo, ley Nº 16.744 y decreto supremo 549, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: I. Que SE ACOGE la demanda de autos interpuesta por doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, en contra de Emergia Contact Center SL Chile Limitada, representada por don Ángel Gavela Marquina, solo en cuanto se condena a la demandada a pagar a la actora la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos), por concepto de daño moral sufrido a consecuencia de la picadura de araña de rincón que tuvo lugar en su lugar de trabajo con fecha 4 de diciembre de 2009, suma que deberá reajustarse y devengará intereses conforme a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo, entre la fecha que la sentencia quede ejecutoriada y el pago efectivo. II. Que atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas. Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, bajo apercibimiento de pasar los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT: O 1765 2010. RUC: 10 4 0030802 6. Dictada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT: O 1765 2010 RUC: 10 4 0030802 6 Pronunciada por don (ña) Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a veintinueve de septiembre de dos mil diez, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

II. CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil once. VISTOS: 1°) Que, en esta causa Rit O 1765-2010, recurre de nulidad la defensa de la demandada –y también la demandante como se indicará más abajo– en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, que acoge la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, presentada por doña Carolina del Pilar Muñoz Carrasco, en contra de su empleador Emergia Contac Center SL Chile Ltda., persona jurídica del giro call center, representada por don Ángel Gavela Marquina. 2°) Que el recurso de nulidad invoca, conjuntamente, las causales previstas en el artículo 477 del Código del Trabajo, en cuanto el fallo infringe lo previsto en los artículos 184, referido texto legal, 1547 del Código Civil y 69 de la ley N° 16.744 sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y las contenidas en las letras b) y c) del artículo 478, del estatuto laboral. 3°) Respecto a la primera de las causales invocadas, el empleador la sustenta en la decisión, a su juicio errada, de hacer una errónea aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo por cuanto no resulta procedente exigir una conducta que va más allá de la que ha exigido el legislador, como sería la de impedir que un arácnido ingrese desde la calle y que cause una lesión a un trabajador, no obstante las labores de limpieza que se realizan diariamente en las dependencias de la empleadora y de las actividades de sanitización que se hacen cada 15 días en dicho lugar; sostiene, asimismo, que se infringe el artículo 1547 del Código Civil, pues los hechos probados en la causa conducen a concluir que el accidente sufrido por la demandante se ha debido a fuerza mayor o caso fortuito del cual no es responsable su empleadora. Agrega, que se infringe la disposición del artículo 69 de la ley N° 16.744, en cuanto ordena el pago de intereses conforme al artículo 63 del Código Laboral, en circunstancias el pago de ellos se rigen por las normas del derecho común. 4°) Que con el mérito de los antecedentes, se advierte inequívocamente que la acción deducida por la trabajadora fue la de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo de conformidad al artículo 184 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 11 y 37 del DS. N° 594 del Ministerio de Salud, solicitándose la suma de $ 50.000.000 por los graves daños que se le produjeron –incluso con grave deformación en su pierna– al ser picada por una araña en su lugar de trabajo. Siendo tal la naturaleza

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

267

de la acción, el fallo acertadamente acude a lo previsto en el artículo 184 del código del ramo para dejar establecido, irrefutablemente, y con los medios de prueba legal, apreciados conforme las reglas de la sana crítica, que hubo incumplimiento del empleador en su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador y que dicho incumplimiento ha ocasionado perjuicios al trabajador. Lo que se acreditó con la testimonial rendida en la causa así como los informes médicos presentados en el juicio. Por lo demás, la referencia que el recurrente realiza al artículo 1547 del Código Civil, no ha sido demostrado por la recurrente, sino todo lo contrario, puesto que cuando la trabajadora al comunicar de la picadura a su jefa directa, ésta no informó al encargado de prevención de riesgo, ni adoptó medida alguna tendiente a lo menos a averiguar lo que le había sucedido, siendo un hecho previsible en su resultado al tratarse de un lugar en que no hay adecuadas medidas de higiene, se trabaja con las puertas abiertas y en turno de 24 horas, lo que conlleva a demostrar que no es posible realizar un aseo profundo necesario, tal como lo indica la sentencia atacada de nulidad. De otra parte, esta Corte no puede compartir la distinción que ensaya el demandado respecto del pago de los intereses, por cuanto se trata de un accidente laboral en que se ordena un pago conforme a las normas del Código del Ramo, razones por las cuales impiden que el recurso, en lo referido a esta causal, pueda prosperar. 5°) Que, las causales de las letras b) y c) del artículo 478, se fundan en la circunstancia de no haber el juez analizado la prueba rendida por las partes, según las reglas de la sana crítica. Y que, según los hechos que la misma sentencia da por probados en su considerando octavo, conducen a una calificación jurídica distinta a la que hace la referida sentencia, esto es, que su representada dio estricto cumplimiento a la obligación de protección y seguridad de la vida y salud de sus trabajadores que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo. 6°). Que la parte demandante a fojas 28 dedujo recurso de nulidad, fundándose en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo y que la hace consistir en la errónea apreciación de la prueba rendida conforme la sana crítica, lo que determinó que la cantidad establecida como monto de indemnización no se condice con la real y efectiva entidad del daño moral producido, resultando vulnerado el derecho de la actora a su integridad física y psíquica. 7°) Que respecto a los precedentes motivos de impugnación, tanto de la demandante como de la demandada, se advierte que ambos pretenden, en definitiva, una valoración de los elementos que menciona, buscando por esta vía, una decisión distinta a la adoptada, con un análisis de elementos probatorios que estima no han sido adecuadamente considerados. Al respecto, cabe señalar que la sentencia contiene el análisis de toda la prueba rendida, el razonamiento plasmado en la valoración de los hechos a la luz de las máximas de experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados en la sentencia, permiten justificar la decisión de condenar y por el monto que se ha establecido, análisis que se refleja en sus motivos octavo y undécimo del fallo recurrido, motivos que imponen también el rechazo del recurso por las causales precedentemente analizadas. Y atendido, además, lo previsto en el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo, se rechazan los recursos de nulidad deducido a fojas 18 y 28, en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, con costas. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Elgueta. N° Reforma Laboral 1440-2010. No firma el abogado integrante señor Guerrero, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por ausencia. Pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Emilio Elgueta Torres y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

de la acción, el fallo acertadamente acude a lo previsto en el artículo 184 del código del ramo para dejar establecido, irrefutablemente, y con los medios de prueba legal, apreciados conforme las reglas de la sana crítica, que hubo incumplimiento del empleador en su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador y que dicho incumplimiento ha ocasionado perjuicios al trabajador. Lo que se acreditó con la testimonial rendida en la causa así como los informes médicos presentados en el juicio. Por lo demás, la referencia que el recurrente realiza al artículo 1547 del Código Civil, no ha sido demostrado por la recurrente, sino todo lo contrario, puesto que cuando la trabajadora al comunicar de la picadura a su jefa directa, ésta no informó al encargado de prevención de riesgo, ni adoptó medida alguna tendiente a lo menos a averiguar lo que le había sucedido, siendo un hecho previsible en su resultado al tratarse de un lugar en que no hay adecuadas medidas de higiene, se trabaja con las puertas abiertas y en turno de 24 horas, lo que conlleva a demostrar que no es posible realizar un aseo profundo necesario, tal como lo indica la sentencia atacada de nulidad. De otra parte, esta Corte no puede compartir la distinción que ensaya el demandado respecto del pago de los intereses, por cuanto se trata de un accidente laboral en que se ordena un pago conforme a las normas del Código del Ramo, razones por las cuales impiden que el recurso, en lo referido a esta causal, pueda prosperar. 5°) Que, las causales de las letras b) y c) del artículo 478, se fundan en la circunstancia de no haber el juez analizado la prueba rendida por las partes, según las reglas de la sana crítica. Y que, según los hechos que la misma sentencia da por probados en su considerando octavo, conducen a una calificación jurídica distinta a la que hace la referida sentencia, esto es, que su representada dio estricto cumplimiento a la obligación de protección y seguridad de la vida y salud de sus trabajadores que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo. 6°). Que la parte demandante a fojas 28 dedujo recurso de nulidad, fundándose en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo y que la hace consistir en la errónea apreciación de la prueba rendida conforme la sana crítica, lo que determinó que la cantidad establecida como monto de indemnización no se condice con la real y efectiva entidad del daño moral producido, resultando vulnerado el derecho de la actora a su integridad física y psíquica. 7°) Que respecto a los precedentes motivos de impugnación, tanto de la demandante como de la demandada, se advierte que ambos pretenden, en definitiva, una valoración de los elementos que menciona, buscando por esta vía, una decisión distinta a la adoptada, con un análisis de elementos probatorios que estima no han sido adecuadamente considerados. Al respecto, cabe señalar que la sentencia contiene el análisis de toda la prueba rendida, el razonamiento plasmado en la valoración de los hechos a la luz de las máximas de experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados en la sentencia, permiten justificar la decisión de condenar y por el monto que se ha establecido, análisis que se refleja en sus motivos octavo y undécimo del fallo recurrido, motivos que imponen también el rechazo del recurso por las causales precedentemente analizadas. Y atendido, además, lo previsto en el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo, se rechazan los recursos de nulidad deducido a fojas 18 y 28, en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, con costas. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Elgueta. N° Reforma Laboral 1440-2010. No firma el abogado integrante señor Guerrero, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por ausencia. Pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Emilio Elgueta Torres y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, diecisiete de agosto de 2010. VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ha comparecido a este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, don Juan Miguel Ramírez Ortubia, en representación de don Jorge Hernán Medina Chacón, empleado, ambos domiciliados en calle San Isidro N° 169, comuna de Santiago, quien interpone demanda en juicio ordinario laboral, por accidente del trabajo, en contra de su ex empleadora, Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., legalmente representada por don Francisco Rafael Manterola Cabrera, ambos domiciliados en Avenida del Cóndor N° 600, piso 4, comuna de Huechuraba, y solidariamente, en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), representada legalmente por don José Pablo Arellano Marín, ambos domiciliados en calle Huérfanos N° 1270, comuna de Santiago, con la finalidad de que sean condenadas al pago de las siguientes prestaciones: a) $ 180.000.000. por indemnización de daño moral, b) $ 30.000.000. por indemnización por hecho dañoso, y en subsidio, las cantidades que el Tribunal determine de acuerdo a la equidad, justicia y el mérito del proceso, más intereses y reajustes establecidos en el artículo 63 del Código del Trabajo, con expresa condenación en costas. Funda su acción en el hecho de haber ingresado a prestar servicios para la demandada Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., bajo vínculo de subordinación y dependencia, con fecha 01 de septiembre de 2007, cumpliendo funciones de jornalero, en jornada de lunes a domingo de 6 por 1, 6 por 2 y 6 por 3, con una hora de colación, percibiendo por la prestación de sus servicios la cantidad de $ 220.364., complementado con un bono de locomoción de $ 55.000. y uno de colación de $ 40.000. atendida la circunstancia que desarrollaría sus funciones en la obra transitoria denominada Servicio Mantención Canaleta de Relave para solventar los gastos de traslado y alimentación. Refiere que con fecha 23 de abril de 2009, mientras se encontraba laborando en jornada ordinaria de trabajo, don Víctor Ahumada, supervisor de turno, le ordenó junto a su compañero Cristián Droguett Pérez, concurrir a inspeccionar la canaleta de relave de propiedad de Codelco Chile, a cargo de la demandada principal, quien fue subcontratada para la mantención de dicha obra, señalando que al inicio de la jornada no hubo charla de seguridad para el turno, que se extendía desde las 24:00 hasta las 08:00 horas, motivo por el que solicitó al supervisor no realizar la inspección ese día, lo que fue rechazado, siendo así, que, junto a su compañero, quien no tenía la calidad de chofer, circunstancia conocida por la empresa, comenzaron a bajar en dirección Este Oeste, por la Ruta denominada Del ácido, a las 05:45 horas, en plena faena de Inspección, el vehículo conducido por el señor Droguett, perdió el control, volcándose a un costado del camino, siendo llevado de inmediato al Hospital Clínico Mutual de Seguridad de Rancagua, y desde ahí, derivado al Hospital Clínico Fusta Rancagua, donde estuvo varios días sin recobrar el conocimiento. Indica que con motivo del accidente sufrió un traumatismo encéfalo craneano, lo que le ha producido una serie de consecuencias en su estado de salud, que le impiden ser una persona independiente y autónoma como lo era antes del accidente, entre ellas, una alteración de memoria a mediano y corto plazo, dificultad para el pensamiento abstracto y rapidez de pensamiento, alteración de percepciones espaciales, y de tiempo, falta de iniciativa y pro actividad para iniciar actividades, alteración en la atención dividida y cambios de personalidad, demostrando un comportamiento agresivo, señalando que por estas razones, y sin mediar negligencia de su parte, se provocó el evento que hoy lo tiene en la situación médica que presenta y con los daños físicos, síquicos y emocionales que ha sufrido, todas las cuales son consecuencia inmediata y directa del accidente del trabajo y tienen carácter de irreversibles. Sostiene que su empleador incurrió en infracción a la obligación de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, lo que da origen a su responsabilidad contractual, obligación que se resuelve en la de indemnizar los daños provocados en su persona con dicho incumplimiento, y que

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1184-2010 Cita online: CL/JUR/16346/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1184-2010 Cita online: CL/JUR/16346/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, diecisiete de agosto de 2010. VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que ha comparecido a este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, don Juan Miguel Ramírez Ortubia, en representación de don Jorge Hernán Medina Chacón, empleado, ambos domiciliados en calle San Isidro N° 169, comuna de Santiago, quien interpone demanda en juicio ordinario laboral, por accidente del trabajo, en contra de su ex empleadora, Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., legalmente representada por don Francisco Rafael Manterola Cabrera, ambos domiciliados en Avenida del Cóndor N° 600, piso 4, comuna de Huechuraba, y solidariamente, en contra de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), representada legalmente por don José Pablo Arellano Marín, ambos domiciliados en calle Huérfanos N° 1270, comuna de Santiago, con la finalidad de que sean condenadas al pago de las siguientes prestaciones: a) $ 180.000.000. por indemnización de daño moral, b) $ 30.000.000. por indemnización por hecho dañoso, y en subsidio, las cantidades que el Tribunal determine de acuerdo a la equidad, justicia y el mérito del proceso, más intereses y reajustes establecidos en el artículo 63 del Código del Trabajo, con expresa condenación en costas. Funda su acción en el hecho de haber ingresado a prestar servicios para la demandada Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., bajo vínculo de subordinación y dependencia, con fecha 01 de septiembre de 2007, cumpliendo funciones de jornalero, en jornada de lunes a domingo de 6 por 1, 6 por 2 y 6 por 3, con una hora de colación, percibiendo por la prestación de sus servicios la cantidad de $ 220.364., complementado con un bono de locomoción de $ 55.000. y uno de colación de $ 40.000. atendida la circunstancia que desarrollaría sus funciones en la obra transitoria denominada Servicio Mantención Canaleta de Relave para solventar los gastos de traslado y alimentación. Refiere que con fecha 23 de abril de 2009, mientras se encontraba laborando en jornada ordinaria de trabajo, don Víctor Ahumada, supervisor de turno, le ordenó junto a su compañero Cristián Droguett Pérez, concurrir a inspeccionar la canaleta de relave de propiedad de Codelco Chile, a cargo de la demandada principal, quien fue subcontratada para la mantención de dicha obra, señalando que al inicio de la jornada no hubo charla de seguridad para el turno, que se extendía desde las 24:00 hasta las 08:00 horas, motivo por el que solicitó al supervisor no realizar la inspección ese día, lo que fue rechazado, siendo así, que, junto a su compañero, quien no tenía la calidad de chofer, circunstancia conocida por la empresa, comenzaron a bajar en dirección Este Oeste, por la Ruta denominada Del ácido, a las 05:45 horas, en plena faena de Inspección, el vehículo conducido por el señor Droguett, perdió el control, volcándose a un costado del camino, siendo llevado de inmediato al Hospital Clínico Mutual de Seguridad de Rancagua, y desde ahí, derivado al Hospital Clínico Fusta Rancagua, donde estuvo varios días sin recobrar el conocimiento. Indica que con motivo del accidente sufrió un traumatismo encéfalo craneano, lo que le ha producido una serie de consecuencias en su estado de salud, que le impiden ser una persona independiente y autónoma como lo era antes del accidente, entre ellas, una alteración de memoria a mediano y corto plazo, dificultad para el pensamiento abstracto y rapidez de pensamiento, alteración de percepciones espaciales, y de tiempo, falta de iniciativa y pro actividad para iniciar actividades, alteración en la atención dividida y cambios de personalidad, demostrando un comportamiento agresivo, señalando que por estas razones, y sin mediar negligencia de su parte, se provocó el evento que hoy lo tiene en la situación médica que presenta y con los daños físicos, síquicos y emocionales que ha sufrido, todas las cuales son consecuencia inmediata y directa del accidente del trabajo y tienen carácter de irreversibles. Sostiene que su empleador incurrió en infracción a la obligación de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, lo que da origen a su responsabilidad contractual, obligación que se resuelve en la de indemnizar los daños provocados en su persona con dicho incumplimiento, y que

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se traducen en $ 180.000.000. por daño moral, resultando evidente y entendible que ninguna cantidad de dinero le devolverá su estado de plenitud física para el trabajo y para toda la vida que tenía antes de sufrir el accidente laboral al que se une un daño sicológico y familiar, las gravísimas lesiones que le ocasionó, además de la incapacidad cuyo porcentaje se determinará en la oportunidad correspondiente, y del mismo modo, debido a que el accidente ha afectado gravemente su vida laboral y cotidiana, pues no escucha a sus hijos, su esposa y amigos, y además, al haber sido catalogado como inválido total, ve absolutamente mermadas sus posibilidades para trabajar y producir dinero para la mantención de su familia, por lo que solicita como indemnización derivada de la pérdida de audición en el oído derecho la suma de $ 30.000.000. por concepto de hecho dañoso. SEGUNDO: Que la demandada, Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., en tiempo y forma, comparece formulando excepción de incompetencia, contestando en subsidio, solicitando el total rechazo de la demanda, con costas. Indica que con fecha 26 de septiembre, el actor ingresó a prestar servicios para su representada como jornal de mantención, en la obra denominada Servicio Mantención Canaleta Relaves División El Teniente, tomando conocimiento, suscribiendo y recibiendo copias del contrato de trabajo, del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, así como de charlas de seguridad, de inducción medioambiental, de elementos de prevención de riesgos en la minería y análisis de riesgos del trabajo, cumpliendo estrictamente con las normas de contratación establecidas en la ley, señalando que conforme al anexo de contrato, el demandante percibía la cantidad de $ 238.326. por concepto de sueldo base, más el 25% de gratificación. Respecto del accidente, refiere que el día 23 de abril de 2009, aproximadamente siendo las 06:00 a.m., una vez concluido su turno de trabajo, el actor se dirigía a su domicilio desde el lugar de labores, en compañía de don Cristián Droguett Pérez, quien conducía la camioneta proporcionada para dichos efectos por la empresa, por la ruta denominada Del ácido, en sentido Este Oeste, cuando, a la altura del kilómetro 24,5 se cruzó un perro, frenando el conductor con el objeto de no embestir al animal, pero el demandante estiró el brazo hacia el manubrio y dificultó la maniobra del señor Droguett, quien perdió el control del vehículo, haciendo un trompo y quedando volcado éste de costado en una zanja lateral, mirando al sentido contrario en que se desplazaba, pero al mismo lado de la vía. Indica que aun cuando el golpe provocado por el accidente de tránsito fue recibido directamente por el chofer, señor Droguett, al golpear el lado del conductor la zanja, éste sólo sufrió lesiones muy menores, sin embargo, el actor quedó inconsciente pues su cabeza golpeó el parabrisas del vehículo, lo que se produjo por haber éste soltado con anterioridad al accidente, su cinturón de seguridad, para dormir más cómodo, circunstancia que no fue percibida por el conductor sino hasta que el accidente acaeció. Una vez que el chofer logró salir de la camioneta, pidió ayuda a otro móvil que circulaba por el lugar y llamó a la empresa, activándose los procedimientos dispuestos para estos efectos, dando inmediato aviso a la Mutual de Seguridad, entidad que envió una ambulancia, y que socorrió prontamente al trabajador herido, señalando que, debido a que el accidente se produjo con ocasión del trabajo, y cuando el actor volvía a su domicilio, éste fue calificado como accidente de trayecto. Alega que una vez efectuadas las investigaciones pertinentes, se pudo determinar que el accidente y sus consecuencias se produjeron por exclusiva negligencia e imprudencia de los trabajadores accidentados, pues conducían a exceso de velocidad, no atentos a las condiciones del tránsito, y por la interferencia del actor en la conducción, y debido a que éste no llevaba puesto su cinturón de seguridad, pudiendo, además, comprobarse que el señor Droguett contaba con la licencia correspondiente para conducir, que la camioneta se encontraba en perfectas condiciones mecánicas y con toda su documentación al día, circunstancias todas que fueron ratificadas por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que dejó establecido que los trabajadores no cumplieron con la normativa de seguridad de la empresa, declarando su negligencia inexcusable, haciendo presente que, al inicio del turno respectivo, ambos trabajadores accidentados realizaron el denominado AST, que es un análisis de riesgo del trabajo, en el cual se determinaron los riesgos potenciales del trabajo a efectuar y las medidas necesarias para controlar éstos, documento que se encuentra firmado por el actor. Señala que en conformidad a lo anterior, ambos trabajadores conocían perfectamente los riesgos de las labores y las medidas para evitarlos, cuestión que no cumplieron, por lo que el accidente se

se traducen en $ 180.000.000. por daño moral, resultando evidente y entendible que ninguna cantidad de dinero le devolverá su estado de plenitud física para el trabajo y para toda la vida que tenía antes de sufrir el accidente laboral al que se une un daño sicológico y familiar, las gravísimas lesiones que le ocasionó, además de la incapacidad cuyo porcentaje se determinará en la oportunidad correspondiente, y del mismo modo, debido a que el accidente ha afectado gravemente su vida laboral y cotidiana, pues no escucha a sus hijos, su esposa y amigos, y además, al haber sido catalogado como inválido total, ve absolutamente mermadas sus posibilidades para trabajar y producir dinero para la mantención de su familia, por lo que solicita como indemnización derivada de la pérdida de audición en el oído derecho la suma de $ 30.000.000. por concepto de hecho dañoso. SEGUNDO: Que la demandada, Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A., en tiempo y forma, comparece formulando excepción de incompetencia, contestando en subsidio, solicitando el total rechazo de la demanda, con costas. Indica que con fecha 26 de septiembre, el actor ingresó a prestar servicios para su representada como jornal de mantención, en la obra denominada Servicio Mantención Canaleta Relaves División El Teniente, tomando conocimiento, suscribiendo y recibiendo copias del contrato de trabajo, del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, así como de charlas de seguridad, de inducción medioambiental, de elementos de prevención de riesgos en la minería y análisis de riesgos del trabajo, cumpliendo estrictamente con las normas de contratación establecidas en la ley, señalando que conforme al anexo de contrato, el demandante percibía la cantidad de $ 238.326. por concepto de sueldo base, más el 25% de gratificación. Respecto del accidente, refiere que el día 23 de abril de 2009, aproximadamente siendo las 06:00 a.m., una vez concluido su turno de trabajo, el actor se dirigía a su domicilio desde el lugar de labores, en compañía de don Cristián Droguett Pérez, quien conducía la camioneta proporcionada para dichos efectos por la empresa, por la ruta denominada Del ácido, en sentido Este Oeste, cuando, a la altura del kilómetro 24,5 se cruzó un perro, frenando el conductor con el objeto de no embestir al animal, pero el demandante estiró el brazo hacia el manubrio y dificultó la maniobra del señor Droguett, quien perdió el control del vehículo, haciendo un trompo y quedando volcado éste de costado en una zanja lateral, mirando al sentido contrario en que se desplazaba, pero al mismo lado de la vía. Indica que aun cuando el golpe provocado por el accidente de tránsito fue recibido directamente por el chofer, señor Droguett, al golpear el lado del conductor la zanja, éste sólo sufrió lesiones muy menores, sin embargo, el actor quedó inconsciente pues su cabeza golpeó el parabrisas del vehículo, lo que se produjo por haber éste soltado con anterioridad al accidente, su cinturón de seguridad, para dormir más cómodo, circunstancia que no fue percibida por el conductor sino hasta que el accidente acaeció. Una vez que el chofer logró salir de la camioneta, pidió ayuda a otro móvil que circulaba por el lugar y llamó a la empresa, activándose los procedimientos dispuestos para estos efectos, dando inmediato aviso a la Mutual de Seguridad, entidad que envió una ambulancia, y que socorrió prontamente al trabajador herido, señalando que, debido a que el accidente se produjo con ocasión del trabajo, y cuando el actor volvía a su domicilio, éste fue calificado como accidente de trayecto. Alega que una vez efectuadas las investigaciones pertinentes, se pudo determinar que el accidente y sus consecuencias se produjeron por exclusiva negligencia e imprudencia de los trabajadores accidentados, pues conducían a exceso de velocidad, no atentos a las condiciones del tránsito, y por la interferencia del actor en la conducción, y debido a que éste no llevaba puesto su cinturón de seguridad, pudiendo, además, comprobarse que el señor Droguett contaba con la licencia correspondiente para conducir, que la camioneta se encontraba en perfectas condiciones mecánicas y con toda su documentación al día, circunstancias todas que fueron ratificadas por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que dejó establecido que los trabajadores no cumplieron con la normativa de seguridad de la empresa, declarando su negligencia inexcusable, haciendo presente que, al inicio del turno respectivo, ambos trabajadores accidentados realizaron el denominado AST, que es un análisis de riesgo del trabajo, en el cual se determinaron los riesgos potenciales del trabajo a efectuar y las medidas necesarias para controlar éstos, documento que se encuentra firmado por el actor. Señala que en conformidad a lo anterior, ambos trabajadores conocían perfectamente los riesgos de las labores y las medidas para evitarlos, cuestión que no cumplieron, por lo que el accidente se ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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debe a su exclusiva responsabilidad, sin que a la empresa le corresponda responsabilidad alguna en el accidente, quien cumplió cabalmente con su deber de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, otorgándoles los elementos de protección personal, los capacitó e instruyó en los riesgos que conlleva el trabajo, señalándoles expresamente cómo evitar accidentes como el ocurrido, por lo que en ningún caso puede estimarse que tenga algún grado de responsabilidad en el accidente, adoptando todas las medidas de seguridad, incluso al encontrarse volviendo los trabajadores a sus domicilios, el accidente fue calificado de trayecto indicando que el conductor del vehículo, señor Droguett, perdió el control del vehículo por un caso fortuito (cruce de un animal) y la actitud irresponsable del demandante, siendo los trabajadores responsables de su ocurrencia, al viajar a exceso de velocidad y al intervenir el copiloto en la conducción, resultando éste responsable de las lesiones sufridas, quien viajaba sin cinturón de seguridad abrochado, lo que provocó el golpe en su cabeza con el parabrisas del vehículo, sin que las medidas de seguridad que el Tribunal pueda estimar infringidas por parte de la empresa guarden relación alguna con el accidente sufrido por el demandante, quien se expuso imprudentemente al accidente, por lo que cualquier indemnización que pueda determinarse que corresponde, debe considerar tal circunstancia, agregando que no le consta de modo alguno los supuestos daños solicitados, los que aparecen desproporcionados en relación al siniestro y a las lesiones sufridas por el demandante, mereciéndole particular atención, la supuesta indemnización de $ 30.000.000. por hecho dañoso, que no aparece justificada, debido a que no existen antecedentes que acredite el lucro cesante o daño emergente por dicha causa. TERCERO: Que en tiempo y forma, comparece la demandada Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), quien contesta solicitando el total rechazo de la acción, con costas. Señala que los hechos y las causas expuestas en el libelo por el actor no son coincidentes con los antecedentes que su representada maneja, indicando que el día del accidente, los trabajadores involucrados de dotación de la empresa Salfa S.A. habían terminado su jornada de trabajo, siendo aproximadamente las 06:00 horas, lo que da cuenta que su turno había concluido, y éstos se dirigían en una camioneta de la empresa referida a sus respectivos domicilios, ubicados en la ciudad de Rancagua por la ruta Colinas Verdes, cruzándose un perro, según el propio señor Droguett, conductor del vehículo, declaró, y quien sostuvo que al intentar esquivarlo, perdió el control, produciéndose el despiste y posterior volcamiento hacia el costado derecho de la ruta, sufriendo ambos pasajeros heridas de diversa consideración, los que fueron trasladados al Hospital Mutual de Seguridad, tratándose entonces, de un accidente de trayecto. Indica que la ruta del lugar del accidente cuenta con rodado asfaltado en excelente estado y el tramo en que se produjo era recto, existiendo, además, una señalización de velocidad máxima de 70 km por hora, pudiendo concluir la investigación, que el conductor no iba atento a las condiciones de la ruta, sin considerar el posible cruce de animales, debiendo hacerlo por la cercanía del vertedero Yesca, lugar en que se depositan los residuos de la ciudad de Rancagua, y conduciendo a una velocidad más allá de lo razonable y prudente, apreciándose ello de las huellas de frenado que quedaron en el lugar, alegando que el accidente se pudo deber a una acción imprudente, temeraria o negligente del conductor que transportaba al actor en el trayecto a su hogar, pero en ningún caso es imputable a su representada, pues no sucedió en la faena, sin intervención de su personal ni en el vehículo de su propiedad. Sostiene que la responsabilidad solidaria o subsidiaria se encuentra vinculada a la facultad de fiscalización que el dueño de la obra, empresa o faena está en condiciones de ejercer en cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones previsionales de los trabajadores de las empresas que le prestan servicios, pero no puede extenderse a los casos de accidentes laborales, ni menos a accidentes de trayecto, pues en este caso no se encuentra en condiciones de fiscalizar el cumplimiento de la normativa pertinente, y si bien es cierto que la contratista Salfa desarrollaba un contrato en instalaciones de Codelco Chile División El Teniente, y el traslado de su propio personal con medios propios es una decisión de la empresa, en la que no tiene intervención alguna su parte, y a su vez el chofer era trabajador de la demandada principal, no es menos cierto que el accidente es ajeno a la ejecución de cualquier obra o servicio en régimen de subcontratación, se trataría de un accidente de trayecto fuera de las instalaciones y ámbito de influencia de su representada, esto es, al momento de su ocurrencia, los trabajadores

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debe a su exclusiva responsabilidad, sin que a la empresa le corresponda responsabilidad alguna en el accidente, quien cumplió cabalmente con su deber de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, otorgándoles los elementos de protección personal, los capacitó e instruyó en los riesgos que conlleva el trabajo, señalándoles expresamente cómo evitar accidentes como el ocurrido, por lo que en ningún caso puede estimarse que tenga algún grado de responsabilidad en el accidente, adoptando todas las medidas de seguridad, incluso al encontrarse volviendo los trabajadores a sus domicilios, el accidente fue calificado de trayecto indicando que el conductor del vehículo, señor Droguett, perdió el control del vehículo por un caso fortuito (cruce de un animal) y la actitud irresponsable del demandante, siendo los trabajadores responsables de su ocurrencia, al viajar a exceso de velocidad y al intervenir el copiloto en la conducción, resultando éste responsable de las lesiones sufridas, quien viajaba sin cinturón de seguridad abrochado, lo que provocó el golpe en su cabeza con el parabrisas del vehículo, sin que las medidas de seguridad que el Tribunal pueda estimar infringidas por parte de la empresa guarden relación alguna con el accidente sufrido por el demandante, quien se expuso imprudentemente al accidente, por lo que cualquier indemnización que pueda determinarse que corresponde, debe considerar tal circunstancia, agregando que no le consta de modo alguno los supuestos daños solicitados, los que aparecen desproporcionados en relación al siniestro y a las lesiones sufridas por el demandante, mereciéndole particular atención, la supuesta indemnización de $ 30.000.000. por hecho dañoso, que no aparece justificada, debido a que no existen antecedentes que acredite el lucro cesante o daño emergente por dicha causa. TERCERO: Que en tiempo y forma, comparece la demandada Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), quien contesta solicitando el total rechazo de la acción, con costas. Señala que los hechos y las causas expuestas en el libelo por el actor no son coincidentes con los antecedentes que su representada maneja, indicando que el día del accidente, los trabajadores involucrados de dotación de la empresa Salfa S.A. habían terminado su jornada de trabajo, siendo aproximadamente las 06:00 horas, lo que da cuenta que su turno había concluido, y éstos se dirigían en una camioneta de la empresa referida a sus respectivos domicilios, ubicados en la ciudad de Rancagua por la ruta Colinas Verdes, cruzándose un perro, según el propio señor Droguett, conductor del vehículo, declaró, y quien sostuvo que al intentar esquivarlo, perdió el control, produciéndose el despiste y posterior volcamiento hacia el costado derecho de la ruta, sufriendo ambos pasajeros heridas de diversa consideración, los que fueron trasladados al Hospital Mutual de Seguridad, tratándose entonces, de un accidente de trayecto. Indica que la ruta del lugar del accidente cuenta con rodado asfaltado en excelente estado y el tramo en que se produjo era recto, existiendo, además, una señalización de velocidad máxima de 70 km por hora, pudiendo concluir la investigación, que el conductor no iba atento a las condiciones de la ruta, sin considerar el posible cruce de animales, debiendo hacerlo por la cercanía del vertedero Yesca, lugar en que se depositan los residuos de la ciudad de Rancagua, y conduciendo a una velocidad más allá de lo razonable y prudente, apreciándose ello de las huellas de frenado que quedaron en el lugar, alegando que el accidente se pudo deber a una acción imprudente, temeraria o negligente del conductor que transportaba al actor en el trayecto a su hogar, pero en ningún caso es imputable a su representada, pues no sucedió en la faena, sin intervención de su personal ni en el vehículo de su propiedad. Sostiene que la responsabilidad solidaria o subsidiaria se encuentra vinculada a la facultad de fiscalización que el dueño de la obra, empresa o faena está en condiciones de ejercer en cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones previsionales de los trabajadores de las empresas que le prestan servicios, pero no puede extenderse a los casos de accidentes laborales, ni menos a accidentes de trayecto, pues en este caso no se encuentra en condiciones de fiscalizar el cumplimiento de la normativa pertinente, y si bien es cierto que la contratista Salfa desarrollaba un contrato en instalaciones de Codelco Chile División El Teniente, y el traslado de su propio personal con medios propios es una decisión de la empresa, en la que no tiene intervención alguna su parte, y a su vez el chofer era trabajador de la demandada principal, no es menos cierto que el accidente es ajeno a la ejecución de cualquier obra o servicio en régimen de subcontratación, se trataría de un accidente de trayecto fuera de las instalaciones y ámbito de influencia de su representada, esto es, al momento de su ocurrencia, los trabajadores

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no se encontraban realizando labores de ejecución del contrato celebrado por la contratista, ni estaban dentro de las instalaciones de su representada, por lo que a ésta no puede caberle ningún tipo de responsabilidad en el siniestro. Refiere que según lo dispone la ley N° 18.290, normativa especial aplicable en la especie, la responsabilidad de un accidente de tránsito es del conductor y solidariamente responde el dueño del vehículo, y no siendo su representada empleadora del actor ni propietaria del vehículo, no le cabe responsabilidad alguna en los hechos. CUARTO: Que con fecha 04 de junio de 2010, se llevó a efecto la audiencia preparatoria, dando traslado al demandante de las excepciones opuestas por la demandada Salfa S.A., desestimándolas, y llamando el Tribunal a las partes a conciliación, la que no se produjo, por lo que se recibió la causa a prueba, fijando como hechos pacíficos los siguientes: 1. Que el actor prestó servicios para Salfa S.A. desde el 01 de septiembre de 2007, en funciones de jornalero, encontrándose actualmente vigente dicho contrato de trabajo. 2. La remuneración del actor asciende a la suma de $ 315.364. 3. Que el día 23 de abril de 2009, el actor en compañía del señor Droguett, quien conducía una camioneta de Salfa S.A., tuvo un accidente en la Ruta del Ácido que dejó al actor inconsciente. 4. Que la ruta llamada del ácido, es una vía pública. 5. La existencia de régimen de subcontratación entre las demandadas Salfa S.A. y División El Teniente, Codelco. Asimismo, se fijaron como hechos controvertidos los siguientes: 1. Si el actor se encontraba dentro de su jornada de trabajo al momento del accidente y en cumplimiento de funciones. 2. Causas y circunstancias del accidente de 23 de abril de 2009. 3. Lesiones que el accidente causó al actor y grado de incapacidad resultante. Monto de los perjuicios demandados. 4. Si la empresa tomó las medidas necesarias para evitar el accidente de 23 de abril de 2009. QUINTO: Que en la audiencia de juicio, con el objeto de acreditar sus alegaciones, las partes incorporaron la siguiente prueba: Demandante: Documental: 1) Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembre de 2007, y dos anexos, suscritos con la empresa Salfa S.A. 3) Epicrisis emitido por el Hospital Clínico Fusat de 05 de mayo de 2009. 4) Informe terapia ocupacional emitido por Clínica de Salud Integral de 21 de septiembre de 2009. 5) Orden médica de reposo laboral emitida por Hospital Mutual de Seguridad de 06 de mayo de 2010. 6) Derivación red social del Hospital Mutual de Seguridad a la Municipalidad de Rancagua, de 05 de abril de 2010. 7) Informe de terapia ocupacional emitida por Clínica de Salud Integral de Rancagua de 04 de noviembre de 2009. 8) Informe médico emitido por Mutual de Seguridad de 16 de noviembre de 2009. 9) Informe médico Mutual de seguridad de 13 de agosto de 2009. 10) Informe médico Mutual de Seguridad N° 112 A 2009 de 14 de agosto de 2009. 11) Serie de informes médicos, todos de Mutual de Seguridad de 16 de noviembre de 2009 y 13 de agosto de 2009. 12) Parte de Carabineros de Chile, Sub Comisaría Requínoa Retén Los Lirios, junto con copia autorizada carpeta investigativa Ministerio Público de la ciudad de Rengo, que conoció el accidente. 13) Acta de declaración voluntaria de don Cristián Droguett Pérez, empleado de la empresa y conductor del vehículo al momento del accidente. 14) Copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada. 15) Copia de siete recetas médicas emanadas de Mutual de Seguridad al actor.

no se encontraban realizando labores de ejecución del contrato celebrado por la contratista, ni estaban dentro de las instalaciones de su representada, por lo que a ésta no puede caberle ningún tipo de responsabilidad en el siniestro. Refiere que según lo dispone la ley N° 18.290, normativa especial aplicable en la especie, la responsabilidad de un accidente de tránsito es del conductor y solidariamente responde el dueño del vehículo, y no siendo su representada empleadora del actor ni propietaria del vehículo, no le cabe responsabilidad alguna en los hechos. CUARTO: Que con fecha 04 de junio de 2010, se llevó a efecto la audiencia preparatoria, dando traslado al demandante de las excepciones opuestas por la demandada Salfa S.A., desestimándolas, y llamando el Tribunal a las partes a conciliación, la que no se produjo, por lo que se recibió la causa a prueba, fijando como hechos pacíficos los siguientes: 1. Que el actor prestó servicios para Salfa S.A. desde el 01 de septiembre de 2007, en funciones de jornalero, encontrándose actualmente vigente dicho contrato de trabajo. 2. La remuneración del actor asciende a la suma de $ 315.364. 3. Que el día 23 de abril de 2009, el actor en compañía del señor Droguett, quien conducía una camioneta de Salfa S.A., tuvo un accidente en la Ruta del Ácido que dejó al actor inconsciente. 4. Que la ruta llamada del ácido, es una vía pública. 5. La existencia de régimen de subcontratación entre las demandadas Salfa S.A. y División El Teniente, Codelco. Asimismo, se fijaron como hechos controvertidos los siguientes: 1. Si el actor se encontraba dentro de su jornada de trabajo al momento del accidente y en cumplimiento de funciones. 2. Causas y circunstancias del accidente de 23 de abril de 2009. 3. Lesiones que el accidente causó al actor y grado de incapacidad resultante. Monto de los perjuicios demandados. 4. Si la empresa tomó las medidas necesarias para evitar el accidente de 23 de abril de 2009. QUINTO: Que en la audiencia de juicio, con el objeto de acreditar sus alegaciones, las partes incorporaron la siguiente prueba: Demandante: Documental: 1) Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembre de 2007, y dos anexos, suscritos con la empresa Salfa S.A. 3) Epicrisis emitido por el Hospital Clínico Fusat de 05 de mayo de 2009. 4) Informe terapia ocupacional emitido por Clínica de Salud Integral de 21 de septiembre de 2009. 5) Orden médica de reposo laboral emitida por Hospital Mutual de Seguridad de 06 de mayo de 2010. 6) Derivación red social del Hospital Mutual de Seguridad a la Municipalidad de Rancagua, de 05 de abril de 2010. 7) Informe de terapia ocupacional emitida por Clínica de Salud Integral de Rancagua de 04 de noviembre de 2009. 8) Informe médico emitido por Mutual de Seguridad de 16 de noviembre de 2009. 9) Informe médico Mutual de seguridad de 13 de agosto de 2009. 10) Informe médico Mutual de Seguridad N° 112 A 2009 de 14 de agosto de 2009. 11) Serie de informes médicos, todos de Mutual de Seguridad de 16 de noviembre de 2009 y 13 de agosto de 2009. 12) Parte de Carabineros de Chile, Sub Comisaría Requínoa Retén Los Lirios, junto con copia autorizada carpeta investigativa Ministerio Público de la ciudad de Rengo, que conoció el accidente. 13) Acta de declaración voluntaria de don Cristián Droguett Pérez, empleado de la empresa y conductor del vehículo al momento del accidente. 14) Copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada. 15) Copia de siete recetas médicas emanadas de Mutual de Seguridad al actor. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Testimonial: Compareció doña Paulina Chávez Martel, neuróloga, quien declara conocer al demandante a quien atendió tres veces durante el presente año, en el mes de enero, abril y julio, sosteniendo que el actor llegó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano cerrado, a raíz del accidente sufrido por este en el año 2009, quien presentaba a esa época múltiples contusiones, y quien refiere que no obstante no poder pronunciarse respecto de la incapacidad que lo afecta puesto que ello depende de un organismo técnico, sí puede determinar que presenta hemianopsia, que se traduce en un deterioro de la media en el campo visual en el ojo izquierdo y derecho, por lo que sólo ve al centro, refiriendo que no presenta déficit motor, pero sí un déficit cognitivo, afectivo y alteración de memoria, atención y planificación, que afecta la velocidad de procesamiento y pensamiento, que en la vida diaria le trae consecuencias, pues no ve la mitad del mundo izquierdo. A la audiencia de juicio, compareció don Claudio Soto Angulo, quien indicó haber atendido al actor en forma ambulatoria desde el mes de septiembre de 2009, régimen al cual son trasladados los pacientes luego de ser estabilizados médicamente, y en el caso del demandante, luego de un diagnóstico de hemorragia con TEC cerrado, contusión hemorrágica múltiple, en su lado izquierdo, sin déficit motor, quien ha presentado una evolución a nivel de funcionalidad, sin embargo, llegado un máximo de rendimiento debe ser pasado a la comisión médica de la COMPIN para su evaluación de incapacidad, señalando que se le han entregado fármacos para la tonicidad. Por su parte, don Ricardo Dorrego Peña, Carabinero que concurrió al llamado de emergencia formulado el día 23 de abril de 2009, indica que siendo aproximadamente las 05:40 horas, le comunicaron mediante radio, desde el retén Los Lirios su ocurrencia, constituyéndose en el lugar, encontrando al conductor señor Droguett, quien le informó que se encontraban trabajando en la inspección del canal de relave, cuando sorpresivamente se les cruzó un perro, y quien presentaba lesiones leves, no así el conductor quien fue trasladado en ambulancia al hospital de Rancagua, donde permanecieron hasta las 10:00 y firmando una declaración voluntaria, agregando que de lo que más se preocupaba el chofer del vehículo era de su compañero, y quien afirma que se trata de una zona de curvas debidamente señalizada, asfaltada y de poca visibilidad nocturna. Oficios: Ficha clínica del actor, remitido por la Mutual de Seguridad con fecha 07 de julio de 2010. Demandada Salfa S.A. Documental: 1. Constancia de charla de inducción al actor de 01 de septiembre de 2007. 2. Registro de charla de inducción medio ambiental al actor de 01 de septiembre de 2007. 3. Declaración pre ocupacional de salud efectuada por el actor. 4. Constancia entrega del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, copia autorizada. 5. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad Salfa S.A. 6. Examen ocupacional de 04 de noviembre de 2007. 7. Certificado de participación de 28 de agosto de 2007. 8. Contrato de trabajo de 01 de septiembre de 2007, con cinco anexos. 9. Informe de investigación de accidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, copia autorizada. 10. Informe técnico de investigación de accidentes de la empresa Salfa S.A. 11. Copia autorizada de investigación preliminar de accidentes realizada por Codelco El Teniente. 12. Set de tres hojas con fotografías del lugar y del accidente, copias autorizadas. 13. Hoja de vida del conductor Cristián Droguett Pérez de 27 de mayo de 2010. 14. Copia licencia de conducir del señor Cristián Droguett Pérez. 15. Contrato de trabajo de don Cristián Droguett Pérez de 01 de septiembre de 2007. 16. Peritaje efectuado por perito accidentólogo don Fernando Herrera Cruzat respecto de la camioneta patente BWXT 32 encargado por la dueña del vehículo Hertz Rent a Car. 17. Documento denominado informe de taller mecánico que da cuenta del peritaje. 18. Documento denominado AST análisis de reflejo del trabajo, firmado por el señor Droguett.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Testimonial: Compareció doña Paulina Chávez Martel, neuróloga, quien declara conocer al demandante a quien atendió tres veces durante el presente año, en el mes de enero, abril y julio, sosteniendo que el actor llegó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano cerrado, a raíz del accidente sufrido por este en el año 2009, quien presentaba a esa época múltiples contusiones, y quien refiere que no obstante no poder pronunciarse respecto de la incapacidad que lo afecta puesto que ello depende de un organismo técnico, sí puede determinar que presenta hemianopsia, que se traduce en un deterioro de la media en el campo visual en el ojo izquierdo y derecho, por lo que sólo ve al centro, refiriendo que no presenta déficit motor, pero sí un déficit cognitivo, afectivo y alteración de memoria, atención y planificación, que afecta la velocidad de procesamiento y pensamiento, que en la vida diaria le trae consecuencias, pues no ve la mitad del mundo izquierdo. A la audiencia de juicio, compareció don Claudio Soto Angulo, quien indicó haber atendido al actor en forma ambulatoria desde el mes de septiembre de 2009, régimen al cual son trasladados los pacientes luego de ser estabilizados médicamente, y en el caso del demandante, luego de un diagnóstico de hemorragia con TEC cerrado, contusión hemorrágica múltiple, en su lado izquierdo, sin déficit motor, quien ha presentado una evolución a nivel de funcionalidad, sin embargo, llegado un máximo de rendimiento debe ser pasado a la comisión médica de la COMPIN para su evaluación de incapacidad, señalando que se le han entregado fármacos para la tonicidad. Por su parte, don Ricardo Dorrego Peña, Carabinero que concurrió al llamado de emergencia formulado el día 23 de abril de 2009, indica que siendo aproximadamente las 05:40 horas, le comunicaron mediante radio, desde el retén Los Lirios su ocurrencia, constituyéndose en el lugar, encontrando al conductor señor Droguett, quien le informó que se encontraban trabajando en la inspección del canal de relave, cuando sorpresivamente se les cruzó un perro, y quien presentaba lesiones leves, no así el conductor quien fue trasladado en ambulancia al hospital de Rancagua, donde permanecieron hasta las 10:00 y firmando una declaración voluntaria, agregando que de lo que más se preocupaba el chofer del vehículo era de su compañero, y quien afirma que se trata de una zona de curvas debidamente señalizada, asfaltada y de poca visibilidad nocturna. Oficios: Ficha clínica del actor, remitido por la Mutual de Seguridad con fecha 07 de julio de 2010. Demandada Salfa S.A. Documental: 1. Constancia de charla de inducción al actor de 01 de septiembre de 2007. 2. Registro de charla de inducción medio ambiental al actor de 01 de septiembre de 2007. 3. Declaración pre ocupacional de salud efectuada por el actor. 4. Constancia entrega del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, copia autorizada. 5. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad Salfa S.A. 6. Examen ocupacional de 04 de noviembre de 2007. 7. Certificado de participación de 28 de agosto de 2007. 8. Contrato de trabajo de 01 de septiembre de 2007, con cinco anexos. 9. Informe de investigación de accidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, copia autorizada. 10. Informe técnico de investigación de accidentes de la empresa Salfa S.A. 11. Copia autorizada de investigación preliminar de accidentes realizada por Codelco El Teniente. 12. Set de tres hojas con fotografías del lugar y del accidente, copias autorizadas. 13. Hoja de vida del conductor Cristián Droguett Pérez de 27 de mayo de 2010. 14. Copia licencia de conducir del señor Cristián Droguett Pérez. 15. Contrato de trabajo de don Cristián Droguett Pérez de 01 de septiembre de 2007. 16. Peritaje efectuado por perito accidentólogo don Fernando Herrera Cruzat respecto de la camioneta patente BWXT 32 encargado por la dueña del vehículo Hertz Rent a Car. 17. Documento denominado informe de taller mecánico que da cuenta del peritaje. 18. Documento denominado AST análisis de reflejo del trabajo, firmado por el señor Droguett.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Testimonial: Compareció don Cristián Antonio Droguett Pérez, conductor del vehículo de la empresa, quien afirma conocer al actor hace más de diez años, y haber sido compañero de trabajo de éste en Salfa desde el 2007 hasta el año 2009, y quien respecto del accidente sostiene que el día 23 de abril de 2009, mientras volvían de realizar la inspección de ruta desde Doñihue de la canaleta de relave, en dirección costa cordillera, cambiaron las pilas de la radio, realizaron la charla, y comenzaron a trabajar, y cuando eran aproximadamente las 05:40 horas, en el camino de retorno, se les atravesó un perro, en la Ruta del Ácido, tratando de esquivarlo, su compañero tomó el volante, cayendo en una zanja, impactando el vehículo que quedó mirando hacia la Cordillera, se desabrochó el cinturón de seguridad, quedando el actor encima suyo, luego logró salir a la carretera a buscar ayuda y pidiendo auxilio, llegando un furgón con personal de la empresa, quienes dieron vuelta la camioneta que quedó de costado, y sacaron al demandante, lo recostaron hasta que llegó carabineros y la ambulancia que lo trasladó al centro asistencial, refiriendo que el vehículo se encontraba en buen estado, y al parecer le habían efectuado revisión el día anterior. Continúa señalando que recibían capacitación a través de charlas y a nivel de Mutual, las que el demandante conocía al igual que él, quien hace ocho años se desempeña como conductor, agregando que al bajarse del vehículo vio que éste no tenía puesto el cinturón de seguridad, recibiendo un golpe en la cabeza, sin embargo se recuperó en siete días y a diferencia del demandante no tuvo secuelas del accidente. En cuanto a la jornada de trabajo, sostiene que se encontraban en el turno que contempla como hora de ingreso las 22:00 y salida a las 06:00 horas, señalando que ésta se inicia cuando lo pasan a buscar en el vehículo de la empresa a su domicilio y culmina cuando entregan éste en el domicilio del capataz a cargo del turno siguiente, jornada que usualmente se registra vía radial, y a veces en el reloj de asistencia, indicando que ese día la charla la realizó él en calidad de capataz del turno. Por su parte, don Víctor Ahumada Contreras, jefe de turno de Salfa S.A., refiere que el demandante pertenecía a su grupo de trabajo, y que el actor y don Cristián Droguett se encontraban reemplazando al capataz y acompañante, y la noche del día 23 de abril de 2009 se dirigieron al sector Quimávida, cuando siendo aproximadamente las 06:00 horas recibió un llamado informándole el accidente ocurrido con el volcamiento de la camioneta, quedando el actor encima del señor Droguett, agregando que fue a la oficina, hizo un par de llamados para avisar de lo ocurrido y bajó con destino al lugar del accidente, en el que se encontraba el chofer del vehículo don Cristián Droguett quien le informó que se les había cruzado un perro, que el actor tomó el volante para esquivarlo, y se salió la camioneta del camino, en un pequeño badén de dos metros, volcándose y quedando dañada al costado del chofer, agregando que le correspondió realizar la investigación del accidente, que determinó, luego de analizar las condiciones del camino, las del chofer y las lesiones que éste tuvo, que el demandante viajaba sin cinturón de seguridad, sosteniendo además que el turno que les correspondía a los trabajadores que protagonizaron el accidente, comenzaba a las 22:00 horas y se extendía hasta las 06:00 horas. Compareció don Ernesto Quitral Oliva, encargado de administrar el contrato con Salfa para Codelco, señalando que le correspondió realizar la investigación del accidente, que concluyó que no se tomaron las medidas de seguridad propias del traslado, pues el demandante iba sin el cinturón de seguridad, resultando que el vehículo impactó en el lado del chofer, quien resultó sin lesión alguna, y su acompañante se golpeó la cabeza, refiriendo que se realizan charlas semanales en que se tratan todos los temas de seguridad en los procedimientos del trabajo, para autorizar la conducción de vehículos evaluándose al señor Droguett en cuanto a su aptitud para desarrollar dicha función, Don Juan Miguel Leiva González, prevencionista de riesgos de la empresa Salfa S.A., sostiene que fue llamado el día 23 de abril de 2009 por don Víctor Ahumada, coordinador del turno, comunicándole la ocurrencia del accidente, y quien afirma solicitó la ambulancia, agregando que entiende que éste fue calificado como un accidente de trayecto, e indicando que la empresa genera charlas de inducción al personal al ingreso a la obra, con el supervisor y capataz, contemplando un programa de actividades personalizadas destinadas a evitar los riesgos en el trabajo, refiriendo que en el caso del actor éste llevaba un año con la empresa, pero venía de otras empresas, siendo considerado antiguo en el rubro. Exhibición: Registro de asistencia del actor correspondiente al mes de abril de 2009, y acta de charla de seguridad del turno del mes de abril de 2009, solicitado por el demandante.

Testimonial: Compareció don Cristián Antonio Droguett Pérez, conductor del vehículo de la empresa, quien afirma conocer al actor hace más de diez años, y haber sido compañero de trabajo de éste en Salfa desde el 2007 hasta el año 2009, y quien respecto del accidente sostiene que el día 23 de abril de 2009, mientras volvían de realizar la inspección de ruta desde Doñihue de la canaleta de relave, en dirección costa cordillera, cambiaron las pilas de la radio, realizaron la charla, y comenzaron a trabajar, y cuando eran aproximadamente las 05:40 horas, en el camino de retorno, se les atravesó un perro, en la Ruta del Ácido, tratando de esquivarlo, su compañero tomó el volante, cayendo en una zanja, impactando el vehículo que quedó mirando hacia la Cordillera, se desabrochó el cinturón de seguridad, quedando el actor encima suyo, luego logró salir a la carretera a buscar ayuda y pidiendo auxilio, llegando un furgón con personal de la empresa, quienes dieron vuelta la camioneta que quedó de costado, y sacaron al demandante, lo recostaron hasta que llegó carabineros y la ambulancia que lo trasladó al centro asistencial, refiriendo que el vehículo se encontraba en buen estado, y al parecer le habían efectuado revisión el día anterior. Continúa señalando que recibían capacitación a través de charlas y a nivel de Mutual, las que el demandante conocía al igual que él, quien hace ocho años se desempeña como conductor, agregando que al bajarse del vehículo vio que éste no tenía puesto el cinturón de seguridad, recibiendo un golpe en la cabeza, sin embargo se recuperó en siete días y a diferencia del demandante no tuvo secuelas del accidente. En cuanto a la jornada de trabajo, sostiene que se encontraban en el turno que contempla como hora de ingreso las 22:00 y salida a las 06:00 horas, señalando que ésta se inicia cuando lo pasan a buscar en el vehículo de la empresa a su domicilio y culmina cuando entregan éste en el domicilio del capataz a cargo del turno siguiente, jornada que usualmente se registra vía radial, y a veces en el reloj de asistencia, indicando que ese día la charla la realizó él en calidad de capataz del turno. Por su parte, don Víctor Ahumada Contreras, jefe de turno de Salfa S.A., refiere que el demandante pertenecía a su grupo de trabajo, y que el actor y don Cristián Droguett se encontraban reemplazando al capataz y acompañante, y la noche del día 23 de abril de 2009 se dirigieron al sector Quimávida, cuando siendo aproximadamente las 06:00 horas recibió un llamado informándole el accidente ocurrido con el volcamiento de la camioneta, quedando el actor encima del señor Droguett, agregando que fue a la oficina, hizo un par de llamados para avisar de lo ocurrido y bajó con destino al lugar del accidente, en el que se encontraba el chofer del vehículo don Cristián Droguett quien le informó que se les había cruzado un perro, que el actor tomó el volante para esquivarlo, y se salió la camioneta del camino, en un pequeño badén de dos metros, volcándose y quedando dañada al costado del chofer, agregando que le correspondió realizar la investigación del accidente, que determinó, luego de analizar las condiciones del camino, las del chofer y las lesiones que éste tuvo, que el demandante viajaba sin cinturón de seguridad, sosteniendo además que el turno que les correspondía a los trabajadores que protagonizaron el accidente, comenzaba a las 22:00 horas y se extendía hasta las 06:00 horas. Compareció don Ernesto Quitral Oliva, encargado de administrar el contrato con Salfa para Codelco, señalando que le correspondió realizar la investigación del accidente, que concluyó que no se tomaron las medidas de seguridad propias del traslado, pues el demandante iba sin el cinturón de seguridad, resultando que el vehículo impactó en el lado del chofer, quien resultó sin lesión alguna, y su acompañante se golpeó la cabeza, refiriendo que se realizan charlas semanales en que se tratan todos los temas de seguridad en los procedimientos del trabajo, para autorizar la conducción de vehículos evaluándose al señor Droguett en cuanto a su aptitud para desarrollar dicha función, Don Juan Miguel Leiva González, prevencionista de riesgos de la empresa Salfa S.A., sostiene que fue llamado el día 23 de abril de 2009 por don Víctor Ahumada, coordinador del turno, comunicándole la ocurrencia del accidente, y quien afirma solicitó la ambulancia, agregando que entiende que éste fue calificado como un accidente de trayecto, e indicando que la empresa genera charlas de inducción al personal al ingreso a la obra, con el supervisor y capataz, contemplando un programa de actividades personalizadas destinadas a evitar los riesgos en el trabajo, refiriendo que en el caso del actor éste llevaba un año con la empresa, pero venía de otras empresas, siendo considerado antiguo en el rubro. Exhibición: Registro de asistencia del actor correspondiente al mes de abril de 2009, y acta de charla de seguridad del turno del mes de abril de 2009, solicitado por el demandante. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Certificados emitidos por la Inspección del Trabajo de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respecto del contrato celebrado entre Salfa y Codelco, e informe de investigación de accidente elaborado por el comité paritario de la empresa, ambos solicitados por Codelco Chile. Oficios: Remitido por la Mutual de Seguridad informando sobre la calificación del accidente sufrido por el demandante el día 23 de abril de 2010. Remitido por Hertz Rent a Car, propietaria del vehículo marca Kia, modelo Frontier patente BWXT 32, con la documentación legal e historial de mantención del mismo. Demandada Codelco Chile: Documental: 1. Citaciones al demandante a control Mutual de Seguridad. 2. Declaración individual de accidente de trabajo Mutual de Seguridad de Rancagua de 23 de abril de 2009. 3. orden médica de reposo laboral del demandante de 06 de junio de 2009. 4. Investigación del accidente, con fotografías, reporte, declaración manuscrita del conductor del vehículo, planilla descriptiva del accidente de sistema de gestión, investigación del Comité Paritario, conclusiones, registro de capacitación y de actividad. 5. Investigación del accidente informada a Codelco Chile División El Teniente, con fotografías y determinación de causas y lecciones aprendidas. 6. Contrato de trabajo del demandante, con cinco anexos. 7. Constancia de charlas de inducción hombre nuevo. 8. Antecedentes de la postulación laboral del actor. 9. Resultado del examen pre ocupacional realizado por Mutual de Seguridad. 10. Resultado examen ocupacional realizado por Mutual de Seguridad. Exhibición: De la demandada Salfa S.A., certificados emitidos por la Inspección del Trabajo con el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del demandante de los meses de abril y marzo de 2009, y el informe de investigación del accidente elaborado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa. Oficios: De Carabineros de Chile, Subcomisaría o Retén Los Lirios, remitiendo parte policial del accidente ocurrido el día 23 de abril de 2010. Fiscalía Local de Rengo, remitiendo antecedentes y estado actual del ingreso Ruc 090038015, por cuasidelito de lesiones de tránsito a Juan Medina Chacón, con fecha 01 de julio de 2010. Mutual de Seguridad de Accidentes del Trabajo, informando el grado de incapacidad del actor y la calificación del accidente sufrido por éste el día 23 de abril de 2010. En cuanto a la objeción de documentos: SEXTO: Que el demandante objetó de falsedad el instrumento ofrecido por la demandada Salfa S.A., consistente en anexo 5.2 AST, fundada en que la firma que aparece en el documento no pertenece al actor, que fue recibida a prueba por el Tribunal, y para cuya acreditación la demandada rindió la documental consistente en contrato de trabajo en original, con sus anexos, y el instrumento objetado, el testimonio de don Cristián Droguett Pérez y el informe pericial caligráfico de don William Contreras Cárdenas, por su parte el demandante acompañó copia autorizada de la cédula de identidad del actor, y la cartola remitida por el Registro Civil, donde consta la firma del señor Jorge Medina Chacón. SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo expuesto por el testigo de la demandada Salfa S.A. don Cristián Droguett Pérez, al reconocer el documento dubitado, señalando que éste fue suscrito por el actor al interior de la camioneta en señal de haber recibido la charla a que se refiere, es lo cierto que, conforme concluye el perito calígrafo, en el informe evacuado y ratificado en la audiencia de juicio, la firma trazada a nombre del actor es producto del proceso de imitación de las autógrafas de la misma, consignando que en consecuencia es falsa, resultando su opinión determinante para acoger la objeción planteada, debiendo desestimarse su incorporación y apreciación como medio de prueba.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Certificados emitidos por la Inspección del Trabajo de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respecto del contrato celebrado entre Salfa y Codelco, e informe de investigación de accidente elaborado por el comité paritario de la empresa, ambos solicitados por Codelco Chile. Oficios: Remitido por la Mutual de Seguridad informando sobre la calificación del accidente sufrido por el demandante el día 23 de abril de 2010. Remitido por Hertz Rent a Car, propietaria del vehículo marca Kia, modelo Frontier patente BWXT 32, con la documentación legal e historial de mantención del mismo. Demandada Codelco Chile: Documental: 1. Citaciones al demandante a control Mutual de Seguridad. 2. Declaración individual de accidente de trabajo Mutual de Seguridad de Rancagua de 23 de abril de 2009. 3. orden médica de reposo laboral del demandante de 06 de junio de 2009. 4. Investigación del accidente, con fotografías, reporte, declaración manuscrita del conductor del vehículo, planilla descriptiva del accidente de sistema de gestión, investigación del Comité Paritario, conclusiones, registro de capacitación y de actividad. 5. Investigación del accidente informada a Codelco Chile División El Teniente, con fotografías y determinación de causas y lecciones aprendidas. 6. Contrato de trabajo del demandante, con cinco anexos. 7. Constancia de charlas de inducción hombre nuevo. 8. Antecedentes de la postulación laboral del actor. 9. Resultado del examen pre ocupacional realizado por Mutual de Seguridad. 10. Resultado examen ocupacional realizado por Mutual de Seguridad. Exhibición: De la demandada Salfa S.A., certificados emitidos por la Inspección del Trabajo con el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del demandante de los meses de abril y marzo de 2009, y el informe de investigación del accidente elaborado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa. Oficios: De Carabineros de Chile, Subcomisaría o Retén Los Lirios, remitiendo parte policial del accidente ocurrido el día 23 de abril de 2010. Fiscalía Local de Rengo, remitiendo antecedentes y estado actual del ingreso Ruc 090038015, por cuasidelito de lesiones de tránsito a Juan Medina Chacón, con fecha 01 de julio de 2010. Mutual de Seguridad de Accidentes del Trabajo, informando el grado de incapacidad del actor y la calificación del accidente sufrido por éste el día 23 de abril de 2010. En cuanto a la objeción de documentos: SEXTO: Que el demandante objetó de falsedad el instrumento ofrecido por la demandada Salfa S.A., consistente en anexo 5.2 AST, fundada en que la firma que aparece en el documento no pertenece al actor, que fue recibida a prueba por el Tribunal, y para cuya acreditación la demandada rindió la documental consistente en contrato de trabajo en original, con sus anexos, y el instrumento objetado, el testimonio de don Cristián Droguett Pérez y el informe pericial caligráfico de don William Contreras Cárdenas, por su parte el demandante acompañó copia autorizada de la cédula de identidad del actor, y la cartola remitida por el Registro Civil, donde consta la firma del señor Jorge Medina Chacón. SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo expuesto por el testigo de la demandada Salfa S.A. don Cristián Droguett Pérez, al reconocer el documento dubitado, señalando que éste fue suscrito por el actor al interior de la camioneta en señal de haber recibido la charla a que se refiere, es lo cierto que, conforme concluye el perito calígrafo, en el informe evacuado y ratificado en la audiencia de juicio, la firma trazada a nombre del actor es producto del proceso de imitación de las autógrafas de la misma, consignando que en consecuencia es falsa, resultando su opinión determinante para acoger la objeción planteada, debiendo desestimarse su incorporación y apreciación como medio de prueba.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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En cuanto al fondo: OCTAVO: Que conforme se estableció, la controversia de autos radica en determinar las causas y circunstancias del accidente ocurrido el día 23 de abril de 2009, para lo cual, considerando la información contenida en el parte policial de la misma fecha, en que consta la declaración voluntaria de don Cristián Droguett, quien compareciendo como testigo, refrenda lo expuesto en el documento referido, es posible tener por acreditado que el día señalado, siendo aproximadamente las 05:40 horas, mientras el actor junto a su compañero de labores, don Cristián Droguett Pérez, viajaban en la camioneta marca Kia patente BWXT 32, conducida por éste, en la ruta denominada Del Acido, en dirección al Poniente, luego de haber realizado las labores de inspección de la canaleta de relave de propiedad de Codelco Chile, a la altura del sector La Yesca, se cruzó sorpresivamente un perro, y con la finalidad de evitar su atropello, perdió el control del vehículo, cayendo a una zanja profunda, al costado de la ruta, que provocó su volcamiento, resultando el conductor con lesiones de carácter leve, y el demandante con TEC herida cortante, nivel frontal, calificado como lesión grave, siendo este último trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Fusta Rancagua. NOVENO: Que en este orden, el actor alega que el accidente reseñado anteriormente, se produjo durante su jornada de trabajo, misma que según da cuenta el contrato de trabajo y sus anexos, se distribuía de lunes a domingo, en turnos de 6 por 1, 6 por 2 y 6 por 3, con una interrupción de 30 minutos para colación, dando cuenta, el registro de asistencia correspondiente al mes de abril, que el día 22 se encontraba en inspección área baja, y conforme sostienen los testigos de la demandada Salfa S.A., don Cristián Droguett Pérez, don Víctor Ahumada Contreras y don Ernesto Quitral Oliva, correspondía al Turno C, iniciándose a las 22:00 horas del día 22, y concluyendo a las 06:00 horas del día 23. A este respecto, contestes se encuentran los citados testigos, al señalar que para el cumplimiento de las labores de inspección de la canaleta de relave, la dotación de capataz (conductor) y acompañante, se trasladaba en un vehículo de propiedad de la empresa, desde el domicilio particular de cada uno de los dependientes, para luego realizar el reconocimiento visual de la obra, que recorre un total de 86 kilómetros, comprendiendo desde el kilómetro Cero al 75, dividido en dos áreas, Quimávida (alta) y Cachapoal (baja), refiriendo además, que el turno propiamente termina, cuando se entrega el vehículo del capataz al que corresponde iniciar la nueva jornada, sin perjuicio de haber finalizado las labores de inspección que corresponden, corroborado por el experto a cargo de la investigación de que da cuenta el informe respectivo, remitido mediante oficio por la Mutual de Seguridad, con fecha 22 de julio de 2010, al consignar que la jornada de trabajo de las cuadrillas en que se desempeña el actor, se cumple en turnos, cuyos cambios se realizan en el domicilio de los trabajadores que relevan y éste se hace al comienzo y término de cada uno, significando que a las 06:00 horas del día 23 de abril de 2010, el conductor y el demandante, debieron estar en la puerta de la casa del capataz del turno entrante, produciéndose el accidente en el lapso en que el actor era transportado desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, una vez terminadas sus labores de inspección en el canal de relaves, y que concluye, de los antecedentes recopilados, que corresponde calificar dicho evento como un accidente de trayecto, pues el trabajador era transportado de regreso a su casa, una vez que su jornada había finalizado. DÉCIMO: Que de conformidad con la ley, el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo además, garantizar, en caso de accidente, una oportuna y adecuada atención médica de los trabajadores. UNDÉCIMO: Que acorde lo prescribe el artículo 5° inciso primero, de la ley N° 16.744, debe entenderse por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte, y asimismo, atendida la controversia respecto a la calificación del siniestro, son también considerados tales, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores, en este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo de la citada norma, por lo que, tratándose de accidentes ocurridos con ocasión del trabajo, si bien la lesión del dependiente puede derivar de circunstancias no relaciona-

En cuanto al fondo: OCTAVO: Que conforme se estableció, la controversia de autos radica en determinar las causas y circunstancias del accidente ocurrido el día 23 de abril de 2009, para lo cual, considerando la información contenida en el parte policial de la misma fecha, en que consta la declaración voluntaria de don Cristián Droguett, quien compareciendo como testigo, refrenda lo expuesto en el documento referido, es posible tener por acreditado que el día señalado, siendo aproximadamente las 05:40 horas, mientras el actor junto a su compañero de labores, don Cristián Droguett Pérez, viajaban en la camioneta marca Kia patente BWXT 32, conducida por éste, en la ruta denominada Del Acido, en dirección al Poniente, luego de haber realizado las labores de inspección de la canaleta de relave de propiedad de Codelco Chile, a la altura del sector La Yesca, se cruzó sorpresivamente un perro, y con la finalidad de evitar su atropello, perdió el control del vehículo, cayendo a una zanja profunda, al costado de la ruta, que provocó su volcamiento, resultando el conductor con lesiones de carácter leve, y el demandante con TEC herida cortante, nivel frontal, calificado como lesión grave, siendo este último trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Fusta Rancagua. NOVENO: Que en este orden, el actor alega que el accidente reseñado anteriormente, se produjo durante su jornada de trabajo, misma que según da cuenta el contrato de trabajo y sus anexos, se distribuía de lunes a domingo, en turnos de 6 por 1, 6 por 2 y 6 por 3, con una interrupción de 30 minutos para colación, dando cuenta, el registro de asistencia correspondiente al mes de abril, que el día 22 se encontraba en inspección área baja, y conforme sostienen los testigos de la demandada Salfa S.A., don Cristián Droguett Pérez, don Víctor Ahumada Contreras y don Ernesto Quitral Oliva, correspondía al Turno C, iniciándose a las 22:00 horas del día 22, y concluyendo a las 06:00 horas del día 23. A este respecto, contestes se encuentran los citados testigos, al señalar que para el cumplimiento de las labores de inspección de la canaleta de relave, la dotación de capataz (conductor) y acompañante, se trasladaba en un vehículo de propiedad de la empresa, desde el domicilio particular de cada uno de los dependientes, para luego realizar el reconocimiento visual de la obra, que recorre un total de 86 kilómetros, comprendiendo desde el kilómetro Cero al 75, dividido en dos áreas, Quimávida (alta) y Cachapoal (baja), refiriendo además, que el turno propiamente termina, cuando se entrega el vehículo del capataz al que corresponde iniciar la nueva jornada, sin perjuicio de haber finalizado las labores de inspección que corresponden, corroborado por el experto a cargo de la investigación de que da cuenta el informe respectivo, remitido mediante oficio por la Mutual de Seguridad, con fecha 22 de julio de 2010, al consignar que la jornada de trabajo de las cuadrillas en que se desempeña el actor, se cumple en turnos, cuyos cambios se realizan en el domicilio de los trabajadores que relevan y éste se hace al comienzo y término de cada uno, significando que a las 06:00 horas del día 23 de abril de 2010, el conductor y el demandante, debieron estar en la puerta de la casa del capataz del turno entrante, produciéndose el accidente en el lapso en que el actor era transportado desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, una vez terminadas sus labores de inspección en el canal de relaves, y que concluye, de los antecedentes recopilados, que corresponde calificar dicho evento como un accidente de trayecto, pues el trabajador era transportado de regreso a su casa, una vez que su jornada había finalizado. DÉCIMO: Que de conformidad con la ley, el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo además, garantizar, en caso de accidente, una oportuna y adecuada atención médica de los trabajadores. UNDÉCIMO: Que acorde lo prescribe el artículo 5° inciso primero, de la ley N° 16.744, debe entenderse por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte, y asimismo, atendida la controversia respecto a la calificación del siniestro, son también considerados tales, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores, en este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo de la citada norma, por lo que, tratándose de accidentes ocurridos con ocasión del trabajo, si bien la lesión del dependiente puede derivar de circunstancias no relacionaACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

das directa e inmediatamente con las labores desempeñadas, es lo cierto que se expone a su ocurrencia para cumplir con ellas. DUODÉCIMO: Que así las cosas, encontrándose establecido que el accidente ocurrido el día 23 de abril de 2010 por el demandante, tuvo carácter de accidente de trayecto, preciso es determinar si al empleador le era exigible el deber de cuidado establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, y de cuyo incumplimiento se deriva la responsabilidad en que el demandante funda las prestaciones que reclama. En tal contexto, y en primer término, al vehículo en que se trasladaba el actor, marca Kia, modelo Frontier patente BWXT 32, año 2009, se realizó mantención mecánica el día 22 de abril de 2009, según da cuenta el oficio remitido por Hertz Rent a Car el 15 de junio de 2010, corroborado con la información contenida en el parte policial incorporado a la carpeta investigativa, remitida por el Ministerio Público con fecha 01 de julio de 2010, en cuanto el permiso de circulación, seguro obligatorio y revisión técnica del vehículo se encontraban al día. Asimismo, queda constancia que su conductor, Cristián Droguett Pérez, lo hacía con licencia clase B, y en normal estado de temperancia según el examen de alcoholemia practicado, por lo que en este punto no puede realizarse reproche alguno al empleador. Seguidamente, con el mérito de lo consignado, tanto en el informe incorporado por la demandada Codelco, de 04 de mayo de 2009, evacuado por el experto en prevención de riesgos, como por la investigación preliminar del accidente realizado e incorporado por la demandada Salfa S.A., se encuentra demostrado que el día del accidente, mientras los trabajadores viajaban en el vehículo proporcionado por esta última, en las circunstancias ya reseñadas, sorpresivamente se cruzó un perro, perdiendo el conductor el control del vehículo al tratar de esquivarlo, indicando que según las huellas de frenado, éste no conducía a una velocidad prudente, y sin perjuicio de no haber sido suficientemente acreditado que en la maniobra de esquivar al animal, el actor tomó el volante del vehículo, provocando que éste se saliera de la ruta y se volcara, sí resulta posible presumir que viajaba sin usar su cinturón de seguridad, de otro modo no se explica que éste haya resultado con TEC cerrado complicado, con contusiones hemorrágicas múltiples, permaneciendo hospitalizado hasta el 05 de mayo de 2009, fecha en que fue trasladado a CAS Rancagua, siendo derivado para rehabilitación, y el conductor, quien recibió el peso, tanto del actor como del vehículo, dado que éste se volcó quedando apoyado en su costado, haya resultado sólo con lesiones leves, consistentes en herida colgajo dedo meñique izquierdo, circunstancia que además se encuentra en concordancia con lo expuesto por el señor Droguett en su declaración como testigo, y en lo señalado por el informe de taller mecánico (parabrisas con rotura desde el interior hacia fuera en la parte central del vehículo). DÉCIMO TERCERO: Que además de lo anterior, y sin perjuicio de lo resuelto respecto de la objeción documental formulada por el demandante, consta la documental incorporada por la demandada respecto del cumplimiento de su obligación de seguridad, a través del reglamento interno, exámenes ocupacionales, la existencia de sistema de gestión de seguridad, y las charlas de inducción al trabajador, y asimismo, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respectivas, por lo que lo antes expuesto unido a la causa principal del accidente, esto es, el cruce de un animal en la vía pública, y a la conducción sin estar atento a las condiciones del camino, permiten concluir que el siniestro se debió a causas no imputables al empleador. DÉCIMO CUARTO: Que a mayor abundamiento, y no obstante haberse calificado el accidente como laboral, pero de trayecto, tal como consta en la resolución del centro verificador de 11 de mayo de 2009, dependiente de la Mutual de Seguridad, por reunir las condiciones señaladas en el inciso segundo del artículo 5° de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y sin perjuicio de encontrarse establecido que su ocurrencia produjo en el demandante una hemianopsia homónima temporal izquierda, por lo que ha debido permanecer en tratamiento desde la fecha de su acaecimiento, según da cuenta la ficha clínica remitida mediante oficio por la institución señalada, es lo cierto que dicha calificación resulta relevante para efectos de la determinación de la procedencia de las prestaciones médicas y económicas contempladas en la ley N° 16.744, pero no puede importar hacer responsable al empleador de las indemnizaciones por hecho dañoso y daño moral que el actor reclama, derivadas de un accidente que, como se estableció, no tuvo su origen en una causa imputable al empleador, razón por la cual es procedente rechazar la demanda.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

das directa e inmediatamente con las labores desempeñadas, es lo cierto que se expone a su ocurrencia para cumplir con ellas. DUODÉCIMO: Que así las cosas, encontrándose establecido que el accidente ocurrido el día 23 de abril de 2010 por el demandante, tuvo carácter de accidente de trayecto, preciso es determinar si al empleador le era exigible el deber de cuidado establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, y de cuyo incumplimiento se deriva la responsabilidad en que el demandante funda las prestaciones que reclama. En tal contexto, y en primer término, al vehículo en que se trasladaba el actor, marca Kia, modelo Frontier patente BWXT 32, año 2009, se realizó mantención mecánica el día 22 de abril de 2009, según da cuenta el oficio remitido por Hertz Rent a Car el 15 de junio de 2010, corroborado con la información contenida en el parte policial incorporado a la carpeta investigativa, remitida por el Ministerio Público con fecha 01 de julio de 2010, en cuanto el permiso de circulación, seguro obligatorio y revisión técnica del vehículo se encontraban al día. Asimismo, queda constancia que su conductor, Cristián Droguett Pérez, lo hacía con licencia clase B, y en normal estado de temperancia según el examen de alcoholemia practicado, por lo que en este punto no puede realizarse reproche alguno al empleador. Seguidamente, con el mérito de lo consignado, tanto en el informe incorporado por la demandada Codelco, de 04 de mayo de 2009, evacuado por el experto en prevención de riesgos, como por la investigación preliminar del accidente realizado e incorporado por la demandada Salfa S.A., se encuentra demostrado que el día del accidente, mientras los trabajadores viajaban en el vehículo proporcionado por esta última, en las circunstancias ya reseñadas, sorpresivamente se cruzó un perro, perdiendo el conductor el control del vehículo al tratar de esquivarlo, indicando que según las huellas de frenado, éste no conducía a una velocidad prudente, y sin perjuicio de no haber sido suficientemente acreditado que en la maniobra de esquivar al animal, el actor tomó el volante del vehículo, provocando que éste se saliera de la ruta y se volcara, sí resulta posible presumir que viajaba sin usar su cinturón de seguridad, de otro modo no se explica que éste haya resultado con TEC cerrado complicado, con contusiones hemorrágicas múltiples, permaneciendo hospitalizado hasta el 05 de mayo de 2009, fecha en que fue trasladado a CAS Rancagua, siendo derivado para rehabilitación, y el conductor, quien recibió el peso, tanto del actor como del vehículo, dado que éste se volcó quedando apoyado en su costado, haya resultado sólo con lesiones leves, consistentes en herida colgajo dedo meñique izquierdo, circunstancia que además se encuentra en concordancia con lo expuesto por el señor Droguett en su declaración como testigo, y en lo señalado por el informe de taller mecánico (parabrisas con rotura desde el interior hacia fuera en la parte central del vehículo). DÉCIMO TERCERO: Que además de lo anterior, y sin perjuicio de lo resuelto respecto de la objeción documental formulada por el demandante, consta la documental incorporada por la demandada respecto del cumplimiento de su obligación de seguridad, a través del reglamento interno, exámenes ocupacionales, la existencia de sistema de gestión de seguridad, y las charlas de inducción al trabajador, y asimismo, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales respectivas, por lo que lo antes expuesto unido a la causa principal del accidente, esto es, el cruce de un animal en la vía pública, y a la conducción sin estar atento a las condiciones del camino, permiten concluir que el siniestro se debió a causas no imputables al empleador. DÉCIMO CUARTO: Que a mayor abundamiento, y no obstante haberse calificado el accidente como laboral, pero de trayecto, tal como consta en la resolución del centro verificador de 11 de mayo de 2009, dependiente de la Mutual de Seguridad, por reunir las condiciones señaladas en el inciso segundo del artículo 5° de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y sin perjuicio de encontrarse establecido que su ocurrencia produjo en el demandante una hemianopsia homónima temporal izquierda, por lo que ha debido permanecer en tratamiento desde la fecha de su acaecimiento, según da cuenta la ficha clínica remitida mediante oficio por la institución señalada, es lo cierto que dicha calificación resulta relevante para efectos de la determinación de la procedencia de las prestaciones médicas y económicas contempladas en la ley N° 16.744, pero no puede importar hacer responsable al empleador de las indemnizaciones por hecho dañoso y daño moral que el actor reclama, derivadas de un accidente que, como se estableció, no tuvo su origen en una causa imputable al empleador, razón por la cual es procedente rechazar la demanda.

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DÉCIMO QUINTO: Que por lo precedentemente resuelto, no se emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad de la demandada Corporación Nacional del Cobre (Codelco). DÉCIMO SEXTO: Que la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la sana crítica, y la restante rendida no contiene información que contradiga las conclusiones a las que se ha arribado. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7°, 184, 420, 425 a 462 del Código del Trabajo; artículo 5°, 66 y 69 de la ley N° 16.744, y demás normas pertinentes, se declara: I. Que SE ACOGE la objeción de documentos formulada por el demandante. II. Que se rechaza íntegramente la demanda intentada por don Jorge Medina Chacón, en contra de Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A. y en contra de Corporación Nacional del Cobre (Codelco). III. Que no se condena en costas al demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT O 1077 2010 RUC 10 4 0024244 0 Pronunciada por Marcela Solar Catalán, Juez Suplente de este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

II. CORTE DE APELACIONES Santiago, veintiséis de enero de dos mil once. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en estos autos rol Corte N° 1184 - 2010, el abogado don Juan Miguel Ramírez Ortubia, en representación del trabajador Jorge Hernán Medina Chacón, dedujo recurso de nulidad contra la sentencia definitiva pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en la causa RUC 1040024244-0, con fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante la cual se rechazó íntegramente la demanda deducida en juicio ordinario laboral por accidente del trabajo, contra “Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.” y, solidariamente, contra “Corporación Nacional del Cobre de Chile”, sin costas. SEGUNDO: Que el aludido recurso, denuncia que se habrían configurado dos causales de nulidad que, para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 478 del Código del ramo, se invocan de forma conjunta. En efecto, en primer término se alegó la causal de nulidad prevista en el inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo; y, en segundo lugar la establecida en el artículo 478, letra b). Con fecha 8 de septiembre de dos mil diez, la Sala de Cuenta de esta Corte, declaró admisible el recurso de nulidad interpuesto, fundado en las causales indicadas. TERCERO: Que, para analizar este primer capítulo del recurso, resulta pertinente recordar que según el artículo 477 del Código del Trabajo: “Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. El inciso segundo advierte que: “El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda”. El artículo 479 prescribe en sus dos primeros incisos que: “El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que hubiere dictado la resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla”. “Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. CUARTO: Que, una primera cuestión que ha de precisarse, es que se está en presencia de un recurso de derecho estricto, lo que hace que en su interposición han de observarse determinadas formalidades legales, encontrándose limitada la competencia del tribunal que debe conocer de él por la causal o causales efectivamente invocadas, con la obvia excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 479 del Código.

Santiago, veintiséis de enero de dos mil once. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en estos autos rol Corte N° 1184 - 2010, el abogado don Juan Miguel Ramírez Ortubia, en representación del trabajador Jorge Hernán Medina Chacón, dedujo recurso de nulidad contra la sentencia definitiva pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en la causa RUC 1040024244-0, con fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante la cual se rechazó íntegramente la demanda deducida en juicio ordinario laboral por accidente del trabajo, contra “Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.” y, solidariamente, contra “Corporación Nacional del Cobre de Chile”, sin costas. SEGUNDO: Que el aludido recurso, denuncia que se habrían configurado dos causales de nulidad que, para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 478 del Código del ramo, se invocan de forma conjunta. En efecto, en primer término se alegó la causal de nulidad prevista en el inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo; y, en segundo lugar la establecida en el artículo 478, letra b). Con fecha 8 de septiembre de dos mil diez, la Sala de Cuenta de esta Corte, declaró admisible el recurso de nulidad interpuesto, fundado en las causales indicadas. TERCERO: Que, para analizar este primer capítulo del recurso, resulta pertinente recordar que según el artículo 477 del Código del Trabajo: “Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. El inciso segundo advierte que: “El recurso de nulidad tendrá por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda”. El artículo 479 prescribe en sus dos primeros incisos que: “El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, ante el tribunal que hubiere dictado la resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla”. “Deberá expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. CUARTO: Que, una primera cuestión que ha de precisarse, es que se está en presencia de un recurso de derecho estricto, lo que hace que en su interposición han de observarse determinadas formalidades legales, encontrándose limitada la competencia del tribunal que debe conocer de él por la causal o causales efectivamente invocadas, con la obvia excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 479 del Código.

II. CORTE DE APELACIONES DÉCIMO QUINTO: Que por lo precedentemente resuelto, no se emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad de la demandada Corporación Nacional del Cobre (Codelco). DÉCIMO SEXTO: Que la prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la sana crítica, y la restante rendida no contiene información que contradiga las conclusiones a las que se ha arribado. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7°, 184, 420, 425 a 462 del Código del Trabajo; artículo 5°, 66 y 69 de la ley N° 16.744, y demás normas pertinentes, se declara: I. Que SE ACOGE la objeción de documentos formulada por el demandante. II. Que se rechaza íntegramente la demanda intentada por don Jorge Medina Chacón, en contra de Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A. y en contra de Corporación Nacional del Cobre (Codelco). III. Que no se condena en costas al demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT O 1077 2010 RUC 10 4 0024244 0 Pronunciada por Marcela Solar Catalán, Juez Suplente de este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Seguidamente, debe dejarse establecido que la primera causal invocada es aquella contenida en el artículo 477, ya transcrita en el motivo tercero precedente y solamente en la parte que establece que la sentencia “se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. QUINTO: Que de la sola lectura del texto del recurso, se desprende, en el contexto de lo expresado en el motivo anterior, que éste se refiere a que las infracciones de ley que, en su concepto, influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, son las normas contenidas en los artículos 5° de la ley N° 16.744, 184 del Código del Trabajo, 1545, 1546 y 1547 del Código Civil y 21 del decreto supremo N° 40 de 1960, del Ministerio del Trabajo que contiene el Reglamento de Prevención de Riesgos, debiendo tenerse presente que en los acápites del recurso en que se pretenden fundar estas infracciones de ley y del señalado reglamento, no se expresa claramente el vicio que se reclama y mucho menos de qué modo dichas infracciones de ley influyen en los términos indicados. El artículo respectivo de la ley 16.744, define como accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su parte el artículo 184 del código laboral señala: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. Como es sabido, los artículos 1545, 1546 y 1547 del Código Civil, se refieren a la ley del contrato, de la forma en que deben ejecutarse los mismos y de la responsabilidad del deudor. Por último, el artículo 21 del D.S. N° 40 referido, dice relación con la obligación de los empleadores de informar a su trabajadores acerca de los riesgos de sus labores, de las medidas preventivas y de los correctos métodos de trabajo. SEXTO: Que en concepto de esta Corte, el razonamiento de la Jueza a quo contenido extensa, fundada y documentadamente en los considerandos octavo a décimo tercero del fallo recurrido, no infringe de manera alguna las mencionadas disposiciones reseñadas en el motivo anterior, toda vez que se trata de materias que quedan entregadas por completo a la apreciación del juez de la causa, por lo que no es posible sostener que dichas eventuales erróneas o incorrectas interpretaciones de las señaladas normas, de haber existido, pudieran haber influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que éste resulta acertado desde que la interpretación contenida en el fallo es la adecuada y conduce necesariamente a que se haya rechazado la demanda en los términos en que, efectivamente, lo fue. SÉPTIMO: Que, en consecuencia y analizada la causal invocada por el recurrente de nulidad, resulta correcta y plenamente adecuada la interpretación debidamente razonada que hace la sentenciadora del contenido de los mencionados artículos que se consideran infringidos, debiendo, en consecuencia, desestimarse la imputación de infracción de ley, que se denuncia en el recurso. OCTAVO: Que en segundo lugar, la parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra de la ya indicada sentencia por la causal del artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, señalando que se habría dictado “con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”. Expresa el recurrente que “En los considerandos octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo sexto del fallo queda de manifiesto que SS., ha vulnerado en forma manifiesta las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, no contiene razones jurídicas en las que sustenta sus conclusiones y contraría las máximas de la lógica, de la experiencia y del conocimiento que conforman la sana crítica. Es decir ha infringido abiertamente el artículo 456 del Código del Trabajo”. Más adelante, el recurso reproduce extensamente los considerandos precedentemente indicados. NOVENO: Que el recurso de nulidad se fundamenta en que la sentencia no habría respetado las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud asigna valor o desestima la prueba rendida, apreciándola conforme a las reglas de la sana crítica, tal como lo exige el artículo 456 del Código del ramo. Sin embargo, el recurrente luego de reproducir transcribiendo parte de la prueba testimonial rendida, no señala de modo alguno de qué manera se produce el irrespeto a las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuyo contexto valora la prueba rendida, como tampoco indica cuáles son las reglas de la sana crítica, que imputa a la sentenciadora. Para estos efectos, resulta demostrativo el considerando décimo cuarto del fallo, que contrariando lo expresado por el recurrente, resume adecuadamente la valoración de la prueba rendida, expresando:

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Seguidamente, debe dejarse establecido que la primera causal invocada es aquella contenida en el artículo 477, ya transcrita en el motivo tercero precedente y solamente en la parte que establece que la sentencia “se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”. QUINTO: Que de la sola lectura del texto del recurso, se desprende, en el contexto de lo expresado en el motivo anterior, que éste se refiere a que las infracciones de ley que, en su concepto, influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, son las normas contenidas en los artículos 5° de la ley N° 16.744, 184 del Código del Trabajo, 1545, 1546 y 1547 del Código Civil y 21 del decreto supremo N° 40 de 1960, del Ministerio del Trabajo que contiene el Reglamento de Prevención de Riesgos, debiendo tenerse presente que en los acápites del recurso en que se pretenden fundar estas infracciones de ley y del señalado reglamento, no se expresa claramente el vicio que se reclama y mucho menos de qué modo dichas infracciones de ley influyen en los términos indicados. El artículo respectivo de la ley 16.744, define como accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su parte el artículo 184 del código laboral señala: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. Como es sabido, los artículos 1545, 1546 y 1547 del Código Civil, se refieren a la ley del contrato, de la forma en que deben ejecutarse los mismos y de la responsabilidad del deudor. Por último, el artículo 21 del D.S. N° 40 referido, dice relación con la obligación de los empleadores de informar a su trabajadores acerca de los riesgos de sus labores, de las medidas preventivas y de los correctos métodos de trabajo. SEXTO: Que en concepto de esta Corte, el razonamiento de la Jueza a quo contenido extensa, fundada y documentadamente en los considerandos octavo a décimo tercero del fallo recurrido, no infringe de manera alguna las mencionadas disposiciones reseñadas en el motivo anterior, toda vez que se trata de materias que quedan entregadas por completo a la apreciación del juez de la causa, por lo que no es posible sostener que dichas eventuales erróneas o incorrectas interpretaciones de las señaladas normas, de haber existido, pudieran haber influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que éste resulta acertado desde que la interpretación contenida en el fallo es la adecuada y conduce necesariamente a que se haya rechazado la demanda en los términos en que, efectivamente, lo fue. SÉPTIMO: Que, en consecuencia y analizada la causal invocada por el recurrente de nulidad, resulta correcta y plenamente adecuada la interpretación debidamente razonada que hace la sentenciadora del contenido de los mencionados artículos que se consideran infringidos, debiendo, en consecuencia, desestimarse la imputación de infracción de ley, que se denuncia en el recurso. OCTAVO: Que en segundo lugar, la parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra de la ya indicada sentencia por la causal del artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, señalando que se habría dictado “con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”. Expresa el recurrente que “En los considerandos octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo sexto del fallo queda de manifiesto que SS., ha vulnerado en forma manifiesta las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, no contiene razones jurídicas en las que sustenta sus conclusiones y contraría las máximas de la lógica, de la experiencia y del conocimiento que conforman la sana crítica. Es decir ha infringido abiertamente el artículo 456 del Código del Trabajo”. Más adelante, el recurso reproduce extensamente los considerandos precedentemente indicados. NOVENO: Que el recurso de nulidad se fundamenta en que la sentencia no habría respetado las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud asigna valor o desestima la prueba rendida, apreciándola conforme a las reglas de la sana crítica, tal como lo exige el artículo 456 del Código del ramo. Sin embargo, el recurrente luego de reproducir transcribiendo parte de la prueba testimonial rendida, no señala de modo alguno de qué manera se produce el irrespeto a las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuyo contexto valora la prueba rendida, como tampoco indica cuáles son las reglas de la sana crítica, que imputa a la sentenciadora. Para estos efectos, resulta demostrativo el considerando décimo cuarto del fallo, que contrariando lo expresado por el recurrente, resume adecuadamente la valoración de la prueba rendida, expresando:

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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“Que a mayor abundamiento, y no obstante haberse calificado el accidente como laboral, pero de trayecto, tal como consta en la resolución del centro verificador de 11 de mayo de 2009, dependiente de la Mutual de Seguridad, por reunir las condiciones señaladas en el inciso segundo del artículo 5° de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y sin perjuicio de encontrarse establecido que su ocurrencia produjo en el demandante una hemianopsia homónima temporal izquierda, por lo que ha debido permanecer en tratamiento desde la fecha de su acaecimiento, según da cuenta la ficha clínica remitida mediante oficio por la institución señalada, es lo cierto que dicha calificación resulta relevante para efectos de la determinación de la procedencia de las prestaciones médicas y económicas contempladas en la ley N° 16.744, pero no puede importar hacer responsable al empleador de las indemnizaciones por hecho dañoso y daño moral que el actor reclama, derivadas de un accidente que, como se estableció, no tuvo su origen en una causa imputable al empleador, razón por la cual es procedente rechazar la demanda”. DÉCIMO: Que el artículo 456 del Código del Trabajo, como ya se indicó, preceptúa que el Tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, indicando que deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, advirtiendo que tomará en especial consideración, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Los reproches que se hacen a la sentencia consisten básicamente en que tienen por establecidos los hechos en que fundó su resolución sin una adecuada aplicación de los principios de la sana crítica, en los términos ya expresados, afirmación que no comparten estos sentenciadores. UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, por una parte, la sentencia se extendió conforme al artículo 459, que obliga al análisis de toda la prueba rendida, al establecimiento de los hechos que estime probados y a exponer el razonamiento que conduce a esta estimación. Por la otra, aparece dando aplicación a las reglas de la sana crítica, según lo prevenido en el artículo 456 del código del ramo, ya que ha expuesto las motivaciones simplemente lógicas y de experiencia, y asimismo las jurídicas, de acuerdo a todas las cuales resuelve la cuestión debatida. DUODÉCIMO: Que, en estas condiciones, el recurso deberá ser también desestimado por este segundo capítulo de impugnación, por cuanto no sólo se fundamenta en una estimación equivocada acerca de los hechos establecidos en el juicio, sino que no logra demostrar la infracción a las reglas de la sana crítica en que habría incurrido la juez al apreciar y razonar la prueba, la que, por lo demás, debe ser manifiesta para autorizar el recurso. Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 letra b), 479 y 481 del Código del Trabajo, se declara que SE RECHAZA, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Juan Miguel Ramírez Ortubia, en representación del trabajador Jorge Hernán Medina Chacón, en contra la sentencia definitiva pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en la causa RUC 1040024244-0, con fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante la cual se rechazó íntegramente la demanda deducida en juicio ordinario laboral por accidente del trabajo, contra “Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.” y, solidariamente, contra “Corporación Nacional del Cobre de Chile”, la que, en consecuencia, no es nula. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, comuníquese. Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo. Rol N° 1184 - 2010.Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González, e integrada por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y por el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

“Que a mayor abundamiento, y no obstante haberse calificado el accidente como laboral, pero de trayecto, tal como consta en la resolución del centro verificador de 11 de mayo de 2009, dependiente de la Mutual de Seguridad, por reunir las condiciones señaladas en el inciso segundo del artículo 5° de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y sin perjuicio de encontrarse establecido que su ocurrencia produjo en el demandante una hemianopsia homónima temporal izquierda, por lo que ha debido permanecer en tratamiento desde la fecha de su acaecimiento, según da cuenta la ficha clínica remitida mediante oficio por la institución señalada, es lo cierto que dicha calificación resulta relevante para efectos de la determinación de la procedencia de las prestaciones médicas y económicas contempladas en la ley N° 16.744, pero no puede importar hacer responsable al empleador de las indemnizaciones por hecho dañoso y daño moral que el actor reclama, derivadas de un accidente que, como se estableció, no tuvo su origen en una causa imputable al empleador, razón por la cual es procedente rechazar la demanda”. DÉCIMO: Que el artículo 456 del Código del Trabajo, como ya se indicó, preceptúa que el Tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, indicando que deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, advirtiendo que tomará en especial consideración, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Los reproches que se hacen a la sentencia consisten básicamente en que tienen por establecidos los hechos en que fundó su resolución sin una adecuada aplicación de los principios de la sana crítica, en los términos ya expresados, afirmación que no comparten estos sentenciadores. UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, por una parte, la sentencia se extendió conforme al artículo 459, que obliga al análisis de toda la prueba rendida, al establecimiento de los hechos que estime probados y a exponer el razonamiento que conduce a esta estimación. Por la otra, aparece dando aplicación a las reglas de la sana crítica, según lo prevenido en el artículo 456 del código del ramo, ya que ha expuesto las motivaciones simplemente lógicas y de experiencia, y asimismo las jurídicas, de acuerdo a todas las cuales resuelve la cuestión debatida. DUODÉCIMO: Que, en estas condiciones, el recurso deberá ser también desestimado por este segundo capítulo de impugnación, por cuanto no sólo se fundamenta en una estimación equivocada acerca de los hechos establecidos en el juicio, sino que no logra demostrar la infracción a las reglas de la sana crítica en que habría incurrido la juez al apreciar y razonar la prueba, la que, por lo demás, debe ser manifiesta para autorizar el recurso. Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 letra b), 479 y 481 del Código del Trabajo, se declara que SE RECHAZA, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Juan Miguel Ramírez Ortubia, en representación del trabajador Jorge Hernán Medina Chacón, en contra la sentencia definitiva pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en la causa RUC 1040024244-0, con fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, mediante la cual se rechazó íntegramente la demanda deducida en juicio ordinario laboral por accidente del trabajo, contra “Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.” y, solidariamente, contra “Corporación Nacional del Cobre de Chile”, la que, en consecuencia, no es nula. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, comuníquese. Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo. Rol N° 1184 - 2010.Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González, e integrada por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y por el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veinticinco de enero de dos mil once. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que comparece don Erick Alexander Mazzo Cerna, domiciliado en Santa Berta N° 2610, comuna de Maipú, quien demanda indemnización de perjuicios por accidente del trabajo y despido injustificado, en juicio ordinario del trabajo, en contra de ex empleadora Buses Gran Santiago S.A., Rut 99.557.450 0, representada legalmente por Luis Barahona Moraga, Rut 8.711.413 9, ignora profesión, ambos con domicilio en Panamericana Norte 5151, comuna de Conchalí, a fin de que el tribunal, acogiendo su demanda declare su responsabilidad en el accidente laboral ocurrido el 23 de julio de 2010 y se la condene al pago de la suma de $ 10.000.000, por concepto de daño moral sufrido, además que se declare que el despido efectuado por su empleadora fue indebido y que conforme a ello ordénase el pago de las indemnizaciones de los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo, esta última incrementada con el recargo del artículo 168 del mismo cuerpo legal, además del feriado legal de los años 2008 y 2009 y proporcional último periodo y la remuneración por los días trabajados 23 a 28 de agosto de 2010, todo con intereses, reajustes y costas del juicio. SEGUNDO: El demandante funda su acción en que prestó servicios laborales para la demandada, con contrato de trabajo a plazo indefinido, con una remuneración de $ 836.342 en funciones de mecánico de buses en el sistema Transantiago, desde el 1 de febrero de 2008 y hasta el 28 de agosto de 2010. Su jornada de trabajo ordinaria era de lunes a sábado, y comprendía 45 horas semanales. Agrega que se le despidió injustificadamente y sin que mediara aviso previo alguno, el 27 de agosto de 2010, fecha esta según la carta de despido indicando como causales de términos los N°s. 5 y 6 del art. 159 del Código del Trabajo, esto es, conclusión del servicio originario de la relación laboral y caso fortuito o fuerza mayor, respectivamente, las que se fundan en el hecho que a contar del 6 de agosto de 2010 la demandada dejó de operar sus servicios en el Troncal 3, por decisión de la autoridad. Explica que el riesgo empresarial no corresponde que el empleador lo eche “sobre las espaldas del trabajador”, además de estar él contratado en calidad de mecánico sin distinción alguna ni menos en cuanto a recorridos, asimismo, a la época de su despido, desde marzo del año en curso, él únicamente atendía, en el taller terminal de Aguirre Luco, los buses rojos de la Zona B, que nada tienen que ver con el Troncal 3 de buses blancos. En consecuencia su despido es injustificado, indebido e improcedente, haciendo procedente las indemnizaciones legales y su recargo. Además de adeudarle vacaciones periodo 2008 y 2009, y feriado proporcional año 2010 menos 10 días efectivamente usados y pagados. Las sumas que demanda por estos conceptos son, $ 1.171.000 años 2008 y 2009, y $ 110.000 proporcional 2010. Remuneración de los días trabajados en agosto de 2010, del 23 al 28 de ese mes la suma de $ 106.382. Por último solicita por daño moral ascendente a $ 10.000.000 por el accidente del trabajo por quemaduras, de responsabilidad de la demanda, que sufrió el 24 de julio de 2010, aproximadamente a las 13:00 horas., y por el que fue atendido en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la. Construcción. Agrega que el accidente se debió a que prestando sus servicios de mecánico, sin las correspondientes medidas de seguridad y sin los correspondientes implementos de prevención, por una chispa, que se produjo en el motor en que trabajaba, se formó una llamarada, la que se incrementó con los restos de petróleo esparcidos en el suelo, incendiándose su overol y quemándose su pierna izquierda, su parte trasera entre la rodilla y el tobillo, incluida su pantorrilla. Indica que no estaba presente el supervisor de taller, no contaba con ropa anti inflamable, nunca se le había capacitado en medidas de higiene y seguridad para enfrentar un siniestro de tal naturaleza, ni siquiera se contaba con extintor en el lugar de los hechos.

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-2998-2010 Cita online: CL/JUR/6997/2011

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-2998-2010 Cita online: CL/JUR/6997/2011

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veinticinco de enero de dos mil once. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que comparece don Erick Alexander Mazzo Cerna, domiciliado en Santa Berta N° 2610, comuna de Maipú, quien demanda indemnización de perjuicios por accidente del trabajo y despido injustificado, en juicio ordinario del trabajo, en contra de ex empleadora Buses Gran Santiago S.A., Rut 99.557.450 0, representada legalmente por Luis Barahona Moraga, Rut 8.711.413 9, ignora profesión, ambos con domicilio en Panamericana Norte 5151, comuna de Conchalí, a fin de que el tribunal, acogiendo su demanda declare su responsabilidad en el accidente laboral ocurrido el 23 de julio de 2010 y se la condene al pago de la suma de $ 10.000.000, por concepto de daño moral sufrido, además que se declare que el despido efectuado por su empleadora fue indebido y que conforme a ello ordénase el pago de las indemnizaciones de los artículos 162 y 163 del Código del Trabajo, esta última incrementada con el recargo del artículo 168 del mismo cuerpo legal, además del feriado legal de los años 2008 y 2009 y proporcional último periodo y la remuneración por los días trabajados 23 a 28 de agosto de 2010, todo con intereses, reajustes y costas del juicio. SEGUNDO: El demandante funda su acción en que prestó servicios laborales para la demandada, con contrato de trabajo a plazo indefinido, con una remuneración de $ 836.342 en funciones de mecánico de buses en el sistema Transantiago, desde el 1 de febrero de 2008 y hasta el 28 de agosto de 2010. Su jornada de trabajo ordinaria era de lunes a sábado, y comprendía 45 horas semanales. Agrega que se le despidió injustificadamente y sin que mediara aviso previo alguno, el 27 de agosto de 2010, fecha esta según la carta de despido indicando como causales de términos los N°s. 5 y 6 del art. 159 del Código del Trabajo, esto es, conclusión del servicio originario de la relación laboral y caso fortuito o fuerza mayor, respectivamente, las que se fundan en el hecho que a contar del 6 de agosto de 2010 la demandada dejó de operar sus servicios en el Troncal 3, por decisión de la autoridad. Explica que el riesgo empresarial no corresponde que el empleador lo eche “sobre las espaldas del trabajador”, además de estar él contratado en calidad de mecánico sin distinción alguna ni menos en cuanto a recorridos, asimismo, a la época de su despido, desde marzo del año en curso, él únicamente atendía, en el taller terminal de Aguirre Luco, los buses rojos de la Zona B, que nada tienen que ver con el Troncal 3 de buses blancos. En consecuencia su despido es injustificado, indebido e improcedente, haciendo procedente las indemnizaciones legales y su recargo. Además de adeudarle vacaciones periodo 2008 y 2009, y feriado proporcional año 2010 menos 10 días efectivamente usados y pagados. Las sumas que demanda por estos conceptos son, $ 1.171.000 años 2008 y 2009, y $ 110.000 proporcional 2010. Remuneración de los días trabajados en agosto de 2010, del 23 al 28 de ese mes la suma de $ 106.382. Por último solicita por daño moral ascendente a $ 10.000.000 por el accidente del trabajo por quemaduras, de responsabilidad de la demanda, que sufrió el 24 de julio de 2010, aproximadamente a las 13:00 horas., y por el que fue atendido en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la. Construcción. Agrega que el accidente se debió a que prestando sus servicios de mecánico, sin las correspondientes medidas de seguridad y sin los correspondientes implementos de prevención, por una chispa, que se produjo en el motor en que trabajaba, se formó una llamarada, la que se incrementó con los restos de petróleo esparcidos en el suelo, incendiándose su overol y quemándose su pierna izquierda, su parte trasera entre la rodilla y el tobillo, incluida su pantorrilla. Indica que no estaba presente el supervisor de taller, no contaba con ropa anti inflamable, nunca se le había capacitado en medidas de higiene y seguridad para enfrentar un siniestro de tal naturaleza, ni siquiera se contaba con extintor en el lugar de los hechos.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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A fin de evitar que se consumiera quemado, unos compañeros improvisaron una toalla mojada para, así, impedir que continuara la acción del fuego. A consecuencia del accidente no podrá exponer su piel quemada al sol o a temperaturas levemente calientes, quedando la piel sensible y con marcas de quemadura para siempre. El accidente se habría evitado si la demandada hubiere cumplido con su deber de seguridad, establecido en el art. 184 del Código del Trabajo en relación con la ley Nº 16.744, irrogándole entonces la demandada, con su conducta negligente y culpable, dolores, aflicciones físicas y síquicas, angustias, depresiones, afectándosele incluso la estética y normalidad de una parte importante de sus extremidades, con manchas que repercuten y repercutirán en sus relaciones íntimas, y marcas que está condenado a esconderlas en público. TERCERO: Que la demandada, por su parte, notificada legalmente, contesta la demanda solicitando su rechazo, indica que es efectivo que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 01 de febrero de 2008, en calidad de mecánico de buses de la demandada, concesionaria del Plan Transantiago y fue despedido con fecha 27 de agosto de 2010, y no el día 28 del mismo mes, como se señala en la demanda, siendo justificada. No siendo efectivo que la remuneración del actor, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, hubiere ascendido a la suma de $ 836.342. La remuneración del demandante, quien estaba afecto a una estructura en parte fija sueldo base, y gratificación legal, y en parte variable bono de mantención en los tres últimos meses anteriores al término del contrato, ascendía a la suma de $ 613.313. La diferencia entre estas sumas se explica, en parte, porque el demandante adiciona, ilegalmente, a la base de cálculo de las indemnizaciones que impetra beneficios no constitutivos de remuneración, como son las asignaciones de movilización y colación y horas extraordinarias. Ello, no resulta ajustado a derecho por cuanto, desde un punto de vista estrictamente legal, el tribunal no puede sustraerse de la aplicación del principio rector contenido en el artículo 172 del Código del Trabajo que acuña el concepto de “última remuneración mensual”, del cual fluyen dos elementos copulativos esenciales para determinar la base de cálculo de las indemnizaciones legales. El primero, que debe tratarse de una remuneración, lo cual naturalmente excluye los beneficios que no revisten tal carácter y, el segundo, que dicha remuneración debe tener carácter mensual. En cuanto al primero de los elementos señalados, hace presente que las asignación de colación y movilización han sido excluidas expresamente por el legislador del concepto de remuneración contenido en el Inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, de manera que no existe fundamento legal para considerarlas como parte de la última remuneración mensual definida en el antes citado artículo 172 del Código del Trabajo, siendo las normas contempladas en los artículos 41 y 172 no son contradictorias, sino que se complementan y responden a un mismo principio: las remuneraciones son estipendios que se devengan por la prestación de los servicios. Cita fallo de Unificación de Jurisprudencia, dictado en autos 9603 2010, de 21 de abril de 2010. Por su parte, las horas extraordinarias han sido excluidas expresamente de la base de cálculo de la indemnización por el propio legislador en el artículo 172 citado. En cuanto a las causales de terminación del contrato de trabajo del actor, explica que el giro comercial de la demandada lo constituye la prestación de servicios de transporte de pasajeros en las vías licitadas de la Región Metropolitana dentro del marco o esquema que se establece en las Bases de Licitación Transantiago 2003. Para tales efectos la demandada postuló a la licitación Transantiago, adjudicándose las Unidades de Negocio Alimentadoras N°s 5 (zona G) y 8 (zona B) y la Unidad Troncal N° 3, en virtud de Resolución Exenta N° 109/2005, de la Subsecretaría de Transportes. Actualmente, opera sólo las Unidad Alimentadora N° 8. La licitación de la Unidad de Negocio Alimentadora N° 3 se extendía primitivamente hasta el 22 de octubre de 2007. No obstante lo anterior, como no fue posible proceder a su adjudicación, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por medio de distintas resoluciones exentas, dispuso condiciones específicas de operación y utilización de vías, en virtud de las cuales mi representada continuó la operación de la Unidad de Negocios Troncal N° 3. Las resoluciones específicas fueron las siguientes: Resolución Exenta N° 2062, de 29 de octubre de 2007, que establece Condiciones Específicas de Operación y Utilización de Vías para Servicios de Transportes Público de Pasajeros y sus modificacio-

A fin de evitar que se consumiera quemado, unos compañeros improvisaron una toalla mojada para, así, impedir que continuara la acción del fuego. A consecuencia del accidente no podrá exponer su piel quemada al sol o a temperaturas levemente calientes, quedando la piel sensible y con marcas de quemadura para siempre. El accidente se habría evitado si la demandada hubiere cumplido con su deber de seguridad, establecido en el art. 184 del Código del Trabajo en relación con la ley Nº 16.744, irrogándole entonces la demandada, con su conducta negligente y culpable, dolores, aflicciones físicas y síquicas, angustias, depresiones, afectándosele incluso la estética y normalidad de una parte importante de sus extremidades, con manchas que repercuten y repercutirán en sus relaciones íntimas, y marcas que está condenado a esconderlas en público. TERCERO: Que la demandada, por su parte, notificada legalmente, contesta la demanda solicitando su rechazo, indica que es efectivo que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 01 de febrero de 2008, en calidad de mecánico de buses de la demandada, concesionaria del Plan Transantiago y fue despedido con fecha 27 de agosto de 2010, y no el día 28 del mismo mes, como se señala en la demanda, siendo justificada. No siendo efectivo que la remuneración del actor, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, hubiere ascendido a la suma de $ 836.342. La remuneración del demandante, quien estaba afecto a una estructura en parte fija sueldo base, y gratificación legal, y en parte variable bono de mantención en los tres últimos meses anteriores al término del contrato, ascendía a la suma de $ 613.313. La diferencia entre estas sumas se explica, en parte, porque el demandante adiciona, ilegalmente, a la base de cálculo de las indemnizaciones que impetra beneficios no constitutivos de remuneración, como son las asignaciones de movilización y colación y horas extraordinarias. Ello, no resulta ajustado a derecho por cuanto, desde un punto de vista estrictamente legal, el tribunal no puede sustraerse de la aplicación del principio rector contenido en el artículo 172 del Código del Trabajo que acuña el concepto de “última remuneración mensual”, del cual fluyen dos elementos copulativos esenciales para determinar la base de cálculo de las indemnizaciones legales. El primero, que debe tratarse de una remuneración, lo cual naturalmente excluye los beneficios que no revisten tal carácter y, el segundo, que dicha remuneración debe tener carácter mensual. En cuanto al primero de los elementos señalados, hace presente que las asignación de colación y movilización han sido excluidas expresamente por el legislador del concepto de remuneración contenido en el Inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, de manera que no existe fundamento legal para considerarlas como parte de la última remuneración mensual definida en el antes citado artículo 172 del Código del Trabajo, siendo las normas contempladas en los artículos 41 y 172 no son contradictorias, sino que se complementan y responden a un mismo principio: las remuneraciones son estipendios que se devengan por la prestación de los servicios. Cita fallo de Unificación de Jurisprudencia, dictado en autos 9603 2010, de 21 de abril de 2010. Por su parte, las horas extraordinarias han sido excluidas expresamente de la base de cálculo de la indemnización por el propio legislador en el artículo 172 citado. En cuanto a las causales de terminación del contrato de trabajo del actor, explica que el giro comercial de la demandada lo constituye la prestación de servicios de transporte de pasajeros en las vías licitadas de la Región Metropolitana dentro del marco o esquema que se establece en las Bases de Licitación Transantiago 2003. Para tales efectos la demandada postuló a la licitación Transantiago, adjudicándose las Unidades de Negocio Alimentadoras N°s 5 (zona G) y 8 (zona B) y la Unidad Troncal N° 3, en virtud de Resolución Exenta N° 109/2005, de la Subsecretaría de Transportes. Actualmente, opera sólo las Unidad Alimentadora N° 8. La licitación de la Unidad de Negocio Alimentadora N° 3 se extendía primitivamente hasta el 22 de octubre de 2007. No obstante lo anterior, como no fue posible proceder a su adjudicación, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por medio de distintas resoluciones exentas, dispuso condiciones específicas de operación y utilización de vías, en virtud de las cuales mi representada continuó la operación de la Unidad de Negocios Troncal N° 3. Las resoluciones específicas fueron las siguientes: Resolución Exenta N° 2062, de 29 de octubre de 2007, que establece Condiciones Específicas de Operación y Utilización de Vías para Servicios de Transportes Público de Pasajeros y sus modificacioACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

nes aprobadas mediante resoluciones exentas N° 2092, de 02 de noviembre de 2007, N° 881, de 18 de junio de 2008; resolución N° 2774, de 31 de diciembre de 2008; resolución N° 1334, de 02 de julio de 2009; Resolución N” 2924, de 31 de diciembre de 2009; resolución N° 189, de 21 de enero de 2010, y resolución N° 1959 de 15 de julio de 2010. En el mes de agosto de 2009, la autoridad de Transportes licitó definitivamente una parte de la Unidad de Negocios Troncal N° 3 (servicios 301, 301c, 301e, 302, 302e, 303, 303e, 307, 307e, 308, 312e, 313e, 314 y 315e), adjudicándosela a la Empresas Buses Vule S.A. Estos servicios continuaron siendo operados por Buses Gran Santiago S.A. hasta que asumió el nuevo concesionario; lo que respecto de algunos servicios ocurrió con posterioridad al 31 de diciembre de 2009, motivo por el cual esta prórroga se incluyó en la Resolución Exenta N° 2924, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, antes citada. Agrega que con todo, los servicios 304, 304e, 305, 305e, 305c, 306, 309 y 311, continuaron siendo operados por BGS hasta el 06 de agosto de 2010, inclusive, por la misma vía anterior, esto es, resoluciones exentas que establecieron condiciones específicas de operación y utilización de vías. Como se puede advertir, la autoridad impuso a la demandada la operación de los servicios de que se trata, lo que le implicó a ésta un significativo aumento en los costos indemnizatorios de los trabajadores adscritos a las unidades del Troncal N° 3 que continuamos administrando, que ascendían a más de 1.200 personas y 772 conductores, en atención a lo anterior, negoció y convino con el Estado de Chile, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representado por el Coordinador de Transportes de Santiago, don Marcos Carmach Botto, un “MEMORÁNDUM DE ACUERDO EN MATERIAS LABORALES”, el que, en lo sustancial, señala: En relación a los conductores de los servicios del 73 no licitado cuyo traspaso a las empresas u operadores a quienes en definitiva corresponda la explotación de tales servicios o de las concesiones en los términos consagrados en el inciso 2° del artículo 4° del Código del Trabajo o en la modalidad que las partes acuerden, sin perjuicio de lo anterior no será responsabilidad de Buses Gran Santiago el pago de las Indemnizaciones de los citados conductores, de modo que el nuevo operador se haga cargo de las indemnizaciones de los conductores que se traspasan. Buses Gran Santiago por su parte se compromete al pago de las remuneraciones y leyes sociales hasta la fecha antes referida y a asumir (en una convención con los operadores a quienes en definitiva corresponda la concesión o el T3) el pago de las diferencias, si existieran por aspectos no informados oportunamente por BGS o conocidos previamente en lo referente al pago de las remuneraciones o leyes sociales hasta la fecha en que se materialice el traspaso”. La causal de término de contrato de trabajo, alegada de fuerza mayor y la existencia de un instrumento o documento, como el citado “MEMORANDUN DE ACUERDO EN MATERIAS LABORALES”, es prueba de una convención, fuente de obligaciones, en el que se compromete la voluntad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en orden a garantizar a los trabajadores adscritos a los servicios del Troncal Tres, cuyo traspaso a los nuevos operadores se haría el 21 de enero del 2010, su continuidad laboral en los términos consagrados en el artículo 4° del Código del Trabajo, sin perjuicio de la existencia del mismo acuerdo entre las organizaciones de los trabajadores y el mismo Ministerio. En efecto, entre las organizaciones de los trabajadores adscritos a los servicios del denominado Troncal Tres y las autoridades del Ministerio de Transportes se produjo la misma convención o acuerdo, en este caso consensual, pero del todo vinculante, y resultado de numerosas gestiones, efectuadas por los Dirigentes de sus sindicatos ante las autoridades del Ministerio del Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo, Contraloría General de la República, Comisiones de Transportes del Senado y Cámara de Diputados, Senadores y Diputados en persona, ejercicio de recursos de Protección y Administrativos, y que culminaron en una mesa de trabajo integrada entre estos dirigentes y representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo. Esta mesa de trabajo obtuvo como resultado, un acuerdo consensual con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que implicó dos etapas. Una primera para aquellos trabajadores adscritos a servicios del Troncal Tres que se licitarían mediante proceso público, y otra segunda para aquellos trabajadores adscritos a servicios del mismo troncal, pero adjudicables vía administrativa. La primera etapa, el acuerdo implicaba que la demandada finiquitaba a los trabajadores, pagando la indemnización por años de servicios y otras prestaciones, y el operador que se adjudicaba por lici-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

nes aprobadas mediante resoluciones exentas N° 2092, de 02 de noviembre de 2007, N° 881, de 18 de junio de 2008; resolución N° 2774, de 31 de diciembre de 2008; resolución N° 1334, de 02 de julio de 2009; Resolución N” 2924, de 31 de diciembre de 2009; resolución N° 189, de 21 de enero de 2010, y resolución N° 1959 de 15 de julio de 2010. En el mes de agosto de 2009, la autoridad de Transportes licitó definitivamente una parte de la Unidad de Negocios Troncal N° 3 (servicios 301, 301c, 301e, 302, 302e, 303, 303e, 307, 307e, 308, 312e, 313e, 314 y 315e), adjudicándosela a la Empresas Buses Vule S.A. Estos servicios continuaron siendo operados por Buses Gran Santiago S.A. hasta que asumió el nuevo concesionario; lo que respecto de algunos servicios ocurrió con posterioridad al 31 de diciembre de 2009, motivo por el cual esta prórroga se incluyó en la Resolución Exenta N° 2924, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, antes citada. Agrega que con todo, los servicios 304, 304e, 305, 305e, 305c, 306, 309 y 311, continuaron siendo operados por BGS hasta el 06 de agosto de 2010, inclusive, por la misma vía anterior, esto es, resoluciones exentas que establecieron condiciones específicas de operación y utilización de vías. Como se puede advertir, la autoridad impuso a la demandada la operación de los servicios de que se trata, lo que le implicó a ésta un significativo aumento en los costos indemnizatorios de los trabajadores adscritos a las unidades del Troncal N° 3 que continuamos administrando, que ascendían a más de 1.200 personas y 772 conductores, en atención a lo anterior, negoció y convino con el Estado de Chile, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representado por el Coordinador de Transportes de Santiago, don Marcos Carmach Botto, un “MEMORÁNDUM DE ACUERDO EN MATERIAS LABORALES”, el que, en lo sustancial, señala: En relación a los conductores de los servicios del 73 no licitado cuyo traspaso a las empresas u operadores a quienes en definitiva corresponda la explotación de tales servicios o de las concesiones en los términos consagrados en el inciso 2° del artículo 4° del Código del Trabajo o en la modalidad que las partes acuerden, sin perjuicio de lo anterior no será responsabilidad de Buses Gran Santiago el pago de las Indemnizaciones de los citados conductores, de modo que el nuevo operador se haga cargo de las indemnizaciones de los conductores que se traspasan. Buses Gran Santiago por su parte se compromete al pago de las remuneraciones y leyes sociales hasta la fecha antes referida y a asumir (en una convención con los operadores a quienes en definitiva corresponda la concesión o el T3) el pago de las diferencias, si existieran por aspectos no informados oportunamente por BGS o conocidos previamente en lo referente al pago de las remuneraciones o leyes sociales hasta la fecha en que se materialice el traspaso”. La causal de término de contrato de trabajo, alegada de fuerza mayor y la existencia de un instrumento o documento, como el citado “MEMORANDUN DE ACUERDO EN MATERIAS LABORALES”, es prueba de una convención, fuente de obligaciones, en el que se compromete la voluntad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en orden a garantizar a los trabajadores adscritos a los servicios del Troncal Tres, cuyo traspaso a los nuevos operadores se haría el 21 de enero del 2010, su continuidad laboral en los términos consagrados en el artículo 4° del Código del Trabajo, sin perjuicio de la existencia del mismo acuerdo entre las organizaciones de los trabajadores y el mismo Ministerio. En efecto, entre las organizaciones de los trabajadores adscritos a los servicios del denominado Troncal Tres y las autoridades del Ministerio de Transportes se produjo la misma convención o acuerdo, en este caso consensual, pero del todo vinculante, y resultado de numerosas gestiones, efectuadas por los Dirigentes de sus sindicatos ante las autoridades del Ministerio del Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo, Contraloría General de la República, Comisiones de Transportes del Senado y Cámara de Diputados, Senadores y Diputados en persona, ejercicio de recursos de Protección y Administrativos, y que culminaron en una mesa de trabajo integrada entre estos dirigentes y representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo. Esta mesa de trabajo obtuvo como resultado, un acuerdo consensual con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que implicó dos etapas. Una primera para aquellos trabajadores adscritos a servicios del Troncal Tres que se licitarían mediante proceso público, y otra segunda para aquellos trabajadores adscritos a servicios del mismo troncal, pero adjudicables vía administrativa. La primera etapa, el acuerdo implicaba que la demandada finiquitaba a los trabajadores, pagando la indemnización por años de servicios y otras prestaciones, y el operador que se adjudicaba por lici-

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tación pública dichos servicios debía respetar un derecho preferente a contratación indefinida de los trabajadores finiquitados, y garantizar vía boletas el fiel cumplimiento de obligaciones previsionales y de salud y los futuros finiquitos si cesaba en la operación de los servicios. Para hacer operativo esto último se acordó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debía modificar las bases de licitación en el sentido de incorporar este derecho preferente de los trabajadores adscritos a estos servicios y la obligación de tomar boletas de garantía. Debo señalar que este acuerdo funcionó a cabalidad, y en su oportunidad el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones modificó las bases en cuestión, la Contraloría General tomó debida razón de estas modificaciones y se efectuaron las adjudicaciones con estas modalidades. En la segunda etapa, el acuerdo implicaba que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al momento de adjudicar administrativamente el resto de los servicios del Troncal Tres a las Empresas Alsacia S.A. y Buses Express de Santiago Uno S.A., impondría a estos operadores la obligación de recibir a todos los trabajadores adscritos a estos servicios en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo, esto es, respetando las estipulaciones derivadas de sus respectivos contratos de trabajo individuales y colectivos, compromiso que como es sabido dicho Ministerio no cumplió tanto para los trabajadores como para BGS, y desde luego este acto discrecional de esta autoridad, configura la causal invocada. Explica que paralelamente a lo anterior, llevó a efecto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una intensa negociación con el objeto que se le adjudicaran los servicios de la Unidad de Negocio Troncal N° 3 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no sólo no adjudicó los servicios no licitados de la Unidad de Negocio Troncal 3 a la Empresa Buses Gran Santiago sino que además manifestó su intención de no cumplir con el acuerdo firmado y, efectivamente, no lo hizo, lo que situó a la demandada en la necesidad de poner término a los contratos de trabajo de los demandantes por las causales contempladas en el artículo 159, numerales 5 y 6, del Código del Trabajo, En definitiva, mediante Ord N° 3142/2010, de 23 de julio de 2010, la entonces Coordinadora de Transantiago Srta. Ana Luisa Covarrubias P., comunicó al Gerente General, don Luis Barahona Moraga que “En virtud del cumplimiento del plazo de prórroga para la prestación de los servicios de la Unidad de Negocio Troncal N° 3, según da cuenta la Resolución Exenta N” 1959 de fecha 15 de julio 2010, cumplo con Informar a usted que esta coordinación ha tomado la decisión de no emitir una nueva prórroga de prestación de servicios con vuestra representada. De esta forma, conforme la citada resolución N° 1959, el término de los servicios se produjo a las 23:59:59 del día 06 de agosto de 2010. Finalmente, hace presente que la autoridad de transportes adjudicó los servicios de que se trata a la empresa Express de Santiago 1 S.A., en compensación por la entrada en operación del Metro a Maipú, lo que motivó que sus sindicatos recurrieran a la Contraloría General de República dado que entendieron que la adjudicación estaba fuera de las Bases de Licitación Transantiago 2003, toda vez que es un hecho público y notorio que la futura línea de Metro aún no comienza a operar y, por ende, aún no se ha producido ningún perjuicio que compensar o indemnizar. De esta forma pusieron término al contrato del actor invocando, primeramente, la causal legal contemplada en el artículo 159, N° 5, del Código del Trabajo, esto es, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, en virtud de que, como se ha dicho, concluyó o cesó la Unidad de Negocios del Plan Transantiago en la que el actor se desempeñaba. En el marco de ese negocio es que el demandante fue contratado y laboró efectivamente en el período que él indica en el libelo de demanda. Sin embargo, la demandada ha cesado en sus actividades en la referida Unidad de Negocio, habiendo concluido de esta forma el trabajo que dio origen al contrato del actor, en la especie el actor fue contratado para trabajar en la demandada, motivo por el cual concluyendo o terminando dicha actividad sustancial mente, ha expirado el trabajo o servicio para el cual fue contratado el demandante. Continua citando fallo de recurso de unificación de jurisprudencia, Rol 3276 2010, indicando que en la especie, por decisión de Estado de Chile, se puso término a la concesión de la Unidad de Negocio Troncal 3, de modo que, conceptualmente, el caso fallado por la Excelentísima Corte Suprema y el de autos son similares. Seguidamente analiza la segunda causal invocada para poner término al contrato, esto es, Fuerza Mayor que como ha dicho la jurisprudencia que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos:

tación pública dichos servicios debía respetar un derecho preferente a contratación indefinida de los trabajadores finiquitados, y garantizar vía boletas el fiel cumplimiento de obligaciones previsionales y de salud y los futuros finiquitos si cesaba en la operación de los servicios. Para hacer operativo esto último se acordó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debía modificar las bases de licitación en el sentido de incorporar este derecho preferente de los trabajadores adscritos a estos servicios y la obligación de tomar boletas de garantía. Debo señalar que este acuerdo funcionó a cabalidad, y en su oportunidad el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones modificó las bases en cuestión, la Contraloría General tomó debida razón de estas modificaciones y se efectuaron las adjudicaciones con estas modalidades. En la segunda etapa, el acuerdo implicaba que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al momento de adjudicar administrativamente el resto de los servicios del Troncal Tres a las Empresas Alsacia S.A. y Buses Express de Santiago Uno S.A., impondría a estos operadores la obligación de recibir a todos los trabajadores adscritos a estos servicios en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo, esto es, respetando las estipulaciones derivadas de sus respectivos contratos de trabajo individuales y colectivos, compromiso que como es sabido dicho Ministerio no cumplió tanto para los trabajadores como para BGS, y desde luego este acto discrecional de esta autoridad, configura la causal invocada. Explica que paralelamente a lo anterior, llevó a efecto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una intensa negociación con el objeto que se le adjudicaran los servicios de la Unidad de Negocio Troncal N° 3 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no sólo no adjudicó los servicios no licitados de la Unidad de Negocio Troncal 3 a la Empresa Buses Gran Santiago sino que además manifestó su intención de no cumplir con el acuerdo firmado y, efectivamente, no lo hizo, lo que situó a la demandada en la necesidad de poner término a los contratos de trabajo de los demandantes por las causales contempladas en el artículo 159, numerales 5 y 6, del Código del Trabajo, En definitiva, mediante Ord N° 3142/2010, de 23 de julio de 2010, la entonces Coordinadora de Transantiago Srta. Ana Luisa Covarrubias P., comunicó al Gerente General, don Luis Barahona Moraga que “En virtud del cumplimiento del plazo de prórroga para la prestación de los servicios de la Unidad de Negocio Troncal N° 3, según da cuenta la Resolución Exenta N” 1959 de fecha 15 de julio 2010, cumplo con Informar a usted que esta coordinación ha tomado la decisión de no emitir una nueva prórroga de prestación de servicios con vuestra representada. De esta forma, conforme la citada resolución N° 1959, el término de los servicios se produjo a las 23:59:59 del día 06 de agosto de 2010. Finalmente, hace presente que la autoridad de transportes adjudicó los servicios de que se trata a la empresa Express de Santiago 1 S.A., en compensación por la entrada en operación del Metro a Maipú, lo que motivó que sus sindicatos recurrieran a la Contraloría General de República dado que entendieron que la adjudicación estaba fuera de las Bases de Licitación Transantiago 2003, toda vez que es un hecho público y notorio que la futura línea de Metro aún no comienza a operar y, por ende, aún no se ha producido ningún perjuicio que compensar o indemnizar. De esta forma pusieron término al contrato del actor invocando, primeramente, la causal legal contemplada en el artículo 159, N° 5, del Código del Trabajo, esto es, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, en virtud de que, como se ha dicho, concluyó o cesó la Unidad de Negocios del Plan Transantiago en la que el actor se desempeñaba. En el marco de ese negocio es que el demandante fue contratado y laboró efectivamente en el período que él indica en el libelo de demanda. Sin embargo, la demandada ha cesado en sus actividades en la referida Unidad de Negocio, habiendo concluido de esta forma el trabajo que dio origen al contrato del actor, en la especie el actor fue contratado para trabajar en la demandada, motivo por el cual concluyendo o terminando dicha actividad sustancial mente, ha expirado el trabajo o servicio para el cual fue contratado el demandante. Continua citando fallo de recurso de unificación de jurisprudencia, Rol 3276 2010, indicando que en la especie, por decisión de Estado de Chile, se puso término a la concesión de la Unidad de Negocio Troncal 3, de modo que, conceptualmente, el caso fallado por la Excelentísima Corte Suprema y el de autos son similares. Seguidamente analiza la segunda causal invocada para poner término al contrato, esto es, Fuerza Mayor que como ha dicho la jurisprudencia que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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a) Inimputabilidad: Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. En la especie, es un hecho indubitado que todos los hechos referidos, son absolutamente inimputables a la demandada, toda vez que fue el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones quien decidió, desconociendo sus propios informes, adjudicar el servicio en que se desempeñaba el actor a otro concesionario del Plan Transantiago, distinto de la demandada. b) Imprevisibilidad: Que el hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes. En cuanto a este elemento, más propio, doctrinariamente, del caso fortuito que de la fuerza mayor, cabe señalar que, conforme lo señalan los autores, si bien el significado etimológico de “imprevisto” (nunca antes visto, fuera de conocimiento anticipado, imposible de conjeturar lo que ha de suceder, aun por señales o indicios), envuelve un concepto absoluto de improviso, lo cual implica, desde esta óptica, que todo hecho sería previsible, en el ámbito jurídico tal concepto debe analizarse en un sentido relativo, lo cual implica un análisis de previsiones normales, según un cálculo de probabilidades sobre el acontecer del hecho de que se trate. En el contexto de lo ocurrido se pregunta si la demandada, en cuanto agente, pudo prever o, más preciso aún, conforme a la. acepción que del concepto “prever” entrega el Diccionario de la Lengua Española, pudo “disponer o preparar medios contra futuras contingencias”, y eludir u obviar así todos los efectos de la decisión o acto de la Autoridad competente, que el Estado de Chile, primero, no cumpliría su acuerdo en orden a que las consecuencias indemnizatorias de las desvinculaciones que debían producirse por el término de la concesión no serian asumidas por la demandada y, luego, que preparada incluso el borrador de resolución que prorrogaba la vigencia de las condiciones específicas de operación y utilización de vías hasta las 23:59.59 del día 22 de octubre de 2011, se lo adjudicaría a otra empresa para, además, compensar un daño inexistente. En estas circunstancias, la demandada no estuvo en situación material de “prever”, en el sentido señalado, el hecho en comento, es decir, se ha dado plenamente a su respecto el elemento de imprevisibilidad exigido por la doctrina y la jurisprudencia. c) Irresistibilidad: El último elemento de la fuerza mayor, dice relación con que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. Para acreditar la concurrencia de este elemento, basta con preguntarse, qué otra medida pudo adoptar la demandada para evitar que se adjudicara a otra empresa los servicios de la Unidad de Negocios Troncal 3 que operaba la demandada o bien, cómo se habría podido impedir que el Estado de Chile no cumpliera su compromiso. En cuanto a las prestaciones demandada solo reconoce adeudar la suma de $ 587.232, correspondientes 29,13 días hábiles. Finalmente se hace cargo de lo solicitado por daño moral, e indica que no se ha demandado, como corresponde, una indemnización por ese concepto, lo que, desde luego, permite desestimar la demanda, hacer presente que la demandada se encuentra afiliada, para los efectos del Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. En virtud de lo anterior, el demandante fue beneficiario de todas las prestaciones médicas y pecuniarias que se establecen en dicha ley, hasta que fuera dado de alta, es decir, hasta que el organismo competente lo declaró sano, denunciando, en forma inmediata y oportuna, el accidente de que se trata al organismo administrador, a fin de que se otorgaran al trabajador las prestaciones médicas y económicas que dicha ley contempla lo que, efectivamente, acaeció. Es posible afirmar que si el actor efectivamente hubiera experimentado las secuelas que dice experimentar no habría sido dado de alta del sistema Mutual. Es efectivo que el actor sufrió un accidente del trabajo, pero ello ocurrió el día 23 de julio de 2010, no siendo efectivo que el día del accidente el actor hubiere prestado servicios sin los “correspondientes implementos de prevención”. En efecto, el accidente del actor se produjo mientras otro compañero de trabajo se encontraba efectuando soldaduras, lo que generó una chispa que cayó en la ropa de trabajo del demandante, la que se encontraba impregnada con material inflamable, lo que produjo una quemadura en la parte trasera

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a) Inimputabilidad: Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. En la especie, es un hecho indubitado que todos los hechos referidos, son absolutamente inimputables a la demandada, toda vez que fue el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones quien decidió, desconociendo sus propios informes, adjudicar el servicio en que se desempeñaba el actor a otro concesionario del Plan Transantiago, distinto de la demandada. b) Imprevisibilidad: Que el hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes. En cuanto a este elemento, más propio, doctrinariamente, del caso fortuito que de la fuerza mayor, cabe señalar que, conforme lo señalan los autores, si bien el significado etimológico de “imprevisto” (nunca antes visto, fuera de conocimiento anticipado, imposible de conjeturar lo que ha de suceder, aun por señales o indicios), envuelve un concepto absoluto de improviso, lo cual implica, desde esta óptica, que todo hecho sería previsible, en el ámbito jurídico tal concepto debe analizarse en un sentido relativo, lo cual implica un análisis de previsiones normales, según un cálculo de probabilidades sobre el acontecer del hecho de que se trate. En el contexto de lo ocurrido se pregunta si la demandada, en cuanto agente, pudo prever o, más preciso aún, conforme a la. acepción que del concepto “prever” entrega el Diccionario de la Lengua Española, pudo “disponer o preparar medios contra futuras contingencias”, y eludir u obviar así todos los efectos de la decisión o acto de la Autoridad competente, que el Estado de Chile, primero, no cumpliría su acuerdo en orden a que las consecuencias indemnizatorias de las desvinculaciones que debían producirse por el término de la concesión no serian asumidas por la demandada y, luego, que preparada incluso el borrador de resolución que prorrogaba la vigencia de las condiciones específicas de operación y utilización de vías hasta las 23:59.59 del día 22 de octubre de 2011, se lo adjudicaría a otra empresa para, además, compensar un daño inexistente. En estas circunstancias, la demandada no estuvo en situación material de “prever”, en el sentido señalado, el hecho en comento, es decir, se ha dado plenamente a su respecto el elemento de imprevisibilidad exigido por la doctrina y la jurisprudencia. c) Irresistibilidad: El último elemento de la fuerza mayor, dice relación con que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. Para acreditar la concurrencia de este elemento, basta con preguntarse, qué otra medida pudo adoptar la demandada para evitar que se adjudicara a otra empresa los servicios de la Unidad de Negocios Troncal 3 que operaba la demandada o bien, cómo se habría podido impedir que el Estado de Chile no cumpliera su compromiso. En cuanto a las prestaciones demandada solo reconoce adeudar la suma de $ 587.232, correspondientes 29,13 días hábiles. Finalmente se hace cargo de lo solicitado por daño moral, e indica que no se ha demandado, como corresponde, una indemnización por ese concepto, lo que, desde luego, permite desestimar la demanda, hacer presente que la demandada se encuentra afiliada, para los efectos del Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. En virtud de lo anterior, el demandante fue beneficiario de todas las prestaciones médicas y pecuniarias que se establecen en dicha ley, hasta que fuera dado de alta, es decir, hasta que el organismo competente lo declaró sano, denunciando, en forma inmediata y oportuna, el accidente de que se trata al organismo administrador, a fin de que se otorgaran al trabajador las prestaciones médicas y económicas que dicha ley contempla lo que, efectivamente, acaeció. Es posible afirmar que si el actor efectivamente hubiera experimentado las secuelas que dice experimentar no habría sido dado de alta del sistema Mutual. Es efectivo que el actor sufrió un accidente del trabajo, pero ello ocurrió el día 23 de julio de 2010, no siendo efectivo que el día del accidente el actor hubiere prestado servicios sin los “correspondientes implementos de prevención”. En efecto, el accidente del actor se produjo mientras otro compañero de trabajo se encontraba efectuando soldaduras, lo que generó una chispa que cayó en la ropa de trabajo del demandante, la que se encontraba impregnada con material inflamable, lo que produjo una quemadura en la parte trasera

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de su pierna izquierda. Lo que el actor omite señalar es que no tenía que estar en el lugar en que le acaeció el accidente, por cuanto éste no estaba efectuando la operación de soldadura, de modo que, sabiendo las condiciones en que estaba su ropa, producto del mismo trabajo de mantención, jamás debió acercarse al lugar de los hechos, ello implica que la causa basal del accidente fue una acción insegura en que éste incurrió, violando el deber de auto cuidado en su trabajo. Además no es efectivo que el día de los hechos no hubiere existido supervisor en las faenas; que exista la obligación de contar con ropa anti inflamable en la labor que desempeñaba el demandante y que éste no hubiere sido capacitado. Inmediatamente de acaecidos los hechos el actor fue derivado a la Mutual, entidad que con fecha 08 de noviembre de 2010, emitió el siguiente informe médico, que se reproduce en sus aspectos esenciales: “Control del 5 de agosto quemadura casi completamente epidermizada, se realiza curación con duoderm. “Control del 12 de agosto herida completamente epidermizada, zona de neopidermis algo delgada e hipersensible. Se Indica Tegaderm y lubricación con crema. “Paciente se reintegra a su trabajo el 23 de agosto, regresa a control el 26 del mismo mes, con herida completamente cerrada, leves molestias al roce, sin signos de complicación, se da de alta”. Como se puede apreciar, en la especie no existen daños indemnizables, por cuanto la entidad especializada en medicina del trabajo, estableció que el actor podía volver a su trabajo y, además, lo dio de alta. En consecuencia, en el caso sub lite no resulta procedente indemnización alguna a favor del actor, en atención a que no concurren en la especie los presupuestos o condiciones para la procedencia de la acción de indemnización de perjuicios intentada. En efecto: 1. Inexistencia de culpa o dolo de la demandada no ha incurrido en hecho doloso o culposo alguno, de forma que no es procedente que sea condenada a indemnización alguna en esta causa. 2. Inexistencia de nexo causal entre el hecho que se imputa a la demandada y el daño que se esgrime, en atención a que la responsabilidad que se atribuye a la demandada no tiene asidero jurídico y táctico es inconcuso que los daños que se señalan no son producto del hecho de mi representada. 3. Daño Indemnizable: de acuerdo con el ordenamiento jurídico y tal como lo señala el Código Civil, el responsable de un delito o cuasidelito “es obligado a la indemnización” del daño (artículo 2.314) o a su reparación (artículo 2.328). Sin embargo, la indemnización se encuentra sujeta a los siguientes principios, conforme jurisprudencia y doctrina: El monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho, es decir, la culpabilidad del agente no tiene influencia alguna en la extensión del daño. Cualquiera de que se trate el daño, sea este de un delito o cuasidelito, sea la culpa lata, leve o levísima, la reparación no puede aumentarse ni disminuir en atención a ella. En este caso, en relación con este punto, en cualquier evento, los hechos que se imputan a la demandada, aparte de no ser ciertos, no tienen la gravedad que pudiere imputarse al culpable de un accidente, cuyo no es el caso. La reparación se refiere sólo a los perjuicios directos, excluyéndose los indirectos que no se indemnizan jamás. El daño indemnizable debe ser cierto excluyéndose el “daño eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas, por fundadas que parezcan, sea presente o futuro, no da derecho a indemnización. En cuanto a la prueba del daño moral, la procedencia de los perjuicios debe ser acreditada y su cobro necesita fundarse en disposiciones legales, por tanto, y teniendo en cuenta que la existencia del daño es uno de los presupuestos de la demanda de autos, se debe aplicar el principio contenido en el artículo 1698 del Código Civil. Finalmente, y a mayor abundamiento, es necesario recordar que la respectiva Mutual de Seguridad no ha establecido la procedencia de indemnización de las previstas en la ley 16.744 por secuelas del accidente que habría afectado al actor en estas circunstancias, al tenor de la letra b) del artículo 69 de la ley 16.744, se pregunta ¿cómo podrían ser procedentes “también las otras Indemnizaciones...” las del derecho común, cuando, a juzgar por el tenor literal del precepto, éstas, por ser accesorias a las que establece dicha ley, sólo pueden intentarse adicionalmente a las previstas por ésta (“también”, expresa la norma); vale decir, exige, como supuesto necesario o sine qua non, la existencia de daños indemnizables, los que en concepto de la Mutual de Seguridad, no existen.

de su pierna izquierda. Lo que el actor omite señalar es que no tenía que estar en el lugar en que le acaeció el accidente, por cuanto éste no estaba efectuando la operación de soldadura, de modo que, sabiendo las condiciones en que estaba su ropa, producto del mismo trabajo de mantención, jamás debió acercarse al lugar de los hechos, ello implica que la causa basal del accidente fue una acción insegura en que éste incurrió, violando el deber de auto cuidado en su trabajo. Además no es efectivo que el día de los hechos no hubiere existido supervisor en las faenas; que exista la obligación de contar con ropa anti inflamable en la labor que desempeñaba el demandante y que éste no hubiere sido capacitado. Inmediatamente de acaecidos los hechos el actor fue derivado a la Mutual, entidad que con fecha 08 de noviembre de 2010, emitió el siguiente informe médico, que se reproduce en sus aspectos esenciales: “Control del 5 de agosto quemadura casi completamente epidermizada, se realiza curación con duoderm. “Control del 12 de agosto herida completamente epidermizada, zona de neopidermis algo delgada e hipersensible. Se Indica Tegaderm y lubricación con crema. “Paciente se reintegra a su trabajo el 23 de agosto, regresa a control el 26 del mismo mes, con herida completamente cerrada, leves molestias al roce, sin signos de complicación, se da de alta”. Como se puede apreciar, en la especie no existen daños indemnizables, por cuanto la entidad especializada en medicina del trabajo, estableció que el actor podía volver a su trabajo y, además, lo dio de alta. En consecuencia, en el caso sub lite no resulta procedente indemnización alguna a favor del actor, en atención a que no concurren en la especie los presupuestos o condiciones para la procedencia de la acción de indemnización de perjuicios intentada. En efecto: 1. Inexistencia de culpa o dolo de la demandada no ha incurrido en hecho doloso o culposo alguno, de forma que no es procedente que sea condenada a indemnización alguna en esta causa. 2. Inexistencia de nexo causal entre el hecho que se imputa a la demandada y el daño que se esgrime, en atención a que la responsabilidad que se atribuye a la demandada no tiene asidero jurídico y táctico es inconcuso que los daños que se señalan no son producto del hecho de mi representada. 3. Daño Indemnizable: de acuerdo con el ordenamiento jurídico y tal como lo señala el Código Civil, el responsable de un delito o cuasidelito “es obligado a la indemnización” del daño (artículo 2.314) o a su reparación (artículo 2.328). Sin embargo, la indemnización se encuentra sujeta a los siguientes principios, conforme jurisprudencia y doctrina: El monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho, es decir, la culpabilidad del agente no tiene influencia alguna en la extensión del daño. Cualquiera de que se trate el daño, sea este de un delito o cuasidelito, sea la culpa lata, leve o levísima, la reparación no puede aumentarse ni disminuir en atención a ella. En este caso, en relación con este punto, en cualquier evento, los hechos que se imputan a la demandada, aparte de no ser ciertos, no tienen la gravedad que pudiere imputarse al culpable de un accidente, cuyo no es el caso. La reparación se refiere sólo a los perjuicios directos, excluyéndose los indirectos que no se indemnizan jamás. El daño indemnizable debe ser cierto excluyéndose el “daño eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas, por fundadas que parezcan, sea presente o futuro, no da derecho a indemnización. En cuanto a la prueba del daño moral, la procedencia de los perjuicios debe ser acreditada y su cobro necesita fundarse en disposiciones legales, por tanto, y teniendo en cuenta que la existencia del daño es uno de los presupuestos de la demanda de autos, se debe aplicar el principio contenido en el artículo 1698 del Código Civil. Finalmente, y a mayor abundamiento, es necesario recordar que la respectiva Mutual de Seguridad no ha establecido la procedencia de indemnización de las previstas en la ley 16.744 por secuelas del accidente que habría afectado al actor en estas circunstancias, al tenor de la letra b) del artículo 69 de la ley 16.744, se pregunta ¿cómo podrían ser procedentes “también las otras Indemnizaciones...” las del derecho común, cuando, a juzgar por el tenor literal del precepto, éstas, por ser accesorias a las que establece dicha ley, sólo pueden intentarse adicionalmente a las previstas por ésta (“también”, expresa la norma); vale decir, exige, como supuesto necesario o sine qua non, la existencia de daños indemnizables, los que en concepto de la Mutual de Seguridad, no existen. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CUARTO: Que en la audiencia preparatoria, instancia a la que concurren ambas partes, después de efectuado el llamado a conciliación, que no prospera, se dejó establecido como hechos no contradictorios, por ser reconocidos expresamente por ambas partes, los siguientes: 1) Que hubo una relación de naturaleza laboral y su inicio; Funciones del actor se desempeñaba como mecánico; Que entre las partes existió un contrato indefinido; Que el accidente del trabajo que se demanda ocurrió el 23 de julio de 2010, y que fue calificado como accidente del Trabajo. Que, asimismo, en dicha audiencia se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1)Fecha efectiva de término de la relación laboral. 2) Remuneración pactada y efectivamente percibida los tres últimos meses trabajados completos para el empleador e ítems que las componen. 3) Efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido. 4) Cumplimiento de las formalidades legales. 5) Efectividad de adeudar diferencias por feriado proporcional y legal. 6) Efectividad de adeudar la remuneración por los días trabajados en agosto de 2010, del 23 al 28. 7) Causas que produjeron el accidente sufrido por el trabajador. 8) Efectividad que la demandada habría tomado las medidas necesarias, para evitar eficazmente el accidente sufrido por el demandante. 9) Naturaleza, características y monto de los daños sufridos por el demandante. 10) Grado de incapacidad del actor. 11) Efectividad que el actor se expuso imprudentemente al accidente. QUINTO: Que el demandante, en la audiencia de juicio, incorporó los siguientes medios probatorios, ofrecidos y declarados admisibles en la preparatoria: A. Documental que hizo consistir en 1) Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo de fecha 31 de agosto de 2010. 2) Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 27 de agosto de 2010, dirigida al actor. 3) Copias de liquidaciones de remuneraciones de los meses de abril, julio y agosto de 2010. 4) 4 ordenes médicas de reposo laboral de fechas: 23 de julio de 2010, 26 de julio de 2010, 10 de agosto de 2010 y 12 de agosto de 2010, todas emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. B. Declaración como confesional del representante legal de la demandada, prestando tal declaración don Raúl Vázquez, gerente de recurso humanos, actualmente trabaja la demandada en la línea alimentador 8, reconoce que alguna vez vio al actor. Explica que en la empresa existen dos prevencionistas de riesgos La concesión no tenía una fecha definida, sino hasta que el ministerio en una decisión unilateral, la deja sin efecto. Relata el acuerdo que existía con el ministerio y que sabía que la concesión podía terminar. C. Declaraciones de los testigos señor Richard Gaona Miranda, eran compañeros de trabajo, técnico mecánico, el día del accidente estaban trabajando, en el terminal de Aguirre Luco, el piso estaba mojado, otro compañero un eléctrico estaba trabajando en el motor de partida y saltó la chispa, al actor que estaba abajo colocando una caja de cambio, el testigo lo socorrió, explica que fue complicado porque no había extintor, no había plan de seguridad. Explica que generalmente se trabaja separado, pero este día se realizó al mismo tiempo, su jefe estaban al tanto de esto (no recuerda el nombre del jefe), esto lo hacían para acelerar la productividad, sino se apuran el proceso se atrasa. El supervisor llegó media hora después, el testigo no sabe del prevencionista de riesgo, a la hora del accidente no había nadie encargado del taller, el encargado llega media hora después. Le prestaban servicios, a todos los buses troncal B y zona D. Estuvo con licencia y luego vuelve a trabajar y es despedido. Al volver a trabajar, no podía hacer fuerza, el actor le dijo que el roce le molestaba la pierna. Contraexaminado, indica que él y el actor estaban revisando la caja de cambio y el eléctrico en el motor de partida, reseña que siempre trabajan apurados, él no recibió inducción. José Cayuan Montre, compañero de trabajo del actor, electricista desde diciembre de 2008, trabajaban en distintos talleres, pero a veces trabajaban juntos, sabe de los hechos porque ese día el estaba trabajando en unos buses de la Zona B, él estaba sacando un motor de partida, el actor estaba viendo la parte mecánica (una caja de cambio) tenían que trabajar en conjunto para que los buses salieran rápido. Explica que los buses estaban muy pegados y no se podía correr, reconoce que ese día debió desconectar la batería ellos sabían del riesgo que corrían. Explica que al sacar los cables, se generó una chispa, que cayeron y el sintió unos gritos y vio que se le estaba desprendiendo el pantalón por las llamas. Contraexaminado reconoce el riesgo, le dijeron a los encargados pero no se podía hacer nada, estaban obligados a hacer el trabajo. Sara Damaris González, pareja del actor desde hace siete años, el accidente fue un viernes, llegó con una venda en la pierna, luego existió mucha incomodidad, debe subir escalera porque viven en una casa de dos pisos, ha sido lento la recuperación, volvió de sus licencias y lo despidieron. Explica que la piel esta sensible, no puede

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

CUARTO: Que en la audiencia preparatoria, instancia a la que concurren ambas partes, después de efectuado el llamado a conciliación, que no prospera, se dejó establecido como hechos no contradictorios, por ser reconocidos expresamente por ambas partes, los siguientes: 1) Que hubo una relación de naturaleza laboral y su inicio; Funciones del actor se desempeñaba como mecánico; Que entre las partes existió un contrato indefinido; Que el accidente del trabajo que se demanda ocurrió el 23 de julio de 2010, y que fue calificado como accidente del Trabajo. Que, asimismo, en dicha audiencia se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1)Fecha efectiva de término de la relación laboral. 2) Remuneración pactada y efectivamente percibida los tres últimos meses trabajados completos para el empleador e ítems que las componen. 3) Efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido. 4) Cumplimiento de las formalidades legales. 5) Efectividad de adeudar diferencias por feriado proporcional y legal. 6) Efectividad de adeudar la remuneración por los días trabajados en agosto de 2010, del 23 al 28. 7) Causas que produjeron el accidente sufrido por el trabajador. 8) Efectividad que la demandada habría tomado las medidas necesarias, para evitar eficazmente el accidente sufrido por el demandante. 9) Naturaleza, características y monto de los daños sufridos por el demandante. 10) Grado de incapacidad del actor. 11) Efectividad que el actor se expuso imprudentemente al accidente. QUINTO: Que el demandante, en la audiencia de juicio, incorporó los siguientes medios probatorios, ofrecidos y declarados admisibles en la preparatoria: A. Documental que hizo consistir en 1) Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo de fecha 31 de agosto de 2010. 2) Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 27 de agosto de 2010, dirigida al actor. 3) Copias de liquidaciones de remuneraciones de los meses de abril, julio y agosto de 2010. 4) 4 ordenes médicas de reposo laboral de fechas: 23 de julio de 2010, 26 de julio de 2010, 10 de agosto de 2010 y 12 de agosto de 2010, todas emitidas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. B. Declaración como confesional del representante legal de la demandada, prestando tal declaración don Raúl Vázquez, gerente de recurso humanos, actualmente trabaja la demandada en la línea alimentador 8, reconoce que alguna vez vio al actor. Explica que en la empresa existen dos prevencionistas de riesgos La concesión no tenía una fecha definida, sino hasta que el ministerio en una decisión unilateral, la deja sin efecto. Relata el acuerdo que existía con el ministerio y que sabía que la concesión podía terminar. C. Declaraciones de los testigos señor Richard Gaona Miranda, eran compañeros de trabajo, técnico mecánico, el día del accidente estaban trabajando, en el terminal de Aguirre Luco, el piso estaba mojado, otro compañero un eléctrico estaba trabajando en el motor de partida y saltó la chispa, al actor que estaba abajo colocando una caja de cambio, el testigo lo socorrió, explica que fue complicado porque no había extintor, no había plan de seguridad. Explica que generalmente se trabaja separado, pero este día se realizó al mismo tiempo, su jefe estaban al tanto de esto (no recuerda el nombre del jefe), esto lo hacían para acelerar la productividad, sino se apuran el proceso se atrasa. El supervisor llegó media hora después, el testigo no sabe del prevencionista de riesgo, a la hora del accidente no había nadie encargado del taller, el encargado llega media hora después. Le prestaban servicios, a todos los buses troncal B y zona D. Estuvo con licencia y luego vuelve a trabajar y es despedido. Al volver a trabajar, no podía hacer fuerza, el actor le dijo que el roce le molestaba la pierna. Contraexaminado, indica que él y el actor estaban revisando la caja de cambio y el eléctrico en el motor de partida, reseña que siempre trabajan apurados, él no recibió inducción. José Cayuan Montre, compañero de trabajo del actor, electricista desde diciembre de 2008, trabajaban en distintos talleres, pero a veces trabajaban juntos, sabe de los hechos porque ese día el estaba trabajando en unos buses de la Zona B, él estaba sacando un motor de partida, el actor estaba viendo la parte mecánica (una caja de cambio) tenían que trabajar en conjunto para que los buses salieran rápido. Explica que los buses estaban muy pegados y no se podía correr, reconoce que ese día debió desconectar la batería ellos sabían del riesgo que corrían. Explica que al sacar los cables, se generó una chispa, que cayeron y el sintió unos gritos y vio que se le estaba desprendiendo el pantalón por las llamas. Contraexaminado reconoce el riesgo, le dijeron a los encargados pero no se podía hacer nada, estaban obligados a hacer el trabajo. Sara Damaris González, pareja del actor desde hace siete años, el accidente fue un viernes, llegó con una venda en la pierna, luego existió mucha incomodidad, debe subir escalera porque viven en una casa de dos pisos, ha sido lento la recuperación, volvió de sus licencias y lo despidieron. Explica que la piel esta sensible, no puede

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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exponerse al sol, para ducharse y dormir ya no utiliza venda. El doctor le ha dicho que debe cuidarse del sol, hasta cuando no sabría, actualmente está con cremas, le dieron de alta, pero sigue con cuidados Héctor Mazzo Cerna, hermano del actor, se enteró del accidente, pensó que era poco pero después al verlo, en la casa de su madre que queda cerca de la mutual, lo dimensionó, andaba cojeando, se notaba que le dolía, reconoce que ha ido mejorando, pero el estado de ánimo de su hermano, es distinto sobre todo porque veranean en el Norte en Guanaqueros, no ha querido ir a la piscina con él, como lo hacía antes Contraexaminado, explica que el estado de ánimo es por el accidente más que por el despido, refiere que hace un tiempo él trabajó de jefe de taller en Panamericana y las condiciones D. Oficios respuesta del: a) Ministerio de Transportes, consistente en cartas de fecha 6 de agosto y 4 de octubre de 2010, remitidas por la demandada en relación a la operación de la Unidad Troncal N° 3. b) Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de La Construcción, que refiere que el actor consultó el hospital el 23 de julio de 2010, sufriendo quemadura por fuego pierna Izquierda tipo AB A, efectuándose aseo y curación de quemadura y curaciones ambulatorias evolucionando hacia la cicatrización e indicándose el reintegro laboral el 26 de agosto de 2010. Así se lee de la ficha clínica, que es entendido el 23 de julio, quemadura en cara posterior de la pierna izquierda, licencia médica por 4 días;27 de julio quemadura sin signo de infección, profundidad B y se le otorga licencia médica por 15 días hasta el 10 de agosto, siguiendo con controles los días 29 de julio, 5 de Agosto quemadura casi completamente epidermizada, otorgándosele 2 días de reposo desde el 11 de agosto al 12 de agosto y el 12 de agosto donde en la evolución se consigna completamente epidermizado, zona de neoepidermis algo delgada e hipersensible, se otorgan 10 días de reposo, hasta el 22 de agosto de 2010. Por último la consulta del 26 de agosto de 2010 siendo el tratamiento Alta Médica Herida completamente Epidermizada, con leves molestias con roce, pero sin signos de complicación, plan mantener la lubricación. SEXTO: Que, por su parte, la demandada incorporó en la audiencia de juicio, para acreditar sus defensas las siguientes pruebas, ofrecidas y declaradas admisibles en la preparatoria: A. Documental que hizo consistir en 1) Carta de aviso de término de contrato de fecha 27 de agosto de 2010 y comprobante de envío de correo certificado. 2) Copia de acuerdo en materias laborales suscrito entre la demandada y el Ministerio de Transportes de 1 de enero de 2010. 3) Copia de informe emitido por la coordinadora Transantiago. 4) Copia de notificación de término de los servicios adscritos en la unidad de negocios Troncal tres de fecha 23 de julio de 2010. 5) Copia de borrador de resolución del Ministerio de Transportes del informe de coordinación señalado. 6) Copia de reclamo de ilegalidad de acto administrativo por parte del Ministerio de Transportes de fecha 20 de agosto de 2010. 7) Copia autorizada de protocolo de acuerdo de fecha 6 de octubre de 2010. 8) Certificado de adhesión a la Mutual de Seguridad a la Cámara Chilena de la construcción, emitido con fecha 3 de noviembre de 2010. 9) Copia de informe de investigación de accidente, elaborado por el departamento de prevención de riesgos de la demandada a propósito del accidente sufrido por el actor con fecha 23 de julio de 2010. 10) Copia de informe médico emitido por la Mutual de Seguridad de fecha 8 de noviembre de 2010, respecto del accidente sufrido por el actor. 11) Acuso de recibo de inducción laboral firmado por el actor de fecha 1 de febrero de 2008. 12) Certificado demitido por el Instituto de Salud de fecha 15 de diciembre de 2008, que da cuenta de asistencia del actor a un curso de capacitación sobre primeros auxilios. 13) Comprobante de remuneraciones del actor de los meses de junio, julio y agosto de 2010. B. Declaración como confesional del demandante don Erick Mazzo, refiere que el despido no tenía por qué afectarle, ya que el despido era para el troncal B y el prestaba servicios para la Zona B, trabajaba en Aguirre Luco Terminal de buses de acercamiento como mecánico. Nunca le llegó la carta, a su domicilio, llegó una persona a su lugar de trabajo y con una lista de personas que estaban despedidos. En cuanto al accidente, refiere que por los tiempo de los paraderos, existe presión para que las máqui-

exponerse al sol, para ducharse y dormir ya no utiliza venda. El doctor le ha dicho que debe cuidarse del sol, hasta cuando no sabría, actualmente está con cremas, le dieron de alta, pero sigue con cuidados Héctor Mazzo Cerna, hermano del actor, se enteró del accidente, pensó que era poco pero después al verlo, en la casa de su madre que queda cerca de la mutual, lo dimensionó, andaba cojeando, se notaba que le dolía, reconoce que ha ido mejorando, pero el estado de ánimo de su hermano, es distinto sobre todo porque veranean en el Norte en Guanaqueros, no ha querido ir a la piscina con él, como lo hacía antes Contraexaminado, explica que el estado de ánimo es por el accidente más que por el despido, refiere que hace un tiempo él trabajó de jefe de taller en Panamericana y las condiciones D. Oficios respuesta del: a) Ministerio de Transportes, consistente en cartas de fecha 6 de agosto y 4 de octubre de 2010, remitidas por la demandada en relación a la operación de la Unidad Troncal N° 3. b) Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de La Construcción, que refiere que el actor consultó el hospital el 23 de julio de 2010, sufriendo quemadura por fuego pierna Izquierda tipo AB A, efectuándose aseo y curación de quemadura y curaciones ambulatorias evolucionando hacia la cicatrización e indicándose el reintegro laboral el 26 de agosto de 2010. Así se lee de la ficha clínica, que es entendido el 23 de julio, quemadura en cara posterior de la pierna izquierda, licencia médica por 4 días;27 de julio quemadura sin signo de infección, profundidad B y se le otorga licencia médica por 15 días hasta el 10 de agosto, siguiendo con controles los días 29 de julio, 5 de Agosto quemadura casi completamente epidermizada, otorgándosele 2 días de reposo desde el 11 de agosto al 12 de agosto y el 12 de agosto donde en la evolución se consigna completamente epidermizado, zona de neoepidermis algo delgada e hipersensible, se otorgan 10 días de reposo, hasta el 22 de agosto de 2010. Por último la consulta del 26 de agosto de 2010 siendo el tratamiento Alta Médica Herida completamente Epidermizada, con leves molestias con roce, pero sin signos de complicación, plan mantener la lubricación. SEXTO: Que, por su parte, la demandada incorporó en la audiencia de juicio, para acreditar sus defensas las siguientes pruebas, ofrecidas y declaradas admisibles en la preparatoria: A. Documental que hizo consistir en 1) Carta de aviso de término de contrato de fecha 27 de agosto de 2010 y comprobante de envío de correo certificado. 2) Copia de acuerdo en materias laborales suscrito entre la demandada y el Ministerio de Transportes de 1 de enero de 2010. 3) Copia de informe emitido por la coordinadora Transantiago. 4) Copia de notificación de término de los servicios adscritos en la unidad de negocios Troncal tres de fecha 23 de julio de 2010. 5) Copia de borrador de resolución del Ministerio de Transportes del informe de coordinación señalado. 6) Copia de reclamo de ilegalidad de acto administrativo por parte del Ministerio de Transportes de fecha 20 de agosto de 2010. 7) Copia autorizada de protocolo de acuerdo de fecha 6 de octubre de 2010. 8) Certificado de adhesión a la Mutual de Seguridad a la Cámara Chilena de la construcción, emitido con fecha 3 de noviembre de 2010. 9) Copia de informe de investigación de accidente, elaborado por el departamento de prevención de riesgos de la demandada a propósito del accidente sufrido por el actor con fecha 23 de julio de 2010. 10) Copia de informe médico emitido por la Mutual de Seguridad de fecha 8 de noviembre de 2010, respecto del accidente sufrido por el actor. 11) Acuso de recibo de inducción laboral firmado por el actor de fecha 1 de febrero de 2008. 12) Certificado demitido por el Instituto de Salud de fecha 15 de diciembre de 2008, que da cuenta de asistencia del actor a un curso de capacitación sobre primeros auxilios. 13) Comprobante de remuneraciones del actor de los meses de junio, julio y agosto de 2010. B. Declaración como confesional del demandante don Erick Mazzo, refiere que el despido no tenía por qué afectarle, ya que el despido era para el troncal B y el prestaba servicios para la Zona B, trabajaba en Aguirre Luco Terminal de buses de acercamiento como mecánico. Nunca le llegó la carta, a su domicilio, llegó una persona a su lugar de trabajo y con una lista de personas que estaban despedidos. En cuanto al accidente, refiere que por los tiempo de los paraderos, existe presión para que las máquiACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

nas estén fuera. No se podía haber hecho de otra forma, una maquina sin rueda. El jefe de taller dejó la orden de que sacaran todas las maquinas en la calle. Explica que no sabe el nombre del jefe, porque hace poco los habían cambiados. Reconoce el curso de inducción. Explica que no estuvo de acuerdo, con el alta del médico. C. Declaraciones del testigo Luis Campos Salas, dirigente sindical, explica el gran número de personas despedidas, por la causal de fuerza mayor, refiere que él trabajó en una mesa de negociación con el gobierno, de manera de garantizarle que todos los trabajadores serían traspasados a la nueva concesionaria, cambiado el gobierno, siguieron las conversaciones, pero la autoridad desconoce el acuerdo, determinó. El alimentador 8 es de la demandada, termina la concesión en noviembre de 2011, el troncal 3 nunca fue licitado, y luego se licitó el 50%, a otra empresa. Se tuvo que finiquitar a trabajadores. En la práctica, ellos como dirigentes demandaron al ministro señor Cortaza, y han ido tratando de reubicar a los trabajadores y aceptar las sumas que ha ofrecido pagar la demandada. La empresa no pudo anticipar el fin de la concesión, que se iba renovando cada seis meses, ya que ellos tenían un acuerdo, que fue desconocido por la autoridad. Contraexaminado, explica que la concesión se otorgó por 2 años el 2005, hasta el 2007 y luego se fue prorrogando por seis meses, reconoce que la empresa estaba en conocimiento que el ministerio podía no renovar SÉPTIMO: En Cuanto al Despido, que de la carta acompañada por ambas partes y su correspondiente envió de correo, ha quedado determinado que con fecha 27 de agosto de 2010 el demandado comunica por parte de José Contreras Rojas en representación de Buses Gran Santiago S.A., el término de su contrato de trabajo, invocando como causal la contenida en el artículo 159 N°6 del Código del Trabajo, esto es, caso fortuito o fuerza mayor y 159 N°5, esto es, conclusión del trabajo o servicios que dio origen al contrato. OCTAVO: Que el caso fortuito o fuerza mayor se encuentra definido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 45 del Código Civil, norma que prescribe que Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. NOVENO: Que el primer elemento característico del caso fortuito dice relación con la circunstancia de que se trate de un hecho imprevisto, esto es de un hecho que el empleador no haya podido anticipar, impidiéndole adoptar las medidas necesarias para enfrentar sus contingencias. En este sentido se debe tener en cuenta el giro de la demandada es el de una empresa que presta servicios en el Plan de Transportes denominado Transantiago, el que se caracteriza, como es de conocimiento público, por la circunstancia de que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, concede a privados la explotación del servicio de transporte de pasajeros urbano en la ciudad de Santiago bajo la modalidad de servicio troncal y servicio local. DÉCIMO: Que una de las características de la concesión estatal para explotar uno o más servicios del Transantiago es que está limitada en el tiempo y que el Estado tiene reservado el derecho para caducar la concesión en determinadas hipótesis, de manera que la empresa demandante siempre ha sabido que su actividad productiva puede verse afectada por el término de la concesión, lo que evidentemente le impedirá explotar sus buses y hacer uso de los servicios personales de sus conductores, viéndose en la necesidad de prescindir de ellos. Así entonces si la demandada efectivamente se vio afectada por una decisión de la autoridad que significó el término de la concesión en virtud de la cual prestaba servicios de transporte de pasajeros (como lo sostiene en la carta de despido) no puede considerarse que se trate de un hecho imprevisto, sino que por el contrario se trata de una de las hipótesis de término de la actividad productiva en que se desenvuelve la empresa que debía estar en conocimiento de la misma desde el mismo momento en que inició dicha actividad, como lo reconoció su propio testigo el señor Salas, quien sin perjuicio de reconocer la decisión del ministerio, de no renovar la concesión, indica que la empresa estaba en conocimiento que esto podía ocurrir, como también lo reconoció el absolvente señor Raúl Vázquez. UNDÉCIMO: Que así entonces no puede considerarse que la expiración de los servicios adscritos al troncal 3 del sistema Transantiago que operaba la demandada sea constitutivo de un caso fortuito o fuerza mayor que le permita poner término a los contratos de trabajo de sus trabajadores sin derecho a indemnización alguna para estos últimos.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

nas estén fuera. No se podía haber hecho de otra forma, una maquina sin rueda. El jefe de taller dejó la orden de que sacaran todas las maquinas en la calle. Explica que no sabe el nombre del jefe, porque hace poco los habían cambiados. Reconoce el curso de inducción. Explica que no estuvo de acuerdo, con el alta del médico. C. Declaraciones del testigo Luis Campos Salas, dirigente sindical, explica el gran número de personas despedidas, por la causal de fuerza mayor, refiere que él trabajó en una mesa de negociación con el gobierno, de manera de garantizarle que todos los trabajadores serían traspasados a la nueva concesionaria, cambiado el gobierno, siguieron las conversaciones, pero la autoridad desconoce el acuerdo, determinó. El alimentador 8 es de la demandada, termina la concesión en noviembre de 2011, el troncal 3 nunca fue licitado, y luego se licitó el 50%, a otra empresa. Se tuvo que finiquitar a trabajadores. En la práctica, ellos como dirigentes demandaron al ministro señor Cortaza, y han ido tratando de reubicar a los trabajadores y aceptar las sumas que ha ofrecido pagar la demandada. La empresa no pudo anticipar el fin de la concesión, que se iba renovando cada seis meses, ya que ellos tenían un acuerdo, que fue desconocido por la autoridad. Contraexaminado, explica que la concesión se otorgó por 2 años el 2005, hasta el 2007 y luego se fue prorrogando por seis meses, reconoce que la empresa estaba en conocimiento que el ministerio podía no renovar SÉPTIMO: En Cuanto al Despido, que de la carta acompañada por ambas partes y su correspondiente envió de correo, ha quedado determinado que con fecha 27 de agosto de 2010 el demandado comunica por parte de José Contreras Rojas en representación de Buses Gran Santiago S.A., el término de su contrato de trabajo, invocando como causal la contenida en el artículo 159 N°6 del Código del Trabajo, esto es, caso fortuito o fuerza mayor y 159 N°5, esto es, conclusión del trabajo o servicios que dio origen al contrato. OCTAVO: Que el caso fortuito o fuerza mayor se encuentra definido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 45 del Código Civil, norma que prescribe que Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. NOVENO: Que el primer elemento característico del caso fortuito dice relación con la circunstancia de que se trate de un hecho imprevisto, esto es de un hecho que el empleador no haya podido anticipar, impidiéndole adoptar las medidas necesarias para enfrentar sus contingencias. En este sentido se debe tener en cuenta el giro de la demandada es el de una empresa que presta servicios en el Plan de Transportes denominado Transantiago, el que se caracteriza, como es de conocimiento público, por la circunstancia de que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, concede a privados la explotación del servicio de transporte de pasajeros urbano en la ciudad de Santiago bajo la modalidad de servicio troncal y servicio local. DÉCIMO: Que una de las características de la concesión estatal para explotar uno o más servicios del Transantiago es que está limitada en el tiempo y que el Estado tiene reservado el derecho para caducar la concesión en determinadas hipótesis, de manera que la empresa demandante siempre ha sabido que su actividad productiva puede verse afectada por el término de la concesión, lo que evidentemente le impedirá explotar sus buses y hacer uso de los servicios personales de sus conductores, viéndose en la necesidad de prescindir de ellos. Así entonces si la demandada efectivamente se vio afectada por una decisión de la autoridad que significó el término de la concesión en virtud de la cual prestaba servicios de transporte de pasajeros (como lo sostiene en la carta de despido) no puede considerarse que se trate de un hecho imprevisto, sino que por el contrario se trata de una de las hipótesis de término de la actividad productiva en que se desenvuelve la empresa que debía estar en conocimiento de la misma desde el mismo momento en que inició dicha actividad, como lo reconoció su propio testigo el señor Salas, quien sin perjuicio de reconocer la decisión del ministerio, de no renovar la concesión, indica que la empresa estaba en conocimiento que esto podía ocurrir, como también lo reconoció el absolvente señor Raúl Vázquez. UNDÉCIMO: Que así entonces no puede considerarse que la expiración de los servicios adscritos al troncal 3 del sistema Transantiago que operaba la demandada sea constitutivo de un caso fortuito o fuerza mayor que le permita poner término a los contratos de trabajo de sus trabajadores sin derecho a indemnización alguna para estos últimos.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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DUODÉCIMO: Que la empresa además para justificar su decisión de despedir al demandante invoca un supuesto acuerdo alcanzado con el Estado en el sentido de que el nuevo operador de los servicios del Troncal 3 se haría responsable del pago de las indemnizaciones de los conductores que sean traspasados a las empresas que en definitiva les corresponda la explotación del servicio, sin embargo este acuerdo, además de no ser imputable al demandante por no haber consentido en el sólo viene a recoger lo que se denomina la continuidad de la empresa en los términos del artículo 4 inciso 2° del Código del Trabajo, que en el caso del actor no opera por no existir otra empresa distinta a la demandada que haya hecho uso de sus servicios personales en los términos establecidos en la norma citada. DÉCIMO TERCERO: Que el demandado además de la causal de fuerza mayor ya latamente analizada invocó la conclusión del trabajo o servicio, por cuanto concluyó la unidad de negocios del plan transantiago, que esta causal, no puede ser invocada en el caso de marras por estar en presencia de un contrato indefinido y no de un contrato por obra o faena, que así lo ha dicho la Corte Suprema al conocer del recurso de unificación de jurisprudencia rol 2886 2009. Tercero: Que, al respecto, corresponde señalar que el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, establece: El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, causal que se ubica dentro de las que se califican como objetivas y cuyo elemento esencial está dado por la transitoriedad de las labores que deben desarrollarse y por la especificidad y determinación de las mismas, las cuales deben estar perfectamente individualizadas en la convención respectiva y, por lo tanto, ser plenamente conocidas por las partes. Presentándose tales condiciones, sin duda, concluido el trabajo, fluye como lógica consecuencia el surgimiento de esta causal, la que, además, constituye una situación excepcional al principio de la estabilidad en el empleo, recogido por nuestro ordenamiento jurídico laboral y que se traduce en la preferencia por los contratos de duración indefinida, tendencia que es también una manifestación del principio de la continuidad de la empresa. A ello cabe agregar que, en el caso que se presente válidamente esta forma de terminar un contrato de trabajo, en general, el dependiente carece del derecho a ser indemnizado. Cuarto: Que, por otra parte, es dable anotar que, como se dijo, la tendencia en nuestra legislación laboral es a la estabilidad en el empleo, la que se traduce, entre otras manifestaciones, en la regulación de contratos de trabajo de naturaleza indefinida, convención ingénita a dicho sistema de estabilidad y que presupone la permanencia en la vinculación a celebrarse entre empleador y trabajador, excluyendo naturalmente la temporalidad en la prestación de los servicios. Tales contratos, en su finalización, deben circunscribirse a las causales preestablecidas por el legislador, las cuales recogen, en general, situaciones excepcionales y que deben acreditarse fehacientemente por quien las invoca, incluso tratándose de las necesidades de la empresa, establecidas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Quinto: Que, sobre la base de las precisiones que anteceden, indudablemente, la interpretación armónica consecuencial es la improcedencia de la causal prevista en el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, en relación con los contratos de naturaleza indefinida, por cuanto la esencia de éstos excluye el elemento temporal en la prestación de los servicios como antecedente a considerar para su legítima y válida terminación, a lo que cabe agregar que, como ya se ha sostenido, al suscribirse un contrato de trabajo, el empleador asume el denominado riesgo de la empresa, es decir, el empresario, al crear una organización de medios personales, materiales o inmateriales, con finalidades de diversa índole, genera también ciertas contingencias, de las cuales resulta responsable en determinadas condiciones, en consecuencia, en caso de término de la relación laboral, son de su cargo las indemnizaciones pertinentes cuando ellas correspondan. Sexto: Que, por consiguiente, al haberse realizado una interpretación que contraría la naturaleza indefinida de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, el presente recurso de unificación de jurisprudencia debe acogerse. Que a mayor abundamiento el actor es mecánico, y los testigos señores José Cayun y Richard Gaona indicaron que prestaban sus servicios independientemente a que troncal, quienes además refieren que la demandada seguirá explotando, otros servicios. DÉCIMO CUARTO: Que conforme a lo razonado se entiende que los hechos invocados como fundamento del despido del demandante no constituyen caso fortuito o fuerza mayor, ni menos conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato siendo el despido impugnado indebido e injustificado,

DUODÉCIMO: Que la empresa además para justificar su decisión de despedir al demandante invoca un supuesto acuerdo alcanzado con el Estado en el sentido de que el nuevo operador de los servicios del Troncal 3 se haría responsable del pago de las indemnizaciones de los conductores que sean traspasados a las empresas que en definitiva les corresponda la explotación del servicio, sin embargo este acuerdo, además de no ser imputable al demandante por no haber consentido en el sólo viene a recoger lo que se denomina la continuidad de la empresa en los términos del artículo 4 inciso 2° del Código del Trabajo, que en el caso del actor no opera por no existir otra empresa distinta a la demandada que haya hecho uso de sus servicios personales en los términos establecidos en la norma citada. DÉCIMO TERCERO: Que el demandado además de la causal de fuerza mayor ya latamente analizada invocó la conclusión del trabajo o servicio, por cuanto concluyó la unidad de negocios del plan transantiago, que esta causal, no puede ser invocada en el caso de marras por estar en presencia de un contrato indefinido y no de un contrato por obra o faena, que así lo ha dicho la Corte Suprema al conocer del recurso de unificación de jurisprudencia rol 2886 2009. Tercero: Que, al respecto, corresponde señalar que el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, establece: El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, causal que se ubica dentro de las que se califican como objetivas y cuyo elemento esencial está dado por la transitoriedad de las labores que deben desarrollarse y por la especificidad y determinación de las mismas, las cuales deben estar perfectamente individualizadas en la convención respectiva y, por lo tanto, ser plenamente conocidas por las partes. Presentándose tales condiciones, sin duda, concluido el trabajo, fluye como lógica consecuencia el surgimiento de esta causal, la que, además, constituye una situación excepcional al principio de la estabilidad en el empleo, recogido por nuestro ordenamiento jurídico laboral y que se traduce en la preferencia por los contratos de duración indefinida, tendencia que es también una manifestación del principio de la continuidad de la empresa. A ello cabe agregar que, en el caso que se presente válidamente esta forma de terminar un contrato de trabajo, en general, el dependiente carece del derecho a ser indemnizado. Cuarto: Que, por otra parte, es dable anotar que, como se dijo, la tendencia en nuestra legislación laboral es a la estabilidad en el empleo, la que se traduce, entre otras manifestaciones, en la regulación de contratos de trabajo de naturaleza indefinida, convención ingénita a dicho sistema de estabilidad y que presupone la permanencia en la vinculación a celebrarse entre empleador y trabajador, excluyendo naturalmente la temporalidad en la prestación de los servicios. Tales contratos, en su finalización, deben circunscribirse a las causales preestablecidas por el legislador, las cuales recogen, en general, situaciones excepcionales y que deben acreditarse fehacientemente por quien las invoca, incluso tratándose de las necesidades de la empresa, establecidas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Quinto: Que, sobre la base de las precisiones que anteceden, indudablemente, la interpretación armónica consecuencial es la improcedencia de la causal prevista en el artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, en relación con los contratos de naturaleza indefinida, por cuanto la esencia de éstos excluye el elemento temporal en la prestación de los servicios como antecedente a considerar para su legítima y válida terminación, a lo que cabe agregar que, como ya se ha sostenido, al suscribirse un contrato de trabajo, el empleador asume el denominado riesgo de la empresa, es decir, el empresario, al crear una organización de medios personales, materiales o inmateriales, con finalidades de diversa índole, genera también ciertas contingencias, de las cuales resulta responsable en determinadas condiciones, en consecuencia, en caso de término de la relación laboral, son de su cargo las indemnizaciones pertinentes cuando ellas correspondan. Sexto: Que, por consiguiente, al haberse realizado una interpretación que contraría la naturaleza indefinida de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, el presente recurso de unificación de jurisprudencia debe acogerse. Que a mayor abundamiento el actor es mecánico, y los testigos señores José Cayun y Richard Gaona indicaron que prestaban sus servicios independientemente a que troncal, quienes además refieren que la demandada seguirá explotando, otros servicios. DÉCIMO CUARTO: Que conforme a lo razonado se entiende que los hechos invocados como fundamento del despido del demandante no constituyen caso fortuito o fuerza mayor, ni menos conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato siendo el despido impugnado indebido e injustificado, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de manera que el trabajador tiene derecho a percibir la indemnización sustitutiva del aviso previo equivalente a un mes de remuneración y a la indemnización por tres años de servicios, aumentada esta última en un 50% conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo. DÉCIMO QUINTO: Que para el cálculo de las prestaciones a que será condenada a pagar la demandada se considerará una remuneración mensual ascendente a $ 638.493, cantidad que comprende lo que el actor percibía por concepto de sueldo base, esto es $ 432.000 como se aprecia de las liquidaciones acompañadas por ambas partes, ya que, la del mes de junio 2010 refleja por 28 días trabajados la suma de $ 403.200, es decir, si trabaja los 30 días el sueldo base sería la suma antes referida. Gratificación garantizada, movilización y colación, y bono de mantención, por estar éste último presente en tres de las 4 liquidaciones acompañadas y al reconocer la demandada en su contestación que la remuneración estaba afecto a una estructura en parte fija sueldo base y gratificación y en parte variable bono de mantención. Excluyéndose lo percibido por concepto de horas extras. Que al no contar con las liquidaciones anteriores esta sentenciadora debió utilizar la de los meses de junio, julio y agosto de 2010 en circunstancias que en dichos periodos el actor estuvo con licencias médicas. Que esta sentenciadora para determinar el monto de la remuneración incluye las prestaciones solicitas por colación y movilización, para incluir estas prestaciones, concuerda esta juzgadora con lo expuesto por la Ilustrísima Corte de apelaciones de Santiago al conocer los autos Rol 176 2009, en su motivo cuarto que indica Que en cuanto a las asignaciones colación y movilización, es lo cierto que el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo las excluye expresamente del concepto remuneración, más es igualmente efectivo que el artículo 172 del mismo cuerpo de leyes refiere que para los efectos de las indemnizaciones que señala, que incluye la de por años de servicio, la última remuneración mensual comprende toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato de trabajo, incluidas las imposiciones de seguridad social y las regalías avaluadas en dinero, con la exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad. En consecuencia, el concepto última remuneración empleado por el citado artículo tiene un carácter especial y distinto de la definición general del artículo 41 del Código del Trabajo, incluyendo todo lo que estuviere percibiendo el trabajador y excluyendo sólo las prestaciones señaladas en la norma, entre las que no se cuentan las asignaciones de movilización y colación, que se pagaban constante y periódicamente. Esto sin perjuicio de conocer el fallo de unificación de jurisprudencia citado por la demandada. DÉCIMO SEXTO: Que en cuanto al feriado solicitado existiendo sentencia parcial en la audiencia preparatoria, respecto de 29,13 días por la suma de $ 587.232 corresponde determinar si se adeudan al trabajador alguna diferencia, por los días y la base de cálculo utilizada. Que para estos efectos la demandada no incorporó comprobante alguno que acreditara que el actor hizo uso de su feriado, por lo cual cumpliendo las anualidades el trabajador el 1° de febrero, corresponden 2 anualidades, esto es, 42 días más el feriado proporcional desde el 2° de febrero al 27 de agosto ambos de 2010, lo que resulta ser 11,95 días, es decir la suma corresponde a 53,95 días, que deberán descontarse 10 días que fueron reconocidos por el actor en su libelo pretensor, como efectivamente utilizados. Que teniendo como base la remuneración referida en el considerando precedente, esto es, la suma de $ 638.493, corresponde por feriado la suma de $ 935.387 a esta cantidad corresponde restarle lo pagado por la demandada en sentencia parcial, esto es $ 587.232, en consecuencia la demandada adeuda $ 348.155 por concepto de feriado. DÉCIMO SÉPTIMO: Que habiéndose establecido la existencia de la relación laboral y las condiciones en que el actor prestaba servicios, era carga de la demandada alegar y acreditar el oportuno pago de la remuneración reclamada por el demandante relativa a 6 días trabajados en el mes de agosto de 2010, y como ello no ha ocurrido, no siendo ni siquiera controvertido en la contestación lo que permite dar por tácitamente admitida la mencionada pretensión, se accederá a la demanda en cuanto requiere su pago, pero solo entre el 23 de agosto al 27 del mismo mes, por haber establecido esta última como fecha de término de la relación laboral. por el monto de $ 106.415 cantidad proporcional entre la remuneración mensual del demandante determinada en el motivo décimo quinto y los cinco días.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de manera que el trabajador tiene derecho a percibir la indemnización sustitutiva del aviso previo equivalente a un mes de remuneración y a la indemnización por tres años de servicios, aumentada esta última en un 50% conforme lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo. DÉCIMO QUINTO: Que para el cálculo de las prestaciones a que será condenada a pagar la demandada se considerará una remuneración mensual ascendente a $ 638.493, cantidad que comprende lo que el actor percibía por concepto de sueldo base, esto es $ 432.000 como se aprecia de las liquidaciones acompañadas por ambas partes, ya que, la del mes de junio 2010 refleja por 28 días trabajados la suma de $ 403.200, es decir, si trabaja los 30 días el sueldo base sería la suma antes referida. Gratificación garantizada, movilización y colación, y bono de mantención, por estar éste último presente en tres de las 4 liquidaciones acompañadas y al reconocer la demandada en su contestación que la remuneración estaba afecto a una estructura en parte fija sueldo base y gratificación y en parte variable bono de mantención. Excluyéndose lo percibido por concepto de horas extras. Que al no contar con las liquidaciones anteriores esta sentenciadora debió utilizar la de los meses de junio, julio y agosto de 2010 en circunstancias que en dichos periodos el actor estuvo con licencias médicas. Que esta sentenciadora para determinar el monto de la remuneración incluye las prestaciones solicitas por colación y movilización, para incluir estas prestaciones, concuerda esta juzgadora con lo expuesto por la Ilustrísima Corte de apelaciones de Santiago al conocer los autos Rol 176 2009, en su motivo cuarto que indica Que en cuanto a las asignaciones colación y movilización, es lo cierto que el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo las excluye expresamente del concepto remuneración, más es igualmente efectivo que el artículo 172 del mismo cuerpo de leyes refiere que para los efectos de las indemnizaciones que señala, que incluye la de por años de servicio, la última remuneración mensual comprende toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato de trabajo, incluidas las imposiciones de seguridad social y las regalías avaluadas en dinero, con la exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad. En consecuencia, el concepto última remuneración empleado por el citado artículo tiene un carácter especial y distinto de la definición general del artículo 41 del Código del Trabajo, incluyendo todo lo que estuviere percibiendo el trabajador y excluyendo sólo las prestaciones señaladas en la norma, entre las que no se cuentan las asignaciones de movilización y colación, que se pagaban constante y periódicamente. Esto sin perjuicio de conocer el fallo de unificación de jurisprudencia citado por la demandada. DÉCIMO SEXTO: Que en cuanto al feriado solicitado existiendo sentencia parcial en la audiencia preparatoria, respecto de 29,13 días por la suma de $ 587.232 corresponde determinar si se adeudan al trabajador alguna diferencia, por los días y la base de cálculo utilizada. Que para estos efectos la demandada no incorporó comprobante alguno que acreditara que el actor hizo uso de su feriado, por lo cual cumpliendo las anualidades el trabajador el 1° de febrero, corresponden 2 anualidades, esto es, 42 días más el feriado proporcional desde el 2° de febrero al 27 de agosto ambos de 2010, lo que resulta ser 11,95 días, es decir la suma corresponde a 53,95 días, que deberán descontarse 10 días que fueron reconocidos por el actor en su libelo pretensor, como efectivamente utilizados. Que teniendo como base la remuneración referida en el considerando precedente, esto es, la suma de $ 638.493, corresponde por feriado la suma de $ 935.387 a esta cantidad corresponde restarle lo pagado por la demandada en sentencia parcial, esto es $ 587.232, en consecuencia la demandada adeuda $ 348.155 por concepto de feriado. DÉCIMO SÉPTIMO: Que habiéndose establecido la existencia de la relación laboral y las condiciones en que el actor prestaba servicios, era carga de la demandada alegar y acreditar el oportuno pago de la remuneración reclamada por el demandante relativa a 6 días trabajados en el mes de agosto de 2010, y como ello no ha ocurrido, no siendo ni siquiera controvertido en la contestación lo que permite dar por tácitamente admitida la mencionada pretensión, se accederá a la demanda en cuanto requiere su pago, pero solo entre el 23 de agosto al 27 del mismo mes, por haber establecido esta última como fecha de término de la relación laboral. por el monto de $ 106.415 cantidad proporcional entre la remuneración mensual del demandante determinada en el motivo décimo quinto y los cinco días.

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DÉCIMO OCTAVO: En Cuanto al Accidente Que es un hecho de la causa que el día 23 de julio de 2010, a las 13:00 horas aproximadamente, en circunstancias que el actor se encontraba desempeñando labores de mecánico en el taller de la demandada, sufrió un accidente laboral. Que corresponde determinar las circunstancias en que se produjo dicho accidente, al efecto la demandante rindió la testimonial de don José Cayuan y Richard Gaona, ambos testigos presenciales, quienes dan razón de sus dichos, relatando pormenorizadamente lo ocurrido. DÉCIMO NOVENO: Que consta de las declaraciones latamente expuestas en el motivo quinto, así como de la documental aportada por ambas partes, que el accidente se produjo al realizar el trabajador funciones de mecánico, debajo de un bus de la demandada colocando una caja de cambio, y al mismo tiempo el eléctrico señor José Cayun estaba trabajando en el motor de partida, manteniendo energizado el equipo, lo que provocó que saltaran chispas, las que cayeron sobre la ropa del actor, que al estar impregnada de material combustible prendieron fuego. Que el informe médico de la Mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, señala que el diagnóstico del trabajador lesionado es el siguiente: Quemadura por fuego pierna izquierda tipo AB A. Y en ficha clínica en la atención de 26 de agosto de 2010, alta médica herida completamente epidermizada, con leves molestias con roce, pero sin signos de complicación. VIGÉSIMO: Que establecida la existencia del accidente del trabajo y las lesiones sufridas por el trabajador a consecuencia del mismo, y dado que el mecanismo de seguridad social se activó con el otorgamiento de las prestaciones médicas otorgadas al demandante con ocasión del accidente y que fueron realizadas por la Mutual de Seguridad CChC y que no existió incapacidad laboral del demandante. Corresponde determinar si a la demandada le asiste responsabilidad en la ocurrencia del mismo y, si así fuere, su deber de indemnizar el daño producido por ello, morigerado en el caso que la víctima se haya expuesto imprudentemente al mismo. Que, por ende, debe determinarse, si la demandada cumplió su obligación legal de orden, higiene y seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, si por un lado, cumplió con su obligación legal de otorgar seguridad a los trabajadores en el desempeño de sus funciones, para lo cual tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los mismos, y por otro, si dichas medidas tuvieron el efecto querido por el legislador, esto es proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo que implica una máxima diligencia del empleador en el cumplimiento de tal deber. Que tal deber del empleador se concretiza con el cumplimiento de una serie de exigencias legales, tales como existencia de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad artículo 153 Código del Trabajo, que debe contener las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el medio laboral y las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en el establecimiento donde desempeña sus labores; capacitación de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida artículo 179 del Código del Trabajo; adopción y mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que señala la ley artículo 210 del código precitado; funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de riesgos profesionales artículo 66 ley 16.744, entre otras. Que, asimismo, los deberes básicos del empleados referidos a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los riesgos de la empresa, una definición de las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad, selección de éstos de acuerdo con esta realidad, instrucción y capacitación conforme con las contingencias advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e instrumentos idóneos para operar, mantención de sistemas de reacción eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia, evaluación frente a cada accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura, respeto de todas las normas legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. VIGÉSIMO PRIMERO: Que la demandada, dentro de su prueba adjunto la siguiente, que reviste relevancia para determinar si cumplió su deber de seguridad respecto del trabajador, en los términos señalados en el considerando anterior:

DÉCIMO OCTAVO: En Cuanto al Accidente Que es un hecho de la causa que el día 23 de julio de 2010, a las 13:00 horas aproximadamente, en circunstancias que el actor se encontraba desempeñando labores de mecánico en el taller de la demandada, sufrió un accidente laboral. Que corresponde determinar las circunstancias en que se produjo dicho accidente, al efecto la demandante rindió la testimonial de don José Cayuan y Richard Gaona, ambos testigos presenciales, quienes dan razón de sus dichos, relatando pormenorizadamente lo ocurrido. DÉCIMO NOVENO: Que consta de las declaraciones latamente expuestas en el motivo quinto, así como de la documental aportada por ambas partes, que el accidente se produjo al realizar el trabajador funciones de mecánico, debajo de un bus de la demandada colocando una caja de cambio, y al mismo tiempo el eléctrico señor José Cayun estaba trabajando en el motor de partida, manteniendo energizado el equipo, lo que provocó que saltaran chispas, las que cayeron sobre la ropa del actor, que al estar impregnada de material combustible prendieron fuego. Que el informe médico de la Mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, señala que el diagnóstico del trabajador lesionado es el siguiente: Quemadura por fuego pierna izquierda tipo AB A. Y en ficha clínica en la atención de 26 de agosto de 2010, alta médica herida completamente epidermizada, con leves molestias con roce, pero sin signos de complicación. VIGÉSIMO: Que establecida la existencia del accidente del trabajo y las lesiones sufridas por el trabajador a consecuencia del mismo, y dado que el mecanismo de seguridad social se activó con el otorgamiento de las prestaciones médicas otorgadas al demandante con ocasión del accidente y que fueron realizadas por la Mutual de Seguridad CChC y que no existió incapacidad laboral del demandante. Corresponde determinar si a la demandada le asiste responsabilidad en la ocurrencia del mismo y, si así fuere, su deber de indemnizar el daño producido por ello, morigerado en el caso que la víctima se haya expuesto imprudentemente al mismo. Que, por ende, debe determinarse, si la demandada cumplió su obligación legal de orden, higiene y seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, si por un lado, cumplió con su obligación legal de otorgar seguridad a los trabajadores en el desempeño de sus funciones, para lo cual tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los mismos, y por otro, si dichas medidas tuvieron el efecto querido por el legislador, esto es proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo que implica una máxima diligencia del empleador en el cumplimiento de tal deber. Que tal deber del empleador se concretiza con el cumplimiento de una serie de exigencias legales, tales como existencia de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad artículo 153 Código del Trabajo, que debe contener las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el medio laboral y las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en el establecimiento donde desempeña sus labores; capacitación de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida artículo 179 del Código del Trabajo; adopción y mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que señala la ley artículo 210 del código precitado; funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de riesgos profesionales artículo 66 ley 16.744, entre otras. Que, asimismo, los deberes básicos del empleados referidos a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los riesgos de la empresa, una definición de las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad, selección de éstos de acuerdo con esta realidad, instrucción y capacitación conforme con las contingencias advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e instrumentos idóneos para operar, mantención de sistemas de reacción eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia, evaluación frente a cada accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura, respeto de todas las normas legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. VIGÉSIMO PRIMERO: Que la demandada, dentro de su prueba adjunto la siguiente, que reviste relevancia para determinar si cumplió su deber de seguridad respecto del trabajador, en los términos señalados en el considerando anterior: ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

a. Certificado de adhesión a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. b. copia de informe de investigación de accidente elaborado por el departamento de prevención de riesgo en el cual se refiere causas directas actos inseguros, tomar una actitud no preventiva al momento que su compañero realizaba tareas de soldadura en motor de bus, condiciones inseguras falta de orden y aseo del lugar. Causas indirectas factores personales, no tomar conciencia del riesgo al cual se encontraba expuesto, factores del trabajo falta de supervisión de su jefe directo. c. Acuso de recibo de inducción laboral firmado por el actor de fecha 1 de febrero de 2008. d. Certificado emitido por el Instituto de Salud de fecha 15 de diciembre de 2008, que da cuenta de asistencia del actor a un curso de capacitación sobre primeros auxilios. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de la testimonial rendida por la demandante y referida en el motivo quinto aparece establecido que el demandante, el día 23 de julio aproximadamente a las 13:00 horas estaba trabajando en el terminal de la demandada de Aguirre Luco, cuando al estar el eléctrico señor Cuyan, trabajando en el motor de partida de un bus, manteniendo energizado el equipo, el actor junto al mecánico Richard Gaona, estaban colocando una caja de cambios en el mismo bus, cayeron unas chispas del trabajo que realizaba el eléctrico, lo que provocó que la ropa del actor, la que estaba con residuos de material inflamable, se incendiara, produciéndole una quemadura en la parte posterior de su pierna izquierda. VIGÉSIMO TERCERO: Que el artículo 184 del Código del Trabajo, en su inciso primero dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posible riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Que de la prueba rendida y referida en los considerandos precedentes aparece que la demandada habría cumplido con las siguientes exigencias legales para responder a su obligación de seguridad y protección de los trabajadores, esto es, estar afiliada a una Mutual, haber realizado una investigación de las causas del accidente, haber realizado una inducción al trabajador al momento de celebrar el contrato de trabajo, que según da cuenta el documento acompañado y firmado por el actor, se le hicieron saber los riesgos a los que estará expuesto y por último que el actor participó en un curso de primeros auxilios impartido por el IST, con un total de 8 horas diarias, el 15 de febrero de 2008. VIGÉSIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la norma del artículo 184 ya citada es categórica al indicar no sólo que el empleador debe tomar medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino que exige que debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por ende, no basta con un cumplimiento meramente formal de tal obligación, sino que se exige una máxima diligencia del empleador en el cumplimiento de dicho deber. En tal sentido, se debe analizar si las medidas referidas precedentemente son todas las necesarias para cumplir la obligación del empleador y, sí de serlo, fueron eficaces para obtener la protección y seguridad del trabajador. Al efecto se tiene presente que de la prueba rendida y analizada en los considerandos anteriores, aparece: 1. que el actor fue contratado como mecánico, y en tal calidad desempeñó sus funciones en el terminal el día del accidente; 2. que el día del accidente para trabajar en el bus donde ocurrieron los hechos, se debió haber sacado la batería del, para desenergizar el vehículo. 3. que lo anterior no ocurrió por cuanto el bus estaba atrapado entre otros dos, los que no se podían mover, por estar con desperfectos. 4. que al momento del accidente no había supervisor o jefe de los trabajadores en el taller. 5. que el día de los hechos se trabajó al mismo tiempo la parte eléctrica y la mecánica, de manera de apresurar el proceso y terminar antes con la mantención del bus. 6. que el actor recibió la orden de un jefe de sacar cuanto antes los buses del taller. 7. que no era la primera vez que se debía trabajar en esas circunstancias. 8. que la capacitación que se dio al actor fue solo al iniciar su contrato de trabajo en febrero de 2008 de ello se sigue que las medidas adoptadas por el empleador para cumplir su obligación de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, no fueron todas las necesarias para ello toda vez, que la empresa priorizó el tiempo de demora en la revisión de los buses, sobre la seguridad

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a. Certificado de adhesión a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. b. copia de informe de investigación de accidente elaborado por el departamento de prevención de riesgo en el cual se refiere causas directas actos inseguros, tomar una actitud no preventiva al momento que su compañero realizaba tareas de soldadura en motor de bus, condiciones inseguras falta de orden y aseo del lugar. Causas indirectas factores personales, no tomar conciencia del riesgo al cual se encontraba expuesto, factores del trabajo falta de supervisión de su jefe directo. c. Acuso de recibo de inducción laboral firmado por el actor de fecha 1 de febrero de 2008. d. Certificado emitido por el Instituto de Salud de fecha 15 de diciembre de 2008, que da cuenta de asistencia del actor a un curso de capacitación sobre primeros auxilios. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de la testimonial rendida por la demandante y referida en el motivo quinto aparece establecido que el demandante, el día 23 de julio aproximadamente a las 13:00 horas estaba trabajando en el terminal de la demandada de Aguirre Luco, cuando al estar el eléctrico señor Cuyan, trabajando en el motor de partida de un bus, manteniendo energizado el equipo, el actor junto al mecánico Richard Gaona, estaban colocando una caja de cambios en el mismo bus, cayeron unas chispas del trabajo que realizaba el eléctrico, lo que provocó que la ropa del actor, la que estaba con residuos de material inflamable, se incendiara, produciéndole una quemadura en la parte posterior de su pierna izquierda. VIGÉSIMO TERCERO: Que el artículo 184 del Código del Trabajo, en su inciso primero dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posible riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Que de la prueba rendida y referida en los considerandos precedentes aparece que la demandada habría cumplido con las siguientes exigencias legales para responder a su obligación de seguridad y protección de los trabajadores, esto es, estar afiliada a una Mutual, haber realizado una investigación de las causas del accidente, haber realizado una inducción al trabajador al momento de celebrar el contrato de trabajo, que según da cuenta el documento acompañado y firmado por el actor, se le hicieron saber los riesgos a los que estará expuesto y por último que el actor participó en un curso de primeros auxilios impartido por el IST, con un total de 8 horas diarias, el 15 de febrero de 2008. VIGÉSIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la norma del artículo 184 ya citada es categórica al indicar no sólo que el empleador debe tomar medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino que exige que debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por ende, no basta con un cumplimiento meramente formal de tal obligación, sino que se exige una máxima diligencia del empleador en el cumplimiento de dicho deber. En tal sentido, se debe analizar si las medidas referidas precedentemente son todas las necesarias para cumplir la obligación del empleador y, sí de serlo, fueron eficaces para obtener la protección y seguridad del trabajador. Al efecto se tiene presente que de la prueba rendida y analizada en los considerandos anteriores, aparece: 1. que el actor fue contratado como mecánico, y en tal calidad desempeñó sus funciones en el terminal el día del accidente; 2. que el día del accidente para trabajar en el bus donde ocurrieron los hechos, se debió haber sacado la batería del, para desenergizar el vehículo. 3. que lo anterior no ocurrió por cuanto el bus estaba atrapado entre otros dos, los que no se podían mover, por estar con desperfectos. 4. que al momento del accidente no había supervisor o jefe de los trabajadores en el taller. 5. que el día de los hechos se trabajó al mismo tiempo la parte eléctrica y la mecánica, de manera de apresurar el proceso y terminar antes con la mantención del bus. 6. que el actor recibió la orden de un jefe de sacar cuanto antes los buses del taller. 7. que no era la primera vez que se debía trabajar en esas circunstancias. 8. que la capacitación que se dio al actor fue solo al iniciar su contrato de trabajo en febrero de 2008 de ello se sigue que las medidas adoptadas por el empleador para cumplir su obligación de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, no fueron todas las necesarias para ello toda vez, que la empresa priorizó el tiempo de demora en la revisión de los buses, sobre la seguridad

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de sus trabajadores, como indicaron los testigos señor Gaona y Cuyuan, ellos sabían que manteniendo la batería del bus, se podían correr riesgos en sus labores, pero aun así continuaron, porque su jefe se lo ordenó, que esta declaración es totalmente creíble a este tribunal, por cuanto a pesar de que al ser interrogados por el nombre de este jefe, no pudieron indicarlo, explican que hace poco se cambio la jefatura y los conocían solo por apodos, relato coherente para trabajadores que se desempeñaban como mecánicos. Y, a mayor abundamiento, salvo la alegación de la demandada que el actor se expuso al daño, no rindió en estrado prueba alguna respecto de las medidas de seguridad que proporciona a sus trabajadores Todo lo que permite concluir la responsabilidad de la empleadora en el accidente que afectó al demandante. VIGÉSIMO QUINTO: Que no es suficiente para desvirtuar la conclusión anterior, la defensa de la demandada respecto a que el accidente se produjo por una maniobra imprudente del actor, quien no tenía que estar en el lugar en que acaeció el accidente, de modo que sabiendo las condiciones en que estaba su ropa producto del mismo trabajo de mantención, esto implicó una acción insegura del actor, causa basal del accidente,circunstancia que no acreditó toda vez que no rindió testimonial sobre este punto, siendo insuficiente la conclusión a la que arriba la investigación del accidente, por cuanto en ella misma se indica falta de supervisión de su jefe directo y por cuanto los dos testigos del actor señores Gahona y Cuyuan, refieren que debieron trabajar en el bus al mismo tiempo para acelerar el proceso, lo que es corroborado por los dichos del actor respecto a cómo ocurrió el accidente, por lo que ello es más que suficiente para descartar tal alegación de la demandada y en definitiva establecer su responsabilidad en los hechos. VIGÉSIMO SEXTO: Que establecido que la empresa demandada no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y vida del trabajador demandante, por ende no cumplió su deber de seguridad en los términos del artículo 184 del Código del Trabajo, toda vez que no se adoptaron todas las providencias precisas y efectivas para evitar el accidente, atendido que no existía comité paritario, ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor y por último existía una falta de supervigilancia de los trabajos que se debían realizar el día del accidente en el taller teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivada del vínculo de subordinación y dependencia, surge para el empleador demandado la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que existiendo el nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomados todas las medidas de seguridad necesarias para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no se habría producido el accidente, que derivo en daño para éste, debe entenderse que ello se debe a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con sus trabajadores. Y el que causa daño a otro debe indemnizar el mismo. VIGÉSIMO OCTAVO: Que el actor solicita indemnización por daño moral, que avalúa en la suma de $ 10.000.000, atendido el sufrimiento físico y moral que le provocó el accidente sufrido, y la condición en que ha quedado posteriormente, su pantorrilla Izquierda, no poder exponerse al sol. Que el tribunal tendrá presente al efecto, las declaraciones de su pareja doña Sara González, y su hermano don Héctor Mazzo, quienes están contestes en señalar que después del accidente ya no es el mismo, que ha sido dolorosa la recuperación, que el médico le señaló que no debe exponerse al sol, por lo cual no ha ido a la piscina y que debe aplicar cremas en la herida. Relantando su pareja la señora González, que su casa es de dos pisos y el actor sentía molestias al subir las escaleras. Los comprobantes de reposo acompañados, que acreditan que producto del accidente estuvo con licencia médica casi un mes Que el daño moral se produce por toda lesión, menoscabo o perturbación a los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, y por ende deben someterse a la reparación no sólo del dolor sufrido por la pérdida que le ha afectado a la persona sino que también considerar los perjuicios que ha ocasionado en lo estético, lo social, el agrado de vivir, el incumplimiento del deber de protección que le imponía el artículo 184 del Código del Trabajo, que le aseguraba la relación contractual que le unía con la demandada. Que atendido lo anterior, y en especial que el dolor y aflicción debe ser indemnizado en una suma congruente con su magnitud, atendida la lesión provocada por el accidente que si bien no fue grave según los testigos del actor le provocó bastante dolor, que lo tuvieron casi 30 días con reposo, sin desconocer que su diagnóstico de alta ya referido y la propia impresión que

de sus trabajadores, como indicaron los testigos señor Gaona y Cuyuan, ellos sabían que manteniendo la batería del bus, se podían correr riesgos en sus labores, pero aun así continuaron, porque su jefe se lo ordenó, que esta declaración es totalmente creíble a este tribunal, por cuanto a pesar de que al ser interrogados por el nombre de este jefe, no pudieron indicarlo, explican que hace poco se cambio la jefatura y los conocían solo por apodos, relato coherente para trabajadores que se desempeñaban como mecánicos. Y, a mayor abundamiento, salvo la alegación de la demandada que el actor se expuso al daño, no rindió en estrado prueba alguna respecto de las medidas de seguridad que proporciona a sus trabajadores Todo lo que permite concluir la responsabilidad de la empleadora en el accidente que afectó al demandante. VIGÉSIMO QUINTO: Que no es suficiente para desvirtuar la conclusión anterior, la defensa de la demandada respecto a que el accidente se produjo por una maniobra imprudente del actor, quien no tenía que estar en el lugar en que acaeció el accidente, de modo que sabiendo las condiciones en que estaba su ropa producto del mismo trabajo de mantención, esto implicó una acción insegura del actor, causa basal del accidente,circunstancia que no acreditó toda vez que no rindió testimonial sobre este punto, siendo insuficiente la conclusión a la que arriba la investigación del accidente, por cuanto en ella misma se indica falta de supervisión de su jefe directo y por cuanto los dos testigos del actor señores Gahona y Cuyuan, refieren que debieron trabajar en el bus al mismo tiempo para acelerar el proceso, lo que es corroborado por los dichos del actor respecto a cómo ocurrió el accidente, por lo que ello es más que suficiente para descartar tal alegación de la demandada y en definitiva establecer su responsabilidad en los hechos. VIGÉSIMO SEXTO: Que establecido que la empresa demandada no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud y vida del trabajador demandante, por ende no cumplió su deber de seguridad en los términos del artículo 184 del Código del Trabajo, toda vez que no se adoptaron todas las providencias precisas y efectivas para evitar el accidente, atendido que no existía comité paritario, ni reglamento interno, tampoco un plan de trabajo seguro, ni se capacitaba constantemente al actor y por último existía una falta de supervigilancia de los trabajos que se debían realizar el día del accidente en el taller teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivada del vínculo de subordinación y dependencia, surge para el empleador demandado la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que existiendo el nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomados todas las medidas de seguridad necesarias para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no se habría producido el accidente, que derivo en daño para éste, debe entenderse que ello se debe a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con sus trabajadores. Y el que causa daño a otro debe indemnizar el mismo. VIGÉSIMO OCTAVO: Que el actor solicita indemnización por daño moral, que avalúa en la suma de $ 10.000.000, atendido el sufrimiento físico y moral que le provocó el accidente sufrido, y la condición en que ha quedado posteriormente, su pantorrilla Izquierda, no poder exponerse al sol. Que el tribunal tendrá presente al efecto, las declaraciones de su pareja doña Sara González, y su hermano don Héctor Mazzo, quienes están contestes en señalar que después del accidente ya no es el mismo, que ha sido dolorosa la recuperación, que el médico le señaló que no debe exponerse al sol, por lo cual no ha ido a la piscina y que debe aplicar cremas en la herida. Relantando su pareja la señora González, que su casa es de dos pisos y el actor sentía molestias al subir las escaleras. Los comprobantes de reposo acompañados, que acreditan que producto del accidente estuvo con licencia médica casi un mes Que el daño moral se produce por toda lesión, menoscabo o perturbación a los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, y por ende deben someterse a la reparación no sólo del dolor sufrido por la pérdida que le ha afectado a la persona sino que también considerar los perjuicios que ha ocasionado en lo estético, lo social, el agrado de vivir, el incumplimiento del deber de protección que le imponía el artículo 184 del Código del Trabajo, que le aseguraba la relación contractual que le unía con la demandada. Que atendido lo anterior, y en especial que el dolor y aflicción debe ser indemnizado en una suma congruente con su magnitud, atendida la lesión provocada por el accidente que si bien no fue grave según los testigos del actor le provocó bastante dolor, que lo tuvieron casi 30 días con reposo, sin desconocer que su diagnóstico de alta ya referido y la propia impresión que ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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se formó esta juzgadora al pedirle al actor que mostrara su herida, se estima que tal daño debe indemnizarse en la suma de $ 1.500.000.. VIGÉSIMO NOVENO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 63, 153, 173, 179, 184, 185 y siguientes, 210, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; 5°, 34, 65, 66, 67, 68 y 69 de la ley Nº 16.744 se resuelve: I. Que HA LUGAR a la demanda, declarándose que el despido efectuado por Buses Gran Santiago S.A. con fecha 27 de agosto de 2010 respecto de Erick Alexanders Mazzo Cerna es injustificado, por lo que se condena a la demandada a pagar al demandante las siguientes prestaciones: a) $ 638.493 por indemnización sustitutiva del aviso previo. b) $ 1.915.479 por indemnización por años de servicios más $ 957.739 por recargo legal del 50% previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo. d) $ 348.155 por compensación de feriados legal y proporcional. e) $ 106.415 por remuneración de 5 días trabajados en el mes de agosto de 2010. II. Que de la misma forma se hace lugar a la demanda y se declara que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador y por ende se condena éste a resarcir el daño moral causado, fijándose como suma a pagar por tal concepto la cantidad de $ 1.500.000. III. Que se rechaza en lo demás la demanda de autos. IV. Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. V. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. VI. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese y notifíquese. RIT: O 2998 2010 RUC: 10 4 0041983 9 Dictada por doña Carolina Luengo Portilla, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Santiago.

se formó esta juzgadora al pedirle al actor que mostrara su herida, se estima que tal daño debe indemnizarse en la suma de $ 1.500.000.. VIGÉSIMO NOVENO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 63, 153, 173, 179, 184, 185 y siguientes, 210, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; 5°, 34, 65, 66, 67, 68 y 69 de la ley Nº 16.744 se resuelve: I. Que HA LUGAR a la demanda, declarándose que el despido efectuado por Buses Gran Santiago S.A. con fecha 27 de agosto de 2010 respecto de Erick Alexanders Mazzo Cerna es injustificado, por lo que se condena a la demandada a pagar al demandante las siguientes prestaciones: a) $ 638.493 por indemnización sustitutiva del aviso previo. b) $ 1.915.479 por indemnización por años de servicios más $ 957.739 por recargo legal del 50% previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo. d) $ 348.155 por compensación de feriados legal y proporcional. e) $ 106.415 por remuneración de 5 días trabajados en el mes de agosto de 2010. II. Que de la misma forma se hace lugar a la demanda y se declara que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador y por ende se condena éste a resarcir el daño moral causado, fijándose como suma a pagar por tal concepto la cantidad de $ 1.500.000. III. Que se rechaza en lo demás la demanda de autos. IV. Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. V. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. VI. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese y notifíquese. RIT: O 2998 2010 RUC: 10 4 0041983 9 Dictada por doña Carolina Luengo Portilla, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Santiago.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 1220-2010 Cita online: CL/JUR/16364/2010 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil diez. VISTOS: PRIMERO: Que comparece don Alexis Alonso Arias Rojas, operario de mantención, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, oficina 1601, comuna de Santiago, quien demanda en procedimiento de aplicación general, indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de la empresa Sodexho Soporte y Servicios S.A., representada legalmente por su Gerente General doña Janet Awad Pérez, todos domiciliados en calle Williams Rebolledo N° 1799, comuna de Ñuñoa. Funda su demanda en que comenzó a trabajar para la demandada el día 20 de abril de 2009, bajo vínculo de subordinación y dependencia, para suministrarlo a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y, en definitiva desempeñarse como técnico en mantención de sistema de aire acondicionado en las dependencias de la casa matriz de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 194, comuna de Santiago, percibiendo una remuneración mensual de $ 300.000 brutos. Respecto del accidente sufrido por el demandante, indica que su labor habitual consistía en encargarse de la mantención de los sistemas de aire acondicionado de las oficinas de la Mutual de Seguridad y, si bien su jornada de trabajo se extendía de lunes a viernes, el día del accidente, esto es, el día sábado 28 de noviembre de 2009, extraordinariamente le ordenaron trabajar ya que había que reemplazar una bomba del equipo de aire acondicionado, siendo la primera vez que le correspondía realizar dicha labor en altura. Indica que el día del accidente ingresó a trabajar a las 09:00 horas junto al supervisor, don Cipriano Zapata, y otro compañero. Señala que la labor consistía en cambiar la bomba del equipo que se encontraba en el subterráneo de las oficinas, específicamente montado sobre la losa, a una altura aproximada de 2,5 metros. Al efecto su compañero que llevaba la bomba subió hasta la losa en una especie de carro plegable, sin embargo, para que el actor pudiera subir, ya que no contaban con una escalera proporcionada por su empleadora, tuvieron que utilizar una escalera que había en el lugar y, que correspondía a la extensión de una escalera, que no contaba con las respectivas gomas antideslizantes, sin perjuicio de lo cual, su supervisor, don Cipriano, le ordenó emplearla igualmente y que él se encargaría de sostenerla y apoyarla desde la base para no caerse. Fue así, en momentos en que subía encontrándose en el último peldaño de la escalera, que ésta intempestivamente resbaló, no logrando ser afirmada por su supervisor que la estaba apoyando en la base, por lo que cayó directamente al piso desde una altura aproximada de 2,5 metros, fracturándose gravemente su pierna derecha. Hace presente que de inmediato fue auxiliado por sus compañeros, siendo trasladado por su supervisor en un vehículo de la empresa hasta el Hospital del Trabajador, donde ingresó de urgencia, siendo trasladado a pabellón, donde se le colocó una placa de titanio y tornillos en su pierna derecha, quedando internado durante 3 días, para luego estar en reposo absoluto por un mes. Una vez que salió del Hospital, inició un doloroso y largo proceso de curaciones quirúrgicas y de rehabilitación, en el cual se encuentra hasta la fecha, debiendo utilizar bastones clínicos para desplazarse mínimas distancias. Alega que el accidente sufrido da cuenta de la falta total de medidas de seguridad por parte de su empleadora, ya que evidentemente les hacía trabajar con un procedimiento riesgoso, no contaban con escaleras adecuadas para trabajar en altura, no contaban con ningún procedimiento formal adecuado para desarrollar sus labores por escrito o no escrito para reemplazar bombas en los equipos de aire acondicionado en altura, no recibiendo capacitación alguna al respecto. En el lugar donde sufrió el accidente no existía señalética alguna visible de peligro en cuanto a las labores que desarrollaba. Nunca se le informó acerca de los riesgos existentes al ejecutar dicha labor.

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil diez. VISTOS: PRIMERO: Que comparece don Alexis Alonso Arias Rojas, operario de mantención, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, oficina 1601, comuna de Santiago, quien demanda en procedimiento de aplicación general, indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de la empresa Sodexho Soporte y Servicios S.A., representada legalmente por su Gerente General doña Janet Awad Pérez, todos domiciliados en calle Williams Rebolledo N° 1799, comuna de Ñuñoa. Funda su demanda en que comenzó a trabajar para la demandada el día 20 de abril de 2009, bajo vínculo de subordinación y dependencia, para suministrarlo a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y, en definitiva desempeñarse como técnico en mantención de sistema de aire acondicionado en las dependencias de la casa matriz de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 194, comuna de Santiago, percibiendo una remuneración mensual de $ 300.000 brutos. Respecto del accidente sufrido por el demandante, indica que su labor habitual consistía en encargarse de la mantención de los sistemas de aire acondicionado de las oficinas de la Mutual de Seguridad y, si bien su jornada de trabajo se extendía de lunes a viernes, el día del accidente, esto es, el día sábado 28 de noviembre de 2009, extraordinariamente le ordenaron trabajar ya que había que reemplazar una bomba del equipo de aire acondicionado, siendo la primera vez que le correspondía realizar dicha labor en altura. Indica que el día del accidente ingresó a trabajar a las 09:00 horas junto al supervisor, don Cipriano Zapata, y otro compañero. Señala que la labor consistía en cambiar la bomba del equipo que se encontraba en el subterráneo de las oficinas, específicamente montado sobre la losa, a una altura aproximada de 2,5 metros. Al efecto su compañero que llevaba la bomba subió hasta la losa en una especie de carro plegable, sin embargo, para que el actor pudiera subir, ya que no contaban con una escalera proporcionada por su empleadora, tuvieron que utilizar una escalera que había en el lugar y, que correspondía a la extensión de una escalera, que no contaba con las respectivas gomas antideslizantes, sin perjuicio de lo cual, su supervisor, don Cipriano, le ordenó emplearla igualmente y que él se encargaría de sostenerla y apoyarla desde la base para no caerse. Fue así, en momentos en que subía encontrándose en el último peldaño de la escalera, que ésta intempestivamente resbaló, no logrando ser afirmada por su supervisor que la estaba apoyando en la base, por lo que cayó directamente al piso desde una altura aproximada de 2,5 metros, fracturándose gravemente su pierna derecha. Hace presente que de inmediato fue auxiliado por sus compañeros, siendo trasladado por su supervisor en un vehículo de la empresa hasta el Hospital del Trabajador, donde ingresó de urgencia, siendo trasladado a pabellón, donde se le colocó una placa de titanio y tornillos en su pierna derecha, quedando internado durante 3 días, para luego estar en reposo absoluto por un mes. Una vez que salió del Hospital, inició un doloroso y largo proceso de curaciones quirúrgicas y de rehabilitación, en el cual se encuentra hasta la fecha, debiendo utilizar bastones clínicos para desplazarse mínimas distancias. Alega que el accidente sufrido da cuenta de la falta total de medidas de seguridad por parte de su empleadora, ya que evidentemente les hacía trabajar con un procedimiento riesgoso, no contaban con escaleras adecuadas para trabajar en altura, no contaban con ningún procedimiento formal adecuado para desarrollar sus labores por escrito o no escrito para reemplazar bombas en los equipos de aire acondicionado en altura, no recibiendo capacitación alguna al respecto. En el lugar donde sufrió el accidente no existía señalética alguna visible de peligro en cuanto a las labores que desarrollaba. Nunca se le informó acerca de los riesgos existentes al ejecutar dicha labor.

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

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Indica que el Hospital del Trabajo calificó el siniestro como accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que le franquea la ley N° 16.744. En definitiva sufrió una fractura de pilón tibial derecho, la cual hasta el día de hoy le causa un gran dolor, debiendo iniciar un largo proceso de curaciones y rehabilitación, razón por la cual se encuentra con licencia médica hasta la fecha, sin perjuicio de lo cual aún sufre dolores permanentes en su pierna derecha, no puede apoyar su pie, debiendo utilizar bastones clínicos para desplazarse, incluso sufre dolores al acostarse. No obstante el período de rehabilitación en el que se encuentra, todos los daños señalados le dejarán secuelas e incapacidades permanentes en su pie derecho, por lo que no podrá desarrollar más su labor de mantención, toda vez que no puede desplazarse en forma normal y menos aún efectuar fuerza con su cuerpo. Hace presente que a la fecha tiene 35 años y con el producto de su trabajo mantenía a su familia, por lo cual ha sido víctima de un perjuicio de sufrimiento y de agrado, ya que se ha visto privado de las diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas que normalmente benefician a un hombre de su edad y condición, lo que le ha traído como consecuencia la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental. Alega que de los hechos expuestos, queda en evidencia que el accidente se produjo por las condiciones inseguras en las que prestaba servicios. La empresa no adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus dependientes, a lo que se encuentra obligada por expreso mandato del artículo 184 del Código del Trabajo, por lo que su incumplimiento provocó el accidente y los gravísimos perjuicios que le ocasionó, por lo que debe indemnizar los perjuicios que le ha causado su negligente incumplimiento contractual, los que se avalúan de la siguiente manera: 1. Indemnización por lucro cesante que se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión del accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha previsible de jubilación por vejez. Si se tiene presente que percibía una remuneración mensual de $ 300.000 mensuales y, ésta se multiplica por 12 meses (para obtener la remuneración anual) y luego por 30 años (que van desde esta fecha hasta que cumpla 65 años), se obtiene un resultado de $ 108.000.000, cantidad respecto de la cual cabe aplicar un factor prudencial de incapacidad de un 40%, lo que da un total de $ 43.200.000, suma que demanda en definitiva por este concepto o lo que el tribunal determine. 2. Asimismo, solicita el pago a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, de la suma de $ 80.000.000 o la que determine el tribunal, ya que quedó con su pierna derecha completamente lesionada, fuertes dolores crónicos, fuertes molestias para caminar mínimas distancias y permanecer de pie, con todas las secuelas psicológicas y psiquiátricas que ello implica. A ello se debe sumar la fuerte angustia en la que se encuentra y una serie de dolores crónicos que deberá soportar el resto de su vida y los mencionados perjuicios de sufrimiento y agrado mencionados. 3. Por último solicita el pago de las sumas antes indicadas, con los reajustes e intereses devengados de acuerdo a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo o, en subsidio, con los reajustes e intereses que determine el tribunal, contados desde la fecha de notificación de la demanda, o contados desde la fecha que fije por S.S., todo ello con costas. SEGUNDO: Que la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas, reconociendo la fecha de ingreso alegada en el libelo y las funciones desarrolladas por el actor en dependencias de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Asimismo, reconoce que el sábado 28 de noviembre de 2009 extraordinariamente le ordenaron trabajar al demandante, porque había que reemplazar una bomba del equipo de aire acondicionado y, que el Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad calificó el siniestro como accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole todos los subsidios que franquea la ley N° 16.744. Por último reconoce la lesión sufrida por el actor y que desde que salió del Hospital se encuentra con licencia médica hasta la fecha. En cuanto a las causas que originaron el accidente, alegan que de acuerdo a la propia declaración del trabajador realizada el mismo día del accidente y, a diferencia de lo sostenido en su líbelo, éste se debió a la necesidad de apoyar el montaje de la bomba para asistencia de climatización, y el trabajador junto a otros trabajadores coordinaron el montaje de la misma y colocaron una escalera para verificar el

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Indica que el Hospital del Trabajo calificó el siniestro como accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que le franquea la ley N° 16.744. En definitiva sufrió una fractura de pilón tibial derecho, la cual hasta el día de hoy le causa un gran dolor, debiendo iniciar un largo proceso de curaciones y rehabilitación, razón por la cual se encuentra con licencia médica hasta la fecha, sin perjuicio de lo cual aún sufre dolores permanentes en su pierna derecha, no puede apoyar su pie, debiendo utilizar bastones clínicos para desplazarse, incluso sufre dolores al acostarse. No obstante el período de rehabilitación en el que se encuentra, todos los daños señalados le dejarán secuelas e incapacidades permanentes en su pie derecho, por lo que no podrá desarrollar más su labor de mantención, toda vez que no puede desplazarse en forma normal y menos aún efectuar fuerza con su cuerpo. Hace presente que a la fecha tiene 35 años y con el producto de su trabajo mantenía a su familia, por lo cual ha sido víctima de un perjuicio de sufrimiento y de agrado, ya que se ha visto privado de las diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas que normalmente benefician a un hombre de su edad y condición, lo que le ha traído como consecuencia la pérdida de todos los entretenimientos comunes y ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental. Alega que de los hechos expuestos, queda en evidencia que el accidente se produjo por las condiciones inseguras en las que prestaba servicios. La empresa no adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus dependientes, a lo que se encuentra obligada por expreso mandato del artículo 184 del Código del Trabajo, por lo que su incumplimiento provocó el accidente y los gravísimos perjuicios que le ocasionó, por lo que debe indemnizar los perjuicios que le ha causado su negligente incumplimiento contractual, los que se avalúan de la siguiente manera: 1. Indemnización por lucro cesante que se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión del accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha previsible de jubilación por vejez. Si se tiene presente que percibía una remuneración mensual de $ 300.000 mensuales y, ésta se multiplica por 12 meses (para obtener la remuneración anual) y luego por 30 años (que van desde esta fecha hasta que cumpla 65 años), se obtiene un resultado de $ 108.000.000, cantidad respecto de la cual cabe aplicar un factor prudencial de incapacidad de un 40%, lo que da un total de $ 43.200.000, suma que demanda en definitiva por este concepto o lo que el tribunal determine. 2. Asimismo, solicita el pago a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, de la suma de $ 80.000.000 o la que determine el tribunal, ya que quedó con su pierna derecha completamente lesionada, fuertes dolores crónicos, fuertes molestias para caminar mínimas distancias y permanecer de pie, con todas las secuelas psicológicas y psiquiátricas que ello implica. A ello se debe sumar la fuerte angustia en la que se encuentra y una serie de dolores crónicos que deberá soportar el resto de su vida y los mencionados perjuicios de sufrimiento y agrado mencionados. 3. Por último solicita el pago de las sumas antes indicadas, con los reajustes e intereses devengados de acuerdo a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo o, en subsidio, con los reajustes e intereses que determine el tribunal, contados desde la fecha de notificación de la demanda, o contados desde la fecha que fije por S.S., todo ello con costas. SEGUNDO: Que la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas, reconociendo la fecha de ingreso alegada en el libelo y las funciones desarrolladas por el actor en dependencias de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Asimismo, reconoce que el sábado 28 de noviembre de 2009 extraordinariamente le ordenaron trabajar al demandante, porque había que reemplazar una bomba del equipo de aire acondicionado y, que el Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad calificó el siniestro como accidente del trabajo, otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole todos los subsidios que franquea la ley N° 16.744. Por último reconoce la lesión sufrida por el actor y que desde que salió del Hospital se encuentra con licencia médica hasta la fecha. En cuanto a las causas que originaron el accidente, alegan que de acuerdo a la propia declaración del trabajador realizada el mismo día del accidente y, a diferencia de lo sostenido en su líbelo, éste se debió a la necesidad de apoyar el montaje de la bomba para asistencia de climatización, y el trabajador junto a otros trabajadores coordinaron el montaje de la misma y colocaron una escalera para verificar el

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espacio individual y, al subir el actor, ésta comenzó a ceder de manera rápida, a pesar de estar siendo sujetada por su supervisor, habiendo sufrido la caída aproximadamente de una altura de 1,80 metros y no de 2,5 metros como lo sostiene en la demanda. En cuanto al montaje de la bomba, este fue coordinada por todos los trabajadores, particularmente por el actor, atendido que de acuerdo a sus funciones de técnico en mantención de aire acondicionado, era quien, y a diferencia de lo sostenido en la demanda, se encontraba a cargo de todas las operaciones rutinarias de mantenimiento del sistema de aire acondicionado del edificio de la Mutual de Seguridad, sin necesidad de supervisión alguna; en efecto el actor simplemente era objeto de supervisiones generalizadas y, en caso alguno se encuentra sujeto a una supervisión diaria, todo ello en razón de su calidad técnica y capacitación, además, se trataba de trabajos que había realizado en innumerables ocasiones producto de su experiencia, asimismo era quien inspeccionaba los trabajos que se realizaban en el edificio antes mencionado. En cuanto al uso de la escalera, reitera que era el actor quien estaba a cargo en atención a su calidad técnica de realizar todas las operaciones rutinarias de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, por lo anterior el día del accidente y a diferencia de lo sostenido en la demanda, no fue el señor Cipriano quien decidió el tipo de escalera que se utilizaría en la realización de los trabajos, sino más bien fue el propio actor, atendidas las funciones que realizaba y por encontrarse a cargo de todos los trabajos de mantenimiento en el edificio, por lo mismo conocía a cabalidad todos los elementos que se encontraban a su disposición para realizar cualquier tipo de reparación, por lo que fue el propio trabajador quien contribuyó a realizar una acción insegura, lo que trajo como consecuencia el lamentable accidente sufrido por el mismo. Alega que cumplió con todas las medidas de seguridad y protección de los trabajadores con el objeto de proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, al efecto en primer término, sostiene que fue el propio actor quien reconoció en su demanda que se encontraba a cargo de la mantención de los sistemas de aire acondicionado de las oficinas de la Mutual de Seguridad, por ser un técnico en sistemas de aire acondicionado, esto es, una persona calificada, capacitada y contaba con todos los conocimientos necesarios que dicen relación con los sistemas de aire acondicionado, por lo que resulta contradictorio que el actor por un lado reconozca que se encontraba a cargo de estos equipos y, por otro lado, señale que era la primera vez que le correspondía realizar labores en altura, ya que se trataban de labores habituales y cotidianas propias de sus funciones, de su calidad técnica y las labores para las cuales fue contratado. Además, cabe tener presente que los equipos de aire acondicionado siempre se encuentran ubicados en altura. En segundo lugar, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, su representada hizo entrega al actor de todos los implementos de protección y seguridad y uniforme de acuerdo a las funciones que realiza y los trabajos encomendados, como bloqueador solar más sifón, radio portátil, guantes cabretilla largos, antiparras transparente, arnés de seguridad, cabo de vida, guantes cabretilla corto, polera azul, pantalón, jeans, polar gris, zapato dieléctrico, chaqueta geólogo azul, según consta de los correspondientes formularios de entrega de elementos de protección y uniformes, por lo que tenía la obligación de usarlos el día del accidente. En tercer lugar respecto de la obligación de información y capacitación de los riesgos laborales, de acuerdo a los registros de asistencia de las distintas charlas y capacitaciones realizadas por su representada, el actor asistió a cada una de ellas, cuyos temas dicen relación con capacitación en prevención de riesgos en cumplimiento de la obligación de informar los riesgos laborales y derecho a saber y capacitación respecto de los riesgos con los trabajos en altura. Asimismo, su representada sí cuenta con los procedimientos de trabajo seguro que dice relación con los distintos trabajos realizados en alturas, además realiza constantemente las denominadas AST (Análisis de Seguridad del Trabajo), con el objeto de prever en forma anticipada los riesgos laborales, procedimiento que se encontraba en conocimiento del actor. En cuanto a la señalética, el accidente ocurrió en un subterráneo, lugar utilizado para el estacionamiento, por lo anterior contaba con la señalética exigida y de acuerdo a los estándares exigidos por la Asociación Chilena de Seguridad. En cuanto a la alegación efectuada en la demanda en cuanto a que el comité paritario no lo asesoró e instruyó para la capacitación adecuada de sus labores, en lo referente a los trabajos en altura, alega

espacio individual y, al subir el actor, ésta comenzó a ceder de manera rápida, a pesar de estar siendo sujetada por su supervisor, habiendo sufrido la caída aproximadamente de una altura de 1,80 metros y no de 2,5 metros como lo sostiene en la demanda. En cuanto al montaje de la bomba, este fue coordinada por todos los trabajadores, particularmente por el actor, atendido que de acuerdo a sus funciones de técnico en mantención de aire acondicionado, era quien, y a diferencia de lo sostenido en la demanda, se encontraba a cargo de todas las operaciones rutinarias de mantenimiento del sistema de aire acondicionado del edificio de la Mutual de Seguridad, sin necesidad de supervisión alguna; en efecto el actor simplemente era objeto de supervisiones generalizadas y, en caso alguno se encuentra sujeto a una supervisión diaria, todo ello en razón de su calidad técnica y capacitación, además, se trataba de trabajos que había realizado en innumerables ocasiones producto de su experiencia, asimismo era quien inspeccionaba los trabajos que se realizaban en el edificio antes mencionado. En cuanto al uso de la escalera, reitera que era el actor quien estaba a cargo en atención a su calidad técnica de realizar todas las operaciones rutinarias de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, por lo anterior el día del accidente y a diferencia de lo sostenido en la demanda, no fue el señor Cipriano quien decidió el tipo de escalera que se utilizaría en la realización de los trabajos, sino más bien fue el propio actor, atendidas las funciones que realizaba y por encontrarse a cargo de todos los trabajos de mantenimiento en el edificio, por lo mismo conocía a cabalidad todos los elementos que se encontraban a su disposición para realizar cualquier tipo de reparación, por lo que fue el propio trabajador quien contribuyó a realizar una acción insegura, lo que trajo como consecuencia el lamentable accidente sufrido por el mismo. Alega que cumplió con todas las medidas de seguridad y protección de los trabajadores con el objeto de proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, al efecto en primer término, sostiene que fue el propio actor quien reconoció en su demanda que se encontraba a cargo de la mantención de los sistemas de aire acondicionado de las oficinas de la Mutual de Seguridad, por ser un técnico en sistemas de aire acondicionado, esto es, una persona calificada, capacitada y contaba con todos los conocimientos necesarios que dicen relación con los sistemas de aire acondicionado, por lo que resulta contradictorio que el actor por un lado reconozca que se encontraba a cargo de estos equipos y, por otro lado, señale que era la primera vez que le correspondía realizar labores en altura, ya que se trataban de labores habituales y cotidianas propias de sus funciones, de su calidad técnica y las labores para las cuales fue contratado. Además, cabe tener presente que los equipos de aire acondicionado siempre se encuentran ubicados en altura. En segundo lugar, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, su representada hizo entrega al actor de todos los implementos de protección y seguridad y uniforme de acuerdo a las funciones que realiza y los trabajos encomendados, como bloqueador solar más sifón, radio portátil, guantes cabretilla largos, antiparras transparente, arnés de seguridad, cabo de vida, guantes cabretilla corto, polera azul, pantalón, jeans, polar gris, zapato dieléctrico, chaqueta geólogo azul, según consta de los correspondientes formularios de entrega de elementos de protección y uniformes, por lo que tenía la obligación de usarlos el día del accidente. En tercer lugar respecto de la obligación de información y capacitación de los riesgos laborales, de acuerdo a los registros de asistencia de las distintas charlas y capacitaciones realizadas por su representada, el actor asistió a cada una de ellas, cuyos temas dicen relación con capacitación en prevención de riesgos en cumplimiento de la obligación de informar los riesgos laborales y derecho a saber y capacitación respecto de los riesgos con los trabajos en altura. Asimismo, su representada sí cuenta con los procedimientos de trabajo seguro que dice relación con los distintos trabajos realizados en alturas, además realiza constantemente las denominadas AST (Análisis de Seguridad del Trabajo), con el objeto de prever en forma anticipada los riesgos laborales, procedimiento que se encontraba en conocimiento del actor. En cuanto a la señalética, el accidente ocurrió en un subterráneo, lugar utilizado para el estacionamiento, por lo anterior contaba con la señalética exigida y de acuerdo a los estándares exigidos por la Asociación Chilena de Seguridad. En cuanto a la alegación efectuada en la demanda en cuanto a que el comité paritario no lo asesoró e instruyó para la capacitación adecuada de sus labores, en lo referente a los trabajos en altura, alega ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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que la empresa no contaba con comité paritario en la faena donde el trabajador desempeñaba sus funciones y lugar donde sufrió el accidente, por no contar con la cantidad de trabajadores que exige la ley para su constitución, por lo anterior resulta inverosímil que su representada infrinja lo dispuesto a lo establecido en el artículo 66 de la ley N° 16.744, por no encontrarse obligada a su constitución. Asimismo, alega que es el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa el encargado de materializar la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de todos y cada uno de los trabajadores, acciones que se ven materializadas a través de su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que no sólo cumple con la normativa laboral establecida en el artículo 154 del Código del trabajo, sino que más bien se encuentra sobre la norma, al contener una descripción detallada de los riesgos laborales, asimismo, se realizan charlas permanentes de 5 minutos antes de comenzar los trabajos y capacitaciones variadas. Alega que la elección de la escalera que se utilizaría en las labores de montaje de la bomba, fue decisión del actor, todo ello en razón que era el técnico encargado de la mantención del sistema de aire acondicionado, por lo mismo conocía a cabalidad todos los elementos que se encontraban a su disposición para realizar cualquier tipo de reparación. De este modo fue el propio actor quien contribuyó a realizar una acción insegura, lo que trajo como consecuencia el lamentable accidente sufrido por el mismo, a sabiendas que el edificio central de su representada, se encuentra a cuadras del lugar donde ocurrió el accidente y lugar donde el actor prestaba los servicios. En cuanto a las prestaciones demandadas, estima improcedente el lucro cesante reclamado, atendido que la relación laboral entre las partes se encuentra vigente y, por lo mismo, el actor no ha perdido su fuente de trabajo como consecuencia del accidente, pese a encontrarse haciendo uso de licencias médicas durante todo este período ha recibido todos los subsidios. Asimismo, en cuanto a la alegación del demandante que no podrá ejercer más sus labores, precisa que una fractura de pilón tibial derecho (no se trata de una quebradura), se trata de una lesión absolutamente recuperable, no dejando secuelas futuras si el paciente sigue las instrucciones médicas; de este modo, si bien es cierto que durante todo el tiempo que dure el período de rehabilitación no podrá realizar las mismas funciones de antes del accidente, ello no significa que en un futuro cercano pueda realizar todas sus actividades, incluidas las de carácter laboral. Incluso el propio encargado del contrato del actor, Francisco Palma, y el prevencionista de riesgos en las visitas realizadas al actor, le comunicaron personalmente la decisión de la empresa que en caso alguno pondrían término a su contrato de trabajo, como también el hecho que la empresa ha decidido reubicarlo en otro puesto de trabajo y seguirá percibiendo la misma remuneración. En cuanto al daño moral, para demandarlo supone que efectivamente se haya sufrido un daño de una entidad y magnitud más allá de lo normalmente aceptable y, si bien en el caso del actor, este sufrió un daño, cabe determinar si este será permanente y que podría servir de base a un daño moral en que se afecta definitivamente un aspecto de la personalidad de la persona, sobre este punto y teniendo presente que lo más grave del accidente fue la fractura, concluye que no concurre el requisito en cuestión, además, tampoco dejó secuelas psicológicas, ya que el propio demandante se basa en la imposibilidad de realizar actividades a las que estaba acostumbrado antes del accidente, por lo que solicita su rechazo. TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, sin perjuicio de lo cual, se fijaron los siguientes hechos como no controvertidos entre las partes: 1. Efectividad de existir entre las partes vigente una relación laboral, bajo un vínculo de subordinación y dependencia, entre el actor y la empresa demandada Sodexho Soporte y Servicios, cuya fecha de ingreso es la del día 20 de abril de 2009 a prestar servicios como técnico en mantención de aire acondicionado en dependencias de la casa matriz de la Mutual de Seguridad. 2. La remuneración del actor $ 300.000 brutos mensuales. 3. Jornada ordinaria de horario de lunes a viernes. 4. Efectividad que el día sábado 28 de noviembre de 2009 extraordinariamente le ordenaron trabajar para reemplazar una bomba del equipo de aire acondicionado y con ocasión de este trabajo se produce el accidente alrededor de las 11:00 horas. 5. Que el Hospital de la AChS calificó el siniestro como accidente del trabajo y la lesión fue Fractura de Pilón Tibial derecho y que desde esa fecha se le han otorgado al actor las prestaciones que franquea la ley Nº 16.744.

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que la empresa no contaba con comité paritario en la faena donde el trabajador desempeñaba sus funciones y lugar donde sufrió el accidente, por no contar con la cantidad de trabajadores que exige la ley para su constitución, por lo anterior resulta inverosímil que su representada infrinja lo dispuesto a lo establecido en el artículo 66 de la ley N° 16.744, por no encontrarse obligada a su constitución. Asimismo, alega que es el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa el encargado de materializar la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de todos y cada uno de los trabajadores, acciones que se ven materializadas a través de su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que no sólo cumple con la normativa laboral establecida en el artículo 154 del Código del trabajo, sino que más bien se encuentra sobre la norma, al contener una descripción detallada de los riesgos laborales, asimismo, se realizan charlas permanentes de 5 minutos antes de comenzar los trabajos y capacitaciones variadas. Alega que la elección de la escalera que se utilizaría en las labores de montaje de la bomba, fue decisión del actor, todo ello en razón que era el técnico encargado de la mantención del sistema de aire acondicionado, por lo mismo conocía a cabalidad todos los elementos que se encontraban a su disposición para realizar cualquier tipo de reparación. De este modo fue el propio actor quien contribuyó a realizar una acción insegura, lo que trajo como consecuencia el lamentable accidente sufrido por el mismo, a sabiendas que el edificio central de su representada, se encuentra a cuadras del lugar donde ocurrió el accidente y lugar donde el actor prestaba los servicios. En cuanto a las prestaciones demandadas, estima improcedente el lucro cesante reclamado, atendido que la relación laboral entre las partes se encuentra vigente y, por lo mismo, el actor no ha perdido su fuente de trabajo como consecuencia del accidente, pese a encontrarse haciendo uso de licencias médicas durante todo este período ha recibido todos los subsidios. Asimismo, en cuanto a la alegación del demandante que no podrá ejercer más sus labores, precisa que una fractura de pilón tibial derecho (no se trata de una quebradura), se trata de una lesión absolutamente recuperable, no dejando secuelas futuras si el paciente sigue las instrucciones médicas; de este modo, si bien es cierto que durante todo el tiempo que dure el período de rehabilitación no podrá realizar las mismas funciones de antes del accidente, ello no significa que en un futuro cercano pueda realizar todas sus actividades, incluidas las de carácter laboral. Incluso el propio encargado del contrato del actor, Francisco Palma, y el prevencionista de riesgos en las visitas realizadas al actor, le comunicaron personalmente la decisión de la empresa que en caso alguno pondrían término a su contrato de trabajo, como también el hecho que la empresa ha decidido reubicarlo en otro puesto de trabajo y seguirá percibiendo la misma remuneración. En cuanto al daño moral, para demandarlo supone que efectivamente se haya sufrido un daño de una entidad y magnitud más allá de lo normalmente aceptable y, si bien en el caso del actor, este sufrió un daño, cabe determinar si este será permanente y que podría servir de base a un daño moral en que se afecta definitivamente un aspecto de la personalidad de la persona, sobre este punto y teniendo presente que lo más grave del accidente fue la fractura, concluye que no concurre el requisito en cuestión, además, tampoco dejó secuelas psicológicas, ya que el propio demandante se basa en la imposibilidad de realizar actividades a las que estaba acostumbrado antes del accidente, por lo que solicita su rechazo. TERCERO: Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, sin perjuicio de lo cual, se fijaron los siguientes hechos como no controvertidos entre las partes: 1. Efectividad de existir entre las partes vigente una relación laboral, bajo un vínculo de subordinación y dependencia, entre el actor y la empresa demandada Sodexho Soporte y Servicios, cuya fecha de ingreso es la del día 20 de abril de 2009 a prestar servicios como técnico en mantención de aire acondicionado en dependencias de la casa matriz de la Mutual de Seguridad. 2. La remuneración del actor $ 300.000 brutos mensuales. 3. Jornada ordinaria de horario de lunes a viernes. 4. Efectividad que el día sábado 28 de noviembre de 2009 extraordinariamente le ordenaron trabajar para reemplazar una bomba del equipo de aire acondicionado y con ocasión de este trabajo se produce el accidente alrededor de las 11:00 horas. 5. Que el Hospital de la AChS calificó el siniestro como accidente del trabajo y la lesión fue Fractura de Pilón Tibial derecho y que desde esa fecha se le han otorgado al actor las prestaciones que franquea la ley Nº 16.744.

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6. Efectividad que el accidente se produjo en dependencias de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. 7. Efectividad que la empresa Sodexho tiene alrededor de 18.000 trabajadores a nivel nacional y alrededor de 5 trabajadores en la obra o faena donde presta servicios el actor. Sin perjuicio de lo anterior se fijaron los siguientes hechos a probar: 1. Causas y circunstancias en que se produjo el accidente sufrido por el actor el día 28 de noviembre del año 2009. 2. Efectividad que la demandada habría tomado las medidas necesarias para evitar eficazmente la ocurrencia del accidente sufrido por el actor. 3. Efectividad que el actor se expuso imprudentemente al accidente sufrido. 4. Naturaleza, características y montos de los daños sufridos por el demandante con ocasión del accidente del trabajo. 5. Efectividad que al actor le correspondió por primera vez reemplazar una bomba del equipo del aire acondicionado por primera vez en altura. 6. Efectividad que el trabajador se encontraba el día del accidente bajo supervisión. CUARTO: Que no se encuentra discutido entre las partes que el día sábado 28 de noviembre de 2009, en forma extraordinaria la demandada le ordenó trabajar al actor en el reemplazo de una bomba del equipo de aire acondicionado en dependencias de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, lugar donde habitualmente presta sus funciones, produciéndose un siniestro alrededor de las 11:00 horas, el que fue calificado por el Hospital de la AChS como accidente del trabajo, sufriendo el demandante una Fractura de Pilón Tibial derecho, encontrándose con licencia hasta la fecha y percibiendo las prestaciones que franquea la ley N° 16.744. QUINTO: Que asentado lo anterior, surge como normativa legal aplicable a la cuestión debatida el artículo 184 del Código del Trabajo, norma de cuyo tenor literal se desprende que la obligación de diligencia y cuidado que la ley impone al empleador en la especie, es de mayor entidad, que la comúnmente exigida en los contratos bilaterales, pues no sólo es de cargo de aquél tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores, sino que, además, debe hacerlo eficazmente. En consecuencia, atendido lo dispuesto en el ya citado artículo 184 del Código del Trabajo, correspondió a la empresa demandada acreditar que efectivamente tomó todas las medidas de seguridad que la naturaleza de las faenas ameritaba, para proteger la vida y salud del dependiente Alexis Alonso Arias Rojas, en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. SEXTO: Que respecto del primer, quinto y sexto hecho fijado por el tribunal a probar, que dicen relación con las causas y circunstancias en que se produjo el accidente, la efectividad de ser la primera vez en que el actor reemplazaba una bomba del equipo de aire acondicionado en altura y que se encontraba bajo supervisión, cabe tener presente que la parte demandante incorporó como prueba documental una copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, con fecha 20 de abril de 2009, el cual en su cláusula primera se deja constancia que el trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de Técnico en Mantención o cualquier otro similar que le encomiende el empleador. Al efecto el propio demandante al absolver posiciones señaló que ha trabajado en distintas empresas a cargo de la instalación de aires acondicionados, como OPERADOR, lo que significa que se encuentra a cargo de su instalación. Agrega que en 1992 obtuvo título de técnico eléctrico, siendo contratado efectivamente por la empresa demandada en el mes de abril, pero también como operador para desempeñarse en dependencias de la Mutual a cargo del funcionamiento de los aires acondicionados, lo que significa que su función era verificar en las mañanas el funcionamiento de los equipos, revisar termostatos y preguntar a los usuarios el estado del aire acondicionado, tratándose del interlocutor válido entre el cliente de la empresa demandada (Administrador de la Mutual) con su empleador, acerca del funcionamiento del sistema del aire acondicionado. Asimismo, indica que dentro del ámbito de sus funciones diarias existía un supervisor de las mismas, don Cipriano Zapata, con quien se comunicaba por radio, ya que debía supervisar distintas instalaciones de los clientes de la empresa demandada, no presentándose todos los días en la Mutual. En cuanto a las circunstancias en que se produjo su accidente, señala que tuvo que concurrir a trabajar un día sábado, lo que no le corresponde habitualmente, ya que se debía cambiar una bomba

6. Efectividad que el accidente se produjo en dependencias de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. 7. Efectividad que la empresa Sodexho tiene alrededor de 18.000 trabajadores a nivel nacional y alrededor de 5 trabajadores en la obra o faena donde presta servicios el actor. Sin perjuicio de lo anterior se fijaron los siguientes hechos a probar: 1. Causas y circunstancias en que se produjo el accidente sufrido por el actor el día 28 de noviembre del año 2009. 2. Efectividad que la demandada habría tomado las medidas necesarias para evitar eficazmente la ocurrencia del accidente sufrido por el actor. 3. Efectividad que el actor se expuso imprudentemente al accidente sufrido. 4. Naturaleza, características y montos de los daños sufridos por el demandante con ocasión del accidente del trabajo. 5. Efectividad que al actor le correspondió por primera vez reemplazar una bomba del equipo del aire acondicionado por primera vez en altura. 6. Efectividad que el trabajador se encontraba el día del accidente bajo supervisión. CUARTO: Que no se encuentra discutido entre las partes que el día sábado 28 de noviembre de 2009, en forma extraordinaria la demandada le ordenó trabajar al actor en el reemplazo de una bomba del equipo de aire acondicionado en dependencias de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, lugar donde habitualmente presta sus funciones, produciéndose un siniestro alrededor de las 11:00 horas, el que fue calificado por el Hospital de la AChS como accidente del trabajo, sufriendo el demandante una Fractura de Pilón Tibial derecho, encontrándose con licencia hasta la fecha y percibiendo las prestaciones que franquea la ley N° 16.744. QUINTO: Que asentado lo anterior, surge como normativa legal aplicable a la cuestión debatida el artículo 184 del Código del Trabajo, norma de cuyo tenor literal se desprende que la obligación de diligencia y cuidado que la ley impone al empleador en la especie, es de mayor entidad, que la comúnmente exigida en los contratos bilaterales, pues no sólo es de cargo de aquél tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores, sino que, además, debe hacerlo eficazmente. En consecuencia, atendido lo dispuesto en el ya citado artículo 184 del Código del Trabajo, correspondió a la empresa demandada acreditar que efectivamente tomó todas las medidas de seguridad que la naturaleza de las faenas ameritaba, para proteger la vida y salud del dependiente Alexis Alonso Arias Rojas, en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. SEXTO: Que respecto del primer, quinto y sexto hecho fijado por el tribunal a probar, que dicen relación con las causas y circunstancias en que se produjo el accidente, la efectividad de ser la primera vez en que el actor reemplazaba una bomba del equipo de aire acondicionado en altura y que se encontraba bajo supervisión, cabe tener presente que la parte demandante incorporó como prueba documental una copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, con fecha 20 de abril de 2009, el cual en su cláusula primera se deja constancia que el trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de Técnico en Mantención o cualquier otro similar que le encomiende el empleador. Al efecto el propio demandante al absolver posiciones señaló que ha trabajado en distintas empresas a cargo de la instalación de aires acondicionados, como OPERADOR, lo que significa que se encuentra a cargo de su instalación. Agrega que en 1992 obtuvo título de técnico eléctrico, siendo contratado efectivamente por la empresa demandada en el mes de abril, pero también como operador para desempeñarse en dependencias de la Mutual a cargo del funcionamiento de los aires acondicionados, lo que significa que su función era verificar en las mañanas el funcionamiento de los equipos, revisar termostatos y preguntar a los usuarios el estado del aire acondicionado, tratándose del interlocutor válido entre el cliente de la empresa demandada (Administrador de la Mutual) con su empleador, acerca del funcionamiento del sistema del aire acondicionado. Asimismo, indica que dentro del ámbito de sus funciones diarias existía un supervisor de las mismas, don Cipriano Zapata, con quien se comunicaba por radio, ya que debía supervisar distintas instalaciones de los clientes de la empresa demandada, no presentándose todos los días en la Mutual. En cuanto a las circunstancias en que se produjo su accidente, señala que tuvo que concurrir a trabajar un día sábado, lo que no le corresponde habitualmente, ya que se debía cambiar una bomba ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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de agua fría de un equipo de aire acondicionado, a cargo de otra empresa, pero el cliente de la Mutual le dio la oportunidad a la demandada para detectar el problema. Fue así que el día viernes (un día antes del accidente) en horas de la tarde, su supervisor don Cipriano Zapata le comunicó que debía presentarse al día siguiente en el trabajo para colaborar con el técnico Marcelo Jorquera, quien habitualmente anda con el supervisor, ya que se encontraba a cargo de las llaves de la bodega, lugar en que se encuentran las herramientas y materiales, aunque también contaba con ellas otro funcionario dependiente de la demandada, pero se desempeña en un área distinta, como gásfiter. Trabajo que debía realizarse un día sábado, ya que en la semana no se podía parar el equipo. Explicó que él sólo debía colaborar con la entrega de materiales y el trabajo lo realizaría don Cipriano y el técnico Jorquera y otro compañero de labores, Pablo Aranguiz, quien no pudo asistir ya que sufrió un accidente ese mismo día cuando salió de su casa y, por eso el supervisor Zapata le pidió que se colocara overol y la ropa de seguridad, aunque especifica que los bototos no son dieléctricos, arnés y cuerda de vida, aunque no se instaló esta última porque no había donde amarrarla, planteándole el problema al supervisor de no usarla. Indica que el supervisor le ordenó subir a una escalera de la Mutual en el subterráneo del mismo, calculando que habían más de dos metros desde el cielo, ya que el técnico Jorquera se encontraba en otro carro para instalar la bomba de agua que pesa aproximadamente 100 kilos, en esas circunstancias debía haber quedado a un metro del carro con la bomba y donde se encontraba el trabajador Jorquera, mientras el supervisor sujetaba la escalera en la cual se encontraba él, llegando hasta el último peldaño con sus manos y cabeza, en ese momento fue que escuchó que al supervisor se le fue la escalera y cayó. SÉPTIMO: Que por otro lado la parte demandante solicitó la absolución de posiciones del representante legal de la empresa demandada, la que cumplió don Iván Negrete Castillo, quien se desempeña como Gerente de Administración y Recursos Humanos desde hace tres años, quien declaró no conocer al demandante ni haber presenciado el accidente sufrido por el mismo, sin perjuicio de lo cual tuvo conocimiento de la investigación realizada por la empresa a raíz del accidente sufrido por el trabajador, en la cual incluso consta la declaración prestada por el propio afectado, de la cual se desprende claramente que el demandante cayó de un metro ochenta centímetros de altura. Asimismo precisa que no sabe quién es el supervisor del actor, sino que existe un Jefe de Sitio, Jefe de Grupo y Jefe de Área, dependiendo del servicio que prestan. Fernando Palma y Cipriano Zapata son supervisores de la administración de los contratos celebrados con distintos clientes. Desconoce cuánto medía la escalera desde la cual cayó el demandante, puede ser 3 metros 50 centímetros y, luego de ser exhibida las fotografías de la escalera que fueron remitidas en el Oficio solicitado a la Asociación Chilena de Seguridad, concluye que la caída no pudo producirse desde arriba. En cuanto a la bomba de aire, señaló que dentro del contrato civil suscrito con el cliente de la Mutual se contemplaba habitualmente lo relacionado a la bomba del aire acondicionado, por lo que por profesión del actor, técnico eléctrico, éste debía saber cómo realizarlo. OCTAVO: Que la parte demandada, asimismo, respecto de estos hechos fijados a probar también rindió la declaración de dos testigos, don Marcelo Alejandro Jorquera Rivera y don Francisco Rolando Palma Negrete, desempeñándose el primero como técnico encargado del servicio técnico de aires acondicionados en distintos lugares en que la empresa demandada presta este servicio y el segundo como Jefe de Departamento de Ingeniería de la demandada, en la casa matriz de la misma, habiendo desempeñado otras funciones con anterioridad, entre ellas supervisor. Al respecto el primer testigo Jorquera Rivera declaró que asiste a la Mutual (lugar en que presta servicios el demandante), cuando se le requiere para alguna reparación, como ayudante o técnico, se desplaza solo, sin supervisor. Indica que conoce al demandante, ya que éste se desempeña como operador en el edificio de la Mutual, encargado de ver el aire acondicionado del edificio, reportar fallas, solucionar problemas. Sabe que el actor había trabajado en mantenimiento de los aires acondicionados, pero no sabe si estudió técnico en refrigeración, sin perjuicio de lo cual es el interlocutor entre la Mutual y la empresa demandada, debiendo reportar los problemas, a través de su supervisor, Cipriano Zapata, quien supervisa distintas instalaciones. En cuanto al día del accidente, este se produjo un día sábado, lo que le consta porque estuvo presente. Explica que se trató de una emergencia, instalación de un motor, ya que falló un equipo de la em-

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de agua fría de un equipo de aire acondicionado, a cargo de otra empresa, pero el cliente de la Mutual le dio la oportunidad a la demandada para detectar el problema. Fue así que el día viernes (un día antes del accidente) en horas de la tarde, su supervisor don Cipriano Zapata le comunicó que debía presentarse al día siguiente en el trabajo para colaborar con el técnico Marcelo Jorquera, quien habitualmente anda con el supervisor, ya que se encontraba a cargo de las llaves de la bodega, lugar en que se encuentran las herramientas y materiales, aunque también contaba con ellas otro funcionario dependiente de la demandada, pero se desempeña en un área distinta, como gásfiter. Trabajo que debía realizarse un día sábado, ya que en la semana no se podía parar el equipo. Explicó que él sólo debía colaborar con la entrega de materiales y el trabajo lo realizaría don Cipriano y el técnico Jorquera y otro compañero de labores, Pablo Aranguiz, quien no pudo asistir ya que sufrió un accidente ese mismo día cuando salió de su casa y, por eso el supervisor Zapata le pidió que se colocara overol y la ropa de seguridad, aunque especifica que los bototos no son dieléctricos, arnés y cuerda de vida, aunque no se instaló esta última porque no había donde amarrarla, planteándole el problema al supervisor de no usarla. Indica que el supervisor le ordenó subir a una escalera de la Mutual en el subterráneo del mismo, calculando que habían más de dos metros desde el cielo, ya que el técnico Jorquera se encontraba en otro carro para instalar la bomba de agua que pesa aproximadamente 100 kilos, en esas circunstancias debía haber quedado a un metro del carro con la bomba y donde se encontraba el trabajador Jorquera, mientras el supervisor sujetaba la escalera en la cual se encontraba él, llegando hasta el último peldaño con sus manos y cabeza, en ese momento fue que escuchó que al supervisor se le fue la escalera y cayó. SÉPTIMO: Que por otro lado la parte demandante solicitó la absolución de posiciones del representante legal de la empresa demandada, la que cumplió don Iván Negrete Castillo, quien se desempeña como Gerente de Administración y Recursos Humanos desde hace tres años, quien declaró no conocer al demandante ni haber presenciado el accidente sufrido por el mismo, sin perjuicio de lo cual tuvo conocimiento de la investigación realizada por la empresa a raíz del accidente sufrido por el trabajador, en la cual incluso consta la declaración prestada por el propio afectado, de la cual se desprende claramente que el demandante cayó de un metro ochenta centímetros de altura. Asimismo precisa que no sabe quién es el supervisor del actor, sino que existe un Jefe de Sitio, Jefe de Grupo y Jefe de Área, dependiendo del servicio que prestan. Fernando Palma y Cipriano Zapata son supervisores de la administración de los contratos celebrados con distintos clientes. Desconoce cuánto medía la escalera desde la cual cayó el demandante, puede ser 3 metros 50 centímetros y, luego de ser exhibida las fotografías de la escalera que fueron remitidas en el Oficio solicitado a la Asociación Chilena de Seguridad, concluye que la caída no pudo producirse desde arriba. En cuanto a la bomba de aire, señaló que dentro del contrato civil suscrito con el cliente de la Mutual se contemplaba habitualmente lo relacionado a la bomba del aire acondicionado, por lo que por profesión del actor, técnico eléctrico, éste debía saber cómo realizarlo. OCTAVO: Que la parte demandada, asimismo, respecto de estos hechos fijados a probar también rindió la declaración de dos testigos, don Marcelo Alejandro Jorquera Rivera y don Francisco Rolando Palma Negrete, desempeñándose el primero como técnico encargado del servicio técnico de aires acondicionados en distintos lugares en que la empresa demandada presta este servicio y el segundo como Jefe de Departamento de Ingeniería de la demandada, en la casa matriz de la misma, habiendo desempeñado otras funciones con anterioridad, entre ellas supervisor. Al respecto el primer testigo Jorquera Rivera declaró que asiste a la Mutual (lugar en que presta servicios el demandante), cuando se le requiere para alguna reparación, como ayudante o técnico, se desplaza solo, sin supervisor. Indica que conoce al demandante, ya que éste se desempeña como operador en el edificio de la Mutual, encargado de ver el aire acondicionado del edificio, reportar fallas, solucionar problemas. Sabe que el actor había trabajado en mantenimiento de los aires acondicionados, pero no sabe si estudió técnico en refrigeración, sin perjuicio de lo cual es el interlocutor entre la Mutual y la empresa demandada, debiendo reportar los problemas, a través de su supervisor, Cipriano Zapata, quien supervisa distintas instalaciones. En cuanto al día del accidente, este se produjo un día sábado, lo que le consta porque estuvo presente. Explica que se trató de una emergencia, instalación de un motor, ya que falló un equipo de la em-

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presa demandada el día viernes, encontrándose ese día el actor, Cipriano Zapata y el testigo, debiendo haber asistido además, otro técnico, Pablo Araya, quien no fue porque tuvo un accidente. El trabajo a realizar consistía en la instalación (cambio) de una bomba circuladora de agua de 20 a 25 kilos, de un equipo de aire acondicionado, el que se ubicaba a más o menos tres metros del cielo, desplazando la referida bomba con una grúa especial la que se encontraba y era manejada por el testigo, instalando el actor una escalera telescópica de propiedad de la Mutual, porque Cipriano Zapata le pidió que inspeccionara la buena instalación de la bomba que el testigo efectuaba. Reconoce que era la primera vez que se realizaba un trabajo de instalación de esta bomba, pero el actor debió haber sabido, como técnico de bombas. Agrega que el supervisor Zapata afirmó la base de la escalera, pero por el peso del demandante no lo estabilizó, no viendo la caída misma, sino cuando el actor ya se encontraba en el suelo, quien era necesario que estuviera ya que tiene las llaves de la bodega de la empresa demandada en la misma Mutual, en las cuales existen elementos para protección y para realizar trabajos, por lo que si no hubiese estado ese día, habrían tenido que ir a la casa matriz de la empresa a buscarlos. NOVENO: Que por su parte el segundo testigo Palma Negrete, indica que no estuvo presente al momento del accidente, pero en su cargo actual, la Mutual reportaba a su Unidad a través de un supervisor Cipriano Zapata desde el año 2009 o a través del técnico de sitio, demandante de autos, acerca del servicio de aire acondicionado que prestaban a la primera. Señala que cuando el actor postuló a su cargo, indicó tener experiencia como operador en otros lugares, teniendo conocimientos suficientes para hacerse cargo del puesto ofrecido, como conocer los sistemas de climatización, partes y piezas del equipo, clasificación de equipos, mantenimiento, ya que hay que distinguir las distintas fallas, en algunas ocasiones lo podía solucionar solo y en otras requería ayuda técnica por radio. En su concepto al ser el demandante el único operador encargado en dependencias de la Mutual, éste solucionaba solo al menos el 80 ó 90% de las situaciones. En cuanto al accidente sufrido, indica que la rotura de la bomba se la reportaron el día jueves o viernes anterior a la ocurrencia del accidente, dando la instrucción que concurriera el Ingeniero de Proyectos Cristián Vilches el día viernes, acompañado de técnicos y el supervisor Cipriano Zapata y, luego de la evaluación se decidió cambiar la bomba que presentaba problemas, lo que se hacía por primera vez. Se decidió realizar el cambio un día sábado ya que la sala de cómputo de la Mutual se encontraba respaldada con otro servicio, no se podía realizar el viernes, debiendo realizar el trabajo el supervisor Zapata junto al técnico Jorquera, debiendo encontrarse presente el demandante ya que se encontraba a cargo de las llaves de la bodega en donde se guardaban los elementos de seguridad, ya que él siempre se desempeña en dependencias del cliente respectivo, pero no tenía que participar en la instalación de la bomba, sin perjuicio de lo cual participó porque al momento de su instalación, se dieron cuenta que oscilaba mucho el carro que tenía la bomba y, para que este no chocara con alguna estructura, el supervisor Zapata y el actor creyeron necesario que este último subiera a una escalera para evitar el choque, escalera que el propio demandante había traído, lo que le consta porque entrevistó a los tres trabajadores involucrados en el accidente luego de su ocurrencia. Asimismo, la demandada incorporó como prueba documental un ejemplar del curriculum vitae entregado por el demandante al postular al cargo que ocupaba al momento del accidente, el que no fue objetado de contrario, en el cual indica que tiene como profesión Técnico Electrónico, describiendo tres antecedentes laborales entre 1993 al año 2009, en que se habría desempeñado como técnico en mantención y reparación de sistemas de aire acondicionado. DÉCIMO: Que teniendo presente los elementos probatorios recién analizados este tribunal adquiere la convicción en cuanto a las circunstancias en que se produjo el accidente del trabajo del actor, ello en atención a que en términos generales la prueba testimonial prestada por la demandada, junto a las absoluciones rendidas por ambas partes, unido a la documental citada, permiten concluir que es un hecho acreditado en la causa que existió un desperfecto en la bomba de uno de los equipos de aire acondicionado ubicados en el subterráneo de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, cliente de la empresa demandada, durante un día de la semana previo al día del accidente (sábado 28 de noviembre de 2009), no pudiendo realizarse los trabajos

presa demandada el día viernes, encontrándose ese día el actor, Cipriano Zapata y el testigo, debiendo haber asistido además, otro técnico, Pablo Araya, quien no fue porque tuvo un accidente. El trabajo a realizar consistía en la instalación (cambio) de una bomba circuladora de agua de 20 a 25 kilos, de un equipo de aire acondicionado, el que se ubicaba a más o menos tres metros del cielo, desplazando la referida bomba con una grúa especial la que se encontraba y era manejada por el testigo, instalando el actor una escalera telescópica de propiedad de la Mutual, porque Cipriano Zapata le pidió que inspeccionara la buena instalación de la bomba que el testigo efectuaba. Reconoce que era la primera vez que se realizaba un trabajo de instalación de esta bomba, pero el actor debió haber sabido, como técnico de bombas. Agrega que el supervisor Zapata afirmó la base de la escalera, pero por el peso del demandante no lo estabilizó, no viendo la caída misma, sino cuando el actor ya se encontraba en el suelo, quien era necesario que estuviera ya que tiene las llaves de la bodega de la empresa demandada en la misma Mutual, en las cuales existen elementos para protección y para realizar trabajos, por lo que si no hubiese estado ese día, habrían tenido que ir a la casa matriz de la empresa a buscarlos. NOVENO: Que por su parte el segundo testigo Palma Negrete, indica que no estuvo presente al momento del accidente, pero en su cargo actual, la Mutual reportaba a su Unidad a través de un supervisor Cipriano Zapata desde el año 2009 o a través del técnico de sitio, demandante de autos, acerca del servicio de aire acondicionado que prestaban a la primera. Señala que cuando el actor postuló a su cargo, indicó tener experiencia como operador en otros lugares, teniendo conocimientos suficientes para hacerse cargo del puesto ofrecido, como conocer los sistemas de climatización, partes y piezas del equipo, clasificación de equipos, mantenimiento, ya que hay que distinguir las distintas fallas, en algunas ocasiones lo podía solucionar solo y en otras requería ayuda técnica por radio. En su concepto al ser el demandante el único operador encargado en dependencias de la Mutual, éste solucionaba solo al menos el 80 ó 90% de las situaciones. En cuanto al accidente sufrido, indica que la rotura de la bomba se la reportaron el día jueves o viernes anterior a la ocurrencia del accidente, dando la instrucción que concurriera el Ingeniero de Proyectos Cristián Vilches el día viernes, acompañado de técnicos y el supervisor Cipriano Zapata y, luego de la evaluación se decidió cambiar la bomba que presentaba problemas, lo que se hacía por primera vez. Se decidió realizar el cambio un día sábado ya que la sala de cómputo de la Mutual se encontraba respaldada con otro servicio, no se podía realizar el viernes, debiendo realizar el trabajo el supervisor Zapata junto al técnico Jorquera, debiendo encontrarse presente el demandante ya que se encontraba a cargo de las llaves de la bodega en donde se guardaban los elementos de seguridad, ya que él siempre se desempeña en dependencias del cliente respectivo, pero no tenía que participar en la instalación de la bomba, sin perjuicio de lo cual participó porque al momento de su instalación, se dieron cuenta que oscilaba mucho el carro que tenía la bomba y, para que este no chocara con alguna estructura, el supervisor Zapata y el actor creyeron necesario que este último subiera a una escalera para evitar el choque, escalera que el propio demandante había traído, lo que le consta porque entrevistó a los tres trabajadores involucrados en el accidente luego de su ocurrencia. Asimismo, la demandada incorporó como prueba documental un ejemplar del curriculum vitae entregado por el demandante al postular al cargo que ocupaba al momento del accidente, el que no fue objetado de contrario, en el cual indica que tiene como profesión Técnico Electrónico, describiendo tres antecedentes laborales entre 1993 al año 2009, en que se habría desempeñado como técnico en mantención y reparación de sistemas de aire acondicionado. DÉCIMO: Que teniendo presente los elementos probatorios recién analizados este tribunal adquiere la convicción en cuanto a las circunstancias en que se produjo el accidente del trabajo del actor, ello en atención a que en términos generales la prueba testimonial prestada por la demandada, junto a las absoluciones rendidas por ambas partes, unido a la documental citada, permiten concluir que es un hecho acreditado en la causa que existió un desperfecto en la bomba de uno de los equipos de aire acondicionado ubicados en el subterráneo de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, cliente de la empresa demandada, durante un día de la semana previo al día del accidente (sábado 28 de noviembre de 2009), no pudiendo realizarse los trabajos ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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de inmediato, atendido que se requería que no estuviera en funcionamiento el mecanismo del mismo, por lo que se determinó por la empresa que los trabajos se realizaran el día sábado citado por el técnico Marcelo Jorquera, supervisado por Cipriano Zapata, apareciendo tanto de la declaración del propio demandante como del testigo Jorquera que había sido asignado otro técnico para el trabajo también, de nombre Pablo Aránguiz, quien no pudo llegar ya que sufrió un accidente al salir de su casa, hecho que si bien no fue alegado en los escritos materia de la controversia, se encuentra acreditado en virtud de las declaraciones prestadas, respecto de las cuales se les asigna pleno valor probatorio. Asimismo, se encuentran contestes los declarantes en el hecho que el actor no debía participar directamente del cambio de la bomba, sino que para ello había sido designado el técnico Jorquera y, sólo debía limitarse a presentarse en dependencias de la Mutual individualizada, donde habitualmente presta sus servicios a fin de proporcionar los elementos y materiales necesarios para llevar a cabo la operación, además de tratarse de la persona que habitualmente interactúa con la administración del referido cliente, pero que por circunstancias del momento fue ordenado por el supervisor del mismo, don Cipriano Zapata, tal como lo declaró tanto el actor como el testigo Jorquera, quienes estuvieron presentes al momento del accidente, que instalara una escalera que fue conseguida por el propio trabajador de propiedad de la Mutual para que ayudara a regularizar el movimiento de la grúa en que se encontraba cargada la bomba que debía ser reemplazada junto al técnico Jorquera, cayendo desde una altura aproximada de 2,8 metros, tal como quedó constancia de la propia declaración realizada por la empresa demandada del accidente sufrido ante la Asociación Chilena de Seguridad, e incluso de una altura inferior de 1,8 metros de altura, como quedó constancia del Acta levantada por la Secretaria Regional de Salud de la Región Metropolitana de 30 de noviembre de 2009 y de la propia declaración prestada por el trabajador con fecha 28 de noviembre de 2009. UNDÉCIMO: Que asimismo quedó establecido de acuerdo a los medios de prueba analizados que el actor el día del accidente se encontraba sujeto a supervisión, como era habitual en sus labores diarias, con la diferencia que en la semana habitualmente ésta se desarrolla vía reportes a través de una radio y no con la presencia directa de su supervisor Cipriano Zapata, además de encontrarse contestes tanto los testigos de la demandada como el demandante en cuanto al hecho de que correspondió en general a la empresa demandada por primera vez reemplazar una bomba del equipo del aire acondicionado, por lo que pierde importancia el hecho que el actor haya estado a cargo habitualmente de solucionar desperfectos de los distintos equipos de aire acondicionado existentes en la Mutual, ya que por mucha experiencia que hubiese tenido al respecto, aunque fue negada en gran parte al absolver posiciones, se encuentra acreditado que era la primera vez que la empresa se veía enfrentada a solucionar un problema de esta índole, por lo tanto se requirió la intervención de un técnico especialista en ello, que permitiera una adecuada solución. DUODÉCIMO: Que en cuanto a las medidas de seguridad que debió haber tomado la demandada para evitar eficazmente la ocurrencia del accidente sufrido por el actor y, que fue objeto del segundo hecho a probar, cabe tener presente que la demandada incorporó como prueba documental los siguientes: a) Reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada, en el cual en sus páginas 23 y siguientes se hace referencia a las medidas que tomará la empresa para proteger la vida de sus trabajadores. b) Formulario de entrega de un ejemplar del reglamento interno recién citado al trabajador de fecha 20 de abril de 2009, suscrito por el trabajador. c) Ruta de inducción individual personal operativo área operacional (Anexo N° 1), correspondiente al trabajador de autos, técnico en mantenimiento otorgado por su supervisor directo Cipriano Zapata, suscrito por este último con fecha 20 de abril de 2009. d) Documento de análisis de seguridad del trabajo (AST) de fecha 28 de noviembre del año 2009, suscrito por el supervisor del actor, Cipriano Zapata, quien indica que antes de comenzar los trabajos se desenergizan los equipos, además se usan los implementos de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, antiparras, se usa escalera en buenas condiciones y se transita con precaución por el recinto, individualizando como participantes en la tarea a él, al actor y al técnico Marcelo Jorquera.

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de inmediato, atendido que se requería que no estuviera en funcionamiento el mecanismo del mismo, por lo que se determinó por la empresa que los trabajos se realizaran el día sábado citado por el técnico Marcelo Jorquera, supervisado por Cipriano Zapata, apareciendo tanto de la declaración del propio demandante como del testigo Jorquera que había sido asignado otro técnico para el trabajo también, de nombre Pablo Aránguiz, quien no pudo llegar ya que sufrió un accidente al salir de su casa, hecho que si bien no fue alegado en los escritos materia de la controversia, se encuentra acreditado en virtud de las declaraciones prestadas, respecto de las cuales se les asigna pleno valor probatorio. Asimismo, se encuentran contestes los declarantes en el hecho que el actor no debía participar directamente del cambio de la bomba, sino que para ello había sido designado el técnico Jorquera y, sólo debía limitarse a presentarse en dependencias de la Mutual individualizada, donde habitualmente presta sus servicios a fin de proporcionar los elementos y materiales necesarios para llevar a cabo la operación, además de tratarse de la persona que habitualmente interactúa con la administración del referido cliente, pero que por circunstancias del momento fue ordenado por el supervisor del mismo, don Cipriano Zapata, tal como lo declaró tanto el actor como el testigo Jorquera, quienes estuvieron presentes al momento del accidente, que instalara una escalera que fue conseguida por el propio trabajador de propiedad de la Mutual para que ayudara a regularizar el movimiento de la grúa en que se encontraba cargada la bomba que debía ser reemplazada junto al técnico Jorquera, cayendo desde una altura aproximada de 2,8 metros, tal como quedó constancia de la propia declaración realizada por la empresa demandada del accidente sufrido ante la Asociación Chilena de Seguridad, e incluso de una altura inferior de 1,8 metros de altura, como quedó constancia del Acta levantada por la Secretaria Regional de Salud de la Región Metropolitana de 30 de noviembre de 2009 y de la propia declaración prestada por el trabajador con fecha 28 de noviembre de 2009. UNDÉCIMO: Que asimismo quedó establecido de acuerdo a los medios de prueba analizados que el actor el día del accidente se encontraba sujeto a supervisión, como era habitual en sus labores diarias, con la diferencia que en la semana habitualmente ésta se desarrolla vía reportes a través de una radio y no con la presencia directa de su supervisor Cipriano Zapata, además de encontrarse contestes tanto los testigos de la demandada como el demandante en cuanto al hecho de que correspondió en general a la empresa demandada por primera vez reemplazar una bomba del equipo del aire acondicionado, por lo que pierde importancia el hecho que el actor haya estado a cargo habitualmente de solucionar desperfectos de los distintos equipos de aire acondicionado existentes en la Mutual, ya que por mucha experiencia que hubiese tenido al respecto, aunque fue negada en gran parte al absolver posiciones, se encuentra acreditado que era la primera vez que la empresa se veía enfrentada a solucionar un problema de esta índole, por lo tanto se requirió la intervención de un técnico especialista en ello, que permitiera una adecuada solución. DUODÉCIMO: Que en cuanto a las medidas de seguridad que debió haber tomado la demandada para evitar eficazmente la ocurrencia del accidente sufrido por el actor y, que fue objeto del segundo hecho a probar, cabe tener presente que la demandada incorporó como prueba documental los siguientes: a) Reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa demandada, en el cual en sus páginas 23 y siguientes se hace referencia a las medidas que tomará la empresa para proteger la vida de sus trabajadores. b) Formulario de entrega de un ejemplar del reglamento interno recién citado al trabajador de fecha 20 de abril de 2009, suscrito por el trabajador. c) Ruta de inducción individual personal operativo área operacional (Anexo N° 1), correspondiente al trabajador de autos, técnico en mantenimiento otorgado por su supervisor directo Cipriano Zapata, suscrito por este último con fecha 20 de abril de 2009. d) Documento de análisis de seguridad del trabajo (AST) de fecha 28 de noviembre del año 2009, suscrito por el supervisor del actor, Cipriano Zapata, quien indica que antes de comenzar los trabajos se desenergizan los equipos, además se usan los implementos de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, antiparras, se usa escalera en buenas condiciones y se transita con precaución por el recinto, individualizando como participantes en la tarea a él, al actor y al técnico Marcelo Jorquera.

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e) Dos registros de asistencia del actor a una capacitación en prevención de riesgos de fecha 06 de mayo y 16 de agosto de 2009, de acuerdo al artículo 21 del decreto supremo N° 40, ley Nº 16.744, obligación de informar los riesgos laborales y derecho a saber. f) Tres documentos que dan cuenta de charlas de 5 minutos de fechas 10 de agosto de 2009 y, de 19 y 26 de octubre de 2009. g) Original de 5 documentos que dan cuenta de la entrega de artículos de protección de fecha 21 de abril de 2009, 16 de junio de 2009, 21 de julio de 2009, 14 de agosto de 2009 y 28 de octubre de 2009, los que dan cuenta en general de implementos básicos de seguridad, resultando relevantes el arnés de seguridad de paracaidista y cabo de vida de 1,8 metros. h) Original de actas de entrega de uniforme de fechas 21 de abril, 11 de mayo y 20 de agosto de 2009. i) Copia de acta de entrega de elementos de protección personal de 26 de agosto de 2009. DECIMOTERCERO: Que respecto de los elementos de seguridad entregados al actor por la demandada, según dan cuenta los documentos recién enunciados, su efectividad fue ratificado por el propio demandante al absolver posiciones, quien señaló que el día del accidente el supervisor Cipriano Zapata le pidió que se colocara overol y ropa de seguridad, además del arnés y la cuerda de vida, explicando el actor que no se instaló la cuerda de vida porque no había donde amarrarla, ya que debía sostenerse al subir, pero no había donde. Lo anterior fue reiterado en parte por uno de los testigos presentados por la demandada, Marcelo Jorquera Rivera, quien estuvo presente el día del accidente, tal como se indicó en los motivos precedentes, quien reconoció que tenían en su poder elementos de seguridad como casco, arnés y guantes, pero que no los utilizaron, en su caso, por la incomodidad que le causaban, aunque reconoce que ha tenido cursos respecto de la obligatoriedad de su uso y que son amonestados por escrito por no usarlos, pero ese día don Cipriano no los amonestó. Otro punto que tiene relevancia respecto de las medidas de seguridad adoptadas por la demandada, dice relación con el uso de una escalera, que todos los testigos y el propio demandante, se encuentran contestes en que no reunía los requisitos mínimos exigidos para la labor que se estaba desarrollando. Asimismo, se encuentran contestes en que la tantas veces citada escalera fue proporcionada por el propio demandante, ya que el supervisor Zapata y el técnico Jorquera no llevaron consigo este tipo de implemento, incluso esta pertenecía a la Mutual donde prestaba servicios el actor, tratándose de una escalera telescópica, reconociendo el actor al absolver posiciones que sabía que la escalera no era la apropiada y, que en la casa matriz de la empresa demandada existían escaleras de seguridad, la que se encuentra ubicada entre 15 a 20 minutos de la Mutual en vehículo. Lo anterior fue ratificado por la declaración del testigo Palma Negrete, quien señaló que efectivamente la casa matriz queda ubicada a unos 10 minutos en auto, sin perjuicio de señalar que luego de entrevistar a los tres involucrados en el accidente, concluyó que el accidente se produjo porque no se fijaron en el estado de la escalera utilizada, debiendo haber requerido una de seguridad de la casa matriz, todo por la premura por irse temprano, siendo amonestado el supervisor por estos hechos. DECIMOCUARTO: Que por último respecto de este último punto expuesto en el motivo precedente, se incorporó un oficio remitido al tribunal por la Asociación Chilena de Seguridad, la cual concluye como causas del accidente Improvisación al no contar con los medios necesarios para hacer el trabajo requerido en altura; instalación de la bomba. Falta de planificación del trabajo. Frente a dificultad de ejecución de la instalación de la bomba de agua, se utiliza equipo (Genye) que no cumplía con las necesidades operacionales. Dentro de la improvisación, se utiliza parte de una escala telescópica no apta para trabajo en altura, no se considera altura de trabajo (3,7 metros), ni el peso del trabajador (100 kilos). La conclusión anterior se ve ratificada por la propia declaración del representante legal de la demandada al absolver posiciones quien señaló expresamente que improvisaron una escalera. Por otra parte el actor al absolver posiciones señaló expresamente que nunca se pensó en ir a la casa matriz a buscar una escalera segura, sólo después del accidente el supervisor dijo que debió haber ocupado andamios. Por último el testigo Palma Negrete indicó que el trabajo que se realizaba el día del accidente se terminó finalmente, pero no recuerda como, pero no con escalera, reconociendo que no existía un procedimiento para este tipo de fallas, sólo para el mantenimiento de los equipos, sí existiendo un procedi-

e) Dos registros de asistencia del actor a una capacitación en prevención de riesgos de fecha 06 de mayo y 16 de agosto de 2009, de acuerdo al artículo 21 del decreto supremo N° 40, ley Nº 16.744, obligación de informar los riesgos laborales y derecho a saber. f) Tres documentos que dan cuenta de charlas de 5 minutos de fechas 10 de agosto de 2009 y, de 19 y 26 de octubre de 2009. g) Original de 5 documentos que dan cuenta de la entrega de artículos de protección de fecha 21 de abril de 2009, 16 de junio de 2009, 21 de julio de 2009, 14 de agosto de 2009 y 28 de octubre de 2009, los que dan cuenta en general de implementos básicos de seguridad, resultando relevantes el arnés de seguridad de paracaidista y cabo de vida de 1,8 metros. h) Original de actas de entrega de uniforme de fechas 21 de abril, 11 de mayo y 20 de agosto de 2009. i) Copia de acta de entrega de elementos de protección personal de 26 de agosto de 2009. DECIMOTERCERO: Que respecto de los elementos de seguridad entregados al actor por la demandada, según dan cuenta los documentos recién enunciados, su efectividad fue ratificado por el propio demandante al absolver posiciones, quien señaló que el día del accidente el supervisor Cipriano Zapata le pidió que se colocara overol y ropa de seguridad, además del arnés y la cuerda de vida, explicando el actor que no se instaló la cuerda de vida porque no había donde amarrarla, ya que debía sostenerse al subir, pero no había donde. Lo anterior fue reiterado en parte por uno de los testigos presentados por la demandada, Marcelo Jorquera Rivera, quien estuvo presente el día del accidente, tal como se indicó en los motivos precedentes, quien reconoció que tenían en su poder elementos de seguridad como casco, arnés y guantes, pero que no los utilizaron, en su caso, por la incomodidad que le causaban, aunque reconoce que ha tenido cursos respecto de la obligatoriedad de su uso y que son amonestados por escrito por no usarlos, pero ese día don Cipriano no los amonestó. Otro punto que tiene relevancia respecto de las medidas de seguridad adoptadas por la demandada, dice relación con el uso de una escalera, que todos los testigos y el propio demandante, se encuentran contestes en que no reunía los requisitos mínimos exigidos para la labor que se estaba desarrollando. Asimismo, se encuentran contestes en que la tantas veces citada escalera fue proporcionada por el propio demandante, ya que el supervisor Zapata y el técnico Jorquera no llevaron consigo este tipo de implemento, incluso esta pertenecía a la Mutual donde prestaba servicios el actor, tratándose de una escalera telescópica, reconociendo el actor al absolver posiciones que sabía que la escalera no era la apropiada y, que en la casa matriz de la empresa demandada existían escaleras de seguridad, la que se encuentra ubicada entre 15 a 20 minutos de la Mutual en vehículo. Lo anterior fue ratificado por la declaración del testigo Palma Negrete, quien señaló que efectivamente la casa matriz queda ubicada a unos 10 minutos en auto, sin perjuicio de señalar que luego de entrevistar a los tres involucrados en el accidente, concluyó que el accidente se produjo porque no se fijaron en el estado de la escalera utilizada, debiendo haber requerido una de seguridad de la casa matriz, todo por la premura por irse temprano, siendo amonestado el supervisor por estos hechos. DECIMOCUARTO: Que por último respecto de este último punto expuesto en el motivo precedente, se incorporó un oficio remitido al tribunal por la Asociación Chilena de Seguridad, la cual concluye como causas del accidente Improvisación al no contar con los medios necesarios para hacer el trabajo requerido en altura; instalación de la bomba. Falta de planificación del trabajo. Frente a dificultad de ejecución de la instalación de la bomba de agua, se utiliza equipo (Genye) que no cumplía con las necesidades operacionales. Dentro de la improvisación, se utiliza parte de una escala telescópica no apta para trabajo en altura, no se considera altura de trabajo (3,7 metros), ni el peso del trabajador (100 kilos). La conclusión anterior se ve ratificada por la propia declaración del representante legal de la demandada al absolver posiciones quien señaló expresamente que improvisaron una escalera. Por otra parte el actor al absolver posiciones señaló expresamente que nunca se pensó en ir a la casa matriz a buscar una escalera segura, sólo después del accidente el supervisor dijo que debió haber ocupado andamios. Por último el testigo Palma Negrete indicó que el trabajo que se realizaba el día del accidente se terminó finalmente, pero no recuerda como, pero no con escalera, reconociendo que no existía un procedimiento para este tipo de fallas, sólo para el mantenimiento de los equipos, sí existiendo un procediACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

miento para trabajos en altura para mantención de equipos, que debió haberse ocupado en este caso, en este caso, se llenó el STA, documento que fue analizado en los motivos precedentes. DECIMOQUINTO: Que teniendo presente todos los elementos probatorios recién analizados, otorgándoles pleno valor probatorio a cada uno de ellos, por encontrarse contestes entre sí, que si bien la empresa demandada a través de la prueba documental incorporada por la misma acredita haber dado cumplimiento durante el período anterior a la ocurrencia del accidente desde el inicio de la relación laboral con el actor a las medidas básicas de seguridad que debe cumplir en virtud de lo establecido en los distintos estatutos relativos a la protección de la vida de sus trabajadores, dicho cumplimiento no ocurrió el día del accidente del trabajo sufrido por el actor, atendido que se encuentran contestes los testigos y absolventes que el actor no debía tener injerencia alguna en el reemplazo de la bomba y que sólo intervino por orden verbal de su supervisor, presente en ese momento en dependencias de la Mutual, no quedando otra salida al trabajador que obedecer, atendido que se trataba de una orden extendida por su superior más inmediato. Asimismo, se adquiere convicción que encontrándose presente el supervisor del actor y del técnico encargado del reemplazo, resultaba ser el primero, representante en ese instante de la empresa demandada, el encargado de velar porque se tomaran todas las medidas que fueran necesarias para que el trabajo que se pretendía realizar, se efectuara sin riesgos para la vida de los trabajadores involucrados, lo cual no ocurrió, atendido que el propio trabajador y testigo Jorquera reconocieron que al requerir la escalera el supervisor ni siquiera se pensó en ir a la casa matriz de la empresa, donde sí existían escaleras de seguridad y quedaba a una cercanía en vehículo bastante cercana y que habría permitido ir y volver sin perder demasiado tiempo a juicio de esta sentenciadora. Que fue la propia Asociación Chilena de Seguridad la que concluyó que una de las causas del accidente se produjo por la falta de planificación del trabajo, lo que quedó de manifiesto de la declaración de los testigos presentados por la demandada, ya que el testigo Palma Negrete relató que días previos al siniestro se reunieron en la Mutual una serie de personeros de la empresa con el fin de evaluar la situación de la bomba, sin mencionar al Técnico Jorquera, quien al declarar en la audiencia de juicio no expuso nada referente al hecho de haberse planificado previamente el trabajo, lo que queda de manifiesto al haber declarado tanto el demandante como el testigo Jorquera que ese día existía otro técnico que debía asistir en las labores y que no pudo concurrir por situaciones ajenas a su voluntad, por lo que de haber actuado dentro de la órbita de lo establecido en el artículo 184 del Código del trabajo, el supervisor Cipriano Zapata, representante de la empresa en ese momento, debió haber suspendido los trabajos a realizar o haber tomado medidas concretas para su realización segura, por lo que se concluye que la empresa demandada no tomó las medidas necesarias de seguridad para evitar eficazmente la ocurrencia del siniestro sufrido por el actor. DECIMOSEXTO: Que respecto de la alegación expuesta por la demandada al contestar la demanda relacionada con una supuesta exposición imprudente del actor al daño sufrido, este tribunal no otorgará valor alguno a la referida alegación, teniendo presente los fundamentos expuestos en los motivos precedentes y, en especial, el hecho que el actor no tenía dentro de sus funciones y obligaciones cooperar o participar en el trabajo señalado, sino que sólo fue requerido para ese día para entregar los elementos necesarios con que contaba la empresa demandada en la bodega que mantenía en dependencias de la Mutual o de elementos de propiedad de la Mutual, lo que resultaba habitual, atendido lo expuesto por el testigo Palma Negrete quien señaló que existía un acuerdo entre las partes del contrato, que se pudieran ocupar elementos de propiedad del cliente, por lo que mal podría haberse expuesto imprudentemente a sufrir el daño, si en un par de minutos el actor se vio enfrentado a cumplir la orden de buscar una escalera para ayudar a estabilizar la grúa en que se encontraba otro compañero de labores, sin que hubiese pensado en rebatir la orden, tal como lo señaló al absolver posiciones, por lo que cabe tener presente que tratándose de la fuente laboral y de ingresos del trabajador, resulta difícil a la luz del principio de primacía de la realidad que un trabajador se niegue a acatar una orden dada por su supervisor directo, teniendo presente a mayor abundamiento, que nunca se representó el hecho de que pudiera sufrir algún tipo de accidente como el que sufrió. DECIMOSÉPTIMO: Que establecido que el empleador de la actora no cumplió su deber de seguridad en los términos del artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, adopción de todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y, teniendo presente el

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

miento para trabajos en altura para mantención de equipos, que debió haberse ocupado en este caso, en este caso, se llenó el STA, documento que fue analizado en los motivos precedentes. DECIMOQUINTO: Que teniendo presente todos los elementos probatorios recién analizados, otorgándoles pleno valor probatorio a cada uno de ellos, por encontrarse contestes entre sí, que si bien la empresa demandada a través de la prueba documental incorporada por la misma acredita haber dado cumplimiento durante el período anterior a la ocurrencia del accidente desde el inicio de la relación laboral con el actor a las medidas básicas de seguridad que debe cumplir en virtud de lo establecido en los distintos estatutos relativos a la protección de la vida de sus trabajadores, dicho cumplimiento no ocurrió el día del accidente del trabajo sufrido por el actor, atendido que se encuentran contestes los testigos y absolventes que el actor no debía tener injerencia alguna en el reemplazo de la bomba y que sólo intervino por orden verbal de su supervisor, presente en ese momento en dependencias de la Mutual, no quedando otra salida al trabajador que obedecer, atendido que se trataba de una orden extendida por su superior más inmediato. Asimismo, se adquiere convicción que encontrándose presente el supervisor del actor y del técnico encargado del reemplazo, resultaba ser el primero, representante en ese instante de la empresa demandada, el encargado de velar porque se tomaran todas las medidas que fueran necesarias para que el trabajo que se pretendía realizar, se efectuara sin riesgos para la vida de los trabajadores involucrados, lo cual no ocurrió, atendido que el propio trabajador y testigo Jorquera reconocieron que al requerir la escalera el supervisor ni siquiera se pensó en ir a la casa matriz de la empresa, donde sí existían escaleras de seguridad y quedaba a una cercanía en vehículo bastante cercana y que habría permitido ir y volver sin perder demasiado tiempo a juicio de esta sentenciadora. Que fue la propia Asociación Chilena de Seguridad la que concluyó que una de las causas del accidente se produjo por la falta de planificación del trabajo, lo que quedó de manifiesto de la declaración de los testigos presentados por la demandada, ya que el testigo Palma Negrete relató que días previos al siniestro se reunieron en la Mutual una serie de personeros de la empresa con el fin de evaluar la situación de la bomba, sin mencionar al Técnico Jorquera, quien al declarar en la audiencia de juicio no expuso nada referente al hecho de haberse planificado previamente el trabajo, lo que queda de manifiesto al haber declarado tanto el demandante como el testigo Jorquera que ese día existía otro técnico que debía asistir en las labores y que no pudo concurrir por situaciones ajenas a su voluntad, por lo que de haber actuado dentro de la órbita de lo establecido en el artículo 184 del Código del trabajo, el supervisor Cipriano Zapata, representante de la empresa en ese momento, debió haber suspendido los trabajos a realizar o haber tomado medidas concretas para su realización segura, por lo que se concluye que la empresa demandada no tomó las medidas necesarias de seguridad para evitar eficazmente la ocurrencia del siniestro sufrido por el actor. DECIMOSEXTO: Que respecto de la alegación expuesta por la demandada al contestar la demanda relacionada con una supuesta exposición imprudente del actor al daño sufrido, este tribunal no otorgará valor alguno a la referida alegación, teniendo presente los fundamentos expuestos en los motivos precedentes y, en especial, el hecho que el actor no tenía dentro de sus funciones y obligaciones cooperar o participar en el trabajo señalado, sino que sólo fue requerido para ese día para entregar los elementos necesarios con que contaba la empresa demandada en la bodega que mantenía en dependencias de la Mutual o de elementos de propiedad de la Mutual, lo que resultaba habitual, atendido lo expuesto por el testigo Palma Negrete quien señaló que existía un acuerdo entre las partes del contrato, que se pudieran ocupar elementos de propiedad del cliente, por lo que mal podría haberse expuesto imprudentemente a sufrir el daño, si en un par de minutos el actor se vio enfrentado a cumplir la orden de buscar una escalera para ayudar a estabilizar la grúa en que se encontraba otro compañero de labores, sin que hubiese pensado en rebatir la orden, tal como lo señaló al absolver posiciones, por lo que cabe tener presente que tratándose de la fuente laboral y de ingresos del trabajador, resulta difícil a la luz del principio de primacía de la realidad que un trabajador se niegue a acatar una orden dada por su supervisor directo, teniendo presente a mayor abundamiento, que nunca se representó el hecho de que pudiera sufrir algún tipo de accidente como el que sufrió. DECIMOSÉPTIMO: Que establecido que el empleador de la actora no cumplió su deber de seguridad en los términos del artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, adopción de todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y, teniendo presente el

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vínculo contractual que le une con el trabajador derivada del vínculo de subordinación y dependencia, surge para él la obligación de reparación del daño causado en virtud de la existencia de dicha relación laboral. DECIMOCTAVO: Que el demandante en primer lugar solicita que se le indemnice el lucro cesante en la suma de $ 43.200.000, fundándolo en el hecho que al momento del accidente, tenía la edad de 35 años, por lo que la indemnización solicitada por este concepto se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión del accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha previsible de jubilación por vejez. Asimismo, toma en consideración que su remuneración mensual ascendía a $ 300.000 y fija prudencialmente un grado de incapacidad de un 40%. Que este tribunal para determinar la procedencia de la indemnización solicitada por el actor, tiene presente que el lucro cesante ha sido definido en reiteradas ocasiones como lo que dejó de percibir el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación o del delito o cuasidelito. Sin perjuicio de lo cual tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido distintas posiciones en cuanto a la posibilidad de ser indemnizado, ya que para algunos se debe tener una certeza absoluta respecto de su concurrencia para poder ser indemnizado, lo que esta sentenciadora no comparte, ya que es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca, tal como lo indica el Profesor Fabián Elorriaga de Bonis, en el Libro La Responsabilidad por los Accidentes del Trabajo, en su página 160, en la cual señala precisamente la idea que impera es que la certidumbre exigible en esta materia no es la absoluta, sino que la relativa, siempre que esté fundada en antecedentes objetivos, reales y probados. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe tener presente que en el caso de autos, el actor desde la fecha de ocurrencia del accidente del trabajo sufrido, esto es, el 28 de noviembre de 2009, no ha sido desvinculado por la empresa demandada, manteniéndose vigente la relación laboral entre las partes e, incluso siendo reconocido por el propio demandante al absolver posiciones que la demandada ya le había adelantado la posibilidad de reubicarlo en sus funciones cuando se reintegre a las mismas. Este hecho también quedó establecido, según consta del registro de audio, al momento de efectuar el tribunal un llamado extraordinario de conciliación durante la audiencia de juicio y su continuación, ya que la propia demandada estuvo dispuesta a asegurar la fuente laboral del trabajador por el período señalado en la referida audiencia, contabilizado desde que se reintegrara efectivamente a sus funciones, lo que finalmente no fue aceptado por el trabajador. Los hechos descritos precedentemente cobran relevancia al tenor de la indemnización de lucro cesante solicitada por el actor, atendido que resulta incompatible a juicio de esta sentenciadora la indemnización solicitada, teniendo presente el hecho que el actor mantiene vigente la relación laboral que lo unía para con la demandada de autos con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, por lo que mal podría estar colocándose en la situación de que a raíz del accidente sufrido deje de percibir sus remuneraciones mensuales, ya que durante el período en que ha permanecido con licencias médicas, ha percibido oportunamente todas las prestaciones que establece la ley N° 16.744 y, una vez que se reintegre a sus funciones, fecha respecto de la cual aún no existe certeza de su ocurrencia de acuerdo a la declaración del perito designado por el tribunal a petición del propio actor, resulta improcedente la solicitud de la indemnización del lucro cesante, ya que este no ha podido configurarse, por lo que se procederá a su rechazo. DECIMONOVENO: Que asimismo, el demandante solicita indemnización por daño moral, que avalúa en la suma de $ 80.000.000, fundándolo en el hecho que tiene 35 años, habiéndose encontrado sano físicamente y psicológicamente antes del accidente sufrido y la condición en que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que ha significado que haya quedado con su pierna derecha completamente lesionada, fuertes dolores crónicos, fuertes molestias para caminar mínimas distancias y permanecer de pie, con todas las secuelas psicológicas y psiquiatritas que ello implica. A ello se debe agregar la fuerte angustia en que se encuentra y una serie de dolores crónicos que deberá soportar el resto de su vida y los mencionados perjuicios de sufrimiento y de agrado mencionados. Que al respecto rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de dos testigos, don Raúl Iván Olivares Pinto y doña Roxana Ivette Macaya Jiménez, quienes declararon que conocían al deman-

vínculo contractual que le une con el trabajador derivada del vínculo de subordinación y dependencia, surge para él la obligación de reparación del daño causado en virtud de la existencia de dicha relación laboral. DECIMOCTAVO: Que el demandante en primer lugar solicita que se le indemnice el lucro cesante en la suma de $ 43.200.000, fundándolo en el hecho que al momento del accidente, tenía la edad de 35 años, por lo que la indemnización solicitada por este concepto se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión del accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha previsible de jubilación por vejez. Asimismo, toma en consideración que su remuneración mensual ascendía a $ 300.000 y fija prudencialmente un grado de incapacidad de un 40%. Que este tribunal para determinar la procedencia de la indemnización solicitada por el actor, tiene presente que el lucro cesante ha sido definido en reiteradas ocasiones como lo que dejó de percibir el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación o del delito o cuasidelito. Sin perjuicio de lo cual tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido distintas posiciones en cuanto a la posibilidad de ser indemnizado, ya que para algunos se debe tener una certeza absoluta respecto de su concurrencia para poder ser indemnizado, lo que esta sentenciadora no comparte, ya que es imposible que el lucro cesante pueda llegar a ser determinado con esa certeza que se busca, tal como lo indica el Profesor Fabián Elorriaga de Bonis, en el Libro La Responsabilidad por los Accidentes del Trabajo, en su página 160, en la cual señala precisamente la idea que impera es que la certidumbre exigible en esta materia no es la absoluta, sino que la relativa, siempre que esté fundada en antecedentes objetivos, reales y probados. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe tener presente que en el caso de autos, el actor desde la fecha de ocurrencia del accidente del trabajo sufrido, esto es, el 28 de noviembre de 2009, no ha sido desvinculado por la empresa demandada, manteniéndose vigente la relación laboral entre las partes e, incluso siendo reconocido por el propio demandante al absolver posiciones que la demandada ya le había adelantado la posibilidad de reubicarlo en sus funciones cuando se reintegre a las mismas. Este hecho también quedó establecido, según consta del registro de audio, al momento de efectuar el tribunal un llamado extraordinario de conciliación durante la audiencia de juicio y su continuación, ya que la propia demandada estuvo dispuesta a asegurar la fuente laboral del trabajador por el período señalado en la referida audiencia, contabilizado desde que se reintegrara efectivamente a sus funciones, lo que finalmente no fue aceptado por el trabajador. Los hechos descritos precedentemente cobran relevancia al tenor de la indemnización de lucro cesante solicitada por el actor, atendido que resulta incompatible a juicio de esta sentenciadora la indemnización solicitada, teniendo presente el hecho que el actor mantiene vigente la relación laboral que lo unía para con la demandada de autos con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, por lo que mal podría estar colocándose en la situación de que a raíz del accidente sufrido deje de percibir sus remuneraciones mensuales, ya que durante el período en que ha permanecido con licencias médicas, ha percibido oportunamente todas las prestaciones que establece la ley N° 16.744 y, una vez que se reintegre a sus funciones, fecha respecto de la cual aún no existe certeza de su ocurrencia de acuerdo a la declaración del perito designado por el tribunal a petición del propio actor, resulta improcedente la solicitud de la indemnización del lucro cesante, ya que este no ha podido configurarse, por lo que se procederá a su rechazo. DECIMONOVENO: Que asimismo, el demandante solicita indemnización por daño moral, que avalúa en la suma de $ 80.000.000, fundándolo en el hecho que tiene 35 años, habiéndose encontrado sano físicamente y psicológicamente antes del accidente sufrido y la condición en que ha quedado con posterioridad al mismo, lo que ha significado que haya quedado con su pierna derecha completamente lesionada, fuertes dolores crónicos, fuertes molestias para caminar mínimas distancias y permanecer de pie, con todas las secuelas psicológicas y psiquiatritas que ello implica. A ello se debe agregar la fuerte angustia en que se encuentra y una serie de dolores crónicos que deberá soportar el resto de su vida y los mencionados perjuicios de sufrimiento y de agrado mencionados. Que al respecto rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de dos testigos, don Raúl Iván Olivares Pinto y doña Roxana Ivette Macaya Jiménez, quienes declararon que conocían al demanACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

dante desde antes que sufriera el accidente en su trabajo. El primer testigo refiere que lo conoce hace 22 años, ya que es primo de su señora, indicando que actualmente no se encuentra trabajando, que el actor es casado y separado de hecho desde hace dos meses, teniendo dos hijos menores de edad, indicó que el accidente sufrido le trajo como problema el hecho que se separara de su señora, quien se fue a Colombia con sus hijos menores. Luego al ser solicitado por el tribunal que aclarara su respuesta precisó que el accidente vino a incrementar el hecho de la separación con su cónyuge. Asimismo, indicó que el actor vive en un departamento ubicado en un tercer piso y le cuesta bajar, incluso ahora no puede jugar a la pelota, viéndose últimamente más depresivo, antes era más conversador, era el que hacía reír a los demás, aunque precisa que se encuentra en tratamiento con un psicólogo de la Mutual. Por otro lado la segunda testigo, Macaya Jiménez, declaró conocer al actor desde hace 20 años, ya que eran compañeros en la enseñanza media y, desde los últimos cuatro años lo ve en forma más frecuente. Supo del accidente en el mes de noviembre de 2009, al llamarlo por teléfono, su señora le contó, lo visitó en el Hospital, encontrándose actualmente haciendo uso de licencia médica. Señala que el demandante estuvo casado, pero se encuentra separado de hecho de su cónyuge desde hace diez años, con quien tuvo un hijo de 12 años actualmente, posteriormente tuvo otra pareja por siete años, con quien tuvo dos hijas menores de edad, quienes se fueron a Colombia en el mes de marzo de 2010. La testigo expresó que cree que se fue la ex pareja del actor, por motivo del accidente, ya que éste se encuentra más limitado que antes del accidente, ya que hasta donde sabe antes del mismo, se encontraban bien y a los dos meses colapsó, convirtiéndose en una carga para su pareja. Asimismo, describió cambios de ánimo en el actor después del accidente, ya que antes era más extrovertido, ahora no sale. Sólo se mueve con muleta, aunque ha ido recuperando la movilidad de la pierna. VIGÉSIMO: Que asimismo, la parte demandante solicitó la realización de un peritaje al actor por un médico traumatólogo, designándose para esos efectos al médico de esa especialidad don Christian Iván Bastías Soto, quien emitió su informe pericial, el que fue ratificado mediante la declaración prestada ante el tribunal en audiencia especial fijada para esos efectos. El perito declaró que para la realización de su peritaje examinó al actor en dos oportunidades, describiendo las circunstancias en que sufrió el accidente, de acuerdo a lo informado por el propio trabajador, señalando que éste en un comienzo fue correctamente tratado pero que evolucionó con un fuerte dolor en el tobillo derecho que se irradia al dorso del pie al realizar la marcha, movilizar tobillo y también reposo, concluyendo que el paciente presenta como secuelas un dolor crónico neuropático del tobillo y cara medial del tercio distal de la pierna que está dado por el SDRC y rigidez leve a nivel del tobillo que es producto del síndrome individualizado y la fractura. Aclaró que lo que se refiere a la fractura propiamente tal ésta se encuentra bien, la mayor complicación del actor es el Síndrome del dolor que sufre, ya que entre un 20 a un 40% de los pacientes quedan con secuelas, en el caso del trabajador, éste se encuentra en tratamiento para el manejo del dolor y para la trombosis, en la Asociación Chilena de Seguridad, de acuerdo a lo informado por el propio paciente, resultando el tratamiento satisfactorio, por lo que de acuerdo a las tablas generales para determinar grado de incapacidad, se encontraría en un 10%. Posteriormente precisa que la fractura del tobillo derecho es consecuencia directa del accidente sufrido, la que está perfectamente de acuerdo a las radiografías que le fueron exhibidas, tuvo un buen tratamiento. Ahora bien respecto del síndrome del dolor complejo, este se podría haber desarrollado con o sin operación en el actor, pudo haber sentido dolor igualmente que actualmente padece, aunque debe tenerse presente que ciertas personalidades se encuentran más predispuestos a sufrir el síndrome del dolor. El tratamiento de este síndrome puede durar un año o más, en el caso del actor, aún no existe una fecha probable de alta, tampoco es definitivo el porcentaje de incapacidad determinado en su informe, dependiendo del estado en que se le dé de alta al actor. VIGÉSIMO PRIMERO: Que teniendo presente el mérito de la declaración prestada por los testigos de la parte demandante y, en especial de la declaración del perito designado por el tribunal, sólo cabe concluir que si bien, el actor sufrió un accidente del trabajo, este no fue de la entidad que se alega en el líbelo de autos, atendido el hecho que es el propio especialista que lo examinó que concluyó que la fractura del tobillo derecho que es la secuela inmediata del siniestro se encuentra en perfectas con-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

dante desde antes que sufriera el accidente en su trabajo. El primer testigo refiere que lo conoce hace 22 años, ya que es primo de su señora, indicando que actualmente no se encuentra trabajando, que el actor es casado y separado de hecho desde hace dos meses, teniendo dos hijos menores de edad, indicó que el accidente sufrido le trajo como problema el hecho que se separara de su señora, quien se fue a Colombia con sus hijos menores. Luego al ser solicitado por el tribunal que aclarara su respuesta precisó que el accidente vino a incrementar el hecho de la separación con su cónyuge. Asimismo, indicó que el actor vive en un departamento ubicado en un tercer piso y le cuesta bajar, incluso ahora no puede jugar a la pelota, viéndose últimamente más depresivo, antes era más conversador, era el que hacía reír a los demás, aunque precisa que se encuentra en tratamiento con un psicólogo de la Mutual. Por otro lado la segunda testigo, Macaya Jiménez, declaró conocer al actor desde hace 20 años, ya que eran compañeros en la enseñanza media y, desde los últimos cuatro años lo ve en forma más frecuente. Supo del accidente en el mes de noviembre de 2009, al llamarlo por teléfono, su señora le contó, lo visitó en el Hospital, encontrándose actualmente haciendo uso de licencia médica. Señala que el demandante estuvo casado, pero se encuentra separado de hecho de su cónyuge desde hace diez años, con quien tuvo un hijo de 12 años actualmente, posteriormente tuvo otra pareja por siete años, con quien tuvo dos hijas menores de edad, quienes se fueron a Colombia en el mes de marzo de 2010. La testigo expresó que cree que se fue la ex pareja del actor, por motivo del accidente, ya que éste se encuentra más limitado que antes del accidente, ya que hasta donde sabe antes del mismo, se encontraban bien y a los dos meses colapsó, convirtiéndose en una carga para su pareja. Asimismo, describió cambios de ánimo en el actor después del accidente, ya que antes era más extrovertido, ahora no sale. Sólo se mueve con muleta, aunque ha ido recuperando la movilidad de la pierna. VIGÉSIMO: Que asimismo, la parte demandante solicitó la realización de un peritaje al actor por un médico traumatólogo, designándose para esos efectos al médico de esa especialidad don Christian Iván Bastías Soto, quien emitió su informe pericial, el que fue ratificado mediante la declaración prestada ante el tribunal en audiencia especial fijada para esos efectos. El perito declaró que para la realización de su peritaje examinó al actor en dos oportunidades, describiendo las circunstancias en que sufrió el accidente, de acuerdo a lo informado por el propio trabajador, señalando que éste en un comienzo fue correctamente tratado pero que evolucionó con un fuerte dolor en el tobillo derecho que se irradia al dorso del pie al realizar la marcha, movilizar tobillo y también reposo, concluyendo que el paciente presenta como secuelas un dolor crónico neuropático del tobillo y cara medial del tercio distal de la pierna que está dado por el SDRC y rigidez leve a nivel del tobillo que es producto del síndrome individualizado y la fractura. Aclaró que lo que se refiere a la fractura propiamente tal ésta se encuentra bien, la mayor complicación del actor es el Síndrome del dolor que sufre, ya que entre un 20 a un 40% de los pacientes quedan con secuelas, en el caso del trabajador, éste se encuentra en tratamiento para el manejo del dolor y para la trombosis, en la Asociación Chilena de Seguridad, de acuerdo a lo informado por el propio paciente, resultando el tratamiento satisfactorio, por lo que de acuerdo a las tablas generales para determinar grado de incapacidad, se encontraría en un 10%. Posteriormente precisa que la fractura del tobillo derecho es consecuencia directa del accidente sufrido, la que está perfectamente de acuerdo a las radiografías que le fueron exhibidas, tuvo un buen tratamiento. Ahora bien respecto del síndrome del dolor complejo, este se podría haber desarrollado con o sin operación en el actor, pudo haber sentido dolor igualmente que actualmente padece, aunque debe tenerse presente que ciertas personalidades se encuentran más predispuestos a sufrir el síndrome del dolor. El tratamiento de este síndrome puede durar un año o más, en el caso del actor, aún no existe una fecha probable de alta, tampoco es definitivo el porcentaje de incapacidad determinado en su informe, dependiendo del estado en que se le dé de alta al actor. VIGÉSIMO PRIMERO: Que teniendo presente el mérito de la declaración prestada por los testigos de la parte demandante y, en especial de la declaración del perito designado por el tribunal, sólo cabe concluir que si bien, el actor sufrió un accidente del trabajo, este no fue de la entidad que se alega en el líbelo de autos, atendido el hecho que es el propio especialista que lo examinó que concluyó que la fractura del tobillo derecho que es la secuela inmediata del siniestro se encuentra en perfectas con-

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diciones y, que los padecimientos actuales del actor dicen relación con un síndrome denominado de dolor crónico, que dice relación con su sistema psicológico más que físico, pudiendo llegar a tomar en cuenta en este sentido, el hecho que fue reiterado en forma conteste por ambos testigos, en cuanto al abandono sufrido por el demandante respecto de su pareja y sus dos hijos menores a partir del mes de marzo de 2010, sin perjuicio que este tribunal tomará en cuenta en este punto, las contradicciones en que incurrieron ambos testigos, ya que el primero, Olivares Pinto, señaló que el hecho del accidente vino a incrementar el hecho de la separación de su cónyuge y, por otro lado, la testigo Macaya Jiménez, señaló que antes del accidente, por lo que sabía se encontraban bien como pareja, por lo que existe una abierta contradicción en sus declaraciones, tratándose ambos testigos de personas cercanas al actor, quienes declararon conocerlo desde hace más de veinte años, por lo que resulta poco creíble para este tribunal que no estuvieran informados del estado de la relación sentimental del trabajador con anterioridad a la ocurrencia del siniestro y con posterioridad al mismo. Por otro lado, cabe tener presente que el síndrome de dolor crónico sufrido por el actor, no resulta ser una consecuencia inmediata del accidente sufrido, tal como lo declaró el perito, sino que más bien una manifestación de su estado de salud a raíz del tratamiento al que se ha encontrado sometido, dependiendo absolutamente de la personalidad de cada paciente la forma en que enfrenta la situación, por lo que resulta bastante difícil llegar a determinar si este síndrome no lo hubiese sufrido como consecuencia de las operaciones a que se ha visto sometido, sin perjuicio de tener presente que se encuentra siendo tratado en forma correcta de acuerdo a lo señalado por el perito para sobrellevar este síndrome, no teniendo incluso fecha probable de alta, por lo que sólo una vez que ello ocurra puede llegar a determinarse efectivamente sus consecuencias. Que asimismo, fue alegado en el libelo el denominado perjuicio de agrado sufrido por el actor, ya que se le ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, las que de acuerdo al tenor de la declaración conteste en este sentido de ambos testigos, se tiene por acreditado que el actor efectivamente sufrió un cambio en su personalidad a partir del accidente sufrido, mostrándose más introvertido, a diferencia de cómo era con anterioridad al mismo, no pudiendo tampoco desarrollar actividades deportivas, como realizaba antes de jugar fútbol, por lo que este tribunal estima que se provocó un perjuicio moral al demandante, el que se avalúa en forma prudencial en la suma $ 1.000.000. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica y, que el resto de la prueba rendida en nada altera lo resuelto. VIGÉSIMO TERCERO: Que este tribunal estima que la demandada no ha resultado totalmente vencida, por lo que no se le condenará en costas. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°1 de la Constitución Política de la República, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 63, 153, 154, 184, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo, 34, 66 bis, 69 de la ley Nº 16.744 se resuelve: I. Que se hace lugar a la demanda interpuesta por don Alexis Alonso Arias Rojas en contra de la empresa Sodexho Soporte y Servicios S.A., sólo en cuanto, se declara que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa de su empleador y, por ende se le condena a resarcir al demandante la suma de $ 1.000.000, por concepto de daño moral causado. II. Que se rechaza la demanda respecto de las demás prestaciones solicitadas. III. Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. IV. Que no se condena en costas a la demandada, por no haber resultado totalmente vencida. V. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese y notifíquese. RIT: O 1293 2010 RUC: 10 4 0026242 5 Dictada por doña Andrea Soler Merino, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil diez.

diciones y, que los padecimientos actuales del actor dicen relación con un síndrome denominado de dolor crónico, que dice relación con su sistema psicológico más que físico, pudiendo llegar a tomar en cuenta en este sentido, el hecho que fue reiterado en forma conteste por ambos testigos, en cuanto al abandono sufrido por el demandante respecto de su pareja y sus dos hijos menores a partir del mes de marzo de 2010, sin perjuicio que este tribunal tomará en cuenta en este punto, las contradicciones en que incurrieron ambos testigos, ya que el primero, Olivares Pinto, señaló que el hecho del accidente vino a incrementar el hecho de la separación de su cónyuge y, por otro lado, la testigo Macaya Jiménez, señaló que antes del accidente, por lo que sabía se encontraban bien como pareja, por lo que existe una abierta contradicción en sus declaraciones, tratándose ambos testigos de personas cercanas al actor, quienes declararon conocerlo desde hace más de veinte años, por lo que resulta poco creíble para este tribunal que no estuvieran informados del estado de la relación sentimental del trabajador con anterioridad a la ocurrencia del siniestro y con posterioridad al mismo. Por otro lado, cabe tener presente que el síndrome de dolor crónico sufrido por el actor, no resulta ser una consecuencia inmediata del accidente sufrido, tal como lo declaró el perito, sino que más bien una manifestación de su estado de salud a raíz del tratamiento al que se ha encontrado sometido, dependiendo absolutamente de la personalidad de cada paciente la forma en que enfrenta la situación, por lo que resulta bastante difícil llegar a determinar si este síndrome no lo hubiese sufrido como consecuencia de las operaciones a que se ha visto sometido, sin perjuicio de tener presente que se encuentra siendo tratado en forma correcta de acuerdo a lo señalado por el perito para sobrellevar este síndrome, no teniendo incluso fecha probable de alta, por lo que sólo una vez que ello ocurra puede llegar a determinarse efectivamente sus consecuencias. Que asimismo, fue alegado en el libelo el denominado perjuicio de agrado sufrido por el actor, ya que se le ha privado de diversas satisfacciones de orden social, mundano y deportivas, las que de acuerdo al tenor de la declaración conteste en este sentido de ambos testigos, se tiene por acreditado que el actor efectivamente sufrió un cambio en su personalidad a partir del accidente sufrido, mostrándose más introvertido, a diferencia de cómo era con anterioridad al mismo, no pudiendo tampoco desarrollar actividades deportivas, como realizaba antes de jugar fútbol, por lo que este tribunal estima que se provocó un perjuicio moral al demandante, el que se avalúa en forma prudencial en la suma $ 1.000.000. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica y, que el resto de la prueba rendida en nada altera lo resuelto. VIGÉSIMO TERCERO: Que este tribunal estima que la demandada no ha resultado totalmente vencida, por lo que no se le condenará en costas. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°1 de la Constitución Política de la República, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 63, 153, 154, 184, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo, 34, 66 bis, 69 de la ley Nº 16.744 se resuelve: I. Que se hace lugar a la demanda interpuesta por don Alexis Alonso Arias Rojas en contra de la empresa Sodexho Soporte y Servicios S.A., sólo en cuanto, se declara que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa de su empleador y, por ende se le condena a resarcir al demandante la suma de $ 1.000.000, por concepto de daño moral causado. II. Que se rechaza la demanda respecto de las demás prestaciones solicitadas. III. Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. IV. Que no se condena en costas a la demandada, por no haber resultado totalmente vencida. V. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese y notifíquese. RIT: O 1293 2010 RUC: 10 4 0026242 5 Dictada por doña Andrea Soler Merino, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil diez. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, diecisiete de enero de dos mil once. Vistos y teniendo presente: 1°) Que se ha deducido recurso de nulidad por el demandante don Alexis Arias Rojas, fundado en la causal principal del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señalando como infringido el artículo 69 de la ley 16. 744, en relación con la normas del artículo 1553 del Código Civil. En subsidio, por la causal de la letra b) del precepto 478, haberse dictado la sentencia impugnada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 2°) Que en lo que atañe a la causal principal de nulidad, sostiene el recurrente que “el hecho de que la lesión sufrida por el actor da cuenta de un daño de mediana intensidad que requerirá de un resarcimiento inferior a aquel que se justificaría ante una invalidez total, ello no autoriza a la errada decisión de SS. de entender que ese daño no requiere de indemnización alguna, ya que estaría cubierto por las prestaciones propias de la ley 16.744, teniendo presente que efectivamente existe menoscabo, lo que debe ser resarcido a la víctima”. Ello sobre la base de que “es un hecho de la causa que el trabajador sufrió una pérdida de función ascendente al 10%, y que de acuerdo a la declaración prestada por el señor perito que estuvo a cargo de evaluar al actor, éste no podrá volver a realizar labores (a) que estaba acostumbrado antes del accidente”. 3°) Que no siendo efectivo que la sentencia hubiere declarado la existencia del referido 10% de incapacidad “no es un hecho de la causa” por no haberle atribuido mayor valor en tal sentido al informe pericial aludido por el recurrente, único antecedente al efecto, de la propia fundamentación antedicha se desprende la improcedencia de la causal principal de nulidad invocada, en cuanto se pretende impugnar el fallo, en realidad, por no haber otorgado a la pericia el valor de convicción que le atribuye el recurrente: tal impugnación debió ser materia de otra causal de nulidad, no alegada en este capítulo del recurso. 4°) Que sin perjuicio de lo anterior, tampoco resulta procedente la causal principal de nulidad referida al no pago de indemnización por lucro cesante, en cuanto la sentenciadora le negó lugar –en realidad– por no haberse acreditado la incapacidad parcial alegada por el recurrente ni la existencia del lucro cesante por hallarse vigente la relación laboral con la demandada, cuestión de hecho y de prueba tampoco pertinente a la causal principal del citado artículo 477: no se trata de la cuestión jurídica de la certidumbre relativa del lucro cesante –fundada en antecedentes objetivos, reales y probados–, a que se refieren la doctrina y la jurisprudencia citadas por el recurso, sino de una cuestión de prueba, inadmisible en el ámbito de la causal referida. 5°) Que en lo tocante a la causal subsidiaria, artículo 478 letra b), exigiendo el recurrente al tribunal “un discurso armónico y coherente que dé cuenta de un razonamiento consistente y no contradictorio” a propósito de la entidad del daño o perjuicio causado y el monto de la única indemnización de daño moral regulada por la juzgadora, que considera demasiado exigua, resulta para estos sentenciadores ineludible precisar que ello corresponde ser entregado a la prudencia de la sentenciadora de fondo. El recurrente ha pretendido cuestionarlo y modificarlo, por la vía del recurso de nulidad, invocando la vulneración de las reglas de la sana crítica, circunstancia esta última que el recurrente no ha logrado establecer, limitándose una vez más a cuestionar el monto –a su parecer exiguo– de la indemnización: no ha logrado precisar en su escrito –ni en estrados– qué regla o reglas ponderativas de la sana crítica se habrían violentado por la sentenciadora. 6°) Que la preceptiva del recurso de nulidad debe interpretarse y aplicarse restrictivamente, siendo indispensable para su admisibilidad y viabilidad procesal no sólo la indicación genérica de una o más causales de nulidad, sino también la indicación explícita y pormenorizada de la forma en que concretamente ellas se habrían configurado y, en todo caso, sin contaminar la exposición de su fundamento con alegaciones propias de causales distintas no invocadas en el recurso. Por estas consideraciones, normas legales citadas y además aplicables, se rechaza el recurso de nulidad deducido contra la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil diez, la que en consecuencia no es nula.

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II. CORTE DE APELACIONES

II. CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, diecisiete de enero de dos mil once. Vistos y teniendo presente: 1°) Que se ha deducido recurso de nulidad por el demandante don Alexis Arias Rojas, fundado en la causal principal del artículo 477 del Código del Trabajo, infracción de ley que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, señalando como infringido el artículo 69 de la ley 16. 744, en relación con la normas del artículo 1553 del Código Civil. En subsidio, por la causal de la letra b) del precepto 478, haberse dictado la sentencia impugnada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 2°) Que en lo que atañe a la causal principal de nulidad, sostiene el recurrente que “el hecho de que la lesión sufrida por el actor da cuenta de un daño de mediana intensidad que requerirá de un resarcimiento inferior a aquel que se justificaría ante una invalidez total, ello no autoriza a la errada decisión de SS. de entender que ese daño no requiere de indemnización alguna, ya que estaría cubierto por las prestaciones propias de la ley 16.744, teniendo presente que efectivamente existe menoscabo, lo que debe ser resarcido a la víctima”. Ello sobre la base de que “es un hecho de la causa que el trabajador sufrió una pérdida de función ascendente al 10%, y que de acuerdo a la declaración prestada por el señor perito que estuvo a cargo de evaluar al actor, éste no podrá volver a realizar labores (a) que estaba acostumbrado antes del accidente”. 3°) Que no siendo efectivo que la sentencia hubiere declarado la existencia del referido 10% de incapacidad “no es un hecho de la causa” por no haberle atribuido mayor valor en tal sentido al informe pericial aludido por el recurrente, único antecedente al efecto, de la propia fundamentación antedicha se desprende la improcedencia de la causal principal de nulidad invocada, en cuanto se pretende impugnar el fallo, en realidad, por no haber otorgado a la pericia el valor de convicción que le atribuye el recurrente: tal impugnación debió ser materia de otra causal de nulidad, no alegada en este capítulo del recurso. 4°) Que sin perjuicio de lo anterior, tampoco resulta procedente la causal principal de nulidad referida al no pago de indemnización por lucro cesante, en cuanto la sentenciadora le negó lugar –en realidad– por no haberse acreditado la incapacidad parcial alegada por el recurrente ni la existencia del lucro cesante por hallarse vigente la relación laboral con la demandada, cuestión de hecho y de prueba tampoco pertinente a la causal principal del citado artículo 477: no se trata de la cuestión jurídica de la certidumbre relativa del lucro cesante –fundada en antecedentes objetivos, reales y probados–, a que se refieren la doctrina y la jurisprudencia citadas por el recurso, sino de una cuestión de prueba, inadmisible en el ámbito de la causal referida. 5°) Que en lo tocante a la causal subsidiaria, artículo 478 letra b), exigiendo el recurrente al tribunal “un discurso armónico y coherente que dé cuenta de un razonamiento consistente y no contradictorio” a propósito de la entidad del daño o perjuicio causado y el monto de la única indemnización de daño moral regulada por la juzgadora, que considera demasiado exigua, resulta para estos sentenciadores ineludible precisar que ello corresponde ser entregado a la prudencia de la sentenciadora de fondo. El recurrente ha pretendido cuestionarlo y modificarlo, por la vía del recurso de nulidad, invocando la vulneración de las reglas de la sana crítica, circunstancia esta última que el recurrente no ha logrado establecer, limitándose una vez más a cuestionar el monto –a su parecer exiguo– de la indemnización: no ha logrado precisar en su escrito –ni en estrados– qué regla o reglas ponderativas de la sana crítica se habrían violentado por la sentenciadora. 6°) Que la preceptiva del recurso de nulidad debe interpretarse y aplicarse restrictivamente, siendo indispensable para su admisibilidad y viabilidad procesal no sólo la indicación genérica de una o más causales de nulidad, sino también la indicación explícita y pormenorizada de la forma en que concretamente ellas se habrían configurado y, en todo caso, sin contaminar la exposición de su fundamento con alegaciones propias de causales distintas no invocadas en el recurso. Por estas consideraciones, normas legales citadas y además aplicables, se rechaza el recurso de nulidad deducido contra la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil diez, la que en consecuencia no es nula.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Regístrese y comuníquese. N° Reforma Laboral 1220- 2010 Redacción del abogado Integrante señor Antonio Barra Rojas. Pronunciada por la Décima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Cerda Fernández e integrada por el ministro señor Omar Astudillo Contreras y por el abogado integrante señor Antonio Barra Rojas.

Regístrese y comuníquese. N° Reforma Laboral 1220- 2010 Redacción del abogado Integrante señor Antonio Barra Rojas. Pronunciada por la Décima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Cerda Fernández e integrada por el ministro señor Omar Astudillo Contreras y por el abogado integrante señor Antonio Barra Rojas. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Valparaíso, dos de septiembre de dos mil ocho. VISTO: En contra de la sentencia en alzada se ha deducido recurso de Casación en la Forma y de Apelación. I.- En cuanto al recurso de Casación en la Forma: PRIMERO: Que el abogado don Pablo Suchel Ayala, en representación de la parte demandada, interpuso recurso de casación en la forma invocando la causal contemplada en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en no haber sido extendida la sentencia en la forma que establece el artículo 170 del mismo texto legal y, en particular lo que dispone el N° 4 de esta última disposición que exige que la sentencia de primera o única instancia y la de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán las consideraciones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento. SEGUNDO: Que el fundamento fáctico de la causal anotada lo encuentra en el hecho que el tribunal de primera instancia no ponderó en el fallo los siguientes antecedentes: la exhibición de documentos de fs. 190, en especial el contrato de trabajo de fs. 189, el Ordinario N° 12.600/161 de 28 de noviembre de 2005 emanado del Capitán de Puerto de San Antonio que rola a fs. 210, el Oficio de fs. 214 que emana de la empleadora del actor “Portuaria Andes San Antonio S.A.” (PASASA), la inspección personal del tribunal de fs. 217 y el Oficio emanado del Instituto de Seguridad del Trabajo de fs. 220. Añade que no obstante su evidente pertinencia con la cuestión debatida, la sentencia de primer grado omitió referirse la documentación referida y, en consecuencia, no extendió sus consideraciones al mérito probatorio que ésta pudiere tener existiendo el imperativo legal de hacerlo y, con ello, efectivamente incurrió en la causal invocada. Agrega que el perjuicio sufrido es reparable sólo con la invalidación del fallo porque ello permitirá que un juez no inhabilitado efectúe un examen completo de la prueba allegada al pleito y de los razonamientos que sirven para aceptarla o rechazarla, lo que evidentemente determinará que arribe a una conclusión diferente al fallo impugnado. TERCERO: Que el examen de la sentencia de primer grado muestra que, efectivamente, el juez al dictarla omitió considerar las probanzas referidas en el motivo precedente. En consecuencia, la sentencia no ha sido dictada conforme al mérito del proceso lo que implica que se ha incurrido en el vicio de casación que invoca la recurrente, toda vez que no contiene todas las consideraciones de hecho que le sirven de fundamento. CUARTO: Que no obstante la omisión detectada, sin embargo, cabe señalar que la recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solamente con la invalidación de la sentencia puesto que también dedujo recurso de apelación confiriendo amplia competencia a esta Corte atendida las peticiones que formula lo que permite revisar todas las cuestiones que se han debatido en la causa pudiendo, en consecuencia, subsanarse el vicio por esa vía. Consecuentemente, el recurso de casación en la forma no será acogido. II.- En cuanto al recurso de Apelación: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: se sustituye en el considerando primero la expresión “a declarado” por “ha declarado”, en el tercero “no se a referido” por “no se ha referido” y en el noveno “merito” por “mérito”. Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: QUINTO: Que la parte demandada en su escrito de apelación ha sostenido que a su respecto no se configuran los requisitos que la ley exige para establecer la responsabilidad extracontractual que se le atribuye puesto que no ha cometido ninguna acción u omisión ilícita, esto es, contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres de la cual pudiera derivarse una responsabilidad de tal naturaleza. Anota que en la sentencia se deja establecido que el accidente se debió a una mala maniobra del operador de la

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I. CORTE DE APELACIONES

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 7506-2008 Cita online: CL/JUR/16753/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 7506-2008 Cita online: CL/JUR/16753/2010

I. CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Valparaíso, dos de septiembre de dos mil ocho. VISTO: En contra de la sentencia en alzada se ha deducido recurso de Casación en la Forma y de Apelación. I.- En cuanto al recurso de Casación en la Forma: PRIMERO: Que el abogado don Pablo Suchel Ayala, en representación de la parte demandada, interpuso recurso de casación en la forma invocando la causal contemplada en el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en no haber sido extendida la sentencia en la forma que establece el artículo 170 del mismo texto legal y, en particular lo que dispone el N° 4 de esta última disposición que exige que la sentencia de primera o única instancia y la de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán las consideraciones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento. SEGUNDO: Que el fundamento fáctico de la causal anotada lo encuentra en el hecho que el tribunal de primera instancia no ponderó en el fallo los siguientes antecedentes: la exhibición de documentos de fs. 190, en especial el contrato de trabajo de fs. 189, el Ordinario N° 12.600/161 de 28 de noviembre de 2005 emanado del Capitán de Puerto de San Antonio que rola a fs. 210, el Oficio de fs. 214 que emana de la empleadora del actor “Portuaria Andes San Antonio S.A.” (PASASA), la inspección personal del tribunal de fs. 217 y el Oficio emanado del Instituto de Seguridad del Trabajo de fs. 220. Añade que no obstante su evidente pertinencia con la cuestión debatida, la sentencia de primer grado omitió referirse la documentación referida y, en consecuencia, no extendió sus consideraciones al mérito probatorio que ésta pudiere tener existiendo el imperativo legal de hacerlo y, con ello, efectivamente incurrió en la causal invocada. Agrega que el perjuicio sufrido es reparable sólo con la invalidación del fallo porque ello permitirá que un juez no inhabilitado efectúe un examen completo de la prueba allegada al pleito y de los razonamientos que sirven para aceptarla o rechazarla, lo que evidentemente determinará que arribe a una conclusión diferente al fallo impugnado. TERCERO: Que el examen de la sentencia de primer grado muestra que, efectivamente, el juez al dictarla omitió considerar las probanzas referidas en el motivo precedente. En consecuencia, la sentencia no ha sido dictada conforme al mérito del proceso lo que implica que se ha incurrido en el vicio de casación que invoca la recurrente, toda vez que no contiene todas las consideraciones de hecho que le sirven de fundamento. CUARTO: Que no obstante la omisión detectada, sin embargo, cabe señalar que la recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solamente con la invalidación de la sentencia puesto que también dedujo recurso de apelación confiriendo amplia competencia a esta Corte atendida las peticiones que formula lo que permite revisar todas las cuestiones que se han debatido en la causa pudiendo, en consecuencia, subsanarse el vicio por esa vía. Consecuentemente, el recurso de casación en la forma no será acogido. II.- En cuanto al recurso de Apelación: Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: se sustituye en el considerando primero la expresión “a declarado” por “ha declarado”, en el tercero “no se a referido” por “no se ha referido” y en el noveno “merito” por “mérito”. Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE: QUINTO: Que la parte demandada en su escrito de apelación ha sostenido que a su respecto no se configuran los requisitos que la ley exige para establecer la responsabilidad extracontractual que se le atribuye puesto que no ha cometido ninguna acción u omisión ilícita, esto es, contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres de la cual pudiera derivarse una responsabilidad de tal naturaleza. Anota que en la sentencia se deja establecido que el accidente se debió a una mala maniobra del operador de la

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horquilla el que no era trabajador de la Empresa Portuaria San Antonio y la grúa horquilla que operaba era de propiedad de MAQUISAI por lo que, en la investigación realizada por la Autoridad Marítima se sobreseyó a su representada de todo cargo siendo sancionado únicamente el operador de la horquilla. Agrega que se ha pretendido establecer que el accidente se ha debido a las condiciones del pavimento del área entregada bajo contrato de acopio a la empleadora del demandante y la sentencia no se hace cargo de la numerosa prueba aportada para establecer que las condiciones eran normales, ocurriendo que no hay testigos presenciales del hecho. Agrega que en todo accidente siempre concurren a su materialización una serie de causas y en el que sufrió el actor son los siguientes: a) permanencia del afectado en un lugar inapropiado, b) indebida conducción del operador de la grúa horquilla, c) falta de previsión del empleador, d) estado del pavimento; pero es necesario determinar cuál fue la causa basal y para ello se debe analizar cada una de las mencionadas y de su análisis concluye, el recurrente, que el accidente nunca se hubiera producido si el trabajador afectado hubiera estado donde le correspondía. En cuanto a los daños que se han atribuido a su representada en la sentencia, anota que no le corresponden por cuanto el trabajador no lo era de su parte, ningún agente de ésta provocó daño alguno, ni puede ser atribuido al estado del pavimento; los perjuicios podrían deberse a su propia culpa, a la omisión de su empleador del deber de cuidado a que se encuentra obligado y directamente a la mala maniobra del operador de una grúa horquilla, pero en ningún caso a la empresa que representa. No existe relación de causalidad entre el hecho y el daño causado, lo que sin duda no se configuró puesto que en la sentencia no se estableció la forma cómo ello ha acontecido. Por último, señala que el daño moral no fue acreditado por el actor porque no acompañó antecedentes probatorios que permitan establecerlos. Pide que la sentencia se revoque y en subsidio que la avaluación del daño moral se reduzca a la suma que el tribunal estime conveniente conforme al mérito del proceso. SEXTO: Que ha quedado demostrado en la causa que el actor sufrió el accidente ocurrido el 10 de agosto de 2004, en el Patio 21 del Espigón del Puerto San Antonio cuya empresa responsable de su conservación es la demandada, Empresa Portuaria San Antonio, y que dicho accidente fue calificado como del trabajo no obstante que el Instituto de Seguridad del Trabajo no realizó una investigación al efecto, siendo cubierto por el Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo a la ley Nº 16.744 dándole derecho a una indemnización del 15% por incapacidad laboral, según aparece del informe de fs. 220, en el que asimismo se deja establecido que la empleadora del actor, Portuaria Andes San Antonio, cumple con las condiciones de Higiene y Seguridad apropiadas en las faenas. (El informe mencionado es respuesta a lo solicitado por el tribunal accediendo a la petición de la demandada formulada en el cuarto otrosí de la presentación de fs. 125) SÉPTIMO: Que el artículo 69 de la ley Nº 16.744 en su letra b) estatuye que “la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”. OCTAVO: Que en la especie, la demandada no es la empleadora del demandante, pero es quien tiene a su cuidado la conservación del Espigón del Puerto de San Antonio, de manera que si la conservación no es óptima, ni buena, debe responder por los daños que se puedan ocasionar en dichos recintos a causa del mal estado o deficiente estado de conservación. NOVENO: Que el Ordinario 12.600/161 de 28 de noviembre de 2005, que rola a fs. 210, del Gobernador Marítimo de San Antonio, informa al Tribunal que el Oficio de la Capitanía de Puerto de San Antonio N° 12.600/289 de 22 de diciembre de 2003 enviado al Gerente General de la Empresa Portuaria San Antonio, se refería al Terminal Espigón que involucra los sitios 4 al 7; en este último Ordinario, que se agrega a fs. 22 y 139, la Autoridad Marítima (Capitán de Puerto de San Antonio Subrogante) le recordaba que, como era de su conocimiento, el Terminal Espigón, se encuentra deformado con irregularidades como orificios y desniveles en su superficie de trabajo, lo que constituye una condición insegura de relevancia, con la posibilidad de causar incidentes y/o accidentes graves como torceduras, maniobras repentinas, desniveles al almacenar contenedores, etc., recordándole las disposiciones del los artículos 3°, 7° y 37 del D.S: 594/99, que aprobó el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales

horquilla el que no era trabajador de la Empresa Portuaria San Antonio y la grúa horquilla que operaba era de propiedad de MAQUISAI por lo que, en la investigación realizada por la Autoridad Marítima se sobreseyó a su representada de todo cargo siendo sancionado únicamente el operador de la horquilla. Agrega que se ha pretendido establecer que el accidente se ha debido a las condiciones del pavimento del área entregada bajo contrato de acopio a la empleadora del demandante y la sentencia no se hace cargo de la numerosa prueba aportada para establecer que las condiciones eran normales, ocurriendo que no hay testigos presenciales del hecho. Agrega que en todo accidente siempre concurren a su materialización una serie de causas y en el que sufrió el actor son los siguientes: a) permanencia del afectado en un lugar inapropiado, b) indebida conducción del operador de la grúa horquilla, c) falta de previsión del empleador, d) estado del pavimento; pero es necesario determinar cuál fue la causa basal y para ello se debe analizar cada una de las mencionadas y de su análisis concluye, el recurrente, que el accidente nunca se hubiera producido si el trabajador afectado hubiera estado donde le correspondía. En cuanto a los daños que se han atribuido a su representada en la sentencia, anota que no le corresponden por cuanto el trabajador no lo era de su parte, ningún agente de ésta provocó daño alguno, ni puede ser atribuido al estado del pavimento; los perjuicios podrían deberse a su propia culpa, a la omisión de su empleador del deber de cuidado a que se encuentra obligado y directamente a la mala maniobra del operador de una grúa horquilla, pero en ningún caso a la empresa que representa. No existe relación de causalidad entre el hecho y el daño causado, lo que sin duda no se configuró puesto que en la sentencia no se estableció la forma cómo ello ha acontecido. Por último, señala que el daño moral no fue acreditado por el actor porque no acompañó antecedentes probatorios que permitan establecerlos. Pide que la sentencia se revoque y en subsidio que la avaluación del daño moral se reduzca a la suma que el tribunal estime conveniente conforme al mérito del proceso. SEXTO: Que ha quedado demostrado en la causa que el actor sufrió el accidente ocurrido el 10 de agosto de 2004, en el Patio 21 del Espigón del Puerto San Antonio cuya empresa responsable de su conservación es la demandada, Empresa Portuaria San Antonio, y que dicho accidente fue calificado como del trabajo no obstante que el Instituto de Seguridad del Trabajo no realizó una investigación al efecto, siendo cubierto por el Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo a la ley Nº 16.744 dándole derecho a una indemnización del 15% por incapacidad laboral, según aparece del informe de fs. 220, en el que asimismo se deja establecido que la empleadora del actor, Portuaria Andes San Antonio, cumple con las condiciones de Higiene y Seguridad apropiadas en las faenas. (El informe mencionado es respuesta a lo solicitado por el tribunal accediendo a la petición de la demandada formulada en el cuarto otrosí de la presentación de fs. 125) SÉPTIMO: Que el artículo 69 de la ley Nº 16.744 en su letra b) estatuye que “la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral”. OCTAVO: Que en la especie, la demandada no es la empleadora del demandante, pero es quien tiene a su cuidado la conservación del Espigón del Puerto de San Antonio, de manera que si la conservación no es óptima, ni buena, debe responder por los daños que se puedan ocasionar en dichos recintos a causa del mal estado o deficiente estado de conservación. NOVENO: Que el Ordinario 12.600/161 de 28 de noviembre de 2005, que rola a fs. 210, del Gobernador Marítimo de San Antonio, informa al Tribunal que el Oficio de la Capitanía de Puerto de San Antonio N° 12.600/289 de 22 de diciembre de 2003 enviado al Gerente General de la Empresa Portuaria San Antonio, se refería al Terminal Espigón que involucra los sitios 4 al 7; en este último Ordinario, que se agrega a fs. 22 y 139, la Autoridad Marítima (Capitán de Puerto de San Antonio Subrogante) le recordaba que, como era de su conocimiento, el Terminal Espigón, se encuentra deformado con irregularidades como orificios y desniveles en su superficie de trabajo, lo que constituye una condición insegura de relevancia, con la posibilidad de causar incidentes y/o accidentes graves como torceduras, maniobras repentinas, desniveles al almacenar contenedores, etc., recordándole las disposiciones del los artículos 3°, 7° y 37 del D.S: 594/99, que aprobó el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

básicas en los lugares de trabajo y señalándole el plazo de 60 días contados desde la recepción de la carta para establecer una planificación y materialización de las acciones correctivas destinadas a la recuperación total de las áreas más afectadas. DÉCIMO: Que es necesario tener presente que el Ordinario de fs. 210, aclaratorio del de fs. 22, fue confeccionado prácticamente dos años después y suscrito por personas distintas y que no obstante sus discrepancias en torno a cual era el sector específico al cual se refería el mal estado del Terminal Espigón, ocurre que existe prueba en la causa que lleva a concluir que el correspondiente al Patio 21 también se encontraba en mal estado. AsÍ aparece del informe de fs. 27, en especial en los acápites “Causas inmediatas”, “Causas básicas” y “Descripción detallada del accidente”, de la carta de fecha 3 de diciembre de 2004 de la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios dirigida al señor Álvaro Vicencio Capitán de Puerto, de la confesión prestada a fs. 113 por el señor Álvaro Espinoza Almarza, Gerente General de la Empresa Portuaria de San Antonio en que no obstante al responder la pregunta nueve del pliego de fs. 111 expresa que no le consta que el patio 21 se encontraba en mal estado de conservación siendo informado que ello no era efectivo y que se encontraba en buen estado de conservación, al responder la pregunta anterior luego de expresar que no le consta que el patio 21 sólo fue reparado en noviembre de 2004, añade que fue informado que así ocurrió, reconociendo, además, al responder la pregunta 15, que las fotografías de fs. 32 y siguientes corresponden a obras realizadas en el patio 21 puesto que están las oficinas de PASASA, empleadora del actor, de la declaración, a fs. 115, del testigo Miguel Ángel Giannelloni Escobar, que se refiere al mal estado del patio 21, de la prestada a fs. 121, por José Renato Silva Marchant que aunque dice que el accidente ocurrió en el patio 22, se refiere al mal estado del patio 21, de la declaración a fs. 129, de Fernando Néstor Cabrera Saavedra en igual sentido, de lo declarado a fs. 163 por Luis Andrés Fuenzalida Hernández en relación con el mal estado del Patio 21 y la confesión prestada por el actor a fs. 184 al tenor del pliego de fs. 180. UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, ha quedado establecido que el lugar en que se produjo el accidente del actor se encontraba con el pavimento en mal estado siendo indiferente, por lo tanto, la mala maniobra atribuida al operador de la grúa horquilla. DUODÉCIMO: Que la circunstancia que el empleador del actor haya modificado el contrato de trabajo del demandante con fecha 1° de enero de 2003, en que se le asignan labores de Encargado de Planeamiento y Control y no de Ayudante de Supervisor CFS, a juicio de este tribunal es irrelevante a efectos de este proceso por cuanto del resto de la prueba rendida en la causa, aparece que en la realidad se encontraba cumpliendo funciones de supervisor lo que le obligaba a estar en el sitio en que se produjo el accidente. DECIMOTERCERO: Que con lo razonado no cabe sino concluir que la demandada es responsable extracontractualmente del daño sufrido por el actor puesto que por un hecho que le es imputable, cual fue el no mantener en buenas condiciones el recinto a su cargo, se produjo el accidente que lo lesionó y dejó con una incapacidad laboral parcial; ello le ha permitido al demandante dirigir su acción en contra de la demandada por aplicación tanto de las normas laborales, ley Nº 16.744, cuanto del derecho civil, artículo 2314 del Código Civil y no en contra de su empleador puesto que se ha demostrado que este último pagaba por ocupar sitios o patios en el Terminal del Espigón del Puerto de San Antonio y cumplía con las normas de Higiene y Seguridad no estando a su cargo la mantención o conservación de los recintos portuarios. En nada altera lo concluido la Inspección Personal del Tribunal, cuya acta se agrega a fs. 217, realizada el 10 de enero de 2006 que da cuenta que el pavimento del recinto portuario se encontraba en buen estado, toda vez que se acreditó que fue reparado en el mes de noviembre de 2004. DECIMOCUARTO: Que en cuanto al monto del daño moral regulado en la sentencia y que fuera objeto de la petición subsidiaria de la apelación solicitando su reducción, esta Corte accederá a lo pedido en la forma que se dirá a la conclusión, por cuanto no existiendo disposición que imponga a los jueces una forma específica de avaluarlo pecuniariamente, se le faculta por el ordenamiento jurídico para determinarlo prudencialmente, ocurriendo que, a juicio de estos sentenciadores, la cantidad fijada por el juez a quo aparece desproporcionada en atención a la gravedad del mismo. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 170, 698, 189 y siguientes y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

básicas en los lugares de trabajo y señalándole el plazo de 60 días contados desde la recepción de la carta para establecer una planificación y materialización de las acciones correctivas destinadas a la recuperación total de las áreas más afectadas. DÉCIMO: Que es necesario tener presente que el Ordinario de fs. 210, aclaratorio del de fs. 22, fue confeccionado prácticamente dos años después y suscrito por personas distintas y que no obstante sus discrepancias en torno a cual era el sector específico al cual se refería el mal estado del Terminal Espigón, ocurre que existe prueba en la causa que lleva a concluir que el correspondiente al Patio 21 también se encontraba en mal estado. AsÍ aparece del informe de fs. 27, en especial en los acápites “Causas inmediatas”, “Causas básicas” y “Descripción detallada del accidente”, de la carta de fecha 3 de diciembre de 2004 de la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios dirigida al señor Álvaro Vicencio Capitán de Puerto, de la confesión prestada a fs. 113 por el señor Álvaro Espinoza Almarza, Gerente General de la Empresa Portuaria de San Antonio en que no obstante al responder la pregunta nueve del pliego de fs. 111 expresa que no le consta que el patio 21 se encontraba en mal estado de conservación siendo informado que ello no era efectivo y que se encontraba en buen estado de conservación, al responder la pregunta anterior luego de expresar que no le consta que el patio 21 sólo fue reparado en noviembre de 2004, añade que fue informado que así ocurrió, reconociendo, además, al responder la pregunta 15, que las fotografías de fs. 32 y siguientes corresponden a obras realizadas en el patio 21 puesto que están las oficinas de PASASA, empleadora del actor, de la declaración, a fs. 115, del testigo Miguel Ángel Giannelloni Escobar, que se refiere al mal estado del patio 21, de la prestada a fs. 121, por José Renato Silva Marchant que aunque dice que el accidente ocurrió en el patio 22, se refiere al mal estado del patio 21, de la declaración a fs. 129, de Fernando Néstor Cabrera Saavedra en igual sentido, de lo declarado a fs. 163 por Luis Andrés Fuenzalida Hernández en relación con el mal estado del Patio 21 y la confesión prestada por el actor a fs. 184 al tenor del pliego de fs. 180. UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, ha quedado establecido que el lugar en que se produjo el accidente del actor se encontraba con el pavimento en mal estado siendo indiferente, por lo tanto, la mala maniobra atribuida al operador de la grúa horquilla. DUODÉCIMO: Que la circunstancia que el empleador del actor haya modificado el contrato de trabajo del demandante con fecha 1° de enero de 2003, en que se le asignan labores de Encargado de Planeamiento y Control y no de Ayudante de Supervisor CFS, a juicio de este tribunal es irrelevante a efectos de este proceso por cuanto del resto de la prueba rendida en la causa, aparece que en la realidad se encontraba cumpliendo funciones de supervisor lo que le obligaba a estar en el sitio en que se produjo el accidente. DECIMOTERCERO: Que con lo razonado no cabe sino concluir que la demandada es responsable extracontractualmente del daño sufrido por el actor puesto que por un hecho que le es imputable, cual fue el no mantener en buenas condiciones el recinto a su cargo, se produjo el accidente que lo lesionó y dejó con una incapacidad laboral parcial; ello le ha permitido al demandante dirigir su acción en contra de la demandada por aplicación tanto de las normas laborales, ley Nº 16.744, cuanto del derecho civil, artículo 2314 del Código Civil y no en contra de su empleador puesto que se ha demostrado que este último pagaba por ocupar sitios o patios en el Terminal del Espigón del Puerto de San Antonio y cumplía con las normas de Higiene y Seguridad no estando a su cargo la mantención o conservación de los recintos portuarios. En nada altera lo concluido la Inspección Personal del Tribunal, cuya acta se agrega a fs. 217, realizada el 10 de enero de 2006 que da cuenta que el pavimento del recinto portuario se encontraba en buen estado, toda vez que se acreditó que fue reparado en el mes de noviembre de 2004. DECIMOCUARTO: Que en cuanto al monto del daño moral regulado en la sentencia y que fuera objeto de la petición subsidiaria de la apelación solicitando su reducción, esta Corte accederá a lo pedido en la forma que se dirá a la conclusión, por cuanto no existiendo disposición que imponga a los jueces una forma específica de avaluarlo pecuniariamente, se le faculta por el ordenamiento jurídico para determinarlo prudencialmente, ocurriendo que, a juicio de estos sentenciadores, la cantidad fijada por el juez a quo aparece desproporcionada en atención a la gravedad del mismo. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 170, 698, 189 y siguientes y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

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I.- En cuanto al recurso de Casación en la Forma: Que se rechaza el interpuesto en lo principal de fs. 302 por la demandada en contra de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete, que se lee desde fs. 247 a 296, la que no es nula. II.- En cuanto al recurso de Apelación: Que se confirma la aludida sentencia con declaración que se reduce el monto de la indemnización que por concepto de daño moral, en beneficio del actor, se ordena pagar a la demandada a la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos). Regístrese y devuélvase. Rol N° 187–2008. Redacción del Ministro don Julio Miranda Lillo. No firma la señora Fiscal Judicial señora Juana Latham Fuenzalida, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso.

II. CORTE SUPREMA Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diez. VISTOS: En autos rol N° 23.536-2005 del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, don Alfredo Álvarez Catalán, deduce demanda, en juicio ordinario civil, en contra de Empresa Portuaria San Antonio, representada por Rubén Alvarado Vigar, a fin que se declare su responsabilidad en las lesiones que sufrió el 10 de agosto de 2004, y se la condene a pagarle las sumas de treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000) por concepto de daño corporal, quince millones de pesos ($ 15.000.000) por concepto de pretium doloris, y de cuarenta y cinco millones de pesos ($ 45.000.000) por concepto de daño moral, más reajustes, intereses y costas. La demandada, evacuando el traslado conferido, solicitó el rechazo de la acción deducida en su contra, con costas, sosteniendo que no tiene responsabilidad alguna en los hechos sustento de la demanda. En sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil siete, escrita a fojas 578 y siguientes, el tribunal de primer grado condenó a la demandada a pagar la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000), por concepto de daño moral con motivo de la responsabilidad extracontractual que le cupo en las lesiones sufridas por el demandante, con sus reajustes y sin costas. Se alzó la demandada, por medio de casación en la forma y apelación y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo de dos de septiembre de dos mil ocho, escrito a fojas 670 y siguientes, rechaza el recurso de nulidad y con algunas modificaciones y nuevos argumentos, confirmó el de primer grado, con declaración que el monto de la indemnización por concepto de daño moral obtenida por el actor, se reduce a la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000). En contra de esta última decisión, la demandada dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, a fin que se la invalide y se dicte la de reemplazo que indica. Se trajeron estos autos en relación. CONSIDERANDO: I.- En cuanto a la casación en la forma. PRIMERO: Que el demandado funda su recurso de casación en la forma en la causal séptima del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por contener la sentencia decisiones contradictorias. Argumenta que el vicio se produce porque en la fallo se afirma que la causa del accidente del actor fue una mala maniobra del conductor de la grúa horquilla, para acto seguido señalar que el responsable del daño sufrido por éste es el demandado, lo que resulta, a todas luces, contradictorio. SEGUNDO: Que para desestimar las alegaciones del recurrente baste con señalar que, esta Corte reiteradamente ha sostenido que para los efectos de configurarse el vicio que se alega, la sentencia recurrida debe contener, a lo menos, dos decisiones que pugnen entre sí de modo que no puedan cumplirse al unísono, circunstancia que no ocurre en la especie toda vez que los jueces del fondo solamente condenaron al demandado al pago de la suma de veinte millones de pesos al actor, por concepto de daño moral.

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil diez. VISTOS: En autos rol N° 23.536-2005 del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, don Alfredo Álvarez Catalán, deduce demanda, en juicio ordinario civil, en contra de Empresa Portuaria San Antonio, representada por Rubén Alvarado Vigar, a fin que se declare su responsabilidad en las lesiones que sufrió el 10 de agosto de 2004, y se la condene a pagarle las sumas de treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000) por concepto de daño corporal, quince millones de pesos ($ 15.000.000) por concepto de pretium doloris, y de cuarenta y cinco millones de pesos ($ 45.000.000) por concepto de daño moral, más reajustes, intereses y costas. La demandada, evacuando el traslado conferido, solicitó el rechazo de la acción deducida en su contra, con costas, sosteniendo que no tiene responsabilidad alguna en los hechos sustento de la demanda. En sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil siete, escrita a fojas 578 y siguientes, el tribunal de primer grado condenó a la demandada a pagar la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000), por concepto de daño moral con motivo de la responsabilidad extracontractual que le cupo en las lesiones sufridas por el demandante, con sus reajustes y sin costas. Se alzó la demandada, por medio de casación en la forma y apelación y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo de dos de septiembre de dos mil ocho, escrito a fojas 670 y siguientes, rechaza el recurso de nulidad y con algunas modificaciones y nuevos argumentos, confirmó el de primer grado, con declaración que el monto de la indemnización por concepto de daño moral obtenida por el actor, se reduce a la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000). En contra de esta última decisión, la demandada dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, a fin que se la invalide y se dicte la de reemplazo que indica. Se trajeron estos autos en relación. CONSIDERANDO: I.- En cuanto a la casación en la forma. PRIMERO: Que el demandado funda su recurso de casación en la forma en la causal séptima del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por contener la sentencia decisiones contradictorias. Argumenta que el vicio se produce porque en la fallo se afirma que la causa del accidente del actor fue una mala maniobra del conductor de la grúa horquilla, para acto seguido señalar que el responsable del daño sufrido por éste es el demandado, lo que resulta, a todas luces, contradictorio. SEGUNDO: Que para desestimar las alegaciones del recurrente baste con señalar que, esta Corte reiteradamente ha sostenido que para los efectos de configurarse el vicio que se alega, la sentencia recurrida debe contener, a lo menos, dos decisiones que pugnen entre sí de modo que no puedan cumplirse al unísono, circunstancia que no ocurre en la especie toda vez que los jueces del fondo solamente condenaron al demandado al pago de la suma de veinte millones de pesos al actor, por concepto de daño moral.

II. CORTE SUPREMA I.- En cuanto al recurso de Casación en la Forma: Que se rechaza el interpuesto en lo principal de fs. 302 por la demandada en contra de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete, que se lee desde fs. 247 a 296, la que no es nula. II.- En cuanto al recurso de Apelación: Que se confirma la aludida sentencia con declaración que se reduce el monto de la indemnización que por concepto de daño moral, en beneficio del actor, se ordena pagar a la demandada a la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos). Regístrese y devuélvase. Rol N° 187–2008. Redacción del Ministro don Julio Miranda Lillo. No firma la señora Fiscal Judicial señora Juana Latham Fuenzalida, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I.- En cuanto a la casación en el fondo. TERCERO: Que en el recurso se denuncia error en la aplicación de los artículos 1698 y 2314 del Código Civil, alegando que yerra la sentencia al condenar al demandado como responsable de las lesiones sufridas por el actor toda vez que no se estableció la necesaria relación de causalidad que debe existir entre el hecho ilícito que se le imputa y el daño causado, lo que resulta indispensable para que se configure la responsabilidad civil extracontractual demandada. Agrega que los sentenciadores del grado infringieron las leyes reguladoras de la prueba “que no individualiza” al haber establecido dicha responsabilidad a pesar que no existe en el proceso un solo antecedente que permita arribar a la conclusión que el accidente motivo de la demanda fue causado por el mal estado del pavimento; circunstancia esta última, reconoce, pudo dar lugar a indemnizaciones en beneficio de los dueños de la carga transportada o de la grúa horquilla que se vieron involucradas en el asunto, pero en ningún caso respecto de un tercero que supervisaba la faena. Termina señalando que los errores denunciados tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. CUARTO: Que se han establecido como hechos en la sentencia recurrida, los siguientes: a) El 10 de agosto del 2004, el actor desempeñaba sus funciones de supervisor “labores para las que fue contratado por la Empresa Portuaria Andes San Antonio S.A.”, en el patio 21 del Espigón del Puerto de San Antonio, lugar que se encontraba a cargo del demandado. b) A causa de una mala maniobra efectuada por el operador de una grúa horquilla, parte de la carga que éste portaba, cayó sobre el pie izquierdo del demandante causándole múltiples lesiones. c) El patio 21 antes señalado, a la época del accidente, se encontraba en un estado deficiente de conservación, ya que su pavimento estaba en mal estado. d) El accidente que afectó al actor se produjo porque el demandado no mantuvo en buenas condiciones el recinto a su cargo, por lo que la mala maniobra del conductor de la grúa resultó indiferente. QUINTO: Que los jueces del fondo, teniendo presente los presupuestos fácticos reseñados en el motivo anterior, resolvieron que la empresa demandada incurrió en responsabilidad extracontractual, que proviene de su propia culpa, ya que fue su inactividad, al no reparar el patio 21 del Espigón del Puerto de San Antonio que tenía a su cargo, la que permitió que ocurriera el accidente que le causó las lesiones y el consecuencial daño al actor. SEXTO: Que los jueces del grado, en uso de las facultades que son de su exclusiva competencia “la ponderación de la prueba y el establecimiento de los hechos” asentaron los elementos indicados en el motivo segundo de este fallo y decidieron como se ha descrito en el considerando anterior. SÉPTIMO: Que, en cuanto al recurso, cabe señalar que éste, al afirmar que no se estableció la necesaria relación de causalidad entre la inactividad de la demandada y los daños causados al actor, y que éstos no se produjeron por el mal estado del pavimento del Patio 21 del Espigón, intenta modificar los hechos establecidos por los jueces del fondo, sin alegar de manera adecuada infracción a las leyes reguladoras de la prueba aplicables al caso. Este planteamiento, desconoce que los hechos de la causa son sólo aquellos establecidos en la sentencia y que éstos pueden ser modificados únicamente si el recurrente denuncia y se constata infracción de las normas reguladoras de la prueba, lo que no ha ocurrido en la especie. En efecto, la sola invocación del artículo 1698 del Código Civil –norma reguladora de la prueba–, resulta insuficiente al efecto, toda vez que el recurrente no explica de qué manera los jueces del grado habrían alterado la carga de la prueba, sin que sea suficiente al efecto la sola afirmación en cuanto a que el actor no rindió prueba suficiente en el proceso para condenarlo. A lo anterior se suma el hecho que de la lectura de la sentencia aparece que en el proceso del establecimiento de los hechos los jueces del grado tuvieron presente las declaraciones de testigos y el contenido de los documentos que señalan, de lo que se desprende que, para modificar estos razonamientos resultaba necesario dar por infringidas las normas legales que se refieren a las pruebas antes referidas. OCTAVO: Que, de lo expuesto se infiere que el presente recurso de casación en el fondo se construye en contra de los hechos establecidos por los sentenciadores de mérito, por lo que deberá ser rechazado. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan, sin costas, los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el demandado a fojas 675, contra la sentencia de dos de septiembre de dos mil ocho, que se lee a fojas 670 y siguientes de estos antecedentes.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

I.- En cuanto a la casación en el fondo. TERCERO: Que en el recurso se denuncia error en la aplicación de los artículos 1698 y 2314 del Código Civil, alegando que yerra la sentencia al condenar al demandado como responsable de las lesiones sufridas por el actor toda vez que no se estableció la necesaria relación de causalidad que debe existir entre el hecho ilícito que se le imputa y el daño causado, lo que resulta indispensable para que se configure la responsabilidad civil extracontractual demandada. Agrega que los sentenciadores del grado infringieron las leyes reguladoras de la prueba “que no individualiza” al haber establecido dicha responsabilidad a pesar que no existe en el proceso un solo antecedente que permita arribar a la conclusión que el accidente motivo de la demanda fue causado por el mal estado del pavimento; circunstancia esta última, reconoce, pudo dar lugar a indemnizaciones en beneficio de los dueños de la carga transportada o de la grúa horquilla que se vieron involucradas en el asunto, pero en ningún caso respecto de un tercero que supervisaba la faena. Termina señalando que los errores denunciados tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. CUARTO: Que se han establecido como hechos en la sentencia recurrida, los siguientes: a) El 10 de agosto del 2004, el actor desempeñaba sus funciones de supervisor “labores para las que fue contratado por la Empresa Portuaria Andes San Antonio S.A.”, en el patio 21 del Espigón del Puerto de San Antonio, lugar que se encontraba a cargo del demandado. b) A causa de una mala maniobra efectuada por el operador de una grúa horquilla, parte de la carga que éste portaba, cayó sobre el pie izquierdo del demandante causándole múltiples lesiones. c) El patio 21 antes señalado, a la época del accidente, se encontraba en un estado deficiente de conservación, ya que su pavimento estaba en mal estado. d) El accidente que afectó al actor se produjo porque el demandado no mantuvo en buenas condiciones el recinto a su cargo, por lo que la mala maniobra del conductor de la grúa resultó indiferente. QUINTO: Que los jueces del fondo, teniendo presente los presupuestos fácticos reseñados en el motivo anterior, resolvieron que la empresa demandada incurrió en responsabilidad extracontractual, que proviene de su propia culpa, ya que fue su inactividad, al no reparar el patio 21 del Espigón del Puerto de San Antonio que tenía a su cargo, la que permitió que ocurriera el accidente que le causó las lesiones y el consecuencial daño al actor. SEXTO: Que los jueces del grado, en uso de las facultades que son de su exclusiva competencia “la ponderación de la prueba y el establecimiento de los hechos” asentaron los elementos indicados en el motivo segundo de este fallo y decidieron como se ha descrito en el considerando anterior. SÉPTIMO: Que, en cuanto al recurso, cabe señalar que éste, al afirmar que no se estableció la necesaria relación de causalidad entre la inactividad de la demandada y los daños causados al actor, y que éstos no se produjeron por el mal estado del pavimento del Patio 21 del Espigón, intenta modificar los hechos establecidos por los jueces del fondo, sin alegar de manera adecuada infracción a las leyes reguladoras de la prueba aplicables al caso. Este planteamiento, desconoce que los hechos de la causa son sólo aquellos establecidos en la sentencia y que éstos pueden ser modificados únicamente si el recurrente denuncia y se constata infracción de las normas reguladoras de la prueba, lo que no ha ocurrido en la especie. En efecto, la sola invocación del artículo 1698 del Código Civil –norma reguladora de la prueba–, resulta insuficiente al efecto, toda vez que el recurrente no explica de qué manera los jueces del grado habrían alterado la carga de la prueba, sin que sea suficiente al efecto la sola afirmación en cuanto a que el actor no rindió prueba suficiente en el proceso para condenarlo. A lo anterior se suma el hecho que de la lectura de la sentencia aparece que en el proceso del establecimiento de los hechos los jueces del grado tuvieron presente las declaraciones de testigos y el contenido de los documentos que señalan, de lo que se desprende que, para modificar estos razonamientos resultaba necesario dar por infringidas las normas legales que se refieren a las pruebas antes referidas. OCTAVO: Que, de lo expuesto se infiere que el presente recurso de casación en el fondo se construye en contra de los hechos establecidos por los sentenciadores de mérito, por lo que deberá ser rechazado. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan, sin costas, los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el demandado a fojas 675, contra la sentencia de dos de septiembre de dos mil ocho, que se lee a fojas 670 y siguientes de estos antecedentes.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Redacción a cargo del Ministro señor Patricio Valdés Aldunate. Regístrese y devuélvase con sus agregados. N° 7.506–08. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., señor Roberto Jacob Ch., y el Abogado Integrante señor Rafael Gómez B. No firma el Ministro señor Valdés y el Abogado Integrante señor Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con licencia médica el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, 24 de diciembre de 2010. Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

Redacción a cargo del Ministro señor Patricio Valdés Aldunate. Regístrese y devuélvase con sus agregados. N° 7.506–08. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Rosa María Maggi D., Rosa Egnem S., señor Roberto Jacob Ch., y el Abogado Integrante señor Rafael Gómez B. No firma el Ministro señor Valdés y el Abogado Integrante señor Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con licencia médica el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, 24 de diciembre de 2010. Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, nueve de julio de dos mil diez. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que comparece don Mario Hernán López Gatica, jornal, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, oficina 1601, comuna de Santiago, quien demanda indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio ordinario del trabajo, en contra de su empleadora Construcciones Especializadas Ltda., empresa del giro de obras de ingeniería estructural y obras de construcción de obras públicas representada por don Alejandro Vicuña Montes, empresario, ambos domiciliados en calle Bustos N° 2057, comuna de Providencia. Señala que celebró contrato de trabajo con la demandada el 10 de septiembre de 2009, para desempeñar labor de jornal en la obra denominada Término reparación es entre PK 4260 a PK 6535 de la obra Conservación estructural Túnel y cola de maniobras, Línea 2 de Metro S.A., ubicada en la Región Metropolitana. Su remuneración ascendía a $ 200.000 mensual bruto. Y la labor consistía en realizar la reparación de la sobrelosa de la Línea 2 del metro de Santiago, específicamente en la Estación Ciudad del Niño, comuna de La Cisterna, por encargo de la empresa de Transportes Metro S.A. SEGUNDO: Que el demandante funda su acción en que el día 7 de octubre de 2009 ingresó a trabajar al turno de noche, que se iniciaba a las 21.30 horas, le ordenan subir sacos de hormigón desde el andén hasta el entrecielo del subterráneo, para tales labores contaban con un tecle automático que tiene incorporado un pallet que era la base que servía para colocar los sacos, cada saco pesaba 65 kilos aproximadamente, y aproximadamente a las 03.30 horas ya del día 8 de octubre de 2009, estando en el entrepiso, en el interior del túnel, junto a otros cuatro compañeros subiendo sacos de hormigón, específicamente estaba esperando la carretilla cargada para así retirar los sacos, pero el lugar estaba oscuro ya que no contaban con luz adicional a la del túnel, y mientras llegaba la carretilla con los sacos, la tomó para descargarla, su mano se enredó en el tecle y como el compañero que manejaba el tecle no lograba verlo por no haber luz en el lugar, apretó el botón para subir la carretilla, quedando atrapada su mano izquierda, gritó y fue auxiliado por sus compañeros que le ayudan a liberar su mano y es trasladado al Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Hace presente que días anteriores de su accidente, haciendo la misma función la piola del tecle se enredó en la rueda al quebrarse el pallet, debido a la gran cantidad de sacos que se colocaba, y para seguir trabajando con el tecle se colocó una especie de carretilla que sirviera de base para subir los sacos. Expresa que tal accidente da cuenta de la falta de cuidados y medidas de seguridad por parte de su empleadora, ya que los hacía trabajar con un procedimiento riesgoso al no haber luz en la zona donde debía trabajar; no existía procedimiento formal escrito o no escrito para subir los sacos de hormigón, utilizando un tecle en malas condiciones, lo que deja la posibilidad de accidentarse como algo sumamente probable; no recibiendo capacitación al respecto y no existiendo un procedimiento de trabajo seguro para desarrollar las funciones que realizaba al momento del accidente. La demandada no le proporcionó medidas adecuadas de seguridad para efectuar su trabajo, no existía señalética visible alguna de peligro o aviso de peligro y menos en el uso del tecle, nunca se le informó de los riesgos existentes al ejecutar dicha labor, y tomar las precauciones era obligación de su empleador, así como también supervisar todos los procedimientos de trabajo que debían efectuar día a día. En el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, se calificó el siniestro como un accidente del trabajo otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que franquea la ley Nº 16.7844. Sufrió lesión en la cápsula ligamentosa metacarpio falángica izquierda, específicamente dedos pulgar e índice, y un desforramiento de parte de la mano, lo que hasta el día de la demanda le causa gran dolor. Debido a las lesiones sufridas tiene dificultades para efectuar las labores más simples, ya que no puede efectuar

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 965-2010 Cita online: CL/JUR/16261/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 965-2010 Cita online: CL/JUR/16261/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, nueve de julio de dos mil diez. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que comparece don Mario Hernán López Gatica, jornal, domiciliado para estos efectos en calle Huérfanos N° 835, oficina 1601, comuna de Santiago, quien demanda indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio ordinario del trabajo, en contra de su empleadora Construcciones Especializadas Ltda., empresa del giro de obras de ingeniería estructural y obras de construcción de obras públicas representada por don Alejandro Vicuña Montes, empresario, ambos domiciliados en calle Bustos N° 2057, comuna de Providencia. Señala que celebró contrato de trabajo con la demandada el 10 de septiembre de 2009, para desempeñar labor de jornal en la obra denominada Término reparación es entre PK 4260 a PK 6535 de la obra Conservación estructural Túnel y cola de maniobras, Línea 2 de Metro S.A., ubicada en la Región Metropolitana. Su remuneración ascendía a $ 200.000 mensual bruto. Y la labor consistía en realizar la reparación de la sobrelosa de la Línea 2 del metro de Santiago, específicamente en la Estación Ciudad del Niño, comuna de La Cisterna, por encargo de la empresa de Transportes Metro S.A. SEGUNDO: Que el demandante funda su acción en que el día 7 de octubre de 2009 ingresó a trabajar al turno de noche, que se iniciaba a las 21.30 horas, le ordenan subir sacos de hormigón desde el andén hasta el entrecielo del subterráneo, para tales labores contaban con un tecle automático que tiene incorporado un pallet que era la base que servía para colocar los sacos, cada saco pesaba 65 kilos aproximadamente, y aproximadamente a las 03.30 horas ya del día 8 de octubre de 2009, estando en el entrepiso, en el interior del túnel, junto a otros cuatro compañeros subiendo sacos de hormigón, específicamente estaba esperando la carretilla cargada para así retirar los sacos, pero el lugar estaba oscuro ya que no contaban con luz adicional a la del túnel, y mientras llegaba la carretilla con los sacos, la tomó para descargarla, su mano se enredó en el tecle y como el compañero que manejaba el tecle no lograba verlo por no haber luz en el lugar, apretó el botón para subir la carretilla, quedando atrapada su mano izquierda, gritó y fue auxiliado por sus compañeros que le ayudan a liberar su mano y es trasladado al Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Hace presente que días anteriores de su accidente, haciendo la misma función la piola del tecle se enredó en la rueda al quebrarse el pallet, debido a la gran cantidad de sacos que se colocaba, y para seguir trabajando con el tecle se colocó una especie de carretilla que sirviera de base para subir los sacos. Expresa que tal accidente da cuenta de la falta de cuidados y medidas de seguridad por parte de su empleadora, ya que los hacía trabajar con un procedimiento riesgoso al no haber luz en la zona donde debía trabajar; no existía procedimiento formal escrito o no escrito para subir los sacos de hormigón, utilizando un tecle en malas condiciones, lo que deja la posibilidad de accidentarse como algo sumamente probable; no recibiendo capacitación al respecto y no existiendo un procedimiento de trabajo seguro para desarrollar las funciones que realizaba al momento del accidente. La demandada no le proporcionó medidas adecuadas de seguridad para efectuar su trabajo, no existía señalética visible alguna de peligro o aviso de peligro y menos en el uso del tecle, nunca se le informó de los riesgos existentes al ejecutar dicha labor, y tomar las precauciones era obligación de su empleador, así como también supervisar todos los procedimientos de trabajo que debían efectuar día a día. En el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, se calificó el siniestro como un accidente del trabajo otorgándole las prestaciones médicas de rigor y proporcionándole los subsidios por incapacidad laboral que franquea la ley Nº 16.7844. Sufrió lesión en la cápsula ligamentosa metacarpio falángica izquierda, específicamente dedos pulgar e índice, y un desforramiento de parte de la mano, lo que hasta el día de la demanda le causa gran dolor. Debido a las lesiones sufridas tiene dificultades para efectuar las labores más simples, ya que no puede efectuar

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ningún tipo de actividad que requiera fuerza o precisión con su mano izquierda, ya que sufre dolores permanentes. Tiene 51 años y con el producto de su trabajo mantenía a su familia. Refiere que por todo lo relatado ha sufrido perjuicio de sufrimiento y también perjuicio de agrado, ya que su oficio de jornal requiere tener ambas manos en perfectas condiciones para trabajar, ya que debe tomar materiales, utilizar máquinas, lo que requiere precisión y fuerza; y el daño físico y sicológico lo mantienen con una fuerte angustia, además las lesiones le han privado de las satisfacciones diversas de orden social, mundano y deportivas que normalmente benefician a un hombre de su edad y condición. TERCERO: Que el demandante agrega en su libelo pretensor que la demandada, en su calidad de empleadora, incurrió en incumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, que contempla la obligación de seguridad de sus trabajadores, obligación que nace como consecuencia del contrato de trabajo que lo liga con el trabajador, deber que tiene su origen en la protección de un bien jurídico superior como es la vida e integridad física de las personas, se trata de normas públicas, por ende irrenunciables y la empresa demandada es responsable del daño que el trabajador ha debido soportar al no mantener las condiciones de seguridad para evitar accidentes. Que el Código del Trabajo exige al empleador una conducta acuciosa, una diligencia mayor, exigencia que obedece no sólo a que está en juego el trabajo de un individuo sino que tiene que ver con un contenido de protección de la vida e integridad física y síquica. Y la demandada ha vulnerado otras normas laborales y de seguridad social que reflejan el incumplimiento de la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador. Y los artículos 66 a 68 de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establecen la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador, y en la especie la demandada ha incumplido las normas de prevención de riesgos precisas y normas sobre una adecuada u óptima capacitación e información de los riesgos de los trabajadores. Por lo que atendida la obligación de seguridad que pesa sobre el demandado, es responsable por su culpa levísima al no haber dado cumplimiento al principalísimo deber de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo. Además, el demandado debe implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, por lo que además ha infringido las normas del artículo 66 de la ley Nº 16.744; artículo 210 del Código del Trabajo, decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo Y previsión Social, en sus artículo 3°, 36, 37 43 y 53, en cuanto a suprimir todo factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores; tampoco cumplió las normas del decreto supremo N° 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto a Comité Paritario de Higiene y Seguridad; decreto supremo N° 40, de 1969, del referido Ministerio, en cuanto al Departamento de Prevención de riesgos. Señala que por lo expuesto, la infracción del artículo 184 del Código del Trabajo en que incurrió la demandada, da origen a su responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizar los daños provocados por su incumplimiento, cita normas legales y constitucionales al efecto, debiendo responder por los perjuicios causados, que comprenden en su caso el lucro cesante y el daño moral. Cita el artículo 1556 del Código Civil y señala que el lucro cesante consiste en la diferencia entre la entidad de su patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que sin él, ciertamente se hubiese obtenido o logrado, es decir, equivale a colocarlo en una situación análoga a la que existía con anterioridad ha ocurrido el accidente. Por lo que la indemnización por lucro cesante se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación de vejez. Por lo que considerando su remuneración estando en actividad ascendente a $ 200.000 mensuales, se multiplica por 12, para obtener la remuneración anual y esto por 14, que son los años que le quedan para jubilar, y ello da un total de $ 33.600.000, y se aplica de forma prudencial una disminución de su capacidad de ganancia, de un 40%, quedando en un total de $ 13.440.000, que es lo que demanda por tal concepto.

ningún tipo de actividad que requiera fuerza o precisión con su mano izquierda, ya que sufre dolores permanentes. Tiene 51 años y con el producto de su trabajo mantenía a su familia. Refiere que por todo lo relatado ha sufrido perjuicio de sufrimiento y también perjuicio de agrado, ya que su oficio de jornal requiere tener ambas manos en perfectas condiciones para trabajar, ya que debe tomar materiales, utilizar máquinas, lo que requiere precisión y fuerza; y el daño físico y sicológico lo mantienen con una fuerte angustia, además las lesiones le han privado de las satisfacciones diversas de orden social, mundano y deportivas que normalmente benefician a un hombre de su edad y condición. TERCERO: Que el demandante agrega en su libelo pretensor que la demandada, en su calidad de empleadora, incurrió en incumplimiento del artículo 184 del Código del Trabajo, que contempla la obligación de seguridad de sus trabajadores, obligación que nace como consecuencia del contrato de trabajo que lo liga con el trabajador, deber que tiene su origen en la protección de un bien jurídico superior como es la vida e integridad física de las personas, se trata de normas públicas, por ende irrenunciables y la empresa demandada es responsable del daño que el trabajador ha debido soportar al no mantener las condiciones de seguridad para evitar accidentes. Que el Código del Trabajo exige al empleador una conducta acuciosa, una diligencia mayor, exigencia que obedece no sólo a que está en juego el trabajo de un individuo sino que tiene que ver con un contenido de protección de la vida e integridad física y síquica. Y la demandada ha vulnerado otras normas laborales y de seguridad social que reflejan el incumplimiento de la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador. Y los artículos 66 a 68 de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establecen la obligación de prevención y seguridad que pesa sobre el empleador, y en la especie la demandada ha incumplido las normas de prevención de riesgos precisas y normas sobre una adecuada u óptima capacitación e información de los riesgos de los trabajadores. Por lo que atendida la obligación de seguridad que pesa sobre el demandado, es responsable por su culpa levísima al no haber dado cumplimiento al principalísimo deber de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo. Además, el demandado debe implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, por lo que además ha infringido las normas del artículo 66 de la ley Nº 16.744; artículo 210 del Código del Trabajo, decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio del Trabajo Y previsión Social, en sus artículo 3°, 36, 37 43 y 53, en cuanto a suprimir todo factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad de los trabajadores; tampoco cumplió las normas del decreto supremo N° 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto a Comité Paritario de Higiene y Seguridad; decreto supremo N° 40, de 1969, del referido Ministerio, en cuanto al Departamento de Prevención de riesgos. Señala que por lo expuesto, la infracción del artículo 184 del Código del Trabajo en que incurrió la demandada, da origen a su responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizar los daños provocados por su incumplimiento, cita normas legales y constitucionales al efecto, debiendo responder por los perjuicios causados, que comprenden en su caso el lucro cesante y el daño moral. Cita el artículo 1556 del Código Civil y señala que el lucro cesante consiste en la diferencia entre la entidad de su patrimonio tal como estaba al momento de producirse el accidente laboral y el que tendría por medio del aumento que no se ha realizado por causa directa de dicho accidente, y que sin él, ciertamente se hubiese obtenido o logrado, es decir, equivale a colocarlo en una situación análoga a la que existía con anterioridad ha ocurrido el accidente. Por lo que la indemnización por lucro cesante se encuentra representada por los emolumentos que dejará de percibir con ocasión de este accidente, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan entre esta fecha y el momento en que hubiere de cumplir 65 años de edad, fecha de previsible jubilación de vejez. Por lo que considerando su remuneración estando en actividad ascendente a $ 200.000 mensuales, se multiplica por 12, para obtener la remuneración anual y esto por 14, que son los años que le quedan para jubilar, y ello da un total de $ 33.600.000, y se aplica de forma prudencial una disminución de su capacidad de ganancia, de un 40%, quedando en un total de $ 13.440.000, que es lo que demanda por tal concepto. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que respecto al daño moral, que consiste en toda lesión, menoscabo, detrimento o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como en el caso presente lo es la diferencia perjudicial a la fecha del accidente, entre su condición antes de ello y con posterioridad a ello, quedando con su mano izquierda gravemente lesionada, ni siquiera la logra empuñar, utilizar de forma permanente una férula, no poder realizar actividad que requieran fuerza o precisión de su mano izquierda, lo que acarreara secuelas psicológicas y unido a ello los dolores crónicos que deberá soportar, por lo que por tal concepto demanda $ 90.000.000. Solicita tener por interpuesta la demanda y condenar a la demandada al pago de por indemnización por daño moral y por lucro cesante demandados o, en subsidio, las cantidades que por tales conceptos se determine de acuerdo a los antecedentes aportados y la justicia, equidad, todo ello con reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, con costas. CUARTO: Que la demandada, por su parte, notificada legalmente, contesta la demanda dentro de plazo, solicitando su rechazo, con costas. Señala que el demandante ingresó a prestar servicios para su representada el 10 de septiembre de 2009, desempeñándose en el cargo de jornal exclusivamente para la ejecución en la faena transitoria denominada término reparaciones entre PK 4260 a PK 6535 de la obra Conservación estructural túnel y cola de maniobras, línea 2 Metro S.A.. El demandante debía realizar sus funciones en las dependencias de túneles o vías de la red Metro S.A., y su jornada de trabajo se realizaba de 21.30 a 23.30 horas y de 00.000 a 05.30 horas, conforme a la disposición del mandante por razones que las vías debían encontrarse desenergizadas. Su remuneración ascendía a un sueldo base mensual de $ 165.000 más gratificación mensual. Añade que estando el demandante en su jornada específica y con fecha 8 de octubre de 2009, aproximadamente a las 03.30 horas, sufre un accidente de trabajo en su mano izquierda puesto que, desestimando las instrucciones recibidas y sin esperar la detención de equipo, tomó el cable del tecle eléctrico que se encontraba en movimiento, por el cual se subían sacos de 25 kilos de cemento con objeto de las reparaciones que se realizaban en el túnel de la línea 2, entre las estaciones Ciudad del Niño y Departamental del Metro. Niega que los sacos pesasen 65 kilos. Refiere que para facilitar el movimiento de los sacos con mezcla preparados con hormigón en seco ocupados para las reparaciones, se había instalado un tecla eléctrico con un capacidad para levantar 50 kilos sobre la losa y la maniobra consistía en cargar con cuatro sacos de mezcla, elevarlos hasta la losa, a una altura aproximada de cuatro metros, alcanzado el nivel y con el tecle detenido, girar el brazo del equipo con el capacho de carga donde iban los sacos hacia el área de trabajo, descargando los mismos. Y cuando el tecle se encontraba encendido y ascendiendo aún, el actor tomó el cable del tecle con su mano izquierda, llevándola hacia la polea de giro, momento en el cual se aprisionó temporalmente su mano izquierda, resultando con una compresión de la misma entre los dedos pulgar e índice, y alertado por el grito del trabajador, el operador del equipo señor Arturo Droguett, ubicado en el mismo nivel de trabajo del demandante, pero en sentido opuesto quedando el equipo entre ellos, detuvo de inmediato el movimiento de izaje, lo que también fue advertido por el supervisor directo en la obra, don Cristián Bolbarán, quien supervisaba desde la parte inferior de la losa. Niega la falta de luz en el lugar. Tal hecho es puesto en conocimiento del administrador de la obra señor Jaime Zúñiga, siendo derivado al Hospital de la Mutual de Seguridad, donde es observado por un enrojecimiento de la mano, no detectándose herida abierta alguna, otorgando la atención necesario, y reposo laboral hasta el 17 de marzo de 2010, fecha en que se otorga el alta médica definitiva por su incapacidad temporal, sin declarar grado de incapacidad residual y observación alguna, recibiendo el actor en dicho período, los subsidios por incapacidad temporal, cancelados por la Mutual de Seguridad. Añade que el 16 de noviembre de 2009 el actor es notificado del término de su contrato de trabajo, en razón de la conclusión del servicio o trabajo que dio origen al mismo, puesto que la obra para Metro S.A. concluía el 18 de noviembre de 2009. Expone que su representada tomó todas las medidas de seguridad respecto de las cuales el actor participó y recibió, se entregó el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, también los elementos de protección y seguridad tales como casco, guantes de seguridad, etc., se realizaron charla del derecho a saber e inducción del trabajador, charlas informativas, más aún, el mismo día del accidente se le im-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que respecto al daño moral, que consiste en toda lesión, menoscabo, detrimento o perturbación a un simple interés del que sea titular una persona, como en el caso presente lo es la diferencia perjudicial a la fecha del accidente, entre su condición antes de ello y con posterioridad a ello, quedando con su mano izquierda gravemente lesionada, ni siquiera la logra empuñar, utilizar de forma permanente una férula, no poder realizar actividad que requieran fuerza o precisión de su mano izquierda, lo que acarreara secuelas psicológicas y unido a ello los dolores crónicos que deberá soportar, por lo que por tal concepto demanda $ 90.000.000. Solicita tener por interpuesta la demanda y condenar a la demandada al pago de por indemnización por daño moral y por lucro cesante demandados o, en subsidio, las cantidades que por tales conceptos se determine de acuerdo a los antecedentes aportados y la justicia, equidad, todo ello con reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, con costas. CUARTO: Que la demandada, por su parte, notificada legalmente, contesta la demanda dentro de plazo, solicitando su rechazo, con costas. Señala que el demandante ingresó a prestar servicios para su representada el 10 de septiembre de 2009, desempeñándose en el cargo de jornal exclusivamente para la ejecución en la faena transitoria denominada término reparaciones entre PK 4260 a PK 6535 de la obra Conservación estructural túnel y cola de maniobras, línea 2 Metro S.A.. El demandante debía realizar sus funciones en las dependencias de túneles o vías de la red Metro S.A., y su jornada de trabajo se realizaba de 21.30 a 23.30 horas y de 00.000 a 05.30 horas, conforme a la disposición del mandante por razones que las vías debían encontrarse desenergizadas. Su remuneración ascendía a un sueldo base mensual de $ 165.000 más gratificación mensual. Añade que estando el demandante en su jornada específica y con fecha 8 de octubre de 2009, aproximadamente a las 03.30 horas, sufre un accidente de trabajo en su mano izquierda puesto que, desestimando las instrucciones recibidas y sin esperar la detención de equipo, tomó el cable del tecle eléctrico que se encontraba en movimiento, por el cual se subían sacos de 25 kilos de cemento con objeto de las reparaciones que se realizaban en el túnel de la línea 2, entre las estaciones Ciudad del Niño y Departamental del Metro. Niega que los sacos pesasen 65 kilos. Refiere que para facilitar el movimiento de los sacos con mezcla preparados con hormigón en seco ocupados para las reparaciones, se había instalado un tecla eléctrico con un capacidad para levantar 50 kilos sobre la losa y la maniobra consistía en cargar con cuatro sacos de mezcla, elevarlos hasta la losa, a una altura aproximada de cuatro metros, alcanzado el nivel y con el tecle detenido, girar el brazo del equipo con el capacho de carga donde iban los sacos hacia el área de trabajo, descargando los mismos. Y cuando el tecle se encontraba encendido y ascendiendo aún, el actor tomó el cable del tecle con su mano izquierda, llevándola hacia la polea de giro, momento en el cual se aprisionó temporalmente su mano izquierda, resultando con una compresión de la misma entre los dedos pulgar e índice, y alertado por el grito del trabajador, el operador del equipo señor Arturo Droguett, ubicado en el mismo nivel de trabajo del demandante, pero en sentido opuesto quedando el equipo entre ellos, detuvo de inmediato el movimiento de izaje, lo que también fue advertido por el supervisor directo en la obra, don Cristián Bolbarán, quien supervisaba desde la parte inferior de la losa. Niega la falta de luz en el lugar. Tal hecho es puesto en conocimiento del administrador de la obra señor Jaime Zúñiga, siendo derivado al Hospital de la Mutual de Seguridad, donde es observado por un enrojecimiento de la mano, no detectándose herida abierta alguna, otorgando la atención necesario, y reposo laboral hasta el 17 de marzo de 2010, fecha en que se otorga el alta médica definitiva por su incapacidad temporal, sin declarar grado de incapacidad residual y observación alguna, recibiendo el actor en dicho período, los subsidios por incapacidad temporal, cancelados por la Mutual de Seguridad. Añade que el 16 de noviembre de 2009 el actor es notificado del término de su contrato de trabajo, en razón de la conclusión del servicio o trabajo que dio origen al mismo, puesto que la obra para Metro S.A. concluía el 18 de noviembre de 2009. Expone que su representada tomó todas las medidas de seguridad respecto de las cuales el actor participó y recibió, se entregó el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, también los elementos de protección y seguridad tales como casco, guantes de seguridad, etc., se realizaron charla del derecho a saber e inducción del trabajador, charlas informativas, más aún, el mismo día del accidente se le im-

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parte el curso por su capataz y supervisor directo don Cristian Bolbarán respecto a trabajos en altura y usos de equipos y herramientas. Por lo que toda la instrucción e inducción que recibió era en base a su contrato de trabajo y reglamento interno. Respecto al accidente, el demandante y cuando el tecle se encontraba encendido y ascendiendo aún, tomó el cable con su mano, cuando los sacos ya estaban a nivel, con objeto de hacer girar el capacho hacia el interior y proceder a descargarlo, acción que estaba absolutamente prohibida conforme a la inducción entregada al actor incluso el mismo día, toda vez que dicha maniobra debía realizarse con el tecle apagado, momento en que debía tomarse el brazo del equipo, no el cable, con objeto de hacer girar el capacho y descargarlo; acción que se había realizado varias veces ya, en el mismo turno, de manera correcta y por consiguiente, sin accidente alguno. Que respecto a las normas legales y reglamentarias señaladas por la demandante como incumplidas por su parte, lo rechaza por cuanto ha dado íntegro, cabal y oportuno cumplimiento a la obligación de protección y seguridad del trabajador que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, por lo cual no concurren los presupuesto que permitan condenar a su representada al pago de indemnización de perjuicios. Expresa que el actor exige a su parte la indemnización por los daños provocados por el accidente del trabajo que lo afectó, con arreglo a las prescripciones del derecho común, y para ello es necesario que demuestre el trabajador la concurrencia de las causales, que con arreglo al mismo, autorizan imputarle la responsabilidad que se le atribuye. Y su parte ha dado cumplimiento al deber de protección que el artículo 184 aludido impone al empleador, adoptando todas y cada una de las medidas de seguridad que permiten dar íntegro cumplimiento al deber de protección o seguridad y en este caso el actor ya había sido instruido en diversas charlas de seguridad, había recibido sus implementos de seguridad, contaba con la entrega y capacitación de su reglamento interno de higiene y seguridad, entre otros. Además, tal deber de protección tiene una contraparte que es el trabajador respecto del cual concurren dos obligaciones básicas, por un lado, dar estricto y oportuno cumplimiento a las medidas de seguridad que el empleador adoptó; y, por otro, realizar todas aquellas acciones que la lógica y el sentido común le requieran para superar las contingencias a que se vea enfrentado en el cumplimiento de sus labores, como un complemento a las medidas de seguridad adoptadas por el empleador. Por ende, al trabajador le corresponde desplegar una diligencia mínima en el desempeño de sus funciones, lo contrario significaría que aun cuando el trabajador se exponga imprudentemente al daño, el empleador deberá responder de los daños causados. En relación a la supuesta infracción por no contar con Comité Paritario, su parte no ha tenido más de 25 trabajadores dependientes al momento del accidente, por ende no ha infringido norma alguna al efecto; respecto a la obligación de tener un Departamento de Prevención de Riesgos, se contó con la asistencia de un experto en prevención de riesgos a tiempo parcial, sin perjuicio que la ley no le obligaba a tener dicho departamento, porque el mismo es obligatorio para empresas de 100 o más trabajadores, cuyo no es su caso. Sí contaba con reglamento interno de higiene y seguridad al día y entregado al demandante a la época del accidente; además su parte de acuerdo a las medidas de seguridad seguía el control de la Inspección Técnica de obras designada por el mandante. En relación a las señalizaciones de vías de escape, condición de riesgo, etc., sin perjuicio de no tener injerencia alguna en el accidente denunciado, las señalizaciones eran conforme al mandante y su normativa interna, cumpliendo cabalmente con ello, además de proporcionar al trabajador todos y cada uno de los elementos de protección necesarios. Respecto al lucro cesante demandado, señala que el mismo es improcedente por cuanto se basa en un supuesto de eventualidad, cual es que se mantendrá vigente el contrato individual de trabajo con la empresa hasta la edad que indica el demandante, en circunstancias que la naturaleza del vínculo laboral que unía a las partes era absolutamente temporal, hasta la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, lo cual ocurrió el 18 de noviembre de 2009, siendo absolutamente improcedente tal petición, máxime si el actor fue beneficiario directo de los subsidios por incapacidad laboral cancelado por la Mutual de seguridad, hasta recibir su alta médica. Respecto al daño moral demandado, es improcedente, en especial por el monto solicitado, además que la prueba sobre la existencia del mismo recae en el demandante, toda vez que su parte desconoce tanto la existencia del daño como su envergadura. Y en el caso que se estime que existió un origen de

parte el curso por su capataz y supervisor directo don Cristian Bolbarán respecto a trabajos en altura y usos de equipos y herramientas. Por lo que toda la instrucción e inducción que recibió era en base a su contrato de trabajo y reglamento interno. Respecto al accidente, el demandante y cuando el tecle se encontraba encendido y ascendiendo aún, tomó el cable con su mano, cuando los sacos ya estaban a nivel, con objeto de hacer girar el capacho hacia el interior y proceder a descargarlo, acción que estaba absolutamente prohibida conforme a la inducción entregada al actor incluso el mismo día, toda vez que dicha maniobra debía realizarse con el tecle apagado, momento en que debía tomarse el brazo del equipo, no el cable, con objeto de hacer girar el capacho y descargarlo; acción que se había realizado varias veces ya, en el mismo turno, de manera correcta y por consiguiente, sin accidente alguno. Que respecto a las normas legales y reglamentarias señaladas por la demandante como incumplidas por su parte, lo rechaza por cuanto ha dado íntegro, cabal y oportuno cumplimiento a la obligación de protección y seguridad del trabajador que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, por lo cual no concurren los presupuesto que permitan condenar a su representada al pago de indemnización de perjuicios. Expresa que el actor exige a su parte la indemnización por los daños provocados por el accidente del trabajo que lo afectó, con arreglo a las prescripciones del derecho común, y para ello es necesario que demuestre el trabajador la concurrencia de las causales, que con arreglo al mismo, autorizan imputarle la responsabilidad que se le atribuye. Y su parte ha dado cumplimiento al deber de protección que el artículo 184 aludido impone al empleador, adoptando todas y cada una de las medidas de seguridad que permiten dar íntegro cumplimiento al deber de protección o seguridad y en este caso el actor ya había sido instruido en diversas charlas de seguridad, había recibido sus implementos de seguridad, contaba con la entrega y capacitación de su reglamento interno de higiene y seguridad, entre otros. Además, tal deber de protección tiene una contraparte que es el trabajador respecto del cual concurren dos obligaciones básicas, por un lado, dar estricto y oportuno cumplimiento a las medidas de seguridad que el empleador adoptó; y, por otro, realizar todas aquellas acciones que la lógica y el sentido común le requieran para superar las contingencias a que se vea enfrentado en el cumplimiento de sus labores, como un complemento a las medidas de seguridad adoptadas por el empleador. Por ende, al trabajador le corresponde desplegar una diligencia mínima en el desempeño de sus funciones, lo contrario significaría que aun cuando el trabajador se exponga imprudentemente al daño, el empleador deberá responder de los daños causados. En relación a la supuesta infracción por no contar con Comité Paritario, su parte no ha tenido más de 25 trabajadores dependientes al momento del accidente, por ende no ha infringido norma alguna al efecto; respecto a la obligación de tener un Departamento de Prevención de Riesgos, se contó con la asistencia de un experto en prevención de riesgos a tiempo parcial, sin perjuicio que la ley no le obligaba a tener dicho departamento, porque el mismo es obligatorio para empresas de 100 o más trabajadores, cuyo no es su caso. Sí contaba con reglamento interno de higiene y seguridad al día y entregado al demandante a la época del accidente; además su parte de acuerdo a las medidas de seguridad seguía el control de la Inspección Técnica de obras designada por el mandante. En relación a las señalizaciones de vías de escape, condición de riesgo, etc., sin perjuicio de no tener injerencia alguna en el accidente denunciado, las señalizaciones eran conforme al mandante y su normativa interna, cumpliendo cabalmente con ello, además de proporcionar al trabajador todos y cada uno de los elementos de protección necesarios. Respecto al lucro cesante demandado, señala que el mismo es improcedente por cuanto se basa en un supuesto de eventualidad, cual es que se mantendrá vigente el contrato individual de trabajo con la empresa hasta la edad que indica el demandante, en circunstancias que la naturaleza del vínculo laboral que unía a las partes era absolutamente temporal, hasta la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, lo cual ocurrió el 18 de noviembre de 2009, siendo absolutamente improcedente tal petición, máxime si el actor fue beneficiario directo de los subsidios por incapacidad laboral cancelado por la Mutual de seguridad, hasta recibir su alta médica. Respecto al daño moral demandado, es improcedente, en especial por el monto solicitado, además que la prueba sobre la existencia del mismo recae en el demandante, toda vez que su parte desconoce tanto la existencia del daño como su envergadura. Y en el caso que se estime que existió un origen de ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

daño moral, la valoración del mismo es absolutamente desproporcionada, por cuanto la indemnización de perjuicios tiene un carácter resarcitorio, otorgado a la víctima par aminorar las consecuencias de un dolor de orden moral, asimismo se ha señalado que no puede considerarse tal indemnización con un carácter compensatorio desde el momento que el dolor no es compensable. Por todo lo expuesto, solicita tener por contestada la demanda, solicitando su total e íntegro rechazo, con expresa y ejemplar condena en constas, en su defecto, rebajar a la cantidad menos que se determine. QUINTO: Que en la audiencia preparatoria, instancia a la que concurren ambas partes, después de efectuado el llamado a conciliación, que no prospera, se fijaron como hechos a probar los siguientes: (1) forma y circunstancia en que se produce el accidente del trabajo; (2) medidas de seguridad de carácter preventivo y de control adoptadas por la demandada en la faena; (3) daño sufrido por el demandante a consecuencia del accidente del trabajo; y, (4) monto de la remuneración del actor y existencia de pérdida de ganancia como consecuencia directa de la lesión. SEXTO: Que el demandante, en la audiencia de juicio, incorporó los siguientes medios probatorios, ofrecidos y declarados admisibles en la preparatoria: A. Documental que hizo consistir en: 1. Contrato de trabajo de fecha 10 de septiembre de 2008 celebrado entre las partes. 2. Carta de notificación de término de contrato de trabajo dirigida al actor de fecha 16 de noviembre de 2009. 3. Informe médico de lesiones del actor emitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 25 de enero de 2010. 4. 2 ordenes médicas de reposo laboral emitidas por el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 26 de noviembre de 2009 y 17 de marzo de 2010. 5. Certificado de término de reposo laboral, emitido Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 17 de marzo de 2010. 6. 2 citaciones médicas emitidas por el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 23 de octubre y 02 de diciembre de 2009. 7. Evaluación psicológica realizada al demandante por la Psicóloga María José Martínez Sepúlveda con fecha 22 de marzo de 2010, se adjunta currículo de la profesional. 8. Fotocopia carné de identidad del actor. 9. Set de 3 fotografías de la mano izquierda del actor que da cuenta de la lesión. 10. Comunicación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción la que indica que el demandante será citado dentro de 25 días a la Comisión de Evaluación de Incapacidad por accidente del trabajo. B. Además, incorporó el informe pericial médico y la declaración del perito, doctor Carlos Jorquera Jaramillo, registrada en audio, quien ratifica el informe pericial incorporado consistente en peritaje médico traumatológico (especialidad mano) al demandante para determinar la gravedad y secuelas de las lesiones sufridas con ocasión del accidente del trabajo; determinar la pérdida de funcionalidad del órgano (transitoria o definitiva) y el grado de incapacidad. Declara que el actor tiene una condición que puede tener un carácter evolutivo menor, pero más bien secular producto de un evento que es complicación de traumatismo, no es una secuela en sí de traumatismo sino que de una enfermedad postraumática que recibe diferentes nombres y el más usado es Síndrome de dolor regional complejo (o distrofia simpática refleja), cuadro en el cual se sabe bastantes sobre síntomas y signos, pero muy poco sobre su génesis, ya que no hay relación entre magnitud del traumatismo para que se produzca la lesión: Añade que lo que vio en su evaluación fue los signos o síntomas de este síndrome o distrofia simpática refleja caracterizado especialmente por edema, hinchazón muy importante de la mano, rigidez en los dedos, dolor a la movilización tanto activa como pasiva de los dedos y signos menores, vilorección (vellos de los dedos erectos), condición más relevante que encontró al momento de la evaluación; en cuanto huella traumática ya queda poco que no sea está complicación postraumática. Respecto a tiempo de recuperación, con la complicación señalada, dejado a evolución natural, por lo menos un año y que en todo caso va a dejar secuelas: rigidez, limitación de rango de movilidad y en alguna medida dolor permanente.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

daño moral, la valoración del mismo es absolutamente desproporcionada, por cuanto la indemnización de perjuicios tiene un carácter resarcitorio, otorgado a la víctima par aminorar las consecuencias de un dolor de orden moral, asimismo se ha señalado que no puede considerarse tal indemnización con un carácter compensatorio desde el momento que el dolor no es compensable. Por todo lo expuesto, solicita tener por contestada la demanda, solicitando su total e íntegro rechazo, con expresa y ejemplar condena en constas, en su defecto, rebajar a la cantidad menos que se determine. QUINTO: Que en la audiencia preparatoria, instancia a la que concurren ambas partes, después de efectuado el llamado a conciliación, que no prospera, se fijaron como hechos a probar los siguientes: (1) forma y circunstancia en que se produce el accidente del trabajo; (2) medidas de seguridad de carácter preventivo y de control adoptadas por la demandada en la faena; (3) daño sufrido por el demandante a consecuencia del accidente del trabajo; y, (4) monto de la remuneración del actor y existencia de pérdida de ganancia como consecuencia directa de la lesión. SEXTO: Que el demandante, en la audiencia de juicio, incorporó los siguientes medios probatorios, ofrecidos y declarados admisibles en la preparatoria: A. Documental que hizo consistir en: 1. Contrato de trabajo de fecha 10 de septiembre de 2008 celebrado entre las partes. 2. Carta de notificación de término de contrato de trabajo dirigida al actor de fecha 16 de noviembre de 2009. 3. Informe médico de lesiones del actor emitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 25 de enero de 2010. 4. 2 ordenes médicas de reposo laboral emitidas por el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 26 de noviembre de 2009 y 17 de marzo de 2010. 5. Certificado de término de reposo laboral, emitido Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 17 de marzo de 2010. 6. 2 citaciones médicas emitidas por el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de fecha 23 de octubre y 02 de diciembre de 2009. 7. Evaluación psicológica realizada al demandante por la Psicóloga María José Martínez Sepúlveda con fecha 22 de marzo de 2010, se adjunta currículo de la profesional. 8. Fotocopia carné de identidad del actor. 9. Set de 3 fotografías de la mano izquierda del actor que da cuenta de la lesión. 10. Comunicación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción la que indica que el demandante será citado dentro de 25 días a la Comisión de Evaluación de Incapacidad por accidente del trabajo. B. Además, incorporó el informe pericial médico y la declaración del perito, doctor Carlos Jorquera Jaramillo, registrada en audio, quien ratifica el informe pericial incorporado consistente en peritaje médico traumatológico (especialidad mano) al demandante para determinar la gravedad y secuelas de las lesiones sufridas con ocasión del accidente del trabajo; determinar la pérdida de funcionalidad del órgano (transitoria o definitiva) y el grado de incapacidad. Declara que el actor tiene una condición que puede tener un carácter evolutivo menor, pero más bien secular producto de un evento que es complicación de traumatismo, no es una secuela en sí de traumatismo sino que de una enfermedad postraumática que recibe diferentes nombres y el más usado es Síndrome de dolor regional complejo (o distrofia simpática refleja), cuadro en el cual se sabe bastantes sobre síntomas y signos, pero muy poco sobre su génesis, ya que no hay relación entre magnitud del traumatismo para que se produzca la lesión: Añade que lo que vio en su evaluación fue los signos o síntomas de este síndrome o distrofia simpática refleja caracterizado especialmente por edema, hinchazón muy importante de la mano, rigidez en los dedos, dolor a la movilización tanto activa como pasiva de los dedos y signos menores, vilorección (vellos de los dedos erectos), condición más relevante que encontró al momento de la evaluación; en cuanto huella traumática ya queda poco que no sea está complicación postraumática. Respecto a tiempo de recuperación, con la complicación señalada, dejado a evolución natural, por lo menos un año y que en todo caso va a dejar secuelas: rigidez, limitación de rango de movilidad y en alguna medida dolor permanente.

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C. Incorporó los siguientes oficios, solicitados en la preparatoria: De la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, de 17 de mayo de 2010, señalando que el trabajador demandante fue evaluado de las secuelas por la Comisión Médica de la Mutual fijando una incapacidad de 10% según Resolución N° 2010 0296, de 6 de mayo de 2010; y adjunta Informe Médico CEIAT, de 12 de abril de 2010, en el que se indica el diagnóstico clínico definitivo: esguince MTC F dedo pulgar izquierdo y distrofia simpática refleja mano izquierda; que hay presencia de secuelas según examen clínico e imagenología; y los tratamientos efectuados: tratamiento ortopédico de su lesión de pulgar izquierdo; inmovilización con yeso APB con pulgar; kinesioterapia y terapia ocupacional, guante SEC; y las secuelas Por distrofia simpática refleja: edema crónico de mazo izquierda y no logra puño por limitación parcial de la movilidad de todos los dedos de la mano izquierda De la Inspección comunal del Trabajo de Santiago Sur, de 7 de mayo de 2010, que informa que la demandada no registra fiscalizaciones ingresadas en su sistema. De la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, Ordinario N° 3643 de 3 de mayo de 2010, que expone que revisada su base de datos en la fecha del accidente y hasta la fecha, no fue posible encontrar antecedentes que digan relación con el accidente laboral del demandante. De Metro S.A., de 19 de mayo de 2010, que informa que durante el mes de octubre de 2009 no hubo accidentes en sus dependencias que se relacionen con el caso de autos, lo que se desprende del informe mensual de control de riesgos de empresas contratistas, adjuntando el informe del Proyecto 1505 Conservación estructural túnel y cola de maniobras, línea 2, emitido por don Víctor Rodríguez Opazo, Inspector Técnico de obras, de 28 de octubre de 2009. D. Solicitó y obtuvo exhibición de documentos de la demandada consistentes: 1. Copia de las Instrucciones y procedimientos escritos con que contaba el actor para las labores de cumplía el día que sufrió el accidente, debidamente firmado por el demandante (incorporado como documental por demandada) 2. Copia de la declaración individual de accidente el trabajo presentada ante la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción (incorporado como documental por demandada) 3. Libro de remuneraciones de los trabajadores de la demandada al mes del accidente de autos, esto es octubre de 2009. Respecto de Copia de la declaración individual de accidente el trabajo correspondiente a la demandante presentada ante la Inspección del Trabajo y a la Seremi respectivos, según lo dispone la circular N° 2345 de 2007 y artículo 76 de la ley Nº 16.744, no se exhiben por no existir los mismos. E. Confesional de don Enrique Alberto Suazo Bonnebas, representante legal de la demandada, cuya declaración consta en registro de audio. F. Testimonial consistente en las declaraciones de Juan Gabriel Moreno Orellana, Leonardo Alberto Duccase Ruz, y Maria José Martínez Sepúlveda, cuyos testimonios constan en el registro de audio. SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada incorporó en la audiencia de juicio, para acreditar sus defensas, prueba ofrecida y declarada admisible en la preparatoria, consistente en: A. Documental: 1. Set de fotografías a color, que ilustran respecto a la posición del trabajador al momento del accidente. Posteriores al accidente. 2. Set de fotos a color de la iluminación en el lugar del accidente y entrada a las vías o túneles. Posteriores al accidente. 3. Certificado de entrega de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad suscrito por el demandante, con fecha 10 de septiembre de 2009. 4. Copia del Reglamente entregado al demandante. 5. Certificado de entrega de elementos de protección personal, suscrito por el demandante con fecha 10 de septiembre de 2009. 6. Charla de derecho a saber. Inducción de Trabajador nuevo, respecto a la inducción sobre definiciones y riesgos específicos en materia de la prevención de riesgos. Copias simples charla respecto a implementos de seguridad y accesos a vías, suscrito por el actor con fecha 02 de octubre de 2009. (objeto pericia)

C. Incorporó los siguientes oficios, solicitados en la preparatoria: De la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, de 17 de mayo de 2010, señalando que el trabajador demandante fue evaluado de las secuelas por la Comisión Médica de la Mutual fijando una incapacidad de 10% según Resolución N° 2010 0296, de 6 de mayo de 2010; y adjunta Informe Médico CEIAT, de 12 de abril de 2010, en el que se indica el diagnóstico clínico definitivo: esguince MTC F dedo pulgar izquierdo y distrofia simpática refleja mano izquierda; que hay presencia de secuelas según examen clínico e imagenología; y los tratamientos efectuados: tratamiento ortopédico de su lesión de pulgar izquierdo; inmovilización con yeso APB con pulgar; kinesioterapia y terapia ocupacional, guante SEC; y las secuelas Por distrofia simpática refleja: edema crónico de mazo izquierda y no logra puño por limitación parcial de la movilidad de todos los dedos de la mano izquierda De la Inspección comunal del Trabajo de Santiago Sur, de 7 de mayo de 2010, que informa que la demandada no registra fiscalizaciones ingresadas en su sistema. De la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, Ordinario N° 3643 de 3 de mayo de 2010, que expone que revisada su base de datos en la fecha del accidente y hasta la fecha, no fue posible encontrar antecedentes que digan relación con el accidente laboral del demandante. De Metro S.A., de 19 de mayo de 2010, que informa que durante el mes de octubre de 2009 no hubo accidentes en sus dependencias que se relacionen con el caso de autos, lo que se desprende del informe mensual de control de riesgos de empresas contratistas, adjuntando el informe del Proyecto 1505 Conservación estructural túnel y cola de maniobras, línea 2, emitido por don Víctor Rodríguez Opazo, Inspector Técnico de obras, de 28 de octubre de 2009. D. Solicitó y obtuvo exhibición de documentos de la demandada consistentes: 1. Copia de las Instrucciones y procedimientos escritos con que contaba el actor para las labores de cumplía el día que sufrió el accidente, debidamente firmado por el demandante (incorporado como documental por demandada) 2. Copia de la declaración individual de accidente el trabajo presentada ante la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción (incorporado como documental por demandada) 3. Libro de remuneraciones de los trabajadores de la demandada al mes del accidente de autos, esto es octubre de 2009. Respecto de Copia de la declaración individual de accidente el trabajo correspondiente a la demandante presentada ante la Inspección del Trabajo y a la Seremi respectivos, según lo dispone la circular N° 2345 de 2007 y artículo 76 de la ley Nº 16.744, no se exhiben por no existir los mismos. E. Confesional de don Enrique Alberto Suazo Bonnebas, representante legal de la demandada, cuya declaración consta en registro de audio. F. Testimonial consistente en las declaraciones de Juan Gabriel Moreno Orellana, Leonardo Alberto Duccase Ruz, y Maria José Martínez Sepúlveda, cuyos testimonios constan en el registro de audio. SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada incorporó en la audiencia de juicio, para acreditar sus defensas, prueba ofrecida y declarada admisible en la preparatoria, consistente en: A. Documental: 1. Set de fotografías a color, que ilustran respecto a la posición del trabajador al momento del accidente. Posteriores al accidente. 2. Set de fotos a color de la iluminación en el lugar del accidente y entrada a las vías o túneles. Posteriores al accidente. 3. Certificado de entrega de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad suscrito por el demandante, con fecha 10 de septiembre de 2009. 4. Copia del Reglamente entregado al demandante. 5. Certificado de entrega de elementos de protección personal, suscrito por el demandante con fecha 10 de septiembre de 2009. 6. Charla de derecho a saber. Inducción de Trabajador nuevo, respecto a la inducción sobre definiciones y riesgos específicos en materia de la prevención de riesgos. Copias simples charla respecto a implementos de seguridad y accesos a vías, suscrito por el actor con fecha 02 de octubre de 2009. (objeto pericia) ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

7. Charla respecto a orden, aseo e ingreso a vías, suscrito por el actor con fecha 06 de octubre de 2009 (objeto pericia) 8. Copia simple charla respecto a trabajos en altura y usos de equipos y herramientas, suscrito por el actor con fecha 08 de octubre de 2009. Lo anterior con la respectiva descripción de la charla de ese día del accidente. (objeto pericia) 9. Contrato de trabajo del actor suscrito con fecha 10 d septiembre del año 2009. 10. Informe de accidente del trabajo realizado y suscrito por el jefe del Departamento de Obras Sr. Jaime Zúñiga, de 10 de octubre de 2009. 11. Declaración individual de accidente del trabajo, de 10 de octubre de 2009. 12. Certificado de término de reposo laboral, de 17 de marzo de 2010. 13. Liquidación de sueldo del actor suscrita por él, correspondiente al mes de septiembre de 2009. 14. Carta certificada enviada al actor con fecha 16 de noviembre de 2009, comunicando el término de los servicios, por conclusión del servicio que dio origen al contrato. 15. Proyecto de finiquito de contrato de trabajo, de 18 de noviembre de 2009. 16. Guías de compra de sacos Préssec (PO2 SA25) de 25 kilos de fecha 17 de septiembre. 07 de octubre, 30 de octubre y 06 de noviembre de 2009. 17. Aditivo de cierre, obra conservación estructura túnel y cola de maniobras La Cisterna, línea 2 Metro de Santiago con fecha 12 de noviembre del año 2009. 18. Comprobante de movimiento de bodega de fecha 07 de agosto de 2009, despacho a bodegas túnel cola cisterna línea 2 de foco halógeno de 1500 W. 19. Libro de asistencia septiembre de 2009. 20. Certificado de Inspección del Trabajo periodo septiembre del año 2009, respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la demandada. 21. 3 Contratos y finiquitos de trabajadores desvinculados en octubre de 2009. 22. 4 Contratos y finiquitos de trabajadores desvinculados posteriormente del accidente. B. Incorporación de oficio del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad, con la historia cronológica del actor a raíz del accidente realizada en esa Mutual y certificado con subsidios percibidos por el actor producto del accidente y otros antecedes. C. Confesional de don Mario Hernán López Gatica, demandante de autos, que consta en registro de audio. D. Testimonial consistente en las declaraciones de Jaime Zúñiga Vergara, Víctor Rodríguez Opazo, Cristian Bolbarán González, y Alfredo Layseca Camacho, que constan en registro de audio. OCTAVO: Que la parte demandante objeto por falsedad en la firma los documentos signados con los N°s 7, 8 y 9, incorporados por la demandada, consistentes en original de Curso y Talleres Internos, charla sobre orden y aseo e ingreso a vía, de 6 de octubre de 2009; copias simples de charla respecto a implementos de seguridad y accesos a vías, de fecha 02 de octubre de 2009 y charla respecto a orden, aseo e ingreso a vías, de fecha 06 de octubre de 2009. Que en la audiencia preparatoria se fijó como hecho a probar al efecto la autenticidad de las firmas atribuidas al demandante que constan en tales documentos, ofreciendo e la demandante como prueba, peritaje caligráfico y declaración del perito designado por el tribunal, a quien se le entregó como material de comparación, la firma puesta en el contrato de trabajo ofrecido por la parte demandada y documento de charla derecho a saber. Incorporándose en la audiencia de juicio el peritaje efectuado por el perito designado don Mario Carrasco Pacheco y su declaración, que consta en registro audio. NOVENO: Que los informes periciales caligráficos son incorporados y ratificados por el perito señalado, quien señala que respecto del documento en original correspondiente a Cursos y talleres internos, de la demandada, sobre Charla respecto a orden, aseo e ingreso a vías, que aparece suscrito por el actor con fecha 06 de octubre de 2009, y signado con el N° 8 de la prueba documental de la demandada, la firma estampada en él y atribuida al actor es falsa, ello por cuanto luego del estudio físico del documento, en el cual no se aprecia maniobra o acción sobre el mismo atribuible a manipulación fraudulenta, del análisis pericial para lo cual se emplearon instrumentos especializados según aparece además del informe pericial, cotejados con otros indubitados, y análisis extrínseco e intrínseco del mismo que mira

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

7. Charla respecto a orden, aseo e ingreso a vías, suscrito por el actor con fecha 06 de octubre de 2009 (objeto pericia) 8. Copia simple charla respecto a trabajos en altura y usos de equipos y herramientas, suscrito por el actor con fecha 08 de octubre de 2009. Lo anterior con la respectiva descripción de la charla de ese día del accidente. (objeto pericia) 9. Contrato de trabajo del actor suscrito con fecha 10 d septiembre del año 2009. 10. Informe de accidente del trabajo realizado y suscrito por el jefe del Departamento de Obras Sr. Jaime Zúñiga, de 10 de octubre de 2009. 11. Declaración individual de accidente del trabajo, de 10 de octubre de 2009. 12. Certificado de término de reposo laboral, de 17 de marzo de 2010. 13. Liquidación de sueldo del actor suscrita por él, correspondiente al mes de septiembre de 2009. 14. Carta certificada enviada al actor con fecha 16 de noviembre de 2009, comunicando el término de los servicios, por conclusión del servicio que dio origen al contrato. 15. Proyecto de finiquito de contrato de trabajo, de 18 de noviembre de 2009. 16. Guías de compra de sacos Préssec (PO2 SA25) de 25 kilos de fecha 17 de septiembre. 07 de octubre, 30 de octubre y 06 de noviembre de 2009. 17. Aditivo de cierre, obra conservación estructura túnel y cola de maniobras La Cisterna, línea 2 Metro de Santiago con fecha 12 de noviembre del año 2009. 18. Comprobante de movimiento de bodega de fecha 07 de agosto de 2009, despacho a bodegas túnel cola cisterna línea 2 de foco halógeno de 1500 W. 19. Libro de asistencia septiembre de 2009. 20. Certificado de Inspección del Trabajo periodo septiembre del año 2009, respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la demandada. 21. 3 Contratos y finiquitos de trabajadores desvinculados en octubre de 2009. 22. 4 Contratos y finiquitos de trabajadores desvinculados posteriormente del accidente. B. Incorporación de oficio del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad, con la historia cronológica del actor a raíz del accidente realizada en esa Mutual y certificado con subsidios percibidos por el actor producto del accidente y otros antecedes. C. Confesional de don Mario Hernán López Gatica, demandante de autos, que consta en registro de audio. D. Testimonial consistente en las declaraciones de Jaime Zúñiga Vergara, Víctor Rodríguez Opazo, Cristian Bolbarán González, y Alfredo Layseca Camacho, que constan en registro de audio. OCTAVO: Que la parte demandante objeto por falsedad en la firma los documentos signados con los N°s 7, 8 y 9, incorporados por la demandada, consistentes en original de Curso y Talleres Internos, charla sobre orden y aseo e ingreso a vía, de 6 de octubre de 2009; copias simples de charla respecto a implementos de seguridad y accesos a vías, de fecha 02 de octubre de 2009 y charla respecto a orden, aseo e ingreso a vías, de fecha 06 de octubre de 2009. Que en la audiencia preparatoria se fijó como hecho a probar al efecto la autenticidad de las firmas atribuidas al demandante que constan en tales documentos, ofreciendo e la demandante como prueba, peritaje caligráfico y declaración del perito designado por el tribunal, a quien se le entregó como material de comparación, la firma puesta en el contrato de trabajo ofrecido por la parte demandada y documento de charla derecho a saber. Incorporándose en la audiencia de juicio el peritaje efectuado por el perito designado don Mario Carrasco Pacheco y su declaración, que consta en registro audio. NOVENO: Que los informes periciales caligráficos son incorporados y ratificados por el perito señalado, quien señala que respecto del documento en original correspondiente a Cursos y talleres internos, de la demandada, sobre Charla respecto a orden, aseo e ingreso a vías, que aparece suscrito por el actor con fecha 06 de octubre de 2009, y signado con el N° 8 de la prueba documental de la demandada, la firma estampada en él y atribuida al actor es falsa, ello por cuanto luego del estudio físico del documento, en el cual no se aprecia maniobra o acción sobre el mismo atribuible a manipulación fraudulenta, del análisis pericial para lo cual se emplearon instrumentos especializados según aparece además del informe pericial, cotejados con otros indubitados, y análisis extrínseco e intrínseco del mismo que mira

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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a la espontaneidad, velocidad de escritura y presión ejercida, grosor de los trazos, continuidad, orientación, inclinación, diagramación, etc., indica que el predominio de diferencias por sobre las semejanzas y la valoración técnica que tales factores tienen, determinan que la firma dubitada no fue realizada por el actor. Que la conclusión emitida en el informe pericial es confirmada por el perito caligráfico, quien expone latamente la forma de llevar a efecto tal cometido según la lex artis de su especialidad, sin que ello fuera desvirtuado por la contraria, es suficiente para acoger la objeción formulada por la demandante respecto del documento referido, atendida la falsedad de la firma estampada en él respecto del demandante, no considerando el mismo para ningún efecto. DÉCIMO: Que respecto a los otros dos documentos dubitados, esto es, cursos y talleres internos, charla respecto a implementos de seguridad y accesos a vías, de fecha 02 de octubre de 2009 y Charla respecto a trabajos en altura y usos de equipos y herramientas, de fecha 08 de octubre de 2009, en el informe pericial y en la declaración del perito se indica que existen presunciones técnicas que la firma atribuida en el de 2 de octubre es auténtica y en la de 8 de octubre es falsa, haciendo presente en todo caso que por la condición de fotocopia de tales documentos, no es posible hacer observaciones macromicrocóspicas sobre el trazado de cada elemento constitutivo a fin de determinar su movimiento, entre otros aspectos técnicos importantes para establecer su autenticidad. Que atendido lo expuesto se rechaza la objeción por falsedad en la firma de tales instrumentos, por cuanto no se puede determinar en forma fehaciente su autenticidad o falsedad, no son los originales, ello sin perjuicio del valor probatorio que se les pueda asignar. UNDÉCIMO: Que el demandado para acreditar que tomó todas las medidas de seguridad para evitar accidentes en la obra, presentó la documental pormenorizada en el motivo séptimo. Además de la confesional del demandante don Mario López Gatica, quien declara que el día del accidente había baja luz, estaba trabajando en la sobrelosa, el tecle no estaba anclado, lo amarraron con alambre, después con cordel y los sacos igual se iban para allá y el supervisor, don Jaime, para que no tocaran los sacos en el metro, le dice que coloque su mano y vaya corriendo la carretilla para que no resquebrajara la losa. Que trabajó antes para la demandada en la Catedral de Santiago, como jornal. Que cuando ingresó a trabajar en la obra le entregaron bototos, casco, mameluco y antiparras, pero no guantes porque no habían y tenían que esperar que llegaran al otro día, él ingresó a trabajar en agosto y después llegaron los guantes, antes del accidente, pero a él no le entregaron, al igual que a unos 5 trabajadores más, porque eran como 40 personas que trabajaban allí y mandaban 20 guantes. Que tuvo una pura charla que la dio el de inducción, pero no recuerda quien se la hizo pero ya no trabaja allí. Que en cuatro ocasiones anteriores había ejecutado la labor en que se accidentó, pero que respecto de ella no se le dio charla o capacitación de cómo proceder, sólo le decían que tuvieran cuidado porque a la línea se le iba a poner corriente, por lo que ellos a las 3 de la mañana tenían que estar afuera, a las 2 llegaban los camiones y ellos tenían que estar rápido tirando de la escalera hacia abajo del metro acarrear unos carros y de ahí tirarlos arriba. Que estaba en la mitad de la estación del metro Ciudad del Niño, eran unos doscientos metros hacia adentro para tirar los sacos (desde la bodega, hacia la mitad donde ellos estaban trabajando); que el día accidente estaban trabajando con palet, pero se cortaron dos veces éstos y de ahí llevaron una carretilla que estaba haciendo mucho daño en la sobrelosa y don Jaime supervisor llegó y le dice a él que estaba en el segundo nivel que pusiera la mano en la cadena del tecle para que no chocara la carretilla con la losa y quien manejaba el tecle estaba a su lado, conversando, pero nunca le dijeron que tuviera cuidado porque estaba en movimiento y cuando él tomó la cadena estaba en movimiento, por eso le tiró la mano hacia arriba. Que los sacos eran de 45 kilos eran de otra obra y en la carretilla tiraban de 3 a 5 sacos. Que la lesión se la mostró al administrador señor Cristian Bolbarán, no tenía guantes, se hizo un tajo en la palma de la mano, entre el dedo pulgar y el índice. Se le exhiben los documentos acompañados por la demandada y objetados por la demandante, referidos a los cursos y talleres internos, de fechas 2 y 8 de octubre de 2009 se deja constancia que el de fecha 6 de octubre no se considera porque se acogió objeción documental no reconoce ninguno de ellos como aquél en que él participó y tampoco corresponde a su letra el nombre escrito en el N° 3 de esas hojas. Ese día había 4 personas trabajando en el tecle, 2 en los andenes y otros 4 en otro andamio; estaban con tubo fluorescentes del metro y focos no habían llegado y los cascos que usaban no tenían luz.

a la espontaneidad, velocidad de escritura y presión ejercida, grosor de los trazos, continuidad, orientación, inclinación, diagramación, etc., indica que el predominio de diferencias por sobre las semejanzas y la valoración técnica que tales factores tienen, determinan que la firma dubitada no fue realizada por el actor. Que la conclusión emitida en el informe pericial es confirmada por el perito caligráfico, quien expone latamente la forma de llevar a efecto tal cometido según la lex artis de su especialidad, sin que ello fuera desvirtuado por la contraria, es suficiente para acoger la objeción formulada por la demandante respecto del documento referido, atendida la falsedad de la firma estampada en él respecto del demandante, no considerando el mismo para ningún efecto. DÉCIMO: Que respecto a los otros dos documentos dubitados, esto es, cursos y talleres internos, charla respecto a implementos de seguridad y accesos a vías, de fecha 02 de octubre de 2009 y Charla respecto a trabajos en altura y usos de equipos y herramientas, de fecha 08 de octubre de 2009, en el informe pericial y en la declaración del perito se indica que existen presunciones técnicas que la firma atribuida en el de 2 de octubre es auténtica y en la de 8 de octubre es falsa, haciendo presente en todo caso que por la condición de fotocopia de tales documentos, no es posible hacer observaciones macromicrocóspicas sobre el trazado de cada elemento constitutivo a fin de determinar su movimiento, entre otros aspectos técnicos importantes para establecer su autenticidad. Que atendido lo expuesto se rechaza la objeción por falsedad en la firma de tales instrumentos, por cuanto no se puede determinar en forma fehaciente su autenticidad o falsedad, no son los originales, ello sin perjuicio del valor probatorio que se les pueda asignar. UNDÉCIMO: Que el demandado para acreditar que tomó todas las medidas de seguridad para evitar accidentes en la obra, presentó la documental pormenorizada en el motivo séptimo. Además de la confesional del demandante don Mario López Gatica, quien declara que el día del accidente había baja luz, estaba trabajando en la sobrelosa, el tecle no estaba anclado, lo amarraron con alambre, después con cordel y los sacos igual se iban para allá y el supervisor, don Jaime, para que no tocaran los sacos en el metro, le dice que coloque su mano y vaya corriendo la carretilla para que no resquebrajara la losa. Que trabajó antes para la demandada en la Catedral de Santiago, como jornal. Que cuando ingresó a trabajar en la obra le entregaron bototos, casco, mameluco y antiparras, pero no guantes porque no habían y tenían que esperar que llegaran al otro día, él ingresó a trabajar en agosto y después llegaron los guantes, antes del accidente, pero a él no le entregaron, al igual que a unos 5 trabajadores más, porque eran como 40 personas que trabajaban allí y mandaban 20 guantes. Que tuvo una pura charla que la dio el de inducción, pero no recuerda quien se la hizo pero ya no trabaja allí. Que en cuatro ocasiones anteriores había ejecutado la labor en que se accidentó, pero que respecto de ella no se le dio charla o capacitación de cómo proceder, sólo le decían que tuvieran cuidado porque a la línea se le iba a poner corriente, por lo que ellos a las 3 de la mañana tenían que estar afuera, a las 2 llegaban los camiones y ellos tenían que estar rápido tirando de la escalera hacia abajo del metro acarrear unos carros y de ahí tirarlos arriba. Que estaba en la mitad de la estación del metro Ciudad del Niño, eran unos doscientos metros hacia adentro para tirar los sacos (desde la bodega, hacia la mitad donde ellos estaban trabajando); que el día accidente estaban trabajando con palet, pero se cortaron dos veces éstos y de ahí llevaron una carretilla que estaba haciendo mucho daño en la sobrelosa y don Jaime supervisor llegó y le dice a él que estaba en el segundo nivel que pusiera la mano en la cadena del tecle para que no chocara la carretilla con la losa y quien manejaba el tecle estaba a su lado, conversando, pero nunca le dijeron que tuviera cuidado porque estaba en movimiento y cuando él tomó la cadena estaba en movimiento, por eso le tiró la mano hacia arriba. Que los sacos eran de 45 kilos eran de otra obra y en la carretilla tiraban de 3 a 5 sacos. Que la lesión se la mostró al administrador señor Cristian Bolbarán, no tenía guantes, se hizo un tajo en la palma de la mano, entre el dedo pulgar y el índice. Se le exhiben los documentos acompañados por la demandada y objetados por la demandante, referidos a los cursos y talleres internos, de fechas 2 y 8 de octubre de 2009 se deja constancia que el de fecha 6 de octubre no se considera porque se acogió objeción documental no reconoce ninguno de ellos como aquél en que él participó y tampoco corresponde a su letra el nombre escrito en el N° 3 de esas hojas. Ese día había 4 personas trabajando en el tecle, 2 en los andenes y otros 4 en otro andamio; estaban con tubo fluorescentes del metro y focos no habían llegado y los cascos que usaban no tenían luz. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DUODÉCIMO: Que los testigos de la demandada señalan: Jaime Zúñiga Vergara, ingeniero constructor, actualmente no tiene relación laboral con la demanda, pero fue administrador de obra 1505 del Metro y conoce al demandante porque trabajó para ellos en dicha obra. A él le correspondía velar porque se cumpliera la normativa que exige Metro, que se ingresaba a los andenes y a las vías con autorización de Metro y tenían un tiempo determinado de labores, ya que eran faenas nocturnas Metro les exige Reglamento Interno, charlas de inducción, que era fiscalizado por la Dirección Técnica de la obra. Las faenas eran diarias, existía calendarización. El túnel cuenta con iluminación para el traslado normal de la gente, porque son muchos los contratistas de Metro. Tenían un tablero de faenas, con holograma y es la forma que se trabaja normalmente por reglamento de la empresa y se le dan todos los implementos a los trabajadores. Respecto al accidente del actor, fue en una losa que estaban trabajando, alrededor de las 3.30 horas de la madrugada, se encontraba en un sector cercano al demandante y lo llevó a la Mutual. La extensión de la obra era la línea 2 completa y en toda la línea hay iluminación para traslado y cuando realizaban faenas llevaban iluminación adicional en los puntos que necesitaban trabajar. El estaba el día del accidente, pero no vio éste si su lesión en la mano, en un dedo, una lesión menor. El actor estaba en un tecle en funcionamiento, se llevaba en un capacho sacos de hormigón premezclado, se subían a una altura determinada con un tecle en funcionamiento y se bajaba y el actor tomó la piola en funcionamiento, se habían dado las charlas, no era la única vez que habían hecho esa faena. Al iniciar faenas el prevencionista de riesgo hace charla de inducción y entrega de elementos de protección, se hacen charlas sobre todo lo que pueda abarcar las faenas que sean necesarias, y dentro de ello estaba el funcionamiento del tecle. Que el capataz del lugar era Criastian Bolbarán a quien se le entregaba la instrucción de lo que iba se iba a ejecutar y él lo realizaba, al demandante se le entregó elementos de seguridad eran bototos, casco, overoles, guantes, y le consta porque no se permitía ingreso de trabajadores sin sus implementos de seguridad y no podían estar sin tales elementos porque eran fiscalizados por Metro. El tecle tenía un capacho, se subían 4 sacos, a una altura, se trasladaba con un control remoto, se bajaba a la losa, se retiraban los sacos, y posteriormente se volvía. Respecto del accidente él informó a la Inspección técnica del Metro al día siguiente de los hechos, informando que era un accidente menor. En la obra ese día había 14 a 16 personas trabajando, y el actor llevaba trabajando un mes y algo a esa fecha. Que él realizaba fiscalizaciones diarias respecto a que los trabajadores estuvieran con sus elementos de protección y que se les entregaban los elementos de seguridad, para que diariamente utilizaran ello. Que en los momentos que se hacían charlas se firmaba y las charlas se hacían todas las semanas y trabajaban días saltados, que las charlas las realizaba él o el capataz, que él es ingeniero constructor y tiene charlas sobre inducción; que en todas las faenas de obra se les entrega su inducción y se hacen las capacitaciones. Generalmente las charlas eran antes del ingreso a las faenas, entre las 11 horas de la noche y la 01. horas de la madrugada. Que la investigación del accidente la realizó él y no tomó declaración al demandante, sólo al capataz y que el testigo se encontraba en la faena, a menos de 20 metros. Que las charlas eran sobre cómo trabajar seguro, podían durar de 5 a 30 minutos y tratan varios temas. Se realizó una inspección del tecle y no hubo ningún problema. Cada alzamiento del tecle era de 4 sacos. Que antes del accidente la piola del tecle se salió de la rueda y se llevó a revisión y no tenía nada, se verifica las condiciones del capacho, eran dos cadenas en el capacho, el capacho era una carretilla que fabricaron artesanalmente de la oficina central y el capacho había presentado problemas anteriormente. Que la declaración individual del accidente la realizó él y sólo tomó declaración del capataz y la firmó el representante de la empresa. Víctor Rodríguez Opazo: constructor civil. No tiene relación con la demandada y se dedica a labores privadas. Era el inspector técnico de obras de la Empresa Ipsa Ingenierías y Construcciones en el Metro, le correspondía inspeccionar técnicamente la obra que la demandada ejecutaba para el Metro, y las medidas que exige Metro en una obra, en cuanto higiene y seguridad, es que todo el personal que ingresa contratado por la empresa que realiza el contrato tiene que asistir a un curso dictado por los expertos en seguridad de Metro y obligado por contrato la empresa a entregar reglamento de seguridad a cada trabajador de ella; deben recibir una charla de instrucción al momento de inicio de la faena y todos los días durante 5 minutos, entre las charlas está el derecho a saber, instrucción verbal, y a la Inspección Técnica se le entrega un documento con la lista de trabajadores que asistirán diariamente. Se controló

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DUODÉCIMO: Que los testigos de la demandada señalan: Jaime Zúñiga Vergara, ingeniero constructor, actualmente no tiene relación laboral con la demanda, pero fue administrador de obra 1505 del Metro y conoce al demandante porque trabajó para ellos en dicha obra. A él le correspondía velar porque se cumpliera la normativa que exige Metro, que se ingresaba a los andenes y a las vías con autorización de Metro y tenían un tiempo determinado de labores, ya que eran faenas nocturnas Metro les exige Reglamento Interno, charlas de inducción, que era fiscalizado por la Dirección Técnica de la obra. Las faenas eran diarias, existía calendarización. El túnel cuenta con iluminación para el traslado normal de la gente, porque son muchos los contratistas de Metro. Tenían un tablero de faenas, con holograma y es la forma que se trabaja normalmente por reglamento de la empresa y se le dan todos los implementos a los trabajadores. Respecto al accidente del actor, fue en una losa que estaban trabajando, alrededor de las 3.30 horas de la madrugada, se encontraba en un sector cercano al demandante y lo llevó a la Mutual. La extensión de la obra era la línea 2 completa y en toda la línea hay iluminación para traslado y cuando realizaban faenas llevaban iluminación adicional en los puntos que necesitaban trabajar. El estaba el día del accidente, pero no vio éste si su lesión en la mano, en un dedo, una lesión menor. El actor estaba en un tecle en funcionamiento, se llevaba en un capacho sacos de hormigón premezclado, se subían a una altura determinada con un tecle en funcionamiento y se bajaba y el actor tomó la piola en funcionamiento, se habían dado las charlas, no era la única vez que habían hecho esa faena. Al iniciar faenas el prevencionista de riesgo hace charla de inducción y entrega de elementos de protección, se hacen charlas sobre todo lo que pueda abarcar las faenas que sean necesarias, y dentro de ello estaba el funcionamiento del tecle. Que el capataz del lugar era Criastian Bolbarán a quien se le entregaba la instrucción de lo que iba se iba a ejecutar y él lo realizaba, al demandante se le entregó elementos de seguridad eran bototos, casco, overoles, guantes, y le consta porque no se permitía ingreso de trabajadores sin sus implementos de seguridad y no podían estar sin tales elementos porque eran fiscalizados por Metro. El tecle tenía un capacho, se subían 4 sacos, a una altura, se trasladaba con un control remoto, se bajaba a la losa, se retiraban los sacos, y posteriormente se volvía. Respecto del accidente él informó a la Inspección técnica del Metro al día siguiente de los hechos, informando que era un accidente menor. En la obra ese día había 14 a 16 personas trabajando, y el actor llevaba trabajando un mes y algo a esa fecha. Que él realizaba fiscalizaciones diarias respecto a que los trabajadores estuvieran con sus elementos de protección y que se les entregaban los elementos de seguridad, para que diariamente utilizaran ello. Que en los momentos que se hacían charlas se firmaba y las charlas se hacían todas las semanas y trabajaban días saltados, que las charlas las realizaba él o el capataz, que él es ingeniero constructor y tiene charlas sobre inducción; que en todas las faenas de obra se les entrega su inducción y se hacen las capacitaciones. Generalmente las charlas eran antes del ingreso a las faenas, entre las 11 horas de la noche y la 01. horas de la madrugada. Que la investigación del accidente la realizó él y no tomó declaración al demandante, sólo al capataz y que el testigo se encontraba en la faena, a menos de 20 metros. Que las charlas eran sobre cómo trabajar seguro, podían durar de 5 a 30 minutos y tratan varios temas. Se realizó una inspección del tecle y no hubo ningún problema. Cada alzamiento del tecle era de 4 sacos. Que antes del accidente la piola del tecle se salió de la rueda y se llevó a revisión y no tenía nada, se verifica las condiciones del capacho, eran dos cadenas en el capacho, el capacho era una carretilla que fabricaron artesanalmente de la oficina central y el capacho había presentado problemas anteriormente. Que la declaración individual del accidente la realizó él y sólo tomó declaración del capataz y la firmó el representante de la empresa. Víctor Rodríguez Opazo: constructor civil. No tiene relación con la demandada y se dedica a labores privadas. Era el inspector técnico de obras de la Empresa Ipsa Ingenierías y Construcciones en el Metro, le correspondía inspeccionar técnicamente la obra que la demandada ejecutaba para el Metro, y las medidas que exige Metro en una obra, en cuanto higiene y seguridad, es que todo el personal que ingresa contratado por la empresa que realiza el contrato tiene que asistir a un curso dictado por los expertos en seguridad de Metro y obligado por contrato la empresa a entregar reglamento de seguridad a cada trabajador de ella; deben recibir una charla de instrucción al momento de inicio de la faena y todos los días durante 5 minutos, entre las charlas está el derecho a saber, instrucción verbal, y a la Inspección Técnica se le entrega un documento con la lista de trabajadores que asistirán diariamente. Se controló

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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que todos los trabajadores tuvieran sus elementos de seguridad, además el equipo de luminosidad de 1.500 watts que él exigió y que la empresa puso en un determinado momento, cumpliendo, de otro modo no hubiera autorizado el trabajo. La fiscalización la realiza por el libro de obras y hablando directamente con el administrador de obras, si no le satisface paraliza la faena, pero no tuvo problemas con la empresa demandada. No recuerda el accidente, pero sí una situación por parte de un trabajador de la empresa demandada que realizó una acción insegura de tomarse de un cable, se informó a Metro que ocurrió un accidente menor; que la época en que se informa del accidente a Metro es la mes siguiente, junto con condiciones laborales de la empresa, va incluido todo. y que el informe que se le exhibe de Metro no abarca el mes completo, es información parcial, porque el informe completo se entrega los primeros días del mes siguiente. Si el accidente es grave la contraloría directamente avisa a Metro. Que las veces que le correspondía estar en esa obra constató que se hacían las charlas, de acuerdo a las disposiciones. Si él no estaba, no había otra persona. Se exigen las charlas semanales. Añade que cuando se hizo charla vio al actor dentro de un grupo de 30 personas. Que a él no le llegó informe del accidente; que no se adoptó ninguna medida porque al ITO no le corresponde, esas medidas le corresponden a la empresa contratista. Que la investigación del accidente le corresponde al prevencionista de riesgo. Cristian Bolbarán González, es reparador estructural. Conoce a la demandada porque ha trabajado para ella, en diferentes obras, también conoce al demandante porque han trabajados juntos en la empresa, en la Catedral de Santiago y en la Línea 2 del Metro Santiago. Supo del accidente del trabajador en la línea del Metro, donde se apretó la mano con un tecle, que él era el capataz de esa obra, le correspondía organizar y dirigir la obra y también impartir charlas de seguridad, además de reemplazar al administrador de obra, y tenía a su cargo al demandante. Que estaban trasladando sacos desde el piso hacia una losa y al actor se le atrapó la mano entre la piola y la polea del tecle, no sabe por qué se produjo ello porque no lo vio directamente. Existía capacitación al respecto, lo que le consta porque se dieron charlas de capacitación, que impartió Juan Zúñiga y él. Respecto al manejo de la máquina y carga y descarga, el primer día en la faena él hizo las charlas y les mostró a los trabajadores cómo se trabajaba y trabajó con ellos, trasladó el capacho hacia la losa, señaló cómo debía efectuarse el trabajo al demandante y a los demás trabajadores, que debían tomar de la cadena del capacho o del brazo del tecle para trasladar hacia la losa; el brazo tiene movimiento perpendicular y la cadena no tiene movimiento y eso no tiene riesgo de atrapamiento. Se le exhiben fotos incorporadas por la demandada correspondiendo a las del tecle, en especial la 2, indicando que de la cadena que sostenía la carretilla y del brazo era de donde debían tomar el cable y que no se debía tomar el cable de la piola. No recuerda cuántas charlas dictó. Que se le entregaron implementos de seguridad al demandante, en una ficha que ellos firmaban con su puño y letra, que cercioraba que estuvieran las cosas que sí le habían entregado, era un formulario, si estaban entregados los elementos básicos, bototos, casco; el día del accidente el demandante estaba con sus guantes y él lo vio ya que estaba bajo el tecle supervisando y el actor bajo de la losa para mostrarle y él le dijo que se sacara los guantes y vio que tenía hinchado el dedo pulgar y parte de la mano, no recuerda cuál, se le informó al administrador de la obra y éste lo llevó a la mutual. Que el demandante había ejecutado esa labor antes; que en el túnel había luminosidad suficiente, contaban con tablero eléctrico, extensiones y focos halógenos para cubrir la zona en que iban a trabajar; los sacos que se elevaban eran de 25 kilos. Respecto de las charlas, se firmaba una hoja de charla diaria y todos los días la firmaban. Que en un principio el capacho no era seguro y lo cambiaron por una carretilla con cadenas más seguro; que esa estructura antes presentó irregularidades ya que se soltó el capacho. Que ese día en el lugar donde estaba el actor había 3 personas, incluido el demandante, a saber el operador del tecle y dos personas para sacar los sacos, y la función del actor era sacar los sacos del capacho, trasladar éste hacia la losa para poder sacar los sacos de allí, y para ello se movía el brazo del tecle, había que tirar el tecle. Alfredo Layseca Camacho, técnico industrial, experto en prevención de riesgos. Desde el 20 de diciembre de 2009 trabaja como jefe del departamento de prevención de riesgos de la empresa. Ubica al demandante y supo del accidente ocurrido en octubre de 2009 y cuando se presentó la demanda empezó a conocer la causa. Que actualmente la demandada cumple las normas de Orden, Higiene y Seguridad; la empresa sin tener la necesidad y obligación de tener un Departamento de Prevención de Riesgos, en diciembre de 2009 decidió formarlo y del cual está a cargo, después de las asesorías

que todos los trabajadores tuvieran sus elementos de seguridad, además el equipo de luminosidad de 1.500 watts que él exigió y que la empresa puso en un determinado momento, cumpliendo, de otro modo no hubiera autorizado el trabajo. La fiscalización la realiza por el libro de obras y hablando directamente con el administrador de obras, si no le satisface paraliza la faena, pero no tuvo problemas con la empresa demandada. No recuerda el accidente, pero sí una situación por parte de un trabajador de la empresa demandada que realizó una acción insegura de tomarse de un cable, se informó a Metro que ocurrió un accidente menor; que la época en que se informa del accidente a Metro es la mes siguiente, junto con condiciones laborales de la empresa, va incluido todo. y que el informe que se le exhibe de Metro no abarca el mes completo, es información parcial, porque el informe completo se entrega los primeros días del mes siguiente. Si el accidente es grave la contraloría directamente avisa a Metro. Que las veces que le correspondía estar en esa obra constató que se hacían las charlas, de acuerdo a las disposiciones. Si él no estaba, no había otra persona. Se exigen las charlas semanales. Añade que cuando se hizo charla vio al actor dentro de un grupo de 30 personas. Que a él no le llegó informe del accidente; que no se adoptó ninguna medida porque al ITO no le corresponde, esas medidas le corresponden a la empresa contratista. Que la investigación del accidente le corresponde al prevencionista de riesgo. Cristian Bolbarán González, es reparador estructural. Conoce a la demandada porque ha trabajado para ella, en diferentes obras, también conoce al demandante porque han trabajados juntos en la empresa, en la Catedral de Santiago y en la Línea 2 del Metro Santiago. Supo del accidente del trabajador en la línea del Metro, donde se apretó la mano con un tecle, que él era el capataz de esa obra, le correspondía organizar y dirigir la obra y también impartir charlas de seguridad, además de reemplazar al administrador de obra, y tenía a su cargo al demandante. Que estaban trasladando sacos desde el piso hacia una losa y al actor se le atrapó la mano entre la piola y la polea del tecle, no sabe por qué se produjo ello porque no lo vio directamente. Existía capacitación al respecto, lo que le consta porque se dieron charlas de capacitación, que impartió Juan Zúñiga y él. Respecto al manejo de la máquina y carga y descarga, el primer día en la faena él hizo las charlas y les mostró a los trabajadores cómo se trabajaba y trabajó con ellos, trasladó el capacho hacia la losa, señaló cómo debía efectuarse el trabajo al demandante y a los demás trabajadores, que debían tomar de la cadena del capacho o del brazo del tecle para trasladar hacia la losa; el brazo tiene movimiento perpendicular y la cadena no tiene movimiento y eso no tiene riesgo de atrapamiento. Se le exhiben fotos incorporadas por la demandada correspondiendo a las del tecle, en especial la 2, indicando que de la cadena que sostenía la carretilla y del brazo era de donde debían tomar el cable y que no se debía tomar el cable de la piola. No recuerda cuántas charlas dictó. Que se le entregaron implementos de seguridad al demandante, en una ficha que ellos firmaban con su puño y letra, que cercioraba que estuvieran las cosas que sí le habían entregado, era un formulario, si estaban entregados los elementos básicos, bototos, casco; el día del accidente el demandante estaba con sus guantes y él lo vio ya que estaba bajo el tecle supervisando y el actor bajo de la losa para mostrarle y él le dijo que se sacara los guantes y vio que tenía hinchado el dedo pulgar y parte de la mano, no recuerda cuál, se le informó al administrador de la obra y éste lo llevó a la mutual. Que el demandante había ejecutado esa labor antes; que en el túnel había luminosidad suficiente, contaban con tablero eléctrico, extensiones y focos halógenos para cubrir la zona en que iban a trabajar; los sacos que se elevaban eran de 25 kilos. Respecto de las charlas, se firmaba una hoja de charla diaria y todos los días la firmaban. Que en un principio el capacho no era seguro y lo cambiaron por una carretilla con cadenas más seguro; que esa estructura antes presentó irregularidades ya que se soltó el capacho. Que ese día en el lugar donde estaba el actor había 3 personas, incluido el demandante, a saber el operador del tecle y dos personas para sacar los sacos, y la función del actor era sacar los sacos del capacho, trasladar éste hacia la losa para poder sacar los sacos de allí, y para ello se movía el brazo del tecle, había que tirar el tecle. Alfredo Layseca Camacho, técnico industrial, experto en prevención de riesgos. Desde el 20 de diciembre de 2009 trabaja como jefe del departamento de prevención de riesgos de la empresa. Ubica al demandante y supo del accidente ocurrido en octubre de 2009 y cuando se presentó la demanda empezó a conocer la causa. Que actualmente la demandada cumple las normas de Orden, Higiene y Seguridad; la empresa sin tener la necesidad y obligación de tener un Departamento de Prevención de Riesgos, en diciembre de 2009 decidió formarlo y del cual está a cargo, después de las asesorías ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de las grandes obras que tiene la empresa, y paga una tasa de siniestralidad ligeramente alzado por una situación de días perdidos. Que conoció los antecedentes del accidente después, luego de haber estudiado los archivos e informes respectivos, y por lo que dice el informe de accidente, hubo una compresión no muy fuerte en la mano y no fue una lesión grave. Que se desprende que la velocidad con que subía el equipo era moderada, y la primera indicación de prevención que se da en cualquier equipo en movimiento, es no poner las manos allí, es lo que pudo observar de las charlas de seguridad, que ello siempre se recalcaba, máxime si estaba al borde de un lugar de altura. Añade que como le ha correspondido organizar y reorganizar el departamento de prevención de riesgos le ha correspondido elaborar un plan general de prevención aplicable a todas las empresas, que contempla desde la declaración básica de las políticas de seguridad, pasando por la responsabilidad asignada a cada cargo, delimitándose el accionar técnico de cada persona; se está complementando todo un trabajo que ya se estaba aplicando, se están recomendado medidas adicionales a equipos en movimiento y otros; reestudiando todo el reglamento interno de seguridad, adicionando todo el capítulo de la obligación de informar, prácticamente multiplicada por seis, adicionalmente al momento de contratar al personal se le está entregando una obligación de informar detallada para obviar lo que había anteriormente como una especie de uso y costumbre en que prácticamente no se documentaba la situación. Se están haciendo pautas permanentes de estudios de trabajo, porque la empresa está ingresando al sistema de gestión integrada. DECIMOTERCERO: Que es un hecho de la causa que el día 8 de octubre de 2009, en horas de la madrugada, en circunstancias que el actor se encontraba cumpliendo sus labores en el túnel del metro Línea 2, Estación Ciudad del Niño, sufre un accidente que afectó su mano izquierda. Que corresponde determinar las circunstancias en que se produjo dicho accidente, incumbiendo a la demandada acreditar que se tomaron todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el mismo y al efecto rindió la confesional y testimonial pormenorizada en los motivos undécimo y duodécimo del fallo, las que conjuntamente con la documental aportada por ambas partes, permite concluir que la situación fáctica del accidente se produjo cuando el demandante participaba en la descarga de sacos de hormigón desde el andén hasta el entrecielo del subterráneo, a través de un tecle automático con una carretilla incorporada para cargar los sacos, los que debía descargar al llegar al segundo nivel donde se encontraba, para lo cual tomó la cadena, para que no chocara con la losa según le habían indicado previamente y su compañero acciona el tecle, su mano izquierda queda atrapada en éste, sufre el accidente y se hace un tajo en la palma de la mano, entre el dedo pulgar y el índice. Que el oficio incorporado de la Mutual de Seguridad, de 13 de mayo de 2010, señala que el actor fue evaluado de las secuelas por la Comisión Médica de la Mutual fijando una incapacidad de 10%, según Resolución N° 1020 0296, de 6 de mayo de 2010; el oficio de la misma entidad, de 15 de junio de 2010, adjunta la historia clínica del actor y el diagnóstico de sus lesiones, a saber, esguince metacarpo falángico del pulgar izquierdo, señalando que se realizó curaciones y tratamiento, diagnosticando posteriormente Distrofia simpática refleja de la mano; que el 17 de marzo de 2010 se indica el alta médica y se envió a Comisión Médica de Evaluación de la Mutual; y que el médico especialista en traumatología de mano, señaló que existe una discordancia entre la sintomatología, los hallazgos clínicos y la imagenología, y que llama la atención que el edema de la mano regresó durante su hospitalización y por otro lado, la lesión originaria fue el pulgar izquierdo y no de la mano ni muñeca. Que tales antecedentes permiten establecer la existencia del accidente de trabajo y las lesiones sufridas por el trabajador a consecuencia del mismo, y dado que el mecanismo de seguridad social se activó con el otorgamiento de las prestaciones médicas otorgadas al demandante con ocasión del accidente y que fueron realizadas por la Mutual de Seguridad, consistentes tanto en prestaciones médicas como en pago de subsidio, y se determinó una incapacidad laboral del 10% del demandante; procede establecer si a la demandada le asiste responsabilidad en la ocurrencia del mismo y, si así fuere, su deber de indemnizar el daño producido por ello, morigerado en el caso que la víctima se haya expuesto imprudentemente al mismo. DECIMOCUARTO: Que, por ende, debe determinarse, si la demandada cumplió su obligación legal de orden, higiene y seguridad establecidas en el artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, si por un lado, cumplió con su obligación legal de otorgar seguridad a los trabajadores en el desempeño de sus

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de las grandes obras que tiene la empresa, y paga una tasa de siniestralidad ligeramente alzado por una situación de días perdidos. Que conoció los antecedentes del accidente después, luego de haber estudiado los archivos e informes respectivos, y por lo que dice el informe de accidente, hubo una compresión no muy fuerte en la mano y no fue una lesión grave. Que se desprende que la velocidad con que subía el equipo era moderada, y la primera indicación de prevención que se da en cualquier equipo en movimiento, es no poner las manos allí, es lo que pudo observar de las charlas de seguridad, que ello siempre se recalcaba, máxime si estaba al borde de un lugar de altura. Añade que como le ha correspondido organizar y reorganizar el departamento de prevención de riesgos le ha correspondido elaborar un plan general de prevención aplicable a todas las empresas, que contempla desde la declaración básica de las políticas de seguridad, pasando por la responsabilidad asignada a cada cargo, delimitándose el accionar técnico de cada persona; se está complementando todo un trabajo que ya se estaba aplicando, se están recomendado medidas adicionales a equipos en movimiento y otros; reestudiando todo el reglamento interno de seguridad, adicionando todo el capítulo de la obligación de informar, prácticamente multiplicada por seis, adicionalmente al momento de contratar al personal se le está entregando una obligación de informar detallada para obviar lo que había anteriormente como una especie de uso y costumbre en que prácticamente no se documentaba la situación. Se están haciendo pautas permanentes de estudios de trabajo, porque la empresa está ingresando al sistema de gestión integrada. DECIMOTERCERO: Que es un hecho de la causa que el día 8 de octubre de 2009, en horas de la madrugada, en circunstancias que el actor se encontraba cumpliendo sus labores en el túnel del metro Línea 2, Estación Ciudad del Niño, sufre un accidente que afectó su mano izquierda. Que corresponde determinar las circunstancias en que se produjo dicho accidente, incumbiendo a la demandada acreditar que se tomaron todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el mismo y al efecto rindió la confesional y testimonial pormenorizada en los motivos undécimo y duodécimo del fallo, las que conjuntamente con la documental aportada por ambas partes, permite concluir que la situación fáctica del accidente se produjo cuando el demandante participaba en la descarga de sacos de hormigón desde el andén hasta el entrecielo del subterráneo, a través de un tecle automático con una carretilla incorporada para cargar los sacos, los que debía descargar al llegar al segundo nivel donde se encontraba, para lo cual tomó la cadena, para que no chocara con la losa según le habían indicado previamente y su compañero acciona el tecle, su mano izquierda queda atrapada en éste, sufre el accidente y se hace un tajo en la palma de la mano, entre el dedo pulgar y el índice. Que el oficio incorporado de la Mutual de Seguridad, de 13 de mayo de 2010, señala que el actor fue evaluado de las secuelas por la Comisión Médica de la Mutual fijando una incapacidad de 10%, según Resolución N° 1020 0296, de 6 de mayo de 2010; el oficio de la misma entidad, de 15 de junio de 2010, adjunta la historia clínica del actor y el diagnóstico de sus lesiones, a saber, esguince metacarpo falángico del pulgar izquierdo, señalando que se realizó curaciones y tratamiento, diagnosticando posteriormente Distrofia simpática refleja de la mano; que el 17 de marzo de 2010 se indica el alta médica y se envió a Comisión Médica de Evaluación de la Mutual; y que el médico especialista en traumatología de mano, señaló que existe una discordancia entre la sintomatología, los hallazgos clínicos y la imagenología, y que llama la atención que el edema de la mano regresó durante su hospitalización y por otro lado, la lesión originaria fue el pulgar izquierdo y no de la mano ni muñeca. Que tales antecedentes permiten establecer la existencia del accidente de trabajo y las lesiones sufridas por el trabajador a consecuencia del mismo, y dado que el mecanismo de seguridad social se activó con el otorgamiento de las prestaciones médicas otorgadas al demandante con ocasión del accidente y que fueron realizadas por la Mutual de Seguridad, consistentes tanto en prestaciones médicas como en pago de subsidio, y se determinó una incapacidad laboral del 10% del demandante; procede establecer si a la demandada le asiste responsabilidad en la ocurrencia del mismo y, si así fuere, su deber de indemnizar el daño producido por ello, morigerado en el caso que la víctima se haya expuesto imprudentemente al mismo. DECIMOCUARTO: Que, por ende, debe determinarse, si la demandada cumplió su obligación legal de orden, higiene y seguridad establecidas en el artículo 184 del Código del Trabajo, esto es, si por un lado, cumplió con su obligación legal de otorgar seguridad a los trabajadores en el desempeño de sus

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funciones, para lo cual tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los mismos, y por otro, si dichas medidas tuvieron el efecto querido por el legislador, esto es proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo que implica una máxima diligencia del empleador en el cumplimiento de tal deber. Que al efecto se tendrá presente que la declaración individual de accidente del trabajo, firmado por el representante de la demandada, don Enrique Suazo, de 10 de octubre de 2009, señala como circunstancias del accidente que al subir desde nivel de piso a una losa que se encuentra en altura, con un tecle eléctrico, el trabajador toma piola de herramienta en funcionamiento sin sus guantes, lastimándose la mano, documento elaborado por don Jaime Zúñiga, administrador de la obra. Y del informe de accidente de trabajo, de igual fecha, realizado por el señalado administrador de la obra, se indica que el lugar del accidente fue sobre la losa ventilación túnel Línea 2 del Metro, próximo Estación Ciudad del Niño, que el trabajador sufrió lesión consistente en compresión mano izquierda, entre dedos pulgar e índice, que las circunstancias del accidente fueron que mientras esperaba la subida del capacho, cargado con sacos de mezcla de hormigón, tomó con la mano izquierda cable del tecle eléctrico, que se encontraba en movimiento, arrastrándole la mano hacia la polea lo que le provocó la lesión y se añade que el trabajador no tenía ninguna razón para tomar el cable en movimiento ni intervenir en la descarga hasta que la maniobra de izamiento no estuviera concluida y que el capataz señor Bolbarán estaba supervisando la maniobra desde la parte inferior y no advirtió ninguna situación que obligará a la acción realizada por el afectado, que en las charlas operacional dadas al inicio de la jornada habían reiterado la situación de riesgo existente indicando no tomar los equipos o parte de ellos cuando se encontraran en movimiento y que al momento del accidente el trabajador estaba ocupando sus guantes de seguridad, además de haber recibido todos sus implementos de seguridad. Que dicho informe fue ratificado por quien lo confeccionó don Jaime Zúñiga, quien declaró como testigo y al ser interrogado por el tribunal respecto de las personas que entrevistó para su confección indicó que sólo al capataz de la obra, que no interrogó al afectado ni a ninguno de los otros trabajadores que se encontraban en el lugar al momento de los hechos, entre ellos el operador del tecle eléctrico, y asimismo refiere que el trabajador no se encontraba con sus guantes de seguridad. Que la demandada adjuntó además documento que da cuenta de entrega de elementos de seguridad al demandante, el 9 de septiembre de 2009, donde aparece casco de seguridad, overol, bototo, antiparras y la correspondiente firma del demandante, no objetadas, y también guantes pero en el renglón respectivo de la firma no aparece suscrito. Se incorporó también Charla derecho a saber, inducción trabajador nuevo, de 11 de septiembre de 2009, no objetado, donde se indica que recibió una charla de inducción sobre las definiciones y riesgos específicos en materia de prevención de riesgos; y dos charlas de 2 y 8 de octubre de 2009, la primera sobre implementos de seguridad y acceso a vías y la segunda sobre trabajos en altura y equipo y herramientas, objetadas por la demandante, objeción rechazada por el tribunal. Se incorporó el reglamento interno de orden higiene y seguridad de la empresa, recepcionado por el trabajador, según consta del respectivo comprobante firmado por el mismo, se indica, entre otras materias, en su capítulo XIII, la ley 20.005 de la protección de los trabajadores de carga y descarga de manipulación manual, y entre las obligaciones del empleador que allí se indican están el procurar que el trabajador que manipule manualmente las cargas, reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud, y que el empleador dará cumplimiento a esta obligación, confeccionando un programa que incluya, al menos, los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de la carga y las formas de prevenirlos; información acerca de la carga que debe manejar manualmente, uso correcto de ayudas mecánicas y de equipos de protección personal, en caso de ser necesarios, y técnicas seguras sobre el manejo y manipulación de carga, programa que puede ser realizado por los organismo que se indican; además de organizar los procesos de forma que reduzcan al máximo los riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador derivadas del manejo o manipulación manual de carga, debiendo establecer en el reglamento interno las obligaciones y prohibiciones para tal propósito; indicándose que la evaluación de riesgos deberá contener los elementos que allí se expresan, tales como la identificación de

funciones, para lo cual tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los mismos, y por otro, si dichas medidas tuvieron el efecto querido por el legislador, esto es proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo que implica una máxima diligencia del empleador en el cumplimiento de tal deber. Que al efecto se tendrá presente que la declaración individual de accidente del trabajo, firmado por el representante de la demandada, don Enrique Suazo, de 10 de octubre de 2009, señala como circunstancias del accidente que al subir desde nivel de piso a una losa que se encuentra en altura, con un tecle eléctrico, el trabajador toma piola de herramienta en funcionamiento sin sus guantes, lastimándose la mano, documento elaborado por don Jaime Zúñiga, administrador de la obra. Y del informe de accidente de trabajo, de igual fecha, realizado por el señalado administrador de la obra, se indica que el lugar del accidente fue sobre la losa ventilación túnel Línea 2 del Metro, próximo Estación Ciudad del Niño, que el trabajador sufrió lesión consistente en compresión mano izquierda, entre dedos pulgar e índice, que las circunstancias del accidente fueron que mientras esperaba la subida del capacho, cargado con sacos de mezcla de hormigón, tomó con la mano izquierda cable del tecle eléctrico, que se encontraba en movimiento, arrastrándole la mano hacia la polea lo que le provocó la lesión y se añade que el trabajador no tenía ninguna razón para tomar el cable en movimiento ni intervenir en la descarga hasta que la maniobra de izamiento no estuviera concluida y que el capataz señor Bolbarán estaba supervisando la maniobra desde la parte inferior y no advirtió ninguna situación que obligará a la acción realizada por el afectado, que en las charlas operacional dadas al inicio de la jornada habían reiterado la situación de riesgo existente indicando no tomar los equipos o parte de ellos cuando se encontraran en movimiento y que al momento del accidente el trabajador estaba ocupando sus guantes de seguridad, además de haber recibido todos sus implementos de seguridad. Que dicho informe fue ratificado por quien lo confeccionó don Jaime Zúñiga, quien declaró como testigo y al ser interrogado por el tribunal respecto de las personas que entrevistó para su confección indicó que sólo al capataz de la obra, que no interrogó al afectado ni a ninguno de los otros trabajadores que se encontraban en el lugar al momento de los hechos, entre ellos el operador del tecle eléctrico, y asimismo refiere que el trabajador no se encontraba con sus guantes de seguridad. Que la demandada adjuntó además documento que da cuenta de entrega de elementos de seguridad al demandante, el 9 de septiembre de 2009, donde aparece casco de seguridad, overol, bototo, antiparras y la correspondiente firma del demandante, no objetadas, y también guantes pero en el renglón respectivo de la firma no aparece suscrito. Se incorporó también Charla derecho a saber, inducción trabajador nuevo, de 11 de septiembre de 2009, no objetado, donde se indica que recibió una charla de inducción sobre las definiciones y riesgos específicos en materia de prevención de riesgos; y dos charlas de 2 y 8 de octubre de 2009, la primera sobre implementos de seguridad y acceso a vías y la segunda sobre trabajos en altura y equipo y herramientas, objetadas por la demandante, objeción rechazada por el tribunal. Se incorporó el reglamento interno de orden higiene y seguridad de la empresa, recepcionado por el trabajador, según consta del respectivo comprobante firmado por el mismo, se indica, entre otras materias, en su capítulo XIII, la ley 20.005 de la protección de los trabajadores de carga y descarga de manipulación manual, y entre las obligaciones del empleador que allí se indican están el procurar que el trabajador que manipule manualmente las cargas, reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud, y que el empleador dará cumplimiento a esta obligación, confeccionando un programa que incluya, al menos, los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de la carga y las formas de prevenirlos; información acerca de la carga que debe manejar manualmente, uso correcto de ayudas mecánicas y de equipos de protección personal, en caso de ser necesarios, y técnicas seguras sobre el manejo y manipulación de carga, programa que puede ser realizado por los organismo que se indican; además de organizar los procesos de forma que reduzcan al máximo los riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador derivadas del manejo o manipulación manual de carga, debiendo establecer en el reglamento interno las obligaciones y prohibiciones para tal propósito; indicándose que la evaluación de riesgos deberá contener los elementos que allí se expresan, tales como la identificación de ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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los puestos de trabajo, los trabajadores involucrados, el resultado de las evaluaciones, las medidas preventivas correspondientes, etc. Posteriormente hay un párrafo sobre responsabilidades generales, que trata sobre accidentes del trabajo y las obligaciones de los trabajadores que presencian o toman conocimiento de ello, y en el artículo 8° se indica que todos los trabajadores tienen la obligación de participar en los cursos, charlas para prevención de accidentes del trabajo y también respecto de la obligación de informar los riesgos laborales por parte de la empresa, cuando fuere menester. Luego un título sobre responsabilidad de los supervisores y trabajadores, y en el artículo 9° se indica que se incluye en general a todo trabajador que tenga personal a su cargo, el que cuando ocurra un accidente deberá preocuparse, entre otras de iniciar de inmediato la investigación correspondiente, confeccionar el informe respectivo, teniendo la obligación de realizar en el lugar del accidente una acuciosa investigación de lo ocurrido e informa de ello. En sus artículos 10 y 11, que la empresa proporcionara a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a las funciones del cargo y éstos deberán cumplir con las exigencias técnicas y de calidad según indicaciones de organismos pertinentes. Y su parte final trata respecto de información sobre riesgos laborales, señalando en un cuadro los principales riesgos de orden general que pueden presentarse en el desempeño de su trabajo y la forma de prevenirlos, tales como caídas de mismo o distinto nivel, choque eléctrico, y sobreesfuerzo por manejo de material, y su forma de prevenirlo que en el último caso se indica hacer reconocimiento de peso, volumen forma y si existen bordes afilados o elementos punzantes; no sobreestimar la propia capacidad física, uso de elementos de protección tales como zapatos de seguridad, guantes, etc. DECIMOQUINTO: Que el deber de seguridad y protección del empleador se concretiza con el cumplimiento de una serie de exigencias legales, tales como existencia de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad artículo 153 Código del Trabajo, que debe contener las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el medio laboral y las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en el establecimiento donde desempeña sus labores; capacitación de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida artículo 179 del Código del Trabajo; adopción y mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que señala la ley artículo 210 del código precitado; funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de riesgos profesionales, en los casos que establece el legislador (25 trabajadores en el primer caso, 100 en el segundo) artículo 65 ley 16.744, entre otras. Obligaciones todas que además se complementan con los respectivos reglamentos contenidos, entre otros, en los Decretos Supremos N° 40, de 1969, sobre Prevención de riesgos Profesionales; N° 54, de 1969, sobre Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad; N° 594, de 1999, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; N° 63, de 2005, para la aplicación de la ley 20.001, que regula el peso máximo de carga humana, etc. Que, asimismo, los deberes básicos del empleador referidos a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los riesgos de la empresa, una definición de las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad, selección de éstos de acuerdo con esta realidad, instrucción y capacitación conforme con las contingencias advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e instrumentos idóneos para operar, mantención de sistemas de reacción eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia, evaluación frente a cada accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura, respeto de todas las normas legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. DECIMOSEXTO: Que de la prueba referida en el motivo decimocuarto aparece que el empleador tomó las siguientes medidas para cumplir su deber legal establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo: entrega del reglamento interno de higiene y seguridad al trabajador, charla de inducción a trabajador nuevo corroborado por el demandante en su confesional; entrega de elementos de seguridad. Que en lo que respecta a haber realizado al actor charlas sobre uso de elementos de seguridad y uso de equipos y herramientas, los documentos incorporados por la demandada fueron objeta-

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los puestos de trabajo, los trabajadores involucrados, el resultado de las evaluaciones, las medidas preventivas correspondientes, etc. Posteriormente hay un párrafo sobre responsabilidades generales, que trata sobre accidentes del trabajo y las obligaciones de los trabajadores que presencian o toman conocimiento de ello, y en el artículo 8° se indica que todos los trabajadores tienen la obligación de participar en los cursos, charlas para prevención de accidentes del trabajo y también respecto de la obligación de informar los riesgos laborales por parte de la empresa, cuando fuere menester. Luego un título sobre responsabilidad de los supervisores y trabajadores, y en el artículo 9° se indica que se incluye en general a todo trabajador que tenga personal a su cargo, el que cuando ocurra un accidente deberá preocuparse, entre otras de iniciar de inmediato la investigación correspondiente, confeccionar el informe respectivo, teniendo la obligación de realizar en el lugar del accidente una acuciosa investigación de lo ocurrido e informa de ello. En sus artículos 10 y 11, que la empresa proporcionara a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a las funciones del cargo y éstos deberán cumplir con las exigencias técnicas y de calidad según indicaciones de organismos pertinentes. Y su parte final trata respecto de información sobre riesgos laborales, señalando en un cuadro los principales riesgos de orden general que pueden presentarse en el desempeño de su trabajo y la forma de prevenirlos, tales como caídas de mismo o distinto nivel, choque eléctrico, y sobreesfuerzo por manejo de material, y su forma de prevenirlo que en el último caso se indica hacer reconocimiento de peso, volumen forma y si existen bordes afilados o elementos punzantes; no sobreestimar la propia capacidad física, uso de elementos de protección tales como zapatos de seguridad, guantes, etc. DECIMOQUINTO: Que el deber de seguridad y protección del empleador se concretiza con el cumplimiento de una serie de exigencias legales, tales como existencia de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad artículo 153 Código del Trabajo, que debe contener las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en el medio laboral y las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en el establecimiento donde desempeña sus labores; capacitación de los trabajadores con el fin de permitirles mejores condiciones de vida artículo 179 del Código del Trabajo; adopción y mantención de medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las sanciones que señala la ley artículo 210 del código precitado; funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de un Departamento de Prevención de riesgos profesionales, en los casos que establece el legislador (25 trabajadores en el primer caso, 100 en el segundo) artículo 65 ley 16.744, entre otras. Obligaciones todas que además se complementan con los respectivos reglamentos contenidos, entre otros, en los Decretos Supremos N° 40, de 1969, sobre Prevención de riesgos Profesionales; N° 54, de 1969, sobre Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad; N° 594, de 1999, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; N° 63, de 2005, para la aplicación de la ley 20.001, que regula el peso máximo de carga humana, etc. Que, asimismo, los deberes básicos del empleador referidos a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, lo lleva a la adopción de acciones dentro de la empresa destinadas a llenar de contenido tales deberes, entre las cuales se puede mencionar una evaluación permanente de los riesgos de la empresa, una definición de las funciones a realizar por los trabajadores en razón de su peligrosidad, selección de éstos de acuerdo con esta realidad, instrucción y capacitación conforme con las contingencias advertidas, entrega de elementos de protección a los trabajadores y de los equipos e instrumentos idóneos para operar, mantención de sistemas de reacción eficientes y eficaces en caso que se declare una emergencia, evaluación frente a cada accidente de sus causas para evitar su ocurrencia futura, respeto de todas las normas legales, reglamentarias e internas, que norman aspectos de seguridad laboral. DECIMOSEXTO: Que de la prueba referida en el motivo decimocuarto aparece que el empleador tomó las siguientes medidas para cumplir su deber legal establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo: entrega del reglamento interno de higiene y seguridad al trabajador, charla de inducción a trabajador nuevo corroborado por el demandante en su confesional; entrega de elementos de seguridad. Que en lo que respecta a haber realizado al actor charlas sobre uso de elementos de seguridad y uso de equipos y herramientas, los documentos incorporados por la demandada fueron objeta-

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dos, objeción que se rechazó por el tribunal porque los mismos son sólo fotocopias y el informe pericial emitido al efecto no es irrebatible en sus conclusiones respecto a la autenticidad o no de las firmas estampados en ellos, pero respecto de su valor probatorio se tendrá presente que existe otro documento coetáneo a los mismos y de la misma factura, que se estableció su falsedad en la firma, lo que es concordante con la confesional del actor que no reconoce sus firmas en ellos y sólo refiere haber tenido una charla de inducción documento no objetado y que la testimonial de la demandada, no obstante referir que ellas se efectuaron, no logra desvirtuar lo anterior, ya que señalan que después de cada charla debían firmarse tales documentos pero ni Zúñiga ni Bolbarán expresamente dicen que el actor las firmó, siendo que ellos mismos señalan que eran poco trabajadores en esa obra no pasaban de 22 y siendo ellos los que impartieron las charlas lo mínimo era exigir la firma de cada trabajador y en caso de negativa o que otro firmase por él dejar las constancias respectivas, por cuanto contaban con las facultades para ello al representar al empleador en la obra. Por lo que no se ha logrado acreditar fehacientemente que respecto del actor se realizaron las charlas y capacitaciones suficientes respecto a cómo realizar la labor de descarga que le correspondía en el tecle y su carretilla anexa; además que tampoco se acreditó por medio alguno haberse efectuado capacitación sobre cuidado de manos, atendido especialmente que el trabajo se desarrollaba con una máquina tecle que es previsible el atrapamiento de ellas dada su estructura y forma de utilización. Que respecto al estado del equipo en que debía trabajar el demandante esto es, el tecle consta de las propias declaraciones de los testigos de la demandada señores Zúñiga y Bolbarán, que dicha maquinaria fue intervenida artesanalmente por la empresa para cambiar el capacho en que se izaban los sacos por una carretilla ya que aquél no era seguro y había presentado irregularidades, además el primero señala que antes del accidente del actor la piola del tecle se salió de la rueda y se llevó a revisión y no tenía nada, pero no se adjuntó documento alguno que acreditase el estado de funcionamiento de tal equipo ni informes mecánicos sobre su real estado de funcionamiento, en circunstancias que es deber de la demandada mantener los equipos y dispositivos técnicamentee necesarios para reducir los riesgos en los sitios de trabajo. Que tampoco se logró demostrar por la demandada que contase con un programa sobre los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de la carga y la forma de prevenirlos, uso correcto de ayudas mecánicas y de equipos de protección personal, y técnicas seguras sobre el manejo o manipulación de la carga, según aparece de su reglamento interno, lo que deriva no sólo de lo precedentemente expuesto sino de lo declarado por el testigo don Alfredo Layseca Camacho, quien expresa que fue contratado con posterioridad al accidente y que ha elaborado un plan general de políticas de seguridad de la empresa, se está reorganizando el reglamento interno y que adicionalmente al momento de contratar al personal se le está entregando una obligación de informar detallada, para obviar lo que había anteriormente como una especie de uso y costumbre en que prácticamente no se documentaba la situación. DECIMOSÉPTIMO: Que el inciso primero del artículo 184 del Código del Trabajo, dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posible riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, norma categórica en cuanto no sólo se deben tomar medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino que además se deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. Por ende, no basta con un cumplimiento meramente formal de tal obligación, sino que se exige una máxima diligencia del empleador en su cumplimiento, y al efecto se tiene presente que con la prueba rendida y analizada en los considerandos anteriores, consta lo siguiente: 1. que recibió capacitación insuficiente por cuanto no se le adiestró respecto al uso correcto de la descarga del material que transportaba el tecle y los riesgos que conlleva el realizar la descarga; 3. que no se realizó charla sobre cuidados de mano, en especial respecto al funcionamiento y operatividad del tecle y los riesgos que ello conlleva y las medidas tanto preventivas como correctivas. 4. que la máquina en que sufrió el accidente ya había sufrido desperfectos con anterioridad.

dos, objeción que se rechazó por el tribunal porque los mismos son sólo fotocopias y el informe pericial emitido al efecto no es irrebatible en sus conclusiones respecto a la autenticidad o no de las firmas estampados en ellos, pero respecto de su valor probatorio se tendrá presente que existe otro documento coetáneo a los mismos y de la misma factura, que se estableció su falsedad en la firma, lo que es concordante con la confesional del actor que no reconoce sus firmas en ellos y sólo refiere haber tenido una charla de inducción documento no objetado y que la testimonial de la demandada, no obstante referir que ellas se efectuaron, no logra desvirtuar lo anterior, ya que señalan que después de cada charla debían firmarse tales documentos pero ni Zúñiga ni Bolbarán expresamente dicen que el actor las firmó, siendo que ellos mismos señalan que eran poco trabajadores en esa obra no pasaban de 22 y siendo ellos los que impartieron las charlas lo mínimo era exigir la firma de cada trabajador y en caso de negativa o que otro firmase por él dejar las constancias respectivas, por cuanto contaban con las facultades para ello al representar al empleador en la obra. Por lo que no se ha logrado acreditar fehacientemente que respecto del actor se realizaron las charlas y capacitaciones suficientes respecto a cómo realizar la labor de descarga que le correspondía en el tecle y su carretilla anexa; además que tampoco se acreditó por medio alguno haberse efectuado capacitación sobre cuidado de manos, atendido especialmente que el trabajo se desarrollaba con una máquina tecle que es previsible el atrapamiento de ellas dada su estructura y forma de utilización. Que respecto al estado del equipo en que debía trabajar el demandante esto es, el tecle consta de las propias declaraciones de los testigos de la demandada señores Zúñiga y Bolbarán, que dicha maquinaria fue intervenida artesanalmente por la empresa para cambiar el capacho en que se izaban los sacos por una carretilla ya que aquél no era seguro y había presentado irregularidades, además el primero señala que antes del accidente del actor la piola del tecle se salió de la rueda y se llevó a revisión y no tenía nada, pero no se adjuntó documento alguno que acreditase el estado de funcionamiento de tal equipo ni informes mecánicos sobre su real estado de funcionamiento, en circunstancias que es deber de la demandada mantener los equipos y dispositivos técnicamentee necesarios para reducir los riesgos en los sitios de trabajo. Que tampoco se logró demostrar por la demandada que contase con un programa sobre los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de la carga y la forma de prevenirlos, uso correcto de ayudas mecánicas y de equipos de protección personal, y técnicas seguras sobre el manejo o manipulación de la carga, según aparece de su reglamento interno, lo que deriva no sólo de lo precedentemente expuesto sino de lo declarado por el testigo don Alfredo Layseca Camacho, quien expresa que fue contratado con posterioridad al accidente y que ha elaborado un plan general de políticas de seguridad de la empresa, se está reorganizando el reglamento interno y que adicionalmente al momento de contratar al personal se le está entregando una obligación de informar detallada, para obviar lo que había anteriormente como una especie de uso y costumbre en que prácticamente no se documentaba la situación. DECIMOSÉPTIMO: Que el inciso primero del artículo 184 del Código del Trabajo, dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posible riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, norma categórica en cuanto no sólo se deben tomar medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores, sino que además se deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. Por ende, no basta con un cumplimiento meramente formal de tal obligación, sino que se exige una máxima diligencia del empleador en su cumplimiento, y al efecto se tiene presente que con la prueba rendida y analizada en los considerandos anteriores, consta lo siguiente: 1. que recibió capacitación insuficiente por cuanto no se le adiestró respecto al uso correcto de la descarga del material que transportaba el tecle y los riesgos que conlleva el realizar la descarga; 3. que no se realizó charla sobre cuidados de mano, en especial respecto al funcionamiento y operatividad del tecle y los riesgos que ello conlleva y las medidas tanto preventivas como correctivas. 4. que la máquina en que sufrió el accidente ya había sufrido desperfectos con anterioridad. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

5. que el demandado tampoco adoptó medida alguna respecto del tecle en cuanto indicar en el mismo las zonas de peligro o riesgo, por ejemplo, pintando de rojo la piola que efectúa el izamiento de los elementos u otra señal visible para evitar el riesgo, tampoco, entregó información satisfactoria mediante la confección de un programa que incluya los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de la carga y las formas de prevenirlos, en especial uso correcto de ayudas mecánicas y técnica seguras sobre el manejo o manipulación de carga, en circunstancias que ello podía realizarlo mediante la confección de un manual entregado a los trabajadores o de un tríptico con tales indicaciones, donde se incluyera, por ejemplo bocetos o fotos como las que se han incorporado en estas audiencias sobre maniobra realizada por el trabajador que dieran cuenta del cumplimiento efectivo de las normas de seguridad que le exige la norma precitada. Por ello, se llega a la conclusión lógica que las medidas adoptadas por el empleador no fueron todas las necesarias y las tomadas no fueron eficaces, por cuanto no se instruyó debidamente al actor sobre los riesgos inherentes al trabajo realizado por él, más aún, su capacitación fue deficiente limitándose a una inducción verbal inicial, sin que se acreditase que efectivamente se realizaron instrucciones sobre el uso de máquinas para el izamiento de carga, menos aún la existencia de medidas de seguridad concretas dentro de la obra para evitar accidentes, o que las instrucciones dadas por el supervisor hubiesen sido claras y precisas en cuanto a la forma de recepcionar la carretilla en la losa, toda vez que el demandante refiere que el supervisor Zúñiga le señaló que tomara la cadena del tecle para evitar que la carretilla causara daño en la losa, y por otro lado el testigo Cristian Bolbarán señala que él instruyó que acercaran la carretilla tomando la cadena y el brazo mecánico, y según lo referido por el actor tomó la cadena del tecle y ninguno de los testigos es presencial de los hechos, siendo por ende las instrucciones ineficaces para lograr el objetivo de protección y seguridad del trabajador. Con ello aparece que la demandada no suprimió los factores de riesgos que podía afectar la integridad y salud del demandante, ni informó oportuna y convenientemente al trabajador acerca de los riesgos que implican sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos; tampoco implementó mecanismos necesarios para minimizar los riesgos en el sitio de la faena, y al no haber tomados las medidas exigidas por el mandato del artículo 184 precitado, surge su responsabilidad por el accidente que afectó al demandante. DECIMOOCTAVO: Que no es suficiente para desvirtuar la conclusión anterior, la defensa de la demandada respecto a que el accidente se produjo por una maniobra imprudente del actor, quien habría tomado con la mano izquierda el cable del tecle eléctrico que se encontraba en movimiento, por cuanto, no obstante que el actor reconoce en su declaración que cuando él tomó la cadena estaba en movimiento, y ello fue porque le dijeron que pusiera la mano en la cadena del tecle para que no chocara la carretilla con la loza, el testigo Bolbarán, jefe directo de él y quien dice dio las instrucciones del uso del equipo, refiere por un lado que en un principio el capacho no era seguro y lo cambiaron por una carretilla con cadenas más seguro y que la función del actor era sacar los sacos del capacho, trasladar éste hacia la losa para poder sacar los sacos de allí, y para ello había que tirar el tecle, y que les mostró a los trabajadores cómo se trabajaba y traslado el capacho hacia la losa; que debían tomar de la cadena del capacho y del brazo del tecle para trasladar a la losa; obviamente hubo una condición insegura para el trabajador, primero respecto al funcionamiento del tecle y segundo en la instrucción dada por el capataz de tomar la cadena para llevarlo a la losa, sin ser suficiente dicha instrucción al faltar la charla sobre cuidado de manos, no existiendo normar claras y adecuadas para explicar el funcionamiento del tecle y los riesgos inherentes a su uso. Por lo demás, tampoco se acreditó que, de existir tal maniobra imprudente o negligente del trabajador, se haya cumplido por la demandada con las debidas charlas o capacitaciones de prevención respectivas o que se haya entregado un manual operativo de la máquina o que ésta mantuviese en una parte visible de su estructura alguna información con los riesgos o acciones que no debían ejecutarse en la misma, más aún cuando se trata de un equipo movible ya que se tratan de faenas que se realizan en distintas obras y que pese a ello, no se tomó ninguna medida para capacitar e instruir debidamente al demandante, por lo que ello es más que suficiente para descartar tal alegación de la demandada y en definitiva establecer su responsabilidad en los hechos, que por lo mismo deberá rechazarse su alegación de exposición imprudente al daño de parte de la víctima, por todo lo latamente expuesto.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

5. que el demandado tampoco adoptó medida alguna respecto del tecle en cuanto indicar en el mismo las zonas de peligro o riesgo, por ejemplo, pintando de rojo la piola que efectúa el izamiento de los elementos u otra señal visible para evitar el riesgo, tampoco, entregó información satisfactoria mediante la confección de un programa que incluya los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de la carga y las formas de prevenirlos, en especial uso correcto de ayudas mecánicas y técnica seguras sobre el manejo o manipulación de carga, en circunstancias que ello podía realizarlo mediante la confección de un manual entregado a los trabajadores o de un tríptico con tales indicaciones, donde se incluyera, por ejemplo bocetos o fotos como las que se han incorporado en estas audiencias sobre maniobra realizada por el trabajador que dieran cuenta del cumplimiento efectivo de las normas de seguridad que le exige la norma precitada. Por ello, se llega a la conclusión lógica que las medidas adoptadas por el empleador no fueron todas las necesarias y las tomadas no fueron eficaces, por cuanto no se instruyó debidamente al actor sobre los riesgos inherentes al trabajo realizado por él, más aún, su capacitación fue deficiente limitándose a una inducción verbal inicial, sin que se acreditase que efectivamente se realizaron instrucciones sobre el uso de máquinas para el izamiento de carga, menos aún la existencia de medidas de seguridad concretas dentro de la obra para evitar accidentes, o que las instrucciones dadas por el supervisor hubiesen sido claras y precisas en cuanto a la forma de recepcionar la carretilla en la losa, toda vez que el demandante refiere que el supervisor Zúñiga le señaló que tomara la cadena del tecle para evitar que la carretilla causara daño en la losa, y por otro lado el testigo Cristian Bolbarán señala que él instruyó que acercaran la carretilla tomando la cadena y el brazo mecánico, y según lo referido por el actor tomó la cadena del tecle y ninguno de los testigos es presencial de los hechos, siendo por ende las instrucciones ineficaces para lograr el objetivo de protección y seguridad del trabajador. Con ello aparece que la demandada no suprimió los factores de riesgos que podía afectar la integridad y salud del demandante, ni informó oportuna y convenientemente al trabajador acerca de los riesgos que implican sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos; tampoco implementó mecanismos necesarios para minimizar los riesgos en el sitio de la faena, y al no haber tomados las medidas exigidas por el mandato del artículo 184 precitado, surge su responsabilidad por el accidente que afectó al demandante. DECIMOOCTAVO: Que no es suficiente para desvirtuar la conclusión anterior, la defensa de la demandada respecto a que el accidente se produjo por una maniobra imprudente del actor, quien habría tomado con la mano izquierda el cable del tecle eléctrico que se encontraba en movimiento, por cuanto, no obstante que el actor reconoce en su declaración que cuando él tomó la cadena estaba en movimiento, y ello fue porque le dijeron que pusiera la mano en la cadena del tecle para que no chocara la carretilla con la loza, el testigo Bolbarán, jefe directo de él y quien dice dio las instrucciones del uso del equipo, refiere por un lado que en un principio el capacho no era seguro y lo cambiaron por una carretilla con cadenas más seguro y que la función del actor era sacar los sacos del capacho, trasladar éste hacia la losa para poder sacar los sacos de allí, y para ello había que tirar el tecle, y que les mostró a los trabajadores cómo se trabajaba y traslado el capacho hacia la losa; que debían tomar de la cadena del capacho y del brazo del tecle para trasladar a la losa; obviamente hubo una condición insegura para el trabajador, primero respecto al funcionamiento del tecle y segundo en la instrucción dada por el capataz de tomar la cadena para llevarlo a la losa, sin ser suficiente dicha instrucción al faltar la charla sobre cuidado de manos, no existiendo normar claras y adecuadas para explicar el funcionamiento del tecle y los riesgos inherentes a su uso. Por lo demás, tampoco se acreditó que, de existir tal maniobra imprudente o negligente del trabajador, se haya cumplido por la demandada con las debidas charlas o capacitaciones de prevención respectivas o que se haya entregado un manual operativo de la máquina o que ésta mantuviese en una parte visible de su estructura alguna información con los riesgos o acciones que no debían ejecutarse en la misma, más aún cuando se trata de un equipo movible ya que se tratan de faenas que se realizan en distintas obras y que pese a ello, no se tomó ninguna medida para capacitar e instruir debidamente al demandante, por lo que ello es más que suficiente para descartar tal alegación de la demandada y en definitiva establecer su responsabilidad en los hechos, que por lo mismo deberá rechazarse su alegación de exposición imprudente al daño de parte de la víctima, por todo lo latamente expuesto.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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DECIMONOVENO: Que existiendo el nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomados todas las medidas de seguridad necesarias (entrega de instructivos del uso de la máquina, capacitación e información sobre riesgos y medidas de prevención, capacitación adecuada para el cumplimiento de las labores, procedimientos estandarizados del manejo de las máquinas, avisos claros en el equipo de las partes peligrosas o que pueden afectar la integridad física del trabajador, como pintar de rojo aquellas zonas en las que no deben colocarse las manos) para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no se habría producido el accidente, que derivó en daño para éste, debe entenderse que ello se debe a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con sus trabajadores. Y el que causa daño a otro debe indemnizar el mismo, y teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivaba del vínculo de subordinación y dependencia, surge para él la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. VIGÉSIMO: Que el demandante pide se indemnice el lucro cesante, en la suma que el trabajador deja de percibir como consecuencia del accidente que le ha provocado el daño a reparar en el tiempo entre el día del accidente y el término de la vida útil laboral a la que hubiera accedido sin mediar el infortunio descrito y el que avalúa en la suma $ 13. 440.000, según los antecedentes que indica en su libelo de demanda o en subsidio la suma que el tribunal estime de justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos. Que para que se indemnice tal prestación es necesario que éste sea real, es decir, que teniendo determinado ingreso lo dejó de percibir a consecuencia de una lesión física, que en autos el demandante no acreditó por medio alguno tal circunstancia, es más, se estableció que el demandante percibió los subsidios de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y las prestaciones médicas y tratamientos necesarios para su recuperación, y de seguridad laboral, y la circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades labores, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar lucro cesante, por lo anterior, se rechazará el cobro de tal indemnización VIGÉSIMO PRIMERO: Que, además, solicita indemnización por daño moral, que avalúa en la suma de $ 90.000.000, atendido el sufrimiento físico y moral que le provocó el accidente sufrido, atendida su condición antes del mismo, hombre sano física y sicológicamente, con 51 años de edad, y en la condición actual con su mano izquierda gravemente lesionada, el uso permanente de una férula, no poder realizar ningún tipo de actividad que requieran fuerza o precisión de la misma y la serie de dolores crónicos que deberá soportar. Que el tribunal tendrá presente al efecto, la declaración del testigo Leonardo Ducasse Ruz, quien señala que conoce al actor porque va a su verdulería que vio que no puede usar la mano izquierda, que por ello él le pasa verduras, porque actualmente no está trabajando y a cambio el actor le ayuda a barrer con una mano; que él vive con su esposa, que está enferma y no trabaja, e hijos, tiene hijas casadas y que cuando supo que estaba en la mutual le fue a dejar una colecta. Respecto a la declaración de la sicóloga María José Martínez Sepúlveda, quien ratifica su informe sicológico incorporado en autos, el tribunal no considerará tal testimonio por cuanto la propia perito señala que conoce al demandante porque tuvo que evaluarlo y ello se realizó en oficinas del abogado del demandante y sólo fue una sesión de una hora y por ello recibe el correspondiente honorario. El informe de la Mutual de Seguridad que señala que evaluado el actor por la Comisión Médica, respecto de las secuelas se fijó una incapacidad de 10%; el informe médico CEIAT que señala como secuelas por distrofia simpática refleja: edema crónico de mano izquierda y no logra puño por limitación parcial de la movilidad de todos los dedos de la mano izquierda. Lo señalado en el memorándum interno de 15 de junio de 2010, de la Mutual de seguridad, que informa que el 12 de febrero del año en curso el médico siquiatra señala que la conducta del demandante está interferida por miedo a un accidente previo y eso entorpece la disposición a la mejoría y tratamiento de la lesión actual; que siguió hospitalizado con kinesiterapia intensiva, que el especialista en traumatología de mano consigna que no se evidencia avance en la movilidad de la mano izquierda dado que el paciente no coopera; que el 17 de marzo de 2010 se indica el alta laboral y se envía a Comisión Médica de evaluación de la Mutual y que el médico especialista en traumatología de mano ha señalado que existe una discordancia entre

DECIMONOVENO: Que existiendo el nexo causal entre la falta de medidas de seguridad y el accidente sufrido por el actor, toda vez que si hubiera tomados todas las medidas de seguridad necesarias (entrega de instructivos del uso de la máquina, capacitación e información sobre riesgos y medidas de prevención, capacitación adecuada para el cumplimiento de las labores, procedimientos estandarizados del manejo de las máquinas, avisos claros en el equipo de las partes peligrosas o que pueden afectar la integridad física del trabajador, como pintar de rojo aquellas zonas en las que no deben colocarse las manos) para dar efectiva y eficaz protección al trabajador, no se habría producido el accidente, que derivó en daño para éste, debe entenderse que ello se debe a la falta del deber de cuidado y protección que le exige el legislador para con sus trabajadores. Y el que causa daño a otro debe indemnizar el mismo, y teniendo presente el vínculo contractual que le une con el trabajador derivaba del vínculo de subordinación y dependencia, surge para él la obligación de reparación del daño causado en virtud de dicha relación laboral. VIGÉSIMO: Que el demandante pide se indemnice el lucro cesante, en la suma que el trabajador deja de percibir como consecuencia del accidente que le ha provocado el daño a reparar en el tiempo entre el día del accidente y el término de la vida útil laboral a la que hubiera accedido sin mediar el infortunio descrito y el que avalúa en la suma $ 13. 440.000, según los antecedentes que indica en su libelo de demanda o en subsidio la suma que el tribunal estime de justicia y equidad, de acuerdo al mérito de autos. Que para que se indemnice tal prestación es necesario que éste sea real, es decir, que teniendo determinado ingreso lo dejó de percibir a consecuencia de una lesión física, que en autos el demandante no acreditó por medio alguno tal circunstancia, es más, se estableció que el demandante percibió los subsidios de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y las prestaciones médicas y tratamientos necesarios para su recuperación, y de seguridad laboral, y la circunstancia que en el futuro pueda sufrir una merma en las remuneraciones que espera obtener en sus actividades labores, constituyen meras expectativas que no se pueden considerar lucro cesante, por lo anterior, se rechazará el cobro de tal indemnización VIGÉSIMO PRIMERO: Que, además, solicita indemnización por daño moral, que avalúa en la suma de $ 90.000.000, atendido el sufrimiento físico y moral que le provocó el accidente sufrido, atendida su condición antes del mismo, hombre sano física y sicológicamente, con 51 años de edad, y en la condición actual con su mano izquierda gravemente lesionada, el uso permanente de una férula, no poder realizar ningún tipo de actividad que requieran fuerza o precisión de la misma y la serie de dolores crónicos que deberá soportar. Que el tribunal tendrá presente al efecto, la declaración del testigo Leonardo Ducasse Ruz, quien señala que conoce al actor porque va a su verdulería que vio que no puede usar la mano izquierda, que por ello él le pasa verduras, porque actualmente no está trabajando y a cambio el actor le ayuda a barrer con una mano; que él vive con su esposa, que está enferma y no trabaja, e hijos, tiene hijas casadas y que cuando supo que estaba en la mutual le fue a dejar una colecta. Respecto a la declaración de la sicóloga María José Martínez Sepúlveda, quien ratifica su informe sicológico incorporado en autos, el tribunal no considerará tal testimonio por cuanto la propia perito señala que conoce al demandante porque tuvo que evaluarlo y ello se realizó en oficinas del abogado del demandante y sólo fue una sesión de una hora y por ello recibe el correspondiente honorario. El informe de la Mutual de Seguridad que señala que evaluado el actor por la Comisión Médica, respecto de las secuelas se fijó una incapacidad de 10%; el informe médico CEIAT que señala como secuelas por distrofia simpática refleja: edema crónico de mano izquierda y no logra puño por limitación parcial de la movilidad de todos los dedos de la mano izquierda. Lo señalado en el memorándum interno de 15 de junio de 2010, de la Mutual de seguridad, que informa que el 12 de febrero del año en curso el médico siquiatra señala que la conducta del demandante está interferida por miedo a un accidente previo y eso entorpece la disposición a la mejoría y tratamiento de la lesión actual; que siguió hospitalizado con kinesiterapia intensiva, que el especialista en traumatología de mano consigna que no se evidencia avance en la movilidad de la mano izquierda dado que el paciente no coopera; que el 17 de marzo de 2010 se indica el alta laboral y se envía a Comisión Médica de evaluación de la Mutual y que el médico especialista en traumatología de mano ha señalado que existe una discordancia entre ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la sintomatología, los hallazgos clínicos y la imagenología y a su vez llama la atención que el edema de la mano regresó durante su hospitalización, y por otro lado la lesión originaria fue del pulgar izquierdo y no de la mano ni muñera. Lo señalado por el perito médico Doctor Carlos Jorquera Jaramillo, médico cirujano, especialista traumatología, subespecialidad cirugía de mano del quien señala que el demandante tiene una condición que puede tener un carácter evolutivo menor, pero más bien secular producto de un evento que es complicación de traumatismo, no es una secuela en sí de traumatismo sino que de una enfermedad postraumática denominada Síndrome de dolor regional complejo o distrofia simpática refleja, cuadro en el cual se sabe bastantes sobre síntomas y signos, pero muy poco sobre su génesis, ya que no hay relación entre magnitud del traumatismo para que se produzca la lesión y tiempo de recuperación, con la complicación señalada, dejado a evolución natural, por lo menos un año y que en todo caso va a dejar secuelas: rigidez, limitación de rango de movilidad y en alguna medida dolor permanente. Que el daño moral se produce por toda lesión, menoscabo o perturbación a los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, y por ende deben someterse a la reparación no sólo del dolor sufrido por la pérdida que le ha afectado a la persona sino que también considerar los perjuicios que ha ocasionado en lo estético, lo social, el agrado de vivir. Que el daño se ha provocado porque a raíz del incumplimiento del deber de protección que le imponía el artículo 184 del Código del Trabajo a la parte empleadora, atendido el vínculo contractual que le unía con el actor a la fecha del accidente, se produjo una lesión corporal la que trajo consecuencias, que como aparece de los informes médicos y pericia respectiva, no derivaría propiamente de la lesión ya que no hay relación entre la magnitud del traumatismo para que se produzca la lesión. Que esta sentenciadora estima que el perjuicio ocasionado a la integridad física del trabajador, que en definitiva derivó en una incapacidad de 10%, más allá que ello provenga de un síndrome complejo cuya génesis es aún desconocida para la medicina, incapacidad que obviamente produce un menoscabo de la calidad de vida del demandante, que se ve reflejado en la circunstancia que ve limitada su capacidad de producción laboral, toda vez que es una persona que desempeña principalmente laborales manuales como jornal en obras en construcción, lo que obviamente acarrea dolor y aflicción que alega, la demandada deberá indemnizar tal daño en una suma congruente con su magnitud y génesis, que se fija en la suma de $ 5.000.000. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 63, 153, 173, 179, 184, 185 y siguientes, 210, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; 34, 66, 67, 68 y 69 de la ley Nº 16.744; se resuelve: I. Que se hace lugar a la objeción documental respecto del documento consistente en curso y talleres internos del 6 de octubre de 2009. II. Que se hace lugar a la demanda interpuesta por don Mario Hernán López Gatica, en contra de su empleadora Construcciones Especializadas Ltda., representada por don Alejandro Vicuña Montes, y se declara que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador y por ende se condena éste a resarcir el daño moral causado, fijándose como suma a pagar por tal concepto la cantidad de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos). III. Que se rechaza en lo demás la demanda de autos. IV. Que la cantidad ordenada pagar deberá serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. V. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. VI. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese y notifíquese. RIT: O 630 2010 RUC: 10 4 0020092 6 Dictada por doña Lorena Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Santiago.

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la sintomatología, los hallazgos clínicos y la imagenología y a su vez llama la atención que el edema de la mano regresó durante su hospitalización, y por otro lado la lesión originaria fue del pulgar izquierdo y no de la mano ni muñera. Lo señalado por el perito médico Doctor Carlos Jorquera Jaramillo, médico cirujano, especialista traumatología, subespecialidad cirugía de mano del quien señala que el demandante tiene una condición que puede tener un carácter evolutivo menor, pero más bien secular producto de un evento que es complicación de traumatismo, no es una secuela en sí de traumatismo sino que de una enfermedad postraumática denominada Síndrome de dolor regional complejo o distrofia simpática refleja, cuadro en el cual se sabe bastantes sobre síntomas y signos, pero muy poco sobre su génesis, ya que no hay relación entre magnitud del traumatismo para que se produzca la lesión y tiempo de recuperación, con la complicación señalada, dejado a evolución natural, por lo menos un año y que en todo caso va a dejar secuelas: rigidez, limitación de rango de movilidad y en alguna medida dolor permanente. Que el daño moral se produce por toda lesión, menoscabo o perturbación a los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, y por ende deben someterse a la reparación no sólo del dolor sufrido por la pérdida que le ha afectado a la persona sino que también considerar los perjuicios que ha ocasionado en lo estético, lo social, el agrado de vivir. Que el daño se ha provocado porque a raíz del incumplimiento del deber de protección que le imponía el artículo 184 del Código del Trabajo a la parte empleadora, atendido el vínculo contractual que le unía con el actor a la fecha del accidente, se produjo una lesión corporal la que trajo consecuencias, que como aparece de los informes médicos y pericia respectiva, no derivaría propiamente de la lesión ya que no hay relación entre la magnitud del traumatismo para que se produzca la lesión. Que esta sentenciadora estima que el perjuicio ocasionado a la integridad física del trabajador, que en definitiva derivó en una incapacidad de 10%, más allá que ello provenga de un síndrome complejo cuya génesis es aún desconocida para la medicina, incapacidad que obviamente produce un menoscabo de la calidad de vida del demandante, que se ve reflejado en la circunstancia que ve limitada su capacidad de producción laboral, toda vez que es una persona que desempeña principalmente laborales manuales como jornal en obras en construcción, lo que obviamente acarrea dolor y aflicción que alega, la demandada deberá indemnizar tal daño en una suma congruente con su magnitud y génesis, que se fija en la suma de $ 5.000.000. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 63, 153, 173, 179, 184, 185 y siguientes, 210, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; 34, 66, 67, 68 y 69 de la ley Nº 16.744; se resuelve: I. Que se hace lugar a la objeción documental respecto del documento consistente en curso y talleres internos del 6 de octubre de 2009. II. Que se hace lugar a la demanda interpuesta por don Mario Hernán López Gatica, en contra de su empleadora Construcciones Especializadas Ltda., representada por don Alejandro Vicuña Montes, y se declara que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador y por ende se condena éste a resarcir el daño moral causado, fijándose como suma a pagar por tal concepto la cantidad de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos). III. Que se rechaza en lo demás la demanda de autos. IV. Que la cantidad ordenada pagar deberá serlo con los reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. V. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. VI. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo. Regístrese y notifíquese. RIT: O 630 2010 RUC: 10 4 0020092 6 Dictada por doña Lorena Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Santiago.

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II. CORTE DE APELACIONES Santiago, seis de diciembre de dos mil diez. Vistos: Por sentencia de nueve de julio de dos mil diez, el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acogió la demanda interpuesta por Mario Hernán López Gatica, en contra de Construcciones Especializadas Limitada, declarándose que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador, fijándose pagar por concepto de daño moral la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) con reajustes e intereses, rechazando en lo demás la demanda y no condenando en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. La abogado Yasna Maldonado Navarro, en representación de Mario López Gatica, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia antes señalada, invocando la infracción del artículo 69 de la ley Nº 16.744 en relación con los artículos 1553 y 1556 del Código Civil, mediante la causal del artículo 477 del Código del Trabajo. Invoca, además, en conjunto y subsidiariamente la causal del artículo 478 letra b). CONSIDERANDO: 1°) Que el recurso, en relación con la primera causal de nulidad, sostiene que el fallo rechazó la indemnización del lucro cesante, sobre la base de que el daño debe ser real, es decir, que determinado ingreso que percibía lo perdió como consecuencia de una lesión física y por cuanto en autos el actor no probó por medio alguno tal circunstancia. Expone, en contrario, que esta interpretación jurídica del tribunal es errada. Primero, se estableció una pérdida de capacidad de ganancia del 10% que afecta su mano izquierda, lo que constituye daño; segundo el fallo entiende que éste se haya cubierto por el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo, pero el seguro, por su naturaleza, sólo cubre una parte de las remuneraciones, lo que hace que se produzca una diferencia que no tiene por qué ser de cargo del trabajador. Agrega que el lucro cesante, como desprende de la fundamentación de fallos que cita, no requiere certeza sino ser razonablemente posible. Y en cuanto a la motivación del fallo de no haber prueba al respecto, dice que acreditó a través de documentación que el actor dejó de trabajar para la demandada y por ende, dejó de percibir ingresos a causa de su lesión y que con la testimonial acreditó que no está trabajando actualmente. A su juicio, se infringe el artículo 69, letra b), de la ley Nº 16.744, porque en él se establece el derecho del trabajador víctima de un accidente del trabajo en que ha mediado dolo o culpa del empleador, el derecho a las demás indemnizaciones que contempla el derecho común, aparte las prestaciones que tiene derecho a percibir del correspondiente seguro social. El artículo 1553 del Código Civil en cuanto obliga al deudor a indemnizar los perjuicios resultantes de la infracción del contrato; y el artículo 1556 del mismo código, que comprende en la indemnización el lucro cesante. En fin, no existe –señala– norma alguna que excepcione del derecho de reparación, cuando la invalidez es parcial y no total; 2°) Que, seguidamente, el recurso plantea la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, pero lo hace en estos términos: “en conjunto y subsidiariamente”. En esta parte, sostiene que el fallo al rechazar en el considerando vigésimo el lucro cesante, ha incurrido en una manifiesta infracción a las reglas de la sana crítica. Ello, porque no puede el juzgador tener por no acreditados hechos y no dar lugar a la indemnización del lucro cesante, y por otro lado, darlos por acreditado para conceder el daño moral. Esto importa una evidente contradicción, en concepto del recurrente, porque en esta parte tuvo por probada la incapacidad del actor y el menoscabo en su vida laboral. En cambio, las reglas de la sana crítica exigen del juzgador un discurso armónico y coherente que dé cuenta de un razonamiento consistente y no contradictorio, violando las señaladas reglas el discurso fundante del considerando vigésimo, en orden a no otorgar dicha indemnización por no haberse acreditado que éste sea real y que el actor a consecuencia de la lesión física haya dejado de percibir ingresos. Adiciona, que si el juez hubiese aplicado correctamente el artículo 456 del Código del Trabajo, habría constatado que la incapacidad está establecida en el propio fallo como asimismo el menoscabo en la vida laboral del actor que esto produce (considerando vigésimo primero), por lo que no puede indicar que el actor no sufre perjuicios a consecuencia de la lesión física sufrida.

Santiago, seis de diciembre de dos mil diez. Vistos: Por sentencia de nueve de julio de dos mil diez, el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acogió la demanda interpuesta por Mario Hernán López Gatica, en contra de Construcciones Especializadas Limitada, declarándose que el accidente laboral sufrido por el actor fue por culpa del empleador, fijándose pagar por concepto de daño moral la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) con reajustes e intereses, rechazando en lo demás la demanda y no condenando en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. La abogado Yasna Maldonado Navarro, en representación de Mario López Gatica, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia antes señalada, invocando la infracción del artículo 69 de la ley Nº 16.744 en relación con los artículos 1553 y 1556 del Código Civil, mediante la causal del artículo 477 del Código del Trabajo. Invoca, además, en conjunto y subsidiariamente la causal del artículo 478 letra b). CONSIDERANDO: 1°) Que el recurso, en relación con la primera causal de nulidad, sostiene que el fallo rechazó la indemnización del lucro cesante, sobre la base de que el daño debe ser real, es decir, que determinado ingreso que percibía lo perdió como consecuencia de una lesión física y por cuanto en autos el actor no probó por medio alguno tal circunstancia. Expone, en contrario, que esta interpretación jurídica del tribunal es errada. Primero, se estableció una pérdida de capacidad de ganancia del 10% que afecta su mano izquierda, lo que constituye daño; segundo el fallo entiende que éste se haya cubierto por el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo, pero el seguro, por su naturaleza, sólo cubre una parte de las remuneraciones, lo que hace que se produzca una diferencia que no tiene por qué ser de cargo del trabajador. Agrega que el lucro cesante, como desprende de la fundamentación de fallos que cita, no requiere certeza sino ser razonablemente posible. Y en cuanto a la motivación del fallo de no haber prueba al respecto, dice que acreditó a través de documentación que el actor dejó de trabajar para la demandada y por ende, dejó de percibir ingresos a causa de su lesión y que con la testimonial acreditó que no está trabajando actualmente. A su juicio, se infringe el artículo 69, letra b), de la ley Nº 16.744, porque en él se establece el derecho del trabajador víctima de un accidente del trabajo en que ha mediado dolo o culpa del empleador, el derecho a las demás indemnizaciones que contempla el derecho común, aparte las prestaciones que tiene derecho a percibir del correspondiente seguro social. El artículo 1553 del Código Civil en cuanto obliga al deudor a indemnizar los perjuicios resultantes de la infracción del contrato; y el artículo 1556 del mismo código, que comprende en la indemnización el lucro cesante. En fin, no existe –señala– norma alguna que excepcione del derecho de reparación, cuando la invalidez es parcial y no total; 2°) Que, seguidamente, el recurso plantea la causal de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, pero lo hace en estos términos: “en conjunto y subsidiariamente”. En esta parte, sostiene que el fallo al rechazar en el considerando vigésimo el lucro cesante, ha incurrido en una manifiesta infracción a las reglas de la sana crítica. Ello, porque no puede el juzgador tener por no acreditados hechos y no dar lugar a la indemnización del lucro cesante, y por otro lado, darlos por acreditado para conceder el daño moral. Esto importa una evidente contradicción, en concepto del recurrente, porque en esta parte tuvo por probada la incapacidad del actor y el menoscabo en su vida laboral. En cambio, las reglas de la sana crítica exigen del juzgador un discurso armónico y coherente que dé cuenta de un razonamiento consistente y no contradictorio, violando las señaladas reglas el discurso fundante del considerando vigésimo, en orden a no otorgar dicha indemnización por no haberse acreditado que éste sea real y que el actor a consecuencia de la lesión física haya dejado de percibir ingresos. Adiciona, que si el juez hubiese aplicado correctamente el artículo 456 del Código del Trabajo, habría constatado que la incapacidad está establecida en el propio fallo como asimismo el menoscabo en la vida laboral del actor que esto produce (considerando vigésimo primero), por lo que no puede indicar que el actor no sufre perjuicios a consecuencia de la lesión física sufrida.

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Finalmente, solicita se acoja el presente recurso, procediendo a anular en fallo en alzada por haber incurrido en las infracciones de ley aludidas, y se dicte sentencia de reemplazo que revoque lo resuelto respecto la reparación de lucro cesante, condenando a la empresa demandada al pago de la indemnización por ese concepto. 3°) Que, en cuanto a la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, ninguna de las normas citadas ha sido infringida, pues no se trata que el fallo haya establecido la improcedencia del lucro cesante, no obstante, que estas disposiciones dispongan el derecho a la indemnización en ciertos casos y la comprensión de este daño en ella, lo que sucede es distinto: la sentencia estima que esta clase de daño no se encuentra acreditado en el juicio, porque no consta que dejara de percibir determinado ingreso a causa de una lesión física, lo que constituye un juicio probatorio acerca de los hechos y, por tanto, una cuestión ajena al recurso de nulidad –como recurso de derecho–, salvo que se hubieran violado las reglas de la sana crítica en su apreciación y que esto, además, resultare de manifiesto (considerando vigésimo); 4°) Que, respecto de la causal en que se hace valer lo que se considera en el recurso una evidente violación de la sana crítica por parte del juzgador, lo cierto es que no puede prosperar, porque esta causal se interpone –en conjunto y subsidiariamente–, lo que constituye una imposibilidad lógica, ya que supone al mismo tiempo que las causales son compatibles y que no lo son, a la vez que contraría la ley, comoquiera que el artículo 478 inciso final del Código del Trabajo exige que si se interpone el recurso por más de una causal, se señale si se lo hace en una forma o en otra. Además, el considerando vigésimo primero –referido al daño moral accedido– se pronuncia sobre un perjuicio y una cuestión distinta a la del considerando vigésimo en que se fundamenta el rechazo del lucro cesante: en un caso, la existencia de la lesión corporal que trajo consecuencias, a partir de la infracción consistente en el incumplimiento del deber de protección como quedó consignado en los motivos 16°, 17°, 18° y 19° del fallo, y que produjo menoscabo de la calidad de vida del demandante; mientras que en el otro, no negó la lesión corporal, sino la prueba de que haya dejado de percibir un determinado ingreso; 5°. Que, en consecuencia, cabe desestimar el recurso de nulidad promovido por la parte demandada. Por estas consideraciones, y lo dispuesto, además, en los artículos 477, 481 y 482 del citado cuerpo legal, se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la abogado Yasna Maldonado Navarro, en representación de Mario Hernán López Gatica, respecto de la sentencia definitiva de nueve de julio de dos mil diez, emanada del Segundo Juzgado de Letras de Santiago. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Silva. Ruc 1040020092-6. Rit O-630-2010. Rol Corte N° 965-2010 Pronunciada por la Quinta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor Mauricio Silva Cancino, señora Jessica González Troncoso y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

Finalmente, solicita se acoja el presente recurso, procediendo a anular en fallo en alzada por haber incurrido en las infracciones de ley aludidas, y se dicte sentencia de reemplazo que revoque lo resuelto respecto la reparación de lucro cesante, condenando a la empresa demandada al pago de la indemnización por ese concepto. 3°) Que, en cuanto a la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, ninguna de las normas citadas ha sido infringida, pues no se trata que el fallo haya establecido la improcedencia del lucro cesante, no obstante, que estas disposiciones dispongan el derecho a la indemnización en ciertos casos y la comprensión de este daño en ella, lo que sucede es distinto: la sentencia estima que esta clase de daño no se encuentra acreditado en el juicio, porque no consta que dejara de percibir determinado ingreso a causa de una lesión física, lo que constituye un juicio probatorio acerca de los hechos y, por tanto, una cuestión ajena al recurso de nulidad –como recurso de derecho–, salvo que se hubieran violado las reglas de la sana crítica en su apreciación y que esto, además, resultare de manifiesto (considerando vigésimo); 4°) Que, respecto de la causal en que se hace valer lo que se considera en el recurso una evidente violación de la sana crítica por parte del juzgador, lo cierto es que no puede prosperar, porque esta causal se interpone –en conjunto y subsidiariamente–, lo que constituye una imposibilidad lógica, ya que supone al mismo tiempo que las causales son compatibles y que no lo son, a la vez que contraría la ley, comoquiera que el artículo 478 inciso final del Código del Trabajo exige que si se interpone el recurso por más de una causal, se señale si se lo hace en una forma o en otra. Además, el considerando vigésimo primero –referido al daño moral accedido– se pronuncia sobre un perjuicio y una cuestión distinta a la del considerando vigésimo en que se fundamenta el rechazo del lucro cesante: en un caso, la existencia de la lesión corporal que trajo consecuencias, a partir de la infracción consistente en el incumplimiento del deber de protección como quedó consignado en los motivos 16°, 17°, 18° y 19° del fallo, y que produjo menoscabo de la calidad de vida del demandante; mientras que en el otro, no negó la lesión corporal, sino la prueba de que haya dejado de percibir un determinado ingreso; 5°. Que, en consecuencia, cabe desestimar el recurso de nulidad promovido por la parte demandada. Por estas consideraciones, y lo dispuesto, además, en los artículos 477, 481 y 482 del citado cuerpo legal, se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la abogado Yasna Maldonado Navarro, en representación de Mario Hernán López Gatica, respecto de la sentencia definitiva de nueve de julio de dos mil diez, emanada del Segundo Juzgado de Letras de Santiago. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro señor Silva. Ruc 1040020092-6. Rit O-630-2010. Rol Corte N° 965-2010 Pronunciada por la Quinta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor Mauricio Silva Cancino, señora Jessica González Troncoso y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-2557-2010 Cita online: CL/JUR/16513/2010 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil diez. VISTOS y OÍDOS: PRIMERO: Que comparece Rodrigo Wunkhaus Rigart, abogado, domiciliado en Moneda 973, oficina 638, Santiago, en representación de don Juan Carlos Cisternas Plaza, obrero, domiciliado en Los Aromos 5609, Villa El Barrero, Comuna de Huechuraba, quien interpone demanda de indemnización de perjucios por responsabilidad contractual derivada de accidente del trabajo en contra del empleador directo de su representado, don Héctor Eduardo Zurita Rossi, empresario, domiciliado en Zenteno 980, local 43, Comuna de Santiago, y en contra de la Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda., persona jurídica del giro de transporte de valores, cuyo nombre de fantasía es Prosegur Ltda., representada por don José Antonio Labbé Galilea, ignora profesión, ambos domiciliados en Los Gobelinos 2567, Comuna de Renca, Santiago, en calidad de dueña de la obra o faena y empresa principal, y en subsidio, para el caso que se estime que no es esta última responsable solidaria, la demanda subsidiariamente. Fundamenta su demanda en que según contrato de trabajo su representado trabajaba para el demandado Sr. Zurita desde el 5 de noviembre de 2009, desempeñándose en funciones de albañilería y electricidad, a plazo hasta el 5 de enero de 2010, con un sueldo base líquido pactado de $ 300.000 mensuales. Que con fecha 14 de noviembre de 2009 el actor se encontró con el Sr. Zurita, aproximadamente a las 10,00 horas, a quien no conocía y quien por contacto le había ofrecido un pololo para el mismo día, a donde el actor asistió con un ayudante el trabajador Fidel Olivares Cisternas. Se encontraron y fueron a la tienda Sodimac de Estación Central a adquirir las planchas de pizarreño, para luego dirigirse a las dependencias de Prosegur de los Gobelinos en Renca a realizar el trabajo consistente en recambio de aproximadamente 10 planchas de pizarreño de una bodega de propiedad de Prosegur Ltda. a donde llegaron cerca de las 12,30 horas, siendo controlados por un guardia de la empresa en la entrada, quien revisó los antecedentes de los trabajadores, y luego les indicó que podían ingresar, y una vez allí el Sr. Zurita le indicó al actor desde el suelo, cuáles eran las planchas que había que cambiar, retirándose del lugar e instruyéndole a avisarle cuando hubieran terminado. El actor se puso su ropa de trabajo que incluía un arnés de seguridad y subió al techo del galpón y cuando llegó ahí se dio cuenta que no había línea de vida en donde enganchar su arnés y que habían muchas planchas de pizarreño podridas y en mal estado, en un techo con pendiente de una altura aproximada de 9 metros. Agrega que mientas el demandante calculaba cómo realizaría la faena, de pronto, las planchas sobre las que se encontraba el actor cedieron bajo su peso y cayó, atravesando los pizarreños hacia el interior de la bodega, sobre un mesón de madera y fierro de grandes dimensiones, sobre el que aterrizó con su costado derecho, resultando policontuso y con múltiples fracturas. Luego una ambulancia pública del SAMU recogió al actor del lugar y lo llevó al Hospital San Juan de Dios, en donde estuvo 4 días, para luego ser transferido al Hospital de la Mutual de Seguridad el día 18 de noviembre de 2009. Señala que el accidente laboral que se denuncia tiene como único origen la culpa de las demandadas, quienes violaron su obligación contractual de prestar seguridad a sus trabajadores, en los términos que establece el artículo 184 del Código del Trabajo. Y que además se observan las siguientes infracciones en las faenas de autos: 1. No mantener las condiciones necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, sean estos dependientes directos o no (artículo 3° del D.S. N° 594 de 1999), en la especie, enviar a un trabajador a realizar trabajos en altura, sobre un techo podrido y sin adoptar ninguna medida de seguridad; 2. No entregar los elementos de protección personal a los trabajadores, tales como arnés o cinturón de seguridad y línea de vida; 3. Inexistencia de supervisión efectiva de las labores; 4. Carecer el trabajador de instrucción de seguridad específica para los trabajos que desarrollaba; 5. No informar al actor de los peligros que tenía realizar la labor encomendada, que es el derecho

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil diez. VISTOS y OÍDOS: PRIMERO: Que comparece Rodrigo Wunkhaus Rigart, abogado, domiciliado en Moneda 973, oficina 638, Santiago, en representación de don Juan Carlos Cisternas Plaza, obrero, domiciliado en Los Aromos 5609, Villa El Barrero, Comuna de Huechuraba, quien interpone demanda de indemnización de perjucios por responsabilidad contractual derivada de accidente del trabajo en contra del empleador directo de su representado, don Héctor Eduardo Zurita Rossi, empresario, domiciliado en Zenteno 980, local 43, Comuna de Santiago, y en contra de la Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda., persona jurídica del giro de transporte de valores, cuyo nombre de fantasía es Prosegur Ltda., representada por don José Antonio Labbé Galilea, ignora profesión, ambos domiciliados en Los Gobelinos 2567, Comuna de Renca, Santiago, en calidad de dueña de la obra o faena y empresa principal, y en subsidio, para el caso que se estime que no es esta última responsable solidaria, la demanda subsidiariamente. Fundamenta su demanda en que según contrato de trabajo su representado trabajaba para el demandado Sr. Zurita desde el 5 de noviembre de 2009, desempeñándose en funciones de albañilería y electricidad, a plazo hasta el 5 de enero de 2010, con un sueldo base líquido pactado de $ 300.000 mensuales. Que con fecha 14 de noviembre de 2009 el actor se encontró con el Sr. Zurita, aproximadamente a las 10,00 horas, a quien no conocía y quien por contacto le había ofrecido un pololo para el mismo día, a donde el actor asistió con un ayudante el trabajador Fidel Olivares Cisternas. Se encontraron y fueron a la tienda Sodimac de Estación Central a adquirir las planchas de pizarreño, para luego dirigirse a las dependencias de Prosegur de los Gobelinos en Renca a realizar el trabajo consistente en recambio de aproximadamente 10 planchas de pizarreño de una bodega de propiedad de Prosegur Ltda. a donde llegaron cerca de las 12,30 horas, siendo controlados por un guardia de la empresa en la entrada, quien revisó los antecedentes de los trabajadores, y luego les indicó que podían ingresar, y una vez allí el Sr. Zurita le indicó al actor desde el suelo, cuáles eran las planchas que había que cambiar, retirándose del lugar e instruyéndole a avisarle cuando hubieran terminado. El actor se puso su ropa de trabajo que incluía un arnés de seguridad y subió al techo del galpón y cuando llegó ahí se dio cuenta que no había línea de vida en donde enganchar su arnés y que habían muchas planchas de pizarreño podridas y en mal estado, en un techo con pendiente de una altura aproximada de 9 metros. Agrega que mientas el demandante calculaba cómo realizaría la faena, de pronto, las planchas sobre las que se encontraba el actor cedieron bajo su peso y cayó, atravesando los pizarreños hacia el interior de la bodega, sobre un mesón de madera y fierro de grandes dimensiones, sobre el que aterrizó con su costado derecho, resultando policontuso y con múltiples fracturas. Luego una ambulancia pública del SAMU recogió al actor del lugar y lo llevó al Hospital San Juan de Dios, en donde estuvo 4 días, para luego ser transferido al Hospital de la Mutual de Seguridad el día 18 de noviembre de 2009. Señala que el accidente laboral que se denuncia tiene como único origen la culpa de las demandadas, quienes violaron su obligación contractual de prestar seguridad a sus trabajadores, en los términos que establece el artículo 184 del Código del Trabajo. Y que además se observan las siguientes infracciones en las faenas de autos: 1. No mantener las condiciones necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, sean estos dependientes directos o no (artículo 3° del D.S. N° 594 de 1999), en la especie, enviar a un trabajador a realizar trabajos en altura, sobre un techo podrido y sin adoptar ninguna medida de seguridad; 2. No entregar los elementos de protección personal a los trabajadores, tales como arnés o cinturón de seguridad y línea de vida; 3. Inexistencia de supervisión efectiva de las labores; 4. Carecer el trabajador de instrucción de seguridad específica para los trabajos que desarrollaba; 5. No informar al actor de los peligros que tenía realizar la labor encomendada, que es el derecho

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a saber, según dispone el artículo 21 del D.S. 40 del Ministerio de Salud; 6. No informar a la autoridad sobre la ocurrencia del accidente, en conformidad a la ley N° 16.744; 7. Tampoco se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la mencionada ley; 8. No constituir ni tener en funcionamiento un Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para las faenas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Luego indica como daños físicos, síquicos y morales los siguientes: Como diagnósticos emanados de la Mutual de Seguridad: policontuso; politraumatismo; fractura base quinto metacarpiano; herida región axilar derecha complicada; fractura tibia peroné distal derecho; fractura tibio peroné proximal derecho. Y como normas aplicables, invoca el artículo 184 del Código del Trabajo señalando que destinó al actor a realizar una faena sin instruirlo acerca de los peligros que éste envuelve y sin supervisar efectivamente las labores, exponiéndolo innecesariamente, y que igual infracción pesa sobre el dueño de la obra y mandante del Sr. Zurita, la empresa Prosegur Ltda. Que esta obligación si bien nace del contrato de trabajo, se trata de un deber que tiene su origen en la protección de un bien jurídico superior, como es la vida y la integridad física de las personas, y tiene significado no sólo para las personas sino también para su familia y la sociedad. Que además la adopción de las medidas de seguridad debe ser eficaz de manera que de haberse dado cumplimiento a la obligación de seguridad, el accidente nunca se habría producido y el hecho de su ocurrencia deja en evidencia y acredita el fracaso de las medidas tomadas para el resguardo de los trabajadores, ya que no habían medidas de seguridad. Agrega que la demandada tampoco ha manifestado interés por ayudar al actor ni de pagar por la responsabilidad que le compete en los hechos de autos. Señala que además se debió cumplir con el deber de seguridad establecido en el artículo 153 del Código del Trabajo, en orden a confeccionar un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y con lo dispuesto en los artículos 210, 66 de la ley 16.744, en el sentido de asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección; vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa; indicar la adopción de todas las medidas de seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales; y cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. Asimismo, invoca que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 66 bis, 67, 68 y 76 de la ley 16.744, en el sentido que los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento de parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores y asimismo corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas; en el sentido de proporcionar a los trabajadores los equipos o implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor; en el sentido que la entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima; Por otro lado, señala incumplida la norma del artículo 21 del D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, en cuanto dispone el deber de informar oportunamente a sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos; y la del artículo 3°, 36 y 37 del D.S. 594 del Ministerio de Salud, en cuanto dispone que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores; que todas las maquinarias se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas. Agrega que el incumplimiento de la empleadora de la obligación contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo fue causa directa e inmediata del accidente de trabajo y constituye la fuente de la obligación de reparar el daño. Invoca también el artículo 1556 del Código Civil y señala que ambas demandadas se benefician del trabajo del empleado, de modo que la obligación antes dicha recae tanto

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a saber, según dispone el artículo 21 del D.S. 40 del Ministerio de Salud; 6. No informar a la autoridad sobre la ocurrencia del accidente, en conformidad a la ley N° 16.744; 7. Tampoco se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la mencionada ley; 8. No constituir ni tener en funcionamiento un Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para las faenas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Luego indica como daños físicos, síquicos y morales los siguientes: Como diagnósticos emanados de la Mutual de Seguridad: policontuso; politraumatismo; fractura base quinto metacarpiano; herida región axilar derecha complicada; fractura tibia peroné distal derecho; fractura tibio peroné proximal derecho. Y como normas aplicables, invoca el artículo 184 del Código del Trabajo señalando que destinó al actor a realizar una faena sin instruirlo acerca de los peligros que éste envuelve y sin supervisar efectivamente las labores, exponiéndolo innecesariamente, y que igual infracción pesa sobre el dueño de la obra y mandante del Sr. Zurita, la empresa Prosegur Ltda. Que esta obligación si bien nace del contrato de trabajo, se trata de un deber que tiene su origen en la protección de un bien jurídico superior, como es la vida y la integridad física de las personas, y tiene significado no sólo para las personas sino también para su familia y la sociedad. Que además la adopción de las medidas de seguridad debe ser eficaz de manera que de haberse dado cumplimiento a la obligación de seguridad, el accidente nunca se habría producido y el hecho de su ocurrencia deja en evidencia y acredita el fracaso de las medidas tomadas para el resguardo de los trabajadores, ya que no habían medidas de seguridad. Agrega que la demandada tampoco ha manifestado interés por ayudar al actor ni de pagar por la responsabilidad que le compete en los hechos de autos. Señala que además se debió cumplir con el deber de seguridad establecido en el artículo 153 del Código del Trabajo, en orden a confeccionar un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y con lo dispuesto en los artículos 210, 66 de la ley 16.744, en el sentido de asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección; vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa; indicar la adopción de todas las medidas de seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales; y cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. Asimismo, invoca que no se cumplió con lo dispuesto en los artículos 66 bis, 67, 68 y 76 de la ley 16.744, en el sentido que los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento de parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores y asimismo corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas; en el sentido de proporcionar a los trabajadores los equipos o implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor; en el sentido que la entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima; Por otro lado, señala incumplida la norma del artículo 21 del D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social, en cuanto dispone el deber de informar oportunamente a sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos; y la del artículo 3°, 36 y 37 del D.S. 594 del Ministerio de Salud, en cuanto dispone que la empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores; que todas las maquinarias se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas. Agrega que el incumplimiento de la empleadora de la obligación contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo fue causa directa e inmediata del accidente de trabajo y constituye la fuente de la obligación de reparar el daño. Invoca también el artículo 1556 del Código Civil y señala que ambas demandadas se benefician del trabajo del empleado, de modo que la obligación antes dicha recae tanto

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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en el empleador como en la empresa principal. Señala que la obligación del empleador de proporcionar seguridad a los trabajadores es de orden público, de naturaleza contractual e irrenunciable y que su infracción debe resolverse en la de indemnizar todos los perjuicios provocados a su representado y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 16.744 dicha reparación debe ser completa y comprende el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Señala además que la responsabilidad solidaria de Prosegur se encuentra indicada con claridad en el artículo 183 B y 183 E del Código del Trabajo, obligándola incluso a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en la obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. Luego de dar un concepto a su juicio de daño moral y de lucro cesante, señala que su representado antes del accidente era un hombre absolutamente sano y pleno, con una vida familiar intensa, siendo el actor el único que aportaba ingresos a su familia, y que tenía 42 años en la época del accidente, por lo que pide reparación de daño moral por la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos), y en cuanto al lucro cesante señala que para el cálculo debe considerarse la última remuneración que obtuvo su representado sano y con el máximo de su capacidad laboral, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan hasta cumplir los 65 años de edad, edad teórica para obtener jubilación y dar por finalizada la vida laboral y en base a $ 300.000 (trescientos mil pesos mensuales) por 23 años arroja la suma de $ 82.600.000 (ochenta y dos millones seiscientos mil pesos), haciendo presente que esta indemnización no tiene relación con el subsidio de incapacidad ni se puede imputar a él, por expresa disposición legal, señala que además el seguro cubre sólo en parte su pérdida de capacidad de ganancia, que menciona el artículo 34 de la ley sobre accidentes laborales. En subsidio pide las cantidades que por tales conceptos determine en conformidad a los antecedentes aportados. SEGUNDO: La demandada, en adelante, Prosegur Ltda., contesta la demanda de autos, solicitando que sea rechazada en todas sus partes, y señala que sólo aceptará los hechos que en definitiva resulten acreditados, desconociendo aquellos que no resulten probados, negando el incumplimiento obligacional señalado por el actor, ya que no tuvo participación alguna en los hechos que invoca. Señala que entre su representada y el demandante nunca ha existido una relación contractual de carácter laboral, ya que no tiene la calidad de empleador del demandante; Señala que a la época de ocurrencia de los hechos existía entre su representada y el Sr. Zurita un contrato de prestación de servicios de electricidad, datos, voz, telecomunicaciones y reparaciones varias; y que este contrato de servicios era de carácter esporádico o ocasional para prestar servicios en dependencias de Prosegur Ltda. para ejecutar tareas también esporádicas, discontinuas y ocasionales, en la medida que se presentara la necesidad y que los trabajos que él se adjudicaba los desarrollaba con distintas personas que lo apoyaban y del apoyo que él necesitara para cumplir su labor. Señala que por ello no se encuentra amparado bajo el régimen de subcontratación. Agrega en cuanto a los implementos de seguridad que el Sr. Zurita era quien proveía los elementos a quienes lo apoyaban en las obras y según la naturaleza del trabajo. Sin perjuicio de ello, señalan que el actor contaba con overol, arnés de seguridad y la techumbre donde debía ejecutar la reparación contaba con un mosquetón donde fijar el arnés de modo de precaver caídas de nivel. En cuanto al día del accidente señala que el trabajador contratado por Héctor Zurita se encontraba realizando un cambio de algunas planchas de pizarreño dañadas en la techumbre de un galpón en dependencias de Prosegur Ltda. cuando aproximadamente a las 13:35 horas sufre una caída traspasando pizarreños cayendo desde una altura aproximada de 6 metros sobre una cinta transportadora y luego al piso. Opone excepción de falta de legitimidad pasiva por los fundamentos que se expondrán más adelante. En subsidio, señala que es improcedente respecto de su parte la aplicación de los artículos 183 B y 183 E del Código del Trabajo, ya que sólo está concebida respecto de obligaciones laborales y previsionales adeudadas por el empleador directo. Agrega que ni el artículo 183 E ni el artículo 66 bis de la ley 16.774 establecen expresamente la solidaridad y señala que así quedó plasmado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Por otro lado, señala que de las disposiciones de los artículos 183 E del Código del Trabajo, 66 Bis de la ley 16.744, y artículo 3 del D.S. 594, se puede concluir que además de los requisitos generales de toda responsabilidad civil, en el caso de la denominada empresa principal, para que se configure responsabilidad deben concurrir los siguientes requisitos: culpa o negli-

en el empleador como en la empresa principal. Señala que la obligación del empleador de proporcionar seguridad a los trabajadores es de orden público, de naturaleza contractual e irrenunciable y que su infracción debe resolverse en la de indemnizar todos los perjuicios provocados a su representado y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 16.744 dicha reparación debe ser completa y comprende el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Señala además que la responsabilidad solidaria de Prosegur se encuentra indicada con claridad en el artículo 183 B y 183 E del Código del Trabajo, obligándola incluso a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en la obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. Luego de dar un concepto a su juicio de daño moral y de lucro cesante, señala que su representado antes del accidente era un hombre absolutamente sano y pleno, con una vida familiar intensa, siendo el actor el único que aportaba ingresos a su familia, y que tenía 42 años en la época del accidente, por lo que pide reparación de daño moral por la suma de $ 100.000.000 (cien millones de pesos), y en cuanto al lucro cesante señala que para el cálculo debe considerarse la última remuneración que obtuvo su representado sano y con el máximo de su capacidad laboral, proyectada por los años y meses de vida laboral que le restan hasta cumplir los 65 años de edad, edad teórica para obtener jubilación y dar por finalizada la vida laboral y en base a $ 300.000 (trescientos mil pesos mensuales) por 23 años arroja la suma de $ 82.600.000 (ochenta y dos millones seiscientos mil pesos), haciendo presente que esta indemnización no tiene relación con el subsidio de incapacidad ni se puede imputar a él, por expresa disposición legal, señala que además el seguro cubre sólo en parte su pérdida de capacidad de ganancia, que menciona el artículo 34 de la ley sobre accidentes laborales. En subsidio pide las cantidades que por tales conceptos determine en conformidad a los antecedentes aportados. SEGUNDO: La demandada, en adelante, Prosegur Ltda., contesta la demanda de autos, solicitando que sea rechazada en todas sus partes, y señala que sólo aceptará los hechos que en definitiva resulten acreditados, desconociendo aquellos que no resulten probados, negando el incumplimiento obligacional señalado por el actor, ya que no tuvo participación alguna en los hechos que invoca. Señala que entre su representada y el demandante nunca ha existido una relación contractual de carácter laboral, ya que no tiene la calidad de empleador del demandante; Señala que a la época de ocurrencia de los hechos existía entre su representada y el Sr. Zurita un contrato de prestación de servicios de electricidad, datos, voz, telecomunicaciones y reparaciones varias; y que este contrato de servicios era de carácter esporádico o ocasional para prestar servicios en dependencias de Prosegur Ltda. para ejecutar tareas también esporádicas, discontinuas y ocasionales, en la medida que se presentara la necesidad y que los trabajos que él se adjudicaba los desarrollaba con distintas personas que lo apoyaban y del apoyo que él necesitara para cumplir su labor. Señala que por ello no se encuentra amparado bajo el régimen de subcontratación. Agrega en cuanto a los implementos de seguridad que el Sr. Zurita era quien proveía los elementos a quienes lo apoyaban en las obras y según la naturaleza del trabajo. Sin perjuicio de ello, señalan que el actor contaba con overol, arnés de seguridad y la techumbre donde debía ejecutar la reparación contaba con un mosquetón donde fijar el arnés de modo de precaver caídas de nivel. En cuanto al día del accidente señala que el trabajador contratado por Héctor Zurita se encontraba realizando un cambio de algunas planchas de pizarreño dañadas en la techumbre de un galpón en dependencias de Prosegur Ltda. cuando aproximadamente a las 13:35 horas sufre una caída traspasando pizarreños cayendo desde una altura aproximada de 6 metros sobre una cinta transportadora y luego al piso. Opone excepción de falta de legitimidad pasiva por los fundamentos que se expondrán más adelante. En subsidio, señala que es improcedente respecto de su parte la aplicación de los artículos 183 B y 183 E del Código del Trabajo, ya que sólo está concebida respecto de obligaciones laborales y previsionales adeudadas por el empleador directo. Agrega que ni el artículo 183 E ni el artículo 66 bis de la ley 16.774 establecen expresamente la solidaridad y señala que así quedó plasmado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Por otro lado, señala que de las disposiciones de los artículos 183 E del Código del Trabajo, 66 Bis de la ley 16.744, y artículo 3 del D.S. 594, se puede concluir que además de los requisitos generales de toda responsabilidad civil, en el caso de la denominada empresa principal, para que se configure responsabilidad deben concurrir los siguientes requisitos: culpa o negliACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

gencia del empleador directo; culpa o negligencia de la empresa principal; que sumados los trabajadores de la empresa principal, y los contratistas o subcontratistas, que laboren en la misma faena, sumen más de 51 trabajadores; que los trabajadores de los contratistas o subcontratistas estén realizando una obra o faena o servicios propios de la empresa principal. Y que toda conclusión contraria a lo expuesto implicaría reconocer que respecto de la empresa principal pesa un sistema de responsabilidad estricta y objetiva. Alega además ausencia de responsabilidad y para ello reitera todos los argumentos relativos a la falta de legitimación pasiva, en cuanto no le es aplicable el Título VII del Código del Trabajo y que para configurar responsabilidad de su representada deben concurrir: una conducta desplegada en su calidad de empresa principal, en este caso por omisión, por no haber vigilado el cumplimiento de la adopción de medidas de seguridad por parte del empleador directo; la existencia de un daño; que concurran los factores de imputación respecto de la conducta desplegada por la empresa principal; y causalidad o nexo causal entre la conducta imputable y el daño supuestamente sufrido por el demandante. En cuanto a los requisitos señala en primer lugar, que el hecho se debió a una conducta ajena a cualquier omisión o acción de su representada, y por el contrario, corresponde a una acción propia de la víctima, quien debiendo, no enganchó su arnés al mosquetón de seguridad que lo protegía ante eventuales caídas; en segundo lugar, que no es aplicable a su respecto del título VII del Código del Trabajo, por lo que ciertamente no ha existido dolo, como tampoco se ha alegado, y que los lamentables hechos no son atribuibles a la conducta por omisión de su representada, sino a la conducta de la propia víctima o de su empleador, por lo que no hay actuación dolosa o culposa de la que sean responsables. En cuanto a la causalidad, señala que este nexo no existe, y que corresponderá al actor acreditarlo. Agrega que hay interrupción del nexo causal por culpa de la víctima directa y que ello es un eximente de responsabilidad, ya que ocurrieron por culpa excesiva del actor, ya que encontrándose trabajando en altura, con arnés de seguridad y mosquetón, de seguridad, no se engancha a aquél. Finalmente, en cuanto al daño señala que este debe ser cierto o material y real, personal, directo, causado por tercero distinto al de la víctima, y no debe estar reparado. Agrega que su representada desconoce absolutamente la existencia de perjuicios y que de existir, no son imputables a su representada. En cuanto al lucro cesante, señala que este es eventual o hipotético y por ende, no indemnizable, ya que se fundamenta en que el actor verá limitada su capacidad de trabajo, que de no haber sufrido los daños que indica, efectivamente habría seguido percibiendo las remuneraciones que obtendrían antes de su incapacidad, y que como consecuencia de este accidente verá disminuida su capacidad de ganancia, todo lo cual no puede ser asegurado, toda vez que son hechos futuros e inciertos, hipotéticos y condicionales y no descansan en antecedentes serios, reales y concretos; y en cuanto al daño moral señala que el demandante no indica la razón que da sustento a esta pretensión, y cómo llega al cálculo de la suma que solicita. Señala que no existen daños morales evidentes y que el daño moral debe ser probado por quien lo alega. Solicita que en caso que se acceda a la demanda, se declare que concurre de manera simplemente conjunta con el demandado Sr. Zurita y no solidariamente y que además la suma debe rebajarse considerablemente, ya que la víctima directa se expuso en forma imprudente al daño sufrido. Finalmente en cuanto los reajustes, éstos deben considerarse desde que se declaren, ergo, desde la sentencia firme y ejecutoriada y no desde la ocurrencia de los hechos, y en cuanto a las costas, solicita se le exima del pago por haber tenido motivo plausible para litigar. TERCERO: Que el demandado Héctor Zurita Rossi, encontrándose legalmente notificado no contestó la demanda, por lo que se hace efectivo a su respecto, la presunción establecida en el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, por lo que se estiman tácitamente admitidos por su parte, los hechos contenidos en la demanda, y que son fundamento de la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo. CUARTO: Con fecha 12 de octubre de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria, con la asistencia de las partes, oportunidad en que se dejó para definitiva la excepción de falta de legitimidad pasiva de la demandada Prosegur Ltda.; se llamó a las partes a conciliación las que no se produjo, y a continuación se fijó como hecho no controvertido la existencia del accidente el día 14 de noviembre de 2009 en la cual el actor habría caído desde un techo.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

gencia del empleador directo; culpa o negligencia de la empresa principal; que sumados los trabajadores de la empresa principal, y los contratistas o subcontratistas, que laboren en la misma faena, sumen más de 51 trabajadores; que los trabajadores de los contratistas o subcontratistas estén realizando una obra o faena o servicios propios de la empresa principal. Y que toda conclusión contraria a lo expuesto implicaría reconocer que respecto de la empresa principal pesa un sistema de responsabilidad estricta y objetiva. Alega además ausencia de responsabilidad y para ello reitera todos los argumentos relativos a la falta de legitimación pasiva, en cuanto no le es aplicable el Título VII del Código del Trabajo y que para configurar responsabilidad de su representada deben concurrir: una conducta desplegada en su calidad de empresa principal, en este caso por omisión, por no haber vigilado el cumplimiento de la adopción de medidas de seguridad por parte del empleador directo; la existencia de un daño; que concurran los factores de imputación respecto de la conducta desplegada por la empresa principal; y causalidad o nexo causal entre la conducta imputable y el daño supuestamente sufrido por el demandante. En cuanto a los requisitos señala en primer lugar, que el hecho se debió a una conducta ajena a cualquier omisión o acción de su representada, y por el contrario, corresponde a una acción propia de la víctima, quien debiendo, no enganchó su arnés al mosquetón de seguridad que lo protegía ante eventuales caídas; en segundo lugar, que no es aplicable a su respecto del título VII del Código del Trabajo, por lo que ciertamente no ha existido dolo, como tampoco se ha alegado, y que los lamentables hechos no son atribuibles a la conducta por omisión de su representada, sino a la conducta de la propia víctima o de su empleador, por lo que no hay actuación dolosa o culposa de la que sean responsables. En cuanto a la causalidad, señala que este nexo no existe, y que corresponderá al actor acreditarlo. Agrega que hay interrupción del nexo causal por culpa de la víctima directa y que ello es un eximente de responsabilidad, ya que ocurrieron por culpa excesiva del actor, ya que encontrándose trabajando en altura, con arnés de seguridad y mosquetón, de seguridad, no se engancha a aquél. Finalmente, en cuanto al daño señala que este debe ser cierto o material y real, personal, directo, causado por tercero distinto al de la víctima, y no debe estar reparado. Agrega que su representada desconoce absolutamente la existencia de perjuicios y que de existir, no son imputables a su representada. En cuanto al lucro cesante, señala que este es eventual o hipotético y por ende, no indemnizable, ya que se fundamenta en que el actor verá limitada su capacidad de trabajo, que de no haber sufrido los daños que indica, efectivamente habría seguido percibiendo las remuneraciones que obtendrían antes de su incapacidad, y que como consecuencia de este accidente verá disminuida su capacidad de ganancia, todo lo cual no puede ser asegurado, toda vez que son hechos futuros e inciertos, hipotéticos y condicionales y no descansan en antecedentes serios, reales y concretos; y en cuanto al daño moral señala que el demandante no indica la razón que da sustento a esta pretensión, y cómo llega al cálculo de la suma que solicita. Señala que no existen daños morales evidentes y que el daño moral debe ser probado por quien lo alega. Solicita que en caso que se acceda a la demanda, se declare que concurre de manera simplemente conjunta con el demandado Sr. Zurita y no solidariamente y que además la suma debe rebajarse considerablemente, ya que la víctima directa se expuso en forma imprudente al daño sufrido. Finalmente en cuanto los reajustes, éstos deben considerarse desde que se declaren, ergo, desde la sentencia firme y ejecutoriada y no desde la ocurrencia de los hechos, y en cuanto a las costas, solicita se le exima del pago por haber tenido motivo plausible para litigar. TERCERO: Que el demandado Héctor Zurita Rossi, encontrándose legalmente notificado no contestó la demanda, por lo que se hace efectivo a su respecto, la presunción establecida en el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, por lo que se estiman tácitamente admitidos por su parte, los hechos contenidos en la demanda, y que son fundamento de la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo. CUARTO: Con fecha 12 de octubre de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria, con la asistencia de las partes, oportunidad en que se dejó para definitiva la excepción de falta de legitimidad pasiva de la demandada Prosegur Ltda.; se llamó a las partes a conciliación las que no se produjo, y a continuación se fijó como hecho no controvertido la existencia del accidente el día 14 de noviembre de 2009 en la cual el actor habría caído desde un techo.

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Asimismo, en esa oportunidad se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1. La existencia de una relación laboral entre don Juan Carlos Cisternas Plaza, y el demandado, don Héctor Eduardo Zurita Rossi. En la afirmativa, fecha de inicio de la relación laboral, labor a desempeñar y remuneración percibida por el trabajador. 2. La existencia de una relación laboral en régimen de subcontratación entre don Juan Carlos Cisternas Plaza y la empresa demandada, Prosegur Ltda. En la afirmativa fecha de inicio de la relación. Lugar en que desempeñaba sus funciones, y funciones desarrolladas. 3. Circunstancias en que se habría producido el accidente de fecha 14 de noviembre de 2009. Lugar en que desempeñaba sus funciones, y funciones desarrolladas. 4. Efectividad de que el empleador si lo hubiere, hubiese tomado las medidas eficaces para preservar la vida y la salud del trabajador, en el desempeño de las funciones solicitadas. 5. Daños físicos y/o psicológicos producidos al actor a consecuencia del accidente sufrido con fecha 14 de noviembre de 2009, y en la afirmativa monto de los mismos. 6. Daños morales que se hayan producido a consecuencia del accidente del día 14 de noviembre de 2009, a don Juan Carlos Cisternas Plaza, y en la afirmativa monto de los mismos. 7. Efectividad de que el actor le hayan proporcionado elementos de seguridad por parte de quien le encargó el servicio y éste no las haya utilizado adecuadamente. QUINTO: Con fecha 12 de noviembre de 2010 celebró audiencia de juicio en la que se incorporó la prueba ofrecida por las partes, y en audiencia especial de 18 de noviembre de 2001, se incorporó el oficio recibido de la Mutual de Seguridad, fijada para ese solo efecto: Por la parte demandante se incorporó la siguiente prueba documental: 1. Informe Médico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de 6 de julio de 2010, referente al actor. Que señala como diagnóstico: policontuso; politraumatismo; fractura base quinto metacarpiano; herida región axilar derecha complicada; fractura tibia peroné distal derecho; fractura tibio peroné proximal derecho, efectuado físicamente y mediante imagenología, por caída de 8 metros de altura, con incapacidad mayor a 30 días, acogido a la ley 16.744. 2. Contrato de Trabajo suscrito solamente por el trabajador y con su huella dactilar de 5 de noviembre de 2009, que señala que habría sido supervisor de trabajos de albañilería y electricidad con un salario de $ 300.000 pagados mensualmente por períodos vencidos y a plazo fijo hasta el 5 de enero de 2010. Dicho documento fue objetado por ambas demandadas, sin embargo, no se dará lugar a la objeción toda vez que la demandada del Sr. Zurita no contestó la demanda y se tuvieron como tácitamente admitidos los hechos de la demanda, que comprende entre otros, el hecho de haber existido una relación laboral entre las partes y respecto de la demandada Prosegur Ltda. toda vez que en su contestación reconocen expresamente que el actor prestó servicios laborales para el demandado Sr. Zurita. Asimismo, dicha parte presentó a estrados a los siguientes testigos: Comparecen los siguientes testigos, previamente juramentados y advertidos de decir verdad: 1. José Eduardo Hormazábal Plaza, Rut 10.284.626 5, auxiliar de aseo, domiciliado en Los Aromos 5609, Huechuraba, quien declara ser hermanastro del demandante y que el caballero con que trabajaba él necesitaba terminar un trabajo que empezó su hermano y fue el testigo a terminarlo, no recuerda la dirección del lugar, pero sabe que es cerca del Río Mapocho, y pidió andamios porque para él era peligroso subirse donde estaba él, desde donde cayó el actor, el testigo señala que le hicieron charla de seguridad por Prosegur y al actor no, y el Sr. se llamaba Zurita y se le hizo contrato por un día, y al actor le hicieron el contrato no al tiro sino que después en el hospital, al testigo que exigieron todas las medidas de seguridad y el testigo llevó todo. Agrega que esto fue en una empresa de Prosegur donde hay varias empresas. El Señor Zurita necesitaba que se terminara ese trabajo porque o si no, no le iban a dar más trabajo ahí y el actor tenía la expectativa de seguir trabajando en ese lugar. El lugar era de acceso controlado, hay una oficina y acceso al público. En el accidente del actor cree que no se adoptaron medidas de seguridad o si no, el actor no se hubiera caído desde una altura de 4 5 metros, a donde se llega escalando por las vigas, agrega que no había mosquetón donde sujetar; al hacerle la charla que fue en una sala de Prosegur, estuvieron 1 hora, y se comentó el accidente del día anterior y se les advirtió que tuvieran cuidado y el testigo señala que mencionó el problema de la falta de andamios. Señala que su hermano fue el perjudicado y sólo cuando el testigo los pidió estuvieron, el Señor Zurita los arrendó en Sodimac y el testigo los armó; Señala que el actor tiene secuelas todavía en su mano, en su muñeca, perdió fuerza, no puede ejercer su trabajo normalmente como lo hacía antes, le pide ayuda al testigo, y ya no es la persona que era antes, ya no

Asimismo, en esa oportunidad se fijaron como hechos a probar los siguientes: 1. La existencia de una relación laboral entre don Juan Carlos Cisternas Plaza, y el demandado, don Héctor Eduardo Zurita Rossi. En la afirmativa, fecha de inicio de la relación laboral, labor a desempeñar y remuneración percibida por el trabajador. 2. La existencia de una relación laboral en régimen de subcontratación entre don Juan Carlos Cisternas Plaza y la empresa demandada, Prosegur Ltda. En la afirmativa fecha de inicio de la relación. Lugar en que desempeñaba sus funciones, y funciones desarrolladas. 3. Circunstancias en que se habría producido el accidente de fecha 14 de noviembre de 2009. Lugar en que desempeñaba sus funciones, y funciones desarrolladas. 4. Efectividad de que el empleador si lo hubiere, hubiese tomado las medidas eficaces para preservar la vida y la salud del trabajador, en el desempeño de las funciones solicitadas. 5. Daños físicos y/o psicológicos producidos al actor a consecuencia del accidente sufrido con fecha 14 de noviembre de 2009, y en la afirmativa monto de los mismos. 6. Daños morales que se hayan producido a consecuencia del accidente del día 14 de noviembre de 2009, a don Juan Carlos Cisternas Plaza, y en la afirmativa monto de los mismos. 7. Efectividad de que el actor le hayan proporcionado elementos de seguridad por parte de quien le encargó el servicio y éste no las haya utilizado adecuadamente. QUINTO: Con fecha 12 de noviembre de 2010 celebró audiencia de juicio en la que se incorporó la prueba ofrecida por las partes, y en audiencia especial de 18 de noviembre de 2001, se incorporó el oficio recibido de la Mutual de Seguridad, fijada para ese solo efecto: Por la parte demandante se incorporó la siguiente prueba documental: 1. Informe Médico de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de 6 de julio de 2010, referente al actor. Que señala como diagnóstico: policontuso; politraumatismo; fractura base quinto metacarpiano; herida región axilar derecha complicada; fractura tibia peroné distal derecho; fractura tibio peroné proximal derecho, efectuado físicamente y mediante imagenología, por caída de 8 metros de altura, con incapacidad mayor a 30 días, acogido a la ley 16.744. 2. Contrato de Trabajo suscrito solamente por el trabajador y con su huella dactilar de 5 de noviembre de 2009, que señala que habría sido supervisor de trabajos de albañilería y electricidad con un salario de $ 300.000 pagados mensualmente por períodos vencidos y a plazo fijo hasta el 5 de enero de 2010. Dicho documento fue objetado por ambas demandadas, sin embargo, no se dará lugar a la objeción toda vez que la demandada del Sr. Zurita no contestó la demanda y se tuvieron como tácitamente admitidos los hechos de la demanda, que comprende entre otros, el hecho de haber existido una relación laboral entre las partes y respecto de la demandada Prosegur Ltda. toda vez que en su contestación reconocen expresamente que el actor prestó servicios laborales para el demandado Sr. Zurita. Asimismo, dicha parte presentó a estrados a los siguientes testigos: Comparecen los siguientes testigos, previamente juramentados y advertidos de decir verdad: 1. José Eduardo Hormazábal Plaza, Rut 10.284.626 5, auxiliar de aseo, domiciliado en Los Aromos 5609, Huechuraba, quien declara ser hermanastro del demandante y que el caballero con que trabajaba él necesitaba terminar un trabajo que empezó su hermano y fue el testigo a terminarlo, no recuerda la dirección del lugar, pero sabe que es cerca del Río Mapocho, y pidió andamios porque para él era peligroso subirse donde estaba él, desde donde cayó el actor, el testigo señala que le hicieron charla de seguridad por Prosegur y al actor no, y el Sr. se llamaba Zurita y se le hizo contrato por un día, y al actor le hicieron el contrato no al tiro sino que después en el hospital, al testigo que exigieron todas las medidas de seguridad y el testigo llevó todo. Agrega que esto fue en una empresa de Prosegur donde hay varias empresas. El Señor Zurita necesitaba que se terminara ese trabajo porque o si no, no le iban a dar más trabajo ahí y el actor tenía la expectativa de seguir trabajando en ese lugar. El lugar era de acceso controlado, hay una oficina y acceso al público. En el accidente del actor cree que no se adoptaron medidas de seguridad o si no, el actor no se hubiera caído desde una altura de 4 5 metros, a donde se llega escalando por las vigas, agrega que no había mosquetón donde sujetar; al hacerle la charla que fue en una sala de Prosegur, estuvieron 1 hora, y se comentó el accidente del día anterior y se les advirtió que tuvieran cuidado y el testigo señala que mencionó el problema de la falta de andamios. Señala que su hermano fue el perjudicado y sólo cuando el testigo los pidió estuvieron, el Señor Zurita los arrendó en Sodimac y el testigo los armó; Señala que el actor tiene secuelas todavía en su mano, en su muñeca, perdió fuerza, no puede ejercer su trabajo normalmente como lo hacía antes, le pide ayuda al testigo, y ya no es la persona que era antes, ya no ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

puede hacerlo solo y tiene que estar dependiendo de otra persona, y ya no puede hacer esos trabajos de construcción, le incomodan los calores, tiene varios puntos debajo de la axila. Señala que el actor en vez de caer con la cabeza cayó con el brazo. Le dijo que lo habían atendido en San Juan de Dios y luego del accidente estuvo semi inconsciente desangrándose, no había paramédico y no le había hecho el contrato todavía, se lo hizo en el hospital. El actor estuvo un par de días parece en el Hospital San Juan de Dios y luego se fue a la Mutual, y fue así porque no tenía contrato. En la Mutual estaban más enterados de qué hacer, y en el Hospital estuvo postrado. Lo intervinieron de la muñeca, enyesado de la pierna, tiene en la axila una cicatriz que le cruza de lado a lado y no sabe si tiene otras secuelas. Sabe que la lesión de la pierna no está recuperada ya que cojea, sabe que su hermano estuvo hospitalizado cerca de 15 a 20 días y cree que le dieron el alta definitiva y no han evaluado el daño de incapacidad. Sabe que el actor ha tenido daño moral, ya que no puede ejercer su trabajo como antes ya que siente dolores; que tienen que pagar el daño que le hicieren a él. La empleadora le contrainterroga, y señala que toda la vida ha trabajado en la construcción y que ahora se aburrió y su hermano también ha dedicado casi el mismo tiempo a eso, se considera maestro, igual que su hermano, sabe que su hermano había trabajado en altura, pero con persona que lo esté observando, y realizó trabajo en edificios, en que son metros y metros, edificios de 15 pisos. El testigo señala que el lugar era riesgoso, y por ello pidió andamios y se los otorgaron. La demandada Prosegur contrainterroga y el testigo señala que trabaja actualmente en un edificio de auxiliar de aseo, que el actor trabaja en su casa, y realiza quehaceres con ayuda del testigo y del otro hermano, antes podía hacerlo solo. Señala que el actor no le contó las condiciones en que fue contratado. Preguntado por el Tribunal, señala que el testigo llegó al lugar por intermedio de su hermano, la charla se le hizo una semana antes porque después se atrasó el trabajo por el asunto del terremoto, se le hizo al testigo y a un sobrino, a los dos, sabe que no se le hizo charla. Señala que se enteró del accidente el mismo día. Su hermano le contó que le hicieron suscribir un contrato en el Hospital, pero no sabe de plata. En el lugar del accidente habían cosas de Prosegur, el otro sobrino con que trabajó su hermano presenció el accidente. 2. Fidel Amador Olivares Cisternas, Rut 17.097.800 5, auxiliar de aseo, domiciliado en Las Petunias 114, Comuna de Huechuraba, quien declara ser sobrino del actor y que estuvo presente en el lugar del accidente. Estaban trabajando en Prosegur arreglando el galpón, la techumbre que había que ponerle planchas de pizarreño, el testigo se subió al galpón y no había nada en qué afirmarse; en el momento que se cayó el testigo estaba bajando la escalera y el actor se cayó como de 6 a 7 metros de altura y se pegó en una corredera que ponen los bolsos y se rajó la parte de la axila de abajo y se fracturó o quebró la mano, y la pierna que no se podía parar, estuvo como 1 hora tirado en el piso, no habían paramédicos, no había nada. El testigo señala que Eduardo Zurita los llevó a trabajar a Prosegur, llegaron ahí por un amigo del actor. Señala que no le hicieron contrato, se lo hicieron después del accidente, de un día y después del accidente como de 5 días, le había dicho que iban a reparar el techo, pero no dieron charla de seguridad ni nada, que el galpón está ubicado en forma de un triángulo, tiene planchas de pizarreño que se apoyan en fierro y ese galpón se encuentra dentro de un terreno que es de Prosegur, y ello lo sabe porque había un letrero, la gente de Prosegur, las camionetas, camiones blindados, todo, y también hay casino. Señala que al entrar al lugar los guardias de Prosegur le pidieron el carnet para registrar los datos a los dos, y fueron a ver donde tenían que trabajar y luego fueron a comprar los materiales a Sodimac. Se pusieron hacer el trabajo, subieron el actor y el testigo al techo, subieron las planchas, no les entregaron elementos de protección personal, no les hicieron charla de instrucción, no les dijeron cómo hacer el trabajo, sólo lo que tenían que hacer, no había jefe ni supervisor de Prosegur. Antes de la caída no habló con nadie más y después sí vio cuando se cayó el actor, dice vio que venía cayendo y se pega en una corredera de bolsos, una cinta transportadora y eso amortiguó el golpe de él y se golpeó una parte de la axila, y que esa cinta transportadora está abajo del galpón, ya que el actor atravesó el techo del galpón hacia abajo, él hizo tira la plancha, la plancha cedió. Luego se intentó parar y no pudo y lo fue a ver y le dijo que se quedara en el suelo y ahí le vio el tajo en la axila y le dijo que se apretara el brazo porque le había visto el corte y para que no saliera sangre, y se quejaba también por la mano. Que llamaron a ambulancia de Prosegur y no llegaba y tres cuartos de hora llegó recién una ambulancia del servicio público y se fue solo y el testigo se fue con Eduardo Zurita al Hospital San Juan de Dios, ahí estuvo unos días y ahí parece que no le dieron ningún tratamiento. No se le llevó a Mutual porque no tenía contrato, luego de salir del Hospital se fue al Hospital San José y no

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

puede hacerlo solo y tiene que estar dependiendo de otra persona, y ya no puede hacer esos trabajos de construcción, le incomodan los calores, tiene varios puntos debajo de la axila. Señala que el actor en vez de caer con la cabeza cayó con el brazo. Le dijo que lo habían atendido en San Juan de Dios y luego del accidente estuvo semi inconsciente desangrándose, no había paramédico y no le había hecho el contrato todavía, se lo hizo en el hospital. El actor estuvo un par de días parece en el Hospital San Juan de Dios y luego se fue a la Mutual, y fue así porque no tenía contrato. En la Mutual estaban más enterados de qué hacer, y en el Hospital estuvo postrado. Lo intervinieron de la muñeca, enyesado de la pierna, tiene en la axila una cicatriz que le cruza de lado a lado y no sabe si tiene otras secuelas. Sabe que la lesión de la pierna no está recuperada ya que cojea, sabe que su hermano estuvo hospitalizado cerca de 15 a 20 días y cree que le dieron el alta definitiva y no han evaluado el daño de incapacidad. Sabe que el actor ha tenido daño moral, ya que no puede ejercer su trabajo como antes ya que siente dolores; que tienen que pagar el daño que le hicieren a él. La empleadora le contrainterroga, y señala que toda la vida ha trabajado en la construcción y que ahora se aburrió y su hermano también ha dedicado casi el mismo tiempo a eso, se considera maestro, igual que su hermano, sabe que su hermano había trabajado en altura, pero con persona que lo esté observando, y realizó trabajo en edificios, en que son metros y metros, edificios de 15 pisos. El testigo señala que el lugar era riesgoso, y por ello pidió andamios y se los otorgaron. La demandada Prosegur contrainterroga y el testigo señala que trabaja actualmente en un edificio de auxiliar de aseo, que el actor trabaja en su casa, y realiza quehaceres con ayuda del testigo y del otro hermano, antes podía hacerlo solo. Señala que el actor no le contó las condiciones en que fue contratado. Preguntado por el Tribunal, señala que el testigo llegó al lugar por intermedio de su hermano, la charla se le hizo una semana antes porque después se atrasó el trabajo por el asunto del terremoto, se le hizo al testigo y a un sobrino, a los dos, sabe que no se le hizo charla. Señala que se enteró del accidente el mismo día. Su hermano le contó que le hicieron suscribir un contrato en el Hospital, pero no sabe de plata. En el lugar del accidente habían cosas de Prosegur, el otro sobrino con que trabajó su hermano presenció el accidente. 2. Fidel Amador Olivares Cisternas, Rut 17.097.800 5, auxiliar de aseo, domiciliado en Las Petunias 114, Comuna de Huechuraba, quien declara ser sobrino del actor y que estuvo presente en el lugar del accidente. Estaban trabajando en Prosegur arreglando el galpón, la techumbre que había que ponerle planchas de pizarreño, el testigo se subió al galpón y no había nada en qué afirmarse; en el momento que se cayó el testigo estaba bajando la escalera y el actor se cayó como de 6 a 7 metros de altura y se pegó en una corredera que ponen los bolsos y se rajó la parte de la axila de abajo y se fracturó o quebró la mano, y la pierna que no se podía parar, estuvo como 1 hora tirado en el piso, no habían paramédicos, no había nada. El testigo señala que Eduardo Zurita los llevó a trabajar a Prosegur, llegaron ahí por un amigo del actor. Señala que no le hicieron contrato, se lo hicieron después del accidente, de un día y después del accidente como de 5 días, le había dicho que iban a reparar el techo, pero no dieron charla de seguridad ni nada, que el galpón está ubicado en forma de un triángulo, tiene planchas de pizarreño que se apoyan en fierro y ese galpón se encuentra dentro de un terreno que es de Prosegur, y ello lo sabe porque había un letrero, la gente de Prosegur, las camionetas, camiones blindados, todo, y también hay casino. Señala que al entrar al lugar los guardias de Prosegur le pidieron el carnet para registrar los datos a los dos, y fueron a ver donde tenían que trabajar y luego fueron a comprar los materiales a Sodimac. Se pusieron hacer el trabajo, subieron el actor y el testigo al techo, subieron las planchas, no les entregaron elementos de protección personal, no les hicieron charla de instrucción, no les dijeron cómo hacer el trabajo, sólo lo que tenían que hacer, no había jefe ni supervisor de Prosegur. Antes de la caída no habló con nadie más y después sí vio cuando se cayó el actor, dice vio que venía cayendo y se pega en una corredera de bolsos, una cinta transportadora y eso amortiguó el golpe de él y se golpeó una parte de la axila, y que esa cinta transportadora está abajo del galpón, ya que el actor atravesó el techo del galpón hacia abajo, él hizo tira la plancha, la plancha cedió. Luego se intentó parar y no pudo y lo fue a ver y le dijo que se quedara en el suelo y ahí le vio el tajo en la axila y le dijo que se apretara el brazo porque le había visto el corte y para que no saliera sangre, y se quejaba también por la mano. Que llamaron a ambulancia de Prosegur y no llegaba y tres cuartos de hora llegó recién una ambulancia del servicio público y se fue solo y el testigo se fue con Eduardo Zurita al Hospital San Juan de Dios, ahí estuvo unos días y ahí parece que no le dieron ningún tratamiento. No se le llevó a Mutual porque no tenía contrato, luego de salir del Hospital se fue al Hospital San José y no

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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lo recibieron y luego lo llevaron al Hospital del Trabajador. Agrega que después en el Hospital San José no lo recibieron, y lo llevaron al Hospital del Trabajador, porque parece que el Sr. Zurita ya había hecho un contrato, le tuvo que firmar un contrato igual en las condiciones que estaba él, no sabe las estipulaciones, pero parece que fue de supervisor, y fue firmado el mismo día del accidente, después, en el Hospital, Eduardo Zurita le mandó el contrato para adentro. Que en ese otro Hospital estuvo como tres semanas, no recuerda, que parece que ahí lo operaron de la mano; y que tiene que operarse de nuevo la mano, no está de alta, estaba en terapia, le quedaron secuelas, le duele cuando hace fuerza; que aparte de la axila y la muñeca también el pie quedó como fracturado. Que el demandado le prestaba servicios a Prosegur, en otras ciudades y el trabajo lo terminó otro tío, con un hermano del testigo y que esta vez hicieron el trabajo por abajo, con andamios. Contrainterrogado por el empleador: iban a trabajar por un día por $ 60.000, el testigo ha trabajado en Prosegur, de lo que vieron no había nada como afirmarse, tenían arnés pero no había en qué afirmarse, que se quedaron ahí y el Sr. Zurita salió y se quedaron trabajando, decidieron que había esa única forma de hacerlo, por arriba del galpón y el testigo estaba por debajo llevándole materiales; señala que los arnés los llevaban ellos, el testigo y el actor, que es un cinturón y tiene un gancho pero no había en qué poner el gancho, que tenían zapatos de seguridad, de construcción, zapatos de punta de fierro, también guantes de hilo, que no había casco y no usaron vestimenta de Prosegur, que eran trabajadores de afuera, y que el Sr. Zurita, parece que era contratista, lo que deduce. Agrega que el actor es un buen maestro, que también es capaz de antelar una situación de peligro y le ha comentado que se siente mal que en julio y agosto trabajó, siempre va estar de carpintero. Además la parte demandante solicitó oficio a la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, que remitió al Tribunal la ficha clínica del trabajador demandante, que señala los diversos controles e intervenciones quirúrgicas de que ha sido objeto el actor en su muñeca y el dolor que ha padecido durante el tratamiento, siendo dado de alta el día 6 de julio de 2010, fecha en la cual aún padecía molestias en la muñeca, sin informe ni porcentaje de invalidez determinado. Este oficio fue objetado por falta de veracidad, lo que se desechará toda vez que emana de una Institución de Salud de la Cámara Chile de la Construcción y dice relación con los hechos materia de juicio, siendo además del todo objetiva en cuanto a la información que proporciona. Y se incorporó oficio emanado de la Inspección del Trabajo, que informa con fecha 21 de octubre de 2010: remite informe de fiscalización llevada a efecto el 13 de mayo de 2010 al Señor Zurita de habérsele cursado 4 multas por no proporcionar elementos de protección personal, por no informar los riesgos de sus labores, límites de exposición permisibles, por 7 Unidades Tributarias Mensuales, entre otras. Asimismo, se incorpora Oficio solicitado por la demandante a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que señala que se ha dado inicio a un sumario sanitario y que se encuentra en actual tramitación. Por la parte demandada Señor Héctor Zurita Rossi, se rindió prueba confesional, y absolvió posiciones el demandante don Juan Carlos Cisternas Plaza, Explica que conoce al Sr. Zurita porque un vecino le trabaja, le preguntaron si quería ir a hacer el trabajo a Prosegur y aceptó y pasaron dos horas y llega el trabajador. Fue y contactó a su sobrino Fidel quien también aceptó el trabajo, conoció al Señor Zurita el sábado 14, se subieron al auto con todas sus herramientas, cinturón de seguridad, guantes, casco, lo que usan todos los trabajadores, ya que siempre lleva todos sus elementos, y llegaron a Prosegur y entraron, anotaron los carnet, llegaron a ver el trabajo, le señaló la escalera y subieron con el arnés al techo, fueron a Sodimac a comprar los pizarreños y arrendó escalera de aluminio, que andaba con gancho y no había nada pero trató de engancharlo en un tornillo, iba aterrizando y se pasó a llevar la axila. El acuerdo era cambiar los 10 pizarreños por $ 60.000, había trabajado antes en trabajos en altura, arriba de 25 metros y siempre con arnés, siempre hay charlas y prevencionista de riesgos. Señala que hizo observación a los elementos de seguridad, que había demasiado riesgo, y que esto le sucedió en el último pizarreño. Agrega que con posterioridad ha estado trabajado, pero no puede desarrollar el trabajo de antes, que tuvo contrato con dos amigos, y que trabajó porque tiene necesidades. Asimismo solicitó oficio al Fondo Nacional de Salud, y se incorpora su adjunta cartola de cotizaciones de salud del actor y en el que consta que las últimas tres cotizaciones son de la Constructora Altos

lo recibieron y luego lo llevaron al Hospital del Trabajador. Agrega que después en el Hospital San José no lo recibieron, y lo llevaron al Hospital del Trabajador, porque parece que el Sr. Zurita ya había hecho un contrato, le tuvo que firmar un contrato igual en las condiciones que estaba él, no sabe las estipulaciones, pero parece que fue de supervisor, y fue firmado el mismo día del accidente, después, en el Hospital, Eduardo Zurita le mandó el contrato para adentro. Que en ese otro Hospital estuvo como tres semanas, no recuerda, que parece que ahí lo operaron de la mano; y que tiene que operarse de nuevo la mano, no está de alta, estaba en terapia, le quedaron secuelas, le duele cuando hace fuerza; que aparte de la axila y la muñeca también el pie quedó como fracturado. Que el demandado le prestaba servicios a Prosegur, en otras ciudades y el trabajo lo terminó otro tío, con un hermano del testigo y que esta vez hicieron el trabajo por abajo, con andamios. Contrainterrogado por el empleador: iban a trabajar por un día por $ 60.000, el testigo ha trabajado en Prosegur, de lo que vieron no había nada como afirmarse, tenían arnés pero no había en qué afirmarse, que se quedaron ahí y el Sr. Zurita salió y se quedaron trabajando, decidieron que había esa única forma de hacerlo, por arriba del galpón y el testigo estaba por debajo llevándole materiales; señala que los arnés los llevaban ellos, el testigo y el actor, que es un cinturón y tiene un gancho pero no había en qué poner el gancho, que tenían zapatos de seguridad, de construcción, zapatos de punta de fierro, también guantes de hilo, que no había casco y no usaron vestimenta de Prosegur, que eran trabajadores de afuera, y que el Sr. Zurita, parece que era contratista, lo que deduce. Agrega que el actor es un buen maestro, que también es capaz de antelar una situación de peligro y le ha comentado que se siente mal que en julio y agosto trabajó, siempre va estar de carpintero. Además la parte demandante solicitó oficio a la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, que remitió al Tribunal la ficha clínica del trabajador demandante, que señala los diversos controles e intervenciones quirúrgicas de que ha sido objeto el actor en su muñeca y el dolor que ha padecido durante el tratamiento, siendo dado de alta el día 6 de julio de 2010, fecha en la cual aún padecía molestias en la muñeca, sin informe ni porcentaje de invalidez determinado. Este oficio fue objetado por falta de veracidad, lo que se desechará toda vez que emana de una Institución de Salud de la Cámara Chile de la Construcción y dice relación con los hechos materia de juicio, siendo además del todo objetiva en cuanto a la información que proporciona. Y se incorporó oficio emanado de la Inspección del Trabajo, que informa con fecha 21 de octubre de 2010: remite informe de fiscalización llevada a efecto el 13 de mayo de 2010 al Señor Zurita de habérsele cursado 4 multas por no proporcionar elementos de protección personal, por no informar los riesgos de sus labores, límites de exposición permisibles, por 7 Unidades Tributarias Mensuales, entre otras. Asimismo, se incorpora Oficio solicitado por la demandante a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que señala que se ha dado inicio a un sumario sanitario y que se encuentra en actual tramitación. Por la parte demandada Señor Héctor Zurita Rossi, se rindió prueba confesional, y absolvió posiciones el demandante don Juan Carlos Cisternas Plaza, Explica que conoce al Sr. Zurita porque un vecino le trabaja, le preguntaron si quería ir a hacer el trabajo a Prosegur y aceptó y pasaron dos horas y llega el trabajador. Fue y contactó a su sobrino Fidel quien también aceptó el trabajo, conoció al Señor Zurita el sábado 14, se subieron al auto con todas sus herramientas, cinturón de seguridad, guantes, casco, lo que usan todos los trabajadores, ya que siempre lleva todos sus elementos, y llegaron a Prosegur y entraron, anotaron los carnet, llegaron a ver el trabajo, le señaló la escalera y subieron con el arnés al techo, fueron a Sodimac a comprar los pizarreños y arrendó escalera de aluminio, que andaba con gancho y no había nada pero trató de engancharlo en un tornillo, iba aterrizando y se pasó a llevar la axila. El acuerdo era cambiar los 10 pizarreños por $ 60.000, había trabajado antes en trabajos en altura, arriba de 25 metros y siempre con arnés, siempre hay charlas y prevencionista de riesgos. Señala que hizo observación a los elementos de seguridad, que había demasiado riesgo, y que esto le sucedió en el último pizarreño. Agrega que con posterioridad ha estado trabajado, pero no puede desarrollar el trabajo de antes, que tuvo contrato con dos amigos, y que trabajó porque tiene necesidades. Asimismo solicitó oficio al Fondo Nacional de Salud, y se incorpora su adjunta cartola de cotizaciones de salud del actor y en el que consta que las últimas tres cotizaciones son de la Constructora Altos ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

S.A. en base a una remuneración de $ 325.305; y que registra cotizaciones por 2 días de agosto por un monto de $ 14.333. Por parte de Prosegur Ltda., se incorporan las siguientes pruebas: 1. confesional respecto del actor Sr. Juan Carlos Cisternas Plaza, y quien declara además que tenía todos sus implementos, casco, arnés, cinturón de seguridad, guantes, lentes y bototos, que estuvo 3 a 4 horas botado ahí y una persona de Prosegur le cortó el arnés, que se había enganchado el gancho en unos pernos y que pisó sobre la canoa del galpón, que Prosegur no le entregó uniforme, y que su última remuneración con posterioridad al accidente fue el sueldo por el mínimo de $ 200.000 ya que no alcanzó a durar un mes; que tenía que ver que estuvieran bien puestos los tableros, que usaran implementos de seguridad, que este trabajo era esporádico, era un pololo, y que si terminaba bien, se le iba a seguir dando trabajo en Prosegur. Se le exhibe fotocopia de fotografía, no reconoce la techumbre, señalando que no es del techo donde se cayó. Agrega que la idea del contrato partió de él, porque estaba en el Hospital en el San Juan de Dios, y que fue para poder sacarlo de ahí, para llevarlo al Hospital del Trabajador y el mismo lo llevó y en la camilla, puso el dedo, no se acuerda si lo firmó después. Pasaron 5 días, en el Hospital sólo le cosieron el brazo, que el accidente un sábado y el viernes, y luego del contrato lo llevaron al Hospital San José y llegó y no lo quisieron operar. (sic) Se incorpora prueba documental consistente en fotocopia de una fotografía de una techumbre que tiene un mosquetón de seguridad. Este documento fue impugnado por falsedad, la que no se acogerá en los términos solicitados, sin perjuicio que se le restará todo valor probatorio, toda vez que no consta de quien emana y no es concordante con las demás pruebas rendidas en el proceso. Asimismo, la parte de Prosegur Ltda. presenta a estrados a declarar al siguiente testigo: Walter Rodrigo Agurto Torres, cédula de identidad 15.448.999 1, Ingeniero en prevención de riegos, domiciliado en calle La Viña 506, Puente Alto, Santiago, quien legalmente examinado y advertido de decir verdad expuso: que trabaja para Prosegur desde 2007, es coordinador de departamento de prevención de riegos, y que está en conocimiento de las distintas operaciones que se realizan, casi de la totalidad, que al actor que estaba reparado una techumbre lo conoció después de que ocurrió el accidente para ver la evolución del accidente: Que Prosegur S.A. contrata al Señor Zurita para hacer estos trabajos, fue que se solicitó ese servicio puntual; que trabaja para Prosegur S.A. cuatro veces en un año aproximadamente, en períodos extensos, meses. Ninguno fue continuo de otro, cuando hacía trabajos siempre iba acompañado de otros trabajadores y no siempre con los mismos y no siempre las mismas tareas, a veces techumbre, retiro de antenas, y también hacía instalación de punto red; agrega que el día del accidente, 14 de noviembre de 2009 no se encontraba en la planta, se le informa por teléfono de lo sucedido, y llega al lugar cuando el accidentado ya no estaba, ya había sido trasladado al sistema de salud. El presidente del Comité Paritario le informa que un trabajador había estado reparando el techo y que había perdido el equilibrio, volcado y caído al suelo; que solamente estaba el pizarreño roto, no se registraba huellas de sangre. Respecto del actor señala que no es trabajador permanente de Prosegur S.A. y que sabe que es la persona que se accidentó, que contaba con sus elementos de seguridad completo, arnés, cuerda de vida. Contrainterrogado señala que hay otros prevensionistas de riesgos, cuatro personas más, y que no había ninguno ahí en el lugar del accidente, hay unos 5.000 ó 6.000 trabajadores en Prosegur, que se realizó una investigación del accidente, que a los contratistas se le entrega un manual con obligaciones que deben cumplir para hacer ciertas actividades o trabajos, depende de cada prestador de servicios; Que le habían avisado que el Sr. Zurita iba a ir, se le entrega al Sr. Zurita esta hoja con las instrucciones y se estima que él da las instrucciones a sus trabajadores. Está establecido en los antecedentes que se cumplió con ello, sabe que se hizo charla de instrucción a los trabajadores. Agrega que le llegó una notificación de una investigación que se cerraba el caso, no cursaron multa, y que para hacer la reparación nuevamente se estableció que se hiciera por debajo con andamios y que el Sr. Hormazábal hizo la reparación, a él se le hizo charla de seguridad por otra persona. CONSIDERANDO, SEXTO: Que en cuanto a la Excepción de Falta de Legitimidad Pasiva: La demandada Prosegur fundamenta su excepción en que para que se ejerza una acción deben concurrir, la existencia de un derecho, de un interés, de una calidad, de una capacidad, y que los requisitos para obtener tutela jurisdiccional es que la demanda se entable por el sujeto al cual corresponda la acción y se dirija en contra del sujeto

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

S.A. en base a una remuneración de $ 325.305; y que registra cotizaciones por 2 días de agosto por un monto de $ 14.333. Por parte de Prosegur Ltda., se incorporan las siguientes pruebas: 1. confesional respecto del actor Sr. Juan Carlos Cisternas Plaza, y quien declara además que tenía todos sus implementos, casco, arnés, cinturón de seguridad, guantes, lentes y bototos, que estuvo 3 a 4 horas botado ahí y una persona de Prosegur le cortó el arnés, que se había enganchado el gancho en unos pernos y que pisó sobre la canoa del galpón, que Prosegur no le entregó uniforme, y que su última remuneración con posterioridad al accidente fue el sueldo por el mínimo de $ 200.000 ya que no alcanzó a durar un mes; que tenía que ver que estuvieran bien puestos los tableros, que usaran implementos de seguridad, que este trabajo era esporádico, era un pololo, y que si terminaba bien, se le iba a seguir dando trabajo en Prosegur. Se le exhibe fotocopia de fotografía, no reconoce la techumbre, señalando que no es del techo donde se cayó. Agrega que la idea del contrato partió de él, porque estaba en el Hospital en el San Juan de Dios, y que fue para poder sacarlo de ahí, para llevarlo al Hospital del Trabajador y el mismo lo llevó y en la camilla, puso el dedo, no se acuerda si lo firmó después. Pasaron 5 días, en el Hospital sólo le cosieron el brazo, que el accidente un sábado y el viernes, y luego del contrato lo llevaron al Hospital San José y llegó y no lo quisieron operar. (sic) Se incorpora prueba documental consistente en fotocopia de una fotografía de una techumbre que tiene un mosquetón de seguridad. Este documento fue impugnado por falsedad, la que no se acogerá en los términos solicitados, sin perjuicio que se le restará todo valor probatorio, toda vez que no consta de quien emana y no es concordante con las demás pruebas rendidas en el proceso. Asimismo, la parte de Prosegur Ltda. presenta a estrados a declarar al siguiente testigo: Walter Rodrigo Agurto Torres, cédula de identidad 15.448.999 1, Ingeniero en prevención de riegos, domiciliado en calle La Viña 506, Puente Alto, Santiago, quien legalmente examinado y advertido de decir verdad expuso: que trabaja para Prosegur desde 2007, es coordinador de departamento de prevención de riegos, y que está en conocimiento de las distintas operaciones que se realizan, casi de la totalidad, que al actor que estaba reparado una techumbre lo conoció después de que ocurrió el accidente para ver la evolución del accidente: Que Prosegur S.A. contrata al Señor Zurita para hacer estos trabajos, fue que se solicitó ese servicio puntual; que trabaja para Prosegur S.A. cuatro veces en un año aproximadamente, en períodos extensos, meses. Ninguno fue continuo de otro, cuando hacía trabajos siempre iba acompañado de otros trabajadores y no siempre con los mismos y no siempre las mismas tareas, a veces techumbre, retiro de antenas, y también hacía instalación de punto red; agrega que el día del accidente, 14 de noviembre de 2009 no se encontraba en la planta, se le informa por teléfono de lo sucedido, y llega al lugar cuando el accidentado ya no estaba, ya había sido trasladado al sistema de salud. El presidente del Comité Paritario le informa que un trabajador había estado reparando el techo y que había perdido el equilibrio, volcado y caído al suelo; que solamente estaba el pizarreño roto, no se registraba huellas de sangre. Respecto del actor señala que no es trabajador permanente de Prosegur S.A. y que sabe que es la persona que se accidentó, que contaba con sus elementos de seguridad completo, arnés, cuerda de vida. Contrainterrogado señala que hay otros prevensionistas de riesgos, cuatro personas más, y que no había ninguno ahí en el lugar del accidente, hay unos 5.000 ó 6.000 trabajadores en Prosegur, que se realizó una investigación del accidente, que a los contratistas se le entrega un manual con obligaciones que deben cumplir para hacer ciertas actividades o trabajos, depende de cada prestador de servicios; Que le habían avisado que el Sr. Zurita iba a ir, se le entrega al Sr. Zurita esta hoja con las instrucciones y se estima que él da las instrucciones a sus trabajadores. Está establecido en los antecedentes que se cumplió con ello, sabe que se hizo charla de instrucción a los trabajadores. Agrega que le llegó una notificación de una investigación que se cerraba el caso, no cursaron multa, y que para hacer la reparación nuevamente se estableció que se hiciera por debajo con andamios y que el Sr. Hormazábal hizo la reparación, a él se le hizo charla de seguridad por otra persona. CONSIDERANDO, SEXTO: Que en cuanto a la Excepción de Falta de Legitimidad Pasiva: La demandada Prosegur fundamenta su excepción en que para que se ejerza una acción deben concurrir, la existencia de un derecho, de un interés, de una calidad, de una capacidad, y que los requisitos para obtener tutela jurisdiccional es que la demanda se entable por el sujeto al cual corresponda la acción y se dirija en contra del sujeto

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pasivo de la misma, que es la legitimación, y que puede ser activa o pasiva; señala que es improcedente la aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo a su parte, toda vez que entre el demandante y Prosegur no ha existido un vínculo laboral ni contractual, y de existir obligación para con el actor, ella sería legal, emanada del artículo 183 A del Código del Trabajo, que establece que no se sujetarán a las normas de la subcontratación las obras o servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. Agrega que el artículo 183 E se remite al artículo 66 bis de la ley de accidentes del trabajo y que el primero es aplicable en las condiciones y circunstancias que señala, es decir, una persona natural o jurídica tienen el imperativo in vigilando respecto de la seguridad e integridad física de los trabajadores que se encuentran bajo un régimen de subcontratación cuando contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro. Señala que en definitiva se pretende hacer extensiva la obligación de seguridad y de reparar los perjuicios a una empresa respecto de la cual no es aplicable la normativa de trabajo en régimen de subcontratación en circunstancias que Prosegur Ltda. no tiene ni ha tenido jamás un vínculo contractual de carácter laboral; que los servicios del Sr. Zurita tenían el carácter de discontinuos y esporádicos y que las obras o faenas contratadas con dos Héctor Zurita no eran ni ha sido jamás actividades comprendidas dentro del giro social de Prosegur Ltda. o de alguna de sus filiales. Por todo ello señala que Prosegur Ltda. no es legitimado pasivo de la acción deducida por el actor por no tener el carácter de empresa principal que le haga acreedora de alguna deuda de responsabilidad por infringir el deber de seguridad que establece el legislador. Atendida la materia discutida en el presente juicio, se dejó para definitiva la excepción opuesta, y en atención a los argumentaciones expuestas por las partes, lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo, marco legal que establece el trabajo en régimen de subcontratación, y las pruebas vertidas en juicio, especialmente la declaración del testigo prevencionista de riesgos de la demandada Prosegur Ltda. quien declaró que el trabajo realizado por el actor bajo las órdenes del Sr. Zurita y en dependencias de la demandada Prosegur Ltda. fue terminado luego por otros trabajadores a quienes sí se les hizo capacitación y charlas, y que el mismo día del accidente del actor el testigo se constituyó en el lugar, ello unido a que la declaración de los testigos de la demandante reafirman lo anterior, en el sentido que la obra se siguió construyendo pero esta vez, con charlas de capacitación, con una nueva modalidad de ejecución del trabajo encomendado, por dentro del galpón, con las medidas de seguridad y con supervisión de Prosegur Ltda. lo que no se condice con lo alegado por la demandada de ser el Sr. Zurita un prestador de servicios meramente ocasional, y de ahí la preocupación de la demandada Prosegur Ltda. y la intervención de medidas de implementación de la obra y seguridad que no habían adoptado con anterioridad a la ocurrencia del accidente, todo ello analizado conforme a las normas de la sana crítica, permite arribar a la conclusión que la empresa Prosegur sí es legitimada pasiva para ser demandada en este juicio por tener la calidad de dueña de la obra, empresa o faena en que el actor desempañaba sus servicios y además lo hacía en dicho lugar el día del accidente, lo que fue declarado reiteradamente por los testigos de la parte demandante en orden a que en el sitio se encontraban guardias de Prosegur Ltda., personas con la vestimenta de dicha empresa, oficinas y camiones de Prosegur Ltda., más aún, que dicha circunstancia no fue controvertida por la demandada Prosegur en su contestación de demanda; unido lo anterior a la circunstancia de haberse entendido tácitamente admitidos por empleador el Sr. Zurita los hechos de la demanda, por no haberla contestado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo. Que además no resulta aplicable la norma del artículo 66 bis de la ley 16.744, toda vez que ésta regula obligaciones de los empleadores y no así de las empresas principales, como se desprende de su claro tenor, por lo que no obsta a la responsabilidad que le cabe a la empresa principal el hecho de tener un giro diverso del empleador del actor. En consecuencia la demandada Prosegur Ltda., sí tiene el carácter de dueña de la empresa, obra o faena y es legitimada pasiva en este juicio en tal carácter. SÉPTIMO: Que en la presente causa se estableció como hecho no controvertido la existencia del accidente el día 14 de noviembre de 2009 en la cual el actor habría caído desde un techo, por lo que el análisis de las pruebas rendidas dirán estricta relación con los hechos fijados por el Tribunal como sustanciales, pertinentes y controvertidos, y cómo se dan por establecidos, en efecto: 1. En cuanto a la existencia de una relación laboral entre don Juan Carlos Cisternas Plaza, y el demandado, don Héctor Eduardo Zurita Rossi. Se tendrá por establecida entre el 14 de noviembre de

pasivo de la misma, que es la legitimación, y que puede ser activa o pasiva; señala que es improcedente la aplicación del artículo 184 del Código del Trabajo a su parte, toda vez que entre el demandante y Prosegur no ha existido un vínculo laboral ni contractual, y de existir obligación para con el actor, ella sería legal, emanada del artículo 183 A del Código del Trabajo, que establece que no se sujetarán a las normas de la subcontratación las obras o servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. Agrega que el artículo 183 E se remite al artículo 66 bis de la ley de accidentes del trabajo y que el primero es aplicable en las condiciones y circunstancias que señala, es decir, una persona natural o jurídica tienen el imperativo in vigilando respecto de la seguridad e integridad física de los trabajadores que se encuentran bajo un régimen de subcontratación cuando contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro. Señala que en definitiva se pretende hacer extensiva la obligación de seguridad y de reparar los perjuicios a una empresa respecto de la cual no es aplicable la normativa de trabajo en régimen de subcontratación en circunstancias que Prosegur Ltda. no tiene ni ha tenido jamás un vínculo contractual de carácter laboral; que los servicios del Sr. Zurita tenían el carácter de discontinuos y esporádicos y que las obras o faenas contratadas con dos Héctor Zurita no eran ni ha sido jamás actividades comprendidas dentro del giro social de Prosegur Ltda. o de alguna de sus filiales. Por todo ello señala que Prosegur Ltda. no es legitimado pasivo de la acción deducida por el actor por no tener el carácter de empresa principal que le haga acreedora de alguna deuda de responsabilidad por infringir el deber de seguridad que establece el legislador. Atendida la materia discutida en el presente juicio, se dejó para definitiva la excepción opuesta, y en atención a los argumentaciones expuestas por las partes, lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo, marco legal que establece el trabajo en régimen de subcontratación, y las pruebas vertidas en juicio, especialmente la declaración del testigo prevencionista de riesgos de la demandada Prosegur Ltda. quien declaró que el trabajo realizado por el actor bajo las órdenes del Sr. Zurita y en dependencias de la demandada Prosegur Ltda. fue terminado luego por otros trabajadores a quienes sí se les hizo capacitación y charlas, y que el mismo día del accidente del actor el testigo se constituyó en el lugar, ello unido a que la declaración de los testigos de la demandante reafirman lo anterior, en el sentido que la obra se siguió construyendo pero esta vez, con charlas de capacitación, con una nueva modalidad de ejecución del trabajo encomendado, por dentro del galpón, con las medidas de seguridad y con supervisión de Prosegur Ltda. lo que no se condice con lo alegado por la demandada de ser el Sr. Zurita un prestador de servicios meramente ocasional, y de ahí la preocupación de la demandada Prosegur Ltda. y la intervención de medidas de implementación de la obra y seguridad que no habían adoptado con anterioridad a la ocurrencia del accidente, todo ello analizado conforme a las normas de la sana crítica, permite arribar a la conclusión que la empresa Prosegur sí es legitimada pasiva para ser demandada en este juicio por tener la calidad de dueña de la obra, empresa o faena en que el actor desempañaba sus servicios y además lo hacía en dicho lugar el día del accidente, lo que fue declarado reiteradamente por los testigos de la parte demandante en orden a que en el sitio se encontraban guardias de Prosegur Ltda., personas con la vestimenta de dicha empresa, oficinas y camiones de Prosegur Ltda., más aún, que dicha circunstancia no fue controvertida por la demandada Prosegur en su contestación de demanda; unido lo anterior a la circunstancia de haberse entendido tácitamente admitidos por empleador el Sr. Zurita los hechos de la demanda, por no haberla contestado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo. Que además no resulta aplicable la norma del artículo 66 bis de la ley 16.744, toda vez que ésta regula obligaciones de los empleadores y no así de las empresas principales, como se desprende de su claro tenor, por lo que no obsta a la responsabilidad que le cabe a la empresa principal el hecho de tener un giro diverso del empleador del actor. En consecuencia la demandada Prosegur Ltda., sí tiene el carácter de dueña de la empresa, obra o faena y es legitimada pasiva en este juicio en tal carácter. SÉPTIMO: Que en la presente causa se estableció como hecho no controvertido la existencia del accidente el día 14 de noviembre de 2009 en la cual el actor habría caído desde un techo, por lo que el análisis de las pruebas rendidas dirán estricta relación con los hechos fijados por el Tribunal como sustanciales, pertinentes y controvertidos, y cómo se dan por establecidos, en efecto: 1. En cuanto a la existencia de una relación laboral entre don Juan Carlos Cisternas Plaza, y el demandado, don Héctor Eduardo Zurita Rossi. Se tendrá por establecida entre el 14 de noviembre de ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2009, fecha en que comenzó a prestar servicios laborales en calidad de Supervisor de Trabajos de Albañilería, labores que si bien fueron interrumpidas por la ocurrencia del accidente, no es menos cierto que se acreditó con las declaraciones contestes de los dos testigos del demandante que al actor se le hizo firmar su contrato de trabajo encontrándose éste en el Hospital, no siendo razonable que se haya escriturado para el solo efecto de llevar al actor a la Mutual de Seguridad, toda vez que ninguna persona se liga contractualmente con otro sin que existan motivos que lo justifiquen y menos aún respecto de un trabajador accidentado, con la responsabilidad que ello significa para el empleador. En consecuencia, aun cuando el documento no se encuentre firmado por el Sr. Zurita, ponderado conjuntamente con la prueba testimonial de la demandante, se da por establecida una relación laboral entre ambos, dándose los elementos que determinan el vínculo de subordinación y dependencia, para realizar funciones en calidad de supervisor de albañilería, con una remuneración de $ 300.000 (trescientos mil pesos) mensuales. Se arriba a la conclusión teniendo presente además la presunción que se ha hecho efectiva respecto del demandado Sr. Zurita establecida en el artículo 453 N°1 del Código del Trabajo. 2. La existencia de una relación laboral en régimen de subcontratación entre don Juan Carlos Cisternas Plaza y la empresa demandada, Prosegur Ltda. Por las mismas razones expuestas en el considerando SEXTO, se da por establecida la existencia de un régimen de subcontratación, analizada la prueba conforme a las normas de la sana crítica, especialmente con la declaración del testigo de la demandada Prosegur prevencionista de riesgos se concluye que tal relación no era esporádica ya que el Sr. Zurita era frecuentemente contratado por la demandada Prosegur para realizar faenas en sus dependencias. Asimismo se concluye que dicha relación comenzó a menos el día del accidente, 14 de noviembre de 2010, y sin fecha de término estimada, toda vez que según los testigos de la parte demandante el trabajo debió ser terminado incluso con posterioridad al terremoto. 3. Circunstancias en que se habría producido el accidente de fecha 14 de noviembre de 2009. Lugar en que desempeñaba sus funciones, y funciones desarrolladas: Se arriba a la conclusión que el actor desempeñaba funciones de albañilería y/o supervisor de albañilería, las que debían ser desarrolladas en las dependencias de Prosegur, especialmente en un galpón para la reparación de un techo, consistiendo el trabajo en cambio de planchas de pizarreño. Así lo declararon contestes los dos testigos de la demandante y el testigo prevencionista de riesgos de la demandada. Se encuentra también en el proceso dos actas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, extendidas con fechas 25 de octubre y 16 de noviembre de 2010, que señalan que el accidente laboral se produjo en los Gobelinos 2548, Renca, lugar en que se encontraban las dependencias de Prosegur, el que se da por establecido como lugar de prestación de los servicios. En cuanto a las circunstancias del accidente se da por establecido que ello ocurrió del modo que relatan contestes los testigos del demandante, uno al que le consta por haber presenciado la caída y otro al que le consta por haber efectuado con posterioridad al accidente, el trabajo que correspondía realizar al actor y que no fue terminado. Tales son: que el día 14 de noviembre de 2010 el actor ya encontrándose en dependencias de las instalaciones Prosegur, habiendo sido llevado al lugar por su empleador Sr. Zurita y en compañía de otro trabajador Fidel Olivares, subió el galpón para inspeccionar el trabajo que debían hacer, salieron con el empleador a comprar los materiales necesarios y al regreso, en circunstancias que ya habían subido al techo inclinado, la planchas de pizarreño, sin cuerda de vida enganchada, por no existir gancho para ello como se dará por establecido más adelante cedió una plancha vieja y el actor cayó desde el techo hacia el interior del galpón, desde una altura aproximada de 6 metros, siendo soportado su cuerpo en principio por una cinta transportadora, en la que se golpeó con la parte de la axila, y luego el resto de su cuerpo cayó, quedando lesionado del modo que se ha informado mediante informe médico al que se hizo referencia en el considerando quinto. 4. Efectividad de que el empleador hubiese tomado las medidas eficaces para preservar la vida y la salud del trabajador, en el desempeño de las funciones solicitadas. Se da por establecido que el Sr. Zurita no adoptó las medidas de seguridad necesarias para preservar la vida y salud del trabajador, ya que si bien éste conjuntamente con el Sr. Fidel Olivares llevaban sus propios implementos por cuidado personal y atendida la experiencia, y el actor usó debidamente su arnés, no puedo engancharlo en la parte superior del techo, por no haber un gancho donde hacerlo, y el empleador no veló porque así estu-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2009, fecha en que comenzó a prestar servicios laborales en calidad de Supervisor de Trabajos de Albañilería, labores que si bien fueron interrumpidas por la ocurrencia del accidente, no es menos cierto que se acreditó con las declaraciones contestes de los dos testigos del demandante que al actor se le hizo firmar su contrato de trabajo encontrándose éste en el Hospital, no siendo razonable que se haya escriturado para el solo efecto de llevar al actor a la Mutual de Seguridad, toda vez que ninguna persona se liga contractualmente con otro sin que existan motivos que lo justifiquen y menos aún respecto de un trabajador accidentado, con la responsabilidad que ello significa para el empleador. En consecuencia, aun cuando el documento no se encuentre firmado por el Sr. Zurita, ponderado conjuntamente con la prueba testimonial de la demandante, se da por establecida una relación laboral entre ambos, dándose los elementos que determinan el vínculo de subordinación y dependencia, para realizar funciones en calidad de supervisor de albañilería, con una remuneración de $ 300.000 (trescientos mil pesos) mensuales. Se arriba a la conclusión teniendo presente además la presunción que se ha hecho efectiva respecto del demandado Sr. Zurita establecida en el artículo 453 N°1 del Código del Trabajo. 2. La existencia de una relación laboral en régimen de subcontratación entre don Juan Carlos Cisternas Plaza y la empresa demandada, Prosegur Ltda. Por las mismas razones expuestas en el considerando SEXTO, se da por establecida la existencia de un régimen de subcontratación, analizada la prueba conforme a las normas de la sana crítica, especialmente con la declaración del testigo de la demandada Prosegur prevencionista de riesgos se concluye que tal relación no era esporádica ya que el Sr. Zurita era frecuentemente contratado por la demandada Prosegur para realizar faenas en sus dependencias. Asimismo se concluye que dicha relación comenzó a menos el día del accidente, 14 de noviembre de 2010, y sin fecha de término estimada, toda vez que según los testigos de la parte demandante el trabajo debió ser terminado incluso con posterioridad al terremoto. 3. Circunstancias en que se habría producido el accidente de fecha 14 de noviembre de 2009. Lugar en que desempeñaba sus funciones, y funciones desarrolladas: Se arriba a la conclusión que el actor desempeñaba funciones de albañilería y/o supervisor de albañilería, las que debían ser desarrolladas en las dependencias de Prosegur, especialmente en un galpón para la reparación de un techo, consistiendo el trabajo en cambio de planchas de pizarreño. Así lo declararon contestes los dos testigos de la demandante y el testigo prevencionista de riesgos de la demandada. Se encuentra también en el proceso dos actas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, extendidas con fechas 25 de octubre y 16 de noviembre de 2010, que señalan que el accidente laboral se produjo en los Gobelinos 2548, Renca, lugar en que se encontraban las dependencias de Prosegur, el que se da por establecido como lugar de prestación de los servicios. En cuanto a las circunstancias del accidente se da por establecido que ello ocurrió del modo que relatan contestes los testigos del demandante, uno al que le consta por haber presenciado la caída y otro al que le consta por haber efectuado con posterioridad al accidente, el trabajo que correspondía realizar al actor y que no fue terminado. Tales son: que el día 14 de noviembre de 2010 el actor ya encontrándose en dependencias de las instalaciones Prosegur, habiendo sido llevado al lugar por su empleador Sr. Zurita y en compañía de otro trabajador Fidel Olivares, subió el galpón para inspeccionar el trabajo que debían hacer, salieron con el empleador a comprar los materiales necesarios y al regreso, en circunstancias que ya habían subido al techo inclinado, la planchas de pizarreño, sin cuerda de vida enganchada, por no existir gancho para ello como se dará por establecido más adelante cedió una plancha vieja y el actor cayó desde el techo hacia el interior del galpón, desde una altura aproximada de 6 metros, siendo soportado su cuerpo en principio por una cinta transportadora, en la que se golpeó con la parte de la axila, y luego el resto de su cuerpo cayó, quedando lesionado del modo que se ha informado mediante informe médico al que se hizo referencia en el considerando quinto. 4. Efectividad de que el empleador hubiese tomado las medidas eficaces para preservar la vida y la salud del trabajador, en el desempeño de las funciones solicitadas. Se da por establecido que el Sr. Zurita no adoptó las medidas de seguridad necesarias para preservar la vida y salud del trabajador, ya que si bien éste conjuntamente con el Sr. Fidel Olivares llevaban sus propios implementos por cuidado personal y atendida la experiencia, y el actor usó debidamente su arnés, no puedo engancharlo en la parte superior del techo, por no haber un gancho donde hacerlo, y el empleador no veló porque así estu-

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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viera implementado, ni por supervisar el trabajo para que habían sido contratados a desarrollar, ya que si así hubiera sido, el accidente no se había producido ni habría causado al actor las secuelas informadas mediante informe de Mutual de Seguridad. Otro antecedente que permite arribar a esta conclusión es que a los trabajadores que terminaron el trabajo, entre ellos, el testigo de la demandante Señor José Hormazábal Plaza, fue capacitado por la demandada Prosegur para desarrollar el trabajo inconcluso y se adoptó por dicha empresa un nuevo y diverso modo de operar, que incluía el uso de andamios por dentro del galpón; además el demandado SR. Zurita no aportó antecedente alguno para desvirtuar el hecho del accidente en las circunstancias e implementos utilizados. 5. En cuanto a los daños físicos y/o psicológicos producidos al actor a consecuencia del accidente sufrido con fecha 14 de noviembre de 2009, se da por establecido que el daño producido es moral, más no, por lucro cesante, toda vez que se ha acreditado con el Informe de Cotizaciones Previsionales del actor que éste sí ha trabajado con posterioridad al accidente y ello lo ha sido en calidad de supervisor y no de maestro carpintero como lo hacía, con una remuneración de cerca de $ 300.000 (trescientos mil pesos), que era aquella que percibía por el trabajo contratado. Además al efecto se tiene presente que resulta insuficiente la prueba aportada por el demandante en orden a ilustrar al Tribunal respecto de un grado de incapacidad declarado al actor, lo que permitiría determinar la existencia de este daño como cierto. Los testigos de la demandante no son suficientes para fijar un monto ni para dar por establecido un daño que al actor le impida ejercer su capacidad de trabajo y más bien, que el accidente le prive de realizar un trabajo que le permita percibir la remuneración que antes alcanzaba con el trabajo desarrollado. 6. Daños morales que se hayan producido a consecuencia del accidente del día 14 de noviembre de 2009. A raíz de las circunstancias del accidente, el tiempo que el actor estuvo hospitalizado, las intervenciones quirúrgicas de las que ha tenido que ser objeto, y el temor que le produjo el hecho de verse expuesto a perder su capacidad de trabajo, la aflicción y pesar que el actor debió soportar por el hecho de verse sometido a esa situación por negligencia y falta de cuidado de su empleador y de la empresa principal Prosegur, quienes debieron adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad del actor, siendo además causa efecto, la falta de cuidado con el resultado producido, analizando el informe médico remitido al Tribunal por la Mutual de Seguridad e incorporado en la audiencia especial de 18 de noviembre pasado, el Tribunal da por establecido un daño moral del actor que debe ser reparado por las demandadas y el que se avalúa prudencialmente en la suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos). 7. Efectividad de que el actor le hayan proporcionado elementos de seguridad por parte de quien le encargó el servicio y éste no las haya utilizado adecuadamente. Se ha dado por establecido que la demandada Prosegur que encargó el servicio no proporcionó las medidas de seguridad, tanto con la declaración conteste de los dos testigos del demandante como con la declaración del testigo prevencionista de riesgos de Prosegur que reconoce no haber estado presente al momento del accidente, que tenía conocimiento que la obra se iba a ejecutar y que no había un implemento donde enganchar, y que con posterioridad, para continuar desarrollando la obra, se adoptó la medida de poner andamios y ejecutar el trabajo por dentro del galpón, como antes no se había hecho, y esto debido a que era más seguro para los trabajadores. De este modo no se puede dar por establecido que el actor no usó adecuadamente los implementos que Prosegur le brindó, porque éstos no se le brindaron. OCTAVO: Que, en cuanto al fundamento de la responsabilidad exigida en el libelo de autos y su graduación, se hace necesario señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor, el artículo 184 del Código del Trabajo, establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que éstos son deudores de seguridad para aquéllos y tal obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. Que, de esta forma, corresponde al em-

viera implementado, ni por supervisar el trabajo para que habían sido contratados a desarrollar, ya que si así hubiera sido, el accidente no se había producido ni habría causado al actor las secuelas informadas mediante informe de Mutual de Seguridad. Otro antecedente que permite arribar a esta conclusión es que a los trabajadores que terminaron el trabajo, entre ellos, el testigo de la demandante Señor José Hormazábal Plaza, fue capacitado por la demandada Prosegur para desarrollar el trabajo inconcluso y se adoptó por dicha empresa un nuevo y diverso modo de operar, que incluía el uso de andamios por dentro del galpón; además el demandado SR. Zurita no aportó antecedente alguno para desvirtuar el hecho del accidente en las circunstancias e implementos utilizados. 5. En cuanto a los daños físicos y/o psicológicos producidos al actor a consecuencia del accidente sufrido con fecha 14 de noviembre de 2009, se da por establecido que el daño producido es moral, más no, por lucro cesante, toda vez que se ha acreditado con el Informe de Cotizaciones Previsionales del actor que éste sí ha trabajado con posterioridad al accidente y ello lo ha sido en calidad de supervisor y no de maestro carpintero como lo hacía, con una remuneración de cerca de $ 300.000 (trescientos mil pesos), que era aquella que percibía por el trabajo contratado. Además al efecto se tiene presente que resulta insuficiente la prueba aportada por el demandante en orden a ilustrar al Tribunal respecto de un grado de incapacidad declarado al actor, lo que permitiría determinar la existencia de este daño como cierto. Los testigos de la demandante no son suficientes para fijar un monto ni para dar por establecido un daño que al actor le impida ejercer su capacidad de trabajo y más bien, que el accidente le prive de realizar un trabajo que le permita percibir la remuneración que antes alcanzaba con el trabajo desarrollado. 6. Daños morales que se hayan producido a consecuencia del accidente del día 14 de noviembre de 2009. A raíz de las circunstancias del accidente, el tiempo que el actor estuvo hospitalizado, las intervenciones quirúrgicas de las que ha tenido que ser objeto, y el temor que le produjo el hecho de verse expuesto a perder su capacidad de trabajo, la aflicción y pesar que el actor debió soportar por el hecho de verse sometido a esa situación por negligencia y falta de cuidado de su empleador y de la empresa principal Prosegur, quienes debieron adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad del actor, siendo además causa efecto, la falta de cuidado con el resultado producido, analizando el informe médico remitido al Tribunal por la Mutual de Seguridad e incorporado en la audiencia especial de 18 de noviembre pasado, el Tribunal da por establecido un daño moral del actor que debe ser reparado por las demandadas y el que se avalúa prudencialmente en la suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos). 7. Efectividad de que el actor le hayan proporcionado elementos de seguridad por parte de quien le encargó el servicio y éste no las haya utilizado adecuadamente. Se ha dado por establecido que la demandada Prosegur que encargó el servicio no proporcionó las medidas de seguridad, tanto con la declaración conteste de los dos testigos del demandante como con la declaración del testigo prevencionista de riesgos de Prosegur que reconoce no haber estado presente al momento del accidente, que tenía conocimiento que la obra se iba a ejecutar y que no había un implemento donde enganchar, y que con posterioridad, para continuar desarrollando la obra, se adoptó la medida de poner andamios y ejecutar el trabajo por dentro del galpón, como antes no se había hecho, y esto debido a que era más seguro para los trabajadores. De este modo no se puede dar por establecido que el actor no usó adecuadamente los implementos que Prosegur le brindó, porque éstos no se le brindaron. OCTAVO: Que, en cuanto al fundamento de la responsabilidad exigida en el libelo de autos y su graduación, se hace necesario señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor, el artículo 184 del Código del Trabajo, establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que éstos son deudores de seguridad para aquéllos y tal obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éste, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. Que, de esta forma, corresponde al emACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

pleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó rodos los elementos o implementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo, otorgando la máxima seguridad posible en la faena, cuestión que, como se ha dicho el empleador Sr. Héctor Zurita Rossi no logró. NOVENO: Que, en lo que dice relación con la Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda., Prosegur Ltda. la norma del artículo 183 E del Código del Trabajo, prescribe que sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. A su turno el referido artículo 66 bis de la ley N° 16.744 prescribe que los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables. Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia. Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos serán determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Para la aplicación de las nuevas normas, en particular referidas al Art. 66 bis de la ley N° 16.744, se han aprobado tanto el Reglamento N° 76, del Ministerio del Trabajo como las Circulares 2.345 y 2.346 de la Superintendencia de Seguridad Social de Enero del año 2007. Estas normas establecen, en su conjunto, los deberes que le impone el ordenamiento jurídico a la empresa principal en el ámbito de la protección de la vida y salud de los trabajadores dependientes de las empresas contratistas, en los términos del artículo 183 E del Código del Trabajo, de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. En el caso de autos, se ha dado por establecido la existencia de una relación de carácter civil entre el Sr. Zurita y la Empresa Prosegur Ltda., y que la segunda actuó como mandante de la primera. DÉCIMO: Que, habiéndose establecido el incumplimiento tanto de parte del empleador como de parte de la empresa principal demanda y el daño experimentado por el actor, se hace necesario acotar que ha sido el incumplimiento de estos deberes impuestos a los demandados la causa del accidente sufrido por el actor y el consecuente daño mencionado, sin que en ello hubiera intervenido caso fortuito o fuerza mayor ni la imprudencia o actuar temerario o negligente que se pretende atribuir al actor, lo que fue descartado precedentemente en esta sentencia al analizar las probanzas y establecer los hechos y la existencia del daño. DECIMOPRIMERO: Que, como se dirá en lo resolutivo del fallo, la demanda será acogida y los demandados Héctor Zurita Rossi y Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda., Prosegur Ltda. serán condenados solidariamente al pago de la indemnización de perjuicios por daño moral por la suma de $ 4.000.000, esto por cuanto, a juicio de esta sentenciadora en el ámbito laboral, especialmente desde la dictación de la ley N° 20.123, conocida como ley de subcontratación, el régimen de responsabilidad entre empleador y contratista es la solidaridad, así lo establece el artículo 183 B del Código del Trabajo, régimen que se reemplaza por la subsidiaridad en los casos establecidos por la propia ley en el artículo 183 D, esto es, cuando el dueño de la obra hiciere efectivo los deberes de información y retención a que se refiere la norma anterior, siendo el deber de vigilancia, establecido en el artículo 183 E del cuerpo legal citado, por su contenido, equivalente, en materia de protección de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

pleador probar en la causa que adoptó todas las medidas necesarias y proporcionó rodos los elementos o implementos requeridos para evitar accidentes en el trabajo, otorgando la máxima seguridad posible en la faena, cuestión que, como se ha dicho el empleador Sr. Héctor Zurita Rossi no logró. NOVENO: Que, en lo que dice relación con la Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda., Prosegur Ltda. la norma del artículo 183 E del Código del Trabajo, prescribe que sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. A su turno el referido artículo 66 bis de la ley N° 16.744 prescribe que los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables. Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia. Los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos serán determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Para la aplicación de las nuevas normas, en particular referidas al Art. 66 bis de la ley N° 16.744, se han aprobado tanto el Reglamento N° 76, del Ministerio del Trabajo como las Circulares 2.345 y 2.346 de la Superintendencia de Seguridad Social de Enero del año 2007. Estas normas establecen, en su conjunto, los deberes que le impone el ordenamiento jurídico a la empresa principal en el ámbito de la protección de la vida y salud de los trabajadores dependientes de las empresas contratistas, en los términos del artículo 183 E del Código del Trabajo, de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. En el caso de autos, se ha dado por establecido la existencia de una relación de carácter civil entre el Sr. Zurita y la Empresa Prosegur Ltda., y que la segunda actuó como mandante de la primera. DÉCIMO: Que, habiéndose establecido el incumplimiento tanto de parte del empleador como de parte de la empresa principal demanda y el daño experimentado por el actor, se hace necesario acotar que ha sido el incumplimiento de estos deberes impuestos a los demandados la causa del accidente sufrido por el actor y el consecuente daño mencionado, sin que en ello hubiera intervenido caso fortuito o fuerza mayor ni la imprudencia o actuar temerario o negligente que se pretende atribuir al actor, lo que fue descartado precedentemente en esta sentencia al analizar las probanzas y establecer los hechos y la existencia del daño. DECIMOPRIMERO: Que, como se dirá en lo resolutivo del fallo, la demanda será acogida y los demandados Héctor Zurita Rossi y Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda., Prosegur Ltda. serán condenados solidariamente al pago de la indemnización de perjuicios por daño moral por la suma de $ 4.000.000, esto por cuanto, a juicio de esta sentenciadora en el ámbito laboral, especialmente desde la dictación de la ley N° 20.123, conocida como ley de subcontratación, el régimen de responsabilidad entre empleador y contratista es la solidaridad, así lo establece el artículo 183 B del Código del Trabajo, régimen que se reemplaza por la subsidiaridad en los casos establecidos por la propia ley en el artículo 183 D, esto es, cuando el dueño de la obra hiciere efectivo los deberes de información y retención a que se refiere la norma anterior, siendo el deber de vigilancia, establecido en el artículo 183 E del cuerpo legal citado, por su contenido, equivalente, en materia de protección de

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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la vida y seguridad de los trabajadores, a los deberes de información y retención, habiendo quedado establecido el incumplimiento que de ellos hizo el dueño de la obra, no existe razón para no aplicar el régimen de solidaridad que constituye el régimen general. Complementario con lo anterior, si hacemos una interpretación sistemática de la ley 20.123 y de ésta y el Código del Trabajo a la que se inserta y los principios del derecho del trabajo y especialmente el protector, podemos arribar a la misma conclusión, si la solidaridad está establecida en general para las obligaciones legales y previsionales. Y, visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, 7, 183 A y siguientes, 184, 446 y siguientes del Código del Trabajo, ley Nº 20.123, artículo 66 bis de la ley Nº 16.744 y decreto supremo 76 del Ministerio del Trabajo, se declara: I. Que, se acoge la demanda interpuesta por Juan Carlos Cisternas Plaza, en contra de don Héctor Eduardo Zurita Rossi y Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada, Prosegur Ltda., todos ya individualizados, debiendo los demandados pagar solidariamente al demandante la suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos), a título de daño moral experimentado como consecuencia del accidente del trabajo ocurrido en la ciudad de Santiago el Talca el 14 de noviembre de 2010. II. Que se rechaza la demanda en lo demás. III. Que, los demandados Héctor Eduardo Zurita Rossi y laEmpresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada, Prosegur Ltda., deberán pagar las referidas sumas más los reajustes desde la fecha del presente fallo e intereses, en caso de mora y desde que se constituyan en ella. IV. Que, no se condena a los demandados en costas al no haber sido totalmente vencidos. V. Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional. Regístrese, notifíquese a las partes y archívese en su oportunidad. RIT: O 2557 2010 RUC: 10 4 0038267 6 Pronunciada por María Verónica Torres Reyes, Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a veintinueve de noviembre de dos mil diez, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

la vida y seguridad de los trabajadores, a los deberes de información y retención, habiendo quedado establecido el incumplimiento que de ellos hizo el dueño de la obra, no existe razón para no aplicar el régimen de solidaridad que constituye el régimen general. Complementario con lo anterior, si hacemos una interpretación sistemática de la ley 20.123 y de ésta y el Código del Trabajo a la que se inserta y los principios del derecho del trabajo y especialmente el protector, podemos arribar a la misma conclusión, si la solidaridad está establecida en general para las obligaciones legales y previsionales. Y, visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, 7, 183 A y siguientes, 184, 446 y siguientes del Código del Trabajo, ley Nº 20.123, artículo 66 bis de la ley Nº 16.744 y decreto supremo 76 del Ministerio del Trabajo, se declara: I. Que, se acoge la demanda interpuesta por Juan Carlos Cisternas Plaza, en contra de don Héctor Eduardo Zurita Rossi y Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada, Prosegur Ltda., todos ya individualizados, debiendo los demandados pagar solidariamente al demandante la suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos), a título de daño moral experimentado como consecuencia del accidente del trabajo ocurrido en la ciudad de Santiago el Talca el 14 de noviembre de 2010. II. Que se rechaza la demanda en lo demás. III. Que, los demandados Héctor Eduardo Zurita Rossi y laEmpresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada, Prosegur Ltda., deberán pagar las referidas sumas más los reajustes desde la fecha del presente fallo e intereses, en caso de mora y desde que se constituyan en ella. IV. Que, no se condena a los demandados en costas al no haber sido totalmente vencidos. V. Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional. Regístrese, notifíquese a las partes y archívese en su oportunidad. RIT: O 2557 2010 RUC: 10 4 0038267 6 Pronunciada por María Verónica Torres Reyes, Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a veintinueve de noviembre de dos mil diez, se notificó por el estado diario la sentencia precedente. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Son partes de este juicio, como demandante y ex trabajadora, doña Marta Catalán Curivil, trabajadora, domiciliada en El Conquistador N° 1660, departamento 108, comuna de Maipú, quien pretende se declare improcedente el despido de que fue objeto, y se condene a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones que reclama. Como demandada y ex empleadora, Preaservice Ltda., representada legalmente por don Raúl Aguirre Dumay, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo N° 8450, comuna de Las Condes, quien no ha comparecido a esta litis. SEGUNDO: La demanda encuentra su fundamento en una relación laboral que se inició el nueve de octubre de dos mil ocho, desempeñándose la demandante como operaria de perecibles, percibiendo una remuneración mensual de $ 242.076. Indica que la prestación de servicios concluyó el día 14 de junio de 2010, oportunidad en que recibió una carta de su empleadora en la que se le informa de su despido, invocándose la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa fundada en una pronta racionalización del servicio, hecho que es falso, lo que se demuestra en que otro trabajador ocupó su lugar en la empresa, desarrollando sus labores. Agrega que, durante su relación laboral, sufrió dos accidentes de trabajo, relacionados con sus labores de preparación de alimentos en los supermercados de la demandada, consistentes en quemaduras que ocurrieron los días 20 de junio y 11 de octubre de 2009, calificadas como grado 3. Tales accidentes se deben a que no se le proporcionaron condiciones mínimas para prestar sus funciones vinculadas con manipular alimentos e instrumentos a altas temperaturas, sufriendo quemaduras al cocinar puré instantáneo que salpicó en ambos brazos la primera vez y aceite hirviendo en el brazo izquierdo, la segunda ocasión. Explica que tales accidentes, tratados como accidentes laborales, dejaron marcas en sus brazos que le han provocado gran aflicción porque su imagen de mujer se ha visto menoscabada, viéndose obligada a usar ropa de manga larga, ya que los clientes han reclamado si los atiende, al creer que está sucia, lo que también le dificultará obtener nuevos empleos, por lo que solicita se condene a la demandada al pago de una indemnización por daño moral que avalúa en $ 4.000.000.. Finaliza solicitando se condene a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicios con recargo de 30%, feriado proporcional, días trabajados en junio de 2010, daño moral, todo ello con reajustes, intereses y costas. Por su parte, la demandada no contestó la demanda ni ha realizado gestión alguna en la presente causa. TERCERO: En la audiencia preparatoria, realizada el veinte de octubre del año en curso, no compareció la demandada, por lo que no fue posible efectuar el llamado a las partes a conciliación. Ante ello, se determinó, como hechos a probar los siguientes: 1) Efectividad de que la empresa tuvo que racionalizar los servicios en los términos indicados en la carta de despido; 2) Efectividad de que la actora sufrió dos accidentes laborales, mientras se desempeñaba para la demandada con fecha 20 de junio de 2009 y 11 de octubre de 2009, que le ocasionaron quemaduras que le dejaron marcas en sus brazos, y la efectividad de que se adoptaron medidas de prevención por la demandada con antelación a la fecha de los accidentes y con posterioridad a estos mismos; 3) Consecuencias emocionales, físicas y psicológicas padecidas por la demandante con ocasión de los accidentes referidos. CUARTO: En la audiencia de juicio, se rindieron las probanzas ofrecidas por la parte demandante en la preparación, quien rindió Documental: 1) Copia de la carta de despido, de fecha 14 de junio de 2010, dirigida a doña Marta Catalán Curivil por la empresa Preaservice; 2) Fotocopia de certificado de

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-2617-2010 Cita online: CL/JUR/15758/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-2617-2010 Cita online: CL/JUR/15758/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Son partes de este juicio, como demandante y ex trabajadora, doña Marta Catalán Curivil, trabajadora, domiciliada en El Conquistador N° 1660, departamento 108, comuna de Maipú, quien pretende se declare improcedente el despido de que fue objeto, y se condene a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones que reclama. Como demandada y ex empleadora, Preaservice Ltda., representada legalmente por don Raúl Aguirre Dumay, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Apoquindo N° 8450, comuna de Las Condes, quien no ha comparecido a esta litis. SEGUNDO: La demanda encuentra su fundamento en una relación laboral que se inició el nueve de octubre de dos mil ocho, desempeñándose la demandante como operaria de perecibles, percibiendo una remuneración mensual de $ 242.076. Indica que la prestación de servicios concluyó el día 14 de junio de 2010, oportunidad en que recibió una carta de su empleadora en la que se le informa de su despido, invocándose la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa fundada en una pronta racionalización del servicio, hecho que es falso, lo que se demuestra en que otro trabajador ocupó su lugar en la empresa, desarrollando sus labores. Agrega que, durante su relación laboral, sufrió dos accidentes de trabajo, relacionados con sus labores de preparación de alimentos en los supermercados de la demandada, consistentes en quemaduras que ocurrieron los días 20 de junio y 11 de octubre de 2009, calificadas como grado 3. Tales accidentes se deben a que no se le proporcionaron condiciones mínimas para prestar sus funciones vinculadas con manipular alimentos e instrumentos a altas temperaturas, sufriendo quemaduras al cocinar puré instantáneo que salpicó en ambos brazos la primera vez y aceite hirviendo en el brazo izquierdo, la segunda ocasión. Explica que tales accidentes, tratados como accidentes laborales, dejaron marcas en sus brazos que le han provocado gran aflicción porque su imagen de mujer se ha visto menoscabada, viéndose obligada a usar ropa de manga larga, ya que los clientes han reclamado si los atiende, al creer que está sucia, lo que también le dificultará obtener nuevos empleos, por lo que solicita se condene a la demandada al pago de una indemnización por daño moral que avalúa en $ 4.000.000.. Finaliza solicitando se condene a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicios con recargo de 30%, feriado proporcional, días trabajados en junio de 2010, daño moral, todo ello con reajustes, intereses y costas. Por su parte, la demandada no contestó la demanda ni ha realizado gestión alguna en la presente causa. TERCERO: En la audiencia preparatoria, realizada el veinte de octubre del año en curso, no compareció la demandada, por lo que no fue posible efectuar el llamado a las partes a conciliación. Ante ello, se determinó, como hechos a probar los siguientes: 1) Efectividad de que la empresa tuvo que racionalizar los servicios en los términos indicados en la carta de despido; 2) Efectividad de que la actora sufrió dos accidentes laborales, mientras se desempeñaba para la demandada con fecha 20 de junio de 2009 y 11 de octubre de 2009, que le ocasionaron quemaduras que le dejaron marcas en sus brazos, y la efectividad de que se adoptaron medidas de prevención por la demandada con antelación a la fecha de los accidentes y con posterioridad a estos mismos; 3) Consecuencias emocionales, físicas y psicológicas padecidas por la demandante con ocasión de los accidentes referidos. CUARTO: En la audiencia de juicio, se rindieron las probanzas ofrecidas por la parte demandante en la preparación, quien rindió Documental: 1) Copia de la carta de despido, de fecha 14 de junio de 2010, dirigida a doña Marta Catalán Curivil por la empresa Preaservice; 2) Fotocopia de certificado de

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alta médica del Instituto de Seguridad del Trabajo, de fecha 14 de septiembre de 2009; 3) Citación a control al Instituto de Seguridad del Trabajo, de fecha 17 de octubre de 2009; 4) Certificado de alta médica, de fecha 30 de Junio de 2009; 5) Citación a control de fecha 23 de junio de 2009. Asimismo solicitó Confesional, sin que compareciera a la audiencia don Raúl Aguirre Dumay, por lo que se accedió a la solicitud de la parte demandante de hacer efectivo el apercibimiento del artículo 454 del Código del Trabajo. Rindió también Testimonial, compareciendo doña Cristina Inés Giroz Díaz, quien indica que la demandante fue funcionaria de Cencosud y trabajaba en el local en que la testigo prestaba servicios. Trabajaba como operaria y después de su despido han trabajado más personas. La demandante trabajaba en cuarto caliente y los guantes que se facilitan a los trabajadores son quirúrgicos. La actora sufrió dos accidentes, en octubre y junio de 2009, se los contaron cuando preguntó por qué no estaba la actora, y era por las licencias pero sus tratamientos no llegaron a fin. El uniforme para atender público es de manga corta, la actora tiene una mancha en la muñeca y un cliente la vio y dijo que estaba sucia, por eso se ordenó que tratara de bajar lo menos posible a atender público, ella usaba beatle para taparse pero a veces no se puede. Ella bajaba sólo para reemplazar porque sus secuelas aparecen siempre. En un supermercado trabajaba en sección platos preparados, Jumbo de Apoquindo N° 8450. Es presidenta del sindicato de la empresa y el comité paritario no funciona y no investigó los accidentes de la demandante. También declaró don Sebastián Antonio Hurtado Sandoval, esposo de la demandante, ella tiene quemaduras y no puede usar poleras, se quemó manipulando alimentos en el supermercado Santa Isabel, los accidentes ocurrieron en junio y octubre de 2009. Ha tenido problemas para buscar trabajo, le ven sus brazos, tiene manchas y piensan que es mugre. Cuando trabajaba para la demandada también tuvo problemas porque tenía que atender clientes y pedían que ella no atendiera porque pensaban que estaban sucios sus brazos. Ella siempre usa poleras de manga larga y está con ánimo bajo, siente que le miran, se fija la vista cuando se descubre los brazos y la vio deprimida. No ha tenido éxito en buscar trabajo por las marcas en sus brazos. Luego de prescindir de la exhibición documental y del oficio, se produce la prueba decretada por el tribunal, consistente en Confesional e Inspección Personal del Tribunal, compareciendo doña Marta María Catalán Curivil, la primera quemadura fue preparando comida para el personal, puré instantáneo, saltó el hervor en la mano derecha, eso en junio de 2009 a las 10:30 am. Estaba con una cuchara de palo mediana y no tenía guante ella ni nadie. Metió la mano bajo la llave y vio una ampolla de agua, fue a hacerse primeros auxilios y el Sr. Carabantes de recursos humanos le dijo que primero terminara su turno, fue al IST, llegó a las 17:00 y el doctor le dijo que no tendría que haber esperado porque la quemadura pasó a grado 3. Le reventaron la ampolla, sacaron cuero, curaciones y vendaron, tuvo que ir a dos controles rutinarios. El segundo fue con aceite friendo papas fritas para el público, en el mes de octubre de 2009 como a las 12:30. Tampoco tenía guantes porque no se usaba, sólo cuando atendían público usaban guantes quirúrgicos, estaba con un canastillo en la mano, cuando las fue a poner, como las papas vienen congeladas se desamarraron y salto aceite al brazo. Fue donde el Sr. Carabantes, también le pidió hacer lo mismo y cuando le dieron licencia no se la tomó porque así se lo dijo el Sr. Carabantes porque se le podía poner una multa. También tuvo que terminar el turno, fue a las 19:00, ahí tuvo una sola curación y control. La mandaron a Franklin por cercanía de su domicilio, pero los demás compañeros cuando se quemaban los mandaban a Providencia. No había precauciones en la empresa a pesar que se quemaban seguido. Le pasó como cinco o seis veces más que los clientes cuando iban a retirar los vales decían que la atienda otra persona, los demás compañeros no tienen marcas. Los doctores le dijeron que por grado 3 los brazos iban a quedar marcados. Los amigos le preguntan lo que les ha pasado y la fueron a ver a la casa, no ha tenido discriminación con ellos, los problemas son en la parte laboral. QUINTO: En atención a que la demandada no contestó la demanda y se ha mantenido rebelde durante toda la secuela del juicio, y teniendo presente el tenor de los hechos a probar establecidos en esta causa, es que se hará uso de la facultad que el inciso séptimo del N° 1 del artículo 453 del Código del Trabajo confiere al tribunal ante una situación como la descrita. Es así que, por la falta de controversia expresa de la demandada sobre todo lo consignado en la demanda, es que se tendrá por admitido tácitamente por ella, la existencia de una relación laboral que se extendió a contar del 09 de octubre de

alta médica del Instituto de Seguridad del Trabajo, de fecha 14 de septiembre de 2009; 3) Citación a control al Instituto de Seguridad del Trabajo, de fecha 17 de octubre de 2009; 4) Certificado de alta médica, de fecha 30 de Junio de 2009; 5) Citación a control de fecha 23 de junio de 2009. Asimismo solicitó Confesional, sin que compareciera a la audiencia don Raúl Aguirre Dumay, por lo que se accedió a la solicitud de la parte demandante de hacer efectivo el apercibimiento del artículo 454 del Código del Trabajo. Rindió también Testimonial, compareciendo doña Cristina Inés Giroz Díaz, quien indica que la demandante fue funcionaria de Cencosud y trabajaba en el local en que la testigo prestaba servicios. Trabajaba como operaria y después de su despido han trabajado más personas. La demandante trabajaba en cuarto caliente y los guantes que se facilitan a los trabajadores son quirúrgicos. La actora sufrió dos accidentes, en octubre y junio de 2009, se los contaron cuando preguntó por qué no estaba la actora, y era por las licencias pero sus tratamientos no llegaron a fin. El uniforme para atender público es de manga corta, la actora tiene una mancha en la muñeca y un cliente la vio y dijo que estaba sucia, por eso se ordenó que tratara de bajar lo menos posible a atender público, ella usaba beatle para taparse pero a veces no se puede. Ella bajaba sólo para reemplazar porque sus secuelas aparecen siempre. En un supermercado trabajaba en sección platos preparados, Jumbo de Apoquindo N° 8450. Es presidenta del sindicato de la empresa y el comité paritario no funciona y no investigó los accidentes de la demandante. También declaró don Sebastián Antonio Hurtado Sandoval, esposo de la demandante, ella tiene quemaduras y no puede usar poleras, se quemó manipulando alimentos en el supermercado Santa Isabel, los accidentes ocurrieron en junio y octubre de 2009. Ha tenido problemas para buscar trabajo, le ven sus brazos, tiene manchas y piensan que es mugre. Cuando trabajaba para la demandada también tuvo problemas porque tenía que atender clientes y pedían que ella no atendiera porque pensaban que estaban sucios sus brazos. Ella siempre usa poleras de manga larga y está con ánimo bajo, siente que le miran, se fija la vista cuando se descubre los brazos y la vio deprimida. No ha tenido éxito en buscar trabajo por las marcas en sus brazos. Luego de prescindir de la exhibición documental y del oficio, se produce la prueba decretada por el tribunal, consistente en Confesional e Inspección Personal del Tribunal, compareciendo doña Marta María Catalán Curivil, la primera quemadura fue preparando comida para el personal, puré instantáneo, saltó el hervor en la mano derecha, eso en junio de 2009 a las 10:30 am. Estaba con una cuchara de palo mediana y no tenía guante ella ni nadie. Metió la mano bajo la llave y vio una ampolla de agua, fue a hacerse primeros auxilios y el Sr. Carabantes de recursos humanos le dijo que primero terminara su turno, fue al IST, llegó a las 17:00 y el doctor le dijo que no tendría que haber esperado porque la quemadura pasó a grado 3. Le reventaron la ampolla, sacaron cuero, curaciones y vendaron, tuvo que ir a dos controles rutinarios. El segundo fue con aceite friendo papas fritas para el público, en el mes de octubre de 2009 como a las 12:30. Tampoco tenía guantes porque no se usaba, sólo cuando atendían público usaban guantes quirúrgicos, estaba con un canastillo en la mano, cuando las fue a poner, como las papas vienen congeladas se desamarraron y salto aceite al brazo. Fue donde el Sr. Carabantes, también le pidió hacer lo mismo y cuando le dieron licencia no se la tomó porque así se lo dijo el Sr. Carabantes porque se le podía poner una multa. También tuvo que terminar el turno, fue a las 19:00, ahí tuvo una sola curación y control. La mandaron a Franklin por cercanía de su domicilio, pero los demás compañeros cuando se quemaban los mandaban a Providencia. No había precauciones en la empresa a pesar que se quemaban seguido. Le pasó como cinco o seis veces más que los clientes cuando iban a retirar los vales decían que la atienda otra persona, los demás compañeros no tienen marcas. Los doctores le dijeron que por grado 3 los brazos iban a quedar marcados. Los amigos le preguntan lo que les ha pasado y la fueron a ver a la casa, no ha tenido discriminación con ellos, los problemas son en la parte laboral. QUINTO: En atención a que la demandada no contestó la demanda y se ha mantenido rebelde durante toda la secuela del juicio, y teniendo presente el tenor de los hechos a probar establecidos en esta causa, es que se hará uso de la facultad que el inciso séptimo del N° 1 del artículo 453 del Código del Trabajo confiere al tribunal ante una situación como la descrita. Es así que, por la falta de controversia expresa de la demandada sobre todo lo consignado en la demanda, es que se tendrá por admitido tácitamente por ella, la existencia de una relación laboral que se extendió a contar del 09 de octubre de ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2008, desempeñándose la demandante como operaria de perecibles, y percibiendo una remuneración de $ 242.076. Sin perjuicio de ello, la efectividad de hallarse ligadas las partes por un contrato de trabajo se puede desprender de la declaración de la demandada en la audiencia verificada ante la Inspección del Trabajo de fecha 30 de junio del año en curso y los dichos de la testigo de la parte demandante Sra. Giroz, al manifestar que la actora se desempeñó para la demandada en un supermercado cuya individualización proporciona, en la sección platos preparados. Asimismo, ello puede colegirse de la carta de despido incorporada por la actora, en la que se aprecia que es la mencionada empresa la que le remite una comunicación de despido, propia de una relación laboral. Cabe destacar que dicha comunicación y los dichos de la demandada ante la Inspección del Trabajo permiten corroborar la antiguedad laboral de la actora, al admitirse el vínculo por el período indicado en la demanda, como también el monto de la última remuneración de la demandante, de acuerdo a la suma que se ofrece pagar como indemnización sustitutiva del aviso previo. SEXTO: El primer hecho a probar de esta causa tiene relación con la efectividad de que la empresa tuvo que racionalizar los servicios en los términos indicados en la carta de despido, hecho que no está acreditado. Ello por cuanto, en primer lugar, sólo se indica como hecho fundante de la terminación la racionalización del servicio, lo que permite, desde ya, constatar que si bien existe una mención fáctica en la comunicación, ella no tiene la mínima concreción que se requiere para otorgarle sentido a la afirmación contenida en la carta de despido, puesto que si bien es claramente inteligible la palabra racionalización, lo cierto es que ella no aparece vinculada claramente con la demandante, desde que simplemente se indica que ella afectará el servicio, sin que esa palabra permita entender que se trata del área específica de la sección de platos preparados, una pequeña sección de la misma o, de contrario, la empresa en su totalidad. A la falta de precisión fáctica cabe agregar que, como ya se ha constatado, la demandada no ha realizado gestión alguna en esta causa, y por lo mismo, no ha rendido prueba para demostrar la efectividad de la mencionada racionalización del servicio. Por lo mismo, al no haberse proporcionado antecedentes respecto de los hechos constitutivos de la causal invocada para poner término al contrato de trabajo de la demandante, carga que pesa exclusivamente sobre la empleadora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, es que se declarará improcedente el despido, imponiéndose el aumento de 30% sobre la indemnización por años de servicio correspondiente por la causal de necesidades de la empresa invocada, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 168 del mismo cuerpo legal. Se accederá, asimismo, al cobro de la indemnización sustitutiva del aviso previo, al haberse ofrecido su pago en la mencionada carta de despido. SÉPTIMO: El segundo hecho a probar de esta causa se relaciona con los accidentes de trabajo que son fundamento de la pretensión de daño moral de la demanda. Sobre ellos, se tiene por acreditado que la demandante sufrió dos quemaduras, la primera de ellas al salpicarle agua hirviendo a su mano derecha mientras preparaba un puré instantáneo, el día 20 de junio de 2009 a las 10:30, y la segunda al saltarle aceite caliente mientras freía papas, salpicando en su brazo izquierdo, hecho ocurrido el 11 de octubre de 2009 a las 12:30. La efectividad de tales hechos se tiene por establecida a través de los dichos de la propia actora, quien relató en la prueba confesional estos dos sucesos, explicando las circunstancias ya anotadas, como la hora en que ocurrieron, versiones que son confirmadas por el certificado de alta médica del Instituto de Seguridad del Trabajo de 30 de junio de 2009, que da cuenta del ingreso de la trabajadora demandante el día 23 del mismo mes a las 18:49, dándose de alta en la fecha de expedición. De similar tenor es la citación a control de 23 de junio de 2009, fecha de ingreso de la actora, en que consta que ésta se accidentó el día 20 anterior a las 12:00, constando del mismo documento, además, que accedió al sistema de subsidios previsto por la ley N° 16.744, por lo que no cabe dudas que se trató de un accidente de trabajo. En cuanto al segundo accidente, está la citación a control de 13 de octubre de 2009, que da cuenta que la actora sufrió un accidente el 11 de octubre de 2009 a las 19:15, respecto del cual también operaron los subsidios de la ley N° 16.744. Finalmente, la efectividad de los accidentes referidos es confirmada por los dichos de los testigos de la parte demandante, quienes se encuentran contestes en cuanto a la ocurrencia de los mismos. Las circunstancias proporcionadas por la demandante en el caso de cada uno de los accidentes, se tiene por acreditada por sus dichos vertidos en la audiencia, y además por la prueba confesional ficta,

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2008, desempeñándose la demandante como operaria de perecibles, y percibiendo una remuneración de $ 242.076. Sin perjuicio de ello, la efectividad de hallarse ligadas las partes por un contrato de trabajo se puede desprender de la declaración de la demandada en la audiencia verificada ante la Inspección del Trabajo de fecha 30 de junio del año en curso y los dichos de la testigo de la parte demandante Sra. Giroz, al manifestar que la actora se desempeñó para la demandada en un supermercado cuya individualización proporciona, en la sección platos preparados. Asimismo, ello puede colegirse de la carta de despido incorporada por la actora, en la que se aprecia que es la mencionada empresa la que le remite una comunicación de despido, propia de una relación laboral. Cabe destacar que dicha comunicación y los dichos de la demandada ante la Inspección del Trabajo permiten corroborar la antiguedad laboral de la actora, al admitirse el vínculo por el período indicado en la demanda, como también el monto de la última remuneración de la demandante, de acuerdo a la suma que se ofrece pagar como indemnización sustitutiva del aviso previo. SEXTO: El primer hecho a probar de esta causa tiene relación con la efectividad de que la empresa tuvo que racionalizar los servicios en los términos indicados en la carta de despido, hecho que no está acreditado. Ello por cuanto, en primer lugar, sólo se indica como hecho fundante de la terminación la racionalización del servicio, lo que permite, desde ya, constatar que si bien existe una mención fáctica en la comunicación, ella no tiene la mínima concreción que se requiere para otorgarle sentido a la afirmación contenida en la carta de despido, puesto que si bien es claramente inteligible la palabra racionalización, lo cierto es que ella no aparece vinculada claramente con la demandante, desde que simplemente se indica que ella afectará el servicio, sin que esa palabra permita entender que se trata del área específica de la sección de platos preparados, una pequeña sección de la misma o, de contrario, la empresa en su totalidad. A la falta de precisión fáctica cabe agregar que, como ya se ha constatado, la demandada no ha realizado gestión alguna en esta causa, y por lo mismo, no ha rendido prueba para demostrar la efectividad de la mencionada racionalización del servicio. Por lo mismo, al no haberse proporcionado antecedentes respecto de los hechos constitutivos de la causal invocada para poner término al contrato de trabajo de la demandante, carga que pesa exclusivamente sobre la empleadora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, es que se declarará improcedente el despido, imponiéndose el aumento de 30% sobre la indemnización por años de servicio correspondiente por la causal de necesidades de la empresa invocada, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 168 del mismo cuerpo legal. Se accederá, asimismo, al cobro de la indemnización sustitutiva del aviso previo, al haberse ofrecido su pago en la mencionada carta de despido. SÉPTIMO: El segundo hecho a probar de esta causa se relaciona con los accidentes de trabajo que son fundamento de la pretensión de daño moral de la demanda. Sobre ellos, se tiene por acreditado que la demandante sufrió dos quemaduras, la primera de ellas al salpicarle agua hirviendo a su mano derecha mientras preparaba un puré instantáneo, el día 20 de junio de 2009 a las 10:30, y la segunda al saltarle aceite caliente mientras freía papas, salpicando en su brazo izquierdo, hecho ocurrido el 11 de octubre de 2009 a las 12:30. La efectividad de tales hechos se tiene por establecida a través de los dichos de la propia actora, quien relató en la prueba confesional estos dos sucesos, explicando las circunstancias ya anotadas, como la hora en que ocurrieron, versiones que son confirmadas por el certificado de alta médica del Instituto de Seguridad del Trabajo de 30 de junio de 2009, que da cuenta del ingreso de la trabajadora demandante el día 23 del mismo mes a las 18:49, dándose de alta en la fecha de expedición. De similar tenor es la citación a control de 23 de junio de 2009, fecha de ingreso de la actora, en que consta que ésta se accidentó el día 20 anterior a las 12:00, constando del mismo documento, además, que accedió al sistema de subsidios previsto por la ley N° 16.744, por lo que no cabe dudas que se trató de un accidente de trabajo. En cuanto al segundo accidente, está la citación a control de 13 de octubre de 2009, que da cuenta que la actora sufrió un accidente el 11 de octubre de 2009 a las 19:15, respecto del cual también operaron los subsidios de la ley N° 16.744. Finalmente, la efectividad de los accidentes referidos es confirmada por los dichos de los testigos de la parte demandante, quienes se encuentran contestes en cuanto a la ocurrencia de los mismos. Las circunstancias proporcionadas por la demandante en el caso de cada uno de los accidentes, se tiene por acreditada por sus dichos vertidos en la audiencia, y además por la prueba confesional ficta,

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producto de la incomparecencia del representante de la demandada a la audiencia de juicio, por lo que se presumen efectivas las aseveraciones contenidas en la demanda, en cuanto a que ocurrieron en cumplimiento de las funciones de la demandante, en el mes de junio de 2009 al preparar puré instantáneo que le salpicó y la segunda en octubre del mismo año con aceite hirviendo que saltó sobre su brazo izquierdo. Se tiene por establecido que lo que saltó en el primer caso fue el hervor del puré, y a la mano derecha, no a ambas, ya que ese fue el relato de hechos proporcionado por la trabajadora en estrados, por lo que aparece más veraz que la narración de la demanda al ser la versión directa de la demandante, sin pasar por un intermediario, como es el caso del libelo elaborado por su abogado. En cuanto a las medidas de seguridad y prevención de accidentes adoptadas por la demandada, se tendrá por establecido que la empresa no adoptó medida de prevención alguna respecto de las labores que ejercía la demandante, ello según se desprende de la confesional ficta, confirmada al tenor de los dichos de la testigo Sra. Giroz, dirigente sindical de la demandada, quien indicó que los trabajadores que desempeñaban esas labores de cocina sólo contaban con guantes quirúrgicos, los que son complementados por la actora en cuanto tales guantes son entregados cuando se atiende al público y no así en la preparación de los alimentos. Ahora bien, aun cuando los guantes quirúrgicos fuesen entregados a los trabajadores también durante la preparación de los alimentos, puede colegirse, haciendo uso de las máximas de la experiencia, que ellos son absolutamente ineficaces a la hora de evitar que el aceite, agua o comida caliente que puede saltar a los cocineros, les provoque quemaduras en su piel, en atención al delgado material del que son confeccionados, lo que tiene relación con el fin para el cual son fabricados, esto es, la atención de pacientes a temperaturas ambiente procurando la mayor asepsia y evitando contactos e infecciones. De contrario, para las labores que la demandante ejecutaba se requiere contar con guantes que cumplan funciones de aislar el calor, por lo que deben ser resistentes a las altas temperaturas, y por ende, los materiales de que están hechos deben serlo también. En cuanto a la acción de la empresa demandada luego del accidente de la demandante, se tiene por establecido que no fue llevada inmediatamente a un centro asistencial, sino que se le indicó que debía concluir su turno, lo que se colige de los dichos de la demandante en ese sentido, respaldados por los documentos de atención incorporados en juicio, que dan cuenta que no concurrió, en ninguno de los casos, inmediatamente a practicarse los primeros auxilios, esperando en ambos casos un par de días para ingresar como paciente al Instituto de Seguridad del Trabajo, atendiéndose, además, en la sucursal del mismo ubicado en el sector del barrio Franklin, según indica la demandante, a pesar que sus servicios los ejecutaba en calle Apoquindo, según indicó la testigo Giroz, debiendo esperar a la conclusión de su turno, según expuso la actora, a instancias del Sr. Diego Carabantes, de recursos humanos. La tardanza en obtener la atención por sus quemaduras, en ambos casos, es posible tenerla por establecida de la inspección personal del tribunal, al poder observar esta juez las marcas de quemaduras con que quedó la demandante, consistentes en una mancha en cada uno de sus brazos, una alargada en el caso del brazo derecho, que tiene la forma de una gota, mientras que en el brazo izquierdo hay una mancha pequeña y otro más grande, con forma de triángulo, marcas permanentes que permiten colegir, precisamente, conforme con las máximas de la experiencia, que ellas se formaron a raíz de la demora en aplicar los insumos necesarios para aplacar el calor en la zona afectada. OCTAVO: Los hechos establecidos en el razonamiento precedente deben ser relacionados con la disposición del artículo 184 del Código del Trabajo. Esa norma impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Es parte de la decisión de esta causa la determinación de la naturaleza de la responsabilidad que esta norma impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, debiendo previamente dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo 1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto, y volviendo al artículo 1547 ya citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado pre-

producto de la incomparecencia del representante de la demandada a la audiencia de juicio, por lo que se presumen efectivas las aseveraciones contenidas en la demanda, en cuanto a que ocurrieron en cumplimiento de las funciones de la demandante, en el mes de junio de 2009 al preparar puré instantáneo que le salpicó y la segunda en octubre del mismo año con aceite hirviendo que saltó sobre su brazo izquierdo. Se tiene por establecido que lo que saltó en el primer caso fue el hervor del puré, y a la mano derecha, no a ambas, ya que ese fue el relato de hechos proporcionado por la trabajadora en estrados, por lo que aparece más veraz que la narración de la demanda al ser la versión directa de la demandante, sin pasar por un intermediario, como es el caso del libelo elaborado por su abogado. En cuanto a las medidas de seguridad y prevención de accidentes adoptadas por la demandada, se tendrá por establecido que la empresa no adoptó medida de prevención alguna respecto de las labores que ejercía la demandante, ello según se desprende de la confesional ficta, confirmada al tenor de los dichos de la testigo Sra. Giroz, dirigente sindical de la demandada, quien indicó que los trabajadores que desempeñaban esas labores de cocina sólo contaban con guantes quirúrgicos, los que son complementados por la actora en cuanto tales guantes son entregados cuando se atiende al público y no así en la preparación de los alimentos. Ahora bien, aun cuando los guantes quirúrgicos fuesen entregados a los trabajadores también durante la preparación de los alimentos, puede colegirse, haciendo uso de las máximas de la experiencia, que ellos son absolutamente ineficaces a la hora de evitar que el aceite, agua o comida caliente que puede saltar a los cocineros, les provoque quemaduras en su piel, en atención al delgado material del que son confeccionados, lo que tiene relación con el fin para el cual son fabricados, esto es, la atención de pacientes a temperaturas ambiente procurando la mayor asepsia y evitando contactos e infecciones. De contrario, para las labores que la demandante ejecutaba se requiere contar con guantes que cumplan funciones de aislar el calor, por lo que deben ser resistentes a las altas temperaturas, y por ende, los materiales de que están hechos deben serlo también. En cuanto a la acción de la empresa demandada luego del accidente de la demandante, se tiene por establecido que no fue llevada inmediatamente a un centro asistencial, sino que se le indicó que debía concluir su turno, lo que se colige de los dichos de la demandante en ese sentido, respaldados por los documentos de atención incorporados en juicio, que dan cuenta que no concurrió, en ninguno de los casos, inmediatamente a practicarse los primeros auxilios, esperando en ambos casos un par de días para ingresar como paciente al Instituto de Seguridad del Trabajo, atendiéndose, además, en la sucursal del mismo ubicado en el sector del barrio Franklin, según indica la demandante, a pesar que sus servicios los ejecutaba en calle Apoquindo, según indicó la testigo Giroz, debiendo esperar a la conclusión de su turno, según expuso la actora, a instancias del Sr. Diego Carabantes, de recursos humanos. La tardanza en obtener la atención por sus quemaduras, en ambos casos, es posible tenerla por establecida de la inspección personal del tribunal, al poder observar esta juez las marcas de quemaduras con que quedó la demandante, consistentes en una mancha en cada uno de sus brazos, una alargada en el caso del brazo derecho, que tiene la forma de una gota, mientras que en el brazo izquierdo hay una mancha pequeña y otro más grande, con forma de triángulo, marcas permanentes que permiten colegir, precisamente, conforme con las máximas de la experiencia, que ellas se formaron a raíz de la demora en aplicar los insumos necesarios para aplacar el calor en la zona afectada. OCTAVO: Los hechos establecidos en el razonamiento precedente deben ser relacionados con la disposición del artículo 184 del Código del Trabajo. Esa norma impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Es parte de la decisión de esta causa la determinación de la naturaleza de la responsabilidad que esta norma impone al empleador, en cuanto a si debe responder por ella de la culpa leve o la culpa levísima, debiendo previamente dejar asentado que dichas categorías, en el ámbito civil que les dio origen, se relacionan con el beneficio del contrato al cual acceden, según aparece de la disposición del artículo 1547 del Código Civil. Esto es, si el contrato cede en beneficio recíproco de ambas partes, se entiende aplicable la responsabilidad de la culpa leve y, en ese sentido, las partes deben responder de acuerdo al cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, de acuerdo con la definición proporcionada por el inciso tercero del artículo 44 del Código Civil. Mientras tanto, y volviendo al artículo 1547 ya citado, si el deudor de la obligación es el único que reporta beneficio del contrato, responde de culpa levísima, esto es, según el inciso quinto del artículo 44 también citado preACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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viamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. En ese sentido no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, a pesar de que es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual base de las convenciones civiles se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentre debidamente resguardada. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Siguiendo con lo anterior, es importante dejar asentado que las labores que la demandante realizaba para su empleador en el momento de ocurrir ambos accidentes, no son sólo las que constituyen la causa de su contrato de trabajo, como operaria de perecibles según se dejó asentado mediante el mecanismo de la admisión tácita, sino que también son las propias del giro de la empresa, si se tiene presente que se trata del servicio de alimentos preparados dentro de un supermercado, el que requiere, evidentemente, la preparación previa del producto ofrecido. En ese sentido, no puede ser sino inexcusable la negligencia del empleador en torno a no dotar a sus trabajadores de las condiciones mínimas para trabajar con elementos calientes, como son guantes adecuados para manipular los alimentos, siendo que las manos y brazos son la parte del cuerpo que mayor contacto tiene con ellos, y que por el servicio que se brinda por la empresa, ese contacto debe ser permanente. Por otro lado, es relevante tener presente que, ante las quemaduras sufridas por la demandante, la respuesta de la empresa fue simplemente postergar las atenciones de salud que deben ser inmediatas, tanto para evitar secuelas como las que son materia de la decisión de esta litis, como también porque son una exigencia impuesta expresamente por el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. Dado lo anterior, no queda sino concluir que tanto los accidentes sufridos por la demandante como sus secuelas son consecuencia del incumplimiento de la demandada de su obligación de prevención de accidentes y asegurar una oportuna y adecuada atención. NOVENO: Establecida la responsabilidad de la empleadora, es necesario evaluar las consecuencias que trajo consigo cada uno de los accidentes sufridos por la demandante. En ese sentido es importante lo manifestado por el testigo Sr. Hurtado, pareja de la demandante, quien expresa que ella, a raíz de las marcas que quedaron en sus brazos y que fueron vistas por esta juez, suele usar ropa con manga larga para ocultarlas, ya que se siente observada. Lo anterior es confirmado por la propia actora al indicar que un cliente que iba a ser atendido por ella manifestó que no deseaba su atención al encontrarse sucia, lo que derivó en que se ordenase bajara lo menos posible a atender público, según manifestó la Sra. Giroz. La posibilidad que sus manchas por quemaduras sean confundidas con suciedad es factible de acuerdo

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viamente, la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. En ese sentido no queda sino dejar constancia, previamente, que las categorías propias del derecho civil no resultan armónicas con la naturaleza del contrato de trabajo pues, a pesar de que es posible reconocer que el mismo reporta beneficios para ambas partes, no es menos cierto que en éste se verifica una circunstancia que es completamente ajena a los negocios civiles, cual es la ejecución del contrato, por parte de una de las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia del otro. Ello significa que la igualdad contractual base de las convenciones civiles se rompe, desde la perspectiva que una de la partes del negocio ejerce una fuerte cuota de poder respecto de su contraparte. Por otro lado, no es posible equiparar, en términos económicos, la cuantía del beneficio obtenido por el trabajador a cambio de sus servicios, con el enriquecimiento del empleador a causa de las labores desempeñadas. Dada la existencia de una facultad de mando de una de las partes del negocio respecto de otra, es que quien impone las condiciones en que se desarrollan los servicios del trabajador tiene el deber de asegurarse que tales condiciones respeten exigencias mínimas impuestas por las normas de orden público que configuran las disposiciones del Código del Trabajo, dentro de las cuales, de manera preponderante, surge el que el trabajo se desarrolle de manera tal que la vida y salud del trabajador se encuentre debidamente resguardada. Al encontrarse, en este punto, la exigencia del Código del Trabajo, orientada a la protección de bienes jurídicos considerados como esenciales y evidentemente fundamentales, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores, garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República que, necesariamente, es condición previa para poder disfrutar de los demás derechos protegidos por el ordenamiento constitucional y legal, dentro de los que se encuentra la propiedad, no queda sino estimar que, en este aspecto, el empleador debe responder de culpa levísima. En consecuencia, forma parte de las exigencias del empleador la adecuada prevención de accidentes, dentro de la totalidad de las actividades que desarrolla en cumplimiento de su giro social, respondiendo de ello de acuerdo con la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Siguiendo con lo anterior, es importante dejar asentado que las labores que la demandante realizaba para su empleador en el momento de ocurrir ambos accidentes, no son sólo las que constituyen la causa de su contrato de trabajo, como operaria de perecibles según se dejó asentado mediante el mecanismo de la admisión tácita, sino que también son las propias del giro de la empresa, si se tiene presente que se trata del servicio de alimentos preparados dentro de un supermercado, el que requiere, evidentemente, la preparación previa del producto ofrecido. En ese sentido, no puede ser sino inexcusable la negligencia del empleador en torno a no dotar a sus trabajadores de las condiciones mínimas para trabajar con elementos calientes, como son guantes adecuados para manipular los alimentos, siendo que las manos y brazos son la parte del cuerpo que mayor contacto tiene con ellos, y que por el servicio que se brinda por la empresa, ese contacto debe ser permanente. Por otro lado, es relevante tener presente que, ante las quemaduras sufridas por la demandante, la respuesta de la empresa fue simplemente postergar las atenciones de salud que deben ser inmediatas, tanto para evitar secuelas como las que son materia de la decisión de esta litis, como también porque son una exigencia impuesta expresamente por el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. Dado lo anterior, no queda sino concluir que tanto los accidentes sufridos por la demandante como sus secuelas son consecuencia del incumplimiento de la demandada de su obligación de prevención de accidentes y asegurar una oportuna y adecuada atención. NOVENO: Establecida la responsabilidad de la empleadora, es necesario evaluar las consecuencias que trajo consigo cada uno de los accidentes sufridos por la demandante. En ese sentido es importante lo manifestado por el testigo Sr. Hurtado, pareja de la demandante, quien expresa que ella, a raíz de las marcas que quedaron en sus brazos y que fueron vistas por esta juez, suele usar ropa con manga larga para ocultarlas, ya que se siente observada. Lo anterior es confirmado por la propia actora al indicar que un cliente que iba a ser atendido por ella manifestó que no deseaba su atención al encontrarse sucia, lo que derivó en que se ordenase bajara lo menos posible a atender público, según manifestó la Sra. Giroz. La posibilidad que sus manchas por quemaduras sean confundidas con suciedad es factible de acuerdo

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con lo apreciado por esta juez en la inspección personal del tribunal, por cuanto el color de las mismas no es café sino más bien grisáceo, resaltando en la piel blanca de la demandante, sumado a que la piel de su brazo se conservó lisa, sin las arrugas comunes en las quemaduras graves, por lo que efectivamente son manchas cuyo origen no es posible de vincular necesariamente con quemaduras, siendo el único elemento que permite esa ligazón es la forma de ellas, ya que una aparenta una gota alargada, como si algo hubiese escurrido por el brazo, mientras que el otro brazo tiene una marca pequeña y otra más grande, como si se tratase de más de una gota, y los contornos de la de mayor tamaño no están claramente delineados. Ello significa que, ante una mirada rápida y sin conocimiento de los hechos, bien puede confundirse las marcas de la actora con suciedad. Ese mismo hecho permite colegir, también, mayores dificultades para la obtención de un nuevo trabajo, en atención a que nada obsta a que la impresión que el cliente de la demandada tuvo respecto de la demandante se repita en el futuro, por lo que, probablemente, todas aquellas funciones que tengan relación con atención de público estarán vedadas a la demandante por las exigencias propias del mercado en cuanto a la presentación personal de los trabajadores. Sin embargo, tales perjuicios no influirán en el monto de la indemnización a que se condenará en esta sentencia, al no haberse establecido en juicio la certeza de los mismos, de manera que al día de hoy son sólo eventuales. Dado todo lo anterior, se accederá la indemnización por daño moral en el monto pretendido por la demanda, ya que se estima ajustado a los perjuicios psicológicos sufridos por la actora al ser objeto de observación en razón de sus marcas, las que quedaron en su piel debido, fundamentalmente, a la tardanza de la empleadora en facilitar atenciones de salud a la trabajadora, siendo destacable, también, que luego de acaecido un primer accidente a fines del mes de junio de 2009, no se haya tomado medida alguna para evitar más accidentes del mismo tipo, proporcionándose guantes adecuados a los trabajadores, al punto que transcurridos más de tres meses desde la primera salpicadura ocurre un hecho similar y cuya causa es la misma: la falta de guantes adecuados a la manipulación alimentaria. DÉCIMO: En cuanto a las remuneraciones y feriado proporcional demandados, debido a la falta de controversia, se tendrá por establecida su deuda, además de no constar su pago ante la Inspección del Trabajo ante la incomparecencia de la actora a la instancia administrativa. UNDÉCIMO: El análisis del certificado de alta médica de 14 de septiembre de 2009, al no aparecer vinculado con los hechos en estudio, no altera las conclusiones a que se ha arribado. DUODÉCIMO: La prueba rendida ha sido apreciada conforme con las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 161, 162, 168, 184, 446 y siguientes del Código del Trabajo; SE DECLARA: I. Que se acoge la demanda deducida por doña Marta Catalán Curivil en contra de Preaservice Ltda., y en consecuencia, se declara improcedente el despido de que fue objeto y, además, es responsable de los accidentes de trabajo y secuelas sufridas por la demandante, por lo que se la condena a lo siguiente: a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $ 242.076, b) Indemnización por años de servicios: $ 484.152, c) Incremento de 30%: $ 145.246, d) Feriado proporcional: $ 101.321, e) Remuneración de días trabajados en junio de 2010:$ 112.169, f) Indemnización por daño moral: $ 4.000.000.. II. Las sumas antes indicadas deberán ser reajustadas y devengarán intereses de conformidad con lo previsto por los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. III. Se condena en costas a la parte demandada, las que se regulan en la suma de $ 500.000. Digitalícense los documentos incorporados y devuélvanse una vez ejecutoriada la sentencia, dentro del lapso de dos meses, bajo apercibimiento de destrucción. Regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Ximena Rivera Salinas, Juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

con lo apreciado por esta juez en la inspección personal del tribunal, por cuanto el color de las mismas no es café sino más bien grisáceo, resaltando en la piel blanca de la demandante, sumado a que la piel de su brazo se conservó lisa, sin las arrugas comunes en las quemaduras graves, por lo que efectivamente son manchas cuyo origen no es posible de vincular necesariamente con quemaduras, siendo el único elemento que permite esa ligazón es la forma de ellas, ya que una aparenta una gota alargada, como si algo hubiese escurrido por el brazo, mientras que el otro brazo tiene una marca pequeña y otra más grande, como si se tratase de más de una gota, y los contornos de la de mayor tamaño no están claramente delineados. Ello significa que, ante una mirada rápida y sin conocimiento de los hechos, bien puede confundirse las marcas de la actora con suciedad. Ese mismo hecho permite colegir, también, mayores dificultades para la obtención de un nuevo trabajo, en atención a que nada obsta a que la impresión que el cliente de la demandada tuvo respecto de la demandante se repita en el futuro, por lo que, probablemente, todas aquellas funciones que tengan relación con atención de público estarán vedadas a la demandante por las exigencias propias del mercado en cuanto a la presentación personal de los trabajadores. Sin embargo, tales perjuicios no influirán en el monto de la indemnización a que se condenará en esta sentencia, al no haberse establecido en juicio la certeza de los mismos, de manera que al día de hoy son sólo eventuales. Dado todo lo anterior, se accederá la indemnización por daño moral en el monto pretendido por la demanda, ya que se estima ajustado a los perjuicios psicológicos sufridos por la actora al ser objeto de observación en razón de sus marcas, las que quedaron en su piel debido, fundamentalmente, a la tardanza de la empleadora en facilitar atenciones de salud a la trabajadora, siendo destacable, también, que luego de acaecido un primer accidente a fines del mes de junio de 2009, no se haya tomado medida alguna para evitar más accidentes del mismo tipo, proporcionándose guantes adecuados a los trabajadores, al punto que transcurridos más de tres meses desde la primera salpicadura ocurre un hecho similar y cuya causa es la misma: la falta de guantes adecuados a la manipulación alimentaria. DÉCIMO: En cuanto a las remuneraciones y feriado proporcional demandados, debido a la falta de controversia, se tendrá por establecida su deuda, además de no constar su pago ante la Inspección del Trabajo ante la incomparecencia de la actora a la instancia administrativa. UNDÉCIMO: El análisis del certificado de alta médica de 14 de septiembre de 2009, al no aparecer vinculado con los hechos en estudio, no altera las conclusiones a que se ha arribado. DUODÉCIMO: La prueba rendida ha sido apreciada conforme con las reglas de la sana crítica. Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 161, 162, 168, 184, 446 y siguientes del Código del Trabajo; SE DECLARA: I. Que se acoge la demanda deducida por doña Marta Catalán Curivil en contra de Preaservice Ltda., y en consecuencia, se declara improcedente el despido de que fue objeto y, además, es responsable de los accidentes de trabajo y secuelas sufridas por la demandante, por lo que se la condena a lo siguiente: a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: $ 242.076, b) Indemnización por años de servicios: $ 484.152, c) Incremento de 30%: $ 145.246, d) Feriado proporcional: $ 101.321, e) Remuneración de días trabajados en junio de 2010:$ 112.169, f) Indemnización por daño moral: $ 4.000.000.. II. Las sumas antes indicadas deberán ser reajustadas y devengarán intereses de conformidad con lo previsto por los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. III. Se condena en costas a la parte demandada, las que se regulan en la suma de $ 500.000. Digitalícense los documentos incorporados y devuélvanse una vez ejecutoriada la sentencia, dentro del lapso de dos meses, bajo apercibimiento de destrucción. Regístrese y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Ximena Rivera Salinas, Juez titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diez. Vistos, considerando y teniendo presente: PRIMERO: Demanda. Que, ha comparecido don Enrique Alfonso Nispel Roco, trabajador, domiciliado en calle Horacio Johnson N°5530, comuna de Conchalí, Santiago, quien interpone demanda en procedimiento de aplicación general en contra de su empleadora Ilustre Municipalidad de Independencia, persona jurídica de derecho público, representada en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo por don Antonio Alejandro Garrido Mardones, ambos domiciliados en Avda. Independencia N° 834, comuna de Independencia. Refiere que prestó servicios para la demandada, en calidad de trabajador dependiente y subordinado, como maestro gasfíter, desde el día 18 de abril de 2005. Menciona que su última remuneración mensual asciende a la suma de $ 310.637. Agrega que el día 25 de octubre de 2005, se le encomendaron labores ajenas a su contrato en dependencias de la municipalidad, consistentes en soldadura al arco de ciertos elementos. Realizando este trabajo, sufrió un accidente. Como consecuencia de este accidente, sufrió la fractura bilateral de sus muñecas, pseudoartrosis escafoides derecho, fractura de muñeca derecha secuelada, escoliosis lumbar crónica, cifosis dorsal con espondilosis avanzada, entre otras, sin perjuicio de las secuelas psicológicas derivadas del accidente. Una vez producido el accidente, se trasladó a la Mutual de Seguridad, donde atendieron sus lesiones. Agrega que además, ha sido objeto de tres complejas operaciones quirúrgicas, de fechas 22 de febrero y 17 de julio de 2007, y 17 de julio de 2009, donde se le implantó una placa metálica con ocho pernos en la muñeca derecha. Producto de lo anterior, el Registro Nacional de la Discapacidad dictaminó, en diciembre de 2009, que sufre de un grado de discapacidad del 40%. Esta incapacidad es definitiva y puede ir en aumento. Indica que el accidente relatado anteriormente se produjo como consecuencia de la irresponsabilidad y total negligencia de la empleadora. En efecto, se le mandó a reparar, sin auxilio de ayudantes, un portón metálico que se había caído por fatiga de material en un liceo municipal; la reparación consistía en soldar al arco las piezas dañadas y caídas (aunque él trabajaba como maestro gasfíter). En estas circunstancias, debió, sin ayuda, levantar el portón caído, preparar los elementos de soldadura al arco y subirse a una escalera, a fin de soldar los extremos superiores del portón mencionado. Al intentar soldar el portón en la parte superior izquierda (desde la calle hacia el establecimiento), cayó de espalda desde una altura de 1.30 metros, aproximadamente, golpeándose duramente contra el suelo en la espalda, rompiéndose las muñecas. Menciona que la situación que lo aflige se debe exclusivamente a la negligencia e irresponsabilidad de la demandada, toda vez que le encomendó labores de peligrosidad ajenas a su contrato de trabajo, sin los elementos necesarios de protección y en instalaciones que no ofrecían ninguna seguridad a los trabajadores, desde que no habían cascos ni guantes de seguridad, ni cinturones de seguridad, ni sistemas para ella. Del mismo modo, el Departamento de Prevención de Riesgos de la municipalidad no prestó mayor atención a su accidente, desde que por sus propios medios debió trasladarse a la Mutual de Seguridad, donde estuvo hospitalizado dos días. Finalmente, hace presente que fue dado de alta médica el 14 de junio de 2006. Pese a las secuelas y a los informes médicos, siguió trabajando en labores pesadas, y así, el 19 de diciembre de ese año (2006), tuvo un nuevo accidente, derivado nuevamente de labores ajenas a su contrato de trabajo, y con fierros y estructuras metálicas de gran envergadura. Este accidente dañó su mano derecha, pues no contaba, nuevamente, con guantes de seguridad ni otros elementos que protegieran su salud; y a mayor abundamiento, estas labores se le encomendaron sin el auxilio de otros trabajadores. Señala que en la especie, resulta claro que la Ilustre Municipalidad de Independencia ha infringido su obligación de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores incurriendo en, a lo menos, culpa. Corresponde, pues, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, en el

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1311-2010 Cita online: CL/JUR/16420/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1311-2010 Cita online: CL/JUR/16420/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diez. Vistos, considerando y teniendo presente: PRIMERO: Demanda. Que, ha comparecido don Enrique Alfonso Nispel Roco, trabajador, domiciliado en calle Horacio Johnson N°5530, comuna de Conchalí, Santiago, quien interpone demanda en procedimiento de aplicación general en contra de su empleadora Ilustre Municipalidad de Independencia, persona jurídica de derecho público, representada en los términos del artículo 4° del Código del Trabajo por don Antonio Alejandro Garrido Mardones, ambos domiciliados en Avda. Independencia N° 834, comuna de Independencia. Refiere que prestó servicios para la demandada, en calidad de trabajador dependiente y subordinado, como maestro gasfíter, desde el día 18 de abril de 2005. Menciona que su última remuneración mensual asciende a la suma de $ 310.637. Agrega que el día 25 de octubre de 2005, se le encomendaron labores ajenas a su contrato en dependencias de la municipalidad, consistentes en soldadura al arco de ciertos elementos. Realizando este trabajo, sufrió un accidente. Como consecuencia de este accidente, sufrió la fractura bilateral de sus muñecas, pseudoartrosis escafoides derecho, fractura de muñeca derecha secuelada, escoliosis lumbar crónica, cifosis dorsal con espondilosis avanzada, entre otras, sin perjuicio de las secuelas psicológicas derivadas del accidente. Una vez producido el accidente, se trasladó a la Mutual de Seguridad, donde atendieron sus lesiones. Agrega que además, ha sido objeto de tres complejas operaciones quirúrgicas, de fechas 22 de febrero y 17 de julio de 2007, y 17 de julio de 2009, donde se le implantó una placa metálica con ocho pernos en la muñeca derecha. Producto de lo anterior, el Registro Nacional de la Discapacidad dictaminó, en diciembre de 2009, que sufre de un grado de discapacidad del 40%. Esta incapacidad es definitiva y puede ir en aumento. Indica que el accidente relatado anteriormente se produjo como consecuencia de la irresponsabilidad y total negligencia de la empleadora. En efecto, se le mandó a reparar, sin auxilio de ayudantes, un portón metálico que se había caído por fatiga de material en un liceo municipal; la reparación consistía en soldar al arco las piezas dañadas y caídas (aunque él trabajaba como maestro gasfíter). En estas circunstancias, debió, sin ayuda, levantar el portón caído, preparar los elementos de soldadura al arco y subirse a una escalera, a fin de soldar los extremos superiores del portón mencionado. Al intentar soldar el portón en la parte superior izquierda (desde la calle hacia el establecimiento), cayó de espalda desde una altura de 1.30 metros, aproximadamente, golpeándose duramente contra el suelo en la espalda, rompiéndose las muñecas. Menciona que la situación que lo aflige se debe exclusivamente a la negligencia e irresponsabilidad de la demandada, toda vez que le encomendó labores de peligrosidad ajenas a su contrato de trabajo, sin los elementos necesarios de protección y en instalaciones que no ofrecían ninguna seguridad a los trabajadores, desde que no habían cascos ni guantes de seguridad, ni cinturones de seguridad, ni sistemas para ella. Del mismo modo, el Departamento de Prevención de Riesgos de la municipalidad no prestó mayor atención a su accidente, desde que por sus propios medios debió trasladarse a la Mutual de Seguridad, donde estuvo hospitalizado dos días. Finalmente, hace presente que fue dado de alta médica el 14 de junio de 2006. Pese a las secuelas y a los informes médicos, siguió trabajando en labores pesadas, y así, el 19 de diciembre de ese año (2006), tuvo un nuevo accidente, derivado nuevamente de labores ajenas a su contrato de trabajo, y con fierros y estructuras metálicas de gran envergadura. Este accidente dañó su mano derecha, pues no contaba, nuevamente, con guantes de seguridad ni otros elementos que protegieran su salud; y a mayor abundamiento, estas labores se le encomendaron sin el auxilio de otros trabajadores. Señala que en la especie, resulta claro que la Ilustre Municipalidad de Independencia ha infringido su obligación de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores incurriendo en, a lo menos, culpa. Corresponde, pues, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, en el

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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artículo 69 de la ley N° 16.744, y en las normas comunes del Código Civil que, estableciendo el hecho de que resultó afectado por un accidente del trabajo, se le indemnice adecuadamente todos los perjuicios experimentados, incluso el daño moral. Así, indica que el accidente del trabajo que previamente ha relatado, ha significado en definitiva que no pueda desplazarse normalmente, ni utilizar sus brazos y manos con normalidad, produciéndole incapacidad para trabajar, reducción de su movilidad, así como la implantación de prótesis. Todo ello cuando tiene 51 años de edad. Los perjuicios físicos sufridos por su persona (daño emergente y lucro cesante) deberán ser calculados en relación a lo que ha dejado de percibir y dejará de percibir durante el resto de su vida laboral hasta que cumpla los 65 años de edad, tomando en consideración sus remuneraciones al momento del accidente de trabajo, montos que deberán ser avaluados por el tribunal al momento de dictar sentencia definitiva. Sin perjuicio de lo anterior, estima que esta cantidad no puede ser inferior a los $ 42.000.000 pesos, o lo que el tribunal estime en justicia. El daño moral, a su vez, también ha sido importante y deberá ser considerado al fallar por el tribunal, pues el actor sufre de una gran depresión posterior al accidente, por lesión sufrida y por la imposibilidad de efectuar un trabajo productivo, dada su calidad de maestro gasfíter, lo que involucra operar con una capacidad física de la que actualmente carece. Refiere que ninguna cantidad de dinero le devolverá su estado de plenitud física para afrontar el trabajo y espiritual para afrontar la vida después del accidente. Así las cosas, avalúa el daño moral en la suma de $ 80.000.000 pesos. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicita se condene a la demandada, en virtud de su responsabilidad en los accidentes, a pagarle las siguientes prestaciones: Daño emergente y lucro cesante; y Daño moral, con el reajuste equivalente al 100% de la variación experimentada por el Índice de Precios del Consumidor, entre el mes que antecede al accidente de autos y el mes que antecede al pago electivo de las mismas, todo ello con más los intereses corrientes, y con expresa condena en costas de la causa. SEGUNDO: Contestación de la demanda. Que la demandada no contestó la demanda en el plazo legal. TERCERO: Convenciones Probatorias. Que atendido lo anterior, se tienen por convenciones probatorias las siguientes: 1. fecha de inicio de la relación laboral el 18 de enero de 2005. 2. que el demandante fue contratado para prestar servicios como maestro de mantención en un establecimiento educacional. 3. que de acuerdo a la última liquidación, el demandante percibió la suma de $ 302.302 líquidos. 4. que el demandante sufrió dos accidentes del trabajo, uno el 25 de octubre de 2005 y otro el 29 de diciembre de 2006. 6. que el demandante tiene relación laboral vigente con la demandada. 5. que respecto del demandante no se han declarado ningún tipo de discapacidad conforme a la Ley de Accidente del Trabajo. 6. que desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha el demandante ha hecho uso de licencia médica por enfermedad común. CUARTO: Hechos Controvertidos. Que del tenor del debate, se puede determinar que los hechos controvertidos son los siguientes: 1. Efectividad que el empleador adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad del trabajador en relación a los accidentes materias de autos. 2. circunstancias que rodearon los accidentes que sufrió el actor el 25 de octubre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006. 3. labores que debía ejecutar el demandante. 4. medidas de seguridad y de prevención de accidentes implementados por el demandado a la fecha de ocurrencia de los hechos. 5. procedimiento de información capacitación control y supervisión de las medidas de seguridad y prevención de accidentes vigentes y en uso en el lugar de los accidentes materia de autos a la ocurrencia de los mismos.

artículo 69 de la ley N° 16.744, y en las normas comunes del Código Civil que, estableciendo el hecho de que resultó afectado por un accidente del trabajo, se le indemnice adecuadamente todos los perjuicios experimentados, incluso el daño moral. Así, indica que el accidente del trabajo que previamente ha relatado, ha significado en definitiva que no pueda desplazarse normalmente, ni utilizar sus brazos y manos con normalidad, produciéndole incapacidad para trabajar, reducción de su movilidad, así como la implantación de prótesis. Todo ello cuando tiene 51 años de edad. Los perjuicios físicos sufridos por su persona (daño emergente y lucro cesante) deberán ser calculados en relación a lo que ha dejado de percibir y dejará de percibir durante el resto de su vida laboral hasta que cumpla los 65 años de edad, tomando en consideración sus remuneraciones al momento del accidente de trabajo, montos que deberán ser avaluados por el tribunal al momento de dictar sentencia definitiva. Sin perjuicio de lo anterior, estima que esta cantidad no puede ser inferior a los $ 42.000.000 pesos, o lo que el tribunal estime en justicia. El daño moral, a su vez, también ha sido importante y deberá ser considerado al fallar por el tribunal, pues el actor sufre de una gran depresión posterior al accidente, por lesión sufrida y por la imposibilidad de efectuar un trabajo productivo, dada su calidad de maestro gasfíter, lo que involucra operar con una capacidad física de la que actualmente carece. Refiere que ninguna cantidad de dinero le devolverá su estado de plenitud física para afrontar el trabajo y espiritual para afrontar la vida después del accidente. Así las cosas, avalúa el daño moral en la suma de $ 80.000.000 pesos. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicita se condene a la demandada, en virtud de su responsabilidad en los accidentes, a pagarle las siguientes prestaciones: Daño emergente y lucro cesante; y Daño moral, con el reajuste equivalente al 100% de la variación experimentada por el Índice de Precios del Consumidor, entre el mes que antecede al accidente de autos y el mes que antecede al pago electivo de las mismas, todo ello con más los intereses corrientes, y con expresa condena en costas de la causa. SEGUNDO: Contestación de la demanda. Que la demandada no contestó la demanda en el plazo legal. TERCERO: Convenciones Probatorias. Que atendido lo anterior, se tienen por convenciones probatorias las siguientes: 1. fecha de inicio de la relación laboral el 18 de enero de 2005. 2. que el demandante fue contratado para prestar servicios como maestro de mantención en un establecimiento educacional. 3. que de acuerdo a la última liquidación, el demandante percibió la suma de $ 302.302 líquidos. 4. que el demandante sufrió dos accidentes del trabajo, uno el 25 de octubre de 2005 y otro el 29 de diciembre de 2006. 6. que el demandante tiene relación laboral vigente con la demandada. 5. que respecto del demandante no se han declarado ningún tipo de discapacidad conforme a la Ley de Accidente del Trabajo. 6. que desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha el demandante ha hecho uso de licencia médica por enfermedad común. CUARTO: Hechos Controvertidos. Que del tenor del debate, se puede determinar que los hechos controvertidos son los siguientes: 1. Efectividad que el empleador adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad del trabajador en relación a los accidentes materias de autos. 2. circunstancias que rodearon los accidentes que sufrió el actor el 25 de octubre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006. 3. labores que debía ejecutar el demandante. 4. medidas de seguridad y de prevención de accidentes implementados por el demandado a la fecha de ocurrencia de los hechos. 5. procedimiento de información capacitación control y supervisión de las medidas de seguridad y prevención de accidentes vigentes y en uso en el lugar de los accidentes materia de autos a la ocurrencia de los mismos. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

6. lesiones sufridos por el actor producto de los accidentes materia de autos y características de las mismas. 7. daño sufridos por el actor como consecuencia de los accidentes materia de autos, naturaleza del daño y montos. QUINTO: Prueba de la parte demandante. Que a fin de probar estos hechos, la parte demandante rindió prueba documental consistente en 9 fichas de trabajo de fechas marzo de 2006, abril de 2006 y junio de 2006; fichas de la Mutual de Seguridad; fotos del lugar del accidente; factura de venta de servicios; fotocopia del carnet de alta; carnet de alta del Hospital San José; certificado de Salud Metropolitano Norte de fecha 26 de junio de 2010; informe complementario del médico tratante del COMPIN de fecha 12 de enero de 2010; ficha médica de 14 de octubre de 2009; certificado médico de fecha 8 de marzo de 2010; informe imagenológico; fotocopia del Centro Radiológico Los Héroes; informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 30 de octubre de 2009; informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 23 de agosto de 2009; informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 13 de agosto de 2009; y certificado de la Superintendencia de Pensiones de fecha 14 de julio de 2010. Además, rinde prueba testimonial de Jaime González y Esteban Hidalgo Salas, cuyas declaraciones constan íntegramente en el audio de este tribunal. Finalmente, acompaña respuesta de oficio del Hospital San José, que remite la ficha médica de don Enrique Nispel Roco, RUT: 8.695.585-7. SEXTO: Prueba de la parte demandada. Por su parte, la demandada rindió prueba documental consistente en Informe médico de fecha 30 de octubre de 2009 de la Mutual de Seguridad; Orden de reposo medico del trabajador emitido por la Mutual de Seguridad de fecha 10 de noviembre de 2005; Certificado de término de reposo laboral de fecha 26 de diciembre de 2006, emanado de la Mutual de Seguridad; Orden de reposo médico de la Mutual de Seguridad de fecha 8 de junio de 2006; Consulta de accidente y enfermedades profesionales sufrido por el trabajador de la Mutual de Seguridad; Declaraciones individuales de accidente del trabajo de fechas 19 de diciembre de 2006, 13 de abril de 2006 y 26 de octubre de 2005; y nóminas de licencias médicas de fecha 20 de julio de 2010. Además, rinde prueba testimonial de Javier Pavez del Río; Héctor Martínez Fuentealba; Sergio Olivo Alarcón; Francisco Gómez Beltrán; y Adriana Baeza Lecaros, cuyas declaraciones constan íntegramente en el audio de este tribunal. Finalmente, acompaña respuesta de oficio de la Mutual de Seguridad, que informa sobre todos los antecedentes respecto de los accidentes que sufrió don Enrique Nispel Roco, RUT: 8.695.585 7, el 25 de octubre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006, los tratamientos que le fueron efectuados y en general, todo aquello que diga relación con las secuelas que al demandante le provocaron los siniestros ya referidos. SÉPTIMO: Observaciones a la prueba. Que en la etapa procesal correspondiente, la demandante señala que con la prueba rendida, se ha acreditado que el actor sufrió dos accidentes del trabajo, así como sus lesiones. Tras el primer accidente hubo lesión en la espalda, y no sólo en la muñeca. Estando establecido que hubo dos accidentes, debe acreditarse si la demandada tomó las medidas necesarias para evitar que éstos ocurrieran. No se ha hecho mayor cuestión del segundo accidente por la baja entidad de la lesión, pero sí hubo una circunstancia, el actor estaba transportando elementos sin guantes, ni elementos de resguardo necesarios, y no se acreditó que se hayan puesto a disposición esos guantes por la empleadora. En relación con el primer accidente, hay dos testigos que dan cuenta del mismo, pero ambos han sido contradictorios. El jefe del demandante, indicó que había una herramienta, que no recuerda cuál es, y que señala que irá a buscar una escalera. La segunda testigo, que al parecer estaba al lado, no escuchó la referida conversación, y dijo que estaba trabajando al lado del actor, por lo que las declaraciones no son concordantes. Se pregunta por qué no estaba la escalera en ese lugar, no estaban los medios de seguridad del actor para proteger su salud e integridad física. El presidente del comité paritario señala que no se investigó este accidente. Así, no se tomaron las medidas necesarias por la empleadora y debe ser condenada la demandada, con costas. La demandada, por su parte, indica que el accidente se produjo en un lugar diverso al que señala el actor en su libelo, por lo que el demandante falta a la verdad, y ambos testigos acuerdan que el actor se subió a un basurero para sacar la herramienta que estaba sobre el panel. La contextura del actor es

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

6. lesiones sufridos por el actor producto de los accidentes materia de autos y características de las mismas. 7. daño sufridos por el actor como consecuencia de los accidentes materia de autos, naturaleza del daño y montos. QUINTO: Prueba de la parte demandante. Que a fin de probar estos hechos, la parte demandante rindió prueba documental consistente en 9 fichas de trabajo de fechas marzo de 2006, abril de 2006 y junio de 2006; fichas de la Mutual de Seguridad; fotos del lugar del accidente; factura de venta de servicios; fotocopia del carnet de alta; carnet de alta del Hospital San José; certificado de Salud Metropolitano Norte de fecha 26 de junio de 2010; informe complementario del médico tratante del COMPIN de fecha 12 de enero de 2010; ficha médica de 14 de octubre de 2009; certificado médico de fecha 8 de marzo de 2010; informe imagenológico; fotocopia del Centro Radiológico Los Héroes; informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 30 de octubre de 2009; informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 23 de agosto de 2009; informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 13 de agosto de 2009; y certificado de la Superintendencia de Pensiones de fecha 14 de julio de 2010. Además, rinde prueba testimonial de Jaime González y Esteban Hidalgo Salas, cuyas declaraciones constan íntegramente en el audio de este tribunal. Finalmente, acompaña respuesta de oficio del Hospital San José, que remite la ficha médica de don Enrique Nispel Roco, RUT: 8.695.585-7. SEXTO: Prueba de la parte demandada. Por su parte, la demandada rindió prueba documental consistente en Informe médico de fecha 30 de octubre de 2009 de la Mutual de Seguridad; Orden de reposo medico del trabajador emitido por la Mutual de Seguridad de fecha 10 de noviembre de 2005; Certificado de término de reposo laboral de fecha 26 de diciembre de 2006, emanado de la Mutual de Seguridad; Orden de reposo médico de la Mutual de Seguridad de fecha 8 de junio de 2006; Consulta de accidente y enfermedades profesionales sufrido por el trabajador de la Mutual de Seguridad; Declaraciones individuales de accidente del trabajo de fechas 19 de diciembre de 2006, 13 de abril de 2006 y 26 de octubre de 2005; y nóminas de licencias médicas de fecha 20 de julio de 2010. Además, rinde prueba testimonial de Javier Pavez del Río; Héctor Martínez Fuentealba; Sergio Olivo Alarcón; Francisco Gómez Beltrán; y Adriana Baeza Lecaros, cuyas declaraciones constan íntegramente en el audio de este tribunal. Finalmente, acompaña respuesta de oficio de la Mutual de Seguridad, que informa sobre todos los antecedentes respecto de los accidentes que sufrió don Enrique Nispel Roco, RUT: 8.695.585 7, el 25 de octubre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006, los tratamientos que le fueron efectuados y en general, todo aquello que diga relación con las secuelas que al demandante le provocaron los siniestros ya referidos. SÉPTIMO: Observaciones a la prueba. Que en la etapa procesal correspondiente, la demandante señala que con la prueba rendida, se ha acreditado que el actor sufrió dos accidentes del trabajo, así como sus lesiones. Tras el primer accidente hubo lesión en la espalda, y no sólo en la muñeca. Estando establecido que hubo dos accidentes, debe acreditarse si la demandada tomó las medidas necesarias para evitar que éstos ocurrieran. No se ha hecho mayor cuestión del segundo accidente por la baja entidad de la lesión, pero sí hubo una circunstancia, el actor estaba transportando elementos sin guantes, ni elementos de resguardo necesarios, y no se acreditó que se hayan puesto a disposición esos guantes por la empleadora. En relación con el primer accidente, hay dos testigos que dan cuenta del mismo, pero ambos han sido contradictorios. El jefe del demandante, indicó que había una herramienta, que no recuerda cuál es, y que señala que irá a buscar una escalera. La segunda testigo, que al parecer estaba al lado, no escuchó la referida conversación, y dijo que estaba trabajando al lado del actor, por lo que las declaraciones no son concordantes. Se pregunta por qué no estaba la escalera en ese lugar, no estaban los medios de seguridad del actor para proteger su salud e integridad física. El presidente del comité paritario señala que no se investigó este accidente. Así, no se tomaron las medidas necesarias por la empleadora y debe ser condenada la demandada, con costas. La demandada, por su parte, indica que el accidente se produjo en un lugar diverso al que señala el actor en su libelo, por lo que el demandante falta a la verdad, y ambos testigos acuerdan que el actor se subió a un basurero para sacar la herramienta que estaba sobre el panel. La contextura del actor es

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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grande, y por ende el elemento utilizado no sostiene su peso. Así, ninguna medida de seguridad puede evitar el accidente de un trabajador que se expone imprudentemente al riesgo. Además, el actor no siguió el procedimiento legal para continuar su tratamiento médico. Las pruebas rendidas no se apegan al procedimiento establecido en la ley, pues sus licencias médicas son únicamente por enfermedad común, no tiene relación con el accidente sufrido. Con relación al accidente sufrido en diciembre del año 2006, señala que es un accidente menor, que daña el pulpejo del dedo índice del demandante, y probablemente se produjo por no utilizar las medidas de seguridad puestas para tal efecto. El trabajador nunca se acercó a las instancias con las que cuenta la empresa para obtener asistencia por el accidente sufrido. Además, los daños no se han probado, no hay pruebas referentes al daño moral, y por ende, debe ser rechazada la demanda, con costas. OCTAVO: Acreditación de los hechos y fundamentación jurídica. Que en primer lugar deben acreditarse las circunstancias que rodearon los accidentes que sufrió el actor el 25 de octubre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006. Que a fin de acreditar el accidente ocurrido el día 25 de octubre de 2005, ambas partes rindieron prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 30 de octubre de 2009, que señala que el paciente estaba trabajando sobre una escalera, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la espalda y ambas muñecas. A su vez, la demandante rindió prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 23 de agosto de 2009, que señala que el actor se cayó de una escalera y se golpeó la espalda y la mano izquierda. Además, acompañó fotos del lugar del accidente, que dan cuenta que se trata de un establecimiento educacional. Por su parte, la demandada rindió además, prueba documental consistente en consulta de accidente y enfermedades profesionales sufrido por el trabajador de la Mutual de Seguridad, y declaración individual de accidente del trabajo de fecha 26 de octubre de 2005, que señala que el actor estaba trabajando sobre una escalera, perdió el equilibrio y cayó golpeándose la espalda y la mano izquierda. A su vez, rindió prueba testimonial de Héctor Elieser Martínez Fuentealba. RUN 14.072.440-8, quien señaló que conoce al actor, fueron compañeros de trabajo varios años atrás, en la Municipalidad de Independencia, en el Departamento de Mantenimiento de distintos establecimientos educacionales de la municipalidad. Refiere que las labores del actor eran mantenimiento general, es decir, realizaba trabajos de ayudante, pintor, o de otra cosa, pero no sabe cuál era su cargo, todos realizaban distintas funciones. Trabajó con él como un año y medio aproximadamente. Menciona que él era el encargado de mantenimiento de instalaciones eléctricas y en algunas oportunidades trabajó con él, pues le prestaba apoyo ocasional en el tema eléctrico. Todos se apoyaban mutuamente, él le ayudó a realizar una labor. Indica que en esa época, el actor sufrió un accidente del trabajo, pues le estaba apoyando en su labor, se trataba de un trabajo de unos tableros eléctricos que estaban en el primer pasillo del liceo A 80 y había distintos pasillos y cada uno tenía un panel y realizaban trabajo de mantenimiento, y el actor lo apoyó. No recuerda la fecha, pero fue en el año 2005, octubre, aproximadamente. Estaban por finalizar su labor, y quedó sobre un tablero sobrepuesto en el muro, una herramienta, no sabe si fue un fierro o un martillo, consideró que irse y dejar la herramienta allí era peligroso, y antes de irse, decidió que lo prudente era quitar esa herramienta, y le pidió al actor que lo sacara, y él caminó a buscar una escala de aluminio, había que subir 2 a 3 peldaños y nada más, caminó a buscar la escalera, no estaba en el mismo lugar, pues el tablero no debe superar cierta altura, y por ende, el trabajo, no requería uso de escalera. La herramienta que puso, la utilizó un poco antes allí, y si la escalera no estaba allí, era porque otro trabajador la ocupaba, pero estaba disponible, fue al cuarto pabellón, a la bodega de mantenimiento, y al ir a camino, que es de unos 100 metros, sintió un golpe, se volteó, y vio al actor en el suelo, y a auxiliares y alumnos que lo ayudaban, y se percató que el actor tomó un tacho de basura para subirse, en este caso, era de plástico, de unos 50 cms. de alto, y se subió a él, para sacar la herramienta. Ese tarro no era para soportar el peso de una persona. Recuerda que el actor se levantó y tomó su muñeca y la movía, vio que mostró malestar, no vio sangramiento ni hueso salido, internamente, no sabe el daño causado. Como ya casi terminaba la jornada laboral, llegaron a la bodega, algunos compañeros de trabajo ya se estaban retirando, y el actor llegó a la bodega, no se sentía bien, se logró ir, y no sabe más de lo que le pasó. No recuerda que hayan ido a algún centro asistencial. Agregó que ello ocurrió en la tarde,

grande, y por ende el elemento utilizado no sostiene su peso. Así, ninguna medida de seguridad puede evitar el accidente de un trabajador que se expone imprudentemente al riesgo. Además, el actor no siguió el procedimiento legal para continuar su tratamiento médico. Las pruebas rendidas no se apegan al procedimiento establecido en la ley, pues sus licencias médicas son únicamente por enfermedad común, no tiene relación con el accidente sufrido. Con relación al accidente sufrido en diciembre del año 2006, señala que es un accidente menor, que daña el pulpejo del dedo índice del demandante, y probablemente se produjo por no utilizar las medidas de seguridad puestas para tal efecto. El trabajador nunca se acercó a las instancias con las que cuenta la empresa para obtener asistencia por el accidente sufrido. Además, los daños no se han probado, no hay pruebas referentes al daño moral, y por ende, debe ser rechazada la demanda, con costas. OCTAVO: Acreditación de los hechos y fundamentación jurídica. Que en primer lugar deben acreditarse las circunstancias que rodearon los accidentes que sufrió el actor el 25 de octubre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006. Que a fin de acreditar el accidente ocurrido el día 25 de octubre de 2005, ambas partes rindieron prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 30 de octubre de 2009, que señala que el paciente estaba trabajando sobre una escalera, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la espalda y ambas muñecas. A su vez, la demandante rindió prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 23 de agosto de 2009, que señala que el actor se cayó de una escalera y se golpeó la espalda y la mano izquierda. Además, acompañó fotos del lugar del accidente, que dan cuenta que se trata de un establecimiento educacional. Por su parte, la demandada rindió además, prueba documental consistente en consulta de accidente y enfermedades profesionales sufrido por el trabajador de la Mutual de Seguridad, y declaración individual de accidente del trabajo de fecha 26 de octubre de 2005, que señala que el actor estaba trabajando sobre una escalera, perdió el equilibrio y cayó golpeándose la espalda y la mano izquierda. A su vez, rindió prueba testimonial de Héctor Elieser Martínez Fuentealba. RUN 14.072.440-8, quien señaló que conoce al actor, fueron compañeros de trabajo varios años atrás, en la Municipalidad de Independencia, en el Departamento de Mantenimiento de distintos establecimientos educacionales de la municipalidad. Refiere que las labores del actor eran mantenimiento general, es decir, realizaba trabajos de ayudante, pintor, o de otra cosa, pero no sabe cuál era su cargo, todos realizaban distintas funciones. Trabajó con él como un año y medio aproximadamente. Menciona que él era el encargado de mantenimiento de instalaciones eléctricas y en algunas oportunidades trabajó con él, pues le prestaba apoyo ocasional en el tema eléctrico. Todos se apoyaban mutuamente, él le ayudó a realizar una labor. Indica que en esa época, el actor sufrió un accidente del trabajo, pues le estaba apoyando en su labor, se trataba de un trabajo de unos tableros eléctricos que estaban en el primer pasillo del liceo A 80 y había distintos pasillos y cada uno tenía un panel y realizaban trabajo de mantenimiento, y el actor lo apoyó. No recuerda la fecha, pero fue en el año 2005, octubre, aproximadamente. Estaban por finalizar su labor, y quedó sobre un tablero sobrepuesto en el muro, una herramienta, no sabe si fue un fierro o un martillo, consideró que irse y dejar la herramienta allí era peligroso, y antes de irse, decidió que lo prudente era quitar esa herramienta, y le pidió al actor que lo sacara, y él caminó a buscar una escala de aluminio, había que subir 2 a 3 peldaños y nada más, caminó a buscar la escalera, no estaba en el mismo lugar, pues el tablero no debe superar cierta altura, y por ende, el trabajo, no requería uso de escalera. La herramienta que puso, la utilizó un poco antes allí, y si la escalera no estaba allí, era porque otro trabajador la ocupaba, pero estaba disponible, fue al cuarto pabellón, a la bodega de mantenimiento, y al ir a camino, que es de unos 100 metros, sintió un golpe, se volteó, y vio al actor en el suelo, y a auxiliares y alumnos que lo ayudaban, y se percató que el actor tomó un tacho de basura para subirse, en este caso, era de plástico, de unos 50 cms. de alto, y se subió a él, para sacar la herramienta. Ese tarro no era para soportar el peso de una persona. Recuerda que el actor se levantó y tomó su muñeca y la movía, vio que mostró malestar, no vio sangramiento ni hueso salido, internamente, no sabe el daño causado. Como ya casi terminaba la jornada laboral, llegaron a la bodega, algunos compañeros de trabajo ya se estaban retirando, y el actor llegó a la bodega, no se sentía bien, se logró ir, y no sabe más de lo que le pasó. No recuerda que hayan ido a algún centro asistencial. Agregó que ello ocurrió en la tarde, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

estaban terminando las labores, la jornada concluía a las 17.30 horas, era cerca de esa hora. Al parecer, lo que se quedó arriba del tablero eléctrico, y sobresalía era un mango, no sabe si es martillo, o fierro, pero era peligroso que se dejara allí, porque era un colegio y había niños. Finalmente, señala que sacar la herramienta era una labor de los propios trabajadores. Indica que se dirigió a buscar la escalera, a unos 100 metros del lugar donde estaba. Le consta que se subió al basurero, pues estaba en el pasillo, que es largo, estaba en el primer pabellón, él iba en el cuarto, sintió el golpe, se devolvió, y vio el tarro de basura dado vuelta, con el fondo arriba, y el compañero en el suelo, y el auxiliar y los niños ayudándolo. Se subió al basurero para sacar la herramienta de sobre el panel. En ese lugar no estaba la escalera, pero en el mismo recinto, a unos metros más allá, estaba la escalera, ya que se utilizaba por todos los trabajadores. Atribuyó la acción del actor de subirse al basurero, en su intención de sacar la herramienta de una forma más rápida. Refiere que de ir a buscar la escalera y regresar, ello habría ocurrido dentro de la jornada laboral, y habría demorado unos 5 minutos. Depuso además, la testigo Adriana Marjorie Baeza Lecaros. RUN 4.326.523-7, quien señaló que conoce al actor, pues trabajaba en el liceo A 80, de la Municipalidad de Independencia. Ella era la auxiliar de cargos menores de ese liceo, y estaba asignada al primer pabellón, las salas. Recuerda que el actor dio vuelta un tarro de la basura para sacar una herramienta de sobre el panel, se subió y vio que iba a caerse y lo sujetó, ella estaba cerca de allí. Era el tarro de la basura. Lo utilizó para subirse y sacar una herramienta. Menciona que el actor cayó hacia un lado, ella lo sujetó. No había nadie más presente en ese minuto, no sabe dónde se golpeó. Esto ocurrió el 25 de octubre del año 2007. Agregó que ella hacía guardia en ese pabellón, y el actor dio vuelta el tarro de la basura para sacar la herramienta. Estuvo allí toda esa tarde. El trabajaba con el jefe, pero esta acción lo hizo por propia voluntad, no escuchó orden ni conversación entre ambos, el jefe no estaba a su lado. El estaba trabajando, en el mismo pabellón, pero cerca. No sabe lo que estaba haciendo. Finalmente mencionó que el actor se subió al tarro de la basura para sacar la herramienta que estaba sobre el panel. Tomó el tarro de la basura, lo volteó y se subió. Para subirse, están las escaleras, y estaban en la bodega, a unas 2 cuadras de distancia, pero dentro del mismo establecimiento educacional. Agrega que el señor Nispel sabía dónde estaban las escaleras, él podía haber accedido a las escaleras, pero le fue más cómodo subirse al tarro de la basura. Además, acompañó respuesta de oficio dirigido a la Mutual de Seguridad, para que informe sobre todos los antecedentes respecto del accidente que sufrió don Enrique Nispel Roco Rut: 8.695.585-7 el 25 de octubre de 2005, los tratamientos que le fueron efectuados y en general todo aquello que diga relación con las secuelas que al demandante le provocó el siniestro ya referido. Que atendido lo anterior, aparece que la manera como se produjo el accidente ocurrido el día 25 de octubre de 2005 se produjo en el interior del liceo Balmaceda de la comuna de Independencia, al concluir la labor en un panel eléctrico en un pabellón del referido liceo. Al encontrarse concluyendo sus labores, el trabajador Martínez Fuentealba se percató que sobre el referido panel eléctrico se encontraba una herramienta que debía ser sacada de ese lugar, puesto que no era seguro mantenerlo en dicho lugar, atendido principalmente porque el recinto se trataba de un establecimiento educacional. Fue así, que el referido trabajador solicitó al actor que sacara la herramienta. Tras ello, el referido trabajador acudió a buscar unas escaleras que se encontraban en un lugar dispuesto para ello, y mientras se encontraba en ello, el actor volteó un tacho de la basura, se subió a él, resbaló y cayó, golpeándose la espalda y sus muñecas. Se ha hecho cuestión acerca de si el trabajador Martínez Fuentealba estaba o no buscando la referida escalera, puesto que la testigo Baeza Lecaros lo posiciona junto al actor, sin embargo, atendida la prueba rendida, unido a los dichos del testigo Sergio Alberto Olivos Alarcón, aparece que en el referido lugar existe una bodega donde se encuentran los implementos necesarios para ejecutar las labores menores que se desarrollan en dicho establecimiento educacional, por lo que a juicio el tribunal, lo lógico que haya ocurrido es que el señor Martínez Fuentealba haya ido a buscar la referida escalera para arribar a la herramienta que era necesario sacar del panel. Que atendido lo anterior, debe entonces explicarse la razón por la que el actor se subió al tacho de la basura para alcanzar la altura necesaria para sacar la herramienta que estaba puesta sobre el panel eléctrico. Que atendida la dinámica en que se produjeron los hechos, aparece a este juez que el actor se subió al tacho de la basura, para evitar tener que esperar el recorrido que el testigo Martínez Fuentealba debía efectuar para alcanzar la referida escalera, y así poder concluir su labor en un tiempo

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

estaban terminando las labores, la jornada concluía a las 17.30 horas, era cerca de esa hora. Al parecer, lo que se quedó arriba del tablero eléctrico, y sobresalía era un mango, no sabe si es martillo, o fierro, pero era peligroso que se dejara allí, porque era un colegio y había niños. Finalmente, señala que sacar la herramienta era una labor de los propios trabajadores. Indica que se dirigió a buscar la escalera, a unos 100 metros del lugar donde estaba. Le consta que se subió al basurero, pues estaba en el pasillo, que es largo, estaba en el primer pabellón, él iba en el cuarto, sintió el golpe, se devolvió, y vio el tarro de basura dado vuelta, con el fondo arriba, y el compañero en el suelo, y el auxiliar y los niños ayudándolo. Se subió al basurero para sacar la herramienta de sobre el panel. En ese lugar no estaba la escalera, pero en el mismo recinto, a unos metros más allá, estaba la escalera, ya que se utilizaba por todos los trabajadores. Atribuyó la acción del actor de subirse al basurero, en su intención de sacar la herramienta de una forma más rápida. Refiere que de ir a buscar la escalera y regresar, ello habría ocurrido dentro de la jornada laboral, y habría demorado unos 5 minutos. Depuso además, la testigo Adriana Marjorie Baeza Lecaros. RUN 4.326.523-7, quien señaló que conoce al actor, pues trabajaba en el liceo A 80, de la Municipalidad de Independencia. Ella era la auxiliar de cargos menores de ese liceo, y estaba asignada al primer pabellón, las salas. Recuerda que el actor dio vuelta un tarro de la basura para sacar una herramienta de sobre el panel, se subió y vio que iba a caerse y lo sujetó, ella estaba cerca de allí. Era el tarro de la basura. Lo utilizó para subirse y sacar una herramienta. Menciona que el actor cayó hacia un lado, ella lo sujetó. No había nadie más presente en ese minuto, no sabe dónde se golpeó. Esto ocurrió el 25 de octubre del año 2007. Agregó que ella hacía guardia en ese pabellón, y el actor dio vuelta el tarro de la basura para sacar la herramienta. Estuvo allí toda esa tarde. El trabajaba con el jefe, pero esta acción lo hizo por propia voluntad, no escuchó orden ni conversación entre ambos, el jefe no estaba a su lado. El estaba trabajando, en el mismo pabellón, pero cerca. No sabe lo que estaba haciendo. Finalmente mencionó que el actor se subió al tarro de la basura para sacar la herramienta que estaba sobre el panel. Tomó el tarro de la basura, lo volteó y se subió. Para subirse, están las escaleras, y estaban en la bodega, a unas 2 cuadras de distancia, pero dentro del mismo establecimiento educacional. Agrega que el señor Nispel sabía dónde estaban las escaleras, él podía haber accedido a las escaleras, pero le fue más cómodo subirse al tarro de la basura. Además, acompañó respuesta de oficio dirigido a la Mutual de Seguridad, para que informe sobre todos los antecedentes respecto del accidente que sufrió don Enrique Nispel Roco Rut: 8.695.585-7 el 25 de octubre de 2005, los tratamientos que le fueron efectuados y en general todo aquello que diga relación con las secuelas que al demandante le provocó el siniestro ya referido. Que atendido lo anterior, aparece que la manera como se produjo el accidente ocurrido el día 25 de octubre de 2005 se produjo en el interior del liceo Balmaceda de la comuna de Independencia, al concluir la labor en un panel eléctrico en un pabellón del referido liceo. Al encontrarse concluyendo sus labores, el trabajador Martínez Fuentealba se percató que sobre el referido panel eléctrico se encontraba una herramienta que debía ser sacada de ese lugar, puesto que no era seguro mantenerlo en dicho lugar, atendido principalmente porque el recinto se trataba de un establecimiento educacional. Fue así, que el referido trabajador solicitó al actor que sacara la herramienta. Tras ello, el referido trabajador acudió a buscar unas escaleras que se encontraban en un lugar dispuesto para ello, y mientras se encontraba en ello, el actor volteó un tacho de la basura, se subió a él, resbaló y cayó, golpeándose la espalda y sus muñecas. Se ha hecho cuestión acerca de si el trabajador Martínez Fuentealba estaba o no buscando la referida escalera, puesto que la testigo Baeza Lecaros lo posiciona junto al actor, sin embargo, atendida la prueba rendida, unido a los dichos del testigo Sergio Alberto Olivos Alarcón, aparece que en el referido lugar existe una bodega donde se encuentran los implementos necesarios para ejecutar las labores menores que se desarrollan en dicho establecimiento educacional, por lo que a juicio el tribunal, lo lógico que haya ocurrido es que el señor Martínez Fuentealba haya ido a buscar la referida escalera para arribar a la herramienta que era necesario sacar del panel. Que atendido lo anterior, debe entonces explicarse la razón por la que el actor se subió al tacho de la basura para alcanzar la altura necesaria para sacar la herramienta que estaba puesta sobre el panel eléctrico. Que atendida la dinámica en que se produjeron los hechos, aparece a este juez que el actor se subió al tacho de la basura, para evitar tener que esperar el recorrido que el testigo Martínez Fuentealba debía efectuar para alcanzar la referida escalera, y así poder concluir su labor en un tiempo

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más próximo. Al respecto, este juez comparte la tesis que sostiene la testigo Baeza Lecaros, que actuó de esa manera porque le era más cómodo, más rápido, sin tener que esperar que llegara su compañero de trabajo junto con la escalera para efectuar su labor de una manera segura. Todo ello, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante. En lo referente al accidente ocurrido con fecha 19 de diciembre de 2006, la demandante rindió prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 13 de agosto de 2009, que señala que con fecha 19 de diciembre de 2006, el actor, en su trabajo, moviendo unos fierros, se pasa a llevar el dedo anular de la mano derecha. Agrega el referido documento que el actor fue dado de alta en buenas condiciones con función completa el 26 de diciembre del año 2006. Por su parte, la demandada rindió prueba documental consistente en consulta de accidente y enfermedades profesionales sufrido por el trabajador de la Mutual de Seguridad, y declaración individual de accidente del trabajo de fecha 19 de diciembre de 2006, que señala que el actor se encontraba trabajando, cuando moviendo unos fierros se pasa a llevar el dedo anular de la mano derecha. Acompaña además, respuesta de oficio de la Mutual de Seguridad, que informa sobre todos los antecedentes respecto del accidente que sufrió don Enrique Nispel Roco RUT: 8.695.585-7, el 19 de diciembre de 2006, los tratamientos que le fueron efectuados y en general todo aquello que diga relación con las secuelas que al demandante le provocó el siniestro ya referido. Sobre el particular, la respuesta señala que el accidente le produjo una herida contusa del pulpejo anular derecho, dándose el alta el 22 de diciembre del mismo año. Que en lo referente a este accidente, atendida la falta de prueba existente, sólo se pudo acreditar que mientras trabajaba moviendo unos fierros, el actor se pasó a llevar el dedo anular de la mano derecha, que le produjo una herida contusa del pulpejo anular derecho, dándose el alta el 22 de diciembre del mismo año. Que además, es necesario acreditar las lesiones sufridas por el actor producto de los accidentes materia de autos y características de las mismas; y los daños sufridos por el actor como consecuencia de los accidentes materia de autos, naturaleza del daño y monto. Que en lo referente al accidente ocurrido con fecha 25 de octubre del año 2005, se ha acompañado por la demandante prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 30 de octubre de 2009, que señala que el actor ingresó a la Mutual el 26 de octubre de 2005, destacando al examen de muñecas sin aumento de volumen, sin equimosis, sin deformidad, con buena movilidad. Estudio radiológico revela Fx. EDR muñeca derecha y Fx de escafoides. Se coloca valva ABP c/pulgar a derecha y valva ABP a izquierda. TAC revela Fx. de estiloides radial de ambas muñecas y Pseudoartrosis de escafoides; es dado de alta el 28 de octubre de 2005 con indicaciones de analgesia, control ambulatorio y kinesiterapia. Evoluciona con disminución de sintomatología, dolor en regresión con aumento progresivo de la fuerza, siendo dada el alta definitiva el 14 de junio del año 2006. Se diagnostica una fractura bilateral de muñeca y pseudoartrosis escafoides derecho (Nat). Además, la demandante acompaña oficio que contiene respuesta del Hospital San José, que remite la ficha médica de don Enrique Nispel Roco RUT: 8.695.585-7, la que da cuenta de las maniobras médicas de las que ha sido objeto el actor. Por su parte, la demandada, rindió prueba documental consistente en Orden de reposo médico del trabajador emitido por la Mutual de Seguridad, de fecha 10 de noviembre de 2005, que señala que producto del accidente ocurrido con fecha 25 de octubre del año 2005, el actor tiene un período de reposo desde el 11 de noviembre hasta el 1° de diciembre del año 2005 (21 días). Luego, se acompaña Orden de reposo médico de la Mutual de Seguridad de fecha 8 de junio de 2006, que señala que debido al mismo accidente, el actor tiene un período de reposo desde el 9 al 14 de junio del año 2006 (6 días). Finalmente, acompaña certificado de término de reposo laboral de fecha 26 de diciembre de 2006, emanado de la Mutual de Seguridad, que indica que el actor, por este accidente, concluyó su reposo laboral el 26 de diciembre del año 2006. Ello guarda relación además, con la prueba de la demandante consistente en fotocopia del carnet de alta, y carnet de alta del Hospital San José, que señala que por pseudoartrosis y escafoides, se le da de alta del referido hospital el 23 de febrero del año 2007, es decir, dos meses después de que concluye su reposo laboral.

más próximo. Al respecto, este juez comparte la tesis que sostiene la testigo Baeza Lecaros, que actuó de esa manera porque le era más cómodo, más rápido, sin tener que esperar que llegara su compañero de trabajo junto con la escalera para efectuar su labor de una manera segura. Todo ello, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante. En lo referente al accidente ocurrido con fecha 19 de diciembre de 2006, la demandante rindió prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 13 de agosto de 2009, que señala que con fecha 19 de diciembre de 2006, el actor, en su trabajo, moviendo unos fierros, se pasa a llevar el dedo anular de la mano derecha. Agrega el referido documento que el actor fue dado de alta en buenas condiciones con función completa el 26 de diciembre del año 2006. Por su parte, la demandada rindió prueba documental consistente en consulta de accidente y enfermedades profesionales sufrido por el trabajador de la Mutual de Seguridad, y declaración individual de accidente del trabajo de fecha 19 de diciembre de 2006, que señala que el actor se encontraba trabajando, cuando moviendo unos fierros se pasa a llevar el dedo anular de la mano derecha. Acompaña además, respuesta de oficio de la Mutual de Seguridad, que informa sobre todos los antecedentes respecto del accidente que sufrió don Enrique Nispel Roco RUT: 8.695.585-7, el 19 de diciembre de 2006, los tratamientos que le fueron efectuados y en general todo aquello que diga relación con las secuelas que al demandante le provocó el siniestro ya referido. Sobre el particular, la respuesta señala que el accidente le produjo una herida contusa del pulpejo anular derecho, dándose el alta el 22 de diciembre del mismo año. Que en lo referente a este accidente, atendida la falta de prueba existente, sólo se pudo acreditar que mientras trabajaba moviendo unos fierros, el actor se pasó a llevar el dedo anular de la mano derecha, que le produjo una herida contusa del pulpejo anular derecho, dándose el alta el 22 de diciembre del mismo año. Que además, es necesario acreditar las lesiones sufridas por el actor producto de los accidentes materia de autos y características de las mismas; y los daños sufridos por el actor como consecuencia de los accidentes materia de autos, naturaleza del daño y monto. Que en lo referente al accidente ocurrido con fecha 25 de octubre del año 2005, se ha acompañado por la demandante prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 30 de octubre de 2009, que señala que el actor ingresó a la Mutual el 26 de octubre de 2005, destacando al examen de muñecas sin aumento de volumen, sin equimosis, sin deformidad, con buena movilidad. Estudio radiológico revela Fx. EDR muñeca derecha y Fx de escafoides. Se coloca valva ABP c/pulgar a derecha y valva ABP a izquierda. TAC revela Fx. de estiloides radial de ambas muñecas y Pseudoartrosis de escafoides; es dado de alta el 28 de octubre de 2005 con indicaciones de analgesia, control ambulatorio y kinesiterapia. Evoluciona con disminución de sintomatología, dolor en regresión con aumento progresivo de la fuerza, siendo dada el alta definitiva el 14 de junio del año 2006. Se diagnostica una fractura bilateral de muñeca y pseudoartrosis escafoides derecho (Nat). Además, la demandante acompaña oficio que contiene respuesta del Hospital San José, que remite la ficha médica de don Enrique Nispel Roco RUT: 8.695.585-7, la que da cuenta de las maniobras médicas de las que ha sido objeto el actor. Por su parte, la demandada, rindió prueba documental consistente en Orden de reposo médico del trabajador emitido por la Mutual de Seguridad, de fecha 10 de noviembre de 2005, que señala que producto del accidente ocurrido con fecha 25 de octubre del año 2005, el actor tiene un período de reposo desde el 11 de noviembre hasta el 1° de diciembre del año 2005 (21 días). Luego, se acompaña Orden de reposo médico de la Mutual de Seguridad de fecha 8 de junio de 2006, que señala que debido al mismo accidente, el actor tiene un período de reposo desde el 9 al 14 de junio del año 2006 (6 días). Finalmente, acompaña certificado de término de reposo laboral de fecha 26 de diciembre de 2006, emanado de la Mutual de Seguridad, que indica que el actor, por este accidente, concluyó su reposo laboral el 26 de diciembre del año 2006. Ello guarda relación además, con la prueba de la demandante consistente en fotocopia del carnet de alta, y carnet de alta del Hospital San José, que señala que por pseudoartrosis y escafoides, se le da de alta del referido hospital el 23 de febrero del año 2007, es decir, dos meses después de que concluye su reposo laboral. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Se ha arribado además, a convenciones probatorias que señalan que el demandante tiene relación laboral vigente con la demandada; que respecto del demandante no se ha declarado ningún tipo de discapacidad conforme a la Ley de Accidentes del Trabajo; y que desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha el demandante ha hecho uso de licencia médica por enfermedad común. Sobre este último punto, la demandada ha acompañado prueba documental consistente en nóminas de licencias médicas de fecha 20 de julio de 2010, que dan cuenta que el actor ha presentado 48 licencias médicas, iniciando la primera de ellas el 28 de septiembre del año 2006, y concluyendo ésta el 6 de octubre del año 2006. La segunda de ellas se inicia el 16 de enero del año 2007, y desde allí todas son ininterrumpidas hasta la última que vence el 20 de julio del año 2010. En las nóminas, no se mencionan las causas de las referidas licencias, pero atendido a la convención probatoria acordada, sólo se sabe que son por enfermedad común, y nada tiene que ver con los hechos ocurridos el 25 de octubre de 2005 y el 29 de diciembre de 2006. Que en lo referente al accidente ocurrido el día 29 de diciembre de 2006, la demandante rindió prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 13 de agosto de 2009, que señala que a consecuencia del referido accidente, el actor sufrió una herida dedo índice de la mano derecha (simple), que le ocasiona incapacidad para el trabajo por 6 días, agregando el mismo que fue dado de alta en buenas condiciones con función completa el 26 de diciembre de 2006. Que no obstante lo anterior, la demandante rindió además, prueba documental consistente en informe complementario del médico tratante del COMPIN de fecha 12 de enero de 2010, que señala que el actor debe iniciar el trámite de invalidez a contar del 12 de enero del año 2010; Ficha médica de 14 de octubre de 2009, que señala que el actor sufre de escoliosis lumbar crónico, cifosis dorsal, con espondilosis avanzada, en que el paciente presenta dolores permanentes; certificado médico de fecha 8 de marzo de 2010, que señala que el actor debe ser pensionado de invalidez; informe imagenológico, que señala como antecedentes clínicos, una pseudo artrosis escafoídes operada. Indica como hallazgos, una osteopenia marcada con presencia de algunas formaciones quísticas en el extremo distal del radio, la mayor de las cuales mide aprox. 0,8 x 1,1 cms. en sus diámetros principales otras de menor tamaño y se ubican a nivel de semilunar, grande y ganchoso. Existe un rasgo de fractura a nivel del tercio medio del escafoides que la compromete en forma completa observando un separación de los fragmentos de aprox. 0,14 cms. Hacia la superficie volar se observa tres pequeños fragmentos el mayor de los cuales mide aprox. 0,3 cms. de diámetro. No se observa paso de trabéculas óseas a nivel del rasgo de fractura escafoidea. Agrega como impresión diagnóstica, una osteopenia marcada, y una pseudo artrosis de escafoides. Además, acompaña una fotocopia del Centro Radiológico Los Héroes, que indica control de reducción con placa metálica y tornillos bien situados, y signos de consolidación ósea con ejes en buena posición. Finalmente, acompaña certificado de la Superintendencia de Pensiones de fecha 14 de julio de 2010, que indica que con fecha 23 de marzo del año 2010, se recibió en la Comisión Médica primera solicitud de Calificación de Invalidez, requerida por el afiliado Sr. Enrique Alfonso Nispel Roco, RUT 8.695.585-7 suscrita con fecha 18 de marzo del año 2010. Agrega que el proceso de evaluación y calificación de la invalidez se encuentra en trámite normal en la Comisión Médica, en conformidad a lo establecido en el D.L. 3.500, de 1980. Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para ser presentado en la Institución que corresponda. Firma el Presidente de la Comisión Médica de la Región Metropolitana. Santiago, 14 de julio de 2010. Que atendido la prueba anteriormente mencionada, aparece entonces que del accidente ocurrido con fecha 25 de octubre del año 2005, el actor sufrió una fractura bilateral de muñeca y pseudoartrosis escafoides derecho (Nat), y en el accidente de fecha 29 de diciembre del año 2006, el diagnóstico fue una herida dedo índice de la mano derecha (simple), que le ocasiona incapacidad para el trabajo por 6 días. En relación con la efectividad que el empleador adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad del trabajador en relación a los accidentes materias de autos; las medidas de seguridad y de prevención de accidentes implementados por el demandado a la fecha de ocurrencia de los hechos; las labores que debía ejecutar el demandante; y el procedimiento de información capacitación control y supervisión de las medidas de seguridad y prevención de

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Se ha arribado además, a convenciones probatorias que señalan que el demandante tiene relación laboral vigente con la demandada; que respecto del demandante no se ha declarado ningún tipo de discapacidad conforme a la Ley de Accidentes del Trabajo; y que desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha el demandante ha hecho uso de licencia médica por enfermedad común. Sobre este último punto, la demandada ha acompañado prueba documental consistente en nóminas de licencias médicas de fecha 20 de julio de 2010, que dan cuenta que el actor ha presentado 48 licencias médicas, iniciando la primera de ellas el 28 de septiembre del año 2006, y concluyendo ésta el 6 de octubre del año 2006. La segunda de ellas se inicia el 16 de enero del año 2007, y desde allí todas son ininterrumpidas hasta la última que vence el 20 de julio del año 2010. En las nóminas, no se mencionan las causas de las referidas licencias, pero atendido a la convención probatoria acordada, sólo se sabe que son por enfermedad común, y nada tiene que ver con los hechos ocurridos el 25 de octubre de 2005 y el 29 de diciembre de 2006. Que en lo referente al accidente ocurrido el día 29 de diciembre de 2006, la demandante rindió prueba documental consistente en informe médico de la Mutual de Seguridad de fecha 13 de agosto de 2009, que señala que a consecuencia del referido accidente, el actor sufrió una herida dedo índice de la mano derecha (simple), que le ocasiona incapacidad para el trabajo por 6 días, agregando el mismo que fue dado de alta en buenas condiciones con función completa el 26 de diciembre de 2006. Que no obstante lo anterior, la demandante rindió además, prueba documental consistente en informe complementario del médico tratante del COMPIN de fecha 12 de enero de 2010, que señala que el actor debe iniciar el trámite de invalidez a contar del 12 de enero del año 2010; Ficha médica de 14 de octubre de 2009, que señala que el actor sufre de escoliosis lumbar crónico, cifosis dorsal, con espondilosis avanzada, en que el paciente presenta dolores permanentes; certificado médico de fecha 8 de marzo de 2010, que señala que el actor debe ser pensionado de invalidez; informe imagenológico, que señala como antecedentes clínicos, una pseudo artrosis escafoídes operada. Indica como hallazgos, una osteopenia marcada con presencia de algunas formaciones quísticas en el extremo distal del radio, la mayor de las cuales mide aprox. 0,8 x 1,1 cms. en sus diámetros principales otras de menor tamaño y se ubican a nivel de semilunar, grande y ganchoso. Existe un rasgo de fractura a nivel del tercio medio del escafoides que la compromete en forma completa observando un separación de los fragmentos de aprox. 0,14 cms. Hacia la superficie volar se observa tres pequeños fragmentos el mayor de los cuales mide aprox. 0,3 cms. de diámetro. No se observa paso de trabéculas óseas a nivel del rasgo de fractura escafoidea. Agrega como impresión diagnóstica, una osteopenia marcada, y una pseudo artrosis de escafoides. Además, acompaña una fotocopia del Centro Radiológico Los Héroes, que indica control de reducción con placa metálica y tornillos bien situados, y signos de consolidación ósea con ejes en buena posición. Finalmente, acompaña certificado de la Superintendencia de Pensiones de fecha 14 de julio de 2010, que indica que con fecha 23 de marzo del año 2010, se recibió en la Comisión Médica primera solicitud de Calificación de Invalidez, requerida por el afiliado Sr. Enrique Alfonso Nispel Roco, RUT 8.695.585-7 suscrita con fecha 18 de marzo del año 2010. Agrega que el proceso de evaluación y calificación de la invalidez se encuentra en trámite normal en la Comisión Médica, en conformidad a lo establecido en el D.L. 3.500, de 1980. Se extiende el presente certificado a petición del interesado, para ser presentado en la Institución que corresponda. Firma el Presidente de la Comisión Médica de la Región Metropolitana. Santiago, 14 de julio de 2010. Que atendido la prueba anteriormente mencionada, aparece entonces que del accidente ocurrido con fecha 25 de octubre del año 2005, el actor sufrió una fractura bilateral de muñeca y pseudoartrosis escafoides derecho (Nat), y en el accidente de fecha 29 de diciembre del año 2006, el diagnóstico fue una herida dedo índice de la mano derecha (simple), que le ocasiona incapacidad para el trabajo por 6 días. En relación con la efectividad que el empleador adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad del trabajador en relación a los accidentes materias de autos; las medidas de seguridad y de prevención de accidentes implementados por el demandado a la fecha de ocurrencia de los hechos; las labores que debía ejecutar el demandante; y el procedimiento de información capacitación control y supervisión de las medidas de seguridad y prevención de

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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accidentes vigentes y en uso en el lugar de los accidentes materia de autos a la ocurrencia de los mismos, la demandada rindió prueba testimonial consistente en la declaración de Francisco Baltasar Gómez Beltrán. RUN 5.704.157-9, quien señaló que conoce al actor, pues era compañero de trabajo de él. Tenía un centro de operaciones en el Liceo Balmaceda, él era el maestro pintor, y en ocasiones le tocó realizar trabajos en altura. Explica que al hacer trabajos en altura, son 3 a 4 personas que elaboran el andamiaje, hay arneses y cascos, y si la altura no es tanta, se usan escaleras de diversos tamaños, había una escalera metálica de regular tamaño y otra más grande. Menciona que al realizar trabajos en altura, se les recomienda utilizar las herramientas mediante el encargado de seguridad, o por el jefe, siempre César Barahona, los obligaba a utilizar escaleras y les daba los implementos de seguridad. Agrega que los arneses y cascos se utilizan desde antes del accidente mismo, cada uno tenía sus equipos en su casillero. A cada uno se le entregaba los implementos de seguridad. Depuso además, Javier Ernesto Pavez del Río. RUN 11.335.469-0, quien señaló que trabaja en el Edificio Consistorial de la Municipalidad de Independencia, es presidente del Comité Paritario en su tercer periodo, siendo el representante de los trabajadores de la municipalidad. Menciona que su labor está referida a educación, salud, y el Edificio Consistorial, la labor que cumple es de informar, y reunirse con todos los comités paritarios de la municipalidad, agregando que permanentemente efectúan capacitaciones mediante la mutualidad que los representa, en las escuelas, consultorios, y todo el personal del edificio. Además, hacen visitas donde conocen los casos que hay, se hacen algunas investigaciones acerca de los accidentes, y se interviene en algunos casos en que la mutual haya rechazado el accidente. Indica que conoce los casos de hace 6 años, los de salud, algunos de educación y el del Edificio Consistorial. No sabe de un accidente laboral ocurrido a don Enrique Nispel Roco. Hizo las preguntas, y nadie conoce los hechos. Finalmente, depuso Sergio Alberto Olivos Alarcón. RUN 6.862.457-6, quien señaló que es el jefe administrativo del Departamento de Educación, y lo realiza desde el mes de febrero del año 1997. Indica que dentro de sus labores es tener contacto con ellos, al entrar al Departamento de Educación. Normalmente entrevista a los trabajadores, conversan de sus funciones futuras. Indica que recuerda al actor, estaba contratado por la municipalidad como maestro general, y conversó con él acerca de sus funciones, él tenía competencias por sobre otras, pero le indicaba que pertenecía a un equipo de trabajo, y había múltiples necesidades, y se apoyaban y organizaban. Refiere que el actor mostró condiciones específicas, trabajaba en piedra y cerámica, era su potencial. También trabajaba en gasfitería. Eso era algo positivo, pero fue contratado como maestro general, pues apoyaba en otro tipo de tareas. Hizo alusión a sus medidas de seguridad, y que normalmente los trabajos son de obras menores, de mantención, pues las obras mayores son licitadas a empresas constructoras, y se cuenta con material y elementos de seguridad para esas obras, y además, le mencionó que los trabajadores deben cuidarse. Agregó que el actor fue contratado como maestro general, y se desarrollaba como maestro ayudante. Menciona que en el Departamento de Educación hay solo un maestro específico, que es un maestro electricista, y ése es el único que tiene contrato específico, por la especificación que debe tener por la reglamentación legal. Finalmente señaló que el actor fue contratado como maestro general, y que normalmente los trabajos que efectuaba eran de obras menores, de mantención, y para esas obras, los elementos de seguridad, son guantes, escalas, andamios, cascos cuando se requiere, trajes para agua, pecheras de cuero, antiparas para soldar. Hay una bodega central en el liceo Balmaceda y allí están los elementos y son transportados al lugar donde se desempeñan sus funciones. Indica que los elementos están a disposición de todos los trabajadores. Que del tenor de las referidas probanzas, aparece que la demandada, en particular en el Liceo Balmaceda de la referida comuna, cuanta con una bodega con todos los elementos de seguridad para efectuar las labores menores que debía desarrollar el actor de acuerdo a su contrato de trabajo. Dable es indicar que en el libelo se menciona que el actor fue requerido para ejecutar labores pesadas, consistentes en la reparación de un portón metálico que había caído por fatiga de material, debiendo soldar al arco las piezas dañadas y dañadas, aun cuando él era gasfíter. Refiere que debió subirse a una escalera para soldar los extremos superiores del portón mencionado.

accidentes vigentes y en uso en el lugar de los accidentes materia de autos a la ocurrencia de los mismos, la demandada rindió prueba testimonial consistente en la declaración de Francisco Baltasar Gómez Beltrán. RUN 5.704.157-9, quien señaló que conoce al actor, pues era compañero de trabajo de él. Tenía un centro de operaciones en el Liceo Balmaceda, él era el maestro pintor, y en ocasiones le tocó realizar trabajos en altura. Explica que al hacer trabajos en altura, son 3 a 4 personas que elaboran el andamiaje, hay arneses y cascos, y si la altura no es tanta, se usan escaleras de diversos tamaños, había una escalera metálica de regular tamaño y otra más grande. Menciona que al realizar trabajos en altura, se les recomienda utilizar las herramientas mediante el encargado de seguridad, o por el jefe, siempre César Barahona, los obligaba a utilizar escaleras y les daba los implementos de seguridad. Agrega que los arneses y cascos se utilizan desde antes del accidente mismo, cada uno tenía sus equipos en su casillero. A cada uno se le entregaba los implementos de seguridad. Depuso además, Javier Ernesto Pavez del Río. RUN 11.335.469-0, quien señaló que trabaja en el Edificio Consistorial de la Municipalidad de Independencia, es presidente del Comité Paritario en su tercer periodo, siendo el representante de los trabajadores de la municipalidad. Menciona que su labor está referida a educación, salud, y el Edificio Consistorial, la labor que cumple es de informar, y reunirse con todos los comités paritarios de la municipalidad, agregando que permanentemente efectúan capacitaciones mediante la mutualidad que los representa, en las escuelas, consultorios, y todo el personal del edificio. Además, hacen visitas donde conocen los casos que hay, se hacen algunas investigaciones acerca de los accidentes, y se interviene en algunos casos en que la mutual haya rechazado el accidente. Indica que conoce los casos de hace 6 años, los de salud, algunos de educación y el del Edificio Consistorial. No sabe de un accidente laboral ocurrido a don Enrique Nispel Roco. Hizo las preguntas, y nadie conoce los hechos. Finalmente, depuso Sergio Alberto Olivos Alarcón. RUN 6.862.457-6, quien señaló que es el jefe administrativo del Departamento de Educación, y lo realiza desde el mes de febrero del año 1997. Indica que dentro de sus labores es tener contacto con ellos, al entrar al Departamento de Educación. Normalmente entrevista a los trabajadores, conversan de sus funciones futuras. Indica que recuerda al actor, estaba contratado por la municipalidad como maestro general, y conversó con él acerca de sus funciones, él tenía competencias por sobre otras, pero le indicaba que pertenecía a un equipo de trabajo, y había múltiples necesidades, y se apoyaban y organizaban. Refiere que el actor mostró condiciones específicas, trabajaba en piedra y cerámica, era su potencial. También trabajaba en gasfitería. Eso era algo positivo, pero fue contratado como maestro general, pues apoyaba en otro tipo de tareas. Hizo alusión a sus medidas de seguridad, y que normalmente los trabajos son de obras menores, de mantención, pues las obras mayores son licitadas a empresas constructoras, y se cuenta con material y elementos de seguridad para esas obras, y además, le mencionó que los trabajadores deben cuidarse. Agregó que el actor fue contratado como maestro general, y se desarrollaba como maestro ayudante. Menciona que en el Departamento de Educación hay solo un maestro específico, que es un maestro electricista, y ése es el único que tiene contrato específico, por la especificación que debe tener por la reglamentación legal. Finalmente señaló que el actor fue contratado como maestro general, y que normalmente los trabajos que efectuaba eran de obras menores, de mantención, y para esas obras, los elementos de seguridad, son guantes, escalas, andamios, cascos cuando se requiere, trajes para agua, pecheras de cuero, antiparas para soldar. Hay una bodega central en el liceo Balmaceda y allí están los elementos y son transportados al lugar donde se desempeñan sus funciones. Indica que los elementos están a disposición de todos los trabajadores. Que del tenor de las referidas probanzas, aparece que la demandada, en particular en el Liceo Balmaceda de la referida comuna, cuanta con una bodega con todos los elementos de seguridad para efectuar las labores menores que debía desarrollar el actor de acuerdo a su contrato de trabajo. Dable es indicar que en el libelo se menciona que el actor fue requerido para ejecutar labores pesadas, consistentes en la reparación de un portón metálico que había caído por fatiga de material, debiendo soldar al arco las piezas dañadas y dañadas, aun cuando él era gasfíter. Refiere que debió subirse a una escalera para soldar los extremos superiores del portón mencionado. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que de la prueba rendida, no aparece de manera alguna la dinámica de los hechos ni el requerimiento de trabajo señalado por el actor le fue solicitado por la demandada. De los dichos del testigo Olivos Alarcón, aparece que el actor fue contratado para efectuar labores de carácter menor en las dependencias educacionales, y ello se condice con lo referido con el testigo Martínez Fuentealba, que estaba llamado a trabajar para instalar un panel eléctrico. Que atendido lo anterior, no existe medio de prueba alguno que permita sustentar los dichos del actor, en cuanto a las labores a ejecutar. Que siguiendo con este análisis, entonces, debe analizarse si la demandada proporcionó los elementos de seguridad necesarios y eficaces para las labores para las que estaba llamado a trabajar el actor, arribando este juez a la conclusión que sí lo estaban, ya que se les proporcionaba de elementos como guantes, escaleras, y demás implementos eficaces para la complejidad de las labores llamadas a servir. De esta manera, este juez desecha la alegación planteada por la demandante de que la escalera no estaba en el lugar donde ejecutaba su labor, puesto que ésta se encontraba a disposición del actor, en el mismo recinto donde prestaba sus labores, y sólo era necesario acudir a buscar al lugar donde ese encontraba guardada para subirse a sacar un elemento que estaba sobre el panel eléctrico, por un olvido en sacar una herramienta que ellos mismos pusieron allí. De esta manera, este juez no oirá al actor al indicar que el accidente y sus secuelas son consecuencia inmediata y directa de la negligencia de la demandada, puesto que como quedó asentado precedentemente, el actor se subió al tacho de la basura por desear concluir su labor de manera más rápida, exponiéndose imprudentemente a un riesgo que no estaba, de haber aguardado a que su compañero de trabajo regresara con el elemento idóneo para subirse y alcanzar la referida herramienta. Que al respecto, el artículo 69 letra b) de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales dispone que cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: b) la víctima y las demás personas a quienes la enfermedad o accidente cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Que según dispone la referida norma, corresponde esclarecer si el accidente se debió a culpa o dolo de la entidad empleadora, elementos que el propio artículo 69 de la ley 16.744 hace concurrente para que la empleadora indemnice daño moral. Al respecto, el artículo 44 del Código Civil señala que: La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. De esta manera, aparece que la culpa a la que debe asimilarse la del empleador, conforme el artículo 69 de la ley Nº 16.744, es a la culpa leve, o la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Finalmente, el artículo 184 incisos primero y segundo del Código del Trabajo señala que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Que de la prueba rendida, no aparece de manera alguna la dinámica de los hechos ni el requerimiento de trabajo señalado por el actor le fue solicitado por la demandada. De los dichos del testigo Olivos Alarcón, aparece que el actor fue contratado para efectuar labores de carácter menor en las dependencias educacionales, y ello se condice con lo referido con el testigo Martínez Fuentealba, que estaba llamado a trabajar para instalar un panel eléctrico. Que atendido lo anterior, no existe medio de prueba alguno que permita sustentar los dichos del actor, en cuanto a las labores a ejecutar. Que siguiendo con este análisis, entonces, debe analizarse si la demandada proporcionó los elementos de seguridad necesarios y eficaces para las labores para las que estaba llamado a trabajar el actor, arribando este juez a la conclusión que sí lo estaban, ya que se les proporcionaba de elementos como guantes, escaleras, y demás implementos eficaces para la complejidad de las labores llamadas a servir. De esta manera, este juez desecha la alegación planteada por la demandante de que la escalera no estaba en el lugar donde ejecutaba su labor, puesto que ésta se encontraba a disposición del actor, en el mismo recinto donde prestaba sus labores, y sólo era necesario acudir a buscar al lugar donde ese encontraba guardada para subirse a sacar un elemento que estaba sobre el panel eléctrico, por un olvido en sacar una herramienta que ellos mismos pusieron allí. De esta manera, este juez no oirá al actor al indicar que el accidente y sus secuelas son consecuencia inmediata y directa de la negligencia de la demandada, puesto que como quedó asentado precedentemente, el actor se subió al tacho de la basura por desear concluir su labor de manera más rápida, exponiéndose imprudentemente a un riesgo que no estaba, de haber aguardado a que su compañero de trabajo regresara con el elemento idóneo para subirse y alcanzar la referida herramienta. Que al respecto, el artículo 69 letra b) de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales dispone que cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: b) la víctima y las demás personas a quienes la enfermedad o accidente cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Que según dispone la referida norma, corresponde esclarecer si el accidente se debió a culpa o dolo de la entidad empleadora, elementos que el propio artículo 69 de la ley 16.744 hace concurrente para que la empleadora indemnice daño moral. Al respecto, el artículo 44 del Código Civil señala que: La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. De esta manera, aparece que la culpa a la que debe asimilarse la del empleador, conforme el artículo 69 de la ley Nº 16.744, es a la culpa leve, o la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Finalmente, el artículo 184 incisos primero y segundo del Código del Trabajo señala que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Que atendido lo anterior, y analizada la prueba rendida y la dinámica del accidente, aparece que la empleadora tomó todas las medidas necesarias para evitar que un hecho como el ocurrido el día 25 de octubre del año 2005, llegase a suceder, dándole los elementos de seguridad, según han referido los testigos que han depuesto en audiencia, dándole instrucción acerca de su labor al momento de ser contratados, por lo que no se aprecia por este sentenciador el dolo o la culpa que haga responsable a la municipalidad del accidente ocurrido el día 25 de octubre del año 2005. Con relación al accidente ocurrido el día 29 de diciembre del año 2006, atendido los mismos argumentos, no se aprecia el dolo ni la culpa de la municipalidad en el hecho que corriendo unos fierros, el actor se haya efectuado una herida simple en el dedo índice de la mano derecha, ya que si antes se expuso a un riego innecesario, al subirse de manera soberana a un tarro de la basura para alcanzar cierta altura, no existe argumento alguno para desvirtuar que en esta oportunidad, no haya utilizado los elementos de seguridad necesarios para mover fierros, como el uso de guantes. Finalmente, en lo relativo a las consecuencias posteriores que se mencionan por la demandante habrían ocurrido a consecuencia del accidente, atendida la prueba rendida, y principalmente la convención probatoria que señala que desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha el demandante ha hecho uso de licencia médica por enfermedad común, aparece que las mismas no pueden vincularse con el referido accidente, ya que la propia prueba documental de la demandante ha sostenido que de ambos accidentes se obtuvo su alta, y por ende, no pueden vincularse con los mismos. Por ello, aparece que el empleador no tiene responsabilidad en las referidas consecuencias, y por ende, nada debe indemnizar por este concepto. NOVENO: Prueba desestimada. Que no fue considerada por este tribunal la prueba documental de la demandante consistente en 9 fichas de trabajo de fechas marzo de 2006, abril de 2006, y junio de 2006, por cuanto no hay controversia acerca de que el actor se desempeña para la demandada, y lo hace principalmente en el Departamento de Educación. Tampoco se consideró la factura de venta de servicios, por no tener relación con los hechos sobre los que versa esta causa. Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 184, 446 y siguientes, 454, 456, 457 y 459 del Código del Trabajo; 44 y 2329 del Código Civil; 7, 69 y 79 de la ley Nº 16.744, SE DECLARA: I. Que se rechaza la demanda interpuesta por don Enrique Alfonso Nispel Roco en contra de su empleadora Ilustre Municipalidad de Independencia, representada por don Antonio Alejandro Garrido Mardones, por estimar que el accidente sufrido, si bien tiene la calidad de accidente del trabajo, no da derecho a que la demandada deba indemnizar los conceptos de lucro cesante y daño moral. II. Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del Trabajo y, atendido lo señalado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se exime a la demandante del pago de las costas de la causa, por cuanto tratándose principalmente el asunto de un debate de carácter jurídico, aparece que tuvo motivo plausible para litigar. III. Devuélvanse los documentos acompañados, previo registro. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT: O-1311-2010 RUC: 10 4 0026402 9. Dictada por don Ramón Danilo Barría Cárcamo, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Que atendido lo anterior, y analizada la prueba rendida y la dinámica del accidente, aparece que la empleadora tomó todas las medidas necesarias para evitar que un hecho como el ocurrido el día 25 de octubre del año 2005, llegase a suceder, dándole los elementos de seguridad, según han referido los testigos que han depuesto en audiencia, dándole instrucción acerca de su labor al momento de ser contratados, por lo que no se aprecia por este sentenciador el dolo o la culpa que haga responsable a la municipalidad del accidente ocurrido el día 25 de octubre del año 2005. Con relación al accidente ocurrido el día 29 de diciembre del año 2006, atendido los mismos argumentos, no se aprecia el dolo ni la culpa de la municipalidad en el hecho que corriendo unos fierros, el actor se haya efectuado una herida simple en el dedo índice de la mano derecha, ya que si antes se expuso a un riego innecesario, al subirse de manera soberana a un tarro de la basura para alcanzar cierta altura, no existe argumento alguno para desvirtuar que en esta oportunidad, no haya utilizado los elementos de seguridad necesarios para mover fierros, como el uso de guantes. Finalmente, en lo relativo a las consecuencias posteriores que se mencionan por la demandante habrían ocurrido a consecuencia del accidente, atendida la prueba rendida, y principalmente la convención probatoria que señala que desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha el demandante ha hecho uso de licencia médica por enfermedad común, aparece que las mismas no pueden vincularse con el referido accidente, ya que la propia prueba documental de la demandante ha sostenido que de ambos accidentes se obtuvo su alta, y por ende, no pueden vincularse con los mismos. Por ello, aparece que el empleador no tiene responsabilidad en las referidas consecuencias, y por ende, nada debe indemnizar por este concepto. NOVENO: Prueba desestimada. Que no fue considerada por este tribunal la prueba documental de la demandante consistente en 9 fichas de trabajo de fechas marzo de 2006, abril de 2006, y junio de 2006, por cuanto no hay controversia acerca de que el actor se desempeña para la demandada, y lo hace principalmente en el Departamento de Educación. Tampoco se consideró la factura de venta de servicios, por no tener relación con los hechos sobre los que versa esta causa. Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 184, 446 y siguientes, 454, 456, 457 y 459 del Código del Trabajo; 44 y 2329 del Código Civil; 7, 69 y 79 de la ley Nº 16.744, SE DECLARA: I. Que se rechaza la demanda interpuesta por don Enrique Alfonso Nispel Roco en contra de su empleadora Ilustre Municipalidad de Independencia, representada por don Antonio Alejandro Garrido Mardones, por estimar que el accidente sufrido, si bien tiene la calidad de accidente del trabajo, no da derecho a que la demandada deba indemnizar los conceptos de lucro cesante y daño moral. II. Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del Trabajo y, atendido lo señalado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se exime a la demandante del pago de las costas de la causa, por cuanto tratándose principalmente el asunto de un debate de carácter jurídico, aparece que tuvo motivo plausible para litigar. III. Devuélvanse los documentos acompañados, previo registro. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT: O-1311-2010 RUC: 10 4 0026402 9. Dictada por don Ramón Danilo Barría Cárcamo, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diez. VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 22 de Junio de 2010, compareció don César David Cueto Sepúlveda, domiciliado en avenida Vicuña Mackenna N° 207, segundo piso, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de la empresa Tehmco Tuberías de Polietileno Convencional Ltda., sociedad del giro de su denominación, representada por don Patricio Olivares Cooper, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Renca N° 2210, Comuna de Renca. Funda su acción en que con fecha 14 de mayo de 2007, ingresó a prestar servicios para la demandada, como operario de producción, suscribiéndose un contrato a plazo fijo que luego se transformó en indefinido, añadiendo que el 29 de septiembre de 2009, realizaba su trabajo que consistía en reducir mallas, por lo que fue a buscar un rollo de mallas, de los más pequeños, de alrededor de 30 kilos, y al agacharse y tomarlo, le dio una puntada en la espalda que lo dejó en una posición muy incómoda botado en el suelo con un dolor terrible, lo que ocurrió aproximadamente a las 22:15 horas, llegando la ambulancia de la Asociación Chilena de la Seguridad AChS, que lo trasladó al Hospital del Trabajador de Santiago, diagnosticándosele una hernia núcleo pulposa a nivel de L5 S1 posterior lateral izquierda, siendo operado el 21 de noviembre de 2009 y continuando con terapias, etapa que concluyó el 28 de enero de 2010, presentándose a trabajar, lo que sólo pudo hacer por dos días, debido a los insoportables dolores que sufría, que le impedían de manera absoluta realizar trabajos, volviendo a la AChS el 1 de abril de 2010, cuando se detectó una nueva hernia en la misma zona, ingresando a cirugía el 29 de abril de 2010, y reanudando la terapia recuperativa. Refiere que el accidente se produjo mientras desempeñaba labores para la empresa, en horario de trabajo, constituyendo por tanto, un accidente de trabajo de conformidad al artículo 5° de la ley Nº 16.744, accidentes que siempre tienen causas bien concretas y predecibles, y posibles de identificar, siendo la empresa responsable del accidente y de las lesiones que sufrió a consecuencia de éste, porque no había tomado las medidas de seguridad eficaces y necesarias para prevenir los riesgos de accidentes laborales como el relatado, ya que sus superiores, al ordenarle trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas, lo expusieron a una condición insegura, haciendo presente el deber de cuidado que recae sobre el empleador, de acuerdo a las normas y jurisprudencia que cita al efecto, lo que significa que la demandada debe indemnizarle el daño que le ha causado, daños que consisten en el daño moral producto de los dolores sufridos y del modo en que el accidente ha transformado su vida, limitando de modo importante las actividades que puede realizar, daño que avalúa en la suma de $ 80.000.000, y lucro cesante, determinado por el grado de incapacidad que tendrá en el futuro, la que se seguro se irá incrementando en el tiempo, y que está constituido por lo que dejará de recibir mensualmente por concepto de remuneración, por lo que demanda la suma de $ 89.280.000. Por lo que solicita se acoja la demanda, condenando a la demandada a pagar las sumas ya indicadas, con reajustes, intereses y costas. SEGUNDO: Que la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas, señalando que efectivamente el actor ingresó a prestar servicios en calidad de operario en la fecha que indica, siendo cierto además que el día 29 de septiembre de 2009, en el desempeño de sus funciones se agacha a tomar un rollo de mala, de los pequeños, de 30 kilos, y se accidenta, sin embargo, la parte omite señalar que el actor se agachó en mala posición, y que el supervisor constantemente les indica el modo correcto de levantar peso, siendo por lo demás, el peso levantado por el actor en este caso, muy inferior al máximo legal, sin que exista ningún incumplimiento de parte del empleador que justifique la demanda, al deberse el accidente a un actuar negligente del actor o a caso fortuito, puesto que su parte ha cumplido con el deber de seguridad, encontrándose al momento del accidente en

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1766-2010 Cita online: CL/JUR/15544/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1766-2010 Cita online: CL/JUR/15544/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diez. VISTOS: PRIMERO: Que con fecha 22 de Junio de 2010, compareció don César David Cueto Sepúlveda, domiciliado en avenida Vicuña Mackenna N° 207, segundo piso, comuna de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de la empresa Tehmco Tuberías de Polietileno Convencional Ltda., sociedad del giro de su denominación, representada por don Patricio Olivares Cooper, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Renca N° 2210, Comuna de Renca. Funda su acción en que con fecha 14 de mayo de 2007, ingresó a prestar servicios para la demandada, como operario de producción, suscribiéndose un contrato a plazo fijo que luego se transformó en indefinido, añadiendo que el 29 de septiembre de 2009, realizaba su trabajo que consistía en reducir mallas, por lo que fue a buscar un rollo de mallas, de los más pequeños, de alrededor de 30 kilos, y al agacharse y tomarlo, le dio una puntada en la espalda que lo dejó en una posición muy incómoda botado en el suelo con un dolor terrible, lo que ocurrió aproximadamente a las 22:15 horas, llegando la ambulancia de la Asociación Chilena de la Seguridad AChS, que lo trasladó al Hospital del Trabajador de Santiago, diagnosticándosele una hernia núcleo pulposa a nivel de L5 S1 posterior lateral izquierda, siendo operado el 21 de noviembre de 2009 y continuando con terapias, etapa que concluyó el 28 de enero de 2010, presentándose a trabajar, lo que sólo pudo hacer por dos días, debido a los insoportables dolores que sufría, que le impedían de manera absoluta realizar trabajos, volviendo a la AChS el 1 de abril de 2010, cuando se detectó una nueva hernia en la misma zona, ingresando a cirugía el 29 de abril de 2010, y reanudando la terapia recuperativa. Refiere que el accidente se produjo mientras desempeñaba labores para la empresa, en horario de trabajo, constituyendo por tanto, un accidente de trabajo de conformidad al artículo 5° de la ley Nº 16.744, accidentes que siempre tienen causas bien concretas y predecibles, y posibles de identificar, siendo la empresa responsable del accidente y de las lesiones que sufrió a consecuencia de éste, porque no había tomado las medidas de seguridad eficaces y necesarias para prevenir los riesgos de accidentes laborales como el relatado, ya que sus superiores, al ordenarle trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas, lo expusieron a una condición insegura, haciendo presente el deber de cuidado que recae sobre el empleador, de acuerdo a las normas y jurisprudencia que cita al efecto, lo que significa que la demandada debe indemnizarle el daño que le ha causado, daños que consisten en el daño moral producto de los dolores sufridos y del modo en que el accidente ha transformado su vida, limitando de modo importante las actividades que puede realizar, daño que avalúa en la suma de $ 80.000.000, y lucro cesante, determinado por el grado de incapacidad que tendrá en el futuro, la que se seguro se irá incrementando en el tiempo, y que está constituido por lo que dejará de recibir mensualmente por concepto de remuneración, por lo que demanda la suma de $ 89.280.000. Por lo que solicita se acoja la demanda, condenando a la demandada a pagar las sumas ya indicadas, con reajustes, intereses y costas. SEGUNDO: Que la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas, señalando que efectivamente el actor ingresó a prestar servicios en calidad de operario en la fecha que indica, siendo cierto además que el día 29 de septiembre de 2009, en el desempeño de sus funciones se agacha a tomar un rollo de mala, de los pequeños, de 30 kilos, y se accidenta, sin embargo, la parte omite señalar que el actor se agachó en mala posición, y que el supervisor constantemente les indica el modo correcto de levantar peso, siendo por lo demás, el peso levantado por el actor en este caso, muy inferior al máximo legal, sin que exista ningún incumplimiento de parte del empleador que justifique la demanda, al deberse el accidente a un actuar negligente del actor o a caso fortuito, puesto que su parte ha cumplido con el deber de seguridad, encontrándose al momento del accidente en

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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la faena, el prevencionista de riesgos don Roberto Parra Roble, quien llamó a la ambulancia de la Mutual de Seguridad, sin ser relevante para esta demanda, si el actor portaba casco, guantes u otros elementos de seguridad, añadiendo que con fecha 6 de agosto de 2010, la Asociación Chilena de Seguridad certificó que el actor se presentó al servicio médico el 29 de Septiembre de 2009, siendo dado de alta con seguimiento el 29 de enero de 2010, y pudiendo reintegrarse a sus labores a contar del 30 de enero de 2010, lo que denota que el accidente no fue tan grave como el actor pretende, razón por la cual continúa laborando en la empresa, pero, en una sección en que no levanta peso, por lo que no procede el pago del daño moral demandado, más aún habiéndose expuesto el actor imprudentemente al daño, sin que proceda tampoco el pago de lucro cesante, atendido además, que no hay certeza respecto a su determinación. TERCERO: Que con fecha 13 de agosto de 2010 se celebró audiencia preparatoria, durante la cual se efectuó sin éxito el llamado a conciliación, fijando el Tribunal los hechos respecto de los cuales debía recaer la prueba, y ofreciendo las partes las probanzas que fueron efectivamente incorporadas en la audiencia de juicio celebrada el día 15 de septiembre de 2010, probanzas cuyo contenido consta en el respectivo registro de audio, las que fueron observadas por las partes, quedando los autos en estado de fallo, y citándose a las partes, para el día 24 de septiembre de 2010 a las 16.00 horas, a fin de notificarse de la presente sentencia. CUARTO: Que atendido lo expuesto por las partes en sus libelos de demanda y contestación, se tuvieron como hechos pacíficos los siguientes: la existencia de la relación laboral, que el día 29 de septiembre de 2009, en circunstancias que el actor ejecutaba sus laboras habituales, recogió un rollo de mallas de alrededor de 30 kilos de peso y que producto de esa acción fue atendido en la Asociación Chilena de Seguridad, que al momento de verificarse el accidente el demandante percibía la suma de $ 240.000 como remuneración; en tanto, que se fijaron como hechos a probar los siguientes: forma y circunstancias en que ocurre el accidente del trabajo, medidas de protección y prevención adoptadas por la empleadora, conforme a las normas legales y reglamentarias, entidad de la lesión, tratamiento y secuelas, y si estas han sido causada por el episodio del día 29 de septiembre de 2009, así como el grado de incapacidad, la efectividad de continuar, el actor, prestando servicios a la parte demandada y de encontrarse de alta, además del perjuicio moral originado en el accidente del día 29 de septiembre de 2009. QUINTO: Que a fin de acreditar o desvirtuar, respectivamente dichos hechos, las partes rindieron las siguientes probanzas: a) La parte demandante incorporó: i. Contrato de trabajo suscrito entre las partes de fecha 14 de mayo de 2007, que ratifica la fecha de inicio de la relación laboral y las funciones que debía prestar el actor, correspondientes a operario de producción, documento en que se deja constancia que el actor recibe tanto copia del Reglamento Interno de la empresa, como del reglamento de la ley Nº 16.744. ii. Informe médico N° 478.05.10, de fecha 31 de mayo de 2010, emitido por Hospital AChS, en que se indica que los diagnósticos del actor son Lumbociática Izquierda y Hernia del Núcleo Pulposo L5 S1, Operada Recidivada, añadiendo que el cuadro de dolor se inició luego de levantar el actor peso de aproximadamente 30 kilos, lo que evolucionó con irradiación a la extremidad inferior izquierda, señalando los tratamientos realizados, y que el actor, tras haber sido dado de alta y haber referido continuar con molestias, se encuentra a la fecha aún en reposo, con terapia física a cargo del Equipo de Columna del Hospital. iii. Informe médico 420.02.10, de fecha 25 de febrero de 2010, emitido por el Hospital del Trabajador, que da cuenta de haberse dispuesto al alta del actor el 28 de enero de 2010, indicando como diagnóstico Síndrome Dolor Lumbociático Izquierdo por Hernia Núcleo Pulposo L5 S1 Postero Lateral Izquierda. iv. Certificado de atención en el centro de atención ambulatoria de fecha 1 de abril de 2010, emitido por el Hospital del Trabajador. v. Carné de control ambulatorio del Centro de Atención Ambulatoria del Hospital del Trabajador, de fecha 10 de agosto de 2010, que indica los próximos controles del actor, y los medicamentos que consumía a la fecha, además de referir otros cuyas recetas se encontraban por despachar.

la faena, el prevencionista de riesgos don Roberto Parra Roble, quien llamó a la ambulancia de la Mutual de Seguridad, sin ser relevante para esta demanda, si el actor portaba casco, guantes u otros elementos de seguridad, añadiendo que con fecha 6 de agosto de 2010, la Asociación Chilena de Seguridad certificó que el actor se presentó al servicio médico el 29 de Septiembre de 2009, siendo dado de alta con seguimiento el 29 de enero de 2010, y pudiendo reintegrarse a sus labores a contar del 30 de enero de 2010, lo que denota que el accidente no fue tan grave como el actor pretende, razón por la cual continúa laborando en la empresa, pero, en una sección en que no levanta peso, por lo que no procede el pago del daño moral demandado, más aún habiéndose expuesto el actor imprudentemente al daño, sin que proceda tampoco el pago de lucro cesante, atendido además, que no hay certeza respecto a su determinación. TERCERO: Que con fecha 13 de agosto de 2010 se celebró audiencia preparatoria, durante la cual se efectuó sin éxito el llamado a conciliación, fijando el Tribunal los hechos respecto de los cuales debía recaer la prueba, y ofreciendo las partes las probanzas que fueron efectivamente incorporadas en la audiencia de juicio celebrada el día 15 de septiembre de 2010, probanzas cuyo contenido consta en el respectivo registro de audio, las que fueron observadas por las partes, quedando los autos en estado de fallo, y citándose a las partes, para el día 24 de septiembre de 2010 a las 16.00 horas, a fin de notificarse de la presente sentencia. CUARTO: Que atendido lo expuesto por las partes en sus libelos de demanda y contestación, se tuvieron como hechos pacíficos los siguientes: la existencia de la relación laboral, que el día 29 de septiembre de 2009, en circunstancias que el actor ejecutaba sus laboras habituales, recogió un rollo de mallas de alrededor de 30 kilos de peso y que producto de esa acción fue atendido en la Asociación Chilena de Seguridad, que al momento de verificarse el accidente el demandante percibía la suma de $ 240.000 como remuneración; en tanto, que se fijaron como hechos a probar los siguientes: forma y circunstancias en que ocurre el accidente del trabajo, medidas de protección y prevención adoptadas por la empleadora, conforme a las normas legales y reglamentarias, entidad de la lesión, tratamiento y secuelas, y si estas han sido causada por el episodio del día 29 de septiembre de 2009, así como el grado de incapacidad, la efectividad de continuar, el actor, prestando servicios a la parte demandada y de encontrarse de alta, además del perjuicio moral originado en el accidente del día 29 de septiembre de 2009. QUINTO: Que a fin de acreditar o desvirtuar, respectivamente dichos hechos, las partes rindieron las siguientes probanzas: a) La parte demandante incorporó: i. Contrato de trabajo suscrito entre las partes de fecha 14 de mayo de 2007, que ratifica la fecha de inicio de la relación laboral y las funciones que debía prestar el actor, correspondientes a operario de producción, documento en que se deja constancia que el actor recibe tanto copia del Reglamento Interno de la empresa, como del reglamento de la ley Nº 16.744. ii. Informe médico N° 478.05.10, de fecha 31 de mayo de 2010, emitido por Hospital AChS, en que se indica que los diagnósticos del actor son Lumbociática Izquierda y Hernia del Núcleo Pulposo L5 S1, Operada Recidivada, añadiendo que el cuadro de dolor se inició luego de levantar el actor peso de aproximadamente 30 kilos, lo que evolucionó con irradiación a la extremidad inferior izquierda, señalando los tratamientos realizados, y que el actor, tras haber sido dado de alta y haber referido continuar con molestias, se encuentra a la fecha aún en reposo, con terapia física a cargo del Equipo de Columna del Hospital. iii. Informe médico 420.02.10, de fecha 25 de febrero de 2010, emitido por el Hospital del Trabajador, que da cuenta de haberse dispuesto al alta del actor el 28 de enero de 2010, indicando como diagnóstico Síndrome Dolor Lumbociático Izquierdo por Hernia Núcleo Pulposo L5 S1 Postero Lateral Izquierda. iv. Certificado de atención en el centro de atención ambulatoria de fecha 1 de abril de 2010, emitido por el Hospital del Trabajador. v. Carné de control ambulatorio del Centro de Atención Ambulatoria del Hospital del Trabajador, de fecha 10 de agosto de 2010, que indica los próximos controles del actor, y los medicamentos que consumía a la fecha, además de referir otros cuyas recetas se encontraban por despachar. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

vi. Set de 4 fotografías que contienen rollos metálicos y plásticos, correspondientes a los que fabrica la demandada. vii. Oficio, remitido a solicitud del actor, por el Hospital del Trabajador de Santiago, con fecha 3 de septiembre de 2010, que contiene el informe médico N° 501.08.10, que señala que actualmente el actor se encuentra en reposo por traumatología, en tratamiento con antidepresivo y ansiolítico nocturno, además de psicoterapia, con evolución variable según la intensidad de los dolores y la repercusión en su vida diaria, señalando como diagnósticos: Trastorno Depresivo Mayor Moderado y Hernia del Núcleo Pulposo L5 S1, Operada 21.09.2009 y Recidivada. viii. la parte solicitó confesional de la contraria, sin que la persona citada compareciese, por lo que, no habiendo justificado suficientemente su ausencia, se hizo efectivo el apercibimiento legal, en orden a presumir como efectivas sus respuestas en relación a los hechos objeto de prueba. ix. Además prestaron declaración, como testigos de la parte las siguientes personas: don Luis Núñez, don Juan Garrido, doña Edith Cueto y doña Doris Arias, siendo el primero compañero de trabajo del actor, quien estaba presente al momento del accidente y afirma que se le ordenó levantar un rollo muy grande, lo que le causó dolor, llegando él al lugar cuando el actor ya estaba en el suelo, por lo que otro miembro del Comité Paritario, cuyo presidente era el testigo, llamó a la ambulancia, añadiendo que para levantar pesos de más de 25 kilos, se requiere faja de seguridad, la que en la empresa sólo era utilizada en el sector de materia prima, y que después del accidente se decidió que los rollos fuesen movidos con grúas, exhibiéndosele las fotografías de los rollos, los que identifica como aquellos en que el actor trabajaba en el momento del accidente, los que pesan alrededor de 80 kilos de peso, existiendo otros tres o cuatro tipos de rollos de otros pesos, por último indica que el actor sigue trabajando en la empresa; luego el segundo testigo, refiere que es vecino del actor y que trabajó en la empresa, por lo que sabe que los rollos que se manipulaban pesaban alrededor de 180 kilos, siendo los que constan en las fotografías que se le exhiben, y añadiendo que sólo una vez se le entregó faja de seguridad, la que le duró alrededor de dos meses, refiriéndose además a la situación anímica y a la vida actual del actor; en tanto que las últimas dos testigos son la hermana y cónyuge del actor, quienes deponen respecto al tratamiento que ha debido seguir el actor y el modo en que el accidente ha afectado su vida y sus relaciones de familia. b) En tanto que la parte demandada incorporó: i. Copia de un certificado de alta emitido por Hospital del Trabajador de Santiago, de fecha 6 de agosto de 2010, en que se indica que se dio el alta al actor el 29 de enero de 2010, pudiendo reincorporarse a su trabajo el 30 de enero de 2010. ii. Consulta de atenciones médicas recibidas por el actor en el Hospital del Trabajador, desde el 1 de octubre de 2009 y hasta el 3 de agosto de 2010, que da cuenta de un alto número de atenciones ambulatorias y de una hospitalización el día 21 de noviembre de 2009, la que aparentemente se habría extendido sólo pro ese día, y luego otra el día 6 de abril de 2010, señalándose como circunstancias del accidente, que el operario al levantar objetos pesados refiere fuerte dolor lumbar. iii. Carta de fecha 3 de agosto de 2010, remitida por el Departamento de Prevención de Riesgos de la demandada al Gerente de Recursos Humanos, referente al reintegro progresivo del actor, en que se indica que se encuentra aprobado que el actor realice labores menores en una jornada laboral de 4 horas, de lunes a viernes, en las labores que ahí se indica. iv. Copia de carta de fecha 3 de agosto de 2010, remitida por el Hospital del Trabajador a la Gerencia de la demandada, en que se solicita el reintegro del actor a sus labores, debiendo asumir paulatinamente tareas del cargo, con supresión temporal de manipulación manual de cargas superiores a 7 kilos, en jornada de 4 horas, de lunes a viernes, la que aumentará según tolerancia. v. Copia de reglamento interno de orden higiene y seguridad de la demandada, con la copia del comprobante de entrega al actor, con fecha de recepción 16 de mayo de 2007. v. La parte solicitó se oficiara al Hospital del Trabajador, remitiendo éste el informe ya señalado. vi. La parte solicitó la confesión del actor, quien explicó que en el desempeño de sus labores debía sacar de la máquina que los fabrica rollos grandes de 180 kilos y reducir rollos chicos, y que el accidente se produce luego de que deja un rollo de los grandes y vuelve a tomar un rollo chico para reducir, relatando además cómo se ha desarrollado su tratamiento y cuál es su situación actual.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

vi. Set de 4 fotografías que contienen rollos metálicos y plásticos, correspondientes a los que fabrica la demandada. vii. Oficio, remitido a solicitud del actor, por el Hospital del Trabajador de Santiago, con fecha 3 de septiembre de 2010, que contiene el informe médico N° 501.08.10, que señala que actualmente el actor se encuentra en reposo por traumatología, en tratamiento con antidepresivo y ansiolítico nocturno, además de psicoterapia, con evolución variable según la intensidad de los dolores y la repercusión en su vida diaria, señalando como diagnósticos: Trastorno Depresivo Mayor Moderado y Hernia del Núcleo Pulposo L5 S1, Operada 21.09.2009 y Recidivada. viii. la parte solicitó confesional de la contraria, sin que la persona citada compareciese, por lo que, no habiendo justificado suficientemente su ausencia, se hizo efectivo el apercibimiento legal, en orden a presumir como efectivas sus respuestas en relación a los hechos objeto de prueba. ix. Además prestaron declaración, como testigos de la parte las siguientes personas: don Luis Núñez, don Juan Garrido, doña Edith Cueto y doña Doris Arias, siendo el primero compañero de trabajo del actor, quien estaba presente al momento del accidente y afirma que se le ordenó levantar un rollo muy grande, lo que le causó dolor, llegando él al lugar cuando el actor ya estaba en el suelo, por lo que otro miembro del Comité Paritario, cuyo presidente era el testigo, llamó a la ambulancia, añadiendo que para levantar pesos de más de 25 kilos, se requiere faja de seguridad, la que en la empresa sólo era utilizada en el sector de materia prima, y que después del accidente se decidió que los rollos fuesen movidos con grúas, exhibiéndosele las fotografías de los rollos, los que identifica como aquellos en que el actor trabajaba en el momento del accidente, los que pesan alrededor de 80 kilos de peso, existiendo otros tres o cuatro tipos de rollos de otros pesos, por último indica que el actor sigue trabajando en la empresa; luego el segundo testigo, refiere que es vecino del actor y que trabajó en la empresa, por lo que sabe que los rollos que se manipulaban pesaban alrededor de 180 kilos, siendo los que constan en las fotografías que se le exhiben, y añadiendo que sólo una vez se le entregó faja de seguridad, la que le duró alrededor de dos meses, refiriéndose además a la situación anímica y a la vida actual del actor; en tanto que las últimas dos testigos son la hermana y cónyuge del actor, quienes deponen respecto al tratamiento que ha debido seguir el actor y el modo en que el accidente ha afectado su vida y sus relaciones de familia. b) En tanto que la parte demandada incorporó: i. Copia de un certificado de alta emitido por Hospital del Trabajador de Santiago, de fecha 6 de agosto de 2010, en que se indica que se dio el alta al actor el 29 de enero de 2010, pudiendo reincorporarse a su trabajo el 30 de enero de 2010. ii. Consulta de atenciones médicas recibidas por el actor en el Hospital del Trabajador, desde el 1 de octubre de 2009 y hasta el 3 de agosto de 2010, que da cuenta de un alto número de atenciones ambulatorias y de una hospitalización el día 21 de noviembre de 2009, la que aparentemente se habría extendido sólo pro ese día, y luego otra el día 6 de abril de 2010, señalándose como circunstancias del accidente, que el operario al levantar objetos pesados refiere fuerte dolor lumbar. iii. Carta de fecha 3 de agosto de 2010, remitida por el Departamento de Prevención de Riesgos de la demandada al Gerente de Recursos Humanos, referente al reintegro progresivo del actor, en que se indica que se encuentra aprobado que el actor realice labores menores en una jornada laboral de 4 horas, de lunes a viernes, en las labores que ahí se indica. iv. Copia de carta de fecha 3 de agosto de 2010, remitida por el Hospital del Trabajador a la Gerencia de la demandada, en que se solicita el reintegro del actor a sus labores, debiendo asumir paulatinamente tareas del cargo, con supresión temporal de manipulación manual de cargas superiores a 7 kilos, en jornada de 4 horas, de lunes a viernes, la que aumentará según tolerancia. v. Copia de reglamento interno de orden higiene y seguridad de la demandada, con la copia del comprobante de entrega al actor, con fecha de recepción 16 de mayo de 2007. v. La parte solicitó se oficiara al Hospital del Trabajador, remitiendo éste el informe ya señalado. vi. La parte solicitó la confesión del actor, quien explicó que en el desempeño de sus labores debía sacar de la máquina que los fabrica rollos grandes de 180 kilos y reducir rollos chicos, y que el accidente se produce luego de que deja un rollo de los grandes y vuelve a tomar un rollo chico para reducir, relatando además cómo se ha desarrollado su tratamiento y cuál es su situación actual.

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vii. Declaración prestada por los testigos Felipe Yáñez y Benjamín Carrasco, respectivamente Gerente de recursos Humanos e Ingeniero en Prevención de Riesgos Corporativo de la demandada, quienes refieren que luego de la investigación que se realizó en la empresa, se determinó que el accidente se había producido al levantar el actor un rollo de malla de 13 kilos, que correspondería al rollo verde que se ve en una de las fotografías exhibidas por la contraparte, añadiendo el primero que la empresa se ha preocupado de que el peso levantado no sea más que el legal, efectuando la inducción respectiva a los trabajadores y entregando los elementos de seguridad, esto es, zapatos, guante, casco y antiparras, sin que se haya sancionado a la empresa por estos hechos y habiéndose reincorporado el actor, explicando que los rollos más grandes que se ven en las fotografías son movidos por grúas; mientras que el segundo testigo reiteró que el actor contaba con zapatos de seguridad y ropa de trabajo, que la empresa cumple con las medidas de seguridad previstas en la ley y reglamentos, que el lumbago es una lesión recurrente, lo que hace difícil detectar su origen, y que el actor actualmente se encuentra en un proceso de reintegro progresivo y que efectivamente después del accidente del actor se han adoptado ciertas medidas en relación al trabajo con los rollos, tendientes principalmente a automatizar los procesos, medidas que no obstante se están realizando a nivel de empresa, por lo que no dirían directa relación con el accidente. SEXTO: Que así las cosas, siendo un hecho no discutido que el actor sufrió el día 29 de septiembre de 2009 un accidente, el que fue calificado como accidente del trabajo, habiendo recibido el actor las prestaciones médicas y pecuniarias previstas en la ley Nº 16.744, accidente que según se desprende de la prueba ya reseñada le ha significado seguir un tratamiento médico durante meses, habiéndose reincorporado sólo recientemente y en forma progresiva a la empresa, en funciones distintas a las desarrolladas antes del accidente, el que le ha traído además una serie de dificultades en su vida diaria al limitar su capacidad de movimiento y causarle intensos dolores, lo que además ha afectado su vida familiar, correspondiendo atendido lo previsto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744, analizar si la empresa demandada ha incurrido en algún incumplimiento contractual que permita calificarla de responsable de este accidente, y que haga nacer su obligación de indemnizar al trabajador. SÉPTIMO: Que respecto a dicho eventual incumplimiento, cabe hacer presente que la demandante en su libelo no le imputa ningún incumplimiento concreto a la demandada, limitándose a esgrimir el deber de seguridad que tiene la empresa respecto al actor, en mérito de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo y demás normas legales y reglamentarias que cita, señalando al efecto que mis superiores, al ordenarle trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas, me expusieron a una condición insegura, pero, sin explicar por qué las condiciones de seguridad serían defectuosas, cuáles eran las medidas de seguridad que no se le otorgaron o cómo se habría producido la inseguridad que denuncia, siendo además un hecho no controvertido que, de acuerdo al relato del propio actor, el accidente se produjo cuando éste levantaba un rollo de 30 kilos de peso, peso que se encuentra por debajo del límite máximo previsto en el artículo 211 H del Código del Trabajo. Que ha sido luego, durante la incorporación de la prueba, que la parte demandante ha pretendido acreditar que el accidente se debió no a acto aislado de levantar un rollo de 30 kilos de peso, como refiere en su libelo, sino que a la labor que desarrollaba el actor, que le significaba levantar y mover constantemente rollo de 80 kilos de peso, añadiendo también a través de la testimonial y de la declaración prestada por el propio actor, que el modo en que la demandada habría incumplido su deber de seguridad, sería mediante la falta de entrega de faja de seguridad a los trabajadores que laboran en la bodega con los citados rollos, entre ellos el actor. OCTAVO: Que de este modo, claramente en la especie se produce una grave diferencia entre el relato que efectúa el actor en el libelo y el relato que luego pretende construir mediante su prueba, debiendo privilegiar el Tribunal el relato contenido en el libelo, ya que lo contrario significaría atentar gravemente contra las posibilidades de defensa de la demandada, parte que contestó la demanda y ofreció prueba a fin de controvertir el relato contenido en la demanda y no aquel construido con posterioridad, por lo que el Tribunal no considerará para estos efectos la prueba rendida por el actor a fin de acreditar que el accidente se debió a levantar rollos de 80 o más kilos, por resultar ello contradictorio con su propio relato de los hechos, y con el hecho que, en mérito de dichos relatos, se estableció como no discutido durante la audiencia preparatoria, cuál es que el accidente se produjo en circunstancias

vii. Declaración prestada por los testigos Felipe Yáñez y Benjamín Carrasco, respectivamente Gerente de recursos Humanos e Ingeniero en Prevención de Riesgos Corporativo de la demandada, quienes refieren que luego de la investigación que se realizó en la empresa, se determinó que el accidente se había producido al levantar el actor un rollo de malla de 13 kilos, que correspondería al rollo verde que se ve en una de las fotografías exhibidas por la contraparte, añadiendo el primero que la empresa se ha preocupado de que el peso levantado no sea más que el legal, efectuando la inducción respectiva a los trabajadores y entregando los elementos de seguridad, esto es, zapatos, guante, casco y antiparras, sin que se haya sancionado a la empresa por estos hechos y habiéndose reincorporado el actor, explicando que los rollos más grandes que se ven en las fotografías son movidos por grúas; mientras que el segundo testigo reiteró que el actor contaba con zapatos de seguridad y ropa de trabajo, que la empresa cumple con las medidas de seguridad previstas en la ley y reglamentos, que el lumbago es una lesión recurrente, lo que hace difícil detectar su origen, y que el actor actualmente se encuentra en un proceso de reintegro progresivo y que efectivamente después del accidente del actor se han adoptado ciertas medidas en relación al trabajo con los rollos, tendientes principalmente a automatizar los procesos, medidas que no obstante se están realizando a nivel de empresa, por lo que no dirían directa relación con el accidente. SEXTO: Que así las cosas, siendo un hecho no discutido que el actor sufrió el día 29 de septiembre de 2009 un accidente, el que fue calificado como accidente del trabajo, habiendo recibido el actor las prestaciones médicas y pecuniarias previstas en la ley Nº 16.744, accidente que según se desprende de la prueba ya reseñada le ha significado seguir un tratamiento médico durante meses, habiéndose reincorporado sólo recientemente y en forma progresiva a la empresa, en funciones distintas a las desarrolladas antes del accidente, el que le ha traído además una serie de dificultades en su vida diaria al limitar su capacidad de movimiento y causarle intensos dolores, lo que además ha afectado su vida familiar, correspondiendo atendido lo previsto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744, analizar si la empresa demandada ha incurrido en algún incumplimiento contractual que permita calificarla de responsable de este accidente, y que haga nacer su obligación de indemnizar al trabajador. SÉPTIMO: Que respecto a dicho eventual incumplimiento, cabe hacer presente que la demandante en su libelo no le imputa ningún incumplimiento concreto a la demandada, limitándose a esgrimir el deber de seguridad que tiene la empresa respecto al actor, en mérito de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo y demás normas legales y reglamentarias que cita, señalando al efecto que mis superiores, al ordenarle trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas, me expusieron a una condición insegura, pero, sin explicar por qué las condiciones de seguridad serían defectuosas, cuáles eran las medidas de seguridad que no se le otorgaron o cómo se habría producido la inseguridad que denuncia, siendo además un hecho no controvertido que, de acuerdo al relato del propio actor, el accidente se produjo cuando éste levantaba un rollo de 30 kilos de peso, peso que se encuentra por debajo del límite máximo previsto en el artículo 211 H del Código del Trabajo. Que ha sido luego, durante la incorporación de la prueba, que la parte demandante ha pretendido acreditar que el accidente se debió no a acto aislado de levantar un rollo de 30 kilos de peso, como refiere en su libelo, sino que a la labor que desarrollaba el actor, que le significaba levantar y mover constantemente rollo de 80 kilos de peso, añadiendo también a través de la testimonial y de la declaración prestada por el propio actor, que el modo en que la demandada habría incumplido su deber de seguridad, sería mediante la falta de entrega de faja de seguridad a los trabajadores que laboran en la bodega con los citados rollos, entre ellos el actor. OCTAVO: Que de este modo, claramente en la especie se produce una grave diferencia entre el relato que efectúa el actor en el libelo y el relato que luego pretende construir mediante su prueba, debiendo privilegiar el Tribunal el relato contenido en el libelo, ya que lo contrario significaría atentar gravemente contra las posibilidades de defensa de la demandada, parte que contestó la demanda y ofreció prueba a fin de controvertir el relato contenido en la demanda y no aquel construido con posterioridad, por lo que el Tribunal no considerará para estos efectos la prueba rendida por el actor a fin de acreditar que el accidente se debió a levantar rollos de 80 o más kilos, por resultar ello contradictorio con su propio relato de los hechos, y con el hecho que, en mérito de dichos relatos, se estableció como no discutido durante la audiencia preparatoria, cuál es que el accidente se produjo en circunstancias ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que el actor levantaba un rollo de mallas de alrededor de 30 kilos de peso, siendo ese hecho el que fija la litis, hecho que ciertamente a la luz de lo dispuesto en el artículo 211 H del Código del Trabajo no constituye incumplimiento alguno de la demandada respecto del deber general de seguridad ni de ninguna otra norma particular. Que en segundo término, en cuanto a la entrega o no de faja de seguridad, éste es un incumplimiento que tampoco fue oportunamente denunciado, lo que importa que la demandada compareciera a la audiencia preparatoria sin conocer esta imputación, y sin contar por tanto con los medios para defenderse de ella, siendo además un deber del demandante, como se expresa en el artículo 446 N° 4 del Código del Trabajo, el incluir en su demanda la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta, de modo que la parte no puede pretender que a estas alturas del juicio, el Tribunal le otorgue las indemnizaciones que pretende en base a hechos que no fueron jamás introducidos por la parte a la litis, que están por tanto fuera del ámbito de los hechos sobre el cual las partes entregaron competencia al Tribunal para conocer y resolver en éste conflicto en particular. NOVENO: Que en base a los razonamientos ya esgrimidos, es que se rechazará la demanda en todas su partes, por cuanto los hechos contenidos en el relato del libelo no permiten establecer incumplimiento contractual alguno de la demandada que permita fundar la existencia de la responsabilidad contractual que se imputa a su parte en el accidente sufrido por el accidente, sin que, como se ha señalado previamente, pueda fundarse esta responsabilidad tampoco en hechos sobre los cuales se ha rendido prueba, los que no fueron oportunamente argumentados por las partes, porque ello importaría afectar las posibilidades de defensa de una parte en beneficio de la contraria, al aceptar el Tribunal un actuar que atenta contra la igualdad de armas que debe existir entre las partes, además de poder importar un vicio al significar ello pronunciarse sobre asuntos no sometidos expresamente al conocimiento del Tribunal. Y VISTOS también lo dispuesto por los artículos 1°, 7°, 184, 420, 425 y siguientes, 439 y siguientes, 446 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo, y 5° y 69 de la ley Nº 16.744, SE DECLARA: I. Que SE RECHAZA en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, interpuesta por don César David Cueto Sepúlveda, en contra de la empresa Tehmco Tuberías de Polietileno Convencional Ltda., representada por don Patricio Olivares Cooper, todos ya individualizados, por no haberse acreditado suficientemente los fundamentos de la acción. II. Que habiendo sido totalmente vencido, se condena al actor a las costas del proceso, regulándose las personales, en la suma de $ 100.000. Anótese, regístrese y notifíquese. Archívese en su oportunidad. RIT O-1766-2010. Pronunciada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

que el actor levantaba un rollo de mallas de alrededor de 30 kilos de peso, siendo ese hecho el que fija la litis, hecho que ciertamente a la luz de lo dispuesto en el artículo 211 H del Código del Trabajo no constituye incumplimiento alguno de la demandada respecto del deber general de seguridad ni de ninguna otra norma particular. Que en segundo término, en cuanto a la entrega o no de faja de seguridad, éste es un incumplimiento que tampoco fue oportunamente denunciado, lo que importa que la demandada compareciera a la audiencia preparatoria sin conocer esta imputación, y sin contar por tanto con los medios para defenderse de ella, siendo además un deber del demandante, como se expresa en el artículo 446 N° 4 del Código del Trabajo, el incluir en su demanda la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta, de modo que la parte no puede pretender que a estas alturas del juicio, el Tribunal le otorgue las indemnizaciones que pretende en base a hechos que no fueron jamás introducidos por la parte a la litis, que están por tanto fuera del ámbito de los hechos sobre el cual las partes entregaron competencia al Tribunal para conocer y resolver en éste conflicto en particular. NOVENO: Que en base a los razonamientos ya esgrimidos, es que se rechazará la demanda en todas su partes, por cuanto los hechos contenidos en el relato del libelo no permiten establecer incumplimiento contractual alguno de la demandada que permita fundar la existencia de la responsabilidad contractual que se imputa a su parte en el accidente sufrido por el accidente, sin que, como se ha señalado previamente, pueda fundarse esta responsabilidad tampoco en hechos sobre los cuales se ha rendido prueba, los que no fueron oportunamente argumentados por las partes, porque ello importaría afectar las posibilidades de defensa de una parte en beneficio de la contraria, al aceptar el Tribunal un actuar que atenta contra la igualdad de armas que debe existir entre las partes, además de poder importar un vicio al significar ello pronunciarse sobre asuntos no sometidos expresamente al conocimiento del Tribunal. Y VISTOS también lo dispuesto por los artículos 1°, 7°, 184, 420, 425 y siguientes, 439 y siguientes, 446 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo, y 5° y 69 de la ley Nº 16.744, SE DECLARA: I. Que SE RECHAZA en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, interpuesta por don César David Cueto Sepúlveda, en contra de la empresa Tehmco Tuberías de Polietileno Convencional Ltda., representada por don Patricio Olivares Cooper, todos ya individualizados, por no haberse acreditado suficientemente los fundamentos de la acción. II. Que habiendo sido totalmente vencido, se condena al actor a las costas del proceso, regulándose las personales, en la suma de $ 100.000. Anótese, regístrese y notifíquese. Archívese en su oportunidad. RIT O-1766-2010. Pronunciada por doña Patricia Fuenzalida Martínez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

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TIRO

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1654-2010 Cita online: CL/JUR/15510/2010 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil diez. VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: PRIMERO: Que comparece don Christian Andrés Medina Suazo, empleado, domiciliado en Volcán Guayatiri N° 074, Comuna de Quilicura, quien interpone demanda en juicio ordinario laboral, en contra de su ex empleador Andes Airport Services S.A., representada por doña Camila Balladares Astete, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Américo Vespucio N° 901, Comuna de Renca, y en contra del Terminal Aéreo Santiago S.A., representado por don Alonso Lacamara Suárez, profesión u oficio ignoro, ambos domiciliado en Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, comuna de Pudahuel, en su calidad de empresa rnandante, en conformidad a la ley de subcontratación, a fin de que se declare responsabilidad en accidente laboral y se condene en forma solidaria, al pago de una indemnización por daño moral. Funda su acción en el hecho que, con fecha 01 de abril de 2009 ingresó a prestar servicios laborales para la demandada Andes Airport Services S.A. en la función de operario de plataforma. Refiere que Andes Airport Services S.A. prestaba servicios al Terminal Aéreo Santiago S.A. consistentes en el manejo de equipaje y carga de los aviones, en virtud de un contrato de prestación de servicios, a raíz de lo cual yo debía prestar servicios para Andes Airport Services S.A. en dependencias de Terminal Aéreo Santiago S.A. Señala que el día 26 de Octubre de 2009 a las 4:45 Hrs. A.M., en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, llegó al sector Andes Aisport Services; sector camarines de los trabajadores, procedió a cambiarse de ropa y posteriormente caminó por la zona de peatones para tomar el transporte que lo dejaría en su área de trabajo. Explica que en el momento que se desplazaba caminando por la zona de peatones, resbala su pie izquierdo, quedando atrás el pie derecho, en un lugar del camino en que había un cambio de nivel de 15 centímetros aproximadamente. En ese lugar no había iluminación que permitiera ver el cambio de nivel en el piso, a raíz de lo cual cayó al piso lesionándose su tobillo y rodilla derecha. Agrega que por trabajadores de la empresa fue trasladado en camioneta (Lan Chile) al IST, en donde le diagnosticaron esguince de tobillo y rodilla derecha en 2° grado y le pusieron una bota y una rodillera para mantener rígida la pierna. Agrega que estuvo con licencia médica desde el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2009 fecha en que fue dado de alta. Añade que estuvo en control kinesiológico permanente y lo trasladaban en un móvil desde su domicilio al IST, debido a la dificultad para moverse. Expone que, el accidente se produjo debido a que las demandadas no tomaron las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, ya que en la zona de peatones había un cambio de nivel en el piso de 15 centímetros aprox. y sin que hubiera iluminación apropiada que permitiera ver el cambio de nivel, dadas las escasas condiciones de luz natural existentes en ese horario de trabajo. Manifiesta que todo esto le ha provocado un grave sufrimiento, por no poder hacer las actividades normales que antes realizaba, especialmente: por no poder tomar objetos con la fuerza que antes los hacía; no poder hacer deportes (trotar, jugar futbol, basquetbol); no poder hacer fuerza con las piernas; no poder agacharse con facilidad; también se ha limitado para encontrar trabajo como operario de grúa ya que debe ocupar las dos piernas, todo lo cual le ha provocado un sufrimiento que se convirtió en depresión. Indica que las infracciones en que ocurrió el empleador, en este caso, dan origen a responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa leve, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado al demandante con su incumplimiento como también el daño moral que se le cause. Agrega que idéntica responsabilidad pesa sobre la demandada Terminal Aéreo Santiago S.A., en su calidad de responsable solidaria, en virtud de la ley de subcontratación. Por estas razones, solicita se condene a las demandadas a indemnizarlo por sus daños, lo que avalúa en la suma de $ 10.000.000, (diez millones de pesos) por el dolor y sufrimiento que ha padecido hasta la fecha con motivo de este accidente y que seguirá padeciendo o la suma que el tribunal determine en derecho, más reajustes, intereses y costas.

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil diez. VISTOS Y OÍDOS LOS INTERVINIENTES: PRIMERO: Que comparece don Christian Andrés Medina Suazo, empleado, domiciliado en Volcán Guayatiri N° 074, Comuna de Quilicura, quien interpone demanda en juicio ordinario laboral, en contra de su ex empleador Andes Airport Services S.A., representada por doña Camila Balladares Astete, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Américo Vespucio N° 901, Comuna de Renca, y en contra del Terminal Aéreo Santiago S.A., representado por don Alonso Lacamara Suárez, profesión u oficio ignoro, ambos domiciliado en Aeropuerto Arturo Merino Benítez S/N, comuna de Pudahuel, en su calidad de empresa rnandante, en conformidad a la ley de subcontratación, a fin de que se declare responsabilidad en accidente laboral y se condene en forma solidaria, al pago de una indemnización por daño moral. Funda su acción en el hecho que, con fecha 01 de abril de 2009 ingresó a prestar servicios laborales para la demandada Andes Airport Services S.A. en la función de operario de plataforma. Refiere que Andes Airport Services S.A. prestaba servicios al Terminal Aéreo Santiago S.A. consistentes en el manejo de equipaje y carga de los aviones, en virtud de un contrato de prestación de servicios, a raíz de lo cual yo debía prestar servicios para Andes Airport Services S.A. en dependencias de Terminal Aéreo Santiago S.A. Señala que el día 26 de Octubre de 2009 a las 4:45 Hrs. A.M., en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, llegó al sector Andes Aisport Services; sector camarines de los trabajadores, procedió a cambiarse de ropa y posteriormente caminó por la zona de peatones para tomar el transporte que lo dejaría en su área de trabajo. Explica que en el momento que se desplazaba caminando por la zona de peatones, resbala su pie izquierdo, quedando atrás el pie derecho, en un lugar del camino en que había un cambio de nivel de 15 centímetros aproximadamente. En ese lugar no había iluminación que permitiera ver el cambio de nivel en el piso, a raíz de lo cual cayó al piso lesionándose su tobillo y rodilla derecha. Agrega que por trabajadores de la empresa fue trasladado en camioneta (Lan Chile) al IST, en donde le diagnosticaron esguince de tobillo y rodilla derecha en 2° grado y le pusieron una bota y una rodillera para mantener rígida la pierna. Agrega que estuvo con licencia médica desde el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2009 fecha en que fue dado de alta. Añade que estuvo en control kinesiológico permanente y lo trasladaban en un móvil desde su domicilio al IST, debido a la dificultad para moverse. Expone que, el accidente se produjo debido a que las demandadas no tomaron las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, ya que en la zona de peatones había un cambio de nivel en el piso de 15 centímetros aprox. y sin que hubiera iluminación apropiada que permitiera ver el cambio de nivel, dadas las escasas condiciones de luz natural existentes en ese horario de trabajo. Manifiesta que todo esto le ha provocado un grave sufrimiento, por no poder hacer las actividades normales que antes realizaba, especialmente: por no poder tomar objetos con la fuerza que antes los hacía; no poder hacer deportes (trotar, jugar futbol, basquetbol); no poder hacer fuerza con las piernas; no poder agacharse con facilidad; también se ha limitado para encontrar trabajo como operario de grúa ya que debe ocupar las dos piernas, todo lo cual le ha provocado un sufrimiento que se convirtió en depresión. Indica que las infracciones en que ocurrió el empleador, en este caso, dan origen a responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa leve, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado al demandante con su incumplimiento como también el daño moral que se le cause. Agrega que idéntica responsabilidad pesa sobre la demandada Terminal Aéreo Santiago S.A., en su calidad de responsable solidaria, en virtud de la ley de subcontratación. Por estas razones, solicita se condene a las demandadas a indemnizarlo por sus daños, lo que avalúa en la suma de $ 10.000.000, (diez millones de pesos) por el dolor y sufrimiento que ha padecido hasta la fecha con motivo de este accidente y que seguirá padeciendo o la suma que el tribunal determine en derecho, más reajustes, intereses y costas.

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1654-2010 Cita online: CL/JUR/15510/2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEGUNDO: Matías Cristián Alfonso, abogado, en representación convencional, de la sociedad “Andes Airport Services S.A.”, persona jurídica del giro comercial, ambos domiciliados en Avda. Presidente Riesco N° 5711, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, demandada principal, opone la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, en lo que se refiere a la indemnización por supuesto daño moral, en virtud de lo que disponen los artículos 420 y 452 del Código del Trabajo con relación a lo preceptuado en el numeral N° 1 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la facultad de demandar indemnización por daño moral dentro de la relación laboral encontraría sus únicos fundamentos dentro de una eventual responsabilidad extracontractual laboral, la que no solo contradice el alcance de las indemnizaciones contempladas por el Código del ramo en materia laboral, sino que también contradice el propio alcance del artículo 420 del Código del Trabajo. Hace referencia al ámbito de protección de la ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades. Se hace cargo del ámbito de aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo, y estima que las materias a que se refiere la letra f) son de competencia de los tribunales del trabajo, con la excepción expresa de aquellos juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad extracontractual derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, la cual deberá reclamarse “con arreglo a las prescripciones del derecho común” según lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744. En el primer otrosí, y en subsidio de la excepción interpuesta contesta la demanda de indemnización de perjuicios por accidente de trabajo deducida. En primer lugar dice que el actor demanda el pago de una indemnización por daño moral sin señalar cuáles son los perjuicios supuestamente ocasionados, basándose en una relación ostensiblemente confusa tanto de los hechos como del derecho aplicable, y omitiendo señalar cuál es la base de cálculo que utiliza para demandar la desproporcionada cantidad de $ 10.000.000 por el supuesto daño moral que le afectaría. La demandada niega los hechos descritos en la demanda por cuanto señala una serie de afirmaciones que no son verdaderas. Refiere que no es la primera vez que el actor acciona en contra de ambas demandadas en sede laboral. Expone que con fecha posterior al acaecimiento del accidente de trabajo, el actor renunció expresamente a posibles acciones en contra de ambas demandadas, por lo que opone excepción de falta de legitimación activa, pues el actor carece de la facultad de accionar por los hechos contenidos en su demanda, por haber renunciado expresamente a dichas acciones en un instrumento que posee plena validez. A continuación contestando derechamente dice que efectivamente el actor prestó servicios para su representada entre el 01 de abril de 2009 y el 08 de enero de 2010, fecha en la cual se puso término a la relación laboral por incurrir el actor en la causal establecida en el N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, no concurrencia a realizar sus labores sin causa justificada durante los días 1, 2 y 3 de enero de 2010. Indica que, también es cierto que el actor sufrió un accidente con fecha 26 de octubre de 2009, mientras se encontraba desarrollando labores, sin embargo, lo que se aleja ostensiblemente a la realidad, es que dicho episodio haya obedecido de manera alguna a acciones u omisiones imputables a “Andes Airport Services S.A.”. Señala que, como era habitual para el actor y el resto de sus compañeros de trabajo, el día 26 de octubre de 2009, a eso de las 04:45 horas, éste salió de los camarines habilitados para el cambio de vestimenta y circulando por la vía peatonal debidamente demarcada y señalizada, se dirigió al final de la pasarela para tomar el transporte que lo llevaría a su lugar final de trabajo.Explica que el camino que el actor realizaba cada vez que por distribución de turnos le correspondía trabajar junto a sus compañeros de trabajo, estaba perfectamente señalizado y demarcado. Además de ello en toda su extensión existen avisos y señalética referida a la seguridad laboral y a la responsabilidad de cada trabajador en la prevención de riesgos. Manifiesta que, no le consta que el accidente se hubiere producido en las circunstancias que relata el actor, esto es, en un lugar donde supuestamente existiría un desnivel de 15 centímetros. No es efectivo, que en la pasarela peatonal demarcada exista algún desnivel de 15 centímetros. Además, la iluminación en dicho sector es adecuada y suficiente para la circulación de las personas. Añade que ninguna responsabilidad le cupo, toda vez que la demandada se preocupó especialmente de delimitar y demarcar una adecuada vía de circulación debidamente Iluminada y en la cual jamás se había producido accidente alguno. Añade que, la pasarela peatonal habilitada está flanqueada, durante la totalidad de su trayecto, por abundante información y señalética de seguridad y prevención de riesgos. Luego se hace cargo de los fundamentos de derecho aplicables al caso en cuestión. Agrega que la demandada ha pagado íntegra y oportunamente todas las cotizaciones del actor. Ade-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEGUNDO: Matías Cristián Alfonso, abogado, en representación convencional, de la sociedad “Andes Airport Services S.A.”, persona jurídica del giro comercial, ambos domiciliados en Avda. Presidente Riesco N° 5711, piso 20, comuna de Las Condes, Santiago, demandada principal, opone la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, en lo que se refiere a la indemnización por supuesto daño moral, en virtud de lo que disponen los artículos 420 y 452 del Código del Trabajo con relación a lo preceptuado en el numeral N° 1 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la facultad de demandar indemnización por daño moral dentro de la relación laboral encontraría sus únicos fundamentos dentro de una eventual responsabilidad extracontractual laboral, la que no solo contradice el alcance de las indemnizaciones contempladas por el Código del ramo en materia laboral, sino que también contradice el propio alcance del artículo 420 del Código del Trabajo. Hace referencia al ámbito de protección de la ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades. Se hace cargo del ámbito de aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo, y estima que las materias a que se refiere la letra f) son de competencia de los tribunales del trabajo, con la excepción expresa de aquellos juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad extracontractual derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, la cual deberá reclamarse “con arreglo a las prescripciones del derecho común” según lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 16.744. En el primer otrosí, y en subsidio de la excepción interpuesta contesta la demanda de indemnización de perjuicios por accidente de trabajo deducida. En primer lugar dice que el actor demanda el pago de una indemnización por daño moral sin señalar cuáles son los perjuicios supuestamente ocasionados, basándose en una relación ostensiblemente confusa tanto de los hechos como del derecho aplicable, y omitiendo señalar cuál es la base de cálculo que utiliza para demandar la desproporcionada cantidad de $ 10.000.000 por el supuesto daño moral que le afectaría. La demandada niega los hechos descritos en la demanda por cuanto señala una serie de afirmaciones que no son verdaderas. Refiere que no es la primera vez que el actor acciona en contra de ambas demandadas en sede laboral. Expone que con fecha posterior al acaecimiento del accidente de trabajo, el actor renunció expresamente a posibles acciones en contra de ambas demandadas, por lo que opone excepción de falta de legitimación activa, pues el actor carece de la facultad de accionar por los hechos contenidos en su demanda, por haber renunciado expresamente a dichas acciones en un instrumento que posee plena validez. A continuación contestando derechamente dice que efectivamente el actor prestó servicios para su representada entre el 01 de abril de 2009 y el 08 de enero de 2010, fecha en la cual se puso término a la relación laboral por incurrir el actor en la causal establecida en el N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, no concurrencia a realizar sus labores sin causa justificada durante los días 1, 2 y 3 de enero de 2010. Indica que, también es cierto que el actor sufrió un accidente con fecha 26 de octubre de 2009, mientras se encontraba desarrollando labores, sin embargo, lo que se aleja ostensiblemente a la realidad, es que dicho episodio haya obedecido de manera alguna a acciones u omisiones imputables a “Andes Airport Services S.A.”. Señala que, como era habitual para el actor y el resto de sus compañeros de trabajo, el día 26 de octubre de 2009, a eso de las 04:45 horas, éste salió de los camarines habilitados para el cambio de vestimenta y circulando por la vía peatonal debidamente demarcada y señalizada, se dirigió al final de la pasarela para tomar el transporte que lo llevaría a su lugar final de trabajo.Explica que el camino que el actor realizaba cada vez que por distribución de turnos le correspondía trabajar junto a sus compañeros de trabajo, estaba perfectamente señalizado y demarcado. Además de ello en toda su extensión existen avisos y señalética referida a la seguridad laboral y a la responsabilidad de cada trabajador en la prevención de riesgos. Manifiesta que, no le consta que el accidente se hubiere producido en las circunstancias que relata el actor, esto es, en un lugar donde supuestamente existiría un desnivel de 15 centímetros. No es efectivo, que en la pasarela peatonal demarcada exista algún desnivel de 15 centímetros. Además, la iluminación en dicho sector es adecuada y suficiente para la circulación de las personas. Añade que ninguna responsabilidad le cupo, toda vez que la demandada se preocupó especialmente de delimitar y demarcar una adecuada vía de circulación debidamente Iluminada y en la cual jamás se había producido accidente alguno. Añade que, la pasarela peatonal habilitada está flanqueada, durante la totalidad de su trayecto, por abundante información y señalética de seguridad y prevención de riesgos. Luego se hace cargo de los fundamentos de derecho aplicables al caso en cuestión. Agrega que la demandada ha pagado íntegra y oportunamente todas las cotizaciones del actor. Ade-

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más se entregó en tiempo y forma copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, como también de los elementos de seguridad necesarios para desempeñar las labores encomendadas, como también se le capacitó. Luego la demandada principal hace mención a los requisitos de la responsabilidad extracontractual, señalando que el accidente se debió única y exclusivamente a la irresponsabilidad del actor. También se hace cargo de la indemnización por daño moral, cita jurisprudencia al respecto, para finalmente solicitar se acojan sus excepciones, o en subsidio se rechace la demanda o bien si se estima procedente se reduzca su monto al mínimo, mas costas de la causa. Que a su turno la demandada solidaria, SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, representada por el abogado don Raúl Mera Zirotti, previo a contestar derechamente la demanda deducida en contra de su representada opone la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal para conocer de esta causa, establecida en el artículo 303 N° 1 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la demandada, SCL, no es ni ha sido empleadora del actor, lo que se desprende claramente del tenor de la demanda. Que, respecto de SCL, el actor pretende hacer efectiva su responsabilidad extracontractual fundada en supuestos incumplimientos de obligaciones legales, la que debe, en consecuencia, ser conocida por el tribunal civil competente. Agrega que según se puede desprender de la demanda, la única responsabilidad que hipotéticamente se le podría imputar a SCL sería una supuesta falta de seguridad o vigilancia en el lugar en que, según la versión del demandante, habrían ocurrido los hechos que motivan la acción interpuesta, lo que deriva necesariamente en responsabilidad extracontractual y al no existir vinculo contractual entre su representada y el demandante, es improcedente la acción deducida e incompetente el tribunal del trabajo para conocer de esta materia. En subsidio, contesta solicitando desde luego su completo rechazo, con expresa condenación en costas. En primer lugar niega los descritos en la demanda y que darían lugar a la indemnización a la cual se pretende sea condenada la demandada, controvirtiendo, lo expuesto por la parte demandante y oponiendo al igual que la otra demandada la excepción de falta de legitimación pasiva. Sus argumentos son los mismos ya dichos por la demandada principal y que se dan por reproducidos. TERCERO: Que con fecha 26 de julio de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria, en la que el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales fueron aceptados por las partes, a saber: 1. Existencia relación laboral desde 1 de abril de 2009 al 8 de enero de 2010; 2. Ocurrencia del accidente con fecha 26 de octubre de 2009. A continuación se llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó. Atendido lo precedentemente relatado y existiendo a juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijo los siguientes hechos a probar: 1. Efectividad de haber tomado las demandadas las medidas necesarias para evitar el accidente en atención a su deber de cuidado, o por el contrario si este accidente se debió a la negligencia o culpa del actor; 2. Procedencia del daño moral, fundamentos, entidad y montos; 3. Efectividad de existir régimen de subcontratación entre las demandadas Andes Airport Service y SCL Terminal Aéreo de Santiago, en su caso, si hicieron uso de su derecho de información y retención. CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: Documental, los que se incorporaron mediante su lectura resumida, consistente en: 1. contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2009, 2. certificado de alta médica de fecha 31 de diciembre de 2009, suscrito por el doctor Boris Devia Aravena, 3. dos informes de traslado de pacientes; 4. citación a control médico de fecha 25 de noviembre de 2009; 5. tres diplomas de honor. También se valió de la absolución de posiciones de los representantes de las demandadas compareciendo, doña Camila Balladares Astete, por la demandada principal Andes Airport Services S.A. quien en síntesis declara: Soy Jefa de recursos humanos de la demandada principal quien le presta servicios a las distintas aerolíneas, no al terminal aéreo. Andes presta servicios de carga y descarga de equipaje de las aerolíneas. Conozco del accidente del actor, tuvo un accidente en Andes Airport Services, tuvo un esguince y estuvo con licencia un tiempo. No sé cuando ocurrió el accidente. El informe del accidente dice que ocurrió en la madrugada de un día de octubre de 2009.

más se entregó en tiempo y forma copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, como también de los elementos de seguridad necesarios para desempeñar las labores encomendadas, como también se le capacitó. Luego la demandada principal hace mención a los requisitos de la responsabilidad extracontractual, señalando que el accidente se debió única y exclusivamente a la irresponsabilidad del actor. También se hace cargo de la indemnización por daño moral, cita jurisprudencia al respecto, para finalmente solicitar se acojan sus excepciones, o en subsidio se rechace la demanda o bien si se estima procedente se reduzca su monto al mínimo, mas costas de la causa. Que a su turno la demandada solidaria, SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, representada por el abogado don Raúl Mera Zirotti, previo a contestar derechamente la demanda deducida en contra de su representada opone la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal para conocer de esta causa, establecida en el artículo 303 N° 1 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la demandada, SCL, no es ni ha sido empleadora del actor, lo que se desprende claramente del tenor de la demanda. Que, respecto de SCL, el actor pretende hacer efectiva su responsabilidad extracontractual fundada en supuestos incumplimientos de obligaciones legales, la que debe, en consecuencia, ser conocida por el tribunal civil competente. Agrega que según se puede desprender de la demanda, la única responsabilidad que hipotéticamente se le podría imputar a SCL sería una supuesta falta de seguridad o vigilancia en el lugar en que, según la versión del demandante, habrían ocurrido los hechos que motivan la acción interpuesta, lo que deriva necesariamente en responsabilidad extracontractual y al no existir vinculo contractual entre su representada y el demandante, es improcedente la acción deducida e incompetente el tribunal del trabajo para conocer de esta materia. En subsidio, contesta solicitando desde luego su completo rechazo, con expresa condenación en costas. En primer lugar niega los descritos en la demanda y que darían lugar a la indemnización a la cual se pretende sea condenada la demandada, controvirtiendo, lo expuesto por la parte demandante y oponiendo al igual que la otra demandada la excepción de falta de legitimación pasiva. Sus argumentos son los mismos ya dichos por la demandada principal y que se dan por reproducidos. TERCERO: Que con fecha 26 de julio de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria, en la que el tribunal fijó los siguientes hechos no controvertidos los cuales fueron aceptados por las partes, a saber: 1. Existencia relación laboral desde 1 de abril de 2009 al 8 de enero de 2010; 2. Ocurrencia del accidente con fecha 26 de octubre de 2009. A continuación se llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretas de un posible acuerdo, el cual no prosperó. Atendido lo precedentemente relatado y existiendo a juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijo los siguientes hechos a probar: 1. Efectividad de haber tomado las demandadas las medidas necesarias para evitar el accidente en atención a su deber de cuidado, o por el contrario si este accidente se debió a la negligencia o culpa del actor; 2. Procedencia del daño moral, fundamentos, entidad y montos; 3. Efectividad de existir régimen de subcontratación entre las demandadas Andes Airport Service y SCL Terminal Aéreo de Santiago, en su caso, si hicieron uso de su derecho de información y retención. CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en: Documental, los que se incorporaron mediante su lectura resumida, consistente en: 1. contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2009, 2. certificado de alta médica de fecha 31 de diciembre de 2009, suscrito por el doctor Boris Devia Aravena, 3. dos informes de traslado de pacientes; 4. citación a control médico de fecha 25 de noviembre de 2009; 5. tres diplomas de honor. También se valió de la absolución de posiciones de los representantes de las demandadas compareciendo, doña Camila Balladares Astete, por la demandada principal Andes Airport Services S.A. quien en síntesis declara: Soy Jefa de recursos humanos de la demandada principal quien le presta servicios a las distintas aerolíneas, no al terminal aéreo. Andes presta servicios de carga y descarga de equipaje de las aerolíneas. Conozco del accidente del actor, tuvo un accidente en Andes Airport Services, tuvo un esguince y estuvo con licencia un tiempo. No sé cuando ocurrió el accidente. El informe del accidente dice que ocurrió en la madrugada de un día de octubre de 2009. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A su vez absuelve posiciones por la demandada solidaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., don Hans Dietrich Michel Schrader Fruh, gerente SCL Terminal quien en síntesis declara: Andes es concesionaria de SCL, le entregan inmuebles para que desarrollen sus servicios en parte del aeropuerto. Andes Airport Services presta sus servicios fuera del área concesionada, en otras dependencias. Andes presta servicios a las líneas aéreas de carga y descarga de aviones, fuera del área concesionada. El accidente ocurrió en un area concesionada por la Dirección de Aeronáutica Civil. El accidente ocurrió dentro del aeropuerto. También se valió de la prueba testimonial consistente en la declaración de dos testigos cuyas declaraciones constan íntegramente en el registro de audio y solo se reproducirán parcialmente para no incurrir en reiteraciones innecesarias. El testigo Eduardo Manuel Espinoza Castañeda declara que: conozco al actor del trabajo en Andes Airport Services. Yo supe del accidente, se resbaló y tuvo un problema en la rodilla. Yo estaba con licencia, me dijeron que fue en octubre de noche. Sé que estaba oscuro y se resbaló, no había mucha luminosidad en el lugar. Es una cuneta que tenía una bajada, no recuerdo mucho. Es para transitar, había línea amarilla por donde caminábamos. El lugar está llegando a los camarines, estaba demarcado como zona de peatones. Siempre teníamos que transitar por ahí, era una vía diaria. Yo supe a través de otros compañeros, yo no estuve ahí, lo sé por que escuché de otras personas y del actor. El lugar del accidente está cerca de la torre de control, alejado del aeropuerto, está aparte hay rejas y todo. A su vez la testigo doña Luz María Suazo Alarcón, declara: Yo soy la mamá del actor. Yo sé del accidente, le ha costado mucho en el tema laboral, emocional. Después de su accidente le ha costado encontrar trabajo, tiene dolor a sus pies. Está trabajando en forma mediocre. Tiene responsabilidad de su hijo. Es bueno para jugar al fútbol. El accidente fue en el aeropuerto, en octubre no sé fecha exacta. Después del accidente no puede jugar a la pelota, no puede trabajar en forma continua. Tiene mucho dolor, si juega al deporte, no alcanza a terminar porque cojea, tiene que salir antes. El ha sido árbitro de campeonato de Quilicura. El accidente es todo de la rodilla hacia abajo. La lesión fue grave. A él le hicieron muchos exámenes, al final le hicieron una resonancia magnética no sé el resultado. La demandante solicitó en la audiencia preparatoria se oficiara al IST a objeto de que remitiera la ficha clínica del actor e informe médico desde el 26 de octubre de 2009. Su respuesta se incorporó en audiencia mediante su lectura resumida. Además incorporó como otros medios de prueba una copa plateada año 2003, y seis medallas. QUINTO: Que a su turno la demandada principal Andes Airport Services S.A., rindió en la audiencia de juicio prueba documental, la que se incorporó mediante lectura resumida consistente en: 1. Contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2009; 2. Copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad; 3. Certificado de pago de cotizaciones previsionales por todo el período trabajado por el actor; 4. Tres registros de entrega de equipos de seguridad firmados por el demandante; 5. Siete certificados de capacitación realizadas por el actor y firmadas por él; 6. Copia de carta enviada a la inspección del trabajo de fecha 10 de diciembre de 2008; 7. Set de 26 fotografías del lugar donde ocurrió el accidente; 8. Contrato de trabajo entre la demandada principal y don Marcelo Corana Larena jefe de prevención de riesgos desde el 1 de febrero 2007 en adelante, más contrato de trabajo del actual jefe de prevención de riesgos; 9. Declaración de accidente de trabajo de fecha 26 de octubre de 2009. La demandada solicitó y obtuvo la absolución de posiciones del demandante don Christian Medina Suazo, quien en síntesis declara que: Ahora no practico deporte, hasta antes del accidente sí practicaba. Jugaba el día sábado cuando jugaba por Lan y el Campeonato Interempresas. Yo jugué desde los cinco años y nunca me lesioné. El 26 de octubre en la madrugada en el lugar de camarines iba la hacia plataforma a tomar el vehículo me resbalé e hice palanca con la rodilla. Hay un cambio de nivel. Señala en una hoja la medida de 20 cms. Fui tratado en el IST, yo no falté a kinesiología, me iban a buscar y a dejar un vehículo, dejé de ir porque nunca más me fueron a buscar. No reclamé al IST.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A su vez absuelve posiciones por la demandada solidaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., don Hans Dietrich Michel Schrader Fruh, gerente SCL Terminal quien en síntesis declara: Andes es concesionaria de SCL, le entregan inmuebles para que desarrollen sus servicios en parte del aeropuerto. Andes Airport Services presta sus servicios fuera del área concesionada, en otras dependencias. Andes presta servicios a las líneas aéreas de carga y descarga de aviones, fuera del área concesionada. El accidente ocurrió en un area concesionada por la Dirección de Aeronáutica Civil. El accidente ocurrió dentro del aeropuerto. También se valió de la prueba testimonial consistente en la declaración de dos testigos cuyas declaraciones constan íntegramente en el registro de audio y solo se reproducirán parcialmente para no incurrir en reiteraciones innecesarias. El testigo Eduardo Manuel Espinoza Castañeda declara que: conozco al actor del trabajo en Andes Airport Services. Yo supe del accidente, se resbaló y tuvo un problema en la rodilla. Yo estaba con licencia, me dijeron que fue en octubre de noche. Sé que estaba oscuro y se resbaló, no había mucha luminosidad en el lugar. Es una cuneta que tenía una bajada, no recuerdo mucho. Es para transitar, había línea amarilla por donde caminábamos. El lugar está llegando a los camarines, estaba demarcado como zona de peatones. Siempre teníamos que transitar por ahí, era una vía diaria. Yo supe a través de otros compañeros, yo no estuve ahí, lo sé por que escuché de otras personas y del actor. El lugar del accidente está cerca de la torre de control, alejado del aeropuerto, está aparte hay rejas y todo. A su vez la testigo doña Luz María Suazo Alarcón, declara: Yo soy la mamá del actor. Yo sé del accidente, le ha costado mucho en el tema laboral, emocional. Después de su accidente le ha costado encontrar trabajo, tiene dolor a sus pies. Está trabajando en forma mediocre. Tiene responsabilidad de su hijo. Es bueno para jugar al fútbol. El accidente fue en el aeropuerto, en octubre no sé fecha exacta. Después del accidente no puede jugar a la pelota, no puede trabajar en forma continua. Tiene mucho dolor, si juega al deporte, no alcanza a terminar porque cojea, tiene que salir antes. El ha sido árbitro de campeonato de Quilicura. El accidente es todo de la rodilla hacia abajo. La lesión fue grave. A él le hicieron muchos exámenes, al final le hicieron una resonancia magnética no sé el resultado. La demandante solicitó en la audiencia preparatoria se oficiara al IST a objeto de que remitiera la ficha clínica del actor e informe médico desde el 26 de octubre de 2009. Su respuesta se incorporó en audiencia mediante su lectura resumida. Además incorporó como otros medios de prueba una copa plateada año 2003, y seis medallas. QUINTO: Que a su turno la demandada principal Andes Airport Services S.A., rindió en la audiencia de juicio prueba documental, la que se incorporó mediante lectura resumida consistente en: 1. Contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2009; 2. Copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad; 3. Certificado de pago de cotizaciones previsionales por todo el período trabajado por el actor; 4. Tres registros de entrega de equipos de seguridad firmados por el demandante; 5. Siete certificados de capacitación realizadas por el actor y firmadas por él; 6. Copia de carta enviada a la inspección del trabajo de fecha 10 de diciembre de 2008; 7. Set de 26 fotografías del lugar donde ocurrió el accidente; 8. Contrato de trabajo entre la demandada principal y don Marcelo Corana Larena jefe de prevención de riesgos desde el 1 de febrero 2007 en adelante, más contrato de trabajo del actual jefe de prevención de riesgos; 9. Declaración de accidente de trabajo de fecha 26 de octubre de 2009. La demandada solicitó y obtuvo la absolución de posiciones del demandante don Christian Medina Suazo, quien en síntesis declara que: Ahora no practico deporte, hasta antes del accidente sí practicaba. Jugaba el día sábado cuando jugaba por Lan y el Campeonato Interempresas. Yo jugué desde los cinco años y nunca me lesioné. El 26 de octubre en la madrugada en el lugar de camarines iba la hacia plataforma a tomar el vehículo me resbalé e hice palanca con la rodilla. Hay un cambio de nivel. Señala en una hoja la medida de 20 cms. Fui tratado en el IST, yo no falté a kinesiología, me iban a buscar y a dejar un vehículo, dejé de ir porque nunca más me fueron a buscar. No reclamé al IST.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Me esguincé el tobillo. Yo pasaba todos los días por el lugar donde me ocurrió el accidente. Estaba sucio, desordenado, el lugar, no me di cuenta en ese momento. No me di cuenta del cambio de nivel. Muestra el lugar donde ocurrió el accidente. Hay una luminaria pero no funcionaba. Yo realizaba con mucha frecuencia estos cambios de turno. Quedé botado, mis compañeros me llevaron al IST. Me toco un médico, me dieron unos calmantes y me mandaron para la casa y me dejaron citado, después me pusieron una bota y rodillera azul. Con eso estuve casi tres meses. Seguí trabajando hasta el 31 de diciembre de 2009. Después del accidente, he trabajado como operador de grúa, dentro del año, renuncié por los problemas que tengo. Preguntado por la demandada solidaria, responde: El sector donde ocurrió el accidente, es al lado de la torre de control. Está el terminal, la pista de aterrizaje y luego el lugar del accidente. Rindió la testifical de don Jorge Pérez Basigaluco y de don Julio Esturiones Céspedes quiénes previamente juramentados declararon en síntesis. El primero de ellos señala en síntesis que: Yo soy ingeniero en prevención de riesgos de Andes Airport Services, trabajo ahí desde abril de 2010. Sé del accidente. Los trabajadores se desplazan desde camarines hasta el lugar donde toman el carrusel que los lleva a la plataforma. En agosto de 2009 se hizo una campaña sobre demarcaciones, que se tradujo en señalizar los lugares con amarillo verde y rojo e instalar señalética con carteles. Yo no conozco el lugar preciso donde ocurrió el accidente, pero recorro el sector a diario. No conozco que haya ocurrido algún otro accidente en el lugar. Hay iluminación de postes de alumbrado público que estaba hace mucho tiempo. Al exhibir las fotos reconoce las zonas, me refiero a las fotos N° 1 donde está la pasarela. La señalética está en la vía. En este momento está ahí, las marcaciones de piso están desde antes que yo llegara, la señalética no estoy seguro. Contrainterrogado: Exhibidas dos fotos y conocimiento del lugar, dice que la superficie en general es regular pero desnivel de 15 cms. no existe. Se ve con pendiente, no con desnivel. Yo al transitar digo que es irregular no puedo calificar como pendiente o desnivel. La señalética se instala en forma permanente. Desde que yo llegué se que estaba todo. El otro testigo Julio César Esturiones Céspedes, declara: soy monitor de vuelo, trabajo para Andes Airport desde el 2003. Yo trabajo en plataforma, donde llegan las aeronaves. Cuando llego a trabajar llegó a las instalaciones de Andes, a los camarines a cambiarse ropa, hay que salir por una vereda y nos toma el carrusel. La vereda está demarcada con líneas amarillas, solo debemos circular por ahí, según instrucciones del prevencionista de riesgos. Siempre ha habido señalética, es nuestro deber leerla. Esa señalética están en los murales. Existía comité paritario, yo soy miembro representante de los trabajadores. No hemos recibido reclamo del lugar. El lugar del accidente es una vereda de adoquín. Se le exhiben las fotos, reconoce la zona como de tránsito habitual. A su turno la demandada solidaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. incorpora copia de contrato de subcontratación de fecha 28 de septiembre de 2007 entre SCL y Andes Airpot Services. SEXTO: Que en la audiencia preparatoria el tribunal rechazó las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación activa opuestas por las demandadas, resolución que se encuentra ejecutoriada. SÉPTIMO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, esto es según los principios de la lógica y las máximas de experiencia, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 1. Que el actor el día 26 de octubre de 2009, aproximadamente a las 05:20 horas y mientras se desplaza por la zona de peatones hacia el lugar donde debía tomar un vehículo que lo trasladaría al lugar de las faenas a raíz de una situación no determinada, sufrió un esguince en su rodilla derecha. Hecho que se acredita tanto con los dichos del actor, la declaración individual de accidente del trabajo y el informe médico emitido por el IST.

Me esguincé el tobillo. Yo pasaba todos los días por el lugar donde me ocurrió el accidente. Estaba sucio, desordenado, el lugar, no me di cuenta en ese momento. No me di cuenta del cambio de nivel. Muestra el lugar donde ocurrió el accidente. Hay una luminaria pero no funcionaba. Yo realizaba con mucha frecuencia estos cambios de turno. Quedé botado, mis compañeros me llevaron al IST. Me toco un médico, me dieron unos calmantes y me mandaron para la casa y me dejaron citado, después me pusieron una bota y rodillera azul. Con eso estuve casi tres meses. Seguí trabajando hasta el 31 de diciembre de 2009. Después del accidente, he trabajado como operador de grúa, dentro del año, renuncié por los problemas que tengo. Preguntado por la demandada solidaria, responde: El sector donde ocurrió el accidente, es al lado de la torre de control. Está el terminal, la pista de aterrizaje y luego el lugar del accidente. Rindió la testifical de don Jorge Pérez Basigaluco y de don Julio Esturiones Céspedes quiénes previamente juramentados declararon en síntesis. El primero de ellos señala en síntesis que: Yo soy ingeniero en prevención de riesgos de Andes Airport Services, trabajo ahí desde abril de 2010. Sé del accidente. Los trabajadores se desplazan desde camarines hasta el lugar donde toman el carrusel que los lleva a la plataforma. En agosto de 2009 se hizo una campaña sobre demarcaciones, que se tradujo en señalizar los lugares con amarillo verde y rojo e instalar señalética con carteles. Yo no conozco el lugar preciso donde ocurrió el accidente, pero recorro el sector a diario. No conozco que haya ocurrido algún otro accidente en el lugar. Hay iluminación de postes de alumbrado público que estaba hace mucho tiempo. Al exhibir las fotos reconoce las zonas, me refiero a las fotos N° 1 donde está la pasarela. La señalética está en la vía. En este momento está ahí, las marcaciones de piso están desde antes que yo llegara, la señalética no estoy seguro. Contrainterrogado: Exhibidas dos fotos y conocimiento del lugar, dice que la superficie en general es regular pero desnivel de 15 cms. no existe. Se ve con pendiente, no con desnivel. Yo al transitar digo que es irregular no puedo calificar como pendiente o desnivel. La señalética se instala en forma permanente. Desde que yo llegué se que estaba todo. El otro testigo Julio César Esturiones Céspedes, declara: soy monitor de vuelo, trabajo para Andes Airport desde el 2003. Yo trabajo en plataforma, donde llegan las aeronaves. Cuando llego a trabajar llegó a las instalaciones de Andes, a los camarines a cambiarse ropa, hay que salir por una vereda y nos toma el carrusel. La vereda está demarcada con líneas amarillas, solo debemos circular por ahí, según instrucciones del prevencionista de riesgos. Siempre ha habido señalética, es nuestro deber leerla. Esa señalética están en los murales. Existía comité paritario, yo soy miembro representante de los trabajadores. No hemos recibido reclamo del lugar. El lugar del accidente es una vereda de adoquín. Se le exhiben las fotos, reconoce la zona como de tránsito habitual. A su turno la demandada solidaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. incorpora copia de contrato de subcontratación de fecha 28 de septiembre de 2007 entre SCL y Andes Airpot Services. SEXTO: Que en la audiencia preparatoria el tribunal rechazó las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación activa opuestas por las demandadas, resolución que se encuentra ejecutoriada. SÉPTIMO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, esto es según los principios de la lógica y las máximas de experiencia, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa: 1. Que el actor el día 26 de octubre de 2009, aproximadamente a las 05:20 horas y mientras se desplaza por la zona de peatones hacia el lugar donde debía tomar un vehículo que lo trasladaría al lugar de las faenas a raíz de una situación no determinada, sufrió un esguince en su rodilla derecha. Hecho que se acredita tanto con los dichos del actor, la declaración individual de accidente del trabajo y el informe médico emitido por el IST. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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2. Que el lugar donde ocurrió el accidente se encuentra habilitado para el paso de peatones y debidamente señalizado. Ello se acredita tanto con la absolución de posiciones del actor, fotografías del lugar, dichos de los testigos. 3. Que el diagnóstico del actor fue: esguince medial rodilla derecha. Que con fecha 20 de noviembre de 2009 fue dado de alta por inasistencia a tratamiento kinésico reingresando el 20 de noviembre de 2009 con molestias y siendo dado de alta nuevamente el 31 de diciembre de 2009. Hecho que se acredita con el informe médico del IST. 4. Que a la época del accidente la demandada contaba con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad el que fue incorporado en la audiencia de juicio. Que además al actor se le había hecho entrega de equipos de protección personal como guantes, traje de lluvia, lentes, rodilleras, jockey, snack, bototos, reflectante, según consta de los registros respectivos debidamente suscritos por el actor. 5. Que la demandada otorgó capacitación al actor en cuanto a adoctrinamiento básico inicial, capacitación Inducción seguridad y actos de interferencia ilícita, capacitación en cuanto a orientación en prevención de riesgo, desplazamiento seguro en Plataforma, manejo manual de carga, hecho que consta en los certificados respectivos los que se encuentran suscritos por el actor. 6. Que la demandada contaba con un Prevencionista de Riesgos a la época del accidente siendo este don Marcelo Corona Larenas según consta del contrato de trabajo de éste. 7. Que la empresa contaba con Comité Paritario según se acredita con la copia del envío de acta de constitución a la Inspección del Trabajo Santiago Poniente. OCTAVO: Que, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Que para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. Que respecto del primero de los requisitos, cabe destacar que el accidente ocurrió dentro de la empresa demandada principal, en horario de trabajo a raíz de una situación no determinada, mientras se desplazaba por un lugar habilitado para peatones. Que el lugar de los hechos se encuentra debidamente señalizado tanto con señalética paso de peatones, como también carteles que así lo indican. Estos hechos están corroborados no solo con los dichos del actor sino con todos los medios de prueba aportados por ambas partes, en especial el informe médico del IST suscrito por el médico auditor don Arnando Ledesma Zamora, el que en lo pertinente señala: Ingresó a urgencia IST Quilicura el 26. 10. 2009 relatando que al concluir su jornada de trabajo (05:30 hrs.) caminando y al bajar un pequeño desnivel con pie izquierdo resbaló perdiendo equilibrio, cayendo al suelo, con la extremidad inferior derecha mas atrás. Quedó con dolor en rodilla derecha, por su cara medial. Su relato es confuso, no queda exactamente aclarado el mecanismo del accidente. Tampoco deja claro si practica algún deporte. Que el actor manifiesta que el lugar donde ocurrió el accidente es oscuro y de poca luminosidad, hecho que no se encuentra acreditado toda vez que de las fotografías incorporadas aparece que existía luminaria en el lugar, no siendo posible dar por establecido que ésta no funcionaba por cuanto no se allegó prueba al respecto, siendo insuficiente el testimonio de un solo testigo don Eduardo Espinoza quien dice no recordar mucho el lugar, y habla de poca luminosidad. Que tampoco es posible dar crédito a la alegación del actor formulada al absolver posiciones en cuanto a que en el lugar existía desorden y suciedad, por cuanto, no existe ninguna prueba que permita dar por establecido tal hecho ni aún los dichos de sus testigos, sino solo sus dichos referidos en la confesión por cuanto ello no se señala en su demanda. Que por su parte, no se ha logrado dar por establecido la existencia del desnivel a que hace referencia la parte demandante, toda vez que de las fotografías incorporadas por la demandada y reconocidas por el actor, como el lugar en que habría ocurrido el accidente, no es posible advertir tal desnivel o pendiente que indica. Por su parte, el único testigo del demandante que declara sobre el punto don

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2. Que el lugar donde ocurrió el accidente se encuentra habilitado para el paso de peatones y debidamente señalizado. Ello se acredita tanto con la absolución de posiciones del actor, fotografías del lugar, dichos de los testigos. 3. Que el diagnóstico del actor fue: esguince medial rodilla derecha. Que con fecha 20 de noviembre de 2009 fue dado de alta por inasistencia a tratamiento kinésico reingresando el 20 de noviembre de 2009 con molestias y siendo dado de alta nuevamente el 31 de diciembre de 2009. Hecho que se acredita con el informe médico del IST. 4. Que a la época del accidente la demandada contaba con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad el que fue incorporado en la audiencia de juicio. Que además al actor se le había hecho entrega de equipos de protección personal como guantes, traje de lluvia, lentes, rodilleras, jockey, snack, bototos, reflectante, según consta de los registros respectivos debidamente suscritos por el actor. 5. Que la demandada otorgó capacitación al actor en cuanto a adoctrinamiento básico inicial, capacitación Inducción seguridad y actos de interferencia ilícita, capacitación en cuanto a orientación en prevención de riesgo, desplazamiento seguro en Plataforma, manejo manual de carga, hecho que consta en los certificados respectivos los que se encuentran suscritos por el actor. 6. Que la demandada contaba con un Prevencionista de Riesgos a la época del accidente siendo este don Marcelo Corona Larenas según consta del contrato de trabajo de éste. 7. Que la empresa contaba con Comité Paritario según se acredita con la copia del envío de acta de constitución a la Inspección del Trabajo Santiago Poniente. OCTAVO: Que, se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, que la responsabilidad que se genera por un accidente de trabajo, si es el mismo trabajador quien la reclama, es de índole contractual, pues tiene origen en el incumplimiento del empleador del deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador, deber vinculado al contenido ético del contrato de trabajo y que se traduce en la obligación legal de seguridad establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. Que para que dicha responsabilidad en definitiva tenga lugar, deben concurrir los siguientes requisitos: 1) que exista un incumplimiento del empleador a su deber de protección y cuidado de la vida y salud del trabajador; 2) Que dicho incumplimiento sea imputable al empleador y 3) Que dicho incumplimiento le haya ocasionado perjuicios al trabajador. Que respecto del primero de los requisitos, cabe destacar que el accidente ocurrió dentro de la empresa demandada principal, en horario de trabajo a raíz de una situación no determinada, mientras se desplazaba por un lugar habilitado para peatones. Que el lugar de los hechos se encuentra debidamente señalizado tanto con señalética paso de peatones, como también carteles que así lo indican. Estos hechos están corroborados no solo con los dichos del actor sino con todos los medios de prueba aportados por ambas partes, en especial el informe médico del IST suscrito por el médico auditor don Arnando Ledesma Zamora, el que en lo pertinente señala: Ingresó a urgencia IST Quilicura el 26. 10. 2009 relatando que al concluir su jornada de trabajo (05:30 hrs.) caminando y al bajar un pequeño desnivel con pie izquierdo resbaló perdiendo equilibrio, cayendo al suelo, con la extremidad inferior derecha mas atrás. Quedó con dolor en rodilla derecha, por su cara medial. Su relato es confuso, no queda exactamente aclarado el mecanismo del accidente. Tampoco deja claro si practica algún deporte. Que el actor manifiesta que el lugar donde ocurrió el accidente es oscuro y de poca luminosidad, hecho que no se encuentra acreditado toda vez que de las fotografías incorporadas aparece que existía luminaria en el lugar, no siendo posible dar por establecido que ésta no funcionaba por cuanto no se allegó prueba al respecto, siendo insuficiente el testimonio de un solo testigo don Eduardo Espinoza quien dice no recordar mucho el lugar, y habla de poca luminosidad. Que tampoco es posible dar crédito a la alegación del actor formulada al absolver posiciones en cuanto a que en el lugar existía desorden y suciedad, por cuanto, no existe ninguna prueba que permita dar por establecido tal hecho ni aún los dichos de sus testigos, sino solo sus dichos referidos en la confesión por cuanto ello no se señala en su demanda. Que por su parte, no se ha logrado dar por establecido la existencia del desnivel a que hace referencia la parte demandante, toda vez que de las fotografías incorporadas por la demandada y reconocidas por el actor, como el lugar en que habría ocurrido el accidente, no es posible advertir tal desnivel o pendiente que indica. Por su parte, el único testigo del demandante que declara sobre el punto don

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Eduardo Espinoza Castañeda, dice: es una cuneta que tenía una bajada, no recuerdo mucho. Lo anterior, unido a las máximas de experiencia en el sentido que era una vía que ocupaban a diario todos los trabajadores y en todos los horarios, lo que se traduce en que el actor conocía a cabalidad el sector, permite concluir que no es posible imputar responsabilidad a la empresa en el accidente acaecido al actor. Mas aún cuando, el trabajador contaba con implementos de seguridad entregados con anterioridad por la demandada, había recibido capacitación en diversas materias especialmente en el tema orientación en prevención de riesgo, desplazamiento seguro en plataforma, manejo manual de carga, existía un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en la empresa, como también un Comité Paritario, un prevencionista de riesgo y por último el lugar por donde transitaba el actor era un lugar habilitado para el tránsito de peatones debidamente señalizado, encontrándose por lo tanto, acreditado el cumplimiento del deber de seguridad del empleador que debe ser más que un cumplimiento formal. NOVENO: Que de acuerdo a lo antes razonado, no concurriendo el primero de los requisitos establecidos para la procedencia de responsabilidad del empleador en un accidente del trabajo, se procederá al rechazo de la demanda, omitiendo hacerse cargo de los restantes requisitos por estimarlo innecesario. DÉCIMO: Que por lo anterior, tampoco se emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad solidaria que se demanda. DECIMOPRIMERO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo antes concluido, razón por la cual se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos. Visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 63, 184 y 446 a 462 del Código del Trabajo, ley Nº 16.744 y decreto supremo 549, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: I. Que SE RECHAZA la demanda de autos interpuesta por don Christian Andrés Medina Suazo en contra Andes Airport Services S.A. y solidariamente en contra de Terminal Aéreo Santiago S.A. II. Que atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas. Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT: O-1654-2010. RUC: 10 4 0029620 6. Pronunciada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a dieciséis de septiembre de dos mil diez, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

Eduardo Espinoza Castañeda, dice: es una cuneta que tenía una bajada, no recuerdo mucho. Lo anterior, unido a las máximas de experiencia en el sentido que era una vía que ocupaban a diario todos los trabajadores y en todos los horarios, lo que se traduce en que el actor conocía a cabalidad el sector, permite concluir que no es posible imputar responsabilidad a la empresa en el accidente acaecido al actor. Mas aún cuando, el trabajador contaba con implementos de seguridad entregados con anterioridad por la demandada, había recibido capacitación en diversas materias especialmente en el tema orientación en prevención de riesgo, desplazamiento seguro en plataforma, manejo manual de carga, existía un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en la empresa, como también un Comité Paritario, un prevencionista de riesgo y por último el lugar por donde transitaba el actor era un lugar habilitado para el tránsito de peatones debidamente señalizado, encontrándose por lo tanto, acreditado el cumplimiento del deber de seguridad del empleador que debe ser más que un cumplimiento formal. NOVENO: Que de acuerdo a lo antes razonado, no concurriendo el primero de los requisitos establecidos para la procedencia de responsabilidad del empleador en un accidente del trabajo, se procederá al rechazo de la demanda, omitiendo hacerse cargo de los restantes requisitos por estimarlo innecesario. DÉCIMO: Que por lo anterior, tampoco se emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad solidaria que se demanda. DECIMOPRIMERO: Que los demás medios de prueba allegados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo antes concluido, razón por la cual se omitirá un análisis pormenorizado de los mismos. Visto además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 63, 184 y 446 a 462 del Código del Trabajo, ley Nº 16.744 y decreto supremo 549, 2314 y siguientes del Código Civil, SE DECLARA: I. Que SE RECHAZA la demanda de autos interpuesta por don Christian Andrés Medina Suazo en contra Andes Airport Services S.A. y solidariamente en contra de Terminal Aéreo Santiago S.A. II. Que atendido lo resuelto, cada parte pagará sus costas. Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT: O-1654-2010. RUC: 10 4 0029620 6. Pronunciada por doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a dieciséis de septiembre de dos mil diez, se notificó por el estado diario la sentencia precedente. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, tres de septiembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció don Osvaldo Jaime Astete Paredes, carpintero, domiciliado en El Papayo N° 3860, comuna de Puente Alto, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en procedimiento de aplicación general en contra de la Sociedad Constructora Génesis Ltda., representada legalmente por don Edgardo Vallejos Rodríguez, ambos domiciliados en calle Román Díaz N° 2097, comuna de Ñuñoa, Santiago, solicitando se condene a la demandada al pago por concepto de indemnización por daño moral de la suma de 600 Unidades de Fomento, equivalentes al valor en pesos que tenga el día de su pago, o el monto que el Tribunal estime en justicia fijar, reajustes, intereses y costas. Señala que comenzó a prestar servicios para la demandada con fecha 22 de junio de 2009, para cumplir funciones de maestro carpintero en obra Los Conquistadores II Etapa, ubicado en calle Vicuña Mackenna N° 980, comuna de La Cisterna, Santiago, percibiendo un sueldo base de $ 159.000. Expresa que durante la jornada laboral del día lunes 3 de agosto de 2009, siendo aproximadamente las 17:00 hrs., y en circunstancias que trabajaba en la instalación de un rebalse para contener hormigón y mientras estaba clavando un cabezal en el tercer piso de la tercera nave y en un espacio muy reducido y muy incómodo para hacer la maniobra, en medio de muchos fierros que sobresalen y que sirven para anclar bloques para el siguiente piso en altura de un edificio, se golpeó accidentalmente el dedo anular de la mano izquierda, sufriendo la fractura grave del mismo. El dolor fue inmenso y en aumento, su dedo se reventó por el violento impacto. Sin embargo, dada su premura por llegar puntual al establecimiento donde cursa estudios de construcción civil, y en razón a que ya se terminaba su jornada laboral, no alcanzó a informar lo sucedido a su jefe directo quien además no se encontraba en ese momento. Explica que al día siguiente ya con su dedo absolutamente inflamado y soportando profundos dolores y antes de comenzar a trabajar, le comunicó a su jefe directo del accidente que sufrió, quien le indicó que había perdido su derecho a ser atendido en la Mutual de Seguridad, por no haber dado inmediato informe del accidente. Al efecto, tuvo que solicitar asistencia de urgencia médica en el sistema público del Hospital Sotero del Río, donde se le diagnosticó fractura grave de la tercera falange del dedo anular izquierdo y se le concedió reposo por 30 días. Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 3 de mayo de 2010, mediante ordinario 026327, decretó que su accidente constituyó un accidente a causa del trabajo. Manifiesta que a causa del accidente sufrido, derivada de la nula preocupación de su empleador por los más elementales cuidados y resguardos por la integridad física y salud de los trabajadores que para él laboran, entre ellos esta parte, se le ha provocado un daño moral que por esta vía solicita sea reparado íntegramente por la demandada. En efecto, el profundo dolor, angustia y depresión y sufrimiento, al ver su dedo en las condiciones de destrucción que quedó luego del accidente; el tener su mano prácticamente inutilizada a consecuencia de la culpa de la demandada en orden a que no cumplió con las normas que la ley exige para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, al ordenarle trabajar en condiciones riesgosas y deficientes en seguridad ha infringido gravemente y en forma culpable y negligente el deber de prevención, seguridad y protección contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, obligación que forma parte de la relación laboral y así entonces, las infracciones que incurrió su empleador, constituyen un incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo, lo que compromete el ámbito de la responsabilidad contractual. SEGUNDO: Que encontrándose debidamente notificada la demandada contestó la demanda interpuesta dentro del plazo legal solicitando su rechazo con costas.

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1550-2009 Cita online: CL/JUR/16387/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1550-2009 Cita online: CL/JUR/16387/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, tres de septiembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció don Osvaldo Jaime Astete Paredes, carpintero, domiciliado en El Papayo N° 3860, comuna de Puente Alto, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en procedimiento de aplicación general en contra de la Sociedad Constructora Génesis Ltda., representada legalmente por don Edgardo Vallejos Rodríguez, ambos domiciliados en calle Román Díaz N° 2097, comuna de Ñuñoa, Santiago, solicitando se condene a la demandada al pago por concepto de indemnización por daño moral de la suma de 600 Unidades de Fomento, equivalentes al valor en pesos que tenga el día de su pago, o el monto que el Tribunal estime en justicia fijar, reajustes, intereses y costas. Señala que comenzó a prestar servicios para la demandada con fecha 22 de junio de 2009, para cumplir funciones de maestro carpintero en obra Los Conquistadores II Etapa, ubicado en calle Vicuña Mackenna N° 980, comuna de La Cisterna, Santiago, percibiendo un sueldo base de $ 159.000. Expresa que durante la jornada laboral del día lunes 3 de agosto de 2009, siendo aproximadamente las 17:00 hrs., y en circunstancias que trabajaba en la instalación de un rebalse para contener hormigón y mientras estaba clavando un cabezal en el tercer piso de la tercera nave y en un espacio muy reducido y muy incómodo para hacer la maniobra, en medio de muchos fierros que sobresalen y que sirven para anclar bloques para el siguiente piso en altura de un edificio, se golpeó accidentalmente el dedo anular de la mano izquierda, sufriendo la fractura grave del mismo. El dolor fue inmenso y en aumento, su dedo se reventó por el violento impacto. Sin embargo, dada su premura por llegar puntual al establecimiento donde cursa estudios de construcción civil, y en razón a que ya se terminaba su jornada laboral, no alcanzó a informar lo sucedido a su jefe directo quien además no se encontraba en ese momento. Explica que al día siguiente ya con su dedo absolutamente inflamado y soportando profundos dolores y antes de comenzar a trabajar, le comunicó a su jefe directo del accidente que sufrió, quien le indicó que había perdido su derecho a ser atendido en la Mutual de Seguridad, por no haber dado inmediato informe del accidente. Al efecto, tuvo que solicitar asistencia de urgencia médica en el sistema público del Hospital Sotero del Río, donde se le diagnosticó fractura grave de la tercera falange del dedo anular izquierdo y se le concedió reposo por 30 días. Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 3 de mayo de 2010, mediante ordinario 026327, decretó que su accidente constituyó un accidente a causa del trabajo. Manifiesta que a causa del accidente sufrido, derivada de la nula preocupación de su empleador por los más elementales cuidados y resguardos por la integridad física y salud de los trabajadores que para él laboran, entre ellos esta parte, se le ha provocado un daño moral que por esta vía solicita sea reparado íntegramente por la demandada. En efecto, el profundo dolor, angustia y depresión y sufrimiento, al ver su dedo en las condiciones de destrucción que quedó luego del accidente; el tener su mano prácticamente inutilizada a consecuencia de la culpa de la demandada en orden a que no cumplió con las normas que la ley exige para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, al ordenarle trabajar en condiciones riesgosas y deficientes en seguridad ha infringido gravemente y en forma culpable y negligente el deber de prevención, seguridad y protección contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, obligación que forma parte de la relación laboral y así entonces, las infracciones que incurrió su empleador, constituyen un incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo, lo que compromete el ámbito de la responsabilidad contractual. SEGUNDO: Que encontrándose debidamente notificada la demandada contestó la demanda interpuesta dentro del plazo legal solicitando su rechazo con costas.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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En primer término opone la excepción de transacción, fundado en que la relación laboral terminó el día 30 de septiembre de 2009, de conformidad al artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, esto es, “Conclusión del Trabajo o servicio que dio origen al contrato”, firmando al efecto finiquito con fecha 2 de octubre de 2009, ante el Notario Público don Juan Eugenio del Real Armas, sin hacer el actor reserva de derecho alguno. Expresa que habiendo otorgado finiquito el demandante en forma libre y espontánea, y ello a más de un mes de ocurrido el supuesto accidente no cabe sino otorgar a dicha manifestación de voluntad el más amplio poder liberatorio, de lo contrario sería atentar contra la institución de la certeza jurídica. Contestando la demanda reconoce la existencia de la relación laboral, su fecha de inicio indica que el actor, prestaba funciones el demandante de maestro carpintero, oficio que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2009, fecha esta última en que se puso término a su contrato de trabajo por término de faenas, firmando este finiquito sin hacer reserva de derecho. Expresa que el día 3 de agosto de 2009, no se produjo ningún hecho relativo a ningún accidente de trabajo de ningún trabajador de la faena. El demandante, se retiró de las dependencias de la faena aproximadamente a las 17:30 horas, sin señalar ni a su superior ni a sus compañeros de sufrir accidente alguno, ni manifestar externamente signos de dolor o molestia alguna derivado de un accidente de trabajo. Agrega que la Mutual de Seguridad por resolución del 12 de noviembre de 2009, determinó que el hecho que afectó al demandante no constituyó un accidente del trabajo y atendido que el demandante reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, acogiendo dicho organismo su reclamo, la Mutual de Seguridad dictó resolución de 10 de junio de 2010, declaró que el siniestro constituye un accidente del trabajo, encontrándose esa parte dentro de plazo para efectos de reclamar a su vez de dicha resolución. Indica que por otra parte, dado el oficio del demandante, claramente cualquier lesión sufrida por éste, como consecuencia de estar clavando un cabezal, va más allá de toda previsión que esa parte haya podido tomar. Expresa que cumplió cabalmente con su deber de protección, otorgando la instrucción correspondiente, dando charlas respecto del manejo de elementos de seguridad y de auto cuidado, otorgándose el correspondiente derecho a saber. Agrega que cualquier lesión que haya sufrido el demandante, ello se ha dado fuera del ámbito del trabajo. De esta forma, la lesión sufrida por el actor sólo ha podido tener lugar por su culpa exclusiva, por un descuido y acción insegura llevada a efecto por su propia cuenta y riesgo fuera del ámbito del trabajo y por lo tanto no se entiende cubierto tal hecho por la ley 16.744. En cuanto al daño moral indica que el demandante en autos sólo se ha limitado a señalar en forma genérica que se le repare el profundo dolor, angustia y sufrimiento al ver su dedo en las condiciones que quedó luego de tener el accidente y al tener su mano prácticamente inutilizada, pero no señala fundamento alguno de cual es el daño moral que ha sufrido, ni tampoco como arriba al cálculo de las 600 UF que demanda, limitándose a dar una cifra en forma antojadiza y arbitraria. Menos aún se entiende que haya esperado más de seis meses en demandar. Sin perjuicio de lo expuesto y en el evento que se estime que si se ha producido un accidente del trabajo, ningún menoscabo ha sufrido el demandante, puesto que a la fecha no reviste ningún grado de incapacidad. TERCERO: Que evacuando el traslado de la excepción de finiquito la demandante solicita su rechazo con costas. Señala que no se observa en el finiquito una cláusula liberatoria relativa a accidentes laborales o enfermedades profesionales por tanto no puede hacerse extensivo al accidente del actor sufrido durante la vigencia de la relación laboral; en segundo término indica que el artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744 se remiten al derecho común y sobre esa base no existe norma que limite la responsabilidad del empleador con la sola firma del finiquito. CUARTO: Que con fecha 14 de julio de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria. Por su parte con fecha 17 de agosto de 2010, tuvo lugar la audiencia de juicio. QUINTO: Que llamadas las partes a conciliación sobre las bases propuestas por el tribunal, esta no se produjo.

En primer término opone la excepción de transacción, fundado en que la relación laboral terminó el día 30 de septiembre de 2009, de conformidad al artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo, esto es, “Conclusión del Trabajo o servicio que dio origen al contrato”, firmando al efecto finiquito con fecha 2 de octubre de 2009, ante el Notario Público don Juan Eugenio del Real Armas, sin hacer el actor reserva de derecho alguno. Expresa que habiendo otorgado finiquito el demandante en forma libre y espontánea, y ello a más de un mes de ocurrido el supuesto accidente no cabe sino otorgar a dicha manifestación de voluntad el más amplio poder liberatorio, de lo contrario sería atentar contra la institución de la certeza jurídica. Contestando la demanda reconoce la existencia de la relación laboral, su fecha de inicio indica que el actor, prestaba funciones el demandante de maestro carpintero, oficio que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2009, fecha esta última en que se puso término a su contrato de trabajo por término de faenas, firmando este finiquito sin hacer reserva de derecho. Expresa que el día 3 de agosto de 2009, no se produjo ningún hecho relativo a ningún accidente de trabajo de ningún trabajador de la faena. El demandante, se retiró de las dependencias de la faena aproximadamente a las 17:30 horas, sin señalar ni a su superior ni a sus compañeros de sufrir accidente alguno, ni manifestar externamente signos de dolor o molestia alguna derivado de un accidente de trabajo. Agrega que la Mutual de Seguridad por resolución del 12 de noviembre de 2009, determinó que el hecho que afectó al demandante no constituyó un accidente del trabajo y atendido que el demandante reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, acogiendo dicho organismo su reclamo, la Mutual de Seguridad dictó resolución de 10 de junio de 2010, declaró que el siniestro constituye un accidente del trabajo, encontrándose esa parte dentro de plazo para efectos de reclamar a su vez de dicha resolución. Indica que por otra parte, dado el oficio del demandante, claramente cualquier lesión sufrida por éste, como consecuencia de estar clavando un cabezal, va más allá de toda previsión que esa parte haya podido tomar. Expresa que cumplió cabalmente con su deber de protección, otorgando la instrucción correspondiente, dando charlas respecto del manejo de elementos de seguridad y de auto cuidado, otorgándose el correspondiente derecho a saber. Agrega que cualquier lesión que haya sufrido el demandante, ello se ha dado fuera del ámbito del trabajo. De esta forma, la lesión sufrida por el actor sólo ha podido tener lugar por su culpa exclusiva, por un descuido y acción insegura llevada a efecto por su propia cuenta y riesgo fuera del ámbito del trabajo y por lo tanto no se entiende cubierto tal hecho por la ley 16.744. En cuanto al daño moral indica que el demandante en autos sólo se ha limitado a señalar en forma genérica que se le repare el profundo dolor, angustia y sufrimiento al ver su dedo en las condiciones que quedó luego de tener el accidente y al tener su mano prácticamente inutilizada, pero no señala fundamento alguno de cual es el daño moral que ha sufrido, ni tampoco como arriba al cálculo de las 600 UF que demanda, limitándose a dar una cifra en forma antojadiza y arbitraria. Menos aún se entiende que haya esperado más de seis meses en demandar. Sin perjuicio de lo expuesto y en el evento que se estime que si se ha producido un accidente del trabajo, ningún menoscabo ha sufrido el demandante, puesto que a la fecha no reviste ningún grado de incapacidad. TERCERO: Que evacuando el traslado de la excepción de finiquito la demandante solicita su rechazo con costas. Señala que no se observa en el finiquito una cláusula liberatoria relativa a accidentes laborales o enfermedades profesionales por tanto no puede hacerse extensivo al accidente del actor sufrido durante la vigencia de la relación laboral; en segundo término indica que el artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744 se remiten al derecho común y sobre esa base no existe norma que limite la responsabilidad del empleador con la sola firma del finiquito. CUARTO: Que con fecha 14 de julio de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria. Por su parte con fecha 17 de agosto de 2010, tuvo lugar la audiencia de juicio. QUINTO: Que llamadas las partes a conciliación sobre las bases propuestas por el tribunal, esta no se produjo. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEXTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba: Documental: 1. Documento de la Superintendencia de Seguridad Social ordinario N°026327 de fecha 3 de mayo de 2010. 2. Finiquito suscrito por el trabajador y el empleador con fecha 2 de octubre de 2009. 3. Certificado de atención médica efectuada ante la Mutual de Seguridad respecto del trabajador, de fecha 5 de noviembre de 2009. 4. Informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo Santiago Sur de fecha 14 de agosto de 2009 respecto de higiene y seguridad y aplica multa a la demandada. 5. Comprobante de ingreso de fiscalización de fecha 4 de agosto de 2009 efectuada por el actor ante la Inspección del Trabajo respectiva. 6. Certificado de atención médica en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río de fecha 4 de agosto 2009 respecto del actor. 7. Comprobante de atención médica con fecha 1° de septiembre de 2009 en la especialidad de Traumatología en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río. Testimonial: 1. Doña Jaqueline Figueroa Campos quien en síntesis expone que conoce al demandante desde hace 4 años porque arriendan una casa en común que comparten varias familias, el último trabajo estable que tuvo el demandante fue para la demandada ya no trabaja en esa empresa desde el año pasado en que tuvo el accidente en el trabajo. Respecto al accidente indica que pasó esto un día lunes recuerda, el demandante llegó a la casa, a todos les extrañó el horario en que llegó, porque era temprano, ya que su horario no es de llegada temprano porque estudia en la tarde, pasó para su pieza y le preguntaron que le había pasado, porque había llegado cabizbajo, pálido y fueron a preguntarle y les contó lo que le había pasado y les mostró su mano izquierda, en que tenía el dedo reventado por el lado de la yema, su mano estaba toda con sangre demasiado hinchada y se preocuparon, el actor les contó que había sido accidente de trabajo, que se pegó con el martillo en el dedo, y luego dice que se fue al Instituto pero que estuvo un rato y se fue porque el dolor era demasiado grande, incluso ellos le dieron un anti inflamatorio, ya que su dolor era grande no podía mover tres dedos, y estuvo así mucho tiempo, recuerda que fue como un mes, incluso lo ayudaban a curarse los dedos, esa noche fue muy mala, ella se levantó en la noche porque la luz de su pieza del actor no se apagaba estuvo prendida toda la noche, el dolor no lo dejaba dormir. Las otras personas que estaban en el lugar cuando llegó el demandante eran Lorena Guerrero, su esposo y su hijo que es pequeño y el esposo la declarante y entre todos le dieron la ayuda que pudieron en el momento. No acudieron a una asistencia médica porque el demandante dijo que no porque no quería recibir una ayuda médica antes de llegar a la empresa porque había sido en el trabajo. El demandante le señaló que el accidente había sido como a las cinco, porque tenía que retirarse antes por el tema de sus estudios. Al otro día él se dirigió al trabajo y les contó que informó lo que había sucedido a la persona que correspondía pero no se le dio la atención que el necesitaba, de hecho la atención que recibió fue hecha en un Hospital. No se le prestó la atención porque se le dijo que no había sido accidente del trabajo. Todos los que viven en la casa comparten por lo que si hubiese sido un accidente no de trabajo se hubiesen dado cuenta. El actor no le informó a la empresa porque fue como a las cinco y algo y se retira antes por sus estudios y estaba en una tutoría y no podía faltar o atrasarse en ese momento pero en el Instituto estuvo muy corto tiempo y se fue a la casa. No podía hacer sus quehaceres, su vida no era normal, no tenía movilidad en la mano. Le extendieron una licencia por 30 días volvió a trabajar a la misma empresa duró 20 días y fue despedido. 2. Don Adrián Marcelo Arriagada Sandoval, quien resumidamente expone que conoce al demandante desde hace 4 ó 5 años, arriendan una casa juntos acá en Santiago. El demandante después del accidente solo realizó trabajos esporádicos. Antes trabajaba para una empresa en la cisterna pero no recuerda el nombre. En cuanto al accidente indica que él estaba ahí cuando el actor llegó con el dedo machacado, llegó a la casa con el dedo así después de la universidad, al otro día fue al trabajo y no lo mandaron a la Mutual ni a ninguna parte, tuvo que ir al Hospital Sotero del Río a hacerse las curaciones por su propia cuenta. El vio que estaba con el dedo negro en la noche estaba despierto de dolor. Es-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEXTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba: Documental: 1. Documento de la Superintendencia de Seguridad Social ordinario N°026327 de fecha 3 de mayo de 2010. 2. Finiquito suscrito por el trabajador y el empleador con fecha 2 de octubre de 2009. 3. Certificado de atención médica efectuada ante la Mutual de Seguridad respecto del trabajador, de fecha 5 de noviembre de 2009. 4. Informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo Santiago Sur de fecha 14 de agosto de 2009 respecto de higiene y seguridad y aplica multa a la demandada. 5. Comprobante de ingreso de fiscalización de fecha 4 de agosto de 2009 efectuada por el actor ante la Inspección del Trabajo respectiva. 6. Certificado de atención médica en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río de fecha 4 de agosto 2009 respecto del actor. 7. Comprobante de atención médica con fecha 1° de septiembre de 2009 en la especialidad de Traumatología en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río. Testimonial: 1. Doña Jaqueline Figueroa Campos quien en síntesis expone que conoce al demandante desde hace 4 años porque arriendan una casa en común que comparten varias familias, el último trabajo estable que tuvo el demandante fue para la demandada ya no trabaja en esa empresa desde el año pasado en que tuvo el accidente en el trabajo. Respecto al accidente indica que pasó esto un día lunes recuerda, el demandante llegó a la casa, a todos les extrañó el horario en que llegó, porque era temprano, ya que su horario no es de llegada temprano porque estudia en la tarde, pasó para su pieza y le preguntaron que le había pasado, porque había llegado cabizbajo, pálido y fueron a preguntarle y les contó lo que le había pasado y les mostró su mano izquierda, en que tenía el dedo reventado por el lado de la yema, su mano estaba toda con sangre demasiado hinchada y se preocuparon, el actor les contó que había sido accidente de trabajo, que se pegó con el martillo en el dedo, y luego dice que se fue al Instituto pero que estuvo un rato y se fue porque el dolor era demasiado grande, incluso ellos le dieron un anti inflamatorio, ya que su dolor era grande no podía mover tres dedos, y estuvo así mucho tiempo, recuerda que fue como un mes, incluso lo ayudaban a curarse los dedos, esa noche fue muy mala, ella se levantó en la noche porque la luz de su pieza del actor no se apagaba estuvo prendida toda la noche, el dolor no lo dejaba dormir. Las otras personas que estaban en el lugar cuando llegó el demandante eran Lorena Guerrero, su esposo y su hijo que es pequeño y el esposo la declarante y entre todos le dieron la ayuda que pudieron en el momento. No acudieron a una asistencia médica porque el demandante dijo que no porque no quería recibir una ayuda médica antes de llegar a la empresa porque había sido en el trabajo. El demandante le señaló que el accidente había sido como a las cinco, porque tenía que retirarse antes por el tema de sus estudios. Al otro día él se dirigió al trabajo y les contó que informó lo que había sucedido a la persona que correspondía pero no se le dio la atención que el necesitaba, de hecho la atención que recibió fue hecha en un Hospital. No se le prestó la atención porque se le dijo que no había sido accidente del trabajo. Todos los que viven en la casa comparten por lo que si hubiese sido un accidente no de trabajo se hubiesen dado cuenta. El actor no le informó a la empresa porque fue como a las cinco y algo y se retira antes por sus estudios y estaba en una tutoría y no podía faltar o atrasarse en ese momento pero en el Instituto estuvo muy corto tiempo y se fue a la casa. No podía hacer sus quehaceres, su vida no era normal, no tenía movilidad en la mano. Le extendieron una licencia por 30 días volvió a trabajar a la misma empresa duró 20 días y fue despedido. 2. Don Adrián Marcelo Arriagada Sandoval, quien resumidamente expone que conoce al demandante desde hace 4 ó 5 años, arriendan una casa juntos acá en Santiago. El demandante después del accidente solo realizó trabajos esporádicos. Antes trabajaba para una empresa en la cisterna pero no recuerda el nombre. En cuanto al accidente indica que él estaba ahí cuando el actor llegó con el dedo machacado, llegó a la casa con el dedo así después de la universidad, al otro día fue al trabajo y no lo mandaron a la Mutual ni a ninguna parte, tuvo que ir al Hospital Sotero del Río a hacerse las curaciones por su propia cuenta. El vio que estaba con el dedo negro en la noche estaba despierto de dolor. Es-

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tuvo con licencia después volvió a trabajar y lo despidieron. Le afectó porque no podía hacer sus cosas normales, como asearse, hacer sus cosas, estudiar, le afectó mucho porque el era una persona muy independiente. 3. Doña Lorena Guerrero Rebolledo, quien en resumen expresa que conoce al demandante desde hace 4 ó 5 años porque arriendan una casa y viven todos juntos, trabajó para la empresa demandada, ya no trabaja tuvo un accidente de trabajo que no se lo reconocieron. El accidente lo tuvo el día 3 de agosto de 2009, día lunes. El demandante llegó después de la once a la casa, llegó muy afectado porque había tenido este accidente, llegó en un horario que no era muy habitual que llegara del Instituto extraño, pálido, y ellos le preguntaron que le pasaban, ahí les mostró su mano, se dieron cuenta que tenía su dedo reventado, el dedo negro, le dolía mucho, hinchado, y estaba muy angustiado por el accidente que había tenido. El demandante le indicó que estaba trabajando y se dio un golpe en su dedo con un martillo, le dijeron que fuera a ver médico no fue porque quería mostrarle a sus empleadores lo que había pasado y si llevaba su dedo vendado era como si no hubiera pasado nada. Le dieron ibuprofeno porque tenía un dolor intenso, esa noche no pudo dormir, ellos estaban muy preocupado por él, porque era feo lo que tenía. Al día siguiente se levantó a trabajar como le correspondía y llegó temprano con su mano vendada, le contó que había pasado a la urgencia del Sotero del Río porque en el trabajo no se lo habían hecho válido como accidente del trabajo. El actor no dio aviso del accidente el mismo día porque como estudia tenía una tutoría, pero al otro día habló con el capataz, pero le dijeron que no, que había perdido su beneficio para accidente de trabajo, hablaron con una persona encargada de la seguridad por teléfono quien señaló que no tenía derecho por no haber avisado. Al demandante le dieron licencia por 30 días y durante ese tiempo sus dolores eran intensos porque tenía el dedo fracturado, le afectó mucho en su vida personal, no tenía plata para pagar el arriendo y hasta el día de hoy no ha tenido un trabajo estable. Le ha afectado mucho moralmente y sicológicamente. Oficio: Oficio de la Inspección del Trabajo, con informes cartas y demás antecedentes. SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba: Documental: 1. Registro de inducción de ficha de carpintero de la empresa Sociedad Constructora Génesis Ltda. 2. Colilla que da cuenta de la entrega de los materiales, implementos de seguridad entregadas al actor de fecha 26 de julio de 2009 y la última entrega con fecha 7 de octubre de 2009. 3. Recibo en el cual se da cuenta de la entrega del reglamento interno de la empresa Sociedad Constructora Génesis Ltda. al demandante con fecha 23 de julio del 2009. 4. Carta de amonestación y respectiva constancia en la Dirección del Trabajo con fecha 17 de septiembre de 2009. 5. Comprobante de atención médica recibida por el actor en el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río y agendamiento para la posterior revisión del demandante. 6. Tarjeta control de asistencia del mes de septiembre de 2009. 7. Acta de declaración del el trabajador don Luciano Gutiérrez Quintana fechadas el 4 de agosto de 2009 Testimonial: 1. don Mauricio Segundo Lillo Díaz, en síntesis expone que es supervisor de obra para la demandada, conoce al demandante porque estuvo bajo su supervisión en la obra de La Cisterna segunda etapa. No recuerda el día pero el demandante trabaja en una función que llaman rebalse, que es sellar el contorno de las losas para el hormigonado posterior, el declarante indica que era el encargado de destinarle el trabajo al actor, alrededor de las cinco de la tarde fue la última vez que lo ve cumpliendo su función, veía también otro grupo más por lo que estaban constantemente dando vuelta. En la obra había 130 trabajadores más o menos. En la mañana se reúnen con la gente que tiene bajo su supervisión de martes a viernes, los días lunes se hace una charla general con respecto a los trabajos que se realizan, y ellos hacían una todos los días de cinco minutos que siempre se extendía un poco más, referente a los trabajos que cada uno desempeña, dentro del grupo que él veía había carpintero, trazadores y eléctricos, a cada uno se le realiza una charla de inducción. También se va revisando todos los días que se usen, los implementos de seguridad. Todos los trabajadores que eran parte del área que él supervisaba recibían

tuvo con licencia después volvió a trabajar y lo despidieron. Le afectó porque no podía hacer sus cosas normales, como asearse, hacer sus cosas, estudiar, le afectó mucho porque el era una persona muy independiente. 3. Doña Lorena Guerrero Rebolledo, quien en resumen expresa que conoce al demandante desde hace 4 ó 5 años porque arriendan una casa y viven todos juntos, trabajó para la empresa demandada, ya no trabaja tuvo un accidente de trabajo que no se lo reconocieron. El accidente lo tuvo el día 3 de agosto de 2009, día lunes. El demandante llegó después de la once a la casa, llegó muy afectado porque había tenido este accidente, llegó en un horario que no era muy habitual que llegara del Instituto extraño, pálido, y ellos le preguntaron que le pasaban, ahí les mostró su mano, se dieron cuenta que tenía su dedo reventado, el dedo negro, le dolía mucho, hinchado, y estaba muy angustiado por el accidente que había tenido. El demandante le indicó que estaba trabajando y se dio un golpe en su dedo con un martillo, le dijeron que fuera a ver médico no fue porque quería mostrarle a sus empleadores lo que había pasado y si llevaba su dedo vendado era como si no hubiera pasado nada. Le dieron ibuprofeno porque tenía un dolor intenso, esa noche no pudo dormir, ellos estaban muy preocupado por él, porque era feo lo que tenía. Al día siguiente se levantó a trabajar como le correspondía y llegó temprano con su mano vendada, le contó que había pasado a la urgencia del Sotero del Río porque en el trabajo no se lo habían hecho válido como accidente del trabajo. El actor no dio aviso del accidente el mismo día porque como estudia tenía una tutoría, pero al otro día habló con el capataz, pero le dijeron que no, que había perdido su beneficio para accidente de trabajo, hablaron con una persona encargada de la seguridad por teléfono quien señaló que no tenía derecho por no haber avisado. Al demandante le dieron licencia por 30 días y durante ese tiempo sus dolores eran intensos porque tenía el dedo fracturado, le afectó mucho en su vida personal, no tenía plata para pagar el arriendo y hasta el día de hoy no ha tenido un trabajo estable. Le ha afectado mucho moralmente y sicológicamente. Oficio: Oficio de la Inspección del Trabajo, con informes cartas y demás antecedentes. SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba: Documental: 1. Registro de inducción de ficha de carpintero de la empresa Sociedad Constructora Génesis Ltda. 2. Colilla que da cuenta de la entrega de los materiales, implementos de seguridad entregadas al actor de fecha 26 de julio de 2009 y la última entrega con fecha 7 de octubre de 2009. 3. Recibo en el cual se da cuenta de la entrega del reglamento interno de la empresa Sociedad Constructora Génesis Ltda. al demandante con fecha 23 de julio del 2009. 4. Carta de amonestación y respectiva constancia en la Dirección del Trabajo con fecha 17 de septiembre de 2009. 5. Comprobante de atención médica recibida por el actor en el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río y agendamiento para la posterior revisión del demandante. 6. Tarjeta control de asistencia del mes de septiembre de 2009. 7. Acta de declaración del el trabajador don Luciano Gutiérrez Quintana fechadas el 4 de agosto de 2009 Testimonial: 1. don Mauricio Segundo Lillo Díaz, en síntesis expone que es supervisor de obra para la demandada, conoce al demandante porque estuvo bajo su supervisión en la obra de La Cisterna segunda etapa. No recuerda el día pero el demandante trabaja en una función que llaman rebalse, que es sellar el contorno de las losas para el hormigonado posterior, el declarante indica que era el encargado de destinarle el trabajo al actor, alrededor de las cinco de la tarde fue la última vez que lo ve cumpliendo su función, veía también otro grupo más por lo que estaban constantemente dando vuelta. En la obra había 130 trabajadores más o menos. En la mañana se reúnen con la gente que tiene bajo su supervisión de martes a viernes, los días lunes se hace una charla general con respecto a los trabajos que se realizan, y ellos hacían una todos los días de cinco minutos que siempre se extendía un poco más, referente a los trabajos que cada uno desempeña, dentro del grupo que él veía había carpintero, trazadores y eléctricos, a cada uno se le realiza una charla de inducción. También se va revisando todos los días que se usen, los implementos de seguridad. Todos los trabajadores que eran parte del área que él supervisaba recibían ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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una charla diaria con excepción del día lunes en que se hacía una charla general. El día que pasó el accidente él no lo vio, al otro día en la mañana el compañero del demandante le dijo que iba a tener que trabajar solo, el día del accidente vio al actor cuando se iba y éste le dijo hasta mañana jefe y salió rápido porque estudiaba, entonces su tiempo era muy limitado, el paraba alrededor de las cinco y media, era el único que estaba autorizado a salir a esa hora, la oficina de supervisores estaba a la pasada de la salida de la obra, al otro día el compañero del demandante le dice que va a tener que trabajar solo porque su compañero le dice que se pegó en el dedo, lo ve y el actor le mostró un guante que tenía una pinta de sangre, incluso el declarante le dijo al demandante esto tiene una pinta de sangre como te pasó esto, el demandante le dice que fue ayer. El actor tenía un dedo completamente inflamado, no recuerda el tipo de herida aparentemente estaba abierta por ambos lados, no sabe pero si él se hubiera golpeado le avisa a alguien y no se va porque hay una serie de redes que operan en la obra, hay un comité Paritario. Le dijo al demandante que no podía hacer nada más que hablar con el jefe de obra, después empezaron a entrevistar a la gente que estaba alrededor, se le preguntó al compañero que trabajaba con el actor, quien no vio nada, se entrevistó a toda la gente que trabaja en el área entonces nadie sabía, la gente que recibe los primeros reclamos de los trabajadores tampoco sabía nada. El demandante le dijo que con el cuerpo caliente y la rapidez no se dio cuenta pero después le empezó a doler. Indica que dicho tipo de accidente es complicado evitarlo todos los trabajadores de un área tiene sus herramientas específicas, y esa herramienta es como parte de uno, y es producto del movimiento del trabajador. Indica que cuando trabajaba en altura, se revisa que las áreas de trabajo estén limpias, después de eso se revisa que estén los implementos dados de las personas que trabajan en altura, arnés, guantes, antiparras, los zapatos, el actor trabajaba en un área que es conducente a riesgos donde se le entregaban a las personas que hacen ese trabajo cuerdas, se instalaban se revisan antes de subir, el área se despejaba, y tenían cordeles para subir las cosas por eso no se trabaja solo. Después del accidente no volvió a sus funciones, volvió al mismo equipo pero a hacer cajones, era labor de carpintero. Así se terminó su relación laboral. 1. Doña Daniela Saldaña Sepúlveda, quien en resumen expone que trabaja en constructora Génesis como prevensionista de riesgo de obra. En cuanto a si el demandante sufrió un accidente en la obra, indica que no le consta. Indica que el actor estaba contratado en la obra como carpintero, la llamaron y le comentaron que el demandante se había accidentado el día anterior a la obra para saber que se podía hacer, ella le preguntó si había avisado en su turno anterior a su jefe directo sobre este accidente y le responden que no, preguntó por qué no avisó y le dijeron que no sabían, y de hecho el jefe de terreno estaba ahí cuando esta persona salió y estaban juntos. Los trabajadores para poderlos enviar a la Mutual deben avisar el mismo día que ocurrió el accidente antes de terminar su turno. Ellos tienen publicado en obra la cascada comunicacional en caso de accidentes, en los comedores, en las oficinas, está todo publicado. Ella estaba en la obra el día que supuestamente se lesionó el demandante. Los días lunes se hace una charla general que la hace el jefe de terreno de acuerdo a lo mejor a problemas que han pasado durante la semana o algún tema específico de seguridad, pero siempre son temas de seguridad. En caso que un trabajador se accidente dependiendo de la lesión, se avisa al supervisor directo, le consulta a ella, lo envían a la Mutual si no puede ir solo lo llevan. El demandante volvió a trabajar al día siguiente, pero al rato después el compañero del actor dijo que le complicaba trabajar porque su compañero estaba lesionado, fueron a ver al demandante y le preguntaron que le pasó y la llamaron a ella y le dijeron que no sabían porque no avisó. Después de la licencia volvió a su trabajo, lo vio trabajar en obra. Respecto a las infracciones que constató la Inspección del Trabajo fueron por documentación que no estaban al día, en realidad estaba como desordenada. Todo lo que es obligación de la empresa está al día el seguro de mutualidad, la previsión. El demandante trabajaba con tablero de moldajes, con placas de madera, con clavos, martillo. En cuanto a que un carpintero se martille un dedo depende de la práctica que tiene la persona que lo está haciendo. 2. Don Juan Carlos Ibarra Valenzuela quien en resumen expone que trabaja en la constructora demandada es operador de cargador, sabe que se demanda a la empresa porque cree que se había pegado en un dedo con el martillo. Indica que estaba en la empresa el día del accidente pero no le informaron nada porque pertenece al comité paritario que estaba en esa obra, el era presidente en la obra de los conquistadores. Los miembros del comité paritario están observando que la gente cumpla con la normativa que exige la empresa, que la gente que trabaja en altura use arnés, cuerda de

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una charla diaria con excepción del día lunes en que se hacía una charla general. El día que pasó el accidente él no lo vio, al otro día en la mañana el compañero del demandante le dijo que iba a tener que trabajar solo, el día del accidente vio al actor cuando se iba y éste le dijo hasta mañana jefe y salió rápido porque estudiaba, entonces su tiempo era muy limitado, el paraba alrededor de las cinco y media, era el único que estaba autorizado a salir a esa hora, la oficina de supervisores estaba a la pasada de la salida de la obra, al otro día el compañero del demandante le dice que va a tener que trabajar solo porque su compañero le dice que se pegó en el dedo, lo ve y el actor le mostró un guante que tenía una pinta de sangre, incluso el declarante le dijo al demandante esto tiene una pinta de sangre como te pasó esto, el demandante le dice que fue ayer. El actor tenía un dedo completamente inflamado, no recuerda el tipo de herida aparentemente estaba abierta por ambos lados, no sabe pero si él se hubiera golpeado le avisa a alguien y no se va porque hay una serie de redes que operan en la obra, hay un comité Paritario. Le dijo al demandante que no podía hacer nada más que hablar con el jefe de obra, después empezaron a entrevistar a la gente que estaba alrededor, se le preguntó al compañero que trabajaba con el actor, quien no vio nada, se entrevistó a toda la gente que trabaja en el área entonces nadie sabía, la gente que recibe los primeros reclamos de los trabajadores tampoco sabía nada. El demandante le dijo que con el cuerpo caliente y la rapidez no se dio cuenta pero después le empezó a doler. Indica que dicho tipo de accidente es complicado evitarlo todos los trabajadores de un área tiene sus herramientas específicas, y esa herramienta es como parte de uno, y es producto del movimiento del trabajador. Indica que cuando trabajaba en altura, se revisa que las áreas de trabajo estén limpias, después de eso se revisa que estén los implementos dados de las personas que trabajan en altura, arnés, guantes, antiparras, los zapatos, el actor trabajaba en un área que es conducente a riesgos donde se le entregaban a las personas que hacen ese trabajo cuerdas, se instalaban se revisan antes de subir, el área se despejaba, y tenían cordeles para subir las cosas por eso no se trabaja solo. Después del accidente no volvió a sus funciones, volvió al mismo equipo pero a hacer cajones, era labor de carpintero. Así se terminó su relación laboral. 1. Doña Daniela Saldaña Sepúlveda, quien en resumen expone que trabaja en constructora Génesis como prevensionista de riesgo de obra. En cuanto a si el demandante sufrió un accidente en la obra, indica que no le consta. Indica que el actor estaba contratado en la obra como carpintero, la llamaron y le comentaron que el demandante se había accidentado el día anterior a la obra para saber que se podía hacer, ella le preguntó si había avisado en su turno anterior a su jefe directo sobre este accidente y le responden que no, preguntó por qué no avisó y le dijeron que no sabían, y de hecho el jefe de terreno estaba ahí cuando esta persona salió y estaban juntos. Los trabajadores para poderlos enviar a la Mutual deben avisar el mismo día que ocurrió el accidente antes de terminar su turno. Ellos tienen publicado en obra la cascada comunicacional en caso de accidentes, en los comedores, en las oficinas, está todo publicado. Ella estaba en la obra el día que supuestamente se lesionó el demandante. Los días lunes se hace una charla general que la hace el jefe de terreno de acuerdo a lo mejor a problemas que han pasado durante la semana o algún tema específico de seguridad, pero siempre son temas de seguridad. En caso que un trabajador se accidente dependiendo de la lesión, se avisa al supervisor directo, le consulta a ella, lo envían a la Mutual si no puede ir solo lo llevan. El demandante volvió a trabajar al día siguiente, pero al rato después el compañero del actor dijo que le complicaba trabajar porque su compañero estaba lesionado, fueron a ver al demandante y le preguntaron que le pasó y la llamaron a ella y le dijeron que no sabían porque no avisó. Después de la licencia volvió a su trabajo, lo vio trabajar en obra. Respecto a las infracciones que constató la Inspección del Trabajo fueron por documentación que no estaban al día, en realidad estaba como desordenada. Todo lo que es obligación de la empresa está al día el seguro de mutualidad, la previsión. El demandante trabajaba con tablero de moldajes, con placas de madera, con clavos, martillo. En cuanto a que un carpintero se martille un dedo depende de la práctica que tiene la persona que lo está haciendo. 2. Don Juan Carlos Ibarra Valenzuela quien en resumen expone que trabaja en la constructora demandada es operador de cargador, sabe que se demanda a la empresa porque cree que se había pegado en un dedo con el martillo. Indica que estaba en la empresa el día del accidente pero no le informaron nada porque pertenece al comité paritario que estaba en esa obra, el era presidente en la obra de los conquistadores. Los miembros del comité paritario están observando que la gente cumpla con la normativa que exige la empresa, que la gente que trabaja en altura use arnés, cuerda de

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vida, si se cumple. No sabe si el demandante cumplía dichas normas de seguridad, veía al actor en la obra, era llevado de su idea, no le gustaba usar bototos de seguridad. Su función como presidente del Comité Paritario es exigir a la empresa que compre bototos, si no hay guantes, que los baños estén limpios, tienen que investigar si hay un accidente cómo fue, que pasó, porque sucedió. En el caso del demandante no realizaron el procedimiento porque no sabían nada llegó al otro día accidentado. Después el demandante volvió a trabajar desempeñándose como carpintero. El demandante trabaja con martillo, madera. Oficio Oficio de la Mutual de Seguridad. OCTAVO: Que se ha incorporado finiquito de fecha 2 de octubre de 2010, celebrado entre las partes que en su cláusula tercera dispone: Don (ña) Astete Paredes, Osvaldo, deja constancia que durante todo el tiempo que prestó servicio a la firma Sociedad Constructora Génesis Ltda., recibió de esta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones o participaciones que en conformidad a la ley fueron procedentes y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro concepto, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios y/o término de los mismos, motivo por el cual no teniendo reclamo alguno que formular en contra de Sociedad Constructora Génesis Ltda., se otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y todos sus derechos. NOVENO: Que cabe considerar que el finiquito mencionado, si bien cumple con las formalidades legales establecidas en el artículo 177 del Código del Trabajo, carece de poder liberatorio en cuanto a la acción ejercida en autos, ya que del análisis de su texto se concluye que solo se extiende a las prestaciones precisamente individualizadas en el documento y a aquellas derivadas de la prestación de los servicios del trabajador y/o del término de los mismos, o sea de aquellas que constituyen retribución a las labores efectuadas por el trabajador o derivan de su conclusión, no quedando comprendida la acción para perseguir el resarcimiento del daño, pues ésta deriva o se origina en el incumplimiento culpable del empleador de la obligación de seguridad y no en la prestación de los servicios ni en el término de los mismos, en similar sentido se ha pronunciado nuestra Excma. Corte Suprema en causa Rol 2710-2006, por lo expuesto procede desestimar la excepción de finiquito. DÉCIMO: Que es un hecho no controvertido que existió relación laboral entre las partes por la cual el demandante don Osvaldo Jaime Astete Paredes prestaba servicios a la demandada Sociedad Constructora Génesis Ltda. como maestro carpintero, desde el 22 de junio de 2009, la que de acuerdo al documento acompañado consistente en finiquito concluyó con fecha 30 de septiembre de 2009. UNDÉCIMO: Que la demandada ha controvertido que el actor con fecha lunes 3 de agosto de 2009 haya sufrido un accidente del trabajo. DUODÉCIMO: Que con la prueba rendida analizada conforme a las reglas de la sana crítica se tendrá por acreditado que el día 3 de agosto de 2009 en circunstancias que el demandante se desempeñaba para la demandada durante su jornada laboral en actividades que le eran propias como carpintero clavando se martillo el dedo anular izquierdo. A este fin se ha ponderado: a) Que los testigos de la demandante doña Jaqueline Figueroa Campos, don Adrián Marcelo Arriagada Sandoval y doña Lorena Guerrero Rebolledo son coincidentes en indicar que el demandante llegó a la casa que arriendan en conjunto lesionado producto de un accidente sufrido en su trabajo, hacen un relato circunstanciado y dan detalles que dan veracidad a sus afirmaciones, que además dan cuenta que tras su trabajo el demandante se fue herido a la institución en que estudiaba pero no pudo mantenerse ahí y regresó al hogar común. El relato de los testigos aparece como veraz y aporta elementos que permiten determinar que por la sucesión de hechos y actividades que desplegó el actor no pudo sino accidentarse en su trabajo. b) Que se incorporó ordinario N° 026327 de fecha 3 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Seguridad Social, resolución que además consta en la información remitida por la Mutual, el que da cuenta que dicha institución calificó que el accidente materia de estos antecedentes constituye un accidente del trabajo.

vida, si se cumple. No sabe si el demandante cumplía dichas normas de seguridad, veía al actor en la obra, era llevado de su idea, no le gustaba usar bototos de seguridad. Su función como presidente del Comité Paritario es exigir a la empresa que compre bototos, si no hay guantes, que los baños estén limpios, tienen que investigar si hay un accidente cómo fue, que pasó, porque sucedió. En el caso del demandante no realizaron el procedimiento porque no sabían nada llegó al otro día accidentado. Después el demandante volvió a trabajar desempeñándose como carpintero. El demandante trabaja con martillo, madera. Oficio Oficio de la Mutual de Seguridad. OCTAVO: Que se ha incorporado finiquito de fecha 2 de octubre de 2010, celebrado entre las partes que en su cláusula tercera dispone: Don (ña) Astete Paredes, Osvaldo, deja constancia que durante todo el tiempo que prestó servicio a la firma Sociedad Constructora Génesis Ltda., recibió de esta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones o participaciones que en conformidad a la ley fueron procedentes y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro concepto, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios y/o término de los mismos, motivo por el cual no teniendo reclamo alguno que formular en contra de Sociedad Constructora Génesis Ltda., se otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y todos sus derechos. NOVENO: Que cabe considerar que el finiquito mencionado, si bien cumple con las formalidades legales establecidas en el artículo 177 del Código del Trabajo, carece de poder liberatorio en cuanto a la acción ejercida en autos, ya que del análisis de su texto se concluye que solo se extiende a las prestaciones precisamente individualizadas en el documento y a aquellas derivadas de la prestación de los servicios del trabajador y/o del término de los mismos, o sea de aquellas que constituyen retribución a las labores efectuadas por el trabajador o derivan de su conclusión, no quedando comprendida la acción para perseguir el resarcimiento del daño, pues ésta deriva o se origina en el incumplimiento culpable del empleador de la obligación de seguridad y no en la prestación de los servicios ni en el término de los mismos, en similar sentido se ha pronunciado nuestra Excma. Corte Suprema en causa Rol 2710-2006, por lo expuesto procede desestimar la excepción de finiquito. DÉCIMO: Que es un hecho no controvertido que existió relación laboral entre las partes por la cual el demandante don Osvaldo Jaime Astete Paredes prestaba servicios a la demandada Sociedad Constructora Génesis Ltda. como maestro carpintero, desde el 22 de junio de 2009, la que de acuerdo al documento acompañado consistente en finiquito concluyó con fecha 30 de septiembre de 2009. UNDÉCIMO: Que la demandada ha controvertido que el actor con fecha lunes 3 de agosto de 2009 haya sufrido un accidente del trabajo. DUODÉCIMO: Que con la prueba rendida analizada conforme a las reglas de la sana crítica se tendrá por acreditado que el día 3 de agosto de 2009 en circunstancias que el demandante se desempeñaba para la demandada durante su jornada laboral en actividades que le eran propias como carpintero clavando se martillo el dedo anular izquierdo. A este fin se ha ponderado: a) Que los testigos de la demandante doña Jaqueline Figueroa Campos, don Adrián Marcelo Arriagada Sandoval y doña Lorena Guerrero Rebolledo son coincidentes en indicar que el demandante llegó a la casa que arriendan en conjunto lesionado producto de un accidente sufrido en su trabajo, hacen un relato circunstanciado y dan detalles que dan veracidad a sus afirmaciones, que además dan cuenta que tras su trabajo el demandante se fue herido a la institución en que estudiaba pero no pudo mantenerse ahí y regresó al hogar común. El relato de los testigos aparece como veraz y aporta elementos que permiten determinar que por la sucesión de hechos y actividades que desplegó el actor no pudo sino accidentarse en su trabajo. b) Que se incorporó ordinario N° 026327 de fecha 3 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Seguridad Social, resolución que además consta en la información remitida por la Mutual, el que da cuenta que dicha institución calificó que el accidente materia de estos antecedentes constituye un accidente del trabajo. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

c) Que de los antecedentes acompañados especialmente comprobante de atención médica en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río y comprobante de atención médica con fecha 1° de septiembre de 2009 en la especialidad de Traumatología de igual recinto asistencial, aparece que el actor sufrió producto del accidente una fractura de la tercera falange del dedo anular izquierdo. d) Que es un hecho no controvertido que el demandante se desempeñaba como carpintero, que de igual modo de los testimonios de los testigos de la demandada aparece que a la fecha del accidente cumplía funciones realizando labores en que utilizaba como material madera para lo cual debía martillar. e) Que es razonable concluir que las lesiones sufridas y descritas en la letra c) son compatibles con golpearse el dedo con un martillo, de lo que además se da cuenta en la resolución ordinario N° 026327 de fecha 3 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Seguridad Social según el análisis efectuada por el Departamento Médico de dicha institución. f) Que de acuerdo a la declaración de don Mauricio Segundo Lillo Díaz al exhibirle el demandante el guante que utilizaba éste estaba manchado con sangre, lo que aporta un elemento más para establecer que la lesión se produjo en el lugar de trabajo y cumpliendo el actor las funciones que le correspondía desempeñar en virtud del contrato de trabajo. g) Que las declaraciones de los testigos de la demandada en orden a desvirtuar el hecho solo dan cuenta que el actor no informó el mismo día que ocurrió el accidente, hecho no negado por el actor y que no obsta a lo concluido en la presente consideración. h) Que respecto al acta de declaración del trabajador don Luciano Gutiérrez Quintana fechada el 4 de agosto de 2009, se tendrá en consideración que el referido trabajador no declaró en juicio y por tanto no consta que haya efectuado dicha declaración ni su fecha, sin perjuicio su texto solo da cuenta que no vio el accidente y que el demandante informó al día siguiente del mismo por lo que se le restará todo valor probatorio. DECIMOTERCERO: Que en consecuencia el accidente se produjo mientras el actor desempeñaba las labores propias derivadas de su contrato de trabajo, en su lugar de trabajo y en horario laboral, en consecuencia y conforme a lo establecido en el artículo 5° de la ley 16.744 corresponde a un accidente del trabajo. DECIMOCUARTO: Que en autos el demandante ha ejercido la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, toda vez que el hecho en que se fundan las indemnizaciones reclamadas ocurrió en circunstancias que el demandante prestaba servicios a la demandada según contrato de trabajo celebrado entre las partes el 22 de junio de 2009. DECIMOQUINTO: Que, en relación a lo expuesto precedentemente, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad de las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes. Asimismo, el artículo 69 de la ley Nº 16.744 establece que cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, la víctima o demás personas a quienes el accidente cause daño podrá reclamar también contra estos las otras indemnizaciones a que tenga derecho. DECIMOSEXTO: Que así las cosas se establece una responsabilidad contractual por incumplimiento de la obligación de seguridad del empleador cuyo contenido es la necesaria adopción de todas aquellas medidas tendientes a evitar que en el lugar de trabajo se produzca algún accidente que pueda afectar la vida, la integridad física o la salud del trabajador. DECIMOSÉPTIMO: Que el peso de la prueba, conforme a las reglas del onus probandi, en cuanto al cumplimiento de la obligación de seguridad, corresponde al empleador, asimismo le corresponde acreditar la debida diligencia y cuidado, respondiendo de culpa levísima. DECIMOCTAVO: Que de la prueba rendida en autos, analizada conforme a las reglas de la sana crítica, la demanda ha dado cuenta del cumplimiento de las siguientes medidas de seguridad: a) Que el demandante recibió implementos de seguridad entre estos los respectivos guantes de seguridad, los que usaba además el demandante según da cuenta el comprobante de entrega de materiales de seguridad y la declaración de don Mauricio Segundo Lillo Díaz en orden a indicar que el demandante le mostró el guante de seguridad con sangre.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

c) Que de los antecedentes acompañados especialmente comprobante de atención médica en el complejo asistencial Dr. Sotero del Río y comprobante de atención médica con fecha 1° de septiembre de 2009 en la especialidad de Traumatología de igual recinto asistencial, aparece que el actor sufrió producto del accidente una fractura de la tercera falange del dedo anular izquierdo. d) Que es un hecho no controvertido que el demandante se desempeñaba como carpintero, que de igual modo de los testimonios de los testigos de la demandada aparece que a la fecha del accidente cumplía funciones realizando labores en que utilizaba como material madera para lo cual debía martillar. e) Que es razonable concluir que las lesiones sufridas y descritas en la letra c) son compatibles con golpearse el dedo con un martillo, de lo que además se da cuenta en la resolución ordinario N° 026327 de fecha 3 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Seguridad Social según el análisis efectuada por el Departamento Médico de dicha institución. f) Que de acuerdo a la declaración de don Mauricio Segundo Lillo Díaz al exhibirle el demandante el guante que utilizaba éste estaba manchado con sangre, lo que aporta un elemento más para establecer que la lesión se produjo en el lugar de trabajo y cumpliendo el actor las funciones que le correspondía desempeñar en virtud del contrato de trabajo. g) Que las declaraciones de los testigos de la demandada en orden a desvirtuar el hecho solo dan cuenta que el actor no informó el mismo día que ocurrió el accidente, hecho no negado por el actor y que no obsta a lo concluido en la presente consideración. h) Que respecto al acta de declaración del trabajador don Luciano Gutiérrez Quintana fechada el 4 de agosto de 2009, se tendrá en consideración que el referido trabajador no declaró en juicio y por tanto no consta que haya efectuado dicha declaración ni su fecha, sin perjuicio su texto solo da cuenta que no vio el accidente y que el demandante informó al día siguiente del mismo por lo que se le restará todo valor probatorio. DECIMOTERCERO: Que en consecuencia el accidente se produjo mientras el actor desempeñaba las labores propias derivadas de su contrato de trabajo, en su lugar de trabajo y en horario laboral, en consecuencia y conforme a lo establecido en el artículo 5° de la ley 16.744 corresponde a un accidente del trabajo. DECIMOCUARTO: Que en autos el demandante ha ejercido la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, toda vez que el hecho en que se fundan las indemnizaciones reclamadas ocurrió en circunstancias que el demandante prestaba servicios a la demandada según contrato de trabajo celebrado entre las partes el 22 de junio de 2009. DECIMOQUINTO: Que, en relación a lo expuesto precedentemente, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad de las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes. Asimismo, el artículo 69 de la ley Nº 16.744 establece que cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, la víctima o demás personas a quienes el accidente cause daño podrá reclamar también contra estos las otras indemnizaciones a que tenga derecho. DECIMOSEXTO: Que así las cosas se establece una responsabilidad contractual por incumplimiento de la obligación de seguridad del empleador cuyo contenido es la necesaria adopción de todas aquellas medidas tendientes a evitar que en el lugar de trabajo se produzca algún accidente que pueda afectar la vida, la integridad física o la salud del trabajador. DECIMOSÉPTIMO: Que el peso de la prueba, conforme a las reglas del onus probandi, en cuanto al cumplimiento de la obligación de seguridad, corresponde al empleador, asimismo le corresponde acreditar la debida diligencia y cuidado, respondiendo de culpa levísima. DECIMOCTAVO: Que de la prueba rendida en autos, analizada conforme a las reglas de la sana crítica, la demanda ha dado cuenta del cumplimiento de las siguientes medidas de seguridad: a) Que el demandante recibió implementos de seguridad entre estos los respectivos guantes de seguridad, los que usaba además el demandante según da cuenta el comprobante de entrega de materiales de seguridad y la declaración de don Mauricio Segundo Lillo Díaz en orden a indicar que el demandante le mostró el guante de seguridad con sangre.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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b) Que asimismo se entregó Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad al actor sin que se haya incorporado a juico el texto del mismo, según documento consistente en recibo del referido documento. c) Que existía una prevensionista de riesgos, comité paritario, y se efectuaban charlas de seguridad diarias y semanales acerca de los riesgos de la actividad lo que se encuentra acreditado con la declaración de los testigos de la demandada. d) Que el actor recibió charla de inducción según da cuenta el registro de inducción incorporado. DECIMONOVENO: Que si bien como se ha referido en la consideración decimoséptima la carga de la prueba en ordena a acreditar el cumplimiento de la obligación de seguridad corresponde a la demandada, cabe plantearse cuáles son las medidas de seguridad que debió observar la empresa en orden a evitar el accidente laboral materia de autos, así cabe advertir que en el libelo no aparece claramente establecidas aquellas conductas u omisiones que constituyen el incumplimiento que se atribuye a la demandada. VIGÉSIMO: Que, conforme a lo referido estima esta sentenciadora que de la prueba rendida analizada conforme a las reglas de la sana crítica, no se puede establecer que algún incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador sea causa directa del accidente sufrido por el demandante. En efecto, el accidente laboral consistió en que el actor se golpeó el dedo anular de la mano izquierda con un martillo y más allá de entregar los respectivos guantes de seguridad que pueden reducir el daño del golpe, pero no así evitarlo, no se vislumbra otra medida que en el presente caso sea exigible al empleador para eliminar el riesgo el que emana de la propia actividad física que despliega el carpintero al efectuar la acción de clavar, que en consecuencia se desestimará la demanda. VIGÉSIMO PRIMERO: Que si bien se han incorporado reclamo efectuado por el actor, informe de fiscalización y oficio de la Inspección del Trabajo, que dan cuenta que se realizó fiscalización por el ente administrativo y se cursó multa a la demandada por no entregar ejemplar escrito del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a dos trabajadores ninguno de los cuales es el demandante, no proporcionar zapatos de seguridad a tres trabajadores en los que no se comprende al actor y no mantener en el lugar de trabajo toda la documentación necesaria para la fiscalización, en este caso relativa a normas sobre seguridad pues dichos incumplimientos no son idóneos para ser causa directa del accidente materia de estos antecedentes. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que los documentos consistentes en Certificado de atención médica efectuada ante la Mutual de Seguridad respecto del trabajador, de fecha 5 de noviembre de 2009, Carta de amonestación y respectiva constancia en la Dirección del Trabajo con fecha 17 de septiembre de 2009 y Tarjeta control de asistencia del mes de septiembre de 2009 no acreditan hechos de relevancia atendidas las conclusiones a que se ha arribado en el presente fallo. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7°, 177, 184, 210, 420, 425 a 432 y 453 a 459 del Código del Trabajo, artículos 5°, 68, 69 y 88 de la ley Nº 16.744 y artículos 1547 inciso 3° del Código Civil se resuelve: I. Que se rechaza la excepción de finiquito opuesta por la demandada. II. Que se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios del accidente deducida por don Osvaldo Jaime Astete Paredes en contra de Sociedad Constructora Génesis Ltda. III. Que no se condena en costas a la demandante por haber tenido motivo plausible para litigar. Regístrese. Dictada por doña Natascha Eugenia Núñez Ursic, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

b) Que asimismo se entregó Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad al actor sin que se haya incorporado a juico el texto del mismo, según documento consistente en recibo del referido documento. c) Que existía una prevensionista de riesgos, comité paritario, y se efectuaban charlas de seguridad diarias y semanales acerca de los riesgos de la actividad lo que se encuentra acreditado con la declaración de los testigos de la demandada. d) Que el actor recibió charla de inducción según da cuenta el registro de inducción incorporado. DECIMONOVENO: Que si bien como se ha referido en la consideración decimoséptima la carga de la prueba en ordena a acreditar el cumplimiento de la obligación de seguridad corresponde a la demandada, cabe plantearse cuáles son las medidas de seguridad que debió observar la empresa en orden a evitar el accidente laboral materia de autos, así cabe advertir que en el libelo no aparece claramente establecidas aquellas conductas u omisiones que constituyen el incumplimiento que se atribuye a la demandada. VIGÉSIMO: Que, conforme a lo referido estima esta sentenciadora que de la prueba rendida analizada conforme a las reglas de la sana crítica, no se puede establecer que algún incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador sea causa directa del accidente sufrido por el demandante. En efecto, el accidente laboral consistió en que el actor se golpeó el dedo anular de la mano izquierda con un martillo y más allá de entregar los respectivos guantes de seguridad que pueden reducir el daño del golpe, pero no así evitarlo, no se vislumbra otra medida que en el presente caso sea exigible al empleador para eliminar el riesgo el que emana de la propia actividad física que despliega el carpintero al efectuar la acción de clavar, que en consecuencia se desestimará la demanda. VIGÉSIMO PRIMERO: Que si bien se han incorporado reclamo efectuado por el actor, informe de fiscalización y oficio de la Inspección del Trabajo, que dan cuenta que se realizó fiscalización por el ente administrativo y se cursó multa a la demandada por no entregar ejemplar escrito del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a dos trabajadores ninguno de los cuales es el demandante, no proporcionar zapatos de seguridad a tres trabajadores en los que no se comprende al actor y no mantener en el lugar de trabajo toda la documentación necesaria para la fiscalización, en este caso relativa a normas sobre seguridad pues dichos incumplimientos no son idóneos para ser causa directa del accidente materia de estos antecedentes. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que los documentos consistentes en Certificado de atención médica efectuada ante la Mutual de Seguridad respecto del trabajador, de fecha 5 de noviembre de 2009, Carta de amonestación y respectiva constancia en la Dirección del Trabajo con fecha 17 de septiembre de 2009 y Tarjeta control de asistencia del mes de septiembre de 2009 no acreditan hechos de relevancia atendidas las conclusiones a que se ha arribado en el presente fallo. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7°, 177, 184, 210, 420, 425 a 432 y 453 a 459 del Código del Trabajo, artículos 5°, 68, 69 y 88 de la ley Nº 16.744 y artículos 1547 inciso 3° del Código Civil se resuelve: I. Que se rechaza la excepción de finiquito opuesta por la demandada. II. Que se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios del accidente deducida por don Osvaldo Jaime Astete Paredes en contra de Sociedad Constructora Génesis Ltda. III. Que no se condena en costas a la demandante por haber tenido motivo plausible para litigar. Regístrese. Dictada por doña Natascha Eugenia Núñez Ursic, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, dos de septiembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, comparece doña Patricia Del Transito Sáez Venegas, Cédula Nacional de Identidad N° 8.937.414-6, maestra de cocina, domiciliada en calle Pangal N° 2061, Comuna de Maipú, deduce demanda en procedimiento de Aplicación General, de indemnización de perjuicio por Accidente del Trabajo, en contra de la demandada doña María Angélica Silva Rojas, Cédula Nacional de Identidad N° 6.452.607-3, empresaria domiciliada en calle avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 2799, Comuna de Estación Central. Fundamenta su demanda en que, con fecha 1° de marzo de 2005, ingresó a trabajar para la demandada como cocinera, en la Fuente de Soda Schoperia Nico’s ubicada en avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 2799, Comuna de Estación Central. Alega haber recibido una remuneración de 144.000 mensuales. Refiere que el día 23 de julio del año 2007, a las 09:00 horas aproximadamente, y mientras se encontraba trabajando al interior del restaurante, bajo dependencia y subordinación de su empleador doña María Angélica Silva Rojas, se le ordenó levantar una cortina metálica que proporcionaba luz natural a la cocina, estando en esa labor y luego de haber levantado gran parte de la cortina metálica, el rollo que se forma en la parte superior se separó de sus uniones, pues estas al parecer se desoldaron, y ante el peso, el palo de escoba que hacía las veces de seguro, cedió, cayéndole encima la cortina metálica, lo que en definitiva le provocó la rotura de los tendones en los hombros, diagnosticándosele rotura de tendón supraespinoso bilateral, fue operada en noviembre del año 2007 del hombro derecho, y en junio del año 2008 del hombro izquierdo, lesiones que de acuerdo a la resolución Ex. 211 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se resolvió que tiene una pérdida de ganancia de un 70%, que sufre de una incapacidad múltiple y que debe hacer frente a una gran invalidez. Refiere que, las causas de sus lesiones, se encuentran en la falta de medidas de seguridad, mantención y protección en las que estaba trabajando, nunca se le entregaron elementos de protección personal para la labor que desempeñaba, uniforme, zapatos, guantes especiales para evitar cortes, nunca se efectúo capacitación, y, la cortina metálica que estaba subiendo no contaba con ninguna mantención, no contaba con la manillas giratorias que permiten subirla mecánicamente, no contaba con ningún elemento que evitara su caída ya que el único elemento que evitaba su caída, era un palo de escoba colocado en el borde, ya que no había fijaciones. Así, acusa falta de elementos de protección personal, de capacitación, de mantención de la cortina metálica y condición insegura de trabajo debido a falta de protecciones para fijarla y evitar su caída y falta de supervisión de parte de la empleadora, quien debió tener procedimiento escrito y supervisar su cumplimiento, lo que no hacía eficazmente. Todas estas circunstancias, alega, eran previsibles por la demandada. Alega infracción por parte del empleador, del deber general de seguridad y protección, de origen contractual, ya que no mantenía las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y lugares de trabajo y de mantenerlas como correspondía, el accidente no habría ocurrido. En el ámbito normativo, reproduce el 184 del Código del Trabajo y cita jurisprudencia y doctrina al efecto. Alega infracción a la ley 16.744, vulneración a los artículos 3°, 36, 37,43, 53 del decreto supremo N° 594, artículos 22 y 31 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, D.S. N° 40, D.O. 07 de marzo 1969 y cita jurisprudencia, respecto a la presunción de culpabilidad, que afecta al empleador. Señala que, por anterior solicita como lucro cesante la suma de $ 15.724.800, y como daño moral la suma de $ 40.000.000 o en subsidio las cantidades inferiores o superiores que el tribunal determine, con los reajustes e intereses y costas de la causa. SEGUNDO: Que, la demandada contesta dentro de plazo la demanda y solicita su rechazo en todas sus partes. Refiere que efectivamente existió relación laboral con la actora, desde el 1° de marzo

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1531-2010 Cita online: CL/JUR/15451/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1531-2010 Cita online: CL/JUR/15451/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, dos de septiembre de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, comparece doña Patricia Del Transito Sáez Venegas, Cédula Nacional de Identidad N° 8.937.414-6, maestra de cocina, domiciliada en calle Pangal N° 2061, Comuna de Maipú, deduce demanda en procedimiento de Aplicación General, de indemnización de perjuicio por Accidente del Trabajo, en contra de la demandada doña María Angélica Silva Rojas, Cédula Nacional de Identidad N° 6.452.607-3, empresaria domiciliada en calle avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 2799, Comuna de Estación Central. Fundamenta su demanda en que, con fecha 1° de marzo de 2005, ingresó a trabajar para la demandada como cocinera, en la Fuente de Soda Schoperia Nico’s ubicada en avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 2799, Comuna de Estación Central. Alega haber recibido una remuneración de 144.000 mensuales. Refiere que el día 23 de julio del año 2007, a las 09:00 horas aproximadamente, y mientras se encontraba trabajando al interior del restaurante, bajo dependencia y subordinación de su empleador doña María Angélica Silva Rojas, se le ordenó levantar una cortina metálica que proporcionaba luz natural a la cocina, estando en esa labor y luego de haber levantado gran parte de la cortina metálica, el rollo que se forma en la parte superior se separó de sus uniones, pues estas al parecer se desoldaron, y ante el peso, el palo de escoba que hacía las veces de seguro, cedió, cayéndole encima la cortina metálica, lo que en definitiva le provocó la rotura de los tendones en los hombros, diagnosticándosele rotura de tendón supraespinoso bilateral, fue operada en noviembre del año 2007 del hombro derecho, y en junio del año 2008 del hombro izquierdo, lesiones que de acuerdo a la resolución Ex. 211 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se resolvió que tiene una pérdida de ganancia de un 70%, que sufre de una incapacidad múltiple y que debe hacer frente a una gran invalidez. Refiere que, las causas de sus lesiones, se encuentran en la falta de medidas de seguridad, mantención y protección en las que estaba trabajando, nunca se le entregaron elementos de protección personal para la labor que desempeñaba, uniforme, zapatos, guantes especiales para evitar cortes, nunca se efectúo capacitación, y, la cortina metálica que estaba subiendo no contaba con ninguna mantención, no contaba con la manillas giratorias que permiten subirla mecánicamente, no contaba con ningún elemento que evitara su caída ya que el único elemento que evitaba su caída, era un palo de escoba colocado en el borde, ya que no había fijaciones. Así, acusa falta de elementos de protección personal, de capacitación, de mantención de la cortina metálica y condición insegura de trabajo debido a falta de protecciones para fijarla y evitar su caída y falta de supervisión de parte de la empleadora, quien debió tener procedimiento escrito y supervisar su cumplimiento, lo que no hacía eficazmente. Todas estas circunstancias, alega, eran previsibles por la demandada. Alega infracción por parte del empleador, del deber general de seguridad y protección, de origen contractual, ya que no mantenía las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y lugares de trabajo y de mantenerlas como correspondía, el accidente no habría ocurrido. En el ámbito normativo, reproduce el 184 del Código del Trabajo y cita jurisprudencia y doctrina al efecto. Alega infracción a la ley 16.744, vulneración a los artículos 3°, 36, 37,43, 53 del decreto supremo N° 594, artículos 22 y 31 del Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, D.S. N° 40, D.O. 07 de marzo 1969 y cita jurisprudencia, respecto a la presunción de culpabilidad, que afecta al empleador. Señala que, por anterior solicita como lucro cesante la suma de $ 15.724.800, y como daño moral la suma de $ 40.000.000 o en subsidio las cantidades inferiores o superiores que el tribunal determine, con los reajustes e intereses y costas de la causa. SEGUNDO: Que, la demandada contesta dentro de plazo la demanda y solicita su rechazo en todas sus partes. Refiere que efectivamente existió relación laboral con la actora, desde el 1° de marzo

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de 2005 y el día 20 de abril de 2009, fecha en la cual ésta fue despedida por la causal indicada en el artículo 160 N° 3 del Código Laboral. De igual forma reconoce que, se desempeñaba como cocinera, prestando servicios en el local denominado NICOS” ubicado en Alameda N° 2799, Santiago, en la jornada y remuneración que señala la demandante. Controvierte que, la actora haya sufrido un accidente del trabajo y, atribuye las dolencias que aquejan a la actora sean producto de un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Refiere que en el lugar no hay una cortina metálica que esté dispuesta para que entre luminosidad a la cocina, lo que si existe, es una cortina metálica lateral que funciona como puerta de ingreso desde el exterior, la que se abre por parte del personal designado para tal efecto, en este caso el hijo de la dueña, quien la levanta a la hora de entrada, bajándola y cerrando la misma, una vez que se produce la apertura de las puertas principales del local, volviendo a abrirla, sólo a la salida del personal de noche del establecimiento pasado las 02:00 hrs. de la madrugada, hora en la cual la demandante, hace varias horas se ha retirado del local, pues su turno terminaba en horas de la tarde. Precisa que a la hora de llegada de la actora el local ya se encuentra abierto y esta ingresaba al mismo por la puerta principal. Refiere que, los accesos son objeto de mantenciones periódicas y no existe en el lugar un palo de escoba para sostener la cortina. Refiere que, por las dimensiones de esta cortina, haber ocurrido un accidente como el relatado por la actora sus lesiones serían de tal entidad que, habría sido necesario su traslado a un centro asistencial. Señala que, el día de los hechos, la actora le señaló al encargado del local, que traía de su casa un problema en el hombro, se le autorizó a que fuera al médico, presentando posteriormente, sucesivas licencias y no concurriendo desde esa fecha a trabajar. Refiere que, para no perjudicarla no se le despidió antes, ya que muchas veces no presentaba licencia, así se le concedía feriado, hasta que presentó Resolución Exenta 211 de fecha 12 de noviembre de 2008, por el cual la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez que la declaró con un 70% de invalidez, pero la Superintendencia de Seguridad Social mediante ordinario N° 053052 de 22 de octubre de 2009 determinó que la patología de la demandante no se debió a un accidente del trabajo sino que a enfermedad de origen común. Señala que, el accidente nunca ocurrió, y respecto al incumplimiento de las medidas de seguridad, controvierte que no haya elementos de protección personal, ya que se le otorgaron estas pero dentro de sus labores de cocinera, por que no le correspondía abrir la cortina. De igual manera refiere que, no les correspondía capacitar a la actora, ya que sus labores eran de cocinera. Igualmente, controvierte que exista falta de mantención de las cortinas metálicas. De igual forma, refiere que la actora no hizo denuncia al Ministerio Público, no dejó constancia ni denuncia ante Tribunales de Justicia. De igual forma, controvierte lo sostenido por la actora, en orden a que, existe una presunción de culpabilidad, ya que la existencia del accidente es requisito para que nazca la responsabilidad, no siendo efectivos los hechos que invoca y las vulneraciones legales que acusa. De igual forma, reitera que las lesiones que manifiesta la actora son consecuencia de una enfermedad común, por lo que no proceden las indemnizaciones que reclama. TERCERO: Que, en la audiencia preparatoria, se llamó a las partes a conciliación, lo que no prosperó, a pesar de que el Tribunal sentó bases de acuerdo. En la misma ocasión, se fijaron como hechos no controvertidos, la existencia de la relación laboral a contar del 1 de marzo de 2005 y hasta el 20 de abril de 2009, las funciones que ejecutaba la demandante de Cocinera y el monto de la remuneración mensual percibida por la demandante de $ 144.000. Por otro lado se fijaron como hechos a probar, la efectividad de haber sufrido la demandante el día 23 de julio de 2007 un accidente de trabajo. Forma y circunstancias en que se produjo el mismo. Las medidas de protección y seguridad adoptadas por la demandada para el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas a la demandante. La lesión y daño producido a la demandante, a consecuencia del accidente. La efectividad de haberle producido lucro cesante y daño moral y la existencia de incapacidad laboral y en la afirmativa, entidad de la misma. CUARTO: Que en la audiencia de juicio se incorporó la prueba ofrecida consistente en: DEMANDANTE: DOCUMENTAL: Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo, anexo de reclamo N° 1318 de 2009, N° 3470, de fecha 3 de abril de 2009. Copia de informe médico emitido por la

de 2005 y el día 20 de abril de 2009, fecha en la cual ésta fue despedida por la causal indicada en el artículo 160 N° 3 del Código Laboral. De igual forma reconoce que, se desempeñaba como cocinera, prestando servicios en el local denominado NICOS” ubicado en Alameda N° 2799, Santiago, en la jornada y remuneración que señala la demandante. Controvierte que, la actora haya sufrido un accidente del trabajo y, atribuye las dolencias que aquejan a la actora sean producto de un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Refiere que en el lugar no hay una cortina metálica que esté dispuesta para que entre luminosidad a la cocina, lo que si existe, es una cortina metálica lateral que funciona como puerta de ingreso desde el exterior, la que se abre por parte del personal designado para tal efecto, en este caso el hijo de la dueña, quien la levanta a la hora de entrada, bajándola y cerrando la misma, una vez que se produce la apertura de las puertas principales del local, volviendo a abrirla, sólo a la salida del personal de noche del establecimiento pasado las 02:00 hrs. de la madrugada, hora en la cual la demandante, hace varias horas se ha retirado del local, pues su turno terminaba en horas de la tarde. Precisa que a la hora de llegada de la actora el local ya se encuentra abierto y esta ingresaba al mismo por la puerta principal. Refiere que, los accesos son objeto de mantenciones periódicas y no existe en el lugar un palo de escoba para sostener la cortina. Refiere que, por las dimensiones de esta cortina, haber ocurrido un accidente como el relatado por la actora sus lesiones serían de tal entidad que, habría sido necesario su traslado a un centro asistencial. Señala que, el día de los hechos, la actora le señaló al encargado del local, que traía de su casa un problema en el hombro, se le autorizó a que fuera al médico, presentando posteriormente, sucesivas licencias y no concurriendo desde esa fecha a trabajar. Refiere que, para no perjudicarla no se le despidió antes, ya que muchas veces no presentaba licencia, así se le concedía feriado, hasta que presentó Resolución Exenta 211 de fecha 12 de noviembre de 2008, por el cual la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez que la declaró con un 70% de invalidez, pero la Superintendencia de Seguridad Social mediante ordinario N° 053052 de 22 de octubre de 2009 determinó que la patología de la demandante no se debió a un accidente del trabajo sino que a enfermedad de origen común. Señala que, el accidente nunca ocurrió, y respecto al incumplimiento de las medidas de seguridad, controvierte que no haya elementos de protección personal, ya que se le otorgaron estas pero dentro de sus labores de cocinera, por que no le correspondía abrir la cortina. De igual manera refiere que, no les correspondía capacitar a la actora, ya que sus labores eran de cocinera. Igualmente, controvierte que exista falta de mantención de las cortinas metálicas. De igual forma, refiere que la actora no hizo denuncia al Ministerio Público, no dejó constancia ni denuncia ante Tribunales de Justicia. De igual forma, controvierte lo sostenido por la actora, en orden a que, existe una presunción de culpabilidad, ya que la existencia del accidente es requisito para que nazca la responsabilidad, no siendo efectivos los hechos que invoca y las vulneraciones legales que acusa. De igual forma, reitera que las lesiones que manifiesta la actora son consecuencia de una enfermedad común, por lo que no proceden las indemnizaciones que reclama. TERCERO: Que, en la audiencia preparatoria, se llamó a las partes a conciliación, lo que no prosperó, a pesar de que el Tribunal sentó bases de acuerdo. En la misma ocasión, se fijaron como hechos no controvertidos, la existencia de la relación laboral a contar del 1 de marzo de 2005 y hasta el 20 de abril de 2009, las funciones que ejecutaba la demandante de Cocinera y el monto de la remuneración mensual percibida por la demandante de $ 144.000. Por otro lado se fijaron como hechos a probar, la efectividad de haber sufrido la demandante el día 23 de julio de 2007 un accidente de trabajo. Forma y circunstancias en que se produjo el mismo. Las medidas de protección y seguridad adoptadas por la demandada para el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas a la demandante. La lesión y daño producido a la demandante, a consecuencia del accidente. La efectividad de haberle producido lucro cesante y daño moral y la existencia de incapacidad laboral y en la afirmativa, entidad de la misma. CUARTO: Que en la audiencia de juicio se incorporó la prueba ofrecida consistente en: DEMANDANTE: DOCUMENTAL: Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo, anexo de reclamo N° 1318 de 2009, N° 3470, de fecha 3 de abril de 2009. Copia de informe médico emitido por la ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Mutual de Seguridad AS/1577/2008, cinco citaciones de atención de la Mutual de Seguridad, de fecha 1 de agosto de 2008 (2), 30 de junio de 2008 (2) y 15 de julio de 2008. Informe médico emitido por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 6 de abril de 2009. Solicitud de evaluación médica y de exámenes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 26 de septiembre de 2008. Certificado de fecha 3 de noviembre de 2009, emitido por sicóloga del CESFAM. Declaración individual de accidente del trabajo, de fecha 7 de agosto de 2007 ante el INP. Resolución N° 211 de la COMPIN, respecto de la demandante, de fecha 12 de noviembre de 2008. Dictamen por la ley 16.744 de la COMPIN, de fecha 16 de agosto de 2007, respecto del demandante, relativo al diagnóstico de la enfermedad sufrida por ella. Orden de atención médica por beneficio de la ley Nº 16.744, de fecha 16 de agosto de 2007 e Informe de médico radiólogo Mauricio León Zapata, de fecha 30 de julio de 2007, respecto de la sintomatología de la demandante. CONFESIONAL: De igual forma se provocó la confesional de la demandada doña María Angélica Silva Rojas, quien refiere que, se desempeña como dueña de casa, pero tiene como negocio una Shopería ubicada en alameda 2799, metro ULA, la que colinda con la calle Libertad, su local funciona de 10:00 a 2:00 A.M. lugar donde se venden cervezas, completos y colaciones, ese local es propio, pero en este momento lo entregó, porque no se encuentra capacitada para seguir trabajando por orden médica, actualmente el local está a cargo de su ex pareja, intentaron vender, para cancelar a los empleados, cosa que no se pudo, por lo tanto, su ex pareja es quien trabaja actualmente en el lugar, desde que dejó la Shopería, ella no ha vuelto a visitar el lugar. Indica que su ex pareja es don Roberto Alcaraz, recuerda que las personas que trabajaban en el local, cuando ella también lo hacía, eran don José Medel, don Francisco Pailahueque y doña Patricia Sáez. También el hijo de su ex pareja trabajaba en la Shopería de manera esporádica, en labores de aseo, este joven se llama Francisco, refiere conocer a doña Patricia, desde que ella entró al local, alrededor del año 2004 o 2005, no recuerda con exactitud, relata que la Sra. Sáez se desempeñó en local por cerca de 2 años, hasta el año 2007, como Cocinera, desde las 10:00 a 18:00 hrs. su jefe era don Roberto Alcaraz, quien era su ex pareja y en ocasiones don José Medel, quien en ausencia de don Roberto era el Jefe, no recuerda que la Sra. Sáez haya tenido alguna amonestación por mala conducta o incumplimientos. Explica que en julio de 2007, no ocurrió ningún accidente, nunca le cayó nada a la Sra. Sáez, recuerda que la actora siempre le comentaba que tenía un problema a los huesos, al igual que ella. Indica siempre haberle recomendado que visitara un Médico, le sugirió que se tomara sus vacaciones y visitara diversos especialistas, luego de una semana, esta trabajadora llegó con un certificado donde decía que había sufrido un accidente laboral, en esa oportunidad ella le dijo que no podía firmar dicho documento, esta le dijo que era solo porque en la Mutual habían mejores médicos y la atención era más rápida que en el consultorio, recuerda haberle dicho, que con FONASA, podía visitar otros especialistas, en esa oportunidad la trabajadora se fue molesta y no volvió en un año más, cuando llegó a cobrar unas vacaciones y cargas familiares, cosa que le fue informada por el Contador, persona a la que la Sra. Patricia siempre se dirigió luego del incidente, cuando ella no quiso firmar el documento, en esa oportunidad, la demandante, luego de un plazo sin presentar licencias, presentó otro permiso médico fuera de plazo, refiere que el contador le dijo que como la licencia estaba fuera de plazo, los días que no estaban justificados, los tomarían como vacaciones y darían lugar al nuevo permiso, luego de eso, llamó y le informaron que la Sra. Sáez presentaría la documentación para jubilarse, ella le indicó a la Secretaria del Contador, que de todas formas, mientras se tramitara la jubilación, la trabajadora debía presentarse a desempeñar sus funciones en el local, ésta le refirió que era lo que ellos le habían aconsejado, pero que la Sra. Sáez les había informado que no quería volver a trabajar, además estaba viendo un tema de salud, porque al parecer padecía de cáncer uterino. Agrega que la última vez que la vio, la Sra. Patricia se veía bastante bien de salud, después supo que la actora, había demandado a la empresa, por el no pago de vacaciones y cargas familiares, y que había decidido no jubilarse, en esa oportunidad, el Contador acudió a la citación de la Inspección del Trabajo y le señaló a la demandante que podía hacerle efectiva las cargas familiares de inmediato, pero que las vacaciones tenían que ser pagadas en un finiquito, desde esa oportunidad, no supo nada más de la Sra. Sáez, hasta que un Abogado le llamó y le dijo que existía una demanda millonaria en su contra. Reitera que el día 23 de julio, no hubo ningún accidente que afectara a doña Patricia Sáez, recuerda no haber firmado ningún documento donde se acreditara el accidente laboral, se le exhibe el documento de declaración

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Mutual de Seguridad AS/1577/2008, cinco citaciones de atención de la Mutual de Seguridad, de fecha 1 de agosto de 2008 (2), 30 de junio de 2008 (2) y 15 de julio de 2008. Informe médico emitido por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 6 de abril de 2009. Solicitud de evaluación médica y de exámenes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de fecha 26 de septiembre de 2008. Certificado de fecha 3 de noviembre de 2009, emitido por sicóloga del CESFAM. Declaración individual de accidente del trabajo, de fecha 7 de agosto de 2007 ante el INP. Resolución N° 211 de la COMPIN, respecto de la demandante, de fecha 12 de noviembre de 2008. Dictamen por la ley 16.744 de la COMPIN, de fecha 16 de agosto de 2007, respecto del demandante, relativo al diagnóstico de la enfermedad sufrida por ella. Orden de atención médica por beneficio de la ley Nº 16.744, de fecha 16 de agosto de 2007 e Informe de médico radiólogo Mauricio León Zapata, de fecha 30 de julio de 2007, respecto de la sintomatología de la demandante. CONFESIONAL: De igual forma se provocó la confesional de la demandada doña María Angélica Silva Rojas, quien refiere que, se desempeña como dueña de casa, pero tiene como negocio una Shopería ubicada en alameda 2799, metro ULA, la que colinda con la calle Libertad, su local funciona de 10:00 a 2:00 A.M. lugar donde se venden cervezas, completos y colaciones, ese local es propio, pero en este momento lo entregó, porque no se encuentra capacitada para seguir trabajando por orden médica, actualmente el local está a cargo de su ex pareja, intentaron vender, para cancelar a los empleados, cosa que no se pudo, por lo tanto, su ex pareja es quien trabaja actualmente en el lugar, desde que dejó la Shopería, ella no ha vuelto a visitar el lugar. Indica que su ex pareja es don Roberto Alcaraz, recuerda que las personas que trabajaban en el local, cuando ella también lo hacía, eran don José Medel, don Francisco Pailahueque y doña Patricia Sáez. También el hijo de su ex pareja trabajaba en la Shopería de manera esporádica, en labores de aseo, este joven se llama Francisco, refiere conocer a doña Patricia, desde que ella entró al local, alrededor del año 2004 o 2005, no recuerda con exactitud, relata que la Sra. Sáez se desempeñó en local por cerca de 2 años, hasta el año 2007, como Cocinera, desde las 10:00 a 18:00 hrs. su jefe era don Roberto Alcaraz, quien era su ex pareja y en ocasiones don José Medel, quien en ausencia de don Roberto era el Jefe, no recuerda que la Sra. Sáez haya tenido alguna amonestación por mala conducta o incumplimientos. Explica que en julio de 2007, no ocurrió ningún accidente, nunca le cayó nada a la Sra. Sáez, recuerda que la actora siempre le comentaba que tenía un problema a los huesos, al igual que ella. Indica siempre haberle recomendado que visitara un Médico, le sugirió que se tomara sus vacaciones y visitara diversos especialistas, luego de una semana, esta trabajadora llegó con un certificado donde decía que había sufrido un accidente laboral, en esa oportunidad ella le dijo que no podía firmar dicho documento, esta le dijo que era solo porque en la Mutual habían mejores médicos y la atención era más rápida que en el consultorio, recuerda haberle dicho, que con FONASA, podía visitar otros especialistas, en esa oportunidad la trabajadora se fue molesta y no volvió en un año más, cuando llegó a cobrar unas vacaciones y cargas familiares, cosa que le fue informada por el Contador, persona a la que la Sra. Patricia siempre se dirigió luego del incidente, cuando ella no quiso firmar el documento, en esa oportunidad, la demandante, luego de un plazo sin presentar licencias, presentó otro permiso médico fuera de plazo, refiere que el contador le dijo que como la licencia estaba fuera de plazo, los días que no estaban justificados, los tomarían como vacaciones y darían lugar al nuevo permiso, luego de eso, llamó y le informaron que la Sra. Sáez presentaría la documentación para jubilarse, ella le indicó a la Secretaria del Contador, que de todas formas, mientras se tramitara la jubilación, la trabajadora debía presentarse a desempeñar sus funciones en el local, ésta le refirió que era lo que ellos le habían aconsejado, pero que la Sra. Sáez les había informado que no quería volver a trabajar, además estaba viendo un tema de salud, porque al parecer padecía de cáncer uterino. Agrega que la última vez que la vio, la Sra. Patricia se veía bastante bien de salud, después supo que la actora, había demandado a la empresa, por el no pago de vacaciones y cargas familiares, y que había decidido no jubilarse, en esa oportunidad, el Contador acudió a la citación de la Inspección del Trabajo y le señaló a la demandante que podía hacerle efectiva las cargas familiares de inmediato, pero que las vacaciones tenían que ser pagadas en un finiquito, desde esa oportunidad, no supo nada más de la Sra. Sáez, hasta que un Abogado le llamó y le dijo que existía una demanda millonaria en su contra. Reitera que el día 23 de julio, no hubo ningún accidente que afectara a doña Patricia Sáez, recuerda no haber firmado ningún documento donde se acreditara el accidente laboral, se le exhibe el documento de declaración

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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de accidente, el cual examina y afirma haberlo visto, pero no reconoce la letra, ni la firma como propias. Indica que ese es el documento que no le quiso firmar a doña Patricia, reitera que no quiso firmar esa declaración porque todo era una mentira, y la Sra. Sáez, reitera, le dijo que era por sólo por un tema de rapidez y calidad en la atención médica. TESTIMONIAL: Emilia de las Mercedes Miranda, quien previo juramento señala que ante las preguntas del tribunal, que conoce a la Sra. Patricia, porque su hija era vecina de la misma, ella la veía cada mañana, cuando salía desde su casa al trabajo, cosas que observó hace 4 años atrás, recuerda que cuando comenzó a ir a la casa de su hija nuevamente, ésta le comentó respecto del accidente laboral que había sufrido la Sra. Patricia, porque se le cayó una cortina cuando la levantó, cosa que la dejó casi inválida, fue por eso que le pidieron, a través de su hija, que trasladara a la Sra. Patricia, a sus controles médicos, fue en esos viajes cuando la demandante, le contó lo que le había sucedido, una mañana cuando fue a trabajar y tuvo que levantar la cortina del local, la que estaba apoyada en un palo de escoba, el que se rompió y dejó caer la cortina sobre sus piernas y brazos, le cortó los ligamentos y fue operada en la mutual, aún no se recupera del todo, ella como tiene estudios de cuidado de enfermos, decidió ayudar en los cuidados de la Sra. Patricia, expone que la familia de la demandante y su familia fueron muy afectados por el accidente, incluso su hijo de 14 años perdió el año escolar, relata que ella la ha asistido en sus necesidades, ahora la actora se encuentra un poco mejor, pero llegó un momento en el que había que vestirla, agrega que también la demandante toma medicamentos y le han prescrito inyecciones para disminuir el dolor. Ante las preguntas de la parte demandante responde que en el último tiempo ha visto a la Sra. Patricia mal, en ocasiones está contenta, pero en otras llora mucho y cae en una depresión, porque de ser una mujer activa, pasó a no poder realizar prácticamente ninguna de las labores cotidianas de su casa, puede caminar muy poco y asistida por una bastón, y de la casa no puede salir sola, relata que antes del accidente, la demandante podía salir sola de su casa, relata que ella vive lejos de la actora, desde hace 5 meses, pero la visita y asiste regularmente, afirma que todo lo que ha declarado es cierto y que no tiene por qué mentir. A las preguntas de la parte demandada refiere que el accidente de la Sra. Patricia fue en junio de 2007, y que según lo que ésta le comentó, fue en el local donde trabajaba, ubicado en Libertad con Alameda, sabe que la demandante tuvo licencias médicas, pero no sabe cuántas, ni por cuánto tiempo se extendieron, relata que, según lo que la actora le contó, la cortina estaba sujeta con un palo de escoba y ella, al levantarla, el palo se quebró y la cortina cayó sobre su pierna y sus manos, ignora si la cortina golpeó a la demandante en la cabeza, relata que la Sra. Patricia fue al día siguiente del accidente al Médico, explica que cuando ella conoció la actora, ésta ya había sido operada de ambos hombros, porque se le habían cortado los tendones, operaron un hombro primero, luego el otro, sabe que la lesión estaba en ambos hombros, no sabe si la demandante ha interpuesto acciones legales en contra de otras entidades como la Mutual de Seguridad, indica que la Sra. Sáez se desempeñaba como Maestra de cocina, desconoce el horario que tenía la demandante, solo sabe que ingresaba a las 9:00 de la mañana, comenta que cuando ella cuidaba a la actora, el esposo de esta cancelaba los gastos de traslado, pero cuando la visita actualmente, es ella misma quien se costea los valores del traslado. De igual forma declara don Mauricio Alfonso Prieto Cáceres, quien previo juramento señala que, presenció el accidente sufrido por la demandante, ocasión en la que él, junto a otras personas, le prestó auxilio, recuerda que todo sucedió en el mes de julio de 2007, cree que fue el día 23, recuerda que los hechos fueron en Alameda con calle Libertad, cuando se dirigía a la Universidad, con Carmen Gloria, vio a la Sra. Patricia levantando una cortina y sosteniéndola con un madero, luego, ve como la cortina cae sobre la mujer, le pega en brazos y piernas y cae, al suelo, aplastándola, ante lo que corre a socorrerla, junto a un taxista, ambos levantaron la cortina, que afirma era muy pesada, cosa que le llamó la atención, su amiga, junto a otra persona, levantaron a la mujer, la que se quejaba de mucho dolor y no movía una pierna, luego ambos tuvieron que seguir su camino a la Universidad. Recuerda que tenía un manojo de llaves y un bolso. Ante las preguntas de la parte demandada refiere que la Universidad Alberto Hurtado, a la que se dirigía junto a su amiga, queda en la calle Libertad, una cuadra más arriba, describe la cortina, como

de accidente, el cual examina y afirma haberlo visto, pero no reconoce la letra, ni la firma como propias. Indica que ese es el documento que no le quiso firmar a doña Patricia, reitera que no quiso firmar esa declaración porque todo era una mentira, y la Sra. Sáez, reitera, le dijo que era por sólo por un tema de rapidez y calidad en la atención médica. TESTIMONIAL: Emilia de las Mercedes Miranda, quien previo juramento señala que ante las preguntas del tribunal, que conoce a la Sra. Patricia, porque su hija era vecina de la misma, ella la veía cada mañana, cuando salía desde su casa al trabajo, cosas que observó hace 4 años atrás, recuerda que cuando comenzó a ir a la casa de su hija nuevamente, ésta le comentó respecto del accidente laboral que había sufrido la Sra. Patricia, porque se le cayó una cortina cuando la levantó, cosa que la dejó casi inválida, fue por eso que le pidieron, a través de su hija, que trasladara a la Sra. Patricia, a sus controles médicos, fue en esos viajes cuando la demandante, le contó lo que le había sucedido, una mañana cuando fue a trabajar y tuvo que levantar la cortina del local, la que estaba apoyada en un palo de escoba, el que se rompió y dejó caer la cortina sobre sus piernas y brazos, le cortó los ligamentos y fue operada en la mutual, aún no se recupera del todo, ella como tiene estudios de cuidado de enfermos, decidió ayudar en los cuidados de la Sra. Patricia, expone que la familia de la demandante y su familia fueron muy afectados por el accidente, incluso su hijo de 14 años perdió el año escolar, relata que ella la ha asistido en sus necesidades, ahora la actora se encuentra un poco mejor, pero llegó un momento en el que había que vestirla, agrega que también la demandante toma medicamentos y le han prescrito inyecciones para disminuir el dolor. Ante las preguntas de la parte demandante responde que en el último tiempo ha visto a la Sra. Patricia mal, en ocasiones está contenta, pero en otras llora mucho y cae en una depresión, porque de ser una mujer activa, pasó a no poder realizar prácticamente ninguna de las labores cotidianas de su casa, puede caminar muy poco y asistida por una bastón, y de la casa no puede salir sola, relata que antes del accidente, la demandante podía salir sola de su casa, relata que ella vive lejos de la actora, desde hace 5 meses, pero la visita y asiste regularmente, afirma que todo lo que ha declarado es cierto y que no tiene por qué mentir. A las preguntas de la parte demandada refiere que el accidente de la Sra. Patricia fue en junio de 2007, y que según lo que ésta le comentó, fue en el local donde trabajaba, ubicado en Libertad con Alameda, sabe que la demandante tuvo licencias médicas, pero no sabe cuántas, ni por cuánto tiempo se extendieron, relata que, según lo que la actora le contó, la cortina estaba sujeta con un palo de escoba y ella, al levantarla, el palo se quebró y la cortina cayó sobre su pierna y sus manos, ignora si la cortina golpeó a la demandante en la cabeza, relata que la Sra. Patricia fue al día siguiente del accidente al Médico, explica que cuando ella conoció la actora, ésta ya había sido operada de ambos hombros, porque se le habían cortado los tendones, operaron un hombro primero, luego el otro, sabe que la lesión estaba en ambos hombros, no sabe si la demandante ha interpuesto acciones legales en contra de otras entidades como la Mutual de Seguridad, indica que la Sra. Sáez se desempeñaba como Maestra de cocina, desconoce el horario que tenía la demandante, solo sabe que ingresaba a las 9:00 de la mañana, comenta que cuando ella cuidaba a la actora, el esposo de esta cancelaba los gastos de traslado, pero cuando la visita actualmente, es ella misma quien se costea los valores del traslado. De igual forma declara don Mauricio Alfonso Prieto Cáceres, quien previo juramento señala que, presenció el accidente sufrido por la demandante, ocasión en la que él, junto a otras personas, le prestó auxilio, recuerda que todo sucedió en el mes de julio de 2007, cree que fue el día 23, recuerda que los hechos fueron en Alameda con calle Libertad, cuando se dirigía a la Universidad, con Carmen Gloria, vio a la Sra. Patricia levantando una cortina y sosteniéndola con un madero, luego, ve como la cortina cae sobre la mujer, le pega en brazos y piernas y cae, al suelo, aplastándola, ante lo que corre a socorrerla, junto a un taxista, ambos levantaron la cortina, que afirma era muy pesada, cosa que le llamó la atención, su amiga, junto a otra persona, levantaron a la mujer, la que se quejaba de mucho dolor y no movía una pierna, luego ambos tuvieron que seguir su camino a la Universidad. Recuerda que tenía un manojo de llaves y un bolso. Ante las preguntas de la parte demandada refiere que la Universidad Alberto Hurtado, a la que se dirigía junto a su amiga, queda en la calle Libertad, una cuadra más arriba, describe la cortina, como ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

una bastante antigua, que aplastó a la actora, además era muy pesada, porque entre 2 hombres, tuvieron que levantarla para poder sacar a la mujer, no sabe si llegó la ambulancia o Carabineros, porque no pudo quedarse más tiempo, por el horario de la Universidad, relata que el palo estaba muy cerca del carril de la cortina, el que finalmente cedió, recuerda que la demandante en esa oportunidad, vestía blue jeans, botas y una chaqueta muy similar a la que viste en la audiencia, no recuerda haberla visto muy arreglada. A las preguntas del tribunal, responde que nunca antes había visto a la Sra. Patricia, pero que el marido y la misma demandante le llamaron para que colaborara como testigo, porque en esa ocasión su acompañante le dio su número de celular a la mujer accidentada. DEMANDADA DOCUMENTAL: Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, de fecha 3 de abril de 2009. resolución exenta N° 211 de la COMPIN, relativa a la evaluación y declaración de invalidez de la demandante. Copia simple de la declaración individual de accidente de trabajo y 12 fotografías del local donde trabajaba la demandante. CONFESIONAL: Consistente en los dichos de la demandante doña Patricia Sáez Venegas, quien refiere que, trabajaba en el local llamado Shopería Nico´s, ubicado en calle Libertad con Alameda, su horario laboral, era de 9:00 a 17:30 hrs. ella era quien abría la parte de cocina, era la primera persona en llegar al local, las puertas principales las abría otro compañero, pero el local comenzaba su funcionamiento a las 9:00 hrs. afirma que en el lugar se expendían bebidas alcohólicas, desconoce si la legislación decía lo contrario, indica que cuando sucedió el accidente no había nadie más al interior del local, se le exhibe el documento de la demanda, ante lo que afirma que es propia y que la firmó, reconoce su firma en dicho documento, se procede a leer una parte del mismo que se encuentra subrayada, afirma que lo que fue leído, es parte de su declaración, reitera que en esa ocasión no había ningún jefe junto a ella, recuerda que ese día llegó, levantó la cortina, la cual cedió, por lo que, puso un palo de escoba, para sostenerla, el cual también cedió, refiere que ese palo de escoba se encontraba en el interior del local, y era lo que habitualmente usaban para sostener la cortina metálica, relata que el palo era de madera, comenta que cuando puso la cortina el palo se rompió, señala, que la cortina cayó sobre sus brazos y una pierna, quedó con todo su cuerpo en la calle, las personas que le auxiliaron, tuvieron que levantar la estructura para sacar su pierna, que había quedado atrapada bajo la cortina, en ese minuto no sufrió fractura de su pierna, solo tuvo mucho dolor, pero actualmente, tiene un problema en ella, ese día no siguió trabajando, se dirigió al centro médico del Hospital del Profesor, registro de atención que no tiene, porque indica que se atendió de manera particular. Declara que la dueña del local la trataba muy mal y nunca le dio permiso para salir a médico. Afirma que era maltratada por la Sra. María Angélica y realizó las denuncias correspondientes ante la Inspección del Trabajo, porque no le daban su tiempo de colación, no podía hablar con nadie en el local y por los malos tratos de los que era víctima, inclusive, algunos empleados le hablaban con groserías, refiere que la pareja de la dueña, le dijo que si hacía algo, se quedaba sin trabajo, comenta que cuando le operaron su brazo, le dieron licencias en la Mutual de Seguridad, las que tuvieron su fin, luego presentó licencias por salud mental, las que nunca le fueron canceladas por el COMPIN, porque su empleador, tampoco las tramitó, afirma haber sido operada de ambos hombros, porque tenía sus tendones cortados, niega que le hayan operado un hombro equivocado, nunca demandó a la mutual, aunque pensó en hacerlo, porque también recibió maltratos en dicha entidad médica, relata que cada mañana, cuando llegaba al trabajo, abría el local, se dirigía a la cocina, lugar que no tenía ventilación alguna, ella pidió que instalaran un ventilador, cosa que le negaron, la cortina que se cayó era la que daba a la calle y se abría para que ingresara un poco de aire, expone que fue operada en 2007, cuando fue su primera intervención, no recuerda hasta cuanto tiempo estuvo con licencia médica. Ante las preguntas del tribunal responde que no la despidieron de su trabajo, su empleadora le envió el finiquito a su casa, documento que no firmó, agrega que nunca le pagaron el familiar de su hijo, que siempre la trataron mal, no recuerda las sumas de dinero que aparecían en el finiquito, reitera que cuando abre la cortina, puso el palo de escoba para afirmarla, pero ese palo se quebró, y dejó caer la cortina sobre ella, en ese minuto, pasó un joven, que levantó la cortina para poder sacar su pierna, indica que ese joven iba con una mujer y fue quien la auxilió al momento del accidente.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

una bastante antigua, que aplastó a la actora, además era muy pesada, porque entre 2 hombres, tuvieron que levantarla para poder sacar a la mujer, no sabe si llegó la ambulancia o Carabineros, porque no pudo quedarse más tiempo, por el horario de la Universidad, relata que el palo estaba muy cerca del carril de la cortina, el que finalmente cedió, recuerda que la demandante en esa oportunidad, vestía blue jeans, botas y una chaqueta muy similar a la que viste en la audiencia, no recuerda haberla visto muy arreglada. A las preguntas del tribunal, responde que nunca antes había visto a la Sra. Patricia, pero que el marido y la misma demandante le llamaron para que colaborara como testigo, porque en esa ocasión su acompañante le dio su número de celular a la mujer accidentada. DEMANDADA DOCUMENTAL: Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, de fecha 3 de abril de 2009. resolución exenta N° 211 de la COMPIN, relativa a la evaluación y declaración de invalidez de la demandante. Copia simple de la declaración individual de accidente de trabajo y 12 fotografías del local donde trabajaba la demandante. CONFESIONAL: Consistente en los dichos de la demandante doña Patricia Sáez Venegas, quien refiere que, trabajaba en el local llamado Shopería Nico´s, ubicado en calle Libertad con Alameda, su horario laboral, era de 9:00 a 17:30 hrs. ella era quien abría la parte de cocina, era la primera persona en llegar al local, las puertas principales las abría otro compañero, pero el local comenzaba su funcionamiento a las 9:00 hrs. afirma que en el lugar se expendían bebidas alcohólicas, desconoce si la legislación decía lo contrario, indica que cuando sucedió el accidente no había nadie más al interior del local, se le exhibe el documento de la demanda, ante lo que afirma que es propia y que la firmó, reconoce su firma en dicho documento, se procede a leer una parte del mismo que se encuentra subrayada, afirma que lo que fue leído, es parte de su declaración, reitera que en esa ocasión no había ningún jefe junto a ella, recuerda que ese día llegó, levantó la cortina, la cual cedió, por lo que, puso un palo de escoba, para sostenerla, el cual también cedió, refiere que ese palo de escoba se encontraba en el interior del local, y era lo que habitualmente usaban para sostener la cortina metálica, relata que el palo era de madera, comenta que cuando puso la cortina el palo se rompió, señala, que la cortina cayó sobre sus brazos y una pierna, quedó con todo su cuerpo en la calle, las personas que le auxiliaron, tuvieron que levantar la estructura para sacar su pierna, que había quedado atrapada bajo la cortina, en ese minuto no sufrió fractura de su pierna, solo tuvo mucho dolor, pero actualmente, tiene un problema en ella, ese día no siguió trabajando, se dirigió al centro médico del Hospital del Profesor, registro de atención que no tiene, porque indica que se atendió de manera particular. Declara que la dueña del local la trataba muy mal y nunca le dio permiso para salir a médico. Afirma que era maltratada por la Sra. María Angélica y realizó las denuncias correspondientes ante la Inspección del Trabajo, porque no le daban su tiempo de colación, no podía hablar con nadie en el local y por los malos tratos de los que era víctima, inclusive, algunos empleados le hablaban con groserías, refiere que la pareja de la dueña, le dijo que si hacía algo, se quedaba sin trabajo, comenta que cuando le operaron su brazo, le dieron licencias en la Mutual de Seguridad, las que tuvieron su fin, luego presentó licencias por salud mental, las que nunca le fueron canceladas por el COMPIN, porque su empleador, tampoco las tramitó, afirma haber sido operada de ambos hombros, porque tenía sus tendones cortados, niega que le hayan operado un hombro equivocado, nunca demandó a la mutual, aunque pensó en hacerlo, porque también recibió maltratos en dicha entidad médica, relata que cada mañana, cuando llegaba al trabajo, abría el local, se dirigía a la cocina, lugar que no tenía ventilación alguna, ella pidió que instalaran un ventilador, cosa que le negaron, la cortina que se cayó era la que daba a la calle y se abría para que ingresara un poco de aire, expone que fue operada en 2007, cuando fue su primera intervención, no recuerda hasta cuanto tiempo estuvo con licencia médica. Ante las preguntas del tribunal responde que no la despidieron de su trabajo, su empleadora le envió el finiquito a su casa, documento que no firmó, agrega que nunca le pagaron el familiar de su hijo, que siempre la trataron mal, no recuerda las sumas de dinero que aparecían en el finiquito, reitera que cuando abre la cortina, puso el palo de escoba para afirmarla, pero ese palo se quebró, y dejó caer la cortina sobre ella, en ese minuto, pasó un joven, que levantó la cortina para poder sacar su pierna, indica que ese joven iba con una mujer y fue quien la auxilió al momento del accidente.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TESTIMONIAL, Presta testimonial don Roberto Luis Alcaraz, quien indica en lo sustancial, ante las preguntas del tribunal, que conoce que hay una demanda interpuesta contra la Sra. María Angélica, quien es la dueña de la Shopería Nico´s, donde él trabaja desde hace 15 años, lugar que actualmente le pertenece, indica que tiene una relación con la demandada, comenta que el día 23 de julio de 2007, no pasó nada especial, en ese entonces, él se desempeñaba como Cajero y Administrador, refiere que la última vez que vio a la actora, fue cuando llevó una licencia médica, y en otra ocasión, cuando fue a buscar un cheque junto a su marido, él no se enteró el por qué de las licencias médicas, recuerda que una vez, se presentó una persona del INP para preguntar si es que la Sra. Patricia Sáez trabajaba allí, luego se enteró que esta padecía problemas en un tendón, pero no supo nada más, explica que él o el hijo de la demandada, eran quienes abrían el local, pero que el hijo de la Sra. María Angélica, era quien lo hacía con mayor frecuencia, alrededor de las 9:00 de la mañana, pero no para la atención a público, el acceso a dicho lugar, es por una cortina que daba a calle Libertad, nadie más solo ellos, eran quienes tenían las llaves de ese candado. A las preguntas de la parte demandada responde que la entrada de personal es por Alameda, comenta que solo don Free o él, eran quienes podían abrir el local, cosa que hacían entre la 8:30 y 9:00 de la mañana, la atención de público se comenzaba a las 10:00 de la mañana, no sabe los horarios de atención que establece la ley, comenta que en la calle Libertad hay una cortina, la que no cuesta mucho levantar y a la que se le realiza mantención cada 3 meses, la única cortina que queda abierta y se abre por fuera, es la que está por calle Libertad, la que debe ser cerrada inmediatamente, refiere que la demandante se desempeñaba como Cocinera e ingresaba a las 10:00 de la mañana, indica que este lugar está apto para la manipulación de alimentos y el trabajo, porque siempre que han sido fiscalizados por el SESMA, han cumplido con los requisitos, fiscalización que se da una vez al mes o cada 15 días, comenta que la Sra. Patricia se retiraba a las 18:00 hrs. y salía por la puerta delantera, porque la puerta de la cocina no se vuelve a abrir, explica que si las cortinas metálicas se salen de sus ejes, no se caen, sólo se ponen duras lo que hace difícil que puedan bajarlas, a él nunca se le ha caído una cortina, y no tiene conocimiento de esto, expone que la mantención la realiza una empresa ubicada en Bascuñán Guerrero, no sabe si la empresa ha sido multada por infracciones a las leyes del trabajo, tampoco sabe si gente del INP inspeccionó el lugar, no recuerda que la Sra. Patricia haya tenido ningún accidente, tampoco recuerda la presencia de ambulancias o Carabineros en el lugar. A las preguntas de la parte demandante, refiere que lleva alrededor de 12 años en la empresa, pero no recuerda con exactitud, afirma ser de nacionalidad argentina, pero tiene todos sus documentos legales al día, explica que en su contrato se especifican sus funciones como de Cajero, además realizaba labores de Administrador, todos firmaban un libro de asistencia, comenta que él era quien generalmente realizaba diferentes labores, su horario es variable, porque a veces, trabajaba hasta las 4 de la madrugada, indica que don Free y él son quienes tienen juego de llaves para abrir el local, comenta que gana el sueldo mínimo, explica que aún no paga la Shopería, la cual, le fue vendida en 5.000.000 de pesos, lo que paga en cuotas mensuales, que son variables, afirma ser la pareja de doña María Angélica, desde hace 35 años, la venta del local, se hizo mediante escritura pública, niega ser técnico en mantención de puertas, lo que dice respecto de la mantención de la cortina, lo señala solamente por su experiencia, no recuerda la fecha, ni los montos que retiró la demandante junto a su esposo, explica que a la actora, se le tramitaron todas las licencias médicas que presentó. Presta testimonial don José Medel, quien refiere en lo medular que trabaja en la Shopería Nico´s, en Alameda 2799, entra a su trabajo a las 9:00 y se retira entre las 18:00 o 19:00 hrs. explica que el encargado de abrir el local es don Free Molina, trabaja ahí desde el 19 de noviembre de 1990, afirma conocer a doña Patricia Sáez, porque era trabajadora del local y se desempeñaba como cocinera, la demandante comenzaba su horario laboral a las 10:00 A.M. e ingresaba por la puerta principal, existe otra puerta de acceso, por la calle Libertad, la cual se mantiene cerrada, solo se usa para ingresar y abrir la puerta principal por dentro, explica que al abrir la puerta de la calle Libertad, hay una pequeña bodega y la cocina, reitera que dicha puerta se mantiene cerrada durante el día, la actora, no tenía otra labor más que preparar los alimentos, cuando concluía su jornada laboral, entre las 18:00 y 19:00 hrs, ésta se retiraba por la puerta principal.

TESTIMONIAL, Presta testimonial don Roberto Luis Alcaraz, quien indica en lo sustancial, ante las preguntas del tribunal, que conoce que hay una demanda interpuesta contra la Sra. María Angélica, quien es la dueña de la Shopería Nico´s, donde él trabaja desde hace 15 años, lugar que actualmente le pertenece, indica que tiene una relación con la demandada, comenta que el día 23 de julio de 2007, no pasó nada especial, en ese entonces, él se desempeñaba como Cajero y Administrador, refiere que la última vez que vio a la actora, fue cuando llevó una licencia médica, y en otra ocasión, cuando fue a buscar un cheque junto a su marido, él no se enteró el por qué de las licencias médicas, recuerda que una vez, se presentó una persona del INP para preguntar si es que la Sra. Patricia Sáez trabajaba allí, luego se enteró que esta padecía problemas en un tendón, pero no supo nada más, explica que él o el hijo de la demandada, eran quienes abrían el local, pero que el hijo de la Sra. María Angélica, era quien lo hacía con mayor frecuencia, alrededor de las 9:00 de la mañana, pero no para la atención a público, el acceso a dicho lugar, es por una cortina que daba a calle Libertad, nadie más solo ellos, eran quienes tenían las llaves de ese candado. A las preguntas de la parte demandada responde que la entrada de personal es por Alameda, comenta que solo don Free o él, eran quienes podían abrir el local, cosa que hacían entre la 8:30 y 9:00 de la mañana, la atención de público se comenzaba a las 10:00 de la mañana, no sabe los horarios de atención que establece la ley, comenta que en la calle Libertad hay una cortina, la que no cuesta mucho levantar y a la que se le realiza mantención cada 3 meses, la única cortina que queda abierta y se abre por fuera, es la que está por calle Libertad, la que debe ser cerrada inmediatamente, refiere que la demandante se desempeñaba como Cocinera e ingresaba a las 10:00 de la mañana, indica que este lugar está apto para la manipulación de alimentos y el trabajo, porque siempre que han sido fiscalizados por el SESMA, han cumplido con los requisitos, fiscalización que se da una vez al mes o cada 15 días, comenta que la Sra. Patricia se retiraba a las 18:00 hrs. y salía por la puerta delantera, porque la puerta de la cocina no se vuelve a abrir, explica que si las cortinas metálicas se salen de sus ejes, no se caen, sólo se ponen duras lo que hace difícil que puedan bajarlas, a él nunca se le ha caído una cortina, y no tiene conocimiento de esto, expone que la mantención la realiza una empresa ubicada en Bascuñán Guerrero, no sabe si la empresa ha sido multada por infracciones a las leyes del trabajo, tampoco sabe si gente del INP inspeccionó el lugar, no recuerda que la Sra. Patricia haya tenido ningún accidente, tampoco recuerda la presencia de ambulancias o Carabineros en el lugar. A las preguntas de la parte demandante, refiere que lleva alrededor de 12 años en la empresa, pero no recuerda con exactitud, afirma ser de nacionalidad argentina, pero tiene todos sus documentos legales al día, explica que en su contrato se especifican sus funciones como de Cajero, además realizaba labores de Administrador, todos firmaban un libro de asistencia, comenta que él era quien generalmente realizaba diferentes labores, su horario es variable, porque a veces, trabajaba hasta las 4 de la madrugada, indica que don Free y él son quienes tienen juego de llaves para abrir el local, comenta que gana el sueldo mínimo, explica que aún no paga la Shopería, la cual, le fue vendida en 5.000.000 de pesos, lo que paga en cuotas mensuales, que son variables, afirma ser la pareja de doña María Angélica, desde hace 35 años, la venta del local, se hizo mediante escritura pública, niega ser técnico en mantención de puertas, lo que dice respecto de la mantención de la cortina, lo señala solamente por su experiencia, no recuerda la fecha, ni los montos que retiró la demandante junto a su esposo, explica que a la actora, se le tramitaron todas las licencias médicas que presentó. Presta testimonial don José Medel, quien refiere en lo medular que trabaja en la Shopería Nico´s, en Alameda 2799, entra a su trabajo a las 9:00 y se retira entre las 18:00 o 19:00 hrs. explica que el encargado de abrir el local es don Free Molina, trabaja ahí desde el 19 de noviembre de 1990, afirma conocer a doña Patricia Sáez, porque era trabajadora del local y se desempeñaba como cocinera, la demandante comenzaba su horario laboral a las 10:00 A.M. e ingresaba por la puerta principal, existe otra puerta de acceso, por la calle Libertad, la cual se mantiene cerrada, solo se usa para ingresar y abrir la puerta principal por dentro, explica que al abrir la puerta de la calle Libertad, hay una pequeña bodega y la cocina, reitera que dicha puerta se mantiene cerrada durante el día, la actora, no tenía otra labor más que preparar los alimentos, cuando concluía su jornada laboral, entre las 18:00 y 19:00 hrs, ésta se retiraba por la puerta principal. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A las preguntas de la parte demandante responde que el local lo abre solamente don Free Molina, porque es el único que tiene llaves, comenta que la cocina no tiene ventana hacia la calle, porque funciona con luz artificial, y la cocina tiene campana, para absorber los vapores y líquidos que expelen cuando se cocinan los alimentos, refiere no tener conocimiento respecto del accidente, ni tampoco de cuánto tiempo trabajó la demandante en el lugar, luego de que él termina su turno, don Roberto asume las labores de Cajero, indica no ver a la Sra. Patricia desde que se fue, pero no recuerda la fecha exacta de esto. Ante las preguntas del tribunal, refiere que la caja, donde él trabaja, se ubica dentro del local, en la cocina, se desempeñaba solo la actora, declara que al parecer la demandante, dejó de ir a trabajar el año pasado, pero desconoce las razones, después ingresó a trabajar otra cocinera, en el puesto vacante que dejó la Sra. Patricia. Rinde testimonial don Free Molina quien comenta en lo medular que conoce la Shopería Nico´s, porque es hijo de la Sra. María Angélica, dicho local tiene 2 accesos, uno principal, y otro por donde ingresan él o don Roberto, el horario de apertura del local es a las 10:00 hrs. pero él llega más temprano, indica que el acceso de calle Libertad, está cerrado por una cortina metálica, la cual, no se abre durante el día, por razones lógicas y de higiene, puerta que permanece cerrada, hasta que don Roberto cierra el local, alrededor de las 2:00 o 3:00 de la madrugada, no cree que a la demandante se le haya pedido abrir alguna cortina, y que tampoco haya tenido que abrir la cortina durante el día, indica que la cocina tiene luz artificial, más campana y extractor, siempre son fiscalizados por el SESMA, los únicos que tienen llaves son don Roberto y él, todo el personal ingresa por la entrada principal, ubicada en calle Alameda, señala que a las cortinas se les hace mantención, cada 2 o 3 meses, explica que si las cortinas metálicas se desprendieran, caerían fácilmente, por lo que cree, niega que la demandante ni nadie, haya tenido algún accidente laboral, recuerda siempre haber visto a la demandante con uniforme e implementos de seguridad, relativos a su labor. A las preguntas de la parte demandante responde que él fue quien abrió la mañana del día, donde supuestamente ocurrió el accidente, enfatiza que es imposible, que don Roberto, haya entregado las llaves del local a la actora, indica siempre haber visto a la demandante con guantes desempeñando sus labores, señala que él tiene 3 locales en la misma cuadra, por lo que abre cada local y Nico´s a las 9:00 A.M. señala que el día 23 de julio fue él quien abrió el local como cada día a las 9:00 hrs. afirma que la actora se desempeñaba y él la vio como Maestra de cocina, quien ingresaba a las 10:00 de la mañana, no tiene conocimiento de la documentación laboral de los trabajadores de la Shopería Nico´s, tiene conocimiento que trabajaban 3 personas en el turno de la mañana, la actora, el Cajero y un Maestro Churrasquero. Ante las preguntas del tribunal, refiere que el día 23 de julio fue él quien abrió el local, no recuerda la fecha exacta en la que dejó de ver a la Sra. Patricia, preguntó por ella y le dijeron que ésta se encontraba con licencia médica. Finalmente presta testimonial doña María Benítez Ortega, quien declara en lo medular que trabaja en un kiosco de diarios entre Libertad y Avenida Sotomayor, conoce a la Sra. Patricia, quien permanecía junto a ella, hasta las 10:00 de la mañana, cuando llegaba don Free y abría el local. A las preguntas de la parte demandante, indica que la Sra. Patricia llegaba alrededor de las 9:00 o 9:30 de la mañana, compraba el diario y permanecía junto a ella hasta que llegaba quien abría el local, indica que ella abre su kiosco alrededor de las 8:00 de la mañana, reitera que su kiosco es más cercano a la calle Libertad y se ubica en plena Alameda, frente a una confitería, luego viene un local de ropa Americana y luego viene la Shopería Nico´s, explica que ella llega con sus diarios desde la agencia, refiere que la Sra. Patricia se sentaba junto a ella dentro del kiosco, nunca la demandante le dijo que tenía que abrir el local, porque, reitera, era don Free quien lo hacía, nunca vio ningún accidente el día 23 de julio, ni supo nada al respecto, expone que desde su kiosco, no tiene visión a la calle Libertad. A las preguntas del tribunal refiere que la demandante permanecía junto a ella, esperando que abrieran el lugar, tenía conocimiento de que la Sra. Patricia tenía problemas de salud en un brazo, no recuerda desde cuando sabe esto y no la volvió a ver hasta el día de la audiencia. OFICIOS. En respuesta de los oficios enviados a la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 27 de julio de 2010 y Inspección del Trabajo de Santiago de fecha 23 de julio de 2010. Por el primero se

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

A las preguntas de la parte demandante responde que el local lo abre solamente don Free Molina, porque es el único que tiene llaves, comenta que la cocina no tiene ventana hacia la calle, porque funciona con luz artificial, y la cocina tiene campana, para absorber los vapores y líquidos que expelen cuando se cocinan los alimentos, refiere no tener conocimiento respecto del accidente, ni tampoco de cuánto tiempo trabajó la demandante en el lugar, luego de que él termina su turno, don Roberto asume las labores de Cajero, indica no ver a la Sra. Patricia desde que se fue, pero no recuerda la fecha exacta de esto. Ante las preguntas del tribunal, refiere que la caja, donde él trabaja, se ubica dentro del local, en la cocina, se desempeñaba solo la actora, declara que al parecer la demandante, dejó de ir a trabajar el año pasado, pero desconoce las razones, después ingresó a trabajar otra cocinera, en el puesto vacante que dejó la Sra. Patricia. Rinde testimonial don Free Molina quien comenta en lo medular que conoce la Shopería Nico´s, porque es hijo de la Sra. María Angélica, dicho local tiene 2 accesos, uno principal, y otro por donde ingresan él o don Roberto, el horario de apertura del local es a las 10:00 hrs. pero él llega más temprano, indica que el acceso de calle Libertad, está cerrado por una cortina metálica, la cual, no se abre durante el día, por razones lógicas y de higiene, puerta que permanece cerrada, hasta que don Roberto cierra el local, alrededor de las 2:00 o 3:00 de la madrugada, no cree que a la demandante se le haya pedido abrir alguna cortina, y que tampoco haya tenido que abrir la cortina durante el día, indica que la cocina tiene luz artificial, más campana y extractor, siempre son fiscalizados por el SESMA, los únicos que tienen llaves son don Roberto y él, todo el personal ingresa por la entrada principal, ubicada en calle Alameda, señala que a las cortinas se les hace mantención, cada 2 o 3 meses, explica que si las cortinas metálicas se desprendieran, caerían fácilmente, por lo que cree, niega que la demandante ni nadie, haya tenido algún accidente laboral, recuerda siempre haber visto a la demandante con uniforme e implementos de seguridad, relativos a su labor. A las preguntas de la parte demandante responde que él fue quien abrió la mañana del día, donde supuestamente ocurrió el accidente, enfatiza que es imposible, que don Roberto, haya entregado las llaves del local a la actora, indica siempre haber visto a la demandante con guantes desempeñando sus labores, señala que él tiene 3 locales en la misma cuadra, por lo que abre cada local y Nico´s a las 9:00 A.M. señala que el día 23 de julio fue él quien abrió el local como cada día a las 9:00 hrs. afirma que la actora se desempeñaba y él la vio como Maestra de cocina, quien ingresaba a las 10:00 de la mañana, no tiene conocimiento de la documentación laboral de los trabajadores de la Shopería Nico´s, tiene conocimiento que trabajaban 3 personas en el turno de la mañana, la actora, el Cajero y un Maestro Churrasquero. Ante las preguntas del tribunal, refiere que el día 23 de julio fue él quien abrió el local, no recuerda la fecha exacta en la que dejó de ver a la Sra. Patricia, preguntó por ella y le dijeron que ésta se encontraba con licencia médica. Finalmente presta testimonial doña María Benítez Ortega, quien declara en lo medular que trabaja en un kiosco de diarios entre Libertad y Avenida Sotomayor, conoce a la Sra. Patricia, quien permanecía junto a ella, hasta las 10:00 de la mañana, cuando llegaba don Free y abría el local. A las preguntas de la parte demandante, indica que la Sra. Patricia llegaba alrededor de las 9:00 o 9:30 de la mañana, compraba el diario y permanecía junto a ella hasta que llegaba quien abría el local, indica que ella abre su kiosco alrededor de las 8:00 de la mañana, reitera que su kiosco es más cercano a la calle Libertad y se ubica en plena Alameda, frente a una confitería, luego viene un local de ropa Americana y luego viene la Shopería Nico´s, explica que ella llega con sus diarios desde la agencia, refiere que la Sra. Patricia se sentaba junto a ella dentro del kiosco, nunca la demandante le dijo que tenía que abrir el local, porque, reitera, era don Free quien lo hacía, nunca vio ningún accidente el día 23 de julio, ni supo nada al respecto, expone que desde su kiosco, no tiene visión a la calle Libertad. A las preguntas del tribunal refiere que la demandante permanecía junto a ella, esperando que abrieran el lugar, tenía conocimiento de que la Sra. Patricia tenía problemas de salud en un brazo, no recuerda desde cuando sabe esto y no la volvió a ver hasta el día de la audiencia. OFICIOS. En respuesta de los oficios enviados a la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 27 de julio de 2010 y Inspección del Trabajo de Santiago de fecha 23 de julio de 2010. Por el primero se

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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informa, remitiendo copia de Oficio N° 053052, que el Departamento Médico, determinó que procedía modificar la resolución de la referida Comisión, por cuanto la patología que padece la Sra. Sáez y que afecta a ambos hombros, correspondía desde su inicio a una afección de carácter común y, por lo tanto se concluyó de acuerdo con la ley N° 16.744, que su incapacidad es 0%, y por el segundo oficio se informa que, no existen antecedentes sobre procedimientos o denuncias ante la Inspección del Trabajo respecto al local denominado la Schopería Nico’s. QUINTO: Que ponderada la prueba de conformidad a los principios de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados, este sentenciador no tiene por acreditado que la actora el día 23 de julio de 2007 sufrió un accidente de trabajo, sino que tenía una enfermedad común, la que le provocó rotura de tendones supraespinoso izquierdo y derecho, con cero por ciento de incapacidad. SEXTO: Que, a objeto de resolver lo controvertido, cabe hacer presente que el artículo 5° de la ley Nº 16.744 señala en su artículo 5°, que “Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su lado en el artículo 68, inciso primero dice que “Las empresas o entidades deben implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes” y en su inciso tercero reza que “Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que preceptúa el inciso anterior”. Finalmente, su artículo 77 prescribe que “Los afiliados o sus derecho habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico”. Así, para que exista responsabilidad contractual por accidentes o enfermedad del trabajo, es necesario, que exista, la concurrencia de los siguientes requisitos: a. Acción u omisión dolosa o culposa; b. Que esta conducta cause un daño; y, c. Relación de causalidad entre la conducta y el daño. Así, respecto al primer hecho a probar, y que estructura las peticiones de la actora, es que exista un accidente del trabajo, en los términos del artículo 5° de la ley N° 17.644. Respecto a este hecho, la versión de la demandante, en su demanda, es que el accidente se produce el día 23 de julio de 2007, en circunstancias que se encontraba laborando, al interior del local, se le dispone por su empleador, abrir una cortina metálica, la cual en la parte superior, el rollo estaba desoldado, sin fijaciones y se utilizaba un palo de escoba para sostenerla, el cual cedió y le cayó la cortina metálica sobre ella, lo que le provocó las lesiones. A juicio, del Tribunal esta versión, fue superada en calidad y cantidad por la prueba de la demandada, quien postuló, la inexistencia del accidente y la concurrencia de una enfermedad común. En efecto, respecto a ese hecho la demandante, rindió la testimonial de Mauricio Alfonso Prieto Cáceres, quien dice ser testigo presencial de los hechos, acaecidos el año 2007, refiere haber pasado en los instantes precisos en que ocurren los hechos y habría prestado ayuda en esa oportunidad a la demandante quien estaba atrapada por la cortina metálica. A juicio del Tribunal, su testimonio ha sido insuficiente para dar por acreditado los hechos que invoca la actora, no sólo porque resulta inverosímil, que luego de ocurrido el accidente que dice presenciar, hayan transcurrido más de 3 años, sin contacto con la actora, la que por medio de una acompañante de ese día, de nombre Carmen Gloria, ésta le habría dado el teléfono, para que la actora lo contactase y concurriera declarar a juicio, sino por que, su testimonio es contradictorio con la demás prueba rendida en el juicio, que lleva a concluir que la actora padece una enfermedad común y lo narrado, en la demanda en orden a que, ese día estaba cumpliendo funciones al interior del local, cuando se le dispone la labor de abrir la cortina, siendo que el testigo refiere que ella estaba sola en el lugar. De igual forma, llama la atención que presenciando un accidente de la magnitud que describe, no se requiriera asistencia médica o se llamará a Carabineros o si fue auxiliada por un taxista, no se le llevara en el acto a un centro asistencial.

informa, remitiendo copia de Oficio N° 053052, que el Departamento Médico, determinó que procedía modificar la resolución de la referida Comisión, por cuanto la patología que padece la Sra. Sáez y que afecta a ambos hombros, correspondía desde su inicio a una afección de carácter común y, por lo tanto se concluyó de acuerdo con la ley N° 16.744, que su incapacidad es 0%, y por el segundo oficio se informa que, no existen antecedentes sobre procedimientos o denuncias ante la Inspección del Trabajo respecto al local denominado la Schopería Nico’s. QUINTO: Que ponderada la prueba de conformidad a los principios de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados, este sentenciador no tiene por acreditado que la actora el día 23 de julio de 2007 sufrió un accidente de trabajo, sino que tenía una enfermedad común, la que le provocó rotura de tendones supraespinoso izquierdo y derecho, con cero por ciento de incapacidad. SEXTO: Que, a objeto de resolver lo controvertido, cabe hacer presente que el artículo 5° de la ley Nº 16.744 señala en su artículo 5°, que “Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”. Por su lado en el artículo 68, inciso primero dice que “Las empresas o entidades deben implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes” y en su inciso tercero reza que “Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que preceptúa el inciso anterior”. Finalmente, su artículo 77 prescribe que “Los afiliados o sus derecho habientes, así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico”. Así, para que exista responsabilidad contractual por accidentes o enfermedad del trabajo, es necesario, que exista, la concurrencia de los siguientes requisitos: a. Acción u omisión dolosa o culposa; b. Que esta conducta cause un daño; y, c. Relación de causalidad entre la conducta y el daño. Así, respecto al primer hecho a probar, y que estructura las peticiones de la actora, es que exista un accidente del trabajo, en los términos del artículo 5° de la ley N° 17.644. Respecto a este hecho, la versión de la demandante, en su demanda, es que el accidente se produce el día 23 de julio de 2007, en circunstancias que se encontraba laborando, al interior del local, se le dispone por su empleador, abrir una cortina metálica, la cual en la parte superior, el rollo estaba desoldado, sin fijaciones y se utilizaba un palo de escoba para sostenerla, el cual cedió y le cayó la cortina metálica sobre ella, lo que le provocó las lesiones. A juicio, del Tribunal esta versión, fue superada en calidad y cantidad por la prueba de la demandada, quien postuló, la inexistencia del accidente y la concurrencia de una enfermedad común. En efecto, respecto a ese hecho la demandante, rindió la testimonial de Mauricio Alfonso Prieto Cáceres, quien dice ser testigo presencial de los hechos, acaecidos el año 2007, refiere haber pasado en los instantes precisos en que ocurren los hechos y habría prestado ayuda en esa oportunidad a la demandante quien estaba atrapada por la cortina metálica. A juicio del Tribunal, su testimonio ha sido insuficiente para dar por acreditado los hechos que invoca la actora, no sólo porque resulta inverosímil, que luego de ocurrido el accidente que dice presenciar, hayan transcurrido más de 3 años, sin contacto con la actora, la que por medio de una acompañante de ese día, de nombre Carmen Gloria, ésta le habría dado el teléfono, para que la actora lo contactase y concurriera declarar a juicio, sino por que, su testimonio es contradictorio con la demás prueba rendida en el juicio, que lleva a concluir que la actora padece una enfermedad común y lo narrado, en la demanda en orden a que, ese día estaba cumpliendo funciones al interior del local, cuando se le dispone la labor de abrir la cortina, siendo que el testigo refiere que ella estaba sola en el lugar. De igual forma, llama la atención que presenciando un accidente de la magnitud que describe, no se requiriera asistencia médica o se llamará a Carabineros o si fue auxiliada por un taxista, no se le llevara en el acto a un centro asistencial. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Por otro lado, respecto a los dichos de la testigo Emilia de las Mercedes Miranda, no se refiere directamente a la forma cómo ocurrieron los hechos ya que la testigo, conoce a la actora después de los hechos, por los que demanda, refiriéndose sus dichos, a las secuelas de las dolencias físicas que sufre la actora y a su recuperación, sin que refiera los hechos, más que, lo que le escuchó decir a la actora en sus trayectos al médico por terapia. Cabe hacer presente que tanto testigo que se dice presencial, como la testigo de oídas, refieren contestes, que la actora sufrió un golpe en la pierna, que la inmovilizó y en los brazos, siendo que de los antecedentes médicos, ninguno refiere una lesión traumática en piernas ni brazos. De igual forma, la actora ha incorporado una fotocopia de declaración individual de accidente del trabajo, que se dice suscrita por la empleadora, en que se declara la existencia del accidente laboral, el día 23 de julio de 2007, esta documental también incorporada en fotocopia por la demandada, pero que es distinta, ya que agrega anotaciones manuscritas, al parecer con otra letra, en que se consiga la ocupación de la actora y como testigo de los hechos a Roberto Alcaraz, exhibida que le fue a la absolvente María Silva Rojas, esta manifiesta reconocer el documento, como el que le habría propuesto para su firma la actora, ya que ésta en conocimiento que padecía de una enfermedad pre existente de origen común y crónico, le había pedido que lo llenara y presentará para ser atendida por el seguro, por ser un servicio más rápido y de mejor atención, a lo que ella no accedió ni firmó el documento. A respecto y sin perjuicio, de las versiones sobre su llenó, y de ser cierto lo relatado, la exposición de las partes, a las sanciones establecidas en el artículo 80 de ley N° 17.644. A juicio del Tribunal, aún, si se estima, al contrario de lo que expone la demandada, que fue llenado por ella, lo relatado en el mismo, es distinto a lo narrado por la actora, ya que se consiga que, al abrir la cortina metálica de entrada de la cocina del local, sintió un fuerte tirón en el hombro derecho figurando marcado el N° 8 es decir sobreesfuerzos siendo que existían las opciones de atrapamiento, y golpes con, contra y por. Es decir, este medio de prueba de la demandante, consigna hechos que no son compatibles con su relato, en orden a que se le cayó una cortina metálica encima y por el contrario, si lo es con lo concluido por el Tribunal, respecto a la existencia de una enfermedad común. Cabe hacer presente que los demás antecedentes médicos, como el Informe médico de la Mutual de Seguridad y orden de atención N° 424 91161708, también refiere que lo informado es la existencia de un tirón, lo que no se condice, con la magnitud del accidente narrado por la actora en su confesional. En cuanto, a la documental, consistente en el dictamen N° 47 de comisión de la ley 16.744 de fecha 16 de agosto de 2007, que refiere que las lesiones son producto de accidente de trabajo y sus lesiones son rotura completa de ambos tendones supraespinoso derecho e izquierdo y la resolución 211 de fecha 12.11.2008 en que declara una pérdida de capacidad de ganancia de un 70%, una incapacidad múltiple y gran invalidez. Junto con el informe médico de la Mutual de fecha 19.08.2008, el Tribunal constata que, de lo requerido por oficio por parte del Tribunal a la Superintendencia de Seguridad Social, se informa que aquello fue revocado. En efecto, a la luz de lo establecido en los artículos 58 y 77 de la ley 16.744, se informó, por la Superintendenta de Seguridad Social que que mediante el oficio N° 053052, de 22 de octubre de 2009, con ocasión de la apelación presentada por el Instituto de Seguridad Laboral (I.S.L.), de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 77 de la ley N° 16.744, relativa a la calificación de la lesión y porcentaje de invalidez que había fijado la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Santiago Centro y, posteriormente, la Comisión Médica de Reclamos (COMERÉ) de la ley N° 16.744, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de su Departamento Médico, determinó que procedía modificar la resolución de la referida Comisión, por cuanto la patología que padece la Sra. Sáez y que afecta a ambos hombros, correspondía desde su inicio a una afección de carácter común y, por lo tanto se concluyó de acuerdo con la ley N° 16.744, que su incapacidad es 0%. Por lo expuesto, cabe hacer presente que como la enfermedad que padece la Sra. Sáez es de origen común, esto es, sin relación con el trabajo, no resultó procedente otorgar la cobertura de la ley N° 16.744. Consecuentemente, la afección de la trabajadora de que se trata podría ser evaluada de acuerdo con las normas de su sistema previsional común al que esté adscrita, a saber, las normas del D.L. N° 3.500, de 1980, en caso de estar afiliada a una Administradora de Fondos de Pensiones o, en su defecto, de alguna de las ins-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Por otro lado, respecto a los dichos de la testigo Emilia de las Mercedes Miranda, no se refiere directamente a la forma cómo ocurrieron los hechos ya que la testigo, conoce a la actora después de los hechos, por los que demanda, refiriéndose sus dichos, a las secuelas de las dolencias físicas que sufre la actora y a su recuperación, sin que refiera los hechos, más que, lo que le escuchó decir a la actora en sus trayectos al médico por terapia. Cabe hacer presente que tanto testigo que se dice presencial, como la testigo de oídas, refieren contestes, que la actora sufrió un golpe en la pierna, que la inmovilizó y en los brazos, siendo que de los antecedentes médicos, ninguno refiere una lesión traumática en piernas ni brazos. De igual forma, la actora ha incorporado una fotocopia de declaración individual de accidente del trabajo, que se dice suscrita por la empleadora, en que se declara la existencia del accidente laboral, el día 23 de julio de 2007, esta documental también incorporada en fotocopia por la demandada, pero que es distinta, ya que agrega anotaciones manuscritas, al parecer con otra letra, en que se consiga la ocupación de la actora y como testigo de los hechos a Roberto Alcaraz, exhibida que le fue a la absolvente María Silva Rojas, esta manifiesta reconocer el documento, como el que le habría propuesto para su firma la actora, ya que ésta en conocimiento que padecía de una enfermedad pre existente de origen común y crónico, le había pedido que lo llenara y presentará para ser atendida por el seguro, por ser un servicio más rápido y de mejor atención, a lo que ella no accedió ni firmó el documento. A respecto y sin perjuicio, de las versiones sobre su llenó, y de ser cierto lo relatado, la exposición de las partes, a las sanciones establecidas en el artículo 80 de ley N° 17.644. A juicio del Tribunal, aún, si se estima, al contrario de lo que expone la demandada, que fue llenado por ella, lo relatado en el mismo, es distinto a lo narrado por la actora, ya que se consiga que, al abrir la cortina metálica de entrada de la cocina del local, sintió un fuerte tirón en el hombro derecho figurando marcado el N° 8 es decir sobreesfuerzos siendo que existían las opciones de atrapamiento, y golpes con, contra y por. Es decir, este medio de prueba de la demandante, consigna hechos que no son compatibles con su relato, en orden a que se le cayó una cortina metálica encima y por el contrario, si lo es con lo concluido por el Tribunal, respecto a la existencia de una enfermedad común. Cabe hacer presente que los demás antecedentes médicos, como el Informe médico de la Mutual de Seguridad y orden de atención N° 424 91161708, también refiere que lo informado es la existencia de un tirón, lo que no se condice, con la magnitud del accidente narrado por la actora en su confesional. En cuanto, a la documental, consistente en el dictamen N° 47 de comisión de la ley 16.744 de fecha 16 de agosto de 2007, que refiere que las lesiones son producto de accidente de trabajo y sus lesiones son rotura completa de ambos tendones supraespinoso derecho e izquierdo y la resolución 211 de fecha 12.11.2008 en que declara una pérdida de capacidad de ganancia de un 70%, una incapacidad múltiple y gran invalidez. Junto con el informe médico de la Mutual de fecha 19.08.2008, el Tribunal constata que, de lo requerido por oficio por parte del Tribunal a la Superintendencia de Seguridad Social, se informa que aquello fue revocado. En efecto, a la luz de lo establecido en los artículos 58 y 77 de la ley 16.744, se informó, por la Superintendenta de Seguridad Social que que mediante el oficio N° 053052, de 22 de octubre de 2009, con ocasión de la apelación presentada por el Instituto de Seguridad Laboral (I.S.L.), de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 77 de la ley N° 16.744, relativa a la calificación de la lesión y porcentaje de invalidez que había fijado la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Santiago Centro y, posteriormente, la Comisión Médica de Reclamos (COMERÉ) de la ley N° 16.744, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de su Departamento Médico, determinó que procedía modificar la resolución de la referida Comisión, por cuanto la patología que padece la Sra. Sáez y que afecta a ambos hombros, correspondía desde su inicio a una afección de carácter común y, por lo tanto se concluyó de acuerdo con la ley N° 16.744, que su incapacidad es 0%. Por lo expuesto, cabe hacer presente que como la enfermedad que padece la Sra. Sáez es de origen común, esto es, sin relación con el trabajo, no resultó procedente otorgar la cobertura de la ley N° 16.744. Consecuentemente, la afección de la trabajadora de que se trata podría ser evaluada de acuerdo con las normas de su sistema previsional común al que esté adscrita, a saber, las normas del D.L. N° 3.500, de 1980, en caso de estar afiliada a una Administradora de Fondos de Pensiones o, en su defecto, de alguna de las ins-

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tituciones de previsión del antiguo régimen hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S), entidades todas ellas que en la actualidad son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.255 Así, de estos dos antecedentes, claramente desvirtúan lo señalado por la actora en orden a que su afección proviene de un evento traumático, que por lo demás los antecedentes médicos, refieren siempre que, se trató de un tirón en la espalda al abrir una cortina y no la caída y aplastamiento por la misma, refiriendo que desde su inicio ha sido enfermedad común. Así los antecedentes médicos de operación y depresión, son propios de la enfermedad común que padece la actora, y no desvirtúan lo concluido por el organismo fiscalizador. Respecto a la forma como, ocurrieron los hechos, el Tribunal aceptará, por tanto la versión de la demandada, la que se aviene de mejor forma con la demás prueba producida, en especial con lo informado por la Superintendenta de Seguridad Social, en orden que desde su inicio es una enfermedad común y que tiene cero por ciento de incapacidad. A mayor abundamiento la prueba testimonial consistente en los dichos de los testigos Roberto Luis Alcaraz, José Agustín Medel Ulloa, Free Óscar Molina Silva, todos trabajadores del local, han resultado contestes en señalar que la actora no sufrió el accidente, y que dentro de sus labores, no estaba abrir el local, ya que es cocinera. Si bien se acusa por la demandante, que se trata de la pareja, dependiente e hijo de la demandada, respectivamente, sus testimonios, son concordantes con los de la testigo María Angélica Benítez Ortega, quien en forma clara y categórica, por sus labores de suplementera y por tener un puesto establecido frente al local, ha referido que la actora entraba por la puerta principal, una vez que abrían el local, no siendo su labor abrir el local y si bien no tiene visibilidad para la calle Libertad, existe la puerta, donde la actora refiere haber sufrido el accidente, refiere que ese día no ocurrió nada anormal. Esta testigo, a juicio del Tribunal, no ha evidenciado un interés o animadversión en su contra de la actora, e incluso ha manifestado cierta cercanía con la actora a quien veía a diario, y se ha desempeñado, en una actividad regular y cotidiana, que el Tribunal estima plausible, que dé razón fundadamente de lo que presenció, como actividad diaria de la actora. En cuanto a la confesional de la actora, al Tribunal, la estima contradictoria, no sólo por que en la demanda narra que ese día estaba en funciones cuando se le dispone abrir la cortina para la visibilidad de la cocina y en el juicio lo que se argumenta es que se le dispuso la abriera el local contando con llaves para ello y encontrándose sola habría ocurrido el accidente. Máxime si en la audiencia ante la Inspección del Trabajo, como da cuenta del documento incorporado como, Acta de comparendo de conciliación, la actora acusa irregularidades en el manejo médico de su situación, y que habría interpuesto una demanda por negligencia médica en contra del equipo médico del hospital de la Mutual de Seguridad. Señalando que fue intervenida del hombro equivocado y por este error se le intervino nuevamente, en el hombro derecho y no se le prestó rehabilitación. Así a juicio del Tribunal, tampoco queda claro si la gravedad de sus lesiones se ha debido a una mala praxis profesional, o que estaría haciendo exigible, la responsabilidad de los médicos que la trataron, mediante juicio. De igual manera, la absolvente demandada, refiere que se le aconsejó que fuera al médico y la demandante, a su vez, refiere que el día de los hechos concurrió a la urgencia del Hospital del Profesor, pero como iba particular no le dieron comprobantes, esta situación, a juicio del Tribunal, le resta fuerza a su versión, ya que vía oficio por el Tribunal o personalmente, ha podido requerir esa información, sobre esa supuesta atención médica. Violenta la lógica, el hecho que, teniendo un antecedente coetáneo a los hechos y que por sí, serviría para establecer la existencia de una lesión de la gravedad que se alega, que no se haya procurado, por la demandante, como principal medio de prueba. Por otro lado, de su relato, el Tribunal constata que la actora, reprocha diversas conductas de su empleadora, lo que era ajeno a lo que se le preguntaba, refiriendo en ese ámbito que había efectuado denuncias a la Inspección del Trabajo, sin embargo de lo informado por oficio por parte de la Inspección, es que no existen denuncias efectuadas en contra de la demandada. Llamando la atención que, de la fecha de los hechos, hayan transcurrido casi 3 años sin reclamar de su situación y sin demandar, siquiera por el despido. En cuanto a las fotos incorporadas por la demandada, en ellas no se muestra una cortina como la que refiere la demandante.

tituciones de previsión del antiguo régimen hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S), entidades todas ellas que en la actualidad son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.255 Así, de estos dos antecedentes, claramente desvirtúan lo señalado por la actora en orden a que su afección proviene de un evento traumático, que por lo demás los antecedentes médicos, refieren siempre que, se trató de un tirón en la espalda al abrir una cortina y no la caída y aplastamiento por la misma, refiriendo que desde su inicio ha sido enfermedad común. Así los antecedentes médicos de operación y depresión, son propios de la enfermedad común que padece la actora, y no desvirtúan lo concluido por el organismo fiscalizador. Respecto a la forma como, ocurrieron los hechos, el Tribunal aceptará, por tanto la versión de la demandada, la que se aviene de mejor forma con la demás prueba producida, en especial con lo informado por la Superintendenta de Seguridad Social, en orden que desde su inicio es una enfermedad común y que tiene cero por ciento de incapacidad. A mayor abundamiento la prueba testimonial consistente en los dichos de los testigos Roberto Luis Alcaraz, José Agustín Medel Ulloa, Free Óscar Molina Silva, todos trabajadores del local, han resultado contestes en señalar que la actora no sufrió el accidente, y que dentro de sus labores, no estaba abrir el local, ya que es cocinera. Si bien se acusa por la demandante, que se trata de la pareja, dependiente e hijo de la demandada, respectivamente, sus testimonios, son concordantes con los de la testigo María Angélica Benítez Ortega, quien en forma clara y categórica, por sus labores de suplementera y por tener un puesto establecido frente al local, ha referido que la actora entraba por la puerta principal, una vez que abrían el local, no siendo su labor abrir el local y si bien no tiene visibilidad para la calle Libertad, existe la puerta, donde la actora refiere haber sufrido el accidente, refiere que ese día no ocurrió nada anormal. Esta testigo, a juicio del Tribunal, no ha evidenciado un interés o animadversión en su contra de la actora, e incluso ha manifestado cierta cercanía con la actora a quien veía a diario, y se ha desempeñado, en una actividad regular y cotidiana, que el Tribunal estima plausible, que dé razón fundadamente de lo que presenció, como actividad diaria de la actora. En cuanto a la confesional de la actora, al Tribunal, la estima contradictoria, no sólo por que en la demanda narra que ese día estaba en funciones cuando se le dispone abrir la cortina para la visibilidad de la cocina y en el juicio lo que se argumenta es que se le dispuso la abriera el local contando con llaves para ello y encontrándose sola habría ocurrido el accidente. Máxime si en la audiencia ante la Inspección del Trabajo, como da cuenta del documento incorporado como, Acta de comparendo de conciliación, la actora acusa irregularidades en el manejo médico de su situación, y que habría interpuesto una demanda por negligencia médica en contra del equipo médico del hospital de la Mutual de Seguridad. Señalando que fue intervenida del hombro equivocado y por este error se le intervino nuevamente, en el hombro derecho y no se le prestó rehabilitación. Así a juicio del Tribunal, tampoco queda claro si la gravedad de sus lesiones se ha debido a una mala praxis profesional, o que estaría haciendo exigible, la responsabilidad de los médicos que la trataron, mediante juicio. De igual manera, la absolvente demandada, refiere que se le aconsejó que fuera al médico y la demandante, a su vez, refiere que el día de los hechos concurrió a la urgencia del Hospital del Profesor, pero como iba particular no le dieron comprobantes, esta situación, a juicio del Tribunal, le resta fuerza a su versión, ya que vía oficio por el Tribunal o personalmente, ha podido requerir esa información, sobre esa supuesta atención médica. Violenta la lógica, el hecho que, teniendo un antecedente coetáneo a los hechos y que por sí, serviría para establecer la existencia de una lesión de la gravedad que se alega, que no se haya procurado, por la demandante, como principal medio de prueba. Por otro lado, de su relato, el Tribunal constata que la actora, reprocha diversas conductas de su empleadora, lo que era ajeno a lo que se le preguntaba, refiriendo en ese ámbito que había efectuado denuncias a la Inspección del Trabajo, sin embargo de lo informado por oficio por parte de la Inspección, es que no existen denuncias efectuadas en contra de la demandada. Llamando la atención que, de la fecha de los hechos, hayan transcurrido casi 3 años sin reclamar de su situación y sin demandar, siquiera por el despido. En cuanto a las fotos incorporadas por la demandada, en ellas no se muestra una cortina como la que refiere la demandante. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Así, el Tribunal, no ha adquirido certeza suficiente, en cuanto a que haya existido un accidente del trabajo y que la afectación de la actora, provenga del mismo, es decir una lesión producida a causa o con ocasión del trabajo. SÉPTIMO: Que, respecto a las lesiones y daños y el cero por ciento de incapacidad que concluye el Tribunal, según lo antes expuesto, la afección de la actora deriva de una enfermedad común, así ello no significa negar que, la actora por su afección no haya sufrido, pero ello no implica atribuirle responsabilidad al demandado a su respecto, ya que, la afección no deriva de un accidente y según el artículo 58 de la ley N° 16.744 es el organismo médico es el que califica el grado de incapacidad y en este caso, ha referido, que este, es equivalente a cero. Que, los demás medios de prueba en nada alteran lo concluido. Conforme a lo razonado y lo preceptuado por los artículos 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 83 de la ley 16.744; D.S. 40, 184, 210, 420, 453, 454, 459 y 509 del Código del Trabajo se resuelve: I. Se rechaza la demanda en todas sus partes. II. Que, no se condena en costas a la demandante, por estimar el Tribunal, que existió motivo plausible para litigar. RIT: O-1531-2010. RUC: 10 4 0028528 K Proveyó don Iván Santibáñez Torres, Juez Suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Así, el Tribunal, no ha adquirido certeza suficiente, en cuanto a que haya existido un accidente del trabajo y que la afectación de la actora, provenga del mismo, es decir una lesión producida a causa o con ocasión del trabajo. SÉPTIMO: Que, respecto a las lesiones y daños y el cero por ciento de incapacidad que concluye el Tribunal, según lo antes expuesto, la afección de la actora deriva de una enfermedad común, así ello no significa negar que, la actora por su afección no haya sufrido, pero ello no implica atribuirle responsabilidad al demandado a su respecto, ya que, la afección no deriva de un accidente y según el artículo 58 de la ley N° 16.744 es el organismo médico es el que califica el grado de incapacidad y en este caso, ha referido, que este, es equivalente a cero. Que, los demás medios de prueba en nada alteran lo concluido. Conforme a lo razonado y lo preceptuado por los artículos 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 83 de la ley 16.744; D.S. 40, 184, 210, 420, 453, 454, 459 y 509 del Código del Trabajo se resuelve: I. Se rechaza la demanda en todas sus partes. II. Que, no se condena en costas a la demandante, por estimar el Tribunal, que existió motivo plausible para litigar. RIT: O-1531-2010. RUC: 10 4 0028528 K Proveyó don Iván Santibáñez Torres, Juez Suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 394

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-968-2010 Cita online: CL/JUR/15092/2010 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, diecinueve de julio de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: 1°. Que comparece doña Bernarda Rodríguez Ahumada, empleada agrícola, domiciliada en Villa 250 Años, calle El Vergel N° 849, San Felipe, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en procedimiento de aplicación general, en contra de su empleadora Exportadora Aconcagua Ltda. representada por don Alejandro Barros, ignora segundo apellido, ambos domiciliados en calle Enrique Foster Norte N° 060, Las Condes, con la finalidad de que sea condenada al pago de $ 200.000.000 por concepto de daño moral y $ 4.054.500, título de lucro cesante, con intereses, reajustes y costas de la causa. Señala que ha prestado servicios para la demandada a través de diversos contratos por temporadas desde el año 2008, suscribiendo el último el 18 de marzo del 2009, en labores de seleccionadora agrícola en la Temporada Procesos Zapallos”, percibiendo una remuneración base ascendente a $ 159.000. Respecto del accidente del cual fue víctima, indica que el 03 de abril del año recién pasado, en horario de trabajo, mientras desarrollaba sus funciones, transitando por las líneas peatonales del predio, de manera sorpresiva fue interceptada, a gran velocidad, por una grúa horquilla Yale, que en forma imprevista retrocedió desde una de las cámaras de frío de la empresa, atropellándola, lo que ocasionó que su pie izquierdo quedara atascado en las horquillas, produciéndole una herida profunda con desprendimiento de piel y músculos al nivel del talón, desforramiento o colgajo del talón de la pierna izquierda y sangrado profuso, contusión del muslo derecho y contusión y hematomas en su cabeza, provocándome dolores insoportables que hasta hoy persisten. Agrega que fue trasladada a la Asociación Chilena de Seguridad de San Felipe, para después, en atención a la gravedad de las lesiones, ser derivada al Hospital del Trabajador de Santiago, centro en el cual fue operada y le fue extirpado el talón, derivado de la necrosis que se produjo, además de intervenirle el muslo derecho. Posteriormente ha sido sometida a diversas operaciones (cuatro), que la mantuvieron por tres meses hospitalizada, provocándole varias heridas y hematomas, en atención a los procedimientos a los que tuvo que someterse, todo lo cual le ocasionó una fuerte depresión, considerando además que lleva haciendo uso de licencia médica por más de un año. Conforme lo indicado el médico tratante, debe ser sometida a nuevas intervenciones, incluyendo una cirugía plástica para intentar reparar, en parte, la deformidad del talón. En la actualidad se ve impedida de realizar las actividades cotidianas que con anterioridad desplegaba, ya que sufre de fuertes dolores, no puede ponerse de pie por sí sola, además carece de sensibilidad en el muslo derecho. Los diagnósticos y detalles clínicos, derivados del accidente son: a) herida profunda con desprendimiento de piel y músculos al nivel del talón; b) desforramiento o colgajo del talón de la pierna izquierda y sangramiento profuso; c) contusión del muslo derecho, contusión y hematomas en la cabeza; d) evolución con necrosis y escara en zona de contusión de muslo derecho. Se realiza escarectomía hasta fascia, más aseo profuso más VAC de muslo; e) colgajo rotación región lateral del pie y pérdida parcial del colgajo; f) colgajo Turnover flap más colgajo de avance e injerto dermo epidérmico; g) tratamiento de salud mental por trastorno depresivo; h) queratosis con lesión costrosa y secreción serosa; i) dolor en la zona de hiperqueratosis en borde lateral del pie; j) dolor 10/10, con aumento de extensión e intensidad en poco tiempo; k) heridas complejas en ambas extremidades inferiores. Los hechos constituyen un accidente del trabajo, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 16.744. Es así como el infortunio se produjo a causa del trabajo y la demandada es responsable del mismo y de sus consecuencias, por no haber tomado las medidas de seguridad eficaz y necesaria para prevenir los riesgos de accidentes laborales, al ordenarle sus superiores trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas.

Santiago, diecinueve de julio de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: 1°. Que comparece doña Bernarda Rodríguez Ahumada, empleada agrícola, domiciliada en Villa 250 Años, calle El Vergel N° 849, San Felipe, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en procedimiento de aplicación general, en contra de su empleadora Exportadora Aconcagua Ltda. representada por don Alejandro Barros, ignora segundo apellido, ambos domiciliados en calle Enrique Foster Norte N° 060, Las Condes, con la finalidad de que sea condenada al pago de $ 200.000.000 por concepto de daño moral y $ 4.054.500, título de lucro cesante, con intereses, reajustes y costas de la causa. Señala que ha prestado servicios para la demandada a través de diversos contratos por temporadas desde el año 2008, suscribiendo el último el 18 de marzo del 2009, en labores de seleccionadora agrícola en la Temporada Procesos Zapallos”, percibiendo una remuneración base ascendente a $ 159.000. Respecto del accidente del cual fue víctima, indica que el 03 de abril del año recién pasado, en horario de trabajo, mientras desarrollaba sus funciones, transitando por las líneas peatonales del predio, de manera sorpresiva fue interceptada, a gran velocidad, por una grúa horquilla Yale, que en forma imprevista retrocedió desde una de las cámaras de frío de la empresa, atropellándola, lo que ocasionó que su pie izquierdo quedara atascado en las horquillas, produciéndole una herida profunda con desprendimiento de piel y músculos al nivel del talón, desforramiento o colgajo del talón de la pierna izquierda y sangrado profuso, contusión del muslo derecho y contusión y hematomas en su cabeza, provocándome dolores insoportables que hasta hoy persisten. Agrega que fue trasladada a la Asociación Chilena de Seguridad de San Felipe, para después, en atención a la gravedad de las lesiones, ser derivada al Hospital del Trabajador de Santiago, centro en el cual fue operada y le fue extirpado el talón, derivado de la necrosis que se produjo, además de intervenirle el muslo derecho. Posteriormente ha sido sometida a diversas operaciones (cuatro), que la mantuvieron por tres meses hospitalizada, provocándole varias heridas y hematomas, en atención a los procedimientos a los que tuvo que someterse, todo lo cual le ocasionó una fuerte depresión, considerando además que lleva haciendo uso de licencia médica por más de un año. Conforme lo indicado el médico tratante, debe ser sometida a nuevas intervenciones, incluyendo una cirugía plástica para intentar reparar, en parte, la deformidad del talón. En la actualidad se ve impedida de realizar las actividades cotidianas que con anterioridad desplegaba, ya que sufre de fuertes dolores, no puede ponerse de pie por sí sola, además carece de sensibilidad en el muslo derecho. Los diagnósticos y detalles clínicos, derivados del accidente son: a) herida profunda con desprendimiento de piel y músculos al nivel del talón; b) desforramiento o colgajo del talón de la pierna izquierda y sangramiento profuso; c) contusión del muslo derecho, contusión y hematomas en la cabeza; d) evolución con necrosis y escara en zona de contusión de muslo derecho. Se realiza escarectomía hasta fascia, más aseo profuso más VAC de muslo; e) colgajo rotación región lateral del pie y pérdida parcial del colgajo; f) colgajo Turnover flap más colgajo de avance e injerto dermo epidérmico; g) tratamiento de salud mental por trastorno depresivo; h) queratosis con lesión costrosa y secreción serosa; i) dolor en la zona de hiperqueratosis en borde lateral del pie; j) dolor 10/10, con aumento de extensión e intensidad en poco tiempo; k) heridas complejas en ambas extremidades inferiores. Los hechos constituyen un accidente del trabajo, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 16.744. Es así como el infortunio se produjo a causa del trabajo y la demandada es responsable del mismo y de sus consecuencias, por no haber tomado las medidas de seguridad eficaz y necesaria para prevenir los riesgos de accidentes laborales, al ordenarle sus superiores trabajar en condiciones de seguridad defectuosas y sin medidas adecuadas.

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-968-2010 Cita online: CL/JUR/15092/2010 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Después de referirse a las normas respecto de las cuales emanan las obligaciones del empleador, indica que éste al dejar de cumplirlas incurre en una infracción al contrato de trabajo, que le ha generado un daño que debe ser indemnizado por la empresa demandada, conforme lo disponen los artículos 1556, 2314 y 2329 del Código Civil, que obligan a indemnizar todo daño, incluido el daño moral. De esta manera, el empleador deberá resarcir los daños ocasionados producto de sus incumplimientos, en especial de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, y que abarcan el daño moral y lucro cesante. El daño moral se encuentra constituido por el sufrimiento, la lesión física, la pérdida de fuerza, los daños psicológicos, hospitalizaciones, operaciones y dolorosas curaciones, las largas y extenuantes jornadas en el hospital, los viajes diarios durante meses desde y hacia el mismo, la pérdida de la fuerza de trabajo y la consecuente aflicción y pesar para ella y su familia, considerando que con anterioridad al siniestro era una persona sana, trabajadora y con esperanzas en un futuro mejor, lo que se ha visto truncado por su incapacidad y nula posibilidad de trabajo. Agrega que no puede desarrollar las actividades normales para personas de su edad (57 años), debiendo permanecer acostada y encerrada en su hogar, deteriorando tal situación su vida familiar y social, todo lo cual le ha ocasionado un trastorno depresivo, toda vez que no sólo le causó una limitación física, sino que sufrió una deformación del talón del pie izquierdo que impide cualquier actividad normal. Asimismo, se ve enfrentada al justo temor de un futuro incierto en el plano laboral, más cuando tiene una familia que depende de sus ingresos, antecedentes que le permiten tasar el daño moral en la suma de $ 200.000.000. En cuanto al lucro cesante, añade que conforme a los procedimientos que regulan la materia, el grado de incapacidad que la afecta, se fijará en treinta por ciento, que se incrementará con el transcurso del tiempo. En conformidad a ello, este rubro está constituido por lo que ha dejado y dejará de percibir desde el día del accidente, descontando la indemnización que recibirá del órgano administrador, de manera que reclama por este concepto $ 4.054.500, que equivale, entonces, al sueldo que percibía, multiplicado por los meses que restan hasta cumplir los sesenta años, descontado el pago de la indemnización referida (1.669.500). 2°. Que contestando la demanda Exportadora Aconcagua Limitada, “Aconex”, solicita su íntegro rechazo, con costas de la causa. Las labores desplegadas por la actora son de carácter temporal, las que por lo demás con anterioridad había desarrollado, agregando que a todos los trabajadores, incluida la demandante, se les realizan charlas de inducción que son dirigidas tanto por el prevencionista a tiempo completo que posee la planta como por el área de Buenas Prácticas Agrícolas. En cuando al siniestro, señala que este se produjo por exclusiva responsabilidad de la actora. Efectivamente el 3 de abril de 2009, la demandante se encontraba trabajando en el sector de packing, cuando alrededor de las 16.30 hrs. concurrió a las oficinas administrativas por un asunto de remuneraciones, desplazándose desde el lugar en que se encontraba hasta las oficinas por una zona de color amarrillo en el pavimento, habilitada para el tránsito de peatones, que no involucra desplazarse por aquel donde ocurrió el accidente. Sin embargo, el llegar al destino, la demandante se percató que no llevaba un documento, por lo que debió ir a buscarlo al sector de lockers, ubicado a un costado del packing. Para llegar a su destino más rápido, ingresó al patio de embarque, que tiene prohibido el ingreso para el personal de packing, cruzándolo, contravención a todas las normas de seguridad imperante, pasó frente a la cámara de frío N° 4, no advirtiendo la presencia de la grúa horquilla que en esos momentos circulaba en retroceso, con todos los elementos de advertencia en operación, en dirección al patio de embarque. De esta forma, la responsabilidad del accidente recae en la actora, quien ingresó a un sector prohibido para ella como operaria de packing, según la señalética existente en el lugar, que con letras rojas con fondo blanco expresa prohibido el paso solo personal de embarque. En cuanto a las grúas horquillas, éstas deben seguir ciertas normas de seguridad antes de salir de las cámaras, tales como tocar la bocina, contar con sistemas de seguridad, como la alarma de retroceso, elementos que funcionaban correctamente al tiempo del accidente, considerando que existen letreros que advierten el tránsito de la grúa, contando además el conductor de la misma con los documentos pertinentes.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Después de referirse a las normas respecto de las cuales emanan las obligaciones del empleador, indica que éste al dejar de cumplirlas incurre en una infracción al contrato de trabajo, que le ha generado un daño que debe ser indemnizado por la empresa demandada, conforme lo disponen los artículos 1556, 2314 y 2329 del Código Civil, que obligan a indemnizar todo daño, incluido el daño moral. De esta manera, el empleador deberá resarcir los daños ocasionados producto de sus incumplimientos, en especial de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, y que abarcan el daño moral y lucro cesante. El daño moral se encuentra constituido por el sufrimiento, la lesión física, la pérdida de fuerza, los daños psicológicos, hospitalizaciones, operaciones y dolorosas curaciones, las largas y extenuantes jornadas en el hospital, los viajes diarios durante meses desde y hacia el mismo, la pérdida de la fuerza de trabajo y la consecuente aflicción y pesar para ella y su familia, considerando que con anterioridad al siniestro era una persona sana, trabajadora y con esperanzas en un futuro mejor, lo que se ha visto truncado por su incapacidad y nula posibilidad de trabajo. Agrega que no puede desarrollar las actividades normales para personas de su edad (57 años), debiendo permanecer acostada y encerrada en su hogar, deteriorando tal situación su vida familiar y social, todo lo cual le ha ocasionado un trastorno depresivo, toda vez que no sólo le causó una limitación física, sino que sufrió una deformación del talón del pie izquierdo que impide cualquier actividad normal. Asimismo, se ve enfrentada al justo temor de un futuro incierto en el plano laboral, más cuando tiene una familia que depende de sus ingresos, antecedentes que le permiten tasar el daño moral en la suma de $ 200.000.000. En cuanto al lucro cesante, añade que conforme a los procedimientos que regulan la materia, el grado de incapacidad que la afecta, se fijará en treinta por ciento, que se incrementará con el transcurso del tiempo. En conformidad a ello, este rubro está constituido por lo que ha dejado y dejará de percibir desde el día del accidente, descontando la indemnización que recibirá del órgano administrador, de manera que reclama por este concepto $ 4.054.500, que equivale, entonces, al sueldo que percibía, multiplicado por los meses que restan hasta cumplir los sesenta años, descontado el pago de la indemnización referida (1.669.500). 2°. Que contestando la demanda Exportadora Aconcagua Limitada, “Aconex”, solicita su íntegro rechazo, con costas de la causa. Las labores desplegadas por la actora son de carácter temporal, las que por lo demás con anterioridad había desarrollado, agregando que a todos los trabajadores, incluida la demandante, se les realizan charlas de inducción que son dirigidas tanto por el prevencionista a tiempo completo que posee la planta como por el área de Buenas Prácticas Agrícolas. En cuando al siniestro, señala que este se produjo por exclusiva responsabilidad de la actora. Efectivamente el 3 de abril de 2009, la demandante se encontraba trabajando en el sector de packing, cuando alrededor de las 16.30 hrs. concurrió a las oficinas administrativas por un asunto de remuneraciones, desplazándose desde el lugar en que se encontraba hasta las oficinas por una zona de color amarrillo en el pavimento, habilitada para el tránsito de peatones, que no involucra desplazarse por aquel donde ocurrió el accidente. Sin embargo, el llegar al destino, la demandante se percató que no llevaba un documento, por lo que debió ir a buscarlo al sector de lockers, ubicado a un costado del packing. Para llegar a su destino más rápido, ingresó al patio de embarque, que tiene prohibido el ingreso para el personal de packing, cruzándolo, contravención a todas las normas de seguridad imperante, pasó frente a la cámara de frío N° 4, no advirtiendo la presencia de la grúa horquilla que en esos momentos circulaba en retroceso, con todos los elementos de advertencia en operación, en dirección al patio de embarque. De esta forma, la responsabilidad del accidente recae en la actora, quien ingresó a un sector prohibido para ella como operaria de packing, según la señalética existente en el lugar, que con letras rojas con fondo blanco expresa prohibido el paso solo personal de embarque. En cuanto a las grúas horquillas, éstas deben seguir ciertas normas de seguridad antes de salir de las cámaras, tales como tocar la bocina, contar con sistemas de seguridad, como la alarma de retroceso, elementos que funcionaban correctamente al tiempo del accidente, considerando que existen letreros que advierten el tránsito de la grúa, contando además el conductor de la misma con los documentos pertinentes.

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TIRO

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La demandante atravesó descuidada e imprudentemente por el camino de la grúa, sin percatarse de la alarma de retroceso del vehículo, interponiéndose en su trayecto. La Asociación Chilena de Seguridad, emitió un informe suscrito por el experto en prevención de riesgos, que al establecer la causa del accidente, señala que se produjo por transitar por el patio de embarque, lugar prohibido para operarios de packing, no respetar las normas de seguridad de la planta, no respetar las advertencias de prohibido el paso a zona de embarque y por la falta de preocupación por la propia seguridad al no advertir el riesgo de atropellamiento existente en el patio embarque donde existe la operación de grúas horquillas. Concluye entonces que el accidente se produjo porque la demandante desatendió las instrucciones, advertencias y señalética existente, ingresando a un lugar prohibido, circulando por un área no habilitada para el tránsito peatonal. De esta manera el hecho de la víctima exonera de responsabilidad, por interrumpir el vínculo de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño. Es así como el hecho de la víctima, cuando ésta se expone imprudentemente al daño como ocurrió en este caso, constituye una causal que exime de responsabilidad, ya que rompe el vínculo de causalidad, considerando que todo individuo no está relevado del deber mínimo y elemental de resguardar su propia integridad física y salud, lo que en la especie no ocurrió conforme se establece en el informe aludido. Asimismo, la trabajadora desatendió lo dispuesto en el reglamento interno de la empresa que le fuera entregado y que prescribe en el artículo 32 como medida preventiva en packing y alrededores, así como en áreas almacenamiento y manejo materiales, respetar advertencias y señalizaciones. En subsidio, alega ausencia de los elementos de responsabilidad, en atención a que de los antecedentes se deprende la inexistencia de causalidad derivada del actuar imprudente de la trabajadora, sin que exista alguna acción u omisión atribuible a la empresa que ocasionara la lesión de la misma. En subsidio, invoca caso fortuito o fuerza mayor, como causal de eximente de responsabilidad, ya que de los hechos del caso se desprende que el actuar de la demandante importa un hecho ajeno imposible de prever por parte de Aconex. En cuanto a las lesiones de la demandante, no existe documento médico alguno que determine el grado de incapacidad que la afecta, agregando que la suma reclamada resulta desmedida, en relación a la jurisprudencia sobre la materia y el carácter reparatorio de la indemnización. Es así como el lucro cesante que se reclama es improcedente en atención a la fórmula lineal y simplista que se utiliza para su determinación, sin considerar otras variantes, teniendo presente que la vinculación entre las partes siempre ha sido temporal, lo que denota incertidumbre en este acápite, considerando la compensación del mismo de acuerdo a las normas de la ley N° 16.744, indemnizándose de esta forma dos veces el mismo evento. Sobre el daño moral, el monto que se reclama desnaturaliza el fin propio reparatorio, buscando un enriquecimiento injusto. Alegando para el evento de la condena, la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, derivada de la exposición imprudente de la víctima, alegada como eximente de responsabilidad. 3°. Que en la audiencia preparatoria, se fijaron como hechos pacíficos los siguientes: a) que la demandante se encontraba contratada para desempeñarse como seleccionadora en temporada de proceso zapallo para la demandada; b) el accidente ocurrido el 3 de abril de 2009 a las 16:30 horas aproximadamente; c) la remuneración percibida por la actora ascendente a $ 159.000.; d) que el día del siniestro la grúa efectuaba maniobras de retroceso, encontrándose mecánicamente operativa. 4°. Que después de no prosperar el llamado a conciliación, se determinó con acuerdo de las partes, que la prueba y por ende la discusión, tenía por objeto determinar: a) forma, circunstancias y lugar en que ocurrieron los hechos el día 03 de abril de 2009 a raíz de los cuales la actora sufrió el accidente; b) medidas de seguridad y prevención de accidentes, en relación al accidente de que se trata, implementadas por la demandada, vigentes a la fecha de su ocurrencia, relativas a los hechos de la causa; c) si la empleadora adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad de los trabajadores, especialmente de la actora en relación al accidente; d) daños sufridos por la actora, naturaleza y monto de los mismos.

La demandante atravesó descuidada e imprudentemente por el camino de la grúa, sin percatarse de la alarma de retroceso del vehículo, interponiéndose en su trayecto. La Asociación Chilena de Seguridad, emitió un informe suscrito por el experto en prevención de riesgos, que al establecer la causa del accidente, señala que se produjo por transitar por el patio de embarque, lugar prohibido para operarios de packing, no respetar las normas de seguridad de la planta, no respetar las advertencias de prohibido el paso a zona de embarque y por la falta de preocupación por la propia seguridad al no advertir el riesgo de atropellamiento existente en el patio embarque donde existe la operación de grúas horquillas. Concluye entonces que el accidente se produjo porque la demandante desatendió las instrucciones, advertencias y señalética existente, ingresando a un lugar prohibido, circulando por un área no habilitada para el tránsito peatonal. De esta manera el hecho de la víctima exonera de responsabilidad, por interrumpir el vínculo de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño. Es así como el hecho de la víctima, cuando ésta se expone imprudentemente al daño como ocurrió en este caso, constituye una causal que exime de responsabilidad, ya que rompe el vínculo de causalidad, considerando que todo individuo no está relevado del deber mínimo y elemental de resguardar su propia integridad física y salud, lo que en la especie no ocurrió conforme se establece en el informe aludido. Asimismo, la trabajadora desatendió lo dispuesto en el reglamento interno de la empresa que le fuera entregado y que prescribe en el artículo 32 como medida preventiva en packing y alrededores, así como en áreas almacenamiento y manejo materiales, respetar advertencias y señalizaciones. En subsidio, alega ausencia de los elementos de responsabilidad, en atención a que de los antecedentes se deprende la inexistencia de causalidad derivada del actuar imprudente de la trabajadora, sin que exista alguna acción u omisión atribuible a la empresa que ocasionara la lesión de la misma. En subsidio, invoca caso fortuito o fuerza mayor, como causal de eximente de responsabilidad, ya que de los hechos del caso se desprende que el actuar de la demandante importa un hecho ajeno imposible de prever por parte de Aconex. En cuanto a las lesiones de la demandante, no existe documento médico alguno que determine el grado de incapacidad que la afecta, agregando que la suma reclamada resulta desmedida, en relación a la jurisprudencia sobre la materia y el carácter reparatorio de la indemnización. Es así como el lucro cesante que se reclama es improcedente en atención a la fórmula lineal y simplista que se utiliza para su determinación, sin considerar otras variantes, teniendo presente que la vinculación entre las partes siempre ha sido temporal, lo que denota incertidumbre en este acápite, considerando la compensación del mismo de acuerdo a las normas de la ley N° 16.744, indemnizándose de esta forma dos veces el mismo evento. Sobre el daño moral, el monto que se reclama desnaturaliza el fin propio reparatorio, buscando un enriquecimiento injusto. Alegando para el evento de la condena, la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, derivada de la exposición imprudente de la víctima, alegada como eximente de responsabilidad. 3°. Que en la audiencia preparatoria, se fijaron como hechos pacíficos los siguientes: a) que la demandante se encontraba contratada para desempeñarse como seleccionadora en temporada de proceso zapallo para la demandada; b) el accidente ocurrido el 3 de abril de 2009 a las 16:30 horas aproximadamente; c) la remuneración percibida por la actora ascendente a $ 159.000.; d) que el día del siniestro la grúa efectuaba maniobras de retroceso, encontrándose mecánicamente operativa. 4°. Que después de no prosperar el llamado a conciliación, se determinó con acuerdo de las partes, que la prueba y por ende la discusión, tenía por objeto determinar: a) forma, circunstancias y lugar en que ocurrieron los hechos el día 03 de abril de 2009 a raíz de los cuales la actora sufrió el accidente; b) medidas de seguridad y prevención de accidentes, en relación al accidente de que se trata, implementadas por la demandada, vigentes a la fecha de su ocurrencia, relativas a los hechos de la causa; c) si la empleadora adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad de los trabajadores, especialmente de la actora en relación al accidente; d) daños sufridos por la actora, naturaleza y monto de los mismos. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

5°. Que con la finalidad de acreditar sus asertos, la trabajadora rindió documental y testimonial de dos testigos, doña Avelina Marambio Sapiain y don Lorenzo Olguín Ríos. 6°. Que el demandado, por su parte, aparejó documentos, provocó la confesional de la contraria, la declaración de dos testigos, René Poblete García y Juan Carrasco Carrillo y obtuvo dos oficios, de la Asociación Chilena de Seguridad, Agencia San Felipe y de la Dirección del Tránsito de la I. Municipalidad de la misma ciudad. 7°. Que debe entenderse por accidente del trabajo, toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte (inciso 1° artículo 5° ley Nº 16.744), de manera que a la luz de la definición legal, es necesario la concurrencia de tres requisitos para estar en presencia de un accidente del trabajo: a) la existencia de una fuerza lesiva, capaz de provocar una lesión, la que puede tratarse de una fuerza súbita, violenta o traumática, aunque también puede constituirse por una fuerza lenta y progresiva; b)debe existir una relación causal u ocasional; esto es, en la relación causal debe existir una relación directa entre el trabajo y la fuerza lesiva, que produzca la lesión o muerte, y en la ocasional, se verifica una relación indirecta o mediata entre ambas, y por último; c) debe ocasionar incapacidad o muerte. 8°. Que al haberse calificado el accidente ocurrido el 3 de marzo de 2009 como un accidente del trabajo, el peso de la prueba es de cargo del empleador, quien según lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, está gravado con una presunción de culpa que debe desvirtuar, debiendo demostrar la adopción de las medidas eficaces y que trasladen la responsabilidad del accidente al trabajador. 9°. Que la empresa con la finalidad de acreditar el cumplimiento irrestricto de las obligaciones que sobre ella recaen, y que a modo general también se discuten en este proceso, acreditó la existencia de Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, debidamente intimado a la actora, según se concluye del contrato individual de trabajo, que sobre la materia, regula los riesgos asociados a las operaciones ejecutadas en la empresa, de acuerdo a las áreas o ambientes de trabajo, evidenciando los riesgos, consecuencias y medidas preventivas respecto de la zona de packing y áreas de almacenamiento y manejo de materiales (artículo 32). Asimismo, justificó encontrarse adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, haber cumplido con las formalidades, notificaciones exigidas en caso de accidente y tener constituido comité paritario, todo lo cual se desprende de la documental que aportó. En este mismo sentido, acreditó disponer de un prevencionista de riesgos a tiempo completo, quien a la fecha del siniestro detenta tal calidad, de acuerdo al contrato de trabajo del profesional, resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública y certificado de la entidad educacional pertinente. 10°. Que no obstante lo expuesto, y la acreditación por parte de la demandada del cumplimiento de sus obligaciones en términos generales conforme a las exigencias mínimas que sobre ella recae, es menester determinar si en el caso concreto cumplió con el deber de protección eficaz de la vida e integridad física y psíquica de Bernarda Rodríguez Ahumada. 11°. Que en este contexto se debe analizar, bajo el prisma del artículo 184 del Código del ramo, si efectivamente el demandado adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, entendiendo que esta protección eficaz si bien apunta a un efecto de resultado, se encuentra referida fundamentalmente a la magnitud de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a su obligación de prevención y seguridad. De esta manera, el deber de protección que el legislador impone al empleador, sólo reconoce como límites el caso fortuito o fuerza mayor que no tenga relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. Que de conformidad a la ley, el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias que le permiten proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo además, garantizar para que, en caso que ocurran, el trabajador pueda acceder a una oportuna y adecuada atención médica. La norma aludida impuesta por el legislador a los empleadores, tiene un sentido tal que los constituye en deudores de seguridad para con sus trabajadores y esta obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es

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5°. Que con la finalidad de acreditar sus asertos, la trabajadora rindió documental y testimonial de dos testigos, doña Avelina Marambio Sapiain y don Lorenzo Olguín Ríos. 6°. Que el demandado, por su parte, aparejó documentos, provocó la confesional de la contraria, la declaración de dos testigos, René Poblete García y Juan Carrasco Carrillo y obtuvo dos oficios, de la Asociación Chilena de Seguridad, Agencia San Felipe y de la Dirección del Tránsito de la I. Municipalidad de la misma ciudad. 7°. Que debe entenderse por accidente del trabajo, toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte (inciso 1° artículo 5° ley Nº 16.744), de manera que a la luz de la definición legal, es necesario la concurrencia de tres requisitos para estar en presencia de un accidente del trabajo: a) la existencia de una fuerza lesiva, capaz de provocar una lesión, la que puede tratarse de una fuerza súbita, violenta o traumática, aunque también puede constituirse por una fuerza lenta y progresiva; b)debe existir una relación causal u ocasional; esto es, en la relación causal debe existir una relación directa entre el trabajo y la fuerza lesiva, que produzca la lesión o muerte, y en la ocasional, se verifica una relación indirecta o mediata entre ambas, y por último; c) debe ocasionar incapacidad o muerte. 8°. Que al haberse calificado el accidente ocurrido el 3 de marzo de 2009 como un accidente del trabajo, el peso de la prueba es de cargo del empleador, quien según lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil, está gravado con una presunción de culpa que debe desvirtuar, debiendo demostrar la adopción de las medidas eficaces y que trasladen la responsabilidad del accidente al trabajador. 9°. Que la empresa con la finalidad de acreditar el cumplimiento irrestricto de las obligaciones que sobre ella recaen, y que a modo general también se discuten en este proceso, acreditó la existencia de Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad, debidamente intimado a la actora, según se concluye del contrato individual de trabajo, que sobre la materia, regula los riesgos asociados a las operaciones ejecutadas en la empresa, de acuerdo a las áreas o ambientes de trabajo, evidenciando los riesgos, consecuencias y medidas preventivas respecto de la zona de packing y áreas de almacenamiento y manejo de materiales (artículo 32). Asimismo, justificó encontrarse adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, haber cumplido con las formalidades, notificaciones exigidas en caso de accidente y tener constituido comité paritario, todo lo cual se desprende de la documental que aportó. En este mismo sentido, acreditó disponer de un prevencionista de riesgos a tiempo completo, quien a la fecha del siniestro detenta tal calidad, de acuerdo al contrato de trabajo del profesional, resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública y certificado de la entidad educacional pertinente. 10°. Que no obstante lo expuesto, y la acreditación por parte de la demandada del cumplimiento de sus obligaciones en términos generales conforme a las exigencias mínimas que sobre ella recae, es menester determinar si en el caso concreto cumplió con el deber de protección eficaz de la vida e integridad física y psíquica de Bernarda Rodríguez Ahumada. 11°. Que en este contexto se debe analizar, bajo el prisma del artículo 184 del Código del ramo, si efectivamente el demandado adoptó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, entendiendo que esta protección eficaz si bien apunta a un efecto de resultado, se encuentra referida fundamentalmente a la magnitud de la responsabilidad y acuciosidad con que el empleador debe dar cumplimiento a su obligación de prevención y seguridad. De esta manera, el deber de protección que el legislador impone al empleador, sólo reconoce como límites el caso fortuito o fuerza mayor que no tenga relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. Que de conformidad a la ley, el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias que le permiten proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo además, garantizar para que, en caso que ocurran, el trabajador pueda acceder a una oportuna y adecuada atención médica. La norma aludida impuesta por el legislador a los empleadores, tiene un sentido tal que los constituye en deudores de seguridad para con sus trabajadores y esta obligación, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones del deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es

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de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de su esencia, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. 12°. Que en la especie, el deudor logró demostrar con los instrumentos que aparejó, que el conductor de la grúa horquilla involucrada en el siniestro contaba con la autorización para conducir el tipo de vehículo en cuestión, contando este último con las revisiones necesarias para los efectos de lo que se discute. 13°. Que respecto del lugar y la forma como acaeció el accidente que afectó a la demandante, en principio no hay discusión, en la medida que ambos contradictores ubican a la trabajadora al interior de la zona de embarque, en el momento que una de las grúas horquillas conducida por don Juan Carrasco Carrillo, testigo además en este proceso, retrocedía, atropellando a Rodríguez Ahumada. 14°. Que entonces, el fondo de lo debatido apunta a determinar cuáles eran las medidas de protección eficaz implementadas por la empresa para la protección de la vida e integridad física y psíquica de la demandante. Sobre este punto, de la documental, la única atingente es el reglamento interno en la cláusula aludida en el párrafo primero de la motivación novena de este fallo. Sin embargo, la demandada a través de su testimonial pretendió acredita la satisfacción de sus obligaciones. En efecto, comparecieron a estrados el prevencionista de riesgos, don René Poblete García, y el conductor de la grúa, don Juan Carrasco Carrillo, quienes como primera cosa, atestiguaron de manera conteste, que las fotografías que le fueran exhibidas en la audiencia, acompañadas por su parte, reflejan el sitio del suceso al tiempo del infortunio, y que dan cuenta de una serie de letreros, tales como prohibido el paso solo personal de embarque; mantener puertas cerradas; cuidado grúa horquilla operando; acceso obligado peatones; prohibido acceso solo personal de embarque; acceso solo vehículos. Sobre esto mismo, los testigos de la trabajadora, doña Avelina Marambio Sapiain, vecina y ex trabajadora de la empresa, y don Lorenzo Olguín Ríos, cónyuge de la actora y actual dependiente de la demandada, también contestes, afirmaron que los letreros de advertencias que se les exhibieron no se encontraban incorporados en los lugares que se señalan cuando ocurrió el accidente, lo que le consta a la primera deponente, ya que indica haber concurrido a la empresa en mayo de 2009 y al segundo, porque trabaja desde octubre de 2009 y solo recuerda haber visualizado la señalética cuatro meses antes de prestar declaración. Que sin embargo y en este asunto, se preferirán lo declarado por los testigos de la empresa, quienes resultan mejor instruidos e imparciales, toda vez que la señora Marambio, relata sobre hechos que pudo constatar cuando ella desarrollaba labores para la demandada en el año 2008, de manera que sus dichos sobre la ausencia de letreros en mayo de 2009 no resultan verosímiles a la hora de explicar el por qué ingresó hasta ahí, no pareciendo lógico que para solicitar empleo deba adentrarse en el sector donde se realiza la faena. Asimismo, los dichos del cónyuge, dada la relación que lo une con la demandante, a juicio de esta juez, resultan más acomodaticios a las pretensiones de la parte por la que comparece. Entonces, efectivamente en el juicio se comprobó que materialmente existían una serie de prohibiciones instaladas en los accesos a la zona de embarque para evitar el ingreso de personas ajenas a dicha sección, constatándose además que dentro de dicha área, se alertaba sobre el tránsito de grúas. 15°. Que también contraviniéndose los testigos, dependiendo de la parte que los hizo comparecer, sostuvieron la existencia o inexistencia de capacitación, sin embargo sobre este dilema, los propios testigos de la empresa se contradicen, ya que el conductor indica que asiste a charlas todos los días, registrando mediante firma su comparecencia a las mismas, en cambio el prevencionista señala que no existe constancia escrita de las charlas que diariamente se les imparten a los trabajadores. Agregando que él, sólo al ingreso a los servicios, personalmente los instruye, entregándole el derecho a saber. Entonces, si bien están contestes que se dan charlas diarias, cabe preguntarse qué es lo que se informa, cuál es la efectividad de lo intimado, la capacidad de quien informa pues no lo hace el preven-

de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de su esencia, por lo que la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. 12°. Que en la especie, el deudor logró demostrar con los instrumentos que aparejó, que el conductor de la grúa horquilla involucrada en el siniestro contaba con la autorización para conducir el tipo de vehículo en cuestión, contando este último con las revisiones necesarias para los efectos de lo que se discute. 13°. Que respecto del lugar y la forma como acaeció el accidente que afectó a la demandante, en principio no hay discusión, en la medida que ambos contradictores ubican a la trabajadora al interior de la zona de embarque, en el momento que una de las grúas horquillas conducida por don Juan Carrasco Carrillo, testigo además en este proceso, retrocedía, atropellando a Rodríguez Ahumada. 14°. Que entonces, el fondo de lo debatido apunta a determinar cuáles eran las medidas de protección eficaz implementadas por la empresa para la protección de la vida e integridad física y psíquica de la demandante. Sobre este punto, de la documental, la única atingente es el reglamento interno en la cláusula aludida en el párrafo primero de la motivación novena de este fallo. Sin embargo, la demandada a través de su testimonial pretendió acredita la satisfacción de sus obligaciones. En efecto, comparecieron a estrados el prevencionista de riesgos, don René Poblete García, y el conductor de la grúa, don Juan Carrasco Carrillo, quienes como primera cosa, atestiguaron de manera conteste, que las fotografías que le fueran exhibidas en la audiencia, acompañadas por su parte, reflejan el sitio del suceso al tiempo del infortunio, y que dan cuenta de una serie de letreros, tales como prohibido el paso solo personal de embarque; mantener puertas cerradas; cuidado grúa horquilla operando; acceso obligado peatones; prohibido acceso solo personal de embarque; acceso solo vehículos. Sobre esto mismo, los testigos de la trabajadora, doña Avelina Marambio Sapiain, vecina y ex trabajadora de la empresa, y don Lorenzo Olguín Ríos, cónyuge de la actora y actual dependiente de la demandada, también contestes, afirmaron que los letreros de advertencias que se les exhibieron no se encontraban incorporados en los lugares que se señalan cuando ocurrió el accidente, lo que le consta a la primera deponente, ya que indica haber concurrido a la empresa en mayo de 2009 y al segundo, porque trabaja desde octubre de 2009 y solo recuerda haber visualizado la señalética cuatro meses antes de prestar declaración. Que sin embargo y en este asunto, se preferirán lo declarado por los testigos de la empresa, quienes resultan mejor instruidos e imparciales, toda vez que la señora Marambio, relata sobre hechos que pudo constatar cuando ella desarrollaba labores para la demandada en el año 2008, de manera que sus dichos sobre la ausencia de letreros en mayo de 2009 no resultan verosímiles a la hora de explicar el por qué ingresó hasta ahí, no pareciendo lógico que para solicitar empleo deba adentrarse en el sector donde se realiza la faena. Asimismo, los dichos del cónyuge, dada la relación que lo une con la demandante, a juicio de esta juez, resultan más acomodaticios a las pretensiones de la parte por la que comparece. Entonces, efectivamente en el juicio se comprobó que materialmente existían una serie de prohibiciones instaladas en los accesos a la zona de embarque para evitar el ingreso de personas ajenas a dicha sección, constatándose además que dentro de dicha área, se alertaba sobre el tránsito de grúas. 15°. Que también contraviniéndose los testigos, dependiendo de la parte que los hizo comparecer, sostuvieron la existencia o inexistencia de capacitación, sin embargo sobre este dilema, los propios testigos de la empresa se contradicen, ya que el conductor indica que asiste a charlas todos los días, registrando mediante firma su comparecencia a las mismas, en cambio el prevencionista señala que no existe constancia escrita de las charlas que diariamente se les imparten a los trabajadores. Agregando que él, sólo al ingreso a los servicios, personalmente los instruye, entregándole el derecho a saber. Entonces, si bien están contestes que se dan charlas diarias, cabe preguntarse qué es lo que se informa, cuál es la efectividad de lo intimado, la capacidad de quien informa pues no lo hace el prevenACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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cionista, materias sobre la que recae la capacitación, nivel de comprensión por parte del trabajador y fiscalización de lo instruido. Nada hay sobre lo antedicho, cuál fue el derecho a saber que se le entregó en conjunto con el contrato, cómo se le explicó el artículo 31 del reglamento interno, requerimientos que no solo son exigibles respecto de los trabajadores que despliegan labores como las encomendadas a la actora, sino que también para el conductor, pues no obstante sostener que al retroceder hizo uso de todos los elementos necesarios para alertar de su accionar, lo que de igual forma se desprende de los dichos de aquellos cuyos testimonios se otorgaron ante la Asociación Chilena de Seguridad y el Ministerio de Salud, también se dijo ahí que en la maniobra de retroceso es imposible observar por parte del conductor y del transeúnte el uno al otro, en atención a que las lamas que cubren la entrada se encuentran empañadas, lo que impide que aquel que pone en movimiento la máquina pueda visualizar al peatón. Asimismo, se sostuvo que el conductor maniobraba la máquina a una velocidad prudente, sin carga, y que el accidente se produjo a no más de un metro desde la puerta de salida. Sin embargo no parece verosímil la lentitud y prudencia en la conducción, en atención al accidente mismo y las lesiones que por a lo menos un año impiden a la actora trabajar, considerando la ausencia de visibilidad del chofer. Si fuera cierta la lentitud y atenta conducción, claramente las consecuencias del accidente hubieran sido otras. 16°. La ausencia de todo tipo de instrucción constatable no solo en su materialización, sino en su calidad y efectividad, se evidencia del informe de la Asociación Chilena de Seguridad, institución que a pesar de atribuir exclusiva responsabilidad a la trabajadora, impone como medidas correctivas y preventivas, las que si bien las imparte como reiteración a las supuestamente dadas por la empresa, se refieren justamente a la instrucción a los trabajadores acerca de normas de seguridad al interior de la planta, sobre el significado de las señalizaciones de seguridad, destacando las que indiquen prohibiciones, sensibilizar mediante charlas las consecuencias de no respetar las normas de seguridad de la empresa, tanto que impuso un plazo para el control del cumplimiento de las medidas a implementar. Volvemos a lo mismo, cuándo originariamente entregó estas instrucciones básicas, cuándo explicó la señalética, cuándo explicó las consecuencias de infringir una prohibición, surgiendo además las interrogantes sobre si dio cumplimiento a lo requerido por el órgano administrador o cuál fue el contenido del informe que sobre la materia emitió el comité paritario. 17°. Que nuestros tribunales de justicia han centrado la protección del trabajador en cuanto a persona, sosteniendo expresamente que en atención a los valores comprometidos, el deber que se impone al empleador no es de carácter patrimonial, pues se refieren a la vida, la integridad psíquica y la salud de los trabajadores, y para verificar su eficaz cumplimiento, la lógica ordena considerar una protección razonable de acuerdo a la actividad empresarial y a las facultades normales de fiscalización y control que le compete. Los estándares de diligencia y eficacia están dados en relación a las faenas y labores encomendadas, de manera tal que abarcan desde la capacitación de los trabajadores y su equipamiento, hasta la adecuación de los espacios físicos y del proceso productivo, situación que ubica al empleador en la posición de tener que demostrar la efectividad y suficiencia de su diligencia en las acciones de prevención y cuidado pertinentes. De esta manera, la protección que se impone al empleador a través de los diversos mecanismos que prevé la ley, debe tener en cuenta la calidad como profesional del trabajador, su experticia y capacitación en el desarrollo de tareas similares y el grado de dificultad de la encomendada, su peligrosidad, entre otras, determinando la necesidad de capacitación especializada o simulaciones previas, todas variantes que a la luz de los raciocinios previos no fueron adoptadas por el demandado. Como se indicó, el empleador es deudor de seguridad respecto de sus trabajadores, deber que no queda entregado a la voluntad de la empresa, a cumplimientos parciales, informales, asistémicos, a la discrecionalidad del empleador, a la transmisión de experiencia de un trabajador a otro o a los conocimientos adquiridos en otras labores, ya que el legislador ha impuesto obligaciones generales al momento de desplegar una labor y otras específicas de carácter reglamentario, referidas a las particularidades de la actividad que se trate en conexión con los riesgos asociados. En la especie, no existe, pues no lo comprobó quien correspondía, un marco regulatorio para la seguridad en el desarrollo de las labores, sin perder de vista que se trata de labores desplegadas por temporadas, de baja calificación,

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cionista, materias sobre la que recae la capacitación, nivel de comprensión por parte del trabajador y fiscalización de lo instruido. Nada hay sobre lo antedicho, cuál fue el derecho a saber que se le entregó en conjunto con el contrato, cómo se le explicó el artículo 31 del reglamento interno, requerimientos que no solo son exigibles respecto de los trabajadores que despliegan labores como las encomendadas a la actora, sino que también para el conductor, pues no obstante sostener que al retroceder hizo uso de todos los elementos necesarios para alertar de su accionar, lo que de igual forma se desprende de los dichos de aquellos cuyos testimonios se otorgaron ante la Asociación Chilena de Seguridad y el Ministerio de Salud, también se dijo ahí que en la maniobra de retroceso es imposible observar por parte del conductor y del transeúnte el uno al otro, en atención a que las lamas que cubren la entrada se encuentran empañadas, lo que impide que aquel que pone en movimiento la máquina pueda visualizar al peatón. Asimismo, se sostuvo que el conductor maniobraba la máquina a una velocidad prudente, sin carga, y que el accidente se produjo a no más de un metro desde la puerta de salida. Sin embargo no parece verosímil la lentitud y prudencia en la conducción, en atención al accidente mismo y las lesiones que por a lo menos un año impiden a la actora trabajar, considerando la ausencia de visibilidad del chofer. Si fuera cierta la lentitud y atenta conducción, claramente las consecuencias del accidente hubieran sido otras. 16°. La ausencia de todo tipo de instrucción constatable no solo en su materialización, sino en su calidad y efectividad, se evidencia del informe de la Asociación Chilena de Seguridad, institución que a pesar de atribuir exclusiva responsabilidad a la trabajadora, impone como medidas correctivas y preventivas, las que si bien las imparte como reiteración a las supuestamente dadas por la empresa, se refieren justamente a la instrucción a los trabajadores acerca de normas de seguridad al interior de la planta, sobre el significado de las señalizaciones de seguridad, destacando las que indiquen prohibiciones, sensibilizar mediante charlas las consecuencias de no respetar las normas de seguridad de la empresa, tanto que impuso un plazo para el control del cumplimiento de las medidas a implementar. Volvemos a lo mismo, cuándo originariamente entregó estas instrucciones básicas, cuándo explicó la señalética, cuándo explicó las consecuencias de infringir una prohibición, surgiendo además las interrogantes sobre si dio cumplimiento a lo requerido por el órgano administrador o cuál fue el contenido del informe que sobre la materia emitió el comité paritario. 17°. Que nuestros tribunales de justicia han centrado la protección del trabajador en cuanto a persona, sosteniendo expresamente que en atención a los valores comprometidos, el deber que se impone al empleador no es de carácter patrimonial, pues se refieren a la vida, la integridad psíquica y la salud de los trabajadores, y para verificar su eficaz cumplimiento, la lógica ordena considerar una protección razonable de acuerdo a la actividad empresarial y a las facultades normales de fiscalización y control que le compete. Los estándares de diligencia y eficacia están dados en relación a las faenas y labores encomendadas, de manera tal que abarcan desde la capacitación de los trabajadores y su equipamiento, hasta la adecuación de los espacios físicos y del proceso productivo, situación que ubica al empleador en la posición de tener que demostrar la efectividad y suficiencia de su diligencia en las acciones de prevención y cuidado pertinentes. De esta manera, la protección que se impone al empleador a través de los diversos mecanismos que prevé la ley, debe tener en cuenta la calidad como profesional del trabajador, su experticia y capacitación en el desarrollo de tareas similares y el grado de dificultad de la encomendada, su peligrosidad, entre otras, determinando la necesidad de capacitación especializada o simulaciones previas, todas variantes que a la luz de los raciocinios previos no fueron adoptadas por el demandado. Como se indicó, el empleador es deudor de seguridad respecto de sus trabajadores, deber que no queda entregado a la voluntad de la empresa, a cumplimientos parciales, informales, asistémicos, a la discrecionalidad del empleador, a la transmisión de experiencia de un trabajador a otro o a los conocimientos adquiridos en otras labores, ya que el legislador ha impuesto obligaciones generales al momento de desplegar una labor y otras específicas de carácter reglamentario, referidas a las particularidades de la actividad que se trate en conexión con los riesgos asociados. En la especie, no existe, pues no lo comprobó quien correspondía, un marco regulatorio para la seguridad en el desarrollo de las labores, sin perder de vista que se trata de labores desplegadas por temporadas, de baja calificación,

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lo que hace también suponer la baja instrucción de quienes las desarrollan, lo que conlleva una labor exhaustiva por el beneficiado con el trabajo, con el objeto de otorgar el mayor grado de comprensión y protección a sus dependientes. Que así las cosas solo es posible concluir que la adopción de las medidas necesarias para el fin requerido no se acreditaron por la empresa, ya que como se dijo, salvo el reglamento interno, no existe elemento alguno que demuestre el despliegue de una labor seria, sistemática y formal sobre la materia, olvidando el demandado que un empleador respetuoso en integridad de la obligación impuesta, consigue no solo la protección de la salud e integridad física de sus dependientes, sino que de sus familias y de la sociedad toda, he ahí la transcendencia de esta obligación. 18°. Que el deber de protección que el legislador impone al empleador, sólo reconoce como límites el caso fortuito o fuerza mayor, y la imprudencia temeraria del trabajador, hipótesis que según lo que se ha venido razonando, no concurren en la especie. Que según lo expuesto, sólo resta concluir que si la empleadora hubiera entregado al trabajador los elementos de seguridad adecuados, entendiéndose por tales, también los referidos a la debida instrucción e información, y mantuviera asimismo, un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones encomendadas el día del infortunio, con el objeto de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, el accidente no se hubiera producido o sus consecuencias hubieran sido menos perniciosas, de manera que la negligencia de la demandada se infiere de la sola materialización del daño y conforme lo ordena el artículo 1556 del Código Civil en relación con el artículo 69 de la ley Nº 16.744 y del principio general de reparación integral del daño, procede condenar a la demandada a resarcir los perjuicios efectivamente probados. 19°. Que según lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, entendiéndose este último como la pérdida cierta de la ganancia posible, de manera que deberá acreditarse por quien pretende obtener la reparación, la disminución efectiva en la misma, y para su determinación necesario resulta recurrir a hechos reales, objetivos y probados, y aunque la estimación en este sentido no puede ser matemáticamente exacta, debe sí fundarse en consideraciones razonables, dentro de un contexto lógico y probable, limitado a las circunstancias del caso, dentro del proceso de normalidad de las cosas, de manera que el lucro cesante resultará ser un juicio de probabilidad pero dentro de los parámetros ya expuestos. Que en este marco, no existe informe alguno emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad que afecte a la demandante. Es así como ésta mantiene relación laboral vigente con la empresa demandada, sin que exista en este momento un antecedente cierto sobre la disminución en sus ingresos, de tal forma que no es posible recurrir a antecedentes objetivos, reales y probados, de los cuales deducir que la actora, que desempeñaba una labor poco calificada y con baja remuneración, que asciende a $ 159.000, de acuerdo a los hechos pacíficos del juicio, haya efectivamente dejado de percibir de manera cierta suma alguna. Es efectivo que por más de un año ha hecho uso de descanso por enfermedad, pero no debe perderse de vista que se trata de una mujer de ya 57 años, que según ella misma reconoce fue contactada por el terapeuta ocupacional de la AChS para que se reintegre a sus labores habituales, sin embargo y de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, no puede establecerse el juicio de probabilidad pretendido, desde que razonablemente puede esperarse, en el caso de cesantía, la reinserción laboral en actividades de baja calificación, con una remuneración equivalente a la percibida, sin una merma pecuniaria, de manera que no existen elementos de juicio que permitan cuantificar lo que por lucro cesante corresponde a la demandante, considerando que la cantidad pretendida es meramente referencial, no sustentada en antecedentes más o menos ciertos que lleven a su determinación, más cuando no se acreditó la pérdida normal de los ingresos propios de la actividad que desarrollaba la afectada. La demandante, como se dijo, continúa vinculada mediante contrato de trabajo con la empresa, no se ha declarada incapacidad por los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo, y de ser así compensará el pago de indemnizaciones o subsidios que contemplan las leyes laborales, de manera que la circunstancia que en el futuro la demandante pueda sufrir alguna disminución en su remuneración, no es suficiente ni permite la determinación de este tipo de indemnización, razón por la cual se desestima la demanda en este rubro.

lo que hace también suponer la baja instrucción de quienes las desarrollan, lo que conlleva una labor exhaustiva por el beneficiado con el trabajo, con el objeto de otorgar el mayor grado de comprensión y protección a sus dependientes. Que así las cosas solo es posible concluir que la adopción de las medidas necesarias para el fin requerido no se acreditaron por la empresa, ya que como se dijo, salvo el reglamento interno, no existe elemento alguno que demuestre el despliegue de una labor seria, sistemática y formal sobre la materia, olvidando el demandado que un empleador respetuoso en integridad de la obligación impuesta, consigue no solo la protección de la salud e integridad física de sus dependientes, sino que de sus familias y de la sociedad toda, he ahí la transcendencia de esta obligación. 18°. Que el deber de protección que el legislador impone al empleador, sólo reconoce como límites el caso fortuito o fuerza mayor, y la imprudencia temeraria del trabajador, hipótesis que según lo que se ha venido razonando, no concurren en la especie. Que según lo expuesto, sólo resta concluir que si la empleadora hubiera entregado al trabajador los elementos de seguridad adecuados, entendiéndose por tales, también los referidos a la debida instrucción e información, y mantuviera asimismo, un procedimiento seguro e idóneo para el desarrollo de las funciones encomendadas el día del infortunio, con el objeto de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, el accidente no se hubiera producido o sus consecuencias hubieran sido menos perniciosas, de manera que la negligencia de la demandada se infiere de la sola materialización del daño y conforme lo ordena el artículo 1556 del Código Civil en relación con el artículo 69 de la ley Nº 16.744 y del principio general de reparación integral del daño, procede condenar a la demandada a resarcir los perjuicios efectivamente probados. 19°. Que según lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, entendiéndose este último como la pérdida cierta de la ganancia posible, de manera que deberá acreditarse por quien pretende obtener la reparación, la disminución efectiva en la misma, y para su determinación necesario resulta recurrir a hechos reales, objetivos y probados, y aunque la estimación en este sentido no puede ser matemáticamente exacta, debe sí fundarse en consideraciones razonables, dentro de un contexto lógico y probable, limitado a las circunstancias del caso, dentro del proceso de normalidad de las cosas, de manera que el lucro cesante resultará ser un juicio de probabilidad pero dentro de los parámetros ya expuestos. Que en este marco, no existe informe alguno emitido por las instituciones pertinentes que dictamine algún grado de incapacidad que afecte a la demandante. Es así como ésta mantiene relación laboral vigente con la empresa demandada, sin que exista en este momento un antecedente cierto sobre la disminución en sus ingresos, de tal forma que no es posible recurrir a antecedentes objetivos, reales y probados, de los cuales deducir que la actora, que desempeñaba una labor poco calificada y con baja remuneración, que asciende a $ 159.000, de acuerdo a los hechos pacíficos del juicio, haya efectivamente dejado de percibir de manera cierta suma alguna. Es efectivo que por más de un año ha hecho uso de descanso por enfermedad, pero no debe perderse de vista que se trata de una mujer de ya 57 años, que según ella misma reconoce fue contactada por el terapeuta ocupacional de la AChS para que se reintegre a sus labores habituales, sin embargo y de acuerdo al curso normal de los acontecimientos, no puede establecerse el juicio de probabilidad pretendido, desde que razonablemente puede esperarse, en el caso de cesantía, la reinserción laboral en actividades de baja calificación, con una remuneración equivalente a la percibida, sin una merma pecuniaria, de manera que no existen elementos de juicio que permitan cuantificar lo que por lucro cesante corresponde a la demandante, considerando que la cantidad pretendida es meramente referencial, no sustentada en antecedentes más o menos ciertos que lleven a su determinación, más cuando no se acreditó la pérdida normal de los ingresos propios de la actividad que desarrollaba la afectada. La demandante, como se dijo, continúa vinculada mediante contrato de trabajo con la empresa, no se ha declarada incapacidad por los órganos administradores del seguro de accidentes del trabajo, y de ser así compensará el pago de indemnizaciones o subsidios que contemplan las leyes laborales, de manera que la circunstancia que en el futuro la demandante pueda sufrir alguna disminución en su remuneración, no es suficiente ni permite la determinación de este tipo de indemnización, razón por la cual se desestima la demanda en este rubro. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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20°. Que el artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, ello no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, lo que claramente en asuntos como el que se trata no solo encuentra su amparo en el principio general de reparación del mismo, sino que en el tenor literal del artículo 69 de la ley Nº 16.744, al disponer que la reparación del daño moral procede en todo caso, en razón del incumplimiento del empleador del deber de protección de la vida e integridad corporal de los trabajadores. 21°. Que el punto de partida en el asunto está dado por el resarcimiento del daño moral en cuanto a la lesión de un interés significativo de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del mismo descansa en la condición de persona del afectado. Es así como se ha entendido como daño moral el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no solo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no solo por el dolor o sufrimiento que se padece. Sobre esto, la visión reduccionista del daño moral pertenece al pasado, por lo que el daño extrapatrimonial protege más allá incluso el pretium doloris, el cual es solo una especie del mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal (biológico fisiológico y estético) o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral, (Barrientos Zamorano, Marcelo. Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol. 35, N° 1, p. 85 106. ISSN 0718 3437). En esta misma línea, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, explica que la definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, incluyendo todo daño a la persona en sí misma (física-psíquica), como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales, esto es como todo menoscabo en un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra fuente. 22°. Que a pesar de la escasa la producción de prueba por parte de la defensa de la trabajadora con la finalidad referida, en la medida que acompañó solo un informe médico emanado del doctor Calderón, médico tratante, perteneciente al Hospital del Trabajador de Santiago, sin dar tramitación a los restantes oficios solicitados, es lo cierto que del informe aludido se desprende que la actora ha sido sometida a diversas intervenciones médicas, exámenes, injertos, aseos quirúrgicos, con dolor permanente, presentando necrosis marginal del colgajo y heridas complejas en ambas extremidades inferiores, padecimientos físicos, que además le ocasionaron trastornos depresivos, en tratamiento por salud mental. Si bien no existe ninguna norma en la Ley sobre Accidentes del Trabajo que entregue parámetros para la fijación del daño moral, resulta ilustrativo sobre el tema, lo dispuesto el artículo 41 de la ley Nº 19.966, que establece el régimen de garantías en salud, que a propósito de la responsabilidad de los órganos de la administración del Estado, prescribe: La indemnización por el daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producirse aquellos. En esta línea, el antecedente aludido permite concluir desde hechos demostrados, la naturaleza y entidad de la lesión, el período de incapacidad que afecta a la trabajadora, quien desde la fecha del siniestro no ha vuelto a prestar servicios para su empleador, en permanente tratamiento, que a pesar de no desarrollar una labor calificada, por lo mismo, y no obstante lo que se dijo a propósito del lucro cesante, no tiene certidumbre sobre su futuro, en atención a su situación, en espera de una posible cirugía plástica, que permanentemente presenta dolor, lo que permite concluir que el hecho dañoso ocasionó en la demandante un menoscabo producto del sufrimiento y desgaste emocional derivado del sometimiento a diversos exámenes y terapias posteriores a los hechos, escenario del que lógicamente se desprende no solo la existencia de un dolor físico, sino que de aflicción y sufrimiento de verse expuesto a futuras operaciones con resultados inciertos, unido a la circunstancia que se encuentra afectada por un trastorno depresivo y a las secuelas visibles que se evidencian de las fotografías acompañadas.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

20°. Que el artículo 1556 del Código Civil si bien se refiere al daño emergente y lucro cesante, ello no importa una limitación al daño, al no excluir o prohibir la compensación del daño moral, lo que claramente en asuntos como el que se trata no solo encuentra su amparo en el principio general de reparación del mismo, sino que en el tenor literal del artículo 69 de la ley Nº 16.744, al disponer que la reparación del daño moral procede en todo caso, en razón del incumplimiento del empleador del deber de protección de la vida e integridad corporal de los trabajadores. 21°. Que el punto de partida en el asunto está dado por el resarcimiento del daño moral en cuanto a la lesión de un interés significativo de la víctima, de manera que el verdadero fundamento de la reparación del mismo descansa en la condición de persona del afectado. Es así como se ha entendido como daño moral el pesar, dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. Si atendemos al concepto, éste abarca no solo las lesiones a bienes de la personalidad, lo que en estricto rigor constituye daño moral, sino que además quedan comprendidos las lesiones corporales, la aflicción psicológica y la pérdida de oportunidades para disfrutar de la vida. De esta manera y considerando la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no solo por el dolor o sufrimiento que se padece. Sobre esto, la visión reduccionista del daño moral pertenece al pasado, por lo que el daño extrapatrimonial protege más allá incluso el pretium doloris, el cual es solo una especie del mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal (biológico fisiológico y estético) o un daño a la dignidad humana o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral, (Barrientos Zamorano, Marcelo. Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris. Rev. Chilena de Derecho, Abr. 2008, Vol. 35, N° 1, p. 85 106. ISSN 0718 3437). En esta misma línea, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, explica que la definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, incluyendo todo daño a la persona en sí misma (física-psíquica), como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales, esto es como todo menoscabo en un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra fuente. 22°. Que a pesar de la escasa la producción de prueba por parte de la defensa de la trabajadora con la finalidad referida, en la medida que acompañó solo un informe médico emanado del doctor Calderón, médico tratante, perteneciente al Hospital del Trabajador de Santiago, sin dar tramitación a los restantes oficios solicitados, es lo cierto que del informe aludido se desprende que la actora ha sido sometida a diversas intervenciones médicas, exámenes, injertos, aseos quirúrgicos, con dolor permanente, presentando necrosis marginal del colgajo y heridas complejas en ambas extremidades inferiores, padecimientos físicos, que además le ocasionaron trastornos depresivos, en tratamiento por salud mental. Si bien no existe ninguna norma en la Ley sobre Accidentes del Trabajo que entregue parámetros para la fijación del daño moral, resulta ilustrativo sobre el tema, lo dispuesto el artículo 41 de la ley Nº 19.966, que establece el régimen de garantías en salud, que a propósito de la responsabilidad de los órganos de la administración del Estado, prescribe: La indemnización por el daño moral será fijada por el juez considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producirse aquellos. En esta línea, el antecedente aludido permite concluir desde hechos demostrados, la naturaleza y entidad de la lesión, el período de incapacidad que afecta a la trabajadora, quien desde la fecha del siniestro no ha vuelto a prestar servicios para su empleador, en permanente tratamiento, que a pesar de no desarrollar una labor calificada, por lo mismo, y no obstante lo que se dijo a propósito del lucro cesante, no tiene certidumbre sobre su futuro, en atención a su situación, en espera de una posible cirugía plástica, que permanentemente presenta dolor, lo que permite concluir que el hecho dañoso ocasionó en la demandante un menoscabo producto del sufrimiento y desgaste emocional derivado del sometimiento a diversos exámenes y terapias posteriores a los hechos, escenario del que lógicamente se desprende no solo la existencia de un dolor físico, sino que de aflicción y sufrimiento de verse expuesto a futuras operaciones con resultados inciertos, unido a la circunstancia que se encuentra afectada por un trastorno depresivo y a las secuelas visibles que se evidencian de las fotografías acompañadas.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Que conforme a todo lo reseñado, no cabe duda que el accidente lesionó la integridad física y psíquica del trabajador, que debe ser compensado mediante el pago indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, con las limitaciones propias, la lesión a derechos constitucionalmente amparos, y sin perjuicio de reconocer, ante la inexistencia de parámetros objetivos como en otras legislaciones, la imposibilidad de una compensación por equivalencia, pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $ 10.000.000. 23°. Que en cuanto a la argumentación subsidiaria de la empresa relativa a la disminución de su responsabilidad por la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es procedente el rechazo de dichas alegaciones, según se deriva del propio concepto de las instituciones esgrimidas en caso de accidentes del trabajo y de la responsabilidad exclusiva del empleador, en atención a lo que se razonó a propósito de sus incumplimientos en la materia. La última argumentación que también dice relación la reducción del monto de los perjuicios, por estimar que el actor se expuso imprudentemente al daño, de igual forma será desestimada, de acuerdo a los diversos razonamientos a propósito de la responsabilidad del empleador, considerando en todo caso, que la figura que invoca, contemplada en el artículo 2330 del Código Civil, resulta inaplicable a este caso en que la fuente legal que sustenta la responsabilidad del empleador deriva justamente de la existencia de un contrato de trabajo, de manera que necesariamente la responsabilidad involucrada es la contractual y no la extracontractual, que rige la norma esgrimida. 24°. Que indemnización deberá pagarse reajustada según lo establece el artículo 63 del Código del Trabajo, más los intereses corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el presente fallo hasta su pago efectivo. 25°. Que la prueba aportada al juicio ha sido concordada y analizada conforme a las reglas de la sana crítica y las conclusiones arribadas derivan de la pluralidad, conexión, gravedad y concordancia de las mismas, sin que en nada aporte el ordinario 98 emitido por la Inspección del Trabajo y que fuera rendido por la demandante, regla que también resulta aplicable a la confesional de la trabajadora. En cuanto a las declaraciones de los testigos de la demandante con la finalidad de acreditar el daño que se reclama, sus versiones constituyen una reiteración de aquello que emana del informe médico rendido, por lo que resulta innecesario su análisis, en la medida que lo que expusieron deriva necesaria y lógicamente del dictamen médico. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 6°, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 58, 59 y 69 de la ley N° 16.744, artículos 1°, 7°, 8°, 10, 41, 153, 184, 420, 453 y siguientes del Código del Trabajo; artículos 1545, 1546, 1547, 1556, 1557, 1698 del Código Civil y demás normas pertinentes, se declara: I. Que se hace lugar a la demanda, solo en cuanto se condena a la demandada Exportadora Aconcagua Ltda. al pago de $ 10.000.000 por concepto de daño moral, suma que deberá ser satisfecha con los reajustes e intereses legales, calculados en la forma que se consigna en el considerando vigésimo cuarto de esta sentencia. II. Que no se condena en costa a la demandada por no haber resultado totalmente vencida. III. Ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Hágase devolución a las partes, cuando corresponda, de la totalidad de la prueba documental guardada en custodia. Pronunciada por doña Lilian Leyton Varela, juez titular de este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT O-978-2010 RUC 10 4 0023368 9. En Santiago a diecinueve de julio de dos mil diez, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Que conforme a todo lo reseñado, no cabe duda que el accidente lesionó la integridad física y psíquica del trabajador, que debe ser compensado mediante el pago indemnizatorio acorde al daño sufrido, resarcimiento que busca paliar, con las limitaciones propias, la lesión a derechos constitucionalmente amparos, y sin perjuicio de reconocer, ante la inexistencia de parámetros objetivos como en otras legislaciones, la imposibilidad de una compensación por equivalencia, pero sin perder de vista que la cuantificación del monto a resarcir en caso alguno puede constituir una fuente de lucro, se fija la indemnización por este concepto en la suma de $ 10.000.000. 23°. Que en cuanto a la argumentación subsidiaria de la empresa relativa a la disminución de su responsabilidad por la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es procedente el rechazo de dichas alegaciones, según se deriva del propio concepto de las instituciones esgrimidas en caso de accidentes del trabajo y de la responsabilidad exclusiva del empleador, en atención a lo que se razonó a propósito de sus incumplimientos en la materia. La última argumentación que también dice relación la reducción del monto de los perjuicios, por estimar que el actor se expuso imprudentemente al daño, de igual forma será desestimada, de acuerdo a los diversos razonamientos a propósito de la responsabilidad del empleador, considerando en todo caso, que la figura que invoca, contemplada en el artículo 2330 del Código Civil, resulta inaplicable a este caso en que la fuente legal que sustenta la responsabilidad del empleador deriva justamente de la existencia de un contrato de trabajo, de manera que necesariamente la responsabilidad involucrada es la contractual y no la extracontractual, que rige la norma esgrimida. 24°. Que indemnización deberá pagarse reajustada según lo establece el artículo 63 del Código del Trabajo, más los intereses corrientes desde la fecha que quede ejecutoriado el presente fallo hasta su pago efectivo. 25°. Que la prueba aportada al juicio ha sido concordada y analizada conforme a las reglas de la sana crítica y las conclusiones arribadas derivan de la pluralidad, conexión, gravedad y concordancia de las mismas, sin que en nada aporte el ordinario 98 emitido por la Inspección del Trabajo y que fuera rendido por la demandante, regla que también resulta aplicable a la confesional de la trabajadora. En cuanto a las declaraciones de los testigos de la demandante con la finalidad de acreditar el daño que se reclama, sus versiones constituyen una reiteración de aquello que emana del informe médico rendido, por lo que resulta innecesario su análisis, en la medida que lo que expusieron deriva necesaria y lógicamente del dictamen médico. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 6°, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 58, 59 y 69 de la ley N° 16.744, artículos 1°, 7°, 8°, 10, 41, 153, 184, 420, 453 y siguientes del Código del Trabajo; artículos 1545, 1546, 1547, 1556, 1557, 1698 del Código Civil y demás normas pertinentes, se declara: I. Que se hace lugar a la demanda, solo en cuanto se condena a la demandada Exportadora Aconcagua Ltda. al pago de $ 10.000.000 por concepto de daño moral, suma que deberá ser satisfecha con los reajustes e intereses legales, calculados en la forma que se consigna en el considerando vigésimo cuarto de esta sentencia. II. Que no se condena en costa a la demandada por no haber resultado totalmente vencida. III. Ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Hágase devolución a las partes, cuando corresponda, de la totalidad de la prueba documental guardada en custodia. Pronunciada por doña Lilian Leyton Varela, juez titular de este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. RIT O-978-2010 RUC 10 4 0023368 9. En Santiago a diecinueve de julio de dos mil diez, se notificó por el estado diario la resolución precedente. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, nueve de junio de dos mil diez. I. ANTECEDENTES: María Angélica Rojas Toledo, chilena, divorciada, cesante, domiciliada en Platón N° 5194, comuna de Pedro Aguirre Cerda, interpone demanda por indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio de aplicación general en lo laboral, en contra de mi ex empleadora principal la sociedad Ibáñez Servicios Limitada, representada por don Orlando Ibáñez Ankelen, domiciliados en Concha y Toro N° 30, Santiago, y en contra de la responsable solidaria o subsidiaria la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, representada por su decano, don Francisco Brieva Rodríguez, ambos con domicilio en Beauchef N° 850, Santiago. Señala que comenzó a trabajar para la demandada principal con fecha 17 de abril de 2009, hasta el 30 de noviembre de 2009, como operaría de aseo, en las instalaciones de la demandada solidaria o subsidiaria, esto es, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ubicada en calle Beauchef N° 850, comuna de Santiago. El término de la relación laboral se produjo por conclusión del trabajo o servicio firmando finiquito con pago de feriado proporcional, con fecha 7 de diciembre de 2009, a su conformidad. Con todo, en el desempeño de mis funciones laborales, con fecha 2 de junio de 2009, aproximadamente a las 22:00, producto del desnivel del piso del patio de la facultad, se cayó al piso fracturándose la muñeca de la mano izquierda, provocándosele incapacidad permanente laboral, ya que no puede desempeñar las funciones normales con esa mano. La empresa no le otorgó ningún medio de protección, para prevenir este tipo de accidentes, especialmente atendida la circunstancia. Señala que el accidente le ha ocasionado un perjuicio que debe ser reparado, el que se produjo únicamente por la negligencia en la prevención de los riesgos, la no entrega de implementos de seguridad y capacitación en riesgos, lo que ha provocado en su persona, la incapacidad de la mano izquierda. Además, no existía en la Faena un Prevencionista de Riesgos, que tuviera la facultad de paralizar la obra si existían condiciones Inseguras para los trabajadores. En una faena como esa, en que se trabaja en horarios nocturnos, con poca visibilidad, lo que representaba un alto riesgo para su salud, por lo que era fundamental tener un Prevencionista de Riesgos que resguardara de manera detallada el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Tampoco existía en dicha faena la acción directa de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que pudiese asumir el rol que le otorga la ley, en cuanto a establecer los procedimientos destinados a resguardar la salud y la seguridad de los trabajadores. No existía un Departamento de Prevención de Riesgos de las empresas, que pudiere asumir un rol de implementar normas de seguridad mínimas. En definitiva, de parte de su empleador no existía la más mínima preocupación por el cumplimiento de las normas laborales sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores que laboraban en la obra o faena. Cita las normas de derecho aplicables al caso (5° de la ley Nº 16.744, 184 del Código del Trabajo) y señala que la demandada incurrió en el incumplimiento de las siguientes obligaciones que le impone la relación contractual. Esta última fue infringida pues no se adoptaron las medidas para proteger eficazmente la seguridad y vida de los trabajadores. Se vulneraron también los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744, y el Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales, cuyo texto fue aprobado por decreto supremo N° 40 del año 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además de las prescripciones específicas, para la ejecución de las funciones del trabajador, normas que no fueron respetadas en su mínima observancia, ya que si el accidente de trabajo se produjo, fue por que las medidas de seguridad “nunca existieron” o por que las que se adoptaron “fueron insuficientes o ineficaces” (comillas en el original).

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-52-2010 Cita online: CL/JUR/16211/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-52-2010 Cita online: CL/JUR/16211/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, nueve de junio de dos mil diez. I. ANTECEDENTES: María Angélica Rojas Toledo, chilena, divorciada, cesante, domiciliada en Platón N° 5194, comuna de Pedro Aguirre Cerda, interpone demanda por indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en juicio de aplicación general en lo laboral, en contra de mi ex empleadora principal la sociedad Ibáñez Servicios Limitada, representada por don Orlando Ibáñez Ankelen, domiciliados en Concha y Toro N° 30, Santiago, y en contra de la responsable solidaria o subsidiaria la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, representada por su decano, don Francisco Brieva Rodríguez, ambos con domicilio en Beauchef N° 850, Santiago. Señala que comenzó a trabajar para la demandada principal con fecha 17 de abril de 2009, hasta el 30 de noviembre de 2009, como operaría de aseo, en las instalaciones de la demandada solidaria o subsidiaria, esto es, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ubicada en calle Beauchef N° 850, comuna de Santiago. El término de la relación laboral se produjo por conclusión del trabajo o servicio firmando finiquito con pago de feriado proporcional, con fecha 7 de diciembre de 2009, a su conformidad. Con todo, en el desempeño de mis funciones laborales, con fecha 2 de junio de 2009, aproximadamente a las 22:00, producto del desnivel del piso del patio de la facultad, se cayó al piso fracturándose la muñeca de la mano izquierda, provocándosele incapacidad permanente laboral, ya que no puede desempeñar las funciones normales con esa mano. La empresa no le otorgó ningún medio de protección, para prevenir este tipo de accidentes, especialmente atendida la circunstancia. Señala que el accidente le ha ocasionado un perjuicio que debe ser reparado, el que se produjo únicamente por la negligencia en la prevención de los riesgos, la no entrega de implementos de seguridad y capacitación en riesgos, lo que ha provocado en su persona, la incapacidad de la mano izquierda. Además, no existía en la Faena un Prevencionista de Riesgos, que tuviera la facultad de paralizar la obra si existían condiciones Inseguras para los trabajadores. En una faena como esa, en que se trabaja en horarios nocturnos, con poca visibilidad, lo que representaba un alto riesgo para su salud, por lo que era fundamental tener un Prevencionista de Riesgos que resguardara de manera detallada el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Tampoco existía en dicha faena la acción directa de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que pudiese asumir el rol que le otorga la ley, en cuanto a establecer los procedimientos destinados a resguardar la salud y la seguridad de los trabajadores. No existía un Departamento de Prevención de Riesgos de las empresas, que pudiere asumir un rol de implementar normas de seguridad mínimas. En definitiva, de parte de su empleador no existía la más mínima preocupación por el cumplimiento de las normas laborales sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores que laboraban en la obra o faena. Cita las normas de derecho aplicables al caso (5° de la ley Nº 16.744, 184 del Código del Trabajo) y señala que la demandada incurrió en el incumplimiento de las siguientes obligaciones que le impone la relación contractual. Esta última fue infringida pues no se adoptaron las medidas para proteger eficazmente la seguridad y vida de los trabajadores. Se vulneraron también los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744, y el Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales, cuyo texto fue aprobado por decreto supremo N° 40 del año 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además de las prescripciones específicas, para la ejecución de las funciones del trabajador, normas que no fueron respetadas en su mínima observancia, ya que si el accidente de trabajo se produjo, fue por que las medidas de seguridad “nunca existieron” o por que las que se adoptaron “fueron insuficientes o ineficaces” (comillas en el original).

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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El artículo 69 de la ley Nº 16.774 presume que existe negligencia cuando se infringen las medidas de seguridad. El artículo 420 del Código del Trabajo establece las materias de competencia de los juzgados del trabajo y en su letra f) dice que son de su competencia los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo. El artículo 425 y siguientes del Código del Trabajo establece el procedimiento aplicable. Las Infracciones a normas laborales y de seguridad social específicas cometidas por la demandada han sido las referidas a los artículos citados. Señala que los preceptos de la ley N° 16.744 apuntan a que las empresas se logre una “conciencia de seguridad” por la importancia que ella tiene para los diversos sectores, los trabajadores, sus familias, las propias empresas y la comunidad, siempre interesada por diversos recursos humanos. Las infracciones en que incurrió el empleador en este caso, dan origen a la responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado a mi persona por su incumplimiento. Las normas que regulan estas materias son las contenidas en los artículos 1556, 1557, y 1558 del Código Civil, y las del artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En lo que se refiere al daño moral, la doctrina ha señalado que puede definirse como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. De ahí que la indemnización del daño moral se identifique en general con la expresión latina “pretium doloris” o “precio del dolor”. Como el concepto de daño moral no sólo se refiere a aquel ocasionado en la sensibilidad física del individuo, sino que también incluye otras manifestaciones de esta especie de daño como los perjuicios estéticos o la alteración de las condiciones de vida, la jurisprudencia ha terminado por definir el daño moral como aquel que lesiona un derecho extrapatrimonial de la víctima.. Se puede definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, de esta forma es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales y no sólo el “pretium doloris”. Atendido lo anterior, resulta más fácil definir el daño moral en términos negativos, como todo menoscabo no susceptible de avaluación pecuniaria, esto es, como sinónimo de daño no patrimonial. Se refiere a los alcances del concepto. Por concepto de daño emergente demanda el pago de $ 1.000.000, por concepto de medicinas, movilización y otros gastos médicos que he debido asumir durante todo este tiempo, producto del accidente. Por concepto de lucro cesante, a la fecha de interposición de la demanda asciende al menos a $ 1.000.0000 (período de tiempo en que no ha podido trabajar y que por la tanto no he percibido remuneración alguna, desde su despido). El aumento del lucro cesante será directamente proporcional al tiempo que dure su incapacidad y que deberá determinarse al momento de dictarse sentencia. Por concepto de daño moral, lo estima en un monto no inferior a los $ 20.000.000, dado el sufrimiento físico y moral que me provocó el grave accidente sufrido y la actitud negligente, despreocupada e inhumana de la demandada, además de las secuelas físicas permanentes en mi mano izquierda, con las que deberé vivir el resto de mi vida. Este extremo agrega debe considerar también, las secuelas psicológicas que el accidente me ha acarreado ya que de un momento otro mi vida cambió bruscamente, sufrimiento ocasionado por el accidente del trabajo descrito, se enmarca claramente dentro del concepto de daño moral elaborado por la doctrina, al que nos referimos anteriormente. Todo con reajustes e intereses hasta la fecha de pago. Pide que se condene a la demandada a las sumas señaladas y como responsable solidaria o subsidiaría a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con expresa condenación en costas. Contesta la demandada Ibáñez Servicios Limitada pidiendo el rechazo de la demanda, señalado la falsedad de lo aseverado y la tergiversación de los hechos, pues el accidente no se produjo de la forma en que se señala por la demandante ni como consecuencia de una caída derivada de un desnivel en el piso.

El artículo 69 de la ley Nº 16.774 presume que existe negligencia cuando se infringen las medidas de seguridad. El artículo 420 del Código del Trabajo establece las materias de competencia de los juzgados del trabajo y en su letra f) dice que son de su competencia los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo. El artículo 425 y siguientes del Código del Trabajo establece el procedimiento aplicable. Las Infracciones a normas laborales y de seguridad social específicas cometidas por la demandada han sido las referidas a los artículos citados. Señala que los preceptos de la ley N° 16.744 apuntan a que las empresas se logre una “conciencia de seguridad” por la importancia que ella tiene para los diversos sectores, los trabajadores, sus familias, las propias empresas y la comunidad, siempre interesada por diversos recursos humanos. Las infracciones en que incurrió el empleador en este caso, dan origen a la responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa levísima, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado a mi persona por su incumplimiento. Las normas que regulan estas materias son las contenidas en los artículos 1556, 1557, y 1558 del Código Civil, y las del artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. En lo que se refiere al daño moral, la doctrina ha señalado que puede definirse como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. De ahí que la indemnización del daño moral se identifique en general con la expresión latina “pretium doloris” o “precio del dolor”. Como el concepto de daño moral no sólo se refiere a aquel ocasionado en la sensibilidad física del individuo, sino que también incluye otras manifestaciones de esta especie de daño como los perjuicios estéticos o la alteración de las condiciones de vida, la jurisprudencia ha terminado por definir el daño moral como aquel que lesiona un derecho extrapatrimonial de la víctima.. Se puede definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, de esta forma es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales y no sólo el “pretium doloris”. Atendido lo anterior, resulta más fácil definir el daño moral en términos negativos, como todo menoscabo no susceptible de avaluación pecuniaria, esto es, como sinónimo de daño no patrimonial. Se refiere a los alcances del concepto. Por concepto de daño emergente demanda el pago de $ 1.000.000, por concepto de medicinas, movilización y otros gastos médicos que he debido asumir durante todo este tiempo, producto del accidente. Por concepto de lucro cesante, a la fecha de interposición de la demanda asciende al menos a $ 1.000.0000 (período de tiempo en que no ha podido trabajar y que por la tanto no he percibido remuneración alguna, desde su despido). El aumento del lucro cesante será directamente proporcional al tiempo que dure su incapacidad y que deberá determinarse al momento de dictarse sentencia. Por concepto de daño moral, lo estima en un monto no inferior a los $ 20.000.000, dado el sufrimiento físico y moral que me provocó el grave accidente sufrido y la actitud negligente, despreocupada e inhumana de la demandada, además de las secuelas físicas permanentes en mi mano izquierda, con las que deberé vivir el resto de mi vida. Este extremo agrega debe considerar también, las secuelas psicológicas que el accidente me ha acarreado ya que de un momento otro mi vida cambió bruscamente, sufrimiento ocasionado por el accidente del trabajo descrito, se enmarca claramente dentro del concepto de daño moral elaborado por la doctrina, al que nos referimos anteriormente. Todo con reajustes e intereses hasta la fecha de pago. Pide que se condene a la demandada a las sumas señaladas y como responsable solidaria o subsidiaría a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con expresa condenación en costas. Contesta la demandada Ibáñez Servicios Limitada pidiendo el rechazo de la demanda, señalado la falsedad de lo aseverado y la tergiversación de los hechos, pues el accidente no se produjo de la forma en que se señala por la demandante ni como consecuencia de una caída derivada de un desnivel en el piso. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

El accidente se produjo como consecuencia de la acción de la trabajadora quien, a pesar de haberse encontrado debidamente informada de los riesgos que de ello se deriva, se encontraba de pie al costado de una cadena sujeta entre dos pilares, y destinada a evitar el paso de vehículos. Entonces, agrega, nos encontramos con el hecho de que la trabajadora se encontraba en un lugar no destinado, natural y lógicamente, al desplazamiento o tránsito de personas. Entre las circunstancias deliberadamente ocultadas o no expresadas, cabe destacar que si bien el accidente se produjo cerca de las 22:00 horas del día 02 de junio pasado, la trabajadora demandante iniciaba su jornada laboral a las 14:30 horas, esto es con suficiente luz natural, de modo que la totalidad del entorno y del lugar del accidente era absolutamente conocido en detalle por ella. Además, de la sola lectura de su contrato de trabajo, se advierte que la demandante desde el día 17 de abril del año anterior se encontraba prestando servicios en el mismo lugar, lo que denota que tenía perfecto y cabal conocimiento del lugar. El accidente se produjo en momento en que al responder al llamado de un tercero, se tropezó con la indicada cadena, a consecuencia de lo cual se producen las lesiones en su brazo. En consecuencia, sostiene, son falsas las circunstancias narradas por la actora en lo que dice relación a la forma en que se produjo el accidente que originan su demanda, toda vez que el accidente que ella sufrió no fue originado por imperfecciones del terreno en el que ella se desempeñaba, sino que como consecuencia de su propia actitud temeraria y descuidada en términos que se encontraba en una zona no destinada al tránsito peatonal e inmediatamente al costado de una cadena destinada a evitar el paso de vehículos, frente a lo cual a esa parte no se le puede imputar ningún tipo de responsabilidad, más aún si a diferencia de lo narrado por la contraria, esa parte adoptó todas y cada una de las medidas de seguridad previsibles y además exigidas por la ley. Entre estas medidas desataca las directrices de seguridad periódicas efectuadas de un prevencionista de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad. Además cuenta con los servicios adicionales de un prevencionista de riesgo particular, don José Torrejón Rebolledo, ingeniero en prevención de riesgos y medioambiente, quien por intermedio de otros prevencionistas profesionales que trabajan junto a él se encargan de visitar todas y cada una de las instalaciones en las que mi representada presta servicios de aseo, impartiendo las directrices que el caso requieren. Cuenta además con un Comité paritario de higiene y seguridad, el que se constituyó con fecha 30 de diciembre de 2008 y que funciona regularmente, lo cual ha sido debidamente informado a la Dirección del Trabajo. También cuenta con un Reglamento interno de higiene y seguridad debidamente registrados en la Secretaría Ministerial de Salud y en la Dirección del Trabajo, el que como consta del contrato de trabajo de la demandante fue recibido por la demandante. Agrega que la demandante, recibió la correspondiente charla de inducción en la que fue informada de palabra y por escrito de los riesgos que la actividad para la que fue contratada traen aparejados, lo que se acreditará oportunamente. En lo tocante al Comité Paritario y del Prevencionista de riesgos particular de la empresa, éstos realizaron la investigación pertinente del accidente, lo que demuestra que estaban en pleno funcionamiento al momento del accidente. Sobre el particular además, la trabajadora realizaba labores de aseadora, lo que comprende el barrido de pisos, limpieza de vidrios y aseo en general, vale decir no se trata de una actividad que por su naturaleza deba o pueda ser considerada como riesgosa o propensa a provocar accidentes. En definitiva, estima, en este caso no es posible perseguir la responsabilidad de su representada en el accidente sufrido por la trabajadora, por cuanto esta parte no lo ocasionó, ni tampoco generó las condiciones para que este se produjera y, por el contrario, adoptó las medidas racionales y exigidas por la ley para evitarlos. No incumplida la obligación de seguridad, no es responsable de la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos. Sobre el daño emergente demandado, además de no detallarse los gastos alegados, señala que toda la atención de salud de la trabajadora fue otorgada por la Asociación Chilena de Seguridad, sin cargo para la trabajadora, organismo que además le otorgó, sin cargo para la demandante todos los medicamentos.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

El accidente se produjo como consecuencia de la acción de la trabajadora quien, a pesar de haberse encontrado debidamente informada de los riesgos que de ello se deriva, se encontraba de pie al costado de una cadena sujeta entre dos pilares, y destinada a evitar el paso de vehículos. Entonces, agrega, nos encontramos con el hecho de que la trabajadora se encontraba en un lugar no destinado, natural y lógicamente, al desplazamiento o tránsito de personas. Entre las circunstancias deliberadamente ocultadas o no expresadas, cabe destacar que si bien el accidente se produjo cerca de las 22:00 horas del día 02 de junio pasado, la trabajadora demandante iniciaba su jornada laboral a las 14:30 horas, esto es con suficiente luz natural, de modo que la totalidad del entorno y del lugar del accidente era absolutamente conocido en detalle por ella. Además, de la sola lectura de su contrato de trabajo, se advierte que la demandante desde el día 17 de abril del año anterior se encontraba prestando servicios en el mismo lugar, lo que denota que tenía perfecto y cabal conocimiento del lugar. El accidente se produjo en momento en que al responder al llamado de un tercero, se tropezó con la indicada cadena, a consecuencia de lo cual se producen las lesiones en su brazo. En consecuencia, sostiene, son falsas las circunstancias narradas por la actora en lo que dice relación a la forma en que se produjo el accidente que originan su demanda, toda vez que el accidente que ella sufrió no fue originado por imperfecciones del terreno en el que ella se desempeñaba, sino que como consecuencia de su propia actitud temeraria y descuidada en términos que se encontraba en una zona no destinada al tránsito peatonal e inmediatamente al costado de una cadena destinada a evitar el paso de vehículos, frente a lo cual a esa parte no se le puede imputar ningún tipo de responsabilidad, más aún si a diferencia de lo narrado por la contraria, esa parte adoptó todas y cada una de las medidas de seguridad previsibles y además exigidas por la ley. Entre estas medidas desataca las directrices de seguridad periódicas efectuadas de un prevencionista de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad. Además cuenta con los servicios adicionales de un prevencionista de riesgo particular, don José Torrejón Rebolledo, ingeniero en prevención de riesgos y medioambiente, quien por intermedio de otros prevencionistas profesionales que trabajan junto a él se encargan de visitar todas y cada una de las instalaciones en las que mi representada presta servicios de aseo, impartiendo las directrices que el caso requieren. Cuenta además con un Comité paritario de higiene y seguridad, el que se constituyó con fecha 30 de diciembre de 2008 y que funciona regularmente, lo cual ha sido debidamente informado a la Dirección del Trabajo. También cuenta con un Reglamento interno de higiene y seguridad debidamente registrados en la Secretaría Ministerial de Salud y en la Dirección del Trabajo, el que como consta del contrato de trabajo de la demandante fue recibido por la demandante. Agrega que la demandante, recibió la correspondiente charla de inducción en la que fue informada de palabra y por escrito de los riesgos que la actividad para la que fue contratada traen aparejados, lo que se acreditará oportunamente. En lo tocante al Comité Paritario y del Prevencionista de riesgos particular de la empresa, éstos realizaron la investigación pertinente del accidente, lo que demuestra que estaban en pleno funcionamiento al momento del accidente. Sobre el particular además, la trabajadora realizaba labores de aseadora, lo que comprende el barrido de pisos, limpieza de vidrios y aseo en general, vale decir no se trata de una actividad que por su naturaleza deba o pueda ser considerada como riesgosa o propensa a provocar accidentes. En definitiva, estima, en este caso no es posible perseguir la responsabilidad de su representada en el accidente sufrido por la trabajadora, por cuanto esta parte no lo ocasionó, ni tampoco generó las condiciones para que este se produjera y, por el contrario, adoptó las medidas racionales y exigidas por la ley para evitarlos. No incumplida la obligación de seguridad, no es responsable de la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos. Sobre el daño emergente demandado, además de no detallarse los gastos alegados, señala que toda la atención de salud de la trabajadora fue otorgada por la Asociación Chilena de Seguridad, sin cargo para la trabajadora, organismo que además le otorgó, sin cargo para la demandante todos los medicamentos.

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Sobre el lucro cesante, expone que la legislación obliga a indemnizar el daño real y efectivo y no el eventual. En la especie, la demandante solicita se le indemnice la remuneración que habría recibido en el evento de haber estado trabajando, lo que constituye una eventualidad, es decir un hecho incierto y por tanto no indemnizable. En cuanto al daño moral, reitera que el accidente no es de responsabilidad de su representada, que la indemnización de perjuicios no es fuente de lucro, por lo que pide el rechazo, con costas de la acción. La demandada Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile contesta señalando que doña María Angélica Rojas Toledo, fue trabajadores de la empresa Ibáñez Servicios Limitada, en el marco del contrato de prestación de servicios celebrado entre la citada empresa y la Universidad de Chile (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas). Se desempeñó en calidad de operaría de aseo en dependencias de la referida Facultad ubicada en calle Beaucheff N° 850, de la comuna de Santiago. El contrato celebrado entre la demandante y la empresa Ibáñez Servicios Limitada es de fecha 17 de abril de 2009 y tuvo vigencia hasta el día 30 de noviembre de 2009, fecha en que se puso término conforme al numeral 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es por la “conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato”. Conforme a los antecedentes que obran en su poder, el día 2 de junio de 2009, aproximadamente a las 22:00 horas, la demandante doña María Rojas Toledo, en circunstancias que se encontraba efectuando labores de aseo en dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en calle Beaucheff N°850, se dirigió al estacionamiento de descarga de dichas dependencias con el objeto de sacudir un “dasler” en la sala de basura. A su regreso, se dispuso a cruzar por el lugar en que se encuentra una cadena amarilla que impide a los vehículos ingresar al patio del Campus y que, por ende, no es un sitio de tránsito de los peatones. Justo en ese momento, y encontrándose con una compañera de labores, procede a mirarla y dirige la palabra, distrayéndose y enredándose en la cadena, provocando su caída una lesión de su mano izquierda, siendo trasladada de manera inmediata al Hospital del Trabajador. Indica que resulta del todo contradictorio lo expuesto por la demandante en su demanda con los antecedentes que obran en su poder, respecto a la forma en que habría ocurrido el accidente. Lo expuesto precedentemente resulta fundamental para determinar la causa basal del accidente y, por ende, desvirtuar cualquiera responsabilidad de la empresa Ibáñez Servicios Limitada o de la Universidad de Chile. Agrega que el accidente tiene como causa única un acto voluntario de la demandante, quien de manera temeraria y descuidada ha transitado por un lugar no apto para el tránsito de peatones. De igual modo, es necesario hacer presente que, tanto la empresa principal como la empresa contratista arbitraron debidamente las medidas de seguridad pertinentes y han actuado con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, en lo que ella respecta, de acuerdo con la norma de los artículos 183 E y 184 del Código del Trabajo, los que reproduce. Sostiene categóricamente que la responsabilidad solidaria y subsidiaria que, afecta a la empresa principal respecto de las obligaciones laborales y previsionales de dar (conforme, respectivamente, a los artículos 183 B y 183C, y 183 D del Código del Trabajo, introducidos por la ley N°20.123), no comprende el pago de indemnizaciones de perjuicios a que sea condenada la empresa contratista por su propia infracción a la obligación de seguridad. Por lo demás, así lo ha sostenido la propia Dirección del Trabajo en dictamen N° 141/05, de 10 de enero de 2007, y de la historia fidedigna de la ley, reflejada en el Veto Presidencial del cual fue objeto el artículo 183 B. Lo anterior, constituye fundamento suficiente para rechazar la demanda dirigida en contra de la Universidad de Chile. En lo que dice relación con la naturaleza de la responsabilidad que le asiste a la empresa principal en caso que incumpla ya sea dolosa o negligentemente la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, y siendo aquel incumplimiento la causa del accidente del trabajo que ocasione perjuicios al trabajador de un contratista que demande indemnización de perjuicios, es necesario precisar lo siguiente: no existiendo

Sobre el lucro cesante, expone que la legislación obliga a indemnizar el daño real y efectivo y no el eventual. En la especie, la demandante solicita se le indemnice la remuneración que habría recibido en el evento de haber estado trabajando, lo que constituye una eventualidad, es decir un hecho incierto y por tanto no indemnizable. En cuanto al daño moral, reitera que el accidente no es de responsabilidad de su representada, que la indemnización de perjuicios no es fuente de lucro, por lo que pide el rechazo, con costas de la acción. La demandada Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile contesta señalando que doña María Angélica Rojas Toledo, fue trabajadores de la empresa Ibáñez Servicios Limitada, en el marco del contrato de prestación de servicios celebrado entre la citada empresa y la Universidad de Chile (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas). Se desempeñó en calidad de operaría de aseo en dependencias de la referida Facultad ubicada en calle Beaucheff N° 850, de la comuna de Santiago. El contrato celebrado entre la demandante y la empresa Ibáñez Servicios Limitada es de fecha 17 de abril de 2009 y tuvo vigencia hasta el día 30 de noviembre de 2009, fecha en que se puso término conforme al numeral 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es por la “conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato”. Conforme a los antecedentes que obran en su poder, el día 2 de junio de 2009, aproximadamente a las 22:00 horas, la demandante doña María Rojas Toledo, en circunstancias que se encontraba efectuando labores de aseo en dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en calle Beaucheff N°850, se dirigió al estacionamiento de descarga de dichas dependencias con el objeto de sacudir un “dasler” en la sala de basura. A su regreso, se dispuso a cruzar por el lugar en que se encuentra una cadena amarilla que impide a los vehículos ingresar al patio del Campus y que, por ende, no es un sitio de tránsito de los peatones. Justo en ese momento, y encontrándose con una compañera de labores, procede a mirarla y dirige la palabra, distrayéndose y enredándose en la cadena, provocando su caída una lesión de su mano izquierda, siendo trasladada de manera inmediata al Hospital del Trabajador. Indica que resulta del todo contradictorio lo expuesto por la demandante en su demanda con los antecedentes que obran en su poder, respecto a la forma en que habría ocurrido el accidente. Lo expuesto precedentemente resulta fundamental para determinar la causa basal del accidente y, por ende, desvirtuar cualquiera responsabilidad de la empresa Ibáñez Servicios Limitada o de la Universidad de Chile. Agrega que el accidente tiene como causa única un acto voluntario de la demandante, quien de manera temeraria y descuidada ha transitado por un lugar no apto para el tránsito de peatones. De igual modo, es necesario hacer presente que, tanto la empresa principal como la empresa contratista arbitraron debidamente las medidas de seguridad pertinentes y han actuado con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, en lo que ella respecta, de acuerdo con la norma de los artículos 183 E y 184 del Código del Trabajo, los que reproduce. Sostiene categóricamente que la responsabilidad solidaria y subsidiaria que, afecta a la empresa principal respecto de las obligaciones laborales y previsionales de dar (conforme, respectivamente, a los artículos 183 B y 183C, y 183 D del Código del Trabajo, introducidos por la ley N°20.123), no comprende el pago de indemnizaciones de perjuicios a que sea condenada la empresa contratista por su propia infracción a la obligación de seguridad. Por lo demás, así lo ha sostenido la propia Dirección del Trabajo en dictamen N° 141/05, de 10 de enero de 2007, y de la historia fidedigna de la ley, reflejada en el Veto Presidencial del cual fue objeto el artículo 183 B. Lo anterior, constituye fundamento suficiente para rechazar la demanda dirigida en contra de la Universidad de Chile. En lo que dice relación con la naturaleza de la responsabilidad que le asiste a la empresa principal en caso que incumpla ya sea dolosa o negligentemente la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, y siendo aquel incumplimiento la causa del accidente del trabajo que ocasione perjuicios al trabajador de un contratista que demande indemnización de perjuicios, es necesario precisar lo siguiente: no existiendo ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

vinculación contractual directa entre la empresa principal y los trabajadores de la empresa contratista, la responsabilidad civil subsiguiente es de naturaleza extracontractual, y por consiguiente, del todo diverso a los fundamentos esgrimidos por la demandante al momento de sustentar la demanda, al menos, respecto de la empresa principal. Señala poseer múltiples antecedentes que ponen de manifiesto que se adoptaron las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y que se mantenían las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la obra, así como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Así las cosas, y contrario a lo sostenido por la demandante, la empresa contratista contaba con la asesoría de una empresa de prevención de riesgo, con un reglamento interno, con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. En el mismo sentido, consta la participación de la demandante en charla de inducción de fecha 17 de abril de 2009. Asimismo, consta que ocurrido el accidente, la demandante fue trasladada de manera inmediata al Hospital del Trabajador recibiendo las prestaciones médicas necesarias. Solicita el rechazo de la demanda, con costas. Se llevaron a efecto las audiencias de los artículos 453 y 454 del Código del Trabajo. II. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO: HECHOS NO DISCUTIDOS. 1. No ha habido controversia en que la demandante prestaba servicios como aseadora para la empresa demandada Ibáñez Servicios Limitada y que el trabajo se ejecutaba en régimen de subcontratación, en dependencias de la demandada Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (en adelante, La facultad de Ciencias). Tampoco se discute que en el desempeño de su jornada de trabajo del día 2 de junio de 2009, a eso de las 22.00 horas la demandante sufrió una caída en dependencias exteriores de la Facultad y que producto de esa caída básicamente sufrió una fractura en la muñeca de la mano izquierda, que le significó hospitalización, intervención quirúrgica y tratamiento médico recuperativo. No hay controversia tampoco que los servicios concluyeron por aplicación de la causal del artículo 159, número 5 del Código del Trabajo, con fecha 7 de diciembre de 2009. FORMA EN QUE OCURRE EL ACCIDENTE DEL TRABAJO 2. Aunque. Como ya se ha dicho, no hay divergencia en la existencia del accidente, las partes discrepan esencialmente sobre cómo se produjo. Básicamente la demandante postula que el hecho se produce por un desnivel en el piso del patio de la Facultad que origina la caída. Ambas demandadas sostienen que la demandante cayo porque pasó por sobre una cadena ubicada en el patio que separa la zona de estacionamientos y una zona no habilitada para vehículos, lugar no habilitado para el tránsito de peatones, que la demandante conocía. 3. Como cuestión fáctica primera es preciso determinar cómo ocurre el accidente. La información se extrae principalmente de la prueba testifical pudiendo concluirse tempranamente que la caída ocurre por una conducta repetidamente ejecutada por las aseadoras, cuando concurrían a botar basura a una caseta destinada a tal efecto, cual es pasar por sobre una cadena sostenida entre dos pilares, a unos centímetros del suelo, ubicada en ese sector para separar la zona de vehículos con una zona prohibida para ellos. Así se desprende de las declaraciones de los testigos de ambas partes. Betty Rojas Toledo (hermana de la demandante y quien labora en el mismo turno), Alejandra Barría Barría (trabaja para la demandada en las mismas funciones entre abril y diciembre de 2009 y es presentada como testigo por ambas partes) están de acuerdo en la existencia de la cadena pintada de amarillo, en un relato concordante con el del representante legal de Ibáñez Servicios Limitada (Orlando Ibáñez Ankelen). En el mismo sentido declaran los testigos de la empleadora, Guillermina Rivas Durán (supervisora de la demandante a la fecha del accidente), Maritza Pérez Daza y Pablo Vargas Aroca (prevencionistas de riesgos de una y otra demandada). 4. En este punto es necesario señalar que no inadvierte el juzgador la incongruencia existente en el relato contenido en la demandada, y los hechos que finalmente se demuestran, compatibles en este extremo (el de con qué se causa la caída) con el relato de las demandadas. La referencia críptica o equí-

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vinculación contractual directa entre la empresa principal y los trabajadores de la empresa contratista, la responsabilidad civil subsiguiente es de naturaleza extracontractual, y por consiguiente, del todo diverso a los fundamentos esgrimidos por la demandante al momento de sustentar la demanda, al menos, respecto de la empresa principal. Señala poseer múltiples antecedentes que ponen de manifiesto que se adoptaron las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, y que se mantenían las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la obra, así como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Así las cosas, y contrario a lo sostenido por la demandante, la empresa contratista contaba con la asesoría de una empresa de prevención de riesgo, con un reglamento interno, con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. En el mismo sentido, consta la participación de la demandante en charla de inducción de fecha 17 de abril de 2009. Asimismo, consta que ocurrido el accidente, la demandante fue trasladada de manera inmediata al Hospital del Trabajador recibiendo las prestaciones médicas necesarias. Solicita el rechazo de la demanda, con costas. Se llevaron a efecto las audiencias de los artículos 453 y 454 del Código del Trabajo. II. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO: HECHOS NO DISCUTIDOS. 1. No ha habido controversia en que la demandante prestaba servicios como aseadora para la empresa demandada Ibáñez Servicios Limitada y que el trabajo se ejecutaba en régimen de subcontratación, en dependencias de la demandada Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (en adelante, La facultad de Ciencias). Tampoco se discute que en el desempeño de su jornada de trabajo del día 2 de junio de 2009, a eso de las 22.00 horas la demandante sufrió una caída en dependencias exteriores de la Facultad y que producto de esa caída básicamente sufrió una fractura en la muñeca de la mano izquierda, que le significó hospitalización, intervención quirúrgica y tratamiento médico recuperativo. No hay controversia tampoco que los servicios concluyeron por aplicación de la causal del artículo 159, número 5 del Código del Trabajo, con fecha 7 de diciembre de 2009. FORMA EN QUE OCURRE EL ACCIDENTE DEL TRABAJO 2. Aunque. Como ya se ha dicho, no hay divergencia en la existencia del accidente, las partes discrepan esencialmente sobre cómo se produjo. Básicamente la demandante postula que el hecho se produce por un desnivel en el piso del patio de la Facultad que origina la caída. Ambas demandadas sostienen que la demandante cayo porque pasó por sobre una cadena ubicada en el patio que separa la zona de estacionamientos y una zona no habilitada para vehículos, lugar no habilitado para el tránsito de peatones, que la demandante conocía. 3. Como cuestión fáctica primera es preciso determinar cómo ocurre el accidente. La información se extrae principalmente de la prueba testifical pudiendo concluirse tempranamente que la caída ocurre por una conducta repetidamente ejecutada por las aseadoras, cuando concurrían a botar basura a una caseta destinada a tal efecto, cual es pasar por sobre una cadena sostenida entre dos pilares, a unos centímetros del suelo, ubicada en ese sector para separar la zona de vehículos con una zona prohibida para ellos. Así se desprende de las declaraciones de los testigos de ambas partes. Betty Rojas Toledo (hermana de la demandante y quien labora en el mismo turno), Alejandra Barría Barría (trabaja para la demandada en las mismas funciones entre abril y diciembre de 2009 y es presentada como testigo por ambas partes) están de acuerdo en la existencia de la cadena pintada de amarillo, en un relato concordante con el del representante legal de Ibáñez Servicios Limitada (Orlando Ibáñez Ankelen). En el mismo sentido declaran los testigos de la empleadora, Guillermina Rivas Durán (supervisora de la demandante a la fecha del accidente), Maritza Pérez Daza y Pablo Vargas Aroca (prevencionistas de riesgos de una y otra demandada). 4. En este punto es necesario señalar que no inadvierte el juzgador la incongruencia existente en el relato contenido en la demandada, y los hechos que finalmente se demuestran, compatibles en este extremo (el de con qué se causa la caída) con el relato de las demandadas. La referencia críptica o equí-

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voca a un desnivel en el suelo como causa directa de la caída no ha podido desconocerse al plantearse la acción. Con todo la consecuencia jurídica de tal incongruencia en el relato no acarrea como sanción la desestimación de la pretensión, desde que ésta se sostiene esencialmente en la existencia de un hecho dañoso originado en un incumplimiento contractual de su empleadora y legal de la empresa principal. Por ello, establecido que el hecho en su esencia se ajusta al relato de las demandadas, el mismo debe ser analizado en el contexto de los alegatos de éstas y a la luz del rol de garante de la vida y seguridad de los trabajadores que le asigna el contrato y la ley a las demandadas (existencia de medidas de seguridad suficientes/responsabilidad de la trabajadora como causa del hecho que le causa daño). 5. Cabe volver a la prueba para desentrañar circunstancias esenciales relativas al accidente. Puede sostenerse, de acuerdo al mérito de la prueba que se pondera, que: a) El accidente ocurre en un lugar de poca a casi ninguna iluminación. Sobre este punto la confesión de Ibáñez Ankelen es suficiente: se trata de un lugar no iluminado, dice. Lo mismo afirma la testigo Barría Barría, entre otras y, la medida sugerida en los informes acerca del accidente (Prevencionista y Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario), postulan la necesidad de iluminar el sector (sin perjuicio de lo que se dice más adelante respecto de la rigurosidad y valía probatoria de estos informes). En este aspecto, el tribunal, considerando el reconocimiento expreso del hecho por parte del absolvente Ibáñez y de la coincidencia de los testigos, descarta la sui generi apreciación del testigo Vargas Aroca (prevencionista de riesgos de la demandada Facultad de Física) quien señala que la visibilidad del lugar es subjetiva. No se veía claramente la cadena pero uno sabía que estaba ahí, señala la testigo de la demandada Guillermina Rivas. El informe técnico de la Asociación chilena de Seguridad se refiere también a este hecho al señalar la falta de iluminación en sector donde el personal de aseo acude a limpiar dispositivos de limpieza. b) No hay señalización que signifique a la cadena como un factor de peligro. Sobre este punto, basta la confesión de Ibáñez Ankelen: no hay señalización, la señalización la constituye la cadena misma. Resulta compatible con lo señalado por el testigo Vargas Aroca quien reconoce que la cadena era una condición insegura, que por eso mandó a pintarla, creyendo que era una medida suficiente. Los restantes testigos no contravienen lo antedicho en cuanto a la ausencia de señalización. c) la conducta desarrollada por la actora se ha ejecutado previamente por ella y otras trabajadoras sin que se hubiere demostrado la existencia de control, represión o neutralización del riesgo. Este punto es confirmado por la totalidad de las testigos de la parte demandante y no hay prueba ninguna relativa a la existencia de instrucciones específicas respecto de esta condición de riesgo, ni de la represión de la conducta (mediante las potestades punitivas que el reglamento interno y la ley habilitan). Alejandra Barría señala que todas hemos tropezado ahí, denotando que se trata de una conducta riesgosa en relación a una condición insegura no detectada por la empleadora, y por lo mismo sin que se interviniera esta condición de riesgo. La medida señalada por el prevencionista de la facultad (pintarla amarilla) es claramente insuficiente para neutralizar el riesgo creado, especialmente en las condiciones de obscuridad con que se transita en la noche. La misma testigo interrogada por su ex empleadora reconoce que había un lugar para tránsito de peatones, pero que estaba más oscuro. La testigo Rojas Toledo señala que dadas las condiciones del lugar, era el más cómodo, el más ancho (para pasar). Y la testigo Guillermina Rivas, presidenta del Comité Paritario reconoce que pasaban [las aseadoras] por el lugar por pasar; se tropezaban y que nunca amonestaron. d) A los costados de la cadena existía una zona para tránsito peatonal, pero ésta es estrecha para transitar con bolsas de basura, por lo que las aseadoras habitualmente sortean la cadena para llegar a la caseta de depósito de basura. La misma testigo Rivas reconoce que al lado de la cadena había un espacio por donde posiblemente se podía pasar, pero por su ancho, se podía pasar sola, sin bolsas. Añade que del otro lado había un jardín.

voca a un desnivel en el suelo como causa directa de la caída no ha podido desconocerse al plantearse la acción. Con todo la consecuencia jurídica de tal incongruencia en el relato no acarrea como sanción la desestimación de la pretensión, desde que ésta se sostiene esencialmente en la existencia de un hecho dañoso originado en un incumplimiento contractual de su empleadora y legal de la empresa principal. Por ello, establecido que el hecho en su esencia se ajusta al relato de las demandadas, el mismo debe ser analizado en el contexto de los alegatos de éstas y a la luz del rol de garante de la vida y seguridad de los trabajadores que le asigna el contrato y la ley a las demandadas (existencia de medidas de seguridad suficientes/responsabilidad de la trabajadora como causa del hecho que le causa daño). 5. Cabe volver a la prueba para desentrañar circunstancias esenciales relativas al accidente. Puede sostenerse, de acuerdo al mérito de la prueba que se pondera, que: a) El accidente ocurre en un lugar de poca a casi ninguna iluminación. Sobre este punto la confesión de Ibáñez Ankelen es suficiente: se trata de un lugar no iluminado, dice. Lo mismo afirma la testigo Barría Barría, entre otras y, la medida sugerida en los informes acerca del accidente (Prevencionista y Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario), postulan la necesidad de iluminar el sector (sin perjuicio de lo que se dice más adelante respecto de la rigurosidad y valía probatoria de estos informes). En este aspecto, el tribunal, considerando el reconocimiento expreso del hecho por parte del absolvente Ibáñez y de la coincidencia de los testigos, descarta la sui generi apreciación del testigo Vargas Aroca (prevencionista de riesgos de la demandada Facultad de Física) quien señala que la visibilidad del lugar es subjetiva. No se veía claramente la cadena pero uno sabía que estaba ahí, señala la testigo de la demandada Guillermina Rivas. El informe técnico de la Asociación chilena de Seguridad se refiere también a este hecho al señalar la falta de iluminación en sector donde el personal de aseo acude a limpiar dispositivos de limpieza. b) No hay señalización que signifique a la cadena como un factor de peligro. Sobre este punto, basta la confesión de Ibáñez Ankelen: no hay señalización, la señalización la constituye la cadena misma. Resulta compatible con lo señalado por el testigo Vargas Aroca quien reconoce que la cadena era una condición insegura, que por eso mandó a pintarla, creyendo que era una medida suficiente. Los restantes testigos no contravienen lo antedicho en cuanto a la ausencia de señalización. c) la conducta desarrollada por la actora se ha ejecutado previamente por ella y otras trabajadoras sin que se hubiere demostrado la existencia de control, represión o neutralización del riesgo. Este punto es confirmado por la totalidad de las testigos de la parte demandante y no hay prueba ninguna relativa a la existencia de instrucciones específicas respecto de esta condición de riesgo, ni de la represión de la conducta (mediante las potestades punitivas que el reglamento interno y la ley habilitan). Alejandra Barría señala que todas hemos tropezado ahí, denotando que se trata de una conducta riesgosa en relación a una condición insegura no detectada por la empleadora, y por lo mismo sin que se interviniera esta condición de riesgo. La medida señalada por el prevencionista de la facultad (pintarla amarilla) es claramente insuficiente para neutralizar el riesgo creado, especialmente en las condiciones de obscuridad con que se transita en la noche. La misma testigo interrogada por su ex empleadora reconoce que había un lugar para tránsito de peatones, pero que estaba más oscuro. La testigo Rojas Toledo señala que dadas las condiciones del lugar, era el más cómodo, el más ancho (para pasar). Y la testigo Guillermina Rivas, presidenta del Comité Paritario reconoce que pasaban [las aseadoras] por el lugar por pasar; se tropezaban y que nunca amonestaron. d) A los costados de la cadena existía una zona para tránsito peatonal, pero ésta es estrecha para transitar con bolsas de basura, por lo que las aseadoras habitualmente sortean la cadena para llegar a la caseta de depósito de basura. La misma testigo Rivas reconoce que al lado de la cadena había un espacio por donde posiblemente se podía pasar, pero por su ancho, se podía pasar sola, sin bolsas. Añade que del otro lado había un jardín. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Sobre este punto hay relatos aparentemente contradictorios. En efecto, Vargas Aroca señala que el lugar dispone de un pasillo a cada lado de 1 metro o un metro y medio. Con todo, esta declaración refuerza aquella de la testigo que ejerce la función de aseadora regularmente, quien dimensiona estrecho ese lugar para pasar con bolsas llenas de basura, por lo que el uso de la zona intermedia, sobre la lógica de sortear la cadena resulta plausible si se armonizan ambas versiones. Existía un pasillo a cada lado, pero estrecho para pasar con carga. La costumbre no reprimida por las demandadas, era sortear la cadena cuando se iba con bolsas llenas de basura. En este punto, se ha tenido en consideración también la declaración relativa al lugar de la testigo de la demandada Guillermina Rivas Durán, supervisora de la demandada y Presidenta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario, quien señala que en el lugar había un pasillo angosto y al lado una cadena. Finalmente, el prevencionista de riesgo de la Facultad de Ciencias quien de mejor manera describe la cadena señala que ésta en su zona más baja tiene unos 15 centímetros y tiene una extensión de 1.5 a 2 metros. 6. Se desestima la tesis de las demandadas en relación a la concurrencia al momento del accidente de la circunstancia de haber sido llamada la trabajadora por una compañera de trabajo y en ese momento haberse distraído la primera, cayendo al piso a consecuencia de tal distracción. Ello en razón que la versión que aparece en el instrumento denominado declaración suscrito por la testigo ha sido expresamente desconocida en el relato de la misma ante el tribunal y porque el instrumento según se ha develado en el proceso ha sido obtenido en circunstancias poco claras, desde que se desconoce quién lo obtuvo y no parece haber sido parte del proceso de investigación del accidente que prescribe la ley. Preferirá el tribunal aquella información que dimana del debate público y que ha podido ser objeto de refutación mediante el examen y el contraexamen de parte, por sobre aquella otra que surge de circunstancias no esclarecidas fuera del proceso. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR LA EMPLEADORA y LA EMPRESA PRINCIPAL. 7. Las medidas de seguridad de la demandada Ibáñez Servicios Limitada a través allegadas mediante la prueba documental son: a) Contrato en prestación de servicios asesoría en prevención de riesgos suscrito entre la empresa Ibáñez Servicios Ltda., y José Torrejón Rebolledo ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente de fecha 1 de noviembre de 2008. b) Carta dirigida a la Inspección del Trabajo, informando la constitución del comité paritario de higiene y seguridad de la empresa (14 de enero de 2009). c) Copia del acta de constitución del comité paritario de la empresa Ibáñez Servicios Ltda. de 30 de diciembre de 2008. d) Copia del acta de elección del comité paritario de la empresa Ibáñez Servicios Ltda. e) Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa. g) Copia del documento de recepción de reglamento interno emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, fechado el 20 de marzo de 2009. h) Copia con timbre de recepción de carta enviada al SEREMI de Salud Metropolitano, remitiendo el Reglamento interno de la empresa. i) Copia con timbre de recepción de carta enviada a la Inspección del Trabajo, remitiendo el reglamento interno de la empresa. j) Acta de investigación de accidente sufrido por la demandante, emitido por el Departamento de prevención de riesgos de la empresa, con fecha 5 de junio de 2008 k) copia del acta de investigación del accidente sufrido por la actora, emitido por el Comité Paritario de la empresa de la misma fecha, en el mismo formato. l) Copia del informe técnico N° 201001015351 emitido por la Asociación Chilena de Seguridad. En este se consigna la falta de iluminación del lugar y el tránsito de la trabajadora por un lugar no habilitado pera el trénsito de personas mientras iba a sacudir un dasler (paño ancho para piso con forma de escobillón). m) declaración individual de accidente del trabajo de la demandante.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Sobre este punto hay relatos aparentemente contradictorios. En efecto, Vargas Aroca señala que el lugar dispone de un pasillo a cada lado de 1 metro o un metro y medio. Con todo, esta declaración refuerza aquella de la testigo que ejerce la función de aseadora regularmente, quien dimensiona estrecho ese lugar para pasar con bolsas llenas de basura, por lo que el uso de la zona intermedia, sobre la lógica de sortear la cadena resulta plausible si se armonizan ambas versiones. Existía un pasillo a cada lado, pero estrecho para pasar con carga. La costumbre no reprimida por las demandadas, era sortear la cadena cuando se iba con bolsas llenas de basura. En este punto, se ha tenido en consideración también la declaración relativa al lugar de la testigo de la demandada Guillermina Rivas Durán, supervisora de la demandada y Presidenta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario, quien señala que en el lugar había un pasillo angosto y al lado una cadena. Finalmente, el prevencionista de riesgo de la Facultad de Ciencias quien de mejor manera describe la cadena señala que ésta en su zona más baja tiene unos 15 centímetros y tiene una extensión de 1.5 a 2 metros. 6. Se desestima la tesis de las demandadas en relación a la concurrencia al momento del accidente de la circunstancia de haber sido llamada la trabajadora por una compañera de trabajo y en ese momento haberse distraído la primera, cayendo al piso a consecuencia de tal distracción. Ello en razón que la versión que aparece en el instrumento denominado declaración suscrito por la testigo ha sido expresamente desconocida en el relato de la misma ante el tribunal y porque el instrumento según se ha develado en el proceso ha sido obtenido en circunstancias poco claras, desde que se desconoce quién lo obtuvo y no parece haber sido parte del proceso de investigación del accidente que prescribe la ley. Preferirá el tribunal aquella información que dimana del debate público y que ha podido ser objeto de refutación mediante el examen y el contraexamen de parte, por sobre aquella otra que surge de circunstancias no esclarecidas fuera del proceso. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR LA EMPLEADORA y LA EMPRESA PRINCIPAL. 7. Las medidas de seguridad de la demandada Ibáñez Servicios Limitada a través allegadas mediante la prueba documental son: a) Contrato en prestación de servicios asesoría en prevención de riesgos suscrito entre la empresa Ibáñez Servicios Ltda., y José Torrejón Rebolledo ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente de fecha 1 de noviembre de 2008. b) Carta dirigida a la Inspección del Trabajo, informando la constitución del comité paritario de higiene y seguridad de la empresa (14 de enero de 2009). c) Copia del acta de constitución del comité paritario de la empresa Ibáñez Servicios Ltda. de 30 de diciembre de 2008. d) Copia del acta de elección del comité paritario de la empresa Ibáñez Servicios Ltda. e) Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa. g) Copia del documento de recepción de reglamento interno emanado de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, fechado el 20 de marzo de 2009. h) Copia con timbre de recepción de carta enviada al SEREMI de Salud Metropolitano, remitiendo el Reglamento interno de la empresa. i) Copia con timbre de recepción de carta enviada a la Inspección del Trabajo, remitiendo el reglamento interno de la empresa. j) Acta de investigación de accidente sufrido por la demandante, emitido por el Departamento de prevención de riesgos de la empresa, con fecha 5 de junio de 2008 k) copia del acta de investigación del accidente sufrido por la actora, emitido por el Comité Paritario de la empresa de la misma fecha, en el mismo formato. l) Copia del informe técnico N° 201001015351 emitido por la Asociación Chilena de Seguridad. En este se consigna la falta de iluminación del lugar y el tránsito de la trabajadora por un lugar no habilitado pera el trénsito de personas mientras iba a sacudir un dasler (paño ancho para piso con forma de escobillón). m) declaración individual de accidente del trabajo de la demandante.

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8. Se rindió además la declaración de los testigos. Declaración de Guillermina Rivas Durán. Trabaja para la demandada desde febrero de 2001, fue supervisora de la demandante en la Universidad de Chile, señala que ésta trabajaba en la biblioteca en el primer piso y que cumplía el turno desde las 14.30 horas a las 22.00. Describe el accidente, aun cuando no estaba en el lugar el día del mismo. Es presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario y suscribe la investigación que dice haber realizado (instrumento). En relación a las medidas de seguridad señala: i) que las charlas de seguridad las realizaba la Sra. Maritza, no recuerda cuántas; una vez al mes parece. ii) no se refiere a contenidos de las charlas ni a la circunstancia de que éstas y sus contenidos quedaran registrados. ( firmábamos papeles, no sabría decir si referentes a las charlas o no). iii) no describe medidas específicas relativas a identificar condiciones inseguras del lugar de trabajo, salvo advertencias relativas a elementos en malas condiciones, tránsito por escaleras, señaladas sin detalle. iv) reconoce que otras trabajadoras se cayeron antes en el mismo lugar, pero no les pasó nada. v) no se amonestó a nadie por pasar por sobre la cadena. vi) desconoce si prevencionista hizo investigación sobre el accidente. vii) no recuerda si hay documentos que indiquen a los trabajadores los riesgos laborales. viii) preguntada sobre algunas obligaciones del Comité que preside señala únicamente velar por la seguridad de la gente, revisar las máquinas [que estén en] buenas condiciones y que no recuerda otra obligación. Declaración de Maritza Pérez Daza. Señala ser ingeniero en prevención de riesgos y trabajar para la demandada Ibáñez Servicios Limitada, para quien presta asesoría y efectúa charlas de prevención de riesgos. En este punto señala que a la demandante se le dio la inducción o derecho a saber pero que ella no le dio charlas. Dice que concurría a las instalaciones a aclarar dudas de los trabajadores y da instrucciones acerca de procedimientos de trabajo seguro. Señala haber sido llamada para la investigación del accidente y que después del accidente se dio una charla de autocuidado y se prescribió un procedimiento (de seguridad). Describe el lugar aunque en completa discordancia con los restantes testigos señala que el piso es de arena (la totalidad ha coincidido en que se trata de adoquines separados en el mismo sector de la cadena por concreto). En cuanto a la investigación del accidente dice que no entrevistó a la afectada ni a compañera que vio el accidente, y luego reconoce que investigó el accidente de acuerdo a lo que le dijo la supervisora Guillermina Rivas y una compañera de trabajo, cuyo nombre no recuerda que estaba en el turno. Dice que visita regularmente 6 instalaciones de Ibáñez Servicios una vez por semana cada una y que una vez al mes se reunía el Comité Paritario. Preguntada por una acción de seguridad de este Comité dice que una vez pidieron que les cambiaran los alargadores de las máquinas, sin recordar otras. Se refiere a recomendaciones que dio en su investigación: iluminación, subir malla de una cancha aledaña. Estima que la cadena no era un riesgo. 9. Las medidas de seguridad adoptadas por la Facultad de Ciencias, corresponden a las mismas adjuntadas por la demandante y la declaración del prevencionista de riesgo. Pablo Vargas Aroca, quien en lo pertinente, señala que la facultad de Ciencias dispone de Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario, prevencionista de riesgo a tiempo parcial, desarrolla charlas de seguridad (derecho a saber), que él participó en reuniones del Comité Paritario de la empleadora, que siempre supervisó, que disponen de un sistema de gestión de seguridad y salud para todos, del reglamento especial para contratistas. 10. La prueba aportada por ambas demandadas permite concluir que no se adoptaron medidas de seguridad eficaces de protección de vida y salud de los trabajadores. El mandato legal convencional que en tal sentido pesa sobre Ibáñez Servicios Limitada ha sido incumplido, desde que se advierte sólo la ejecución deficiente de algunas de las múltiples obligaciones impuestas por las normas de seguridad y que la actuación de las garantes se conforma sólo con el cumplimiento formal de ciertas normas, tales como la entrega del Reglamento Interno, la presencia de un

8. Se rindió además la declaración de los testigos. Declaración de Guillermina Rivas Durán. Trabaja para la demandada desde febrero de 2001, fue supervisora de la demandante en la Universidad de Chile, señala que ésta trabajaba en la biblioteca en el primer piso y que cumplía el turno desde las 14.30 horas a las 22.00. Describe el accidente, aun cuando no estaba en el lugar el día del mismo. Es presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario y suscribe la investigación que dice haber realizado (instrumento). En relación a las medidas de seguridad señala: i) que las charlas de seguridad las realizaba la Sra. Maritza, no recuerda cuántas; una vez al mes parece. ii) no se refiere a contenidos de las charlas ni a la circunstancia de que éstas y sus contenidos quedaran registrados. ( firmábamos papeles, no sabría decir si referentes a las charlas o no). iii) no describe medidas específicas relativas a identificar condiciones inseguras del lugar de trabajo, salvo advertencias relativas a elementos en malas condiciones, tránsito por escaleras, señaladas sin detalle. iv) reconoce que otras trabajadoras se cayeron antes en el mismo lugar, pero no les pasó nada. v) no se amonestó a nadie por pasar por sobre la cadena. vi) desconoce si prevencionista hizo investigación sobre el accidente. vii) no recuerda si hay documentos que indiquen a los trabajadores los riesgos laborales. viii) preguntada sobre algunas obligaciones del Comité que preside señala únicamente velar por la seguridad de la gente, revisar las máquinas [que estén en] buenas condiciones y que no recuerda otra obligación. Declaración de Maritza Pérez Daza. Señala ser ingeniero en prevención de riesgos y trabajar para la demandada Ibáñez Servicios Limitada, para quien presta asesoría y efectúa charlas de prevención de riesgos. En este punto señala que a la demandante se le dio la inducción o derecho a saber pero que ella no le dio charlas. Dice que concurría a las instalaciones a aclarar dudas de los trabajadores y da instrucciones acerca de procedimientos de trabajo seguro. Señala haber sido llamada para la investigación del accidente y que después del accidente se dio una charla de autocuidado y se prescribió un procedimiento (de seguridad). Describe el lugar aunque en completa discordancia con los restantes testigos señala que el piso es de arena (la totalidad ha coincidido en que se trata de adoquines separados en el mismo sector de la cadena por concreto). En cuanto a la investigación del accidente dice que no entrevistó a la afectada ni a compañera que vio el accidente, y luego reconoce que investigó el accidente de acuerdo a lo que le dijo la supervisora Guillermina Rivas y una compañera de trabajo, cuyo nombre no recuerda que estaba en el turno. Dice que visita regularmente 6 instalaciones de Ibáñez Servicios una vez por semana cada una y que una vez al mes se reunía el Comité Paritario. Preguntada por una acción de seguridad de este Comité dice que una vez pidieron que les cambiaran los alargadores de las máquinas, sin recordar otras. Se refiere a recomendaciones que dio en su investigación: iluminación, subir malla de una cancha aledaña. Estima que la cadena no era un riesgo. 9. Las medidas de seguridad adoptadas por la Facultad de Ciencias, corresponden a las mismas adjuntadas por la demandante y la declaración del prevencionista de riesgo. Pablo Vargas Aroca, quien en lo pertinente, señala que la facultad de Ciencias dispone de Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario, prevencionista de riesgo a tiempo parcial, desarrolla charlas de seguridad (derecho a saber), que él participó en reuniones del Comité Paritario de la empleadora, que siempre supervisó, que disponen de un sistema de gestión de seguridad y salud para todos, del reglamento especial para contratistas. 10. La prueba aportada por ambas demandadas permite concluir que no se adoptaron medidas de seguridad eficaces de protección de vida y salud de los trabajadores. El mandato legal convencional que en tal sentido pesa sobre Ibáñez Servicios Limitada ha sido incumplido, desde que se advierte sólo la ejecución deficiente de algunas de las múltiples obligaciones impuestas por las normas de seguridad y que la actuación de las garantes se conforma sólo con el cumplimiento formal de ciertas normas, tales como la entrega del Reglamento Interno, la presencia de un ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

prevencionista de riesgos y la constitución del Comité Paritario. Se constata la inexistencia de acciones de seguridad identificables, por parte de estos últimos, que hubieren sido adoptadas desde un proceso de evaluación de los riesgos en el área de trabajo de las aseadoras. Consecuencialmente no hay supervisión sobre medidas inexistentes y en la persona de la presidenta de del Comité Paritario se ejemplifica con claridad el cumplimiento meramente formal de algunas de esas obligaciones, desde que ésta carece de conciencia sobre el rol que le cabe al organismo que encabeza, es incapaz de describir medidas de prevención adoptadas e incluso desconoce las funciones mínimas que la ley asigna a ese órgano interno de seguridad, tales como la asesoría e instrucción sobre el uso de instrumentos de protección; la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad, la indicación de las medidas que deben adoptarse en un proceso que es dinámico y de permanente evaluación en ese orden (artículo 66 de ley N° 16.744). La misma dependiente se evidencia tolerante con una conducta insegura (paso por sobre la cadena) y una condición insegura de trabajo (presencia de la cadena) que origina un uso de esa vía como alternativa de tránsito cuando las aseadoras van con bolsas de basura. Conoce de accidentes previos en el mismo lugar (sin resultado de lesiones) por donde las aseadoras pasan una y otra vez y admite no haber adoptado medida alguna de represión de la conducta. La denominada investigación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario efectuada por la presidente del mismo (quien nutre de información a la prevencionista de riesgos de la empresa para su propia investigación ) carece de valor, por la falta de idoneidad técnica de la dependiente encargada de ella y la ninguna capacitación formal en esas materias. Impresiona entonces el instrumento como un rito formulario, vacuo para las finalidades de protección eficaz que exige el legislador a quien crea o tolera las condiciones de riesgo con el ejercicio de la actividad productiva o de servicios. No está demostrado tampoco mediante la vía documental idónea que las aseadoras fueran sometidas a instrucciones permanentes acerca de los riegos propios de la actividad laboral específica. En fin, carece la demandada Ibáñez Servicios Limitada de prueba que la exima de responsabilidad, por cuanto ha omitido desarrollar acciones de prevención y control eficaces en el área de seguridad, dispone de órganos y dependientes destinados a ejecutar esas funciones que no las han desarrollado; no ha socializado a través de la instrucción y el reforzamiento permanente de procedimientos seguros ni la conciencia sobre los riesgos, ni aun en conocimiento de éstos y de la ejecución de conductas riesgosas de las dependientes, las tolera de manera indolente. En tal contexto, una práctica reiterada que se evidencia prima facie como una acción insegura de un trabajador se perpetúa y afianza en la inconsciencia del riesgo, y encuentra su origen causal en el propio incumplimiento las obligaciones antedichas, que la empleadora no ha podido dejar entregada al sentido común, a la subjetividad de cada trabajadora o al conocimiento empírico de cada cual. La ley le exige en un proceso dinámico, prever los riesgos (verlos antes que nadie), identificarlos, eliminarlos y, en la imposibilidad de la supresión, representarlos mediante acciones educativas permanentes a sus trabadores para crear conciencia de los peligros inherentes al lugar de trabajo (condiciones de inseguridad) o a los propios usos o prácticas inseguras (acciones de inseguridad) inculcando así, a la par, procedimientos seguros de trabajo. Después de ello, se le impone todavía fiscalizar regularmente el cumplimiento de tales procedimientos, proveyéndola el legislador incluso de la potestad punitiva para reprimir conductas inseguras (154, números 9 y 10 del Código del Trabajo y 67 de la ley N° 16.744). Nada de eso ha hecho en el caso de marras, por lo que la conducta que reprocha temeraria de la propia trabajadora no es más que la consecuencia de su propio incumplimiento contractual y encuentra en éste su causa. En la especie fue incumplida la obligación del artículo 184 del Código del Trabajo, vulnerándose, además de las normas citadas, las contenidas en las siguientes disposiciones: 68 del Código del Trabajo; Título VI del decreto 40 de 1969 (Obligación de informar riesgos laborales); decreto 54 de 1969 (Reglamento para la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad). 11. Por otra parte cabe señalar que a su tiempo, la reforma introducida por la ley N° 20.123 ha extendido la obligación de seguridad a la empresa principal en el contexto de trabajo ejecutado en régimen de subcontratación, introduciendo el artículo 183 E que le impone adoptar las medidas necesarias para

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prevencionista de riesgos y la constitución del Comité Paritario. Se constata la inexistencia de acciones de seguridad identificables, por parte de estos últimos, que hubieren sido adoptadas desde un proceso de evaluación de los riesgos en el área de trabajo de las aseadoras. Consecuencialmente no hay supervisión sobre medidas inexistentes y en la persona de la presidenta de del Comité Paritario se ejemplifica con claridad el cumplimiento meramente formal de algunas de esas obligaciones, desde que ésta carece de conciencia sobre el rol que le cabe al organismo que encabeza, es incapaz de describir medidas de prevención adoptadas e incluso desconoce las funciones mínimas que la ley asigna a ese órgano interno de seguridad, tales como la asesoría e instrucción sobre el uso de instrumentos de protección; la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad, la indicación de las medidas que deben adoptarse en un proceso que es dinámico y de permanente evaluación en ese orden (artículo 66 de ley N° 16.744). La misma dependiente se evidencia tolerante con una conducta insegura (paso por sobre la cadena) y una condición insegura de trabajo (presencia de la cadena) que origina un uso de esa vía como alternativa de tránsito cuando las aseadoras van con bolsas de basura. Conoce de accidentes previos en el mismo lugar (sin resultado de lesiones) por donde las aseadoras pasan una y otra vez y admite no haber adoptado medida alguna de represión de la conducta. La denominada investigación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Paritario efectuada por la presidente del mismo (quien nutre de información a la prevencionista de riesgos de la empresa para su propia investigación ) carece de valor, por la falta de idoneidad técnica de la dependiente encargada de ella y la ninguna capacitación formal en esas materias. Impresiona entonces el instrumento como un rito formulario, vacuo para las finalidades de protección eficaz que exige el legislador a quien crea o tolera las condiciones de riesgo con el ejercicio de la actividad productiva o de servicios. No está demostrado tampoco mediante la vía documental idónea que las aseadoras fueran sometidas a instrucciones permanentes acerca de los riegos propios de la actividad laboral específica. En fin, carece la demandada Ibáñez Servicios Limitada de prueba que la exima de responsabilidad, por cuanto ha omitido desarrollar acciones de prevención y control eficaces en el área de seguridad, dispone de órganos y dependientes destinados a ejecutar esas funciones que no las han desarrollado; no ha socializado a través de la instrucción y el reforzamiento permanente de procedimientos seguros ni la conciencia sobre los riesgos, ni aun en conocimiento de éstos y de la ejecución de conductas riesgosas de las dependientes, las tolera de manera indolente. En tal contexto, una práctica reiterada que se evidencia prima facie como una acción insegura de un trabajador se perpetúa y afianza en la inconsciencia del riesgo, y encuentra su origen causal en el propio incumplimiento las obligaciones antedichas, que la empleadora no ha podido dejar entregada al sentido común, a la subjetividad de cada trabajadora o al conocimiento empírico de cada cual. La ley le exige en un proceso dinámico, prever los riesgos (verlos antes que nadie), identificarlos, eliminarlos y, en la imposibilidad de la supresión, representarlos mediante acciones educativas permanentes a sus trabadores para crear conciencia de los peligros inherentes al lugar de trabajo (condiciones de inseguridad) o a los propios usos o prácticas inseguras (acciones de inseguridad) inculcando así, a la par, procedimientos seguros de trabajo. Después de ello, se le impone todavía fiscalizar regularmente el cumplimiento de tales procedimientos, proveyéndola el legislador incluso de la potestad punitiva para reprimir conductas inseguras (154, números 9 y 10 del Código del Trabajo y 67 de la ley N° 16.744). Nada de eso ha hecho en el caso de marras, por lo que la conducta que reprocha temeraria de la propia trabajadora no es más que la consecuencia de su propio incumplimiento contractual y encuentra en éste su causa. En la especie fue incumplida la obligación del artículo 184 del Código del Trabajo, vulnerándose, además de las normas citadas, las contenidas en las siguientes disposiciones: 68 del Código del Trabajo; Título VI del decreto 40 de 1969 (Obligación de informar riesgos laborales); decreto 54 de 1969 (Reglamento para la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad). 11. Por otra parte cabe señalar que a su tiempo, la reforma introducida por la ley N° 20.123 ha extendido la obligación de seguridad a la empresa principal en el contexto de trabajo ejecutado en régimen de subcontratación, introduciendo el artículo 183 E que le impone adoptar las medidas necesarias para

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proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y artículo 3° del decreto supremo N° 594 de 1999, del Ministerio de Salud. El artículo 66 bis citado le impone a la empresa principal: a) vigilar el cumplimiento por parte de contratistas y subcontratistas de la normativa de higiene y seguridad debiendo implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. b) la confección de un reglamento especial para la implementación de sistema de gestión antedicho para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezcan como mínimo las acciones de coordinación entre distintos empleadores, de las actividades preventivas, para asegurar la salud y condiciones de higiene de los trabajadores, contemplando los mecanismos para verificar el cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables. c) corresponde al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas. Tales obligaciones no han sido cumplidas por la principal o mandante. El sistema de gestión de seguridad y el reglamento especial que lo materializa han sido mencionados por el testigo de esa parte, pero no adjuntados al proceso, por lo que se tienen por inexistentes. En cuanto a la obligación contenida en el literal c) tampoco hay demostración del cumplimiento de la función de garante. Sobre el rol que le ha cabido al prevencionista de la Facultad de Ciencias, aparte de sus dichos y la ineficacia de los resultados ya analizada, no hay prueba sobre la ejecución de medidas concretas destinadas al cumplimiento del deber que le mandata la norma legal citada, más allá de aquella precaria e insuficiente relativa a la pintura de la cadena. En este mismo punto, cabe recordar que el mismo testigo reconoce que no se han hecho cambios en la iluminación del sector después del accidente, aunque señala al igual que otros testigos que la cadena fue retirada a los dos días de ocurrido. 12. Establecida la relación causal entre incumplimiento de la obligación de seguridad por parte de la demandada y accidente del trabajo, la norma del artículo 69 de la ley N° 16.744 hace responsable de reparación del daño a la empleadora y la del artículo 183 E del Código del Trabajo a la empresa mandante. LESIÓN, INCAPACIDAD Y DAÑO INDEMNIZABLE: 13. Lesión física y tratamiento recuperativo La lesión sufrida por la trabajadora a consecuencia de la caída ha sido, de acuerdo con el Informe médico N° 232.05.10 de 12 de mayo de 2010, evacuado por el Hospital del Trabajador y suscrito por el médico tratante Claudio Rojas P. una fractura de muñeca izquierda. El mismo informe da cuenta que se le intervino quirúrgicamente, mediante una placa y fue dada de alta (médica) el 4 de junio, continuando un tratamiento ambulatorio. Evoluciona bien, sigue protocolo kinésico el 16 de junio de 2009 y el 10 de julio de 2009 ingresa al servicio para comenzar el tratamiento posterior de rehabilitación. El 12 de agosto de 2009 ingresa a terapia ocupacional en la que se constata que requiere de asistencia de terceros en la realización de actividades de alimentación, vestuario e higiene. Presenta una recuperación progresiva y es dada de alta el 23 de octubre de 2009, sin que haya sido evaluada por la Comisión Central de Incapacidades de la AChS. El Certificado de Alta de 26 de octubre de 2009, de la misma institución señala que el alta fue dada el 30 de octubre de 2009 pudiendo reingresar a su trabajo con fecha 31 de octubre de 2009. La restante documentación sobre este extremo es sobreabundante (documento de la demandante, Informe médico 102.11.09 y ficha clínica, enviada por la AChS). No hay antecedentes relativos a haberse declarado incapacidad por el órgano competente (artículo 59 ley N° 16.744). LESIÓN PSÍQUICA: El informe precitado de 12 de mayo hace referencia a haber presentado la paciente labilidad emocional post traumática, sin necesidad de derivación a tratamiento psiquiátrico.

proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y artículo 3° del decreto supremo N° 594 de 1999, del Ministerio de Salud. El artículo 66 bis citado le impone a la empresa principal: a) vigilar el cumplimiento por parte de contratistas y subcontratistas de la normativa de higiene y seguridad debiendo implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. b) la confección de un reglamento especial para la implementación de sistema de gestión antedicho para empresas contratistas y subcontratistas, en el que se establezcan como mínimo las acciones de coordinación entre distintos empleadores, de las actividades preventivas, para asegurar la salud y condiciones de higiene de los trabajadores, contemplando los mecanismos para verificar el cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones aplicables. c) corresponde al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas. Tales obligaciones no han sido cumplidas por la principal o mandante. El sistema de gestión de seguridad y el reglamento especial que lo materializa han sido mencionados por el testigo de esa parte, pero no adjuntados al proceso, por lo que se tienen por inexistentes. En cuanto a la obligación contenida en el literal c) tampoco hay demostración del cumplimiento de la función de garante. Sobre el rol que le ha cabido al prevencionista de la Facultad de Ciencias, aparte de sus dichos y la ineficacia de los resultados ya analizada, no hay prueba sobre la ejecución de medidas concretas destinadas al cumplimiento del deber que le mandata la norma legal citada, más allá de aquella precaria e insuficiente relativa a la pintura de la cadena. En este mismo punto, cabe recordar que el mismo testigo reconoce que no se han hecho cambios en la iluminación del sector después del accidente, aunque señala al igual que otros testigos que la cadena fue retirada a los dos días de ocurrido. 12. Establecida la relación causal entre incumplimiento de la obligación de seguridad por parte de la demandada y accidente del trabajo, la norma del artículo 69 de la ley N° 16.744 hace responsable de reparación del daño a la empleadora y la del artículo 183 E del Código del Trabajo a la empresa mandante. LESIÓN, INCAPACIDAD Y DAÑO INDEMNIZABLE: 13. Lesión física y tratamiento recuperativo La lesión sufrida por la trabajadora a consecuencia de la caída ha sido, de acuerdo con el Informe médico N° 232.05.10 de 12 de mayo de 2010, evacuado por el Hospital del Trabajador y suscrito por el médico tratante Claudio Rojas P. una fractura de muñeca izquierda. El mismo informe da cuenta que se le intervino quirúrgicamente, mediante una placa y fue dada de alta (médica) el 4 de junio, continuando un tratamiento ambulatorio. Evoluciona bien, sigue protocolo kinésico el 16 de junio de 2009 y el 10 de julio de 2009 ingresa al servicio para comenzar el tratamiento posterior de rehabilitación. El 12 de agosto de 2009 ingresa a terapia ocupacional en la que se constata que requiere de asistencia de terceros en la realización de actividades de alimentación, vestuario e higiene. Presenta una recuperación progresiva y es dada de alta el 23 de octubre de 2009, sin que haya sido evaluada por la Comisión Central de Incapacidades de la AChS. El Certificado de Alta de 26 de octubre de 2009, de la misma institución señala que el alta fue dada el 30 de octubre de 2009 pudiendo reingresar a su trabajo con fecha 31 de octubre de 2009. La restante documentación sobre este extremo es sobreabundante (documento de la demandante, Informe médico 102.11.09 y ficha clínica, enviada por la AChS). No hay antecedentes relativos a haberse declarado incapacidad por el órgano competente (artículo 59 ley N° 16.744). LESIÓN PSÍQUICA: El informe precitado de 12 de mayo hace referencia a haber presentado la paciente labilidad emocional post traumática, sin necesidad de derivación a tratamiento psiquiátrico. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Con todo, el testimonio de la psicóloga Marcia Solís Poblete quien efectúa una evaluación psicológica de la demandante en época previa al proceso, a base de 2 entrevistas y aplicación de un instrumento científico de evaluación, da cuenta de la existencia actual de una depresión moderada posterior al stress post traumático sufrido, cuya causa es el accidente. Este cuadro, explica, se manifiesta en un temor excesivo, en el revivir regularmente el episodio, en un sentimiento de inutilidad personal y relacional (respecto de marido e hijos), la falta de deseo para salir sola, en su anulación social. La calificación de la depresión se hace considerando que la paciente no presenta ideación suicida, propia de la depresión severa. 14. Los antecedentes analizados permiten descartar la incapacidad laboral postulada como causa de pedir del lucro cesante, por lo que se rechazara este acápite de la acción. 15. El daño moral postulado como sufrimiento psíquico y moral ocasionado por el accidente y las secuelas psicológicas que éste le ha acarreado, se estima demostrado suficientemente con la existencia del evento traumático, la naturaleza quirúrgica de la intervención, la existencia de un tratamiento recuperativo kinesiológico permanente entre junio y octubre de 2009 y el daño psicológico acreditado presente aún hacia la fecha del juicio. Tales antecedentes permiten inferir desde hechos demostrados (naturaleza y entidad de la lesión, acciones médicas de recuperación, extensión del tratamiento, etc.) que el accidente ha lesionado la integridad física y psíquica de la trabajadora, provocando dolor y aflicción desde el momento mismo del daño y en el transcurso de la fase recuperativa. 16. El derecho impone al sentenciador el deber de fijar una indemnización dineraria para compensar el sufrimiento, es decir aquello propio de la esfera de los bienes extramatrimoniales que constituyen una lesión de derechos de rango constitucional (integridad física y psíquica). Lo hace, a sabiendas de que se trata de bienes jurídicos cuya reparación a través del recurso de la compensación dineraria por equivalencia, es imposible, confiando en el juicio en equidad del juzgador que ha formularse sin vulnerar dos mandatos inherentes al ordenamiento, como que constituyen principios ampliamente aceptados por la comunidad jurídica, a saber, la reparación integral del daño y la interdicción de enriquecimiento sin causa (que en otra formulación, se traduce en la prohibición de transformar este tipo de indemnizaciones en una fuente de lucro). Reconociendo las dificultades propias de la justivaloración destinada a paliar el dolor físico y psíquico únicos acápites de daño demandados determina este sentenciador la indemnización por este concepto en la suma de $ 6.000.000. 17. No hay prueba sobre los gatos por daño directo. Los antecedentes del proceso apuntan a que tales costes han sido asumidos en su totalidad por las prestaciones de la ley 16.744. 18. Finalmente cabe reparar en un argumento de exención de responsabilidad postulado por la demandada Facultad de Ciencias, relativo a la improcedencia jurídica de condenársela al pago de las indemnizaciones demandadas en caso que éstas sean impuestas a la empresa empleadora. Se disiente de esa alegación por expresa disposición de la norma del artículo 183 E del Código del Trabajo en relación al principio general del ordenamiento según el cual de la causación de un daño se sigue el deber jurídico de la reparación integral. En efecto, la ley 20.123 estableció separadamente de las obligaciones de dar que debe fiscalizar la empresa principal relativamente a las obligaciones previsionales laborales de los trabajadores de contratistas y subcontratistas una obligación directa de seguridad en la norma del artículo 183 E. La norma reconoce y supone, de la misma forma en que lo hace respecto de las obligaciones de dar, tratadas en el inciso primero del artículo 183 B del cuerpo especial, que entre la empresa principal y los trabajadores no existe un vínculo contractual directo, toda vez que las relaciones reguladas reconocen las formas tercerizadas o externalizadas de trabajo. En ese contexto, la ley hace recaer la obligación de garante de la seguridad salud y vida de los trabajadores tanto en el empleador directo cuanto en el mandante dueño de la obra, establecimiento y faena, reconociendo que estas condiciones en buena parte dependen de la esfera de decisiones del propietario y en otra medida (muchas veces más restringidamente, cuando no ínfima) del empleador. Tal cual se ha entendido que la competencia para conocer de la responsabilidad de la empresa principal (no vinculada contractualmente a los trabajadores) en la antigua formulación del artículo 64

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Con todo, el testimonio de la psicóloga Marcia Solís Poblete quien efectúa una evaluación psicológica de la demandante en época previa al proceso, a base de 2 entrevistas y aplicación de un instrumento científico de evaluación, da cuenta de la existencia actual de una depresión moderada posterior al stress post traumático sufrido, cuya causa es el accidente. Este cuadro, explica, se manifiesta en un temor excesivo, en el revivir regularmente el episodio, en un sentimiento de inutilidad personal y relacional (respecto de marido e hijos), la falta de deseo para salir sola, en su anulación social. La calificación de la depresión se hace considerando que la paciente no presenta ideación suicida, propia de la depresión severa. 14. Los antecedentes analizados permiten descartar la incapacidad laboral postulada como causa de pedir del lucro cesante, por lo que se rechazara este acápite de la acción. 15. El daño moral postulado como sufrimiento psíquico y moral ocasionado por el accidente y las secuelas psicológicas que éste le ha acarreado, se estima demostrado suficientemente con la existencia del evento traumático, la naturaleza quirúrgica de la intervención, la existencia de un tratamiento recuperativo kinesiológico permanente entre junio y octubre de 2009 y el daño psicológico acreditado presente aún hacia la fecha del juicio. Tales antecedentes permiten inferir desde hechos demostrados (naturaleza y entidad de la lesión, acciones médicas de recuperación, extensión del tratamiento, etc.) que el accidente ha lesionado la integridad física y psíquica de la trabajadora, provocando dolor y aflicción desde el momento mismo del daño y en el transcurso de la fase recuperativa. 16. El derecho impone al sentenciador el deber de fijar una indemnización dineraria para compensar el sufrimiento, es decir aquello propio de la esfera de los bienes extramatrimoniales que constituyen una lesión de derechos de rango constitucional (integridad física y psíquica). Lo hace, a sabiendas de que se trata de bienes jurídicos cuya reparación a través del recurso de la compensación dineraria por equivalencia, es imposible, confiando en el juicio en equidad del juzgador que ha formularse sin vulnerar dos mandatos inherentes al ordenamiento, como que constituyen principios ampliamente aceptados por la comunidad jurídica, a saber, la reparación integral del daño y la interdicción de enriquecimiento sin causa (que en otra formulación, se traduce en la prohibición de transformar este tipo de indemnizaciones en una fuente de lucro). Reconociendo las dificultades propias de la justivaloración destinada a paliar el dolor físico y psíquico únicos acápites de daño demandados determina este sentenciador la indemnización por este concepto en la suma de $ 6.000.000. 17. No hay prueba sobre los gatos por daño directo. Los antecedentes del proceso apuntan a que tales costes han sido asumidos en su totalidad por las prestaciones de la ley 16.744. 18. Finalmente cabe reparar en un argumento de exención de responsabilidad postulado por la demandada Facultad de Ciencias, relativo a la improcedencia jurídica de condenársela al pago de las indemnizaciones demandadas en caso que éstas sean impuestas a la empresa empleadora. Se disiente de esa alegación por expresa disposición de la norma del artículo 183 E del Código del Trabajo en relación al principio general del ordenamiento según el cual de la causación de un daño se sigue el deber jurídico de la reparación integral. En efecto, la ley 20.123 estableció separadamente de las obligaciones de dar que debe fiscalizar la empresa principal relativamente a las obligaciones previsionales laborales de los trabajadores de contratistas y subcontratistas una obligación directa de seguridad en la norma del artículo 183 E. La norma reconoce y supone, de la misma forma en que lo hace respecto de las obligaciones de dar, tratadas en el inciso primero del artículo 183 B del cuerpo especial, que entre la empresa principal y los trabajadores no existe un vínculo contractual directo, toda vez que las relaciones reguladas reconocen las formas tercerizadas o externalizadas de trabajo. En ese contexto, la ley hace recaer la obligación de garante de la seguridad salud y vida de los trabajadores tanto en el empleador directo cuanto en el mandante dueño de la obra, establecimiento y faena, reconociendo que estas condiciones en buena parte dependen de la esfera de decisiones del propietario y en otra medida (muchas veces más restringidamente, cuando no ínfima) del empleador. Tal cual se ha entendido que la competencia para conocer de la responsabilidad de la empresa principal (no vinculada contractualmente a los trabajadores) en la antigua formulación del artículo 64

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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corresponde al juez del trabajo, se ha entendido también que le corresponde el conocimiento de la responsabilidad (solidaria o subsidiaria) que dimana del artículo 183 B del Código del Trabajo. No se divisa entonces razón, para excluir de esa competencia la responsabilidad directa que le impone el literal E) de la misma norma y no subordinar el caso a la competencia residual del artículo 420 letra g), sobre todo si se considera lo absurdo que resultaría interpretar la cuestión procesal de marras de forma tal que para un mismo hecho, respecto de una responsabilidad que por ley se asigna complementariamente a empleador y empresa principal, haya de resolverse esto en juicios diversos, uno ante la jurisdicción especial en juicio breve y concentrado y el otro ante la jurisdicción común, en juicio de lato conocimiento. Ni el argumento de la diversa naturaleza de la responsabilidad en juego (contractual/extracontractual) obsta a lo afirmado. Con todo, el tratamiento diferenciado que hace el legislador, impide calificar la responsabilidad de la empresa como solidaria o subsidiaria y, en el silencio legislativo, se estima es simplemente conjunta. 19. No hay otra prueba relevante que analizar. La restante documental es sobreabundante en relación con la que ha sido considerada para establecer los hechos. De acuerdo además con lo que disponen los artículos 1°, 3°, 7°, 184, 201, 420, 453, 454, 459 del Código del Trabajo; 5° y 69 de la ley 16.744; artículos 1511 y 1526, inciso primero del Código Civil, se resuelve: I. Hacer lugar a la demanda declarándose que las demandadas son condenadas a pagar conjuntamente a la actora, la suma de $ 6.000.000 por concepto de daño moral. II. Negar lugar en lo demás a la demanda y no condenar en costas a las demandadas por no haber sido íntegramente vencidas. Regístrese. RIT O-52-2010. Pronunciada por Álvaro Flores Monardes, Juez titular del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

corresponde al juez del trabajo, se ha entendido también que le corresponde el conocimiento de la responsabilidad (solidaria o subsidiaria) que dimana del artículo 183 B del Código del Trabajo. No se divisa entonces razón, para excluir de esa competencia la responsabilidad directa que le impone el literal E) de la misma norma y no subordinar el caso a la competencia residual del artículo 420 letra g), sobre todo si se considera lo absurdo que resultaría interpretar la cuestión procesal de marras de forma tal que para un mismo hecho, respecto de una responsabilidad que por ley se asigna complementariamente a empleador y empresa principal, haya de resolverse esto en juicios diversos, uno ante la jurisdicción especial en juicio breve y concentrado y el otro ante la jurisdicción común, en juicio de lato conocimiento. Ni el argumento de la diversa naturaleza de la responsabilidad en juego (contractual/extracontractual) obsta a lo afirmado. Con todo, el tratamiento diferenciado que hace el legislador, impide calificar la responsabilidad de la empresa como solidaria o subsidiaria y, en el silencio legislativo, se estima es simplemente conjunta. 19. No hay otra prueba relevante que analizar. La restante documental es sobreabundante en relación con la que ha sido considerada para establecer los hechos. De acuerdo además con lo que disponen los artículos 1°, 3°, 7°, 184, 201, 420, 453, 454, 459 del Código del Trabajo; 5° y 69 de la ley 16.744; artículos 1511 y 1526, inciso primero del Código Civil, se resuelve: I. Hacer lugar a la demanda declarándose que las demandadas son condenadas a pagar conjuntamente a la actora, la suma de $ 6.000.000 por concepto de daño moral. II. Negar lugar en lo demás a la demanda y no condenar en costas a las demandadas por no haber sido íntegramente vencidas. Regístrese. RIT O-52-2010. Pronunciada por Álvaro Flores Monardes, Juez titular del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Quilpué, veinticinco de enero de dos mil diez. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: 1). Compareció don Luis Ernesto Orozco Méndez, Operario de Aseo, cédula de identidad N° 13.893.545-0, domiciliado en Avenida Libertad N° 63, oficina, 402, Viña del Mar, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de las empresas “Master Service Comercial Ltda.” y “S.A.C.I. Falabella” y/o “Tradis Falabella” y que fundamenta en los siguientes antecedentes: Que el 3 de enero de 2009, ingresó a trabajar a la empresa Master Service Comercial Ltda. y fue destinado a desempeñarse como operario de aseo en las dependencias de la empresa S.A.C.I. Falabella, ubicadas en Avenida Lo Espejo N° 3200, Comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, siendo su remuneración la cantidad de $ 180.000. Que el 2 de febrero de 2009, mientras realizaba sus funciones en compañía de la trabajadora doña Teresa Valenzuela, como a las 15:00 horas fue atropellado por un camión que desempeñaba funciones; como resultado de aquello sufrió lesiones que fueron calificadas como graves. Que el actor expone que hubo falta de preocupación en velar por las normas de seguridad durante el trabajo. Que el demandante solicita el pago de los perjuicios que sufrió con ocasión del accidente y que son: Lucro cesante $ 31.104.000; además, solicita por daño moral la cantidad de $ 90.000.000. Solicita que las indemnizaciones se paguen con reajustes, intereses y costas. 2). A fs. 29, rolan las actas de notificación por cédula a don Eduardo Santibáñez Burrows en representación de Master Service Ltda. y a fs. 75 acta de notificación por cédula a don Juan Benavides Feliú, en representación de S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella. 3). A fs. 31, rola la contestación a la demanda por parte de la demandada Sociedad Master Service Ltda., en el sentido que no es efectivo que el sueldo del actor sea de $ 180.000, sino que es de $ 170.000, más $ 8.000 por concepto de gratificación. Que es efectivo que fue contratado por la Sociedad Martes Service y que se desempeña en dependencias de Tradis Falabella. Que mientras desempeñaba sus funciones sufrió un accidente, siendo trasladado en forma inmediata al Hospital del Trabajador; además, percibe licencia médica y todos los beneficios de la ley N° 16.744 y que fue dado de alta a la semana de ocurrido el accidente. Además, continúa trabajando para la demandada. Que solicita el rechazo de la demanda porque la causa del accidente fue la negligencia inexcusable del trabajador porque si bien se percató de las maniobras del camión, continuó en el lugar y no se retiró por precaución; que tampoco avisaron al chofer de su existencia; tampoco tomó en consideración las instrucciones recibidas y que fueron desatendidas por él. Que la empresa ha dado cumplimiento a su obligación de cumplir con las medidas de seguridad respecto de los trabajadores. Además, los montos solicitados son desproporcionados porque se trata de una fractura de complejidad normal y fue dado de alta a la semana de ocurrido el accidente, sin que le quedara alguna secuela. También solicita el rechazo de la pretensión por concepto de lucro cesante y daño moral. 4). A fs. 78, rola acta de Audiencia Preparatoria con asistencia de la demandante y con la sola comparecencia de la demandada Master Service Ltda. y en rebeldía de S.A.C.I. Falabella. Se recibe la causa a prueba y se ofrece los medios probatorios que las partes señalan. 5). A fs. 92 y 101 rolan las actas de Audiencia de Juicio, con asistencia de la demandante y con la sola comparecencia de la demandada Master Service Ltda. y en rebeldía de S.A.C.I. Falabella; las partes que concurren rinden la prueba que señalaron y hacen las observaciones a la prueba rendida.

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 4637-2010 Cita online: CL/JUR/16750/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 4637-2010 Cita online: CL/JUR/16750/2010

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Quilpué, veinticinco de enero de dos mil diez. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: 1). Compareció don Luis Ernesto Orozco Méndez, Operario de Aseo, cédula de identidad N° 13.893.545-0, domiciliado en Avenida Libertad N° 63, oficina, 402, Viña del Mar, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de las empresas “Master Service Comercial Ltda.” y “S.A.C.I. Falabella” y/o “Tradis Falabella” y que fundamenta en los siguientes antecedentes: Que el 3 de enero de 2009, ingresó a trabajar a la empresa Master Service Comercial Ltda. y fue destinado a desempeñarse como operario de aseo en las dependencias de la empresa S.A.C.I. Falabella, ubicadas en Avenida Lo Espejo N° 3200, Comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, siendo su remuneración la cantidad de $ 180.000. Que el 2 de febrero de 2009, mientras realizaba sus funciones en compañía de la trabajadora doña Teresa Valenzuela, como a las 15:00 horas fue atropellado por un camión que desempeñaba funciones; como resultado de aquello sufrió lesiones que fueron calificadas como graves. Que el actor expone que hubo falta de preocupación en velar por las normas de seguridad durante el trabajo. Que el demandante solicita el pago de los perjuicios que sufrió con ocasión del accidente y que son: Lucro cesante $ 31.104.000; además, solicita por daño moral la cantidad de $ 90.000.000. Solicita que las indemnizaciones se paguen con reajustes, intereses y costas. 2). A fs. 29, rolan las actas de notificación por cédula a don Eduardo Santibáñez Burrows en representación de Master Service Ltda. y a fs. 75 acta de notificación por cédula a don Juan Benavides Feliú, en representación de S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella. 3). A fs. 31, rola la contestación a la demanda por parte de la demandada Sociedad Master Service Ltda., en el sentido que no es efectivo que el sueldo del actor sea de $ 180.000, sino que es de $ 170.000, más $ 8.000 por concepto de gratificación. Que es efectivo que fue contratado por la Sociedad Martes Service y que se desempeña en dependencias de Tradis Falabella. Que mientras desempeñaba sus funciones sufrió un accidente, siendo trasladado en forma inmediata al Hospital del Trabajador; además, percibe licencia médica y todos los beneficios de la ley N° 16.744 y que fue dado de alta a la semana de ocurrido el accidente. Además, continúa trabajando para la demandada. Que solicita el rechazo de la demanda porque la causa del accidente fue la negligencia inexcusable del trabajador porque si bien se percató de las maniobras del camión, continuó en el lugar y no se retiró por precaución; que tampoco avisaron al chofer de su existencia; tampoco tomó en consideración las instrucciones recibidas y que fueron desatendidas por él. Que la empresa ha dado cumplimiento a su obligación de cumplir con las medidas de seguridad respecto de los trabajadores. Además, los montos solicitados son desproporcionados porque se trata de una fractura de complejidad normal y fue dado de alta a la semana de ocurrido el accidente, sin que le quedara alguna secuela. También solicita el rechazo de la pretensión por concepto de lucro cesante y daño moral. 4). A fs. 78, rola acta de Audiencia Preparatoria con asistencia de la demandante y con la sola comparecencia de la demandada Master Service Ltda. y en rebeldía de S.A.C.I. Falabella. Se recibe la causa a prueba y se ofrece los medios probatorios que las partes señalan. 5). A fs. 92 y 101 rolan las actas de Audiencia de Juicio, con asistencia de la demandante y con la sola comparecencia de la demandada Master Service Ltda. y en rebeldía de S.A.C.I. Falabella; las partes que concurren rinden la prueba que señalaron y hacen las observaciones a la prueba rendida.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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6). A fs. 102, se cita a las partes a la audiencia del día 25 de enero de 2010 para la notificación del fallo. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que encontrándose la empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, válidamente notificada a fs. 75 y no habiendo contestado la demanda, de conformidad a lo señalado en el artículo 453 N° 1 inciso 7° del Código del Trabajo, se tendrá como tácitamente admitidos los hechos expuestos en la demanda a su respecto. SEGUNDO: Que el mismo predicado señalado en el considerando precedente, se adoptará respecto de la empresa Master Service Ltda., en cuanto a los hechos que reconoce al contestar a fs. 31 en los puntos, 1, 2, 3, 4 y 10 de su libelo. TERCERO: Que habiendo discusión entre don Luis Orozco Méndez y la demandada Master Service Ltda., acerca del monto de la remuneración percibida por el primero, se estará a la liquidación de sueldo aportadas en la audiencia de prueba y que señalan un ingreso mensual de $ 170.000, más una gratificación de $ 7.733, lo que da un total de $ 177.733, valor que se tendrá como ingreso mensual definitivo. Igualmente se tendrá como hecho indubitado la circunstancia de haberse producido el accidente y que este ocurrió en el lugar donde la empresa demandada S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, tiene sus recintos y que a juicio de este tribunal es de vital importancia para la resolución del pleito. CUARTO: Que en estos autos han sido demandados subsidiariamente, la empresa Master Service Comercial Ltda. y S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, en que la primera de ellas se obliga respecto de la segunda a prestarle servicios de suministro de mano de obra para que dicho personal desempeñe funciones permanentes en lugares, recintos o instalaciones propias de la segunda. Que conforme a lo expresado la contratista Master Service Comercial Ltda., suministra o provee a S.A.C.I. Falabella de “algo que necesita, constituido por la “obra de mano, que evidentemente desempeñará sus funciones en el sitio que se encuentra bajo la potestad, como señor y dueño absoluto, de la empresa S.A.C.I. Falabella. Que si bien el artículo 183 A del Código del Trabajo señala que el contratista “se encarga de ejecutar obras y servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia”, no es menos cierto que ello debe entenderse en el sentido que el contratista está obligado a aquello que está dentro de la esfera de sus atribuciones, como es el caso, a vía de ejemplo, velar por la idoneidad del personal que suministra; que cumpla las funciones que se le asignaron, que cumpla con los horarios que se le señalan, etcétera, pero no puede exigírsele que cumpla con aquellas situaciones que corresponden a la empresa principal, como la mantención apropiada de los recintos en que deberán desempeñarse los trabajadores cuyos servicios encargó al contratista; conforme a este razonamiento en los contratos celebrados según el artículo 183 A del Código del Trabajo, existen cosas que son de su naturaleza, porque “no siendo esenciales en el, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial (artículo 1444 del Código Civil) y éstos son aquellos que él contratante principal debe cumplir para que las condiciones físicas o materiales del recinto donde se desarrollen las faenas esté debidamente resguardado y ofrezca al trabajador las debidas medidas de seguridad. Estas obligaciones corresponden al contratante principal, porque ellas se deben cumplir dentro del recinto que es de su dominio y al cual el contratista Master Service Comercial Ltda., no tiene acceso. QUINTO: Que la parte demandada S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, no rindió prueba alguna en orden a establecer los hechos que le permitan establecer que fue diligente en cuanto a cumplir con sus obligaciones como propietario del recinto en que el actor debía desempeñar sus funciones con seguridad. SEXTO: Que los antecedentes relativos a la prueba dispuesta por la Sociedad Master Service Comercial Ltda., no altera lo razonado precedentemente, por cuanto no es de su responsabilidad la mantención de las medidas de seguridad que se deban observar en el lugar donde se produjo el accidente ya que éste no es de su dominio. SÉPTIMO: Que encontrándose establecido el hecho del accidente, como se manifestó anteriormente, el actor solicita el pago de lucro cesante que estima, según sus cálculos, en la cantidad de $ 31.104.000;

6). A fs. 102, se cita a las partes a la audiencia del día 25 de enero de 2010 para la notificación del fallo. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que encontrándose la empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, válidamente notificada a fs. 75 y no habiendo contestado la demanda, de conformidad a lo señalado en el artículo 453 N° 1 inciso 7° del Código del Trabajo, se tendrá como tácitamente admitidos los hechos expuestos en la demanda a su respecto. SEGUNDO: Que el mismo predicado señalado en el considerando precedente, se adoptará respecto de la empresa Master Service Ltda., en cuanto a los hechos que reconoce al contestar a fs. 31 en los puntos, 1, 2, 3, 4 y 10 de su libelo. TERCERO: Que habiendo discusión entre don Luis Orozco Méndez y la demandada Master Service Ltda., acerca del monto de la remuneración percibida por el primero, se estará a la liquidación de sueldo aportadas en la audiencia de prueba y que señalan un ingreso mensual de $ 170.000, más una gratificación de $ 7.733, lo que da un total de $ 177.733, valor que se tendrá como ingreso mensual definitivo. Igualmente se tendrá como hecho indubitado la circunstancia de haberse producido el accidente y que este ocurrió en el lugar donde la empresa demandada S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, tiene sus recintos y que a juicio de este tribunal es de vital importancia para la resolución del pleito. CUARTO: Que en estos autos han sido demandados subsidiariamente, la empresa Master Service Comercial Ltda. y S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, en que la primera de ellas se obliga respecto de la segunda a prestarle servicios de suministro de mano de obra para que dicho personal desempeñe funciones permanentes en lugares, recintos o instalaciones propias de la segunda. Que conforme a lo expresado la contratista Master Service Comercial Ltda., suministra o provee a S.A.C.I. Falabella de “algo que necesita, constituido por la “obra de mano, que evidentemente desempeñará sus funciones en el sitio que se encuentra bajo la potestad, como señor y dueño absoluto, de la empresa S.A.C.I. Falabella. Que si bien el artículo 183 A del Código del Trabajo señala que el contratista “se encarga de ejecutar obras y servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia”, no es menos cierto que ello debe entenderse en el sentido que el contratista está obligado a aquello que está dentro de la esfera de sus atribuciones, como es el caso, a vía de ejemplo, velar por la idoneidad del personal que suministra; que cumpla las funciones que se le asignaron, que cumpla con los horarios que se le señalan, etcétera, pero no puede exigírsele que cumpla con aquellas situaciones que corresponden a la empresa principal, como la mantención apropiada de los recintos en que deberán desempeñarse los trabajadores cuyos servicios encargó al contratista; conforme a este razonamiento en los contratos celebrados según el artículo 183 A del Código del Trabajo, existen cosas que son de su naturaleza, porque “no siendo esenciales en el, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial (artículo 1444 del Código Civil) y éstos son aquellos que él contratante principal debe cumplir para que las condiciones físicas o materiales del recinto donde se desarrollen las faenas esté debidamente resguardado y ofrezca al trabajador las debidas medidas de seguridad. Estas obligaciones corresponden al contratante principal, porque ellas se deben cumplir dentro del recinto que es de su dominio y al cual el contratista Master Service Comercial Ltda., no tiene acceso. QUINTO: Que la parte demandada S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, no rindió prueba alguna en orden a establecer los hechos que le permitan establecer que fue diligente en cuanto a cumplir con sus obligaciones como propietario del recinto en que el actor debía desempeñar sus funciones con seguridad. SEXTO: Que los antecedentes relativos a la prueba dispuesta por la Sociedad Master Service Comercial Ltda., no altera lo razonado precedentemente, por cuanto no es de su responsabilidad la mantención de las medidas de seguridad que se deban observar en el lugar donde se produjo el accidente ya que éste no es de su dominio. SÉPTIMO: Que encontrándose establecido el hecho del accidente, como se manifestó anteriormente, el actor solicita el pago de lucro cesante que estima, según sus cálculos, en la cantidad de $ 31.104.000; ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Valparaíso, veinticuatro de mayo del año dos mil diez. VISTO; Que el abogado don Patricio Varas Vera, en representación de la parte demandante, Luis Ernesto Orozco Méndez, a presentado recurso de nulidad en contra de la sentencia de 25 de enero del año en curso, dictada por el señor Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Quilpué, don René Zúñiga Mendoza, en procedimiento ordinario laboral, la cual declarara: 1°. Que acoge la demandada de fojas 1 y siguientes, interpuesta por don Luis Ernesto Orozco Méndez, sólo en cuanto a que la demandada Empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella deberá pagar al actor la suma única y total de $ 8.000.000 por concepto de daño moral al demandante y se rechaza la referida demanda en las demás peticiones; 2°. Que se rechaza la demanda deducida en contra de la empresa Master Service Comercial Ltda., por las razones señaladas en los considerandos precedentes del fallo recurrido; 3°. Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido. Funda su recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, es decir, por haber sido dictada con infracción a ley, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y además por haber incurrido en las causales contempladas en las letras b), c) y e) del artículo 478 del Código del Trabajo, solicita se acoja en todas sus partes e invalide la sentencia recurrida por haber sido dictada con infracción a derecho, y sin nueva vista, proceda a dictar sentencia de reemplazo acogiendo la demanda en contra de ambas demandadas y elevando el monto de la indemnización con costas.

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II. SENTENCIA DE NULIDAD

además, por concepto de daño moral pretende la suma de $ 90.000.000; o las sumas que determine el tribunal, todo con intereses, reajustes y costas. OCTAVO: En cuanto al lucro cesante, éste ha sido determinado conforme a un cálculo efectuado por el demandante, tomando en consideración antecedentes que no son del todo precisos como el tiempo de vida útil laboral y luego la diferencia de años entre su edad hasta que cumpla 65 años, circunstancias inciertas y aleatorias que sólo pueden dar origen a meras expectativas que no constituyen derecho alguno; en consecuencia el cálculo señalado por el actor, carece de fundamento preciso y será desestimado. NOVENO: En cuanto al “daño moral” sufrido por el actor, es un hecho no discutido el perjuicio causado al actor; en efecto; la sola circunstancia de haber afrontado los riesgos de un accidente que causa perjuicio a un tercero, constituye efectivamente un menoscabo a elementos subjetivos de la persona humana que no pueden calificarse materialmente, en consecuencia dicha calificación la regulará prudencialmente al tribunal. Que el monto solicitado por el actor ascendente a $ 90.000.000, es excesiva y este tribunal la regula en la suma única y total de $ 8.000.000, toda vez que el actor no ve su capacidad laboral disminuida. DÉCIMO: Que los antecedentes probatorios no ponderados en este fallo en nada alteran lo expresado precedentemente. Y, visto lo dispuesto en los artículos 1444, 1547, 1698, 1699 Código Civil, artículos 7°, 8°, 183 B y E, 173, 184, 187, 209, 210, 420, 425, 446, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo y artículo 66 bis ley N° 16.744; se declara: PRIMERO: Que se acoge la demanda de fs. 1 y siguientes, interpuesta por don Luis Ernesto Orozco Méndez, solo en cuanto a que la demandada Empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella deberá pagar al actor la suma única y total de $ 8.000.000 por concepto de daño moral al demandante y se rechaza la referida demanda en las demás peticiones. SEGUNDO: Que se rechaza la demanda deducida en contra de la empresa Master Service Comercial Ltda., por las razones señaladas en los considerandos precedentes de este fallo. TERCERO: Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido. Notifíquese, regístrese y en su oportunidad archívese, si no se dedujere recurso legal. Dictado por Rene Zúñiga Mendoza, Juez Titular. Rit N° 99-2009. Ruc N° 09 4 0001401 6.

además, por concepto de daño moral pretende la suma de $ 90.000.000; o las sumas que determine el tribunal, todo con intereses, reajustes y costas. OCTAVO: En cuanto al lucro cesante, éste ha sido determinado conforme a un cálculo efectuado por el demandante, tomando en consideración antecedentes que no son del todo precisos como el tiempo de vida útil laboral y luego la diferencia de años entre su edad hasta que cumpla 65 años, circunstancias inciertas y aleatorias que sólo pueden dar origen a meras expectativas que no constituyen derecho alguno; en consecuencia el cálculo señalado por el actor, carece de fundamento preciso y será desestimado. NOVENO: En cuanto al “daño moral” sufrido por el actor, es un hecho no discutido el perjuicio causado al actor; en efecto; la sola circunstancia de haber afrontado los riesgos de un accidente que causa perjuicio a un tercero, constituye efectivamente un menoscabo a elementos subjetivos de la persona humana que no pueden calificarse materialmente, en consecuencia dicha calificación la regulará prudencialmente al tribunal. Que el monto solicitado por el actor ascendente a $ 90.000.000, es excesiva y este tribunal la regula en la suma única y total de $ 8.000.000, toda vez que el actor no ve su capacidad laboral disminuida. DÉCIMO: Que los antecedentes probatorios no ponderados en este fallo en nada alteran lo expresado precedentemente. Y, visto lo dispuesto en los artículos 1444, 1547, 1698, 1699 Código Civil, artículos 7°, 8°, 183 B y E, 173, 184, 187, 209, 210, 420, 425, 446, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo y artículo 66 bis ley N° 16.744; se declara: PRIMERO: Que se acoge la demanda de fs. 1 y siguientes, interpuesta por don Luis Ernesto Orozco Méndez, solo en cuanto a que la demandada Empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella deberá pagar al actor la suma única y total de $ 8.000.000 por concepto de daño moral al demandante y se rechaza la referida demanda en las demás peticiones. SEGUNDO: Que se rechaza la demanda deducida en contra de la empresa Master Service Comercial Ltda., por las razones señaladas en los considerandos precedentes de este fallo. TERCERO: Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido. Notifíquese, regístrese y en su oportunidad archívese, si no se dedujere recurso legal. Dictado por Rene Zúñiga Mendoza, Juez Titular. Rit N° 99-2009. Ruc N° 09 4 0001401 6.

II. SENTENCIA DE NULIDAD

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Valparaíso, veinticuatro de mayo del año dos mil diez. VISTO; Que el abogado don Patricio Varas Vera, en representación de la parte demandante, Luis Ernesto Orozco Méndez, a presentado recurso de nulidad en contra de la sentencia de 25 de enero del año en curso, dictada por el señor Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Quilpué, don René Zúñiga Mendoza, en procedimiento ordinario laboral, la cual declarara: 1°. Que acoge la demandada de fojas 1 y siguientes, interpuesta por don Luis Ernesto Orozco Méndez, sólo en cuanto a que la demandada Empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella deberá pagar al actor la suma única y total de $ 8.000.000 por concepto de daño moral al demandante y se rechaza la referida demanda en las demás peticiones; 2°. Que se rechaza la demanda deducida en contra de la empresa Master Service Comercial Ltda., por las razones señaladas en los considerandos precedentes del fallo recurrido; 3°. Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido. Funda su recurso en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, es decir, por haber sido dictada con infracción a ley, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y además por haber incurrido en las causales contempladas en las letras b), c) y e) del artículo 478 del Código del Trabajo, solicita se acoja en todas sus partes e invalide la sentencia recurrida por haber sido dictada con infracción a derecho, y sin nueva vista, proceda a dictar sentencia de reemplazo acogiendo la demanda en contra de ambas demandadas y elevando el monto de la indemnización con costas.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERADO: PRIMERO: Que, la primera causal invocada por el recurrente artículo 477 del Código del Trabajo es decir, cuando la sentencia se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la hace consistir que, en la especie, se han transgredido los artículos 184 y 183 letra E del Código del Trabajo; explica, al efecto el sentenciador recurrido infringe a su parecer de manera manifiesta y directa el artículo 184, inciso primero, del Código del Trabajo, pues sostiene contra texto expreso de la ley, en el considerando sexto, del fallo recurrido, que la demandada Master Service Comercial Limitada, no es responsable de las condiciones de seguridad del espacio en que laboran sus trabajadores, pues no es de su dominio lo que le correspondería al dueño de la obra, estimando que se deja en la más absoluta indefensión a los trabajadores, transgrediendo el deber de seguridad, establecido en el artículo 184 del Código del ramo, en cuanto declara que el empleador directo no le corresponde adoptar todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, cuando las labores de los trabajadores del contratista se prestan en un lugar que es de dominio de la empresa principal. Agrega, que la infracción al artículo 183 letra E) del Código del Trabajo, tal como lo ha referido la obligación que pesa sobre el dueño de la obra o faena, como en la especie lo es S.A.C.I. Falabella, respecto de todos los trabajadores que laboran en su faena, es adicional, a la que pesa sobre la empresa principal, contratista o subcontratista, respecto de sus trabajadores, lo cual parece corroborado por el empleo de la voz “sin perjuicio” que emplea el artículo en comento, en su inicio. Lo que lleva a concluir que tanto la empresa dueña de la obra como la directa o contratista responden por los mismos hechos, y que ambos tienen la obligación de adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Además, dice el recurrente que el sentenciador al condenar a la dueña de la obra o faena (Falabella S.A.C.I.) y absolver a la empresa contratista (Master Service Comercial Limitada), fraccionó la obligación de seguridad y determinó que algunas obligaciones son de responsabilidad del dueño de la obra o faena y otras serán de cargo del contratista. Finalmente, expresa, que si el sentenciador recurrido hubiera interpretado correctamente las disposiciones antes mencionadas, la demandada debió necesariamente ser acogida respecto de ambas demandas y no sólo respecto de una de ellas como se resolvió en la sentencia impugnada. SEGUNDO: Que, para una mejor comprensión del asunto controvertido se expondrán los hitos más importantes de la causa de manera cronológica; 1. Don Luis Ernesto Orozco Méndez, demanda indemnización de perjuicio por accidente del trabajo ocurrido el día 2 de febrero de 2009. 2. Que la demanda, antes individualizada, se dirige en contra de su empleador directo Master Service Comercial Limitada, representada por don Eduardo Santibáñez Burrows y, en forma solidaria o subsidiaria, o simplemente conjunta, según determine SS. de acuerdo al mérito del proceso, en contra de S.A.C.I. Falabella, representada por don Juan Benavides Feliú. 3. Se recibe la causa a prueba fojas 79 señalándose entre otros puntos el siguiente “Si las demandadas tomaron todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del demandante. Antecedentes que lo acreditan 4. Con fecha 25 de enero pasado se dicta la sentencia que se impugna consignando en sus motivos cuarto y sexto lo siguiente: “Cuarto: Que en estos autos han sido demandados subsidiariamente, la empresa Master Service Comercial Ltda. y S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, en que la primera de ellas se obliga respecto de la segunda a prestarles servicios de suministro de mano de obra para que dicho personal desempeñe labores permanentes en lugares, recintos o instalaciones propias de la segunda. Que conforme a lo expresado la contratista Master Service Comercial Ltda., suministra o provee a S.A.C.I. Falabella de “algo que necesita constituida por la “mano de obra, que evidentemente desempeñará sus funciones en el sitio que se encuentra bajo su potestad, como señor y dueño absoluto, de la empresa S.A.C.I. Falabella. Que, si bien el artículo 183 A del Código del Trabajo señala que el contratista “se encarga de ejecutar obras y servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia”, no es menos cierto

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERADO: PRIMERO: Que, la primera causal invocada por el recurrente artículo 477 del Código del Trabajo es decir, cuando la sentencia se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la hace consistir que, en la especie, se han transgredido los artículos 184 y 183 letra E del Código del Trabajo; explica, al efecto el sentenciador recurrido infringe a su parecer de manera manifiesta y directa el artículo 184, inciso primero, del Código del Trabajo, pues sostiene contra texto expreso de la ley, en el considerando sexto, del fallo recurrido, que la demandada Master Service Comercial Limitada, no es responsable de las condiciones de seguridad del espacio en que laboran sus trabajadores, pues no es de su dominio lo que le correspondería al dueño de la obra, estimando que se deja en la más absoluta indefensión a los trabajadores, transgrediendo el deber de seguridad, establecido en el artículo 184 del Código del ramo, en cuanto declara que el empleador directo no le corresponde adoptar todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, cuando las labores de los trabajadores del contratista se prestan en un lugar que es de dominio de la empresa principal. Agrega, que la infracción al artículo 183 letra E) del Código del Trabajo, tal como lo ha referido la obligación que pesa sobre el dueño de la obra o faena, como en la especie lo es S.A.C.I. Falabella, respecto de todos los trabajadores que laboran en su faena, es adicional, a la que pesa sobre la empresa principal, contratista o subcontratista, respecto de sus trabajadores, lo cual parece corroborado por el empleo de la voz “sin perjuicio” que emplea el artículo en comento, en su inicio. Lo que lleva a concluir que tanto la empresa dueña de la obra como la directa o contratista responden por los mismos hechos, y que ambos tienen la obligación de adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Además, dice el recurrente que el sentenciador al condenar a la dueña de la obra o faena (Falabella S.A.C.I.) y absolver a la empresa contratista (Master Service Comercial Limitada), fraccionó la obligación de seguridad y determinó que algunas obligaciones son de responsabilidad del dueño de la obra o faena y otras serán de cargo del contratista. Finalmente, expresa, que si el sentenciador recurrido hubiera interpretado correctamente las disposiciones antes mencionadas, la demandada debió necesariamente ser acogida respecto de ambas demandas y no sólo respecto de una de ellas como se resolvió en la sentencia impugnada. SEGUNDO: Que, para una mejor comprensión del asunto controvertido se expondrán los hitos más importantes de la causa de manera cronológica; 1. Don Luis Ernesto Orozco Méndez, demanda indemnización de perjuicio por accidente del trabajo ocurrido el día 2 de febrero de 2009. 2. Que la demanda, antes individualizada, se dirige en contra de su empleador directo Master Service Comercial Limitada, representada por don Eduardo Santibáñez Burrows y, en forma solidaria o subsidiaria, o simplemente conjunta, según determine SS. de acuerdo al mérito del proceso, en contra de S.A.C.I. Falabella, representada por don Juan Benavides Feliú. 3. Se recibe la causa a prueba fojas 79 señalándose entre otros puntos el siguiente “Si las demandadas tomaron todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del demandante. Antecedentes que lo acreditan 4. Con fecha 25 de enero pasado se dicta la sentencia que se impugna consignando en sus motivos cuarto y sexto lo siguiente: “Cuarto: Que en estos autos han sido demandados subsidiariamente, la empresa Master Service Comercial Ltda. y S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella, en que la primera de ellas se obliga respecto de la segunda a prestarles servicios de suministro de mano de obra para que dicho personal desempeñe labores permanentes en lugares, recintos o instalaciones propias de la segunda. Que conforme a lo expresado la contratista Master Service Comercial Ltda., suministra o provee a S.A.C.I. Falabella de “algo que necesita constituida por la “mano de obra, que evidentemente desempeñará sus funciones en el sitio que se encuentra bajo su potestad, como señor y dueño absoluto, de la empresa S.A.C.I. Falabella. Que, si bien el artículo 183 A del Código del Trabajo señala que el contratista “se encarga de ejecutar obras y servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia”, no es menos cierto ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que ello debe entenderse en el sentido que el contratista está obligado a aquello que está dentro de la esfera de sus atribuciones, como es el caso, a vía de ejemplo, velar con idoneidad del personal que suministra; que cumpla las funciones que se le asignaron, que cumpla con los horarios que se le señala, etcétera, pero no puede exigírsele que cumpla con aquellas situaciones que corresponden a la empresa principal, como la mantención propia de los recintos en que deberán desempeñarse los trabajadores cuyos servicios encargó al contratista; conforme a este razonamiento en los contratos celebrados según el artículo 183 A del Código del Trabajo, existen cosas que son de su naturaleza, porque “no siendo esenciales en el, se entienden pertenecerle, sin la necesidad de una cláusula especial” (artículo 1444 del Código Civil) y éstos son aquellos que el contratante principal debe cumplir para que las condiciones físicas o materiales del recinto donde se desarrolle las faenas esté debidamente resguardado y ofrezca al trabajador las debidas medidas de seguridad. Estas obligaciones corresponden al contratante principal, porque ellas se deben cumplir dentro del recinto que es de su dominio y al cual el contratista Master Service Comercial Ltda., no tiene acceso. “Sexto: Que los antecedentes relativos a la prueba dispuesta por la Sociedad Master Service Comercial Ltda., no altera lo razonado precedentemente, por cuanto no es de su responsabilidad la mantención de las medidas de seguridad que se deban observar en el lugar donde se produjo el accidente ya que éste no es de su dominio. TERCERO: Que, además cabe tener presente que la ley N° 20.123, de 16 de octubre del año 2006, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorio, introdujeron reformas en la materia en estudio; en efecto, el artículo 183 letra A) del Código del Trabajo, se refiere al trabajo de subcontratación, el que se aplica a aquellas obras o servicios que se ejecutan de manera habitual, permanente o con alguna secuencia en el tiempo. CUARTO: Que, además, para que el citado régimen exista deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Que el dependiente labore para una persona natural o jurídica denominada contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo; 2. Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en que se desarrollen los servicios o se ejecutan las obras, independientemente del lugar físico donde se desarrolle la obra; 3. Que, exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal dueña de la obra o faena, conforme al cual aquél se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo obras o servicios para esta última; 4. Que, las señaladas obras o servicios sean ejecutadas por el contratista con trabajadores de su dependencia, vale decir, la prestación de los servicios de los trabajadores del contratista debe ejecutarse bajo vínculo de subordinación y dependencia respecto de éste. En el caso a tratar no se encuentra en discusión que se está en un régimen de subcontratación. QUINTO: Que el artículo 184 inciso 1° del Código del ramo, prescribe “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. SEXTO: Que, por su parte el artículo 183 letra E) dispone, “Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. SÉPTIMO: Que, de la disposición citada precedentemente se infiere que, para analizar la responsabilidad civil derivada de accidente del trabajo o enfermedades profesionales dentro del trabajo, en régimen de subcontratación, se debe hacer una distinción, a saber: a) tratándose de la responsabilidad del contratista y subcontratista, estos, responden “respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, es decir, tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, y salud de éstos, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo prestar o garantizarlos elementos necesarios para

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

que ello debe entenderse en el sentido que el contratista está obligado a aquello que está dentro de la esfera de sus atribuciones, como es el caso, a vía de ejemplo, velar con idoneidad del personal que suministra; que cumpla las funciones que se le asignaron, que cumpla con los horarios que se le señala, etcétera, pero no puede exigírsele que cumpla con aquellas situaciones que corresponden a la empresa principal, como la mantención propia de los recintos en que deberán desempeñarse los trabajadores cuyos servicios encargó al contratista; conforme a este razonamiento en los contratos celebrados según el artículo 183 A del Código del Trabajo, existen cosas que son de su naturaleza, porque “no siendo esenciales en el, se entienden pertenecerle, sin la necesidad de una cláusula especial” (artículo 1444 del Código Civil) y éstos son aquellos que el contratante principal debe cumplir para que las condiciones físicas o materiales del recinto donde se desarrolle las faenas esté debidamente resguardado y ofrezca al trabajador las debidas medidas de seguridad. Estas obligaciones corresponden al contratante principal, porque ellas se deben cumplir dentro del recinto que es de su dominio y al cual el contratista Master Service Comercial Ltda., no tiene acceso. “Sexto: Que los antecedentes relativos a la prueba dispuesta por la Sociedad Master Service Comercial Ltda., no altera lo razonado precedentemente, por cuanto no es de su responsabilidad la mantención de las medidas de seguridad que se deban observar en el lugar donde se produjo el accidente ya que éste no es de su dominio. TERCERO: Que, además cabe tener presente que la ley N° 20.123, de 16 de octubre del año 2006, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorio, introdujeron reformas en la materia en estudio; en efecto, el artículo 183 letra A) del Código del Trabajo, se refiere al trabajo de subcontratación, el que se aplica a aquellas obras o servicios que se ejecutan de manera habitual, permanente o con alguna secuencia en el tiempo. CUARTO: Que, además, para que el citado régimen exista deben concurrir los siguientes requisitos: 1. Que el dependiente labore para una persona natural o jurídica denominada contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo; 2. Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en que se desarrollen los servicios o se ejecutan las obras, independientemente del lugar físico donde se desarrolle la obra; 3. Que, exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal dueña de la obra o faena, conforme al cual aquél se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo obras o servicios para esta última; 4. Que, las señaladas obras o servicios sean ejecutadas por el contratista con trabajadores de su dependencia, vale decir, la prestación de los servicios de los trabajadores del contratista debe ejecutarse bajo vínculo de subordinación y dependencia respecto de éste. En el caso a tratar no se encuentra en discusión que se está en un régimen de subcontratación. QUINTO: Que el artículo 184 inciso 1° del Código del ramo, prescribe “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. SEXTO: Que, por su parte el artículo 183 letra E) dispone, “Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. SÉPTIMO: Que, de la disposición citada precedentemente se infiere que, para analizar la responsabilidad civil derivada de accidente del trabajo o enfermedades profesionales dentro del trabajo, en régimen de subcontratación, se debe hacer una distinción, a saber: a) tratándose de la responsabilidad del contratista y subcontratista, estos, responden “respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, es decir, tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, y salud de éstos, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, debiendo prestar o garantizarlos elementos necesarios para

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que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica y; b) en lo que respecta a la responsabilidad de la empresa principal, la ley N° 20.123 derogó la responsabilidad subsidiaria del dueño o la obra contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo y estableció en el artículo 183 letra E) inciso primero la obligación directa de la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. A su turno, el referido artículo 66 bis de la ley N° 16.744 prescribe en su inciso primero: “Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Este nuevo inciso constituye una novedad por cuanto le impone a la empresa dueña de la faena u obra fiscalizar el cumplimiento de las normas que protegen la salud y seguridad de los trabajadores. El citado artículo 66 bis agrega, en su inciso 2° que: “Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratista y subcontratistas en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán, en dicho reglamento, los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones legales aplicables. Finalmente, el inciso 3° del artículo en comento añade que: “Asimismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia, los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos será determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Para la aplicación de tales normas se han aprobado tanto el reglamento N° 76, del Ministerio del Trabajo, como las diversas circulares de la Superintendencia de Seguridad Social, todas normas que establecen deberes que le imponen el ordenamiento jurídico a la empresa principal en el ámbito de la protección a la vida y saluda de los trabajadores dependientes de las empresas contratistas, en los términos de artículo 183 letra e) del Código del Trabajo, de todos los trabajadores que laboran en su obra, faena empresa. OCTAVO: Que, seguidamente y teniendo claro que tanto el contratista como la empresa dueña de la obra tienen la obligación de deber y cuidado respecto de la salud y seguridad de sus trabajadores en los términos señalados en el considerando anterior se debe determinar luego en qué calidad jurídica responderá solidariamente o subsidiariamente la segunda de las nombradas, lo que dependerá si fiscalizó el cumplimento por parte del contratista o subcontratista de las obligaciones que pretende hacerlo responsable. NOVENO: Que, así las cosas, esta Corte acogerá el presente recurso de nulidad por cuanto el sentenciador ha incurrido en infracción de ley al aplicar los artículos 184 y 183 letra E) del Código del Trabajo al consignar en los motivos cuarto y sexto que la empresa contratista, demandada de autos, Master Service Comercial Limitada, no tiene responsabilidad en los hechos materia de la causa, pues los servicios de sus trabajadores se desarrollaban en un lugar físico de dominio de la empresa dueña de la obra, en el caso Falabella S.A.C.I., respecto de la cual no tenía acceso, conclusión incorrecta, por cuanto como se ha explicado ambas empresas tienen la obligación respecto de los empleados el deber de protección en comento, al no haberlo resuelto correctamente ha influido en lo decisivo del fallo, toda vez que solamente se ha condenado a la empresa dueña de la obra eximiendo de la obligación a la contratista, razón por la cual se procederá acto seguido y sin nueva audiencia a dictar sentencia de reemplazo. DÉCIMO: Que, en atención que se ha acogido una de las causales de nulidad interpuestas, resulta inoficioso pronunciarse por las demás, por consiguiente no se emitirá decisión al respecto.

que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica y; b) en lo que respecta a la responsabilidad de la empresa principal, la ley N° 20.123 derogó la responsabilidad subsidiaria del dueño o la obra contemplada en el artículo 64 del Código del Trabajo y estableció en el artículo 183 letra E) inciso primero la obligación directa de la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. A su turno, el referido artículo 66 bis de la ley N° 16.744 prescribe en su inciso primero: “Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Este nuevo inciso constituye una novedad por cuanto le impone a la empresa dueña de la faena u obra fiscalizar el cumplimiento de las normas que protegen la salud y seguridad de los trabajadores. El citado artículo 66 bis agrega, en su inciso 2° que: “Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratista y subcontratistas en el que se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se contemplarán, en dicho reglamento, los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y las sanciones legales aplicables. Finalmente, el inciso 3° del artículo en comento añade que: “Asimismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Higiene y seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia, los requisitos para la constitución y funcionamiento de los mismos será determinados por el reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Para la aplicación de tales normas se han aprobado tanto el reglamento N° 76, del Ministerio del Trabajo, como las diversas circulares de la Superintendencia de Seguridad Social, todas normas que establecen deberes que le imponen el ordenamiento jurídico a la empresa principal en el ámbito de la protección a la vida y saluda de los trabajadores dependientes de las empresas contratistas, en los términos de artículo 183 letra e) del Código del Trabajo, de todos los trabajadores que laboran en su obra, faena empresa. OCTAVO: Que, seguidamente y teniendo claro que tanto el contratista como la empresa dueña de la obra tienen la obligación de deber y cuidado respecto de la salud y seguridad de sus trabajadores en los términos señalados en el considerando anterior se debe determinar luego en qué calidad jurídica responderá solidariamente o subsidiariamente la segunda de las nombradas, lo que dependerá si fiscalizó el cumplimento por parte del contratista o subcontratista de las obligaciones que pretende hacerlo responsable. NOVENO: Que, así las cosas, esta Corte acogerá el presente recurso de nulidad por cuanto el sentenciador ha incurrido en infracción de ley al aplicar los artículos 184 y 183 letra E) del Código del Trabajo al consignar en los motivos cuarto y sexto que la empresa contratista, demandada de autos, Master Service Comercial Limitada, no tiene responsabilidad en los hechos materia de la causa, pues los servicios de sus trabajadores se desarrollaban en un lugar físico de dominio de la empresa dueña de la obra, en el caso Falabella S.A.C.I., respecto de la cual no tenía acceso, conclusión incorrecta, por cuanto como se ha explicado ambas empresas tienen la obligación respecto de los empleados el deber de protección en comento, al no haberlo resuelto correctamente ha influido en lo decisivo del fallo, toda vez que solamente se ha condenado a la empresa dueña de la obra eximiendo de la obligación a la contratista, razón por la cual se procederá acto seguido y sin nueva audiencia a dictar sentencia de reemplazo. DÉCIMO: Que, en atención que se ha acogido una de las causales de nulidad interpuestas, resulta inoficioso pronunciarse por las demás, por consiguiente no se emitirá decisión al respecto. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Valparaíso, veinticuatro de mayo del año dos mil diez. VISTO: Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE: Que, como consecuencia de lo resuelto en el recurso de nulidad de igual fecha y rol que el presente fallo, procede, de conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 478 del Código del Trabajo, dictar por el tribunal ad quem la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley, con tal propósito, se tiene por reproducida la sentencia anulada, con excepción de los considerandos cuarto, sexto, octavo y décimo y, en su lugar, se tiene presente lo siguiente: PRIMERO: Que, no se ha controvertido la existencia de la relación laboral entre Master Services Comercial Limitada y el actor, desempeñándose este último como operario de aseo y mantención, en las dependencias de la Empresa S.A.C.I. Falabella, desde el 3 de enero del año 2009. Asimismo no se ha controvertido que el 2 de febrero del año 2009, el trabajador mientras realizaba labores al interior del establecimiento de una de las demandadas Falabella, sufrió un accidente. SEGUNDO: Que, el accidente se produjo, según se desprende de la declaración de doña Teresa Valenzuela, testigo presencial del hecho denunciado, que en circunstancia que encontrándose junto con el demandante en el recinto donde se situaba los contenedores de basura, ingresó en retroceso al lugar, un camión con el objeto de retirar la basura de los contenedores, instantes en que impacta a este último con su parte trasera al actor, ocasionándole las lesiones en su pierna izquierda de fractura expuesta, según dan cuenta los informes médicos, entre ellos el informe N° 5380409 de 24 de abril de 2004 emitido por el Dr. González del Hospital del Trabajador, hecho que no se encuentra cuestionado. TERCERO: Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 16.744, se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, excluyéndose sólo aquellos que se produzcan por fuerza mayor que no guarden relación con el trabajo o provocados intencionalmente por la víctima. En el caso en particular, no hay duda, que se trata de un accidente laboral, desde que se produjo mientras se realizaban las labores para las cuales el actor fue contratado y en el recinto de la empresa dueña de la obra o faena, sin contar con los implementos de trabajo, conforme da cuenta la declaración de la testigo presencial Sra. Valenzuela y de la propia declaración del Sr. Orozco. CUARTO: Que, del informe de la AChS, respecto del accidente, luego de describir la dinámica del mismo, reseñada en el considerando segundo, concluye que el accidente tuvo su origen en las acciones desplegadas tanto por el chofer del camión como por el propio actor. Sin embargo, propone medidas preventivas de tipo correctivas, con el objeto que tal hecho no vuelva a suceder a futuro, tales como, señalizar con conos las vías de transito del camión y una zona demarcada tanto para la ubicación de los contenedores y espacios de trabajo para los operarios o funcionarios, debiendo existir un señalero que controle el tráfico de camiones, sin perjuicio que estas observaciones ya le habían sido representadas a

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III. SENTENCIA DE REEMPLAZO

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 474, 478, 482 y 488 del Código del Trabajo se acoge el recurso de nulidad deducido por el abogado Patricio Varas Vega, en representación de la parte demandante Luis Ernesto Orozco Méndez, en contra de la sentencia de veinticinco de enero del año dos mil diez, pronunciada por el señor Juez Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Quilpué, don René Zúñiga Mendoza, invalidándose el fallo recurrido y debiendo dictarse la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley, sin costas del recurso, por haber tenido el demandante motivos plausibles para litigar. Regístrese y notifíquese. Redactada por la Ministro señora Inés María Letelier Ferrada. Pronunciada por los Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, quien no firma por encontrarse haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Sra. Inés María Letelier Ferrada y la abogado Integrante Sra. Susana Bontá Medina. Resolución incluida en el estado diario del día de hoy. Rol N° 135-2010.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 474, 478, 482 y 488 del Código del Trabajo se acoge el recurso de nulidad deducido por el abogado Patricio Varas Vega, en representación de la parte demandante Luis Ernesto Orozco Méndez, en contra de la sentencia de veinticinco de enero del año dos mil diez, pronunciada por el señor Juez Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de Quilpué, don René Zúñiga Mendoza, invalidándose el fallo recurrido y debiendo dictarse la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley, sin costas del recurso, por haber tenido el demandante motivos plausibles para litigar. Regístrese y notifíquese. Redactada por la Ministro señora Inés María Letelier Ferrada. Pronunciada por los Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, quien no firma por encontrarse haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Sra. Inés María Letelier Ferrada y la abogado Integrante Sra. Susana Bontá Medina. Resolución incluida en el estado diario del día de hoy. Rol N° 135-2010.

III. SENTENCIA DE REEMPLAZO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Valparaíso, veinticuatro de mayo del año dos mil diez. VISTO: Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE: Que, como consecuencia de lo resuelto en el recurso de nulidad de igual fecha y rol que el presente fallo, procede, de conformidad a lo previsto en el inciso segundo del artículo 478 del Código del Trabajo, dictar por el tribunal ad quem la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley, con tal propósito, se tiene por reproducida la sentencia anulada, con excepción de los considerandos cuarto, sexto, octavo y décimo y, en su lugar, se tiene presente lo siguiente: PRIMERO: Que, no se ha controvertido la existencia de la relación laboral entre Master Services Comercial Limitada y el actor, desempeñándose este último como operario de aseo y mantención, en las dependencias de la Empresa S.A.C.I. Falabella, desde el 3 de enero del año 2009. Asimismo no se ha controvertido que el 2 de febrero del año 2009, el trabajador mientras realizaba labores al interior del establecimiento de una de las demandadas Falabella, sufrió un accidente. SEGUNDO: Que, el accidente se produjo, según se desprende de la declaración de doña Teresa Valenzuela, testigo presencial del hecho denunciado, que en circunstancia que encontrándose junto con el demandante en el recinto donde se situaba los contenedores de basura, ingresó en retroceso al lugar, un camión con el objeto de retirar la basura de los contenedores, instantes en que impacta a este último con su parte trasera al actor, ocasionándole las lesiones en su pierna izquierda de fractura expuesta, según dan cuenta los informes médicos, entre ellos el informe N° 5380409 de 24 de abril de 2004 emitido por el Dr. González del Hospital del Trabajador, hecho que no se encuentra cuestionado. TERCERO: Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 16.744, se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, excluyéndose sólo aquellos que se produzcan por fuerza mayor que no guarden relación con el trabajo o provocados intencionalmente por la víctima. En el caso en particular, no hay duda, que se trata de un accidente laboral, desde que se produjo mientras se realizaban las labores para las cuales el actor fue contratado y en el recinto de la empresa dueña de la obra o faena, sin contar con los implementos de trabajo, conforme da cuenta la declaración de la testigo presencial Sra. Valenzuela y de la propia declaración del Sr. Orozco. CUARTO: Que, del informe de la AChS, respecto del accidente, luego de describir la dinámica del mismo, reseñada en el considerando segundo, concluye que el accidente tuvo su origen en las acciones desplegadas tanto por el chofer del camión como por el propio actor. Sin embargo, propone medidas preventivas de tipo correctivas, con el objeto que tal hecho no vuelva a suceder a futuro, tales como, señalizar con conos las vías de transito del camión y una zona demarcada tanto para la ubicación de los contenedores y espacios de trabajo para los operarios o funcionarios, debiendo existir un señalero que controle el tráfico de camiones, sin perjuicio que estas observaciones ya le habían sido representadas a

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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Falabella con anterioridad al hecho, por el prevencionista de la Asociación Chilena de Seguridad, según los dichos del representante de Master Service Comercial Ltda. QUINTO: Que, en consecuencia y tratándose de responsabilidad contractual ya que la acción intentada encuentra su origen en la vinculación de naturaleza laboral que unía a las partes y en la disposición contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y salud de sus trabajadores, ha de estarse a los requisitos que hacen concurrente la responsabilidad pretendida, es decir; a) el incumplimiento por parte del empleador, en el caso, el actor no utilizaba su equipamiento de trabajo, independientemente el recinto en que se encontraban los contenedores de basuras no detallaba la señalización, a lo que cabe agregar que es de toda lógica suponer que al realizar la maniobra en retroceso el camión destinado a vaciar los contenedores, se parte de la base que el área debe estar despejada de obstáculos, impedimentos, dificultades que entorpezcan o hagan riesgosa la tarea, los que deben ser minimizados e incluso eliminados por la empleadora, cuestión que en la especie, no se hizo cuando le fue indicado, previamente por el prevencionista de Riesgos de la ACHIS; b) resultado dañoso (lesión en la pierna izquierda del actor) y c) la relación de causalidad entre uno y otro, en el caso, en el evento de que hubiere existido una persona encargada de señalar a los camiones que ingresan al patio donde se encuentra los contenedores de basuras y, además, de tener zonas señalizadas de transito y de contenedores lo probable que el accidente no se hubiere producido, por consiguiente la causa del mismo, esto es, la circunstancia que el actor haya resultado con su pierna izquierda facturada se debió a la falta de cuidado de las demandadas respecto de su seguridad. QUINTO: Que en consecuencia, la demanda debe ser acogida en cuanto al daño moral por las razones vertidas en el fallo que se invalidó y que en esta parte se da por reproducidas, incluyendo su monto, en atención que la lesión sufrida por el trabajador debe haberle causado dolor y aflicción, basándose fundamentalmente en la entidad del daño sufrido, más no así en relación con el lucro cesante, definido como la pérdida de la ganancia probable, ya que éste no ha sido acreditado, por cuanto los supuestos de los que parte el actor en orden a los años pendientes para su jubilación, a obtener una remuneración por todo ese lapso, a que su monto sea invariable, constituyen solo expectativas que no autorizan para acceder a lo solicitado, este último argumento, está acorde con lo sostenido por la jurisprudencia. SEXTO: Que estos sentenciadores dan por reproducidos lo consignado en los motivos quinto al octavo del fallo que acoge la nulidad, por haber incurrido en infracción de ley, al no haber sancionado a ambas demandadas, ya individualizadas, puesto que el deber de protección y segundad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, según se desprende de los artículos 184 y 183 letra E, ambos, del Código del Trabajo, sin que haga el legislador distinción en cuanto al lugar físico donde se prestan los servicios, tanto el empleador directo como el contratista y los subcontratistas tienen el deber, al igual que un padre de familia, proteger, prevenir, supervisar y exigir el cumplimiento de las normas de cuidados acerca de la salud y seguridad en el desempeño de las funciones de sus trabajadores, cuestión que tiene rango constitucional, y que en el caso a tratar, se ha incumplido, reflejando la conducta de todos ellos que no han asumido la relevancia del deber que se les ha impuesto, que no es otra que la preocupación que se debe prestar a la persona por ser tal, de modo que se desestimará el argumento de la demandada Master Service Comercial Limitada (contratista), en cuanto ella no tenía injerencia sobre las condiciones de seguridad del lugar físico en donde efectuaba faenas su trabajador, que para estos efectos, sí tiene doble dependencia. SÉPTIMO: Que así las cosas corresponde determinar la responsabilidad de la empresa principal, vale decir, si es subsidiaria o solidaria, ello dependerá si ejerció su rol de fiscalizador respecto a la contratista, en el evento que ello no lo demuestre debe responder solidariamente con la otra obligada conforme lo disponen los artículos 183 B y 183 E, ambos del Código del ramo. En el caso a tratar no se fija como punto de prueba la circunstancia de si la empleadora, dueña de la obra, fiscalizó o no a la contratista respecto de las obligaciones laborales y previsionales, sin constar en autos que se hubiera reclamado por ello, de manera que aquélla, entiéndase empresa principal, debe responder solidariamente con el contratista, a favor del actor. OCTAVO: Que la prueba documental, testimonial y confesional ofrecida por la demandada Sociedad Master Service Comercial Ltda., incorporada en juicio y oída por estos sentenciadores, apreciada

Falabella con anterioridad al hecho, por el prevencionista de la Asociación Chilena de Seguridad, según los dichos del representante de Master Service Comercial Ltda. QUINTO: Que, en consecuencia y tratándose de responsabilidad contractual ya que la acción intentada encuentra su origen en la vinculación de naturaleza laboral que unía a las partes y en la disposición contenida en el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual impone al empleador la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y salud de sus trabajadores, ha de estarse a los requisitos que hacen concurrente la responsabilidad pretendida, es decir; a) el incumplimiento por parte del empleador, en el caso, el actor no utilizaba su equipamiento de trabajo, independientemente el recinto en que se encontraban los contenedores de basuras no detallaba la señalización, a lo que cabe agregar que es de toda lógica suponer que al realizar la maniobra en retroceso el camión destinado a vaciar los contenedores, se parte de la base que el área debe estar despejada de obstáculos, impedimentos, dificultades que entorpezcan o hagan riesgosa la tarea, los que deben ser minimizados e incluso eliminados por la empleadora, cuestión que en la especie, no se hizo cuando le fue indicado, previamente por el prevencionista de Riesgos de la ACHIS; b) resultado dañoso (lesión en la pierna izquierda del actor) y c) la relación de causalidad entre uno y otro, en el caso, en el evento de que hubiere existido una persona encargada de señalar a los camiones que ingresan al patio donde se encuentra los contenedores de basuras y, además, de tener zonas señalizadas de transito y de contenedores lo probable que el accidente no se hubiere producido, por consiguiente la causa del mismo, esto es, la circunstancia que el actor haya resultado con su pierna izquierda facturada se debió a la falta de cuidado de las demandadas respecto de su seguridad. QUINTO: Que en consecuencia, la demanda debe ser acogida en cuanto al daño moral por las razones vertidas en el fallo que se invalidó y que en esta parte se da por reproducidas, incluyendo su monto, en atención que la lesión sufrida por el trabajador debe haberle causado dolor y aflicción, basándose fundamentalmente en la entidad del daño sufrido, más no así en relación con el lucro cesante, definido como la pérdida de la ganancia probable, ya que éste no ha sido acreditado, por cuanto los supuestos de los que parte el actor en orden a los años pendientes para su jubilación, a obtener una remuneración por todo ese lapso, a que su monto sea invariable, constituyen solo expectativas que no autorizan para acceder a lo solicitado, este último argumento, está acorde con lo sostenido por la jurisprudencia. SEXTO: Que estos sentenciadores dan por reproducidos lo consignado en los motivos quinto al octavo del fallo que acoge la nulidad, por haber incurrido en infracción de ley, al no haber sancionado a ambas demandadas, ya individualizadas, puesto que el deber de protección y segundad en el régimen de subcontratación le corresponde tanto a la empresa principal y contratista, según se desprende de los artículos 184 y 183 letra E, ambos, del Código del Trabajo, sin que haga el legislador distinción en cuanto al lugar físico donde se prestan los servicios, tanto el empleador directo como el contratista y los subcontratistas tienen el deber, al igual que un padre de familia, proteger, prevenir, supervisar y exigir el cumplimiento de las normas de cuidados acerca de la salud y seguridad en el desempeño de las funciones de sus trabajadores, cuestión que tiene rango constitucional, y que en el caso a tratar, se ha incumplido, reflejando la conducta de todos ellos que no han asumido la relevancia del deber que se les ha impuesto, que no es otra que la preocupación que se debe prestar a la persona por ser tal, de modo que se desestimará el argumento de la demandada Master Service Comercial Limitada (contratista), en cuanto ella no tenía injerencia sobre las condiciones de seguridad del lugar físico en donde efectuaba faenas su trabajador, que para estos efectos, sí tiene doble dependencia. SÉPTIMO: Que así las cosas corresponde determinar la responsabilidad de la empresa principal, vale decir, si es subsidiaria o solidaria, ello dependerá si ejerció su rol de fiscalizador respecto a la contratista, en el evento que ello no lo demuestre debe responder solidariamente con la otra obligada conforme lo disponen los artículos 183 B y 183 E, ambos del Código del ramo. En el caso a tratar no se fija como punto de prueba la circunstancia de si la empleadora, dueña de la obra, fiscalizó o no a la contratista respecto de las obligaciones laborales y previsionales, sin constar en autos que se hubiera reclamado por ello, de manera que aquélla, entiéndase empresa principal, debe responder solidariamente con el contratista, a favor del actor. OCTAVO: Que la prueba documental, testimonial y confesional ofrecida por la demandada Sociedad Master Service Comercial Ltda., incorporada en juicio y oída por estos sentenciadores, apreciada ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

IV. CORTE SUPREMA Santiago, dieciséis de agosto de dos mil diez. A fojas 386: Por cumplido lo ordenado. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada, a fojas 268.

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conforme a las reglas de la sana crítica, no alteran lo concluido precedentemente, más aún cuando es su parte la que debe acreditar que cumplió con su obligación de seguridad. Por el contrario, el único testimonio incorporado a juicio, don Mario Santibáñez, informa que pese a la advertencia de la Asociación Chilena de Seguridad quien les había observado que las zonas de tránsito no se encontraba demarcadas, no podía inmiscuirse con la empresa dueña de la obra, además, el contrato no se lo permitía, a juicio de esta Corte resulta inaceptable puesto que el deber de cuidado como ya se consignará le corresponde a todos los empleadores involucrados, normas de orden público. En tanto, la prueba documental se refiere en general a detallar los reglamentos que la regula y convenios suscritos con prevencionista, reproduciéndose solo aquellos que no fueron acompañados por el actor, los que no fueron objetados, los que se detallan a continuación; 1. copia del reglamento interno de orden e higiene y seguridad; 2. copia simple de “Charla de Inducción al Hombre Nuevo”; 3. copia de ficha de incorporación del trabajador; 4. copia de anexo de ficha de seguridad y salud Ocupacional del actor; 5. copia del acta de entrega de equipo de protección personal y aseo entregada al actor; 6. copia de declaración jurada notarial de pago de cotizaciones previsionales del actor, con los reglamentos de seguridad; 7. original del acta de entrenamiento de seguridad fechada de 10 de junio del 2009; 8. impresión de e mail enviada por Mauricio Contreras al representante de Master Service; 9. Charla de seguridad de fecha 6 de noviembre, 28 y 29 de octubre de 2009; 10. copia de acta de asistencia de votación de fecha 09 de mayo de 2009; 11. copia del acta remitida el 9 de junio de 2009 a la Inspección del Trabajo, copia de la investigación del accidente enviado por Master Service el 10 de noviembre de 2009; 12. copia de informe de atenciones médicas del actor; 13. declaración básica de responsabilidad social de 5 de noviembre de 2009; 14. copia del contrato de trabajo suscrito entre la empresa y la Prevencionista de riesgos doña Paulina Naranjo Risco de 18 de enero de 2007; 15. copia de contrato alumno en práctica suscrito entre la demandada y don José Santibáñez Galaz de 2 de febrero del año 2009; 16. copia autorizada de contrato de trabajo suscrito entre la empresa y el actor de 3 de enero del año 2009; 17. contrato de trabajo suscrito entre la empresa y don Michel Balladares Herrera prevencionista de riesgo de 10 de diciembre del año 2008, sin que ello demuestre suficientemente la observancia del deber en comento. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: Que se acoge la demandada de fojas 1 y siguientes, interpuesta por don Luis Ernesto Orozco Méndez, sólo en cuanto, que se condenan solidariamente a las demandadas Empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella y Master Service Comercial Limitada pagar al actor, antes individualizado, la suma única y total de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) por concepto de daño moral y se rechaza la referida demandada por el rubro de lucro cesante. La referida suma se pagara reajustada en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice, devengando el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación. No se condena en costas por no haber resultado totalmente vencidos los demandados. Regístrese, devuélvase y archívese en su oportunidad. Redacción de la Ministra señora Inés María Letelier Ferrada. Rol N° 135-2010. Pronunciada por los Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, quien no firma por encontrarse haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Sra. Inés María Letelier Ferrada y la Abogado Integrante Sra. Susana Bontá Medina. Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.

conforme a las reglas de la sana crítica, no alteran lo concluido precedentemente, más aún cuando es su parte la que debe acreditar que cumplió con su obligación de seguridad. Por el contrario, el único testimonio incorporado a juicio, don Mario Santibáñez, informa que pese a la advertencia de la Asociación Chilena de Seguridad quien les había observado que las zonas de tránsito no se encontraba demarcadas, no podía inmiscuirse con la empresa dueña de la obra, además, el contrato no se lo permitía, a juicio de esta Corte resulta inaceptable puesto que el deber de cuidado como ya se consignará le corresponde a todos los empleadores involucrados, normas de orden público. En tanto, la prueba documental se refiere en general a detallar los reglamentos que la regula y convenios suscritos con prevencionista, reproduciéndose solo aquellos que no fueron acompañados por el actor, los que no fueron objetados, los que se detallan a continuación; 1. copia del reglamento interno de orden e higiene y seguridad; 2. copia simple de “Charla de Inducción al Hombre Nuevo”; 3. copia de ficha de incorporación del trabajador; 4. copia de anexo de ficha de seguridad y salud Ocupacional del actor; 5. copia del acta de entrega de equipo de protección personal y aseo entregada al actor; 6. copia de declaración jurada notarial de pago de cotizaciones previsionales del actor, con los reglamentos de seguridad; 7. original del acta de entrenamiento de seguridad fechada de 10 de junio del 2009; 8. impresión de e mail enviada por Mauricio Contreras al representante de Master Service; 9. Charla de seguridad de fecha 6 de noviembre, 28 y 29 de octubre de 2009; 10. copia de acta de asistencia de votación de fecha 09 de mayo de 2009; 11. copia del acta remitida el 9 de junio de 2009 a la Inspección del Trabajo, copia de la investigación del accidente enviado por Master Service el 10 de noviembre de 2009; 12. copia de informe de atenciones médicas del actor; 13. declaración básica de responsabilidad social de 5 de noviembre de 2009; 14. copia del contrato de trabajo suscrito entre la empresa y la Prevencionista de riesgos doña Paulina Naranjo Risco de 18 de enero de 2007; 15. copia de contrato alumno en práctica suscrito entre la demandada y don José Santibáñez Galaz de 2 de febrero del año 2009; 16. copia autorizada de contrato de trabajo suscrito entre la empresa y el actor de 3 de enero del año 2009; 17. contrato de trabajo suscrito entre la empresa y don Michel Balladares Herrera prevencionista de riesgo de 10 de diciembre del año 2008, sin que ello demuestre suficientemente la observancia del deber en comento. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: Que se acoge la demandada de fojas 1 y siguientes, interpuesta por don Luis Ernesto Orozco Méndez, sólo en cuanto, que se condenan solidariamente a las demandadas Empresa S.A.C.I. Falabella o Tradis Falabella y Master Service Comercial Limitada pagar al actor, antes individualizado, la suma única y total de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) por concepto de daño moral y se rechaza la referida demandada por el rubro de lucro cesante. La referida suma se pagara reajustada en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice, devengando el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación. No se condena en costas por no haber resultado totalmente vencidos los demandados. Regístrese, devuélvase y archívese en su oportunidad. Redacción de la Ministra señora Inés María Letelier Ferrada. Rol N° 135-2010. Pronunciada por los Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, quien no firma por encontrarse haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Sra. Inés María Letelier Ferrada y la Abogado Integrante Sra. Susana Bontá Medina. Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

IV. CORTE SUPREMA Santiago, dieciséis de agosto de dos mil diez. A fojas 386: Por cumplido lo ordenado. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada, a fojas 268.

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SEGUNDO: Que el legislador laboral ha señalado que constituyen requisitos de admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia que deben ser controlados por esta Corte, la oportunidad del mismo (inciso primero del artículo 483 A del Código del Trabajo) y la existencia de fundamento, debiendo incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento (inciso 2° de la disposición citada). TERCERO: Que las sentencias en que se apoya el arbitrio, en cuanto se limitan a declarar la primera de ellas rol N° 53-09, Corte de Rancagua que no existió infracción a las normas reguladoras de la prueba en la resolución que revisa; y la segunda rol N° 363 09, Corte de Concepción que el dueño de la obra no responde, en el caso de un accidente del trabajo, solidariamente de las obligaciones del contratista, sino de manera directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 E del Código del Trabajo, no contienen una interpretación distinta a la sostenida en la resolución objeto del recurso, como exige la ley, ya que esta última, en lo que interesa, sostiene que la responsabilidad del contratista, en los accidentes del trabajo, emana de lo dispuesto en el artículo 184 del Código citado. CUARTO: Que en estas condiciones, se impone la declaración de inadmisibilidad del recurso, teniendo especialmente en cuenta para así resolverlo, el carácter excepcional que reviste el mecanismo de impugnación que se intenta, particularidad reconocida expresamente por el artículo 483 del estatuto laboral. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 483 A del Código del Trabajo, se declara inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia de fojas 268, deducido en contra de la sentencia de veinticuatro de mayo último, escrita a fojas 164 y siguientes. Regístrese y devuélvase con su agregado. Rol N° 4.637-10. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señora Gabriela Pérez P., señor Guillermo Silva G., señora Rosa María Maggi D., y el Abogado Integrante señor Luis Bates H. Santiago, 16 de agosto de 2010. Autoriza la Secretaria de la Corte Suprema, señora Rosa María Pinto Egusquiza. En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil diez, notifiqué en Secretaria por el estado diario la resolución precedente.

SEGUNDO: Que el legislador laboral ha señalado que constituyen requisitos de admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia que deben ser controlados por esta Corte, la oportunidad del mismo (inciso primero del artículo 483 A del Código del Trabajo) y la existencia de fundamento, debiendo incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento (inciso 2° de la disposición citada). TERCERO: Que las sentencias en que se apoya el arbitrio, en cuanto se limitan a declarar la primera de ellas rol N° 53-09, Corte de Rancagua que no existió infracción a las normas reguladoras de la prueba en la resolución que revisa; y la segunda rol N° 363 09, Corte de Concepción que el dueño de la obra no responde, en el caso de un accidente del trabajo, solidariamente de las obligaciones del contratista, sino de manera directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 E del Código del Trabajo, no contienen una interpretación distinta a la sostenida en la resolución objeto del recurso, como exige la ley, ya que esta última, en lo que interesa, sostiene que la responsabilidad del contratista, en los accidentes del trabajo, emana de lo dispuesto en el artículo 184 del Código citado. CUARTO: Que en estas condiciones, se impone la declaración de inadmisibilidad del recurso, teniendo especialmente en cuenta para así resolverlo, el carácter excepcional que reviste el mecanismo de impugnación que se intenta, particularidad reconocida expresamente por el artículo 483 del estatuto laboral. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 483 A del Código del Trabajo, se declara inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia de fojas 268, deducido en contra de la sentencia de veinticuatro de mayo último, escrita a fojas 164 y siguientes. Regístrese y devuélvase con su agregado. Rol N° 4.637-10. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señora Gabriela Pérez P., señor Guillermo Silva G., señora Rosa María Maggi D., y el Abogado Integrante señor Luis Bates H. Santiago, 16 de agosto de 2010. Autoriza la Secretaria de la Corte Suprema, señora Rosa María Pinto Egusquiza. En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil diez, notifiqué en Secretaria por el estado diario la resolución precedente. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veintitrés de abril de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció ante este Tribunal laboral don Fernando Aliste Paredes, empleado, domiciliado en Ventura Galván N° 9330, comuna de La Florida quien deduce demanda por accidente del trabajo en procedimiento de aplicación general en contra de su empleador CFV Ingeniería y Construcción, representada por don Christian Fernández Valladares, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Madame Bolland N° 77 Oficina 1302, y demanda solidaria contra Anasac S.A.C. representada por don Eugenio de Marchena Guzmán, ambos domiciliado en Almirante Pastene N° 300, comuna de Providencia, a fin que el tribunal, acogiendo su demanda declare su responsabilidad en el accidente laboral ocurrido el 16 de octubre de 2009 y se las condene al pago de la indemnización por lucro cesante, daño emergente y el daño moral sufrido, todo con intereses, reajustes y costas del juicio. SEGUNDO: Fundamenta su demanda en que con fecha 6 de octubre de 2009 ingresó a prestar servicios laborales para la demandada, desempeñándose a la fecha del accidente laboral en la función de Albañil, en dependencias de la demandada solidaria. Agrega que el día 16 de octubre de 2009, a las 12:50 horas aproximadamente, en la empresa ANASAC, ubicado Ruta 5 Sur, Km 40, Parcela 175, Comuna de Paine, se desempeñaba como albañil para la demandada principal, momento en que el supervisor en la obra, don Guillermo Márquez le ordena limpiar y pintar una estructura metálica que estaba a 3 ó 4 metros de altura, para lo cual me dio instrucciones de subir por la escalera portátil existente en el lugar. La maniobra era peligrosa para mi integridad física, por cuanto la escalera quedaba apoyada en un pilar que la hacía inestable, debiendo haberse ocupado en vez de la escalera un andamio. Esto no ocurrió, por que los andamios en ese momento estaban ocupados y la orden la debía cumplirla sin demora, de haberse opuesto a esta orden habría puesto en riesgo su fuente laboral. Indica que en esas condiciones subió por la escalera, con serios riesgos para su vida e integridad. Es del caso que cuando bajaba por la escalera, después de realizar la labor encomendada, perdió el equilibrio debido a que la escalera comenzó a moverse por no estar bien apoyada. A raíz de esto se cae al piso de cemento desde una altura aproximada de tres metros, golpeándose en el codo y hombro del brazo derecho y en la nuca, perdiendo el conocimiento. Siendo trasladado al Hospital de Buin, en un vehículo particular, donde le diagnosticaron Policontusiones y TEC simple. Agrega que en el Policlínico de La Florida, consultorio Santa Amalia, con fecha 5 de noviembre de 2009, le diagnosticaron traumatismo de hombro derecho, de 20 días de evolución, encontrándose hasta la fecha de interposición de la demanda con licencia médica. Señala que su remuneración mensual a la fecha del accidente por sueldo base ascendía a $ 240.000, más gratificación mensual garantizada del artículo 50 del Código del Trabajo. Enfatiza que el accidente laboral se produjo debido a que las demandadas no tomaron todas las medidas de seguridad, consistentes en haberle proporcionado un andamio entre otras cosa. Adiciona que hasta la fecha no ha podido atenderse adecuadamente en un centro médico, ya que su empleador entregó la declaración de accidente del trabajo solo a raíz de una fiscalización concretada el 18 de diciembre de 2009. Indica que el accidente le provocó lesiones en el codo y hombro derecho, que hasta la fecha no han sido tratadas adecuadamente por la razón antes señalada, lo cual lo ha imposibilitado para girar el brazo, sin poder realizar las labores que antes ejecutaba, tanto domésticas, deportivas y laborales. Esto le ha producido un sufrimiento y pesar, que ha desencadenado una depresión por no poder trabajar normalmente y las consecuencias económicas de esto, además de no poder hacer deporte y llevar una vida normal.

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I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1229-2009 Cita online: CL/JUR/14738/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-1229-2009 Cita online: CL/JUR/14738/2010

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, veintitrés de abril de dos mil diez. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció ante este Tribunal laboral don Fernando Aliste Paredes, empleado, domiciliado en Ventura Galván N° 9330, comuna de La Florida quien deduce demanda por accidente del trabajo en procedimiento de aplicación general en contra de su empleador CFV Ingeniería y Construcción, representada por don Christian Fernández Valladares, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Madame Bolland N° 77 Oficina 1302, y demanda solidaria contra Anasac S.A.C. representada por don Eugenio de Marchena Guzmán, ambos domiciliado en Almirante Pastene N° 300, comuna de Providencia, a fin que el tribunal, acogiendo su demanda declare su responsabilidad en el accidente laboral ocurrido el 16 de octubre de 2009 y se las condene al pago de la indemnización por lucro cesante, daño emergente y el daño moral sufrido, todo con intereses, reajustes y costas del juicio. SEGUNDO: Fundamenta su demanda en que con fecha 6 de octubre de 2009 ingresó a prestar servicios laborales para la demandada, desempeñándose a la fecha del accidente laboral en la función de Albañil, en dependencias de la demandada solidaria. Agrega que el día 16 de octubre de 2009, a las 12:50 horas aproximadamente, en la empresa ANASAC, ubicado Ruta 5 Sur, Km 40, Parcela 175, Comuna de Paine, se desempeñaba como albañil para la demandada principal, momento en que el supervisor en la obra, don Guillermo Márquez le ordena limpiar y pintar una estructura metálica que estaba a 3 ó 4 metros de altura, para lo cual me dio instrucciones de subir por la escalera portátil existente en el lugar. La maniobra era peligrosa para mi integridad física, por cuanto la escalera quedaba apoyada en un pilar que la hacía inestable, debiendo haberse ocupado en vez de la escalera un andamio. Esto no ocurrió, por que los andamios en ese momento estaban ocupados y la orden la debía cumplirla sin demora, de haberse opuesto a esta orden habría puesto en riesgo su fuente laboral. Indica que en esas condiciones subió por la escalera, con serios riesgos para su vida e integridad. Es del caso que cuando bajaba por la escalera, después de realizar la labor encomendada, perdió el equilibrio debido a que la escalera comenzó a moverse por no estar bien apoyada. A raíz de esto se cae al piso de cemento desde una altura aproximada de tres metros, golpeándose en el codo y hombro del brazo derecho y en la nuca, perdiendo el conocimiento. Siendo trasladado al Hospital de Buin, en un vehículo particular, donde le diagnosticaron Policontusiones y TEC simple. Agrega que en el Policlínico de La Florida, consultorio Santa Amalia, con fecha 5 de noviembre de 2009, le diagnosticaron traumatismo de hombro derecho, de 20 días de evolución, encontrándose hasta la fecha de interposición de la demanda con licencia médica. Señala que su remuneración mensual a la fecha del accidente por sueldo base ascendía a $ 240.000, más gratificación mensual garantizada del artículo 50 del Código del Trabajo. Enfatiza que el accidente laboral se produjo debido a que las demandadas no tomaron todas las medidas de seguridad, consistentes en haberle proporcionado un andamio entre otras cosa. Adiciona que hasta la fecha no ha podido atenderse adecuadamente en un centro médico, ya que su empleador entregó la declaración de accidente del trabajo solo a raíz de una fiscalización concretada el 18 de diciembre de 2009. Indica que el accidente le provocó lesiones en el codo y hombro derecho, que hasta la fecha no han sido tratadas adecuadamente por la razón antes señalada, lo cual lo ha imposibilitado para girar el brazo, sin poder realizar las labores que antes ejecutaba, tanto domésticas, deportivas y laborales. Esto le ha producido un sufrimiento y pesar, que ha desencadenado una depresión por no poder trabajar normalmente y las consecuencias económicas de esto, además de no poder hacer deporte y llevar una vida normal.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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De esta forma la empresa es responsable de no otorgar las medidas y elementos de seguridad necesarias para evitar el accidente relatado, según lo señalado precedentemente, ya que en su calidad de empleadora, la demandada estaba obligada a velar por la protección de la vida y salud de los trabajadores de la empresa, respecto a lo cual incurrió en un grave incumplimiento, que fue lo que causo el accidente laboral en comento. En efecto, el inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo.Siendo esta obligación de protección de la naturaleza del contrato de trabajo, la que además emana de la ley, obliga al empleador ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil a propósito de la ejecución de las obligaciones contractuales, estos obligan no sólo a lo que ello expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Las infracciones en que ocurrió el empleador, en este caso, dan origen a su responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa leve, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado al demandante con su incumplimiento. Las normas que regulan esta materia son las contenidas en los artículos 1556, 1557 y 1558 del Código Civil, y la del artículo 69 letra b de la Ley N° 16.744 sobre Aaccidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Esta última disposición, de carácter especial, establece que mediando culpa de la entidad empleadora o de un tercero...”. Por estas razones, solicita se condene a las demandadas al pago de las siguientes indemnizaciones. 1. LUCRO CESANTE: en atención a la pérdida de desempeñarse en cualquier trabajo, ya que perdió parte de su capacidad de poder continuar trabajando normalmente, más aún que solo tiene 46 años y le faltan 19 años para poder jubilar, y se encuentra en la edad de mayor capacidad laboral de todo hombre. En efecto, en caso que su grado de incapacidad laboral, no le permita obtener una pensión de invalidez, igualmente será un impedimento que le afectará y obstaculizará la celebración de un nuevo contrato de trabajo, por este rubro solicita la cantidad de dinero que resulte de su porcentaje de incapacidad laboral, calculado sobre la remuneración que percibía a la fecha del accidente, multiplicado por el número de meses y años que restan (16 años) para jubilar, o la suma de dinero que este tribunal determine. Para el caso que su incapacidad laboral le permita obtener una pensión mensual, solicita que se le indemnice por este rubro, con la suma de dinero que resulte de la diferencia entre las últimas remuneraciones obtenidas y el monto mensual que me corresponda o logre eventualmente percibir en el futuro a título de pensión por incapacidad o por otro título, multiplicado por el número de meses y años que restan (16 años), para jubilar, o la suma de dinero, que esta sentenciadora determine. 2. DAÑO EMERGENTE: La suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) por los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos a raíz del accidente laboral. 3. DAÑO MORAL: La suma de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) por el dolor y sufrimiento que he padecido hasta la fecha con motivo de este accidente y que seguiré padeciendo o la suma que este tribunal determine. TERCERO: Que la demandada, CFV Ingeniería y Construcción, contesta la demanda solicitando el rechazo en todas sus partes con expresa condenación en costas, por las consideraciones de hecho y derecho fundado en que el actor fue contratado con fecha 06 de octubre de 2009, para prestar sus servicios de albañil, en el establecimiento productor y distribuidor de insumos agrícolas, denominada planta de ANASAC. La remuneración pactada ascendía a la suma de $ 240.000, como consta en el contrato suscrito entre las partes. Indica que con fecha 16 de octubre de 2009, el trabajador sufrió un accidente del trabajo al caer desde una escalera desde una altura aproximada de 50 centímetros. Con fecha 23 de noviembre de 2009, se puso término a la relación laboral, por la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, esto es, “No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos”. Esto por no asistir a su trabajo desde el 18 de noviembre de 2009, en adelante. Con fecha 16 de octubre de 2009, el Sr. Aliste se encontraba desempeñando su labor de Albañil, a una altura de tres metros cincuenta aproximadamente, para ello su representada debido al riesgo que existe al trabajar en altura y cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias, otorgó al trabajador un arnés y cola para que éste se amarrare antes de ejecutar la labor mencionada, hecho que maliciosamente no señala en su libelo. El actor cumple con colocarse su arnés y la cuerda de vida

De esta forma la empresa es responsable de no otorgar las medidas y elementos de seguridad necesarias para evitar el accidente relatado, según lo señalado precedentemente, ya que en su calidad de empleadora, la demandada estaba obligada a velar por la protección de la vida y salud de los trabajadores de la empresa, respecto a lo cual incurrió en un grave incumplimiento, que fue lo que causo el accidente laboral en comento. En efecto, el inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo.Siendo esta obligación de protección de la naturaleza del contrato de trabajo, la que además emana de la ley, obliga al empleador ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil a propósito de la ejecución de las obligaciones contractuales, estos obligan no sólo a lo que ello expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Las infracciones en que ocurrió el empleador, en este caso, dan origen a su responsabilidad contractual, y siendo responsable de la culpa leve, su obligación se resuelve en la de indemnizar el daño provocado al demandante con su incumplimiento. Las normas que regulan esta materia son las contenidas en los artículos 1556, 1557 y 1558 del Código Civil, y la del artículo 69 letra b de la Ley N° 16.744 sobre Aaccidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Esta última disposición, de carácter especial, establece que mediando culpa de la entidad empleadora o de un tercero...”. Por estas razones, solicita se condene a las demandadas al pago de las siguientes indemnizaciones. 1. LUCRO CESANTE: en atención a la pérdida de desempeñarse en cualquier trabajo, ya que perdió parte de su capacidad de poder continuar trabajando normalmente, más aún que solo tiene 46 años y le faltan 19 años para poder jubilar, y se encuentra en la edad de mayor capacidad laboral de todo hombre. En efecto, en caso que su grado de incapacidad laboral, no le permita obtener una pensión de invalidez, igualmente será un impedimento que le afectará y obstaculizará la celebración de un nuevo contrato de trabajo, por este rubro solicita la cantidad de dinero que resulte de su porcentaje de incapacidad laboral, calculado sobre la remuneración que percibía a la fecha del accidente, multiplicado por el número de meses y años que restan (16 años) para jubilar, o la suma de dinero que este tribunal determine. Para el caso que su incapacidad laboral le permita obtener una pensión mensual, solicita que se le indemnice por este rubro, con la suma de dinero que resulte de la diferencia entre las últimas remuneraciones obtenidas y el monto mensual que me corresponda o logre eventualmente percibir en el futuro a título de pensión por incapacidad o por otro título, multiplicado por el número de meses y años que restan (16 años), para jubilar, o la suma de dinero, que esta sentenciadora determine. 2. DAÑO EMERGENTE: La suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) por los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos a raíz del accidente laboral. 3. DAÑO MORAL: La suma de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) por el dolor y sufrimiento que he padecido hasta la fecha con motivo de este accidente y que seguiré padeciendo o la suma que este tribunal determine. TERCERO: Que la demandada, CFV Ingeniería y Construcción, contesta la demanda solicitando el rechazo en todas sus partes con expresa condenación en costas, por las consideraciones de hecho y derecho fundado en que el actor fue contratado con fecha 06 de octubre de 2009, para prestar sus servicios de albañil, en el establecimiento productor y distribuidor de insumos agrícolas, denominada planta de ANASAC. La remuneración pactada ascendía a la suma de $ 240.000, como consta en el contrato suscrito entre las partes. Indica que con fecha 16 de octubre de 2009, el trabajador sufrió un accidente del trabajo al caer desde una escalera desde una altura aproximada de 50 centímetros. Con fecha 23 de noviembre de 2009, se puso término a la relación laboral, por la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, esto es, “No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos”. Esto por no asistir a su trabajo desde el 18 de noviembre de 2009, en adelante. Con fecha 16 de octubre de 2009, el Sr. Aliste se encontraba desempeñando su labor de Albañil, a una altura de tres metros cincuenta aproximadamente, para ello su representada debido al riesgo que existe al trabajar en altura y cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias, otorgó al trabajador un arnés y cola para que éste se amarrare antes de ejecutar la labor mencionada, hecho que maliciosamente no señala en su libelo. El actor cumple con colocarse su arnés y la cuerda de vida ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

ejecutando con absoluta normalidad su labor como expresamente lo reconoce. De manera que resulta a todas luces falsa la afirmación de que la escalera se encontraba inestable o mal colocada al trabajar ya que de otro modo el demandante no hubiese podido pintar o simplemente hubiese caído mientras realizaba su trabajo, es decir, desde lo más alto de la escalera. Además, las escaleras presentan como medida de seguridad gomas que se adhieren al suelo quedando completamente estable, son escaleras de mantención creadas para efectuar labores en altura. Una vez terminado su trabajo en altura, el actor se saca la cuerda de vida y baja la escalera. De esta manera, al descender por la escalera en los últimos peldaños debido a una mala maniobra y negligencia del actor, éste cae desde alrededor de 50 centímetros de altura. Hace presente que, nuevamente el demandante en su libelo omite señalar que al momento de caer llevaba puesto casco de seguridad, guantes y zapatos antideslizantes. Al caer se golpea el hombro y su cabeza que como señaló estaba protegida por el casco de seguridad. Es absolutamente falso que el actor en la caída haya perdido la conciencia, esto es acreditable por el parte médico del Hospital de Buin que le diagnosticó un TEC simple y por los trabajadores que fueron testigos del hecho. Al percatarse del accidente fue llevado al Centro Asistencial más cercano. En el Hospital de Buin como el propio actor reconoce, se le diagnosticó TEC simple y policontusiones. Se llegó a este diagnóstico debido a las radiografías realizadas tanto en la cabeza, hombro y codo. Hospital en el cual fue dado de alta médica derivándolo a su casa a descansar. Añade que mi representada está afiliada al sistema público en caso de accidente del trabajo, es por este motivo es que el actor fue trasladado al Hospital de Buin, atenciones médicas que fueron pagadas en su totalidad por el seguro médico del trabajador. Siguiendo con el relato, el día 19 de octubre el demandante concurre al Policlínico de La Florida en donde nuevamente se le diagnostica policontuso y tec simple y se le dan 7 días de reposo. Transcurriendo estos días se le encomienda labores y las ejecuta de forma normal durante tres días, es consultado tanto por don Juan Bonifaz responsable de la obra por parte de CFV Ingeniería y Construcción como por el señor Nelson Alfaro, encargado de seguridad de ANASAC, como se había sentido y manifiesta estar en condiciones de seguir trabajando. Los primeros días de noviembre, aparece con una nueva licencia médica de diagnóstico reservado para la empresa y me da entender que apenas termine su tratamiento se retirará del trabajo. El siete de noviembre de 2009 presenta la última licencia de diagnóstico reservado, después de la cual no volvió más a trabajar siendo despedido por la causal y hechos antes mencionados hace presente que las dos últimas licencias médicas actualmente se encuentran en la contraloría del COMPIN para su estudio y ver si corresponde su pago o son rechazadas. Respecto de este tema nuevamente el actor falta a la verdad ya que señala que a la fecha aun sigue con Licencia Médica. Por último, tampoco es efectivo que el Sr. Aliste no se haya podido atender adecuadamente por no haber presentado la declaración de accidente del trabajo, ya que su parte efectuó la declaración el 19 de octubre dentro del plazo que estipula la ley para entregar la declaración, la que es de cuatro días a contar desde que se produjo el hecho. Producto de ello es que el actor se siguió atendiendo en el centro médico sin ningún costo para su persona. Así las cosas, el accidente se produjo por efectuar durante el descenso una mala y negligente maniobra, siendo exclusiva responsabilidad de éste la caída sufrida ya que contaba con todas las medidas de seguridad. Esta circunstancia fue reconocida por el actor a la Dirección del Trabajo producto de la investigación efectuada por el accidente. Aclara que al actor le fueron impartidas las correspondientes charlas de Succión que se efectúan cada vez que ingresa un nuevo trabajador a la empresa, las cuales abarcan un cuantioso número de temas relativos a las medidas preventivas que el trabajador debe adoptar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto supremo 40, las que se conocen como “El Derecho a Saber”. Además, al Sr. Aliste se le efectuaron diariamente charlas con la finalidad de prevenir riesgos en las labores que desempeñaba, corno también diversas charlas de capacitación, dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas relativas al uso correcto y obligatorio del arnés y al uso correcto de plataformas de trabajo. Lo mismo ocurría respecto ANASAC, quien también dio charlas informativas a los trabajadores que efectuaban trabajos en sus dependencias. De la misma manera, se le hizo entrega de los implementos de protección de acuerdo a la función que desempeñaba, tal como ocurre con todos los trabajadores de CFV Ingeniería y Construcción, consistentes, en este caso, en casco de seguridad, guantes de seguridad, antiparras. De la recepción

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ejecutando con absoluta normalidad su labor como expresamente lo reconoce. De manera que resulta a todas luces falsa la afirmación de que la escalera se encontraba inestable o mal colocada al trabajar ya que de otro modo el demandante no hubiese podido pintar o simplemente hubiese caído mientras realizaba su trabajo, es decir, desde lo más alto de la escalera. Además, las escaleras presentan como medida de seguridad gomas que se adhieren al suelo quedando completamente estable, son escaleras de mantención creadas para efectuar labores en altura. Una vez terminado su trabajo en altura, el actor se saca la cuerda de vida y baja la escalera. De esta manera, al descender por la escalera en los últimos peldaños debido a una mala maniobra y negligencia del actor, éste cae desde alrededor de 50 centímetros de altura. Hace presente que, nuevamente el demandante en su libelo omite señalar que al momento de caer llevaba puesto casco de seguridad, guantes y zapatos antideslizantes. Al caer se golpea el hombro y su cabeza que como señaló estaba protegida por el casco de seguridad. Es absolutamente falso que el actor en la caída haya perdido la conciencia, esto es acreditable por el parte médico del Hospital de Buin que le diagnosticó un TEC simple y por los trabajadores que fueron testigos del hecho. Al percatarse del accidente fue llevado al Centro Asistencial más cercano. En el Hospital de Buin como el propio actor reconoce, se le diagnosticó TEC simple y policontusiones. Se llegó a este diagnóstico debido a las radiografías realizadas tanto en la cabeza, hombro y codo. Hospital en el cual fue dado de alta médica derivándolo a su casa a descansar. Añade que mi representada está afiliada al sistema público en caso de accidente del trabajo, es por este motivo es que el actor fue trasladado al Hospital de Buin, atenciones médicas que fueron pagadas en su totalidad por el seguro médico del trabajador. Siguiendo con el relato, el día 19 de octubre el demandante concurre al Policlínico de La Florida en donde nuevamente se le diagnostica policontuso y tec simple y se le dan 7 días de reposo. Transcurriendo estos días se le encomienda labores y las ejecuta de forma normal durante tres días, es consultado tanto por don Juan Bonifaz responsable de la obra por parte de CFV Ingeniería y Construcción como por el señor Nelson Alfaro, encargado de seguridad de ANASAC, como se había sentido y manifiesta estar en condiciones de seguir trabajando. Los primeros días de noviembre, aparece con una nueva licencia médica de diagnóstico reservado para la empresa y me da entender que apenas termine su tratamiento se retirará del trabajo. El siete de noviembre de 2009 presenta la última licencia de diagnóstico reservado, después de la cual no volvió más a trabajar siendo despedido por la causal y hechos antes mencionados hace presente que las dos últimas licencias médicas actualmente se encuentran en la contraloría del COMPIN para su estudio y ver si corresponde su pago o son rechazadas. Respecto de este tema nuevamente el actor falta a la verdad ya que señala que a la fecha aun sigue con Licencia Médica. Por último, tampoco es efectivo que el Sr. Aliste no se haya podido atender adecuadamente por no haber presentado la declaración de accidente del trabajo, ya que su parte efectuó la declaración el 19 de octubre dentro del plazo que estipula la ley para entregar la declaración, la que es de cuatro días a contar desde que se produjo el hecho. Producto de ello es que el actor se siguió atendiendo en el centro médico sin ningún costo para su persona. Así las cosas, el accidente se produjo por efectuar durante el descenso una mala y negligente maniobra, siendo exclusiva responsabilidad de éste la caída sufrida ya que contaba con todas las medidas de seguridad. Esta circunstancia fue reconocida por el actor a la Dirección del Trabajo producto de la investigación efectuada por el accidente. Aclara que al actor le fueron impartidas las correspondientes charlas de Succión que se efectúan cada vez que ingresa un nuevo trabajador a la empresa, las cuales abarcan un cuantioso número de temas relativos a las medidas preventivas que el trabajador debe adoptar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto supremo 40, las que se conocen como “El Derecho a Saber”. Además, al Sr. Aliste se le efectuaron diariamente charlas con la finalidad de prevenir riesgos en las labores que desempeñaba, corno también diversas charlas de capacitación, dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas relativas al uso correcto y obligatorio del arnés y al uso correcto de plataformas de trabajo. Lo mismo ocurría respecto ANASAC, quien también dio charlas informativas a los trabajadores que efectuaban trabajos en sus dependencias. De la misma manera, se le hizo entrega de los implementos de protección de acuerdo a la función que desempeñaba, tal como ocurre con todos los trabajadores de CFV Ingeniería y Construcción, consistentes, en este caso, en casco de seguridad, guantes de seguridad, antiparras. De la recepción

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de estos implementos por parte del trabajador, también se dejó constancia por escrito. Este hecho era corroborado por ANASAC, quien chequea que los trabajadores antes de ingresar a sus lugares de trabajo, cuenten con todos los implementos de seguridad necesarios. Respecto a los zapatos de seguridad, cada trabajador concurría con unos de su propiedad lo cual era revisado por ANASAC en el ingreso a la obra, el accidente sufrido por el Sr. Aliste presenta un problema de causalidad en virtud de lo cual no es posible de atribuirlo a mi representada. En efecto, han confluido una serie de antecedentes que han contribuido al resultado dañoso, sin que éste pueda ser imputado a mi representada. Así, la causa directa del accidente ha sido la acción insegura desplegada por el actor en el desempeño de sus funciones, lo que, evidentemente, no se le puede atribuir a la empresa. Por ello, se trata de un hecho externo ajeno a mi representada. Además alega la improcedencia de la indemnización por lucro cesante demandada, demandado no establece una cifra y señala que se deberá determinar de acuerdo si el grado de incapacidad le permita tener una pensión de invalidez o en caso que tal grado no le otorgue una pensión de invalidez. La petición de la sola lectura carece de todo fundamento legal. El lucro cesante debe ser cierto y determinado, en este caso el actor demanda si es que se le otorga un grado de incapacidad. Es decir estamos frente una eventualidad. Además, como señalé, el trabajador después del accidente volvió a trabajar durante tres días sin ningún tipo de problemas. No obstante lo anterior, para que proceda la indemnización por lucro cesante, es necesario que el daño, aunque sea futuro, se tenga certeza de que ocurrirá. Esto implica, en definitiva, que debe acreditarse que, como consecuencia directa del hecho que provoca el daño, la parte afectada dejará de percibir una ganancia o utilidad, lo que se traduce en una disminución de carácter patrimonial. Sin embargo, lo anterior no ocurre en este caso, toda vez que el Sr. Aliste ha sido dado de alta por el Hospital de Buin y Policlínico de La Florida. Es así que por el hecho de habérsele dado el alta, se está dejando de manifiesto que puede desarrollar sus funciones con normalidad, incluyendo desempeñar un trabajo remunerado. Además, como señale el actor volvió a trabajar a la empresa después del accidente en completa normalidad. Por otra parte, la pretensión de la contraria se funda en una mera expectativa de trabajar durante el lapso que solicita se le indemnice, amparándose para ello simplemente en un cálculo aritmético para obtener un resultado. En efecto, el actor pretende que se le indemnice, por concepto de lucro cesante, un período que él estima en 16 años, los que corresponderían a su expectativa laboral. En cuanto a improcedencia de daño emergente es absolutamente improcedente toda vez que esta parte una vez sufrido el accidente el demandado corrió con todos los gastos en su atención, esto incluyendo la atención médica, radiografías, etc. El actor no ha incurrido en gasto alguno producto del accidente sufrido y que se produjo por la negligencia del actor. La contraria demanda por gastos de daño emergente de $ 5.000.000, por supuestos gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos. Sin perjuicio, de lo señalado, la cifra pretendida por el actor es alejada de la realidad ya que los gastos fueron todos cubiertos por el empleador y en ningún caso son de $ 5.000.000 ya que las lesiones del actor solo corresponden a un tec simple y policontusiones en un hombro. Alega además la improcedencia del daño moral de la sola lectura del libelo aparece de manifiesto la falta argumentación respecto al daño moral, hace referencia a los supuestos sufrimientos padecidos. Sin embargo, las lesiones sufridas por el actor no revisten la gravedad para indemnizar daño moral. No establece qué sufrimientos le ha provocado el accidente y no argumenta si se refiere a los físicos o sicológicos. Es más, el actor agrega el sufrimiento que continuará padeciendo ¿A qué sufrimiento se refiere?, es decir, es una eventualidad el supuesto dolor o sufrimiento, teniendo en consideración además que el actor fue dado de alta. Que no existe grado de incapacidad o invalidez laboral. El daño moral argumentado no tiene razones de hecho o jurídicas para ser concedido, es por estas consideraciones es que se solicita se rechace la indemnización de daño moral. Por último, no es efectivo que el actor no pueda seguir trabajando producto del accidente, esto acreditado por los días en que continuó prestando servicios para la empresa. CUARTO: Que la demandada solidaria ANASAC S.A., solicita el rechazo de la demanda negando todos los hechos, indica que son una empresa que se dedica al giro de la comercialización de semillas, fitosanitarios, alimentos, productos de jardinería, sanidad ambiental y cuidado de mascotas. En una

de estos implementos por parte del trabajador, también se dejó constancia por escrito. Este hecho era corroborado por ANASAC, quien chequea que los trabajadores antes de ingresar a sus lugares de trabajo, cuenten con todos los implementos de seguridad necesarios. Respecto a los zapatos de seguridad, cada trabajador concurría con unos de su propiedad lo cual era revisado por ANASAC en el ingreso a la obra, el accidente sufrido por el Sr. Aliste presenta un problema de causalidad en virtud de lo cual no es posible de atribuirlo a mi representada. En efecto, han confluido una serie de antecedentes que han contribuido al resultado dañoso, sin que éste pueda ser imputado a mi representada. Así, la causa directa del accidente ha sido la acción insegura desplegada por el actor en el desempeño de sus funciones, lo que, evidentemente, no se le puede atribuir a la empresa. Por ello, se trata de un hecho externo ajeno a mi representada. Además alega la improcedencia de la indemnización por lucro cesante demandada, demandado no establece una cifra y señala que se deberá determinar de acuerdo si el grado de incapacidad le permita tener una pensión de invalidez o en caso que tal grado no le otorgue una pensión de invalidez. La petición de la sola lectura carece de todo fundamento legal. El lucro cesante debe ser cierto y determinado, en este caso el actor demanda si es que se le otorga un grado de incapacidad. Es decir estamos frente una eventualidad. Además, como señalé, el trabajador después del accidente volvió a trabajar durante tres días sin ningún tipo de problemas. No obstante lo anterior, para que proceda la indemnización por lucro cesante, es necesario que el daño, aunque sea futuro, se tenga certeza de que ocurrirá. Esto implica, en definitiva, que debe acreditarse que, como consecuencia directa del hecho que provoca el daño, la parte afectada dejará de percibir una ganancia o utilidad, lo que se traduce en una disminución de carácter patrimonial. Sin embargo, lo anterior no ocurre en este caso, toda vez que el Sr. Aliste ha sido dado de alta por el Hospital de Buin y Policlínico de La Florida. Es así que por el hecho de habérsele dado el alta, se está dejando de manifiesto que puede desarrollar sus funciones con normalidad, incluyendo desempeñar un trabajo remunerado. Además, como señale el actor volvió a trabajar a la empresa después del accidente en completa normalidad. Por otra parte, la pretensión de la contraria se funda en una mera expectativa de trabajar durante el lapso que solicita se le indemnice, amparándose para ello simplemente en un cálculo aritmético para obtener un resultado. En efecto, el actor pretende que se le indemnice, por concepto de lucro cesante, un período que él estima en 16 años, los que corresponderían a su expectativa laboral. En cuanto a improcedencia de daño emergente es absolutamente improcedente toda vez que esta parte una vez sufrido el accidente el demandado corrió con todos los gastos en su atención, esto incluyendo la atención médica, radiografías, etc. El actor no ha incurrido en gasto alguno producto del accidente sufrido y que se produjo por la negligencia del actor. La contraria demanda por gastos de daño emergente de $ 5.000.000, por supuestos gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos. Sin perjuicio, de lo señalado, la cifra pretendida por el actor es alejada de la realidad ya que los gastos fueron todos cubiertos por el empleador y en ningún caso son de $ 5.000.000 ya que las lesiones del actor solo corresponden a un tec simple y policontusiones en un hombro. Alega además la improcedencia del daño moral de la sola lectura del libelo aparece de manifiesto la falta argumentación respecto al daño moral, hace referencia a los supuestos sufrimientos padecidos. Sin embargo, las lesiones sufridas por el actor no revisten la gravedad para indemnizar daño moral. No establece qué sufrimientos le ha provocado el accidente y no argumenta si se refiere a los físicos o sicológicos. Es más, el actor agrega el sufrimiento que continuará padeciendo ¿A qué sufrimiento se refiere?, es decir, es una eventualidad el supuesto dolor o sufrimiento, teniendo en consideración además que el actor fue dado de alta. Que no existe grado de incapacidad o invalidez laboral. El daño moral argumentado no tiene razones de hecho o jurídicas para ser concedido, es por estas consideraciones es que se solicita se rechace la indemnización de daño moral. Por último, no es efectivo que el actor no pueda seguir trabajando producto del accidente, esto acreditado por los días en que continuó prestando servicios para la empresa. CUARTO: Que la demandada solidaria ANASAC S.A., solicita el rechazo de la demanda negando todos los hechos, indica que son una empresa que se dedica al giro de la comercialización de semillas, fitosanitarios, alimentos, productos de jardinería, sanidad ambiental y cuidado de mascotas. En una ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

materia absolutamente alejada de su giro, ANASAC encargó a la empresa CVF Ingeniería y Construcción el levantamiento de galpones y secadores de semillas, correspondiente a la obra de ampliación de la Planta de Secado de Maíz, ubicada en Panamericana Sur Km. 41, Comuna de Paine. Para estos servicios, la empresa contratada utilizó trabajadores de su dependencia, entre los cuales se encontraba el señor Fernando Aliste Paredes, demandante en estos autos. El día 16 de octubre de 2009, fecha en que ocurrió el accidente, el demandante se encontraba efectuando labores de albañilería, a una altura aproximada de 3 metros. En estas circunstancias, para garantizar la seguridad del actor, específicamente, en lo que se refiere al trabajo en altura, la empresa contratista le proporcionó al demandante el arnés, cuerda de vida, casco de seguridad, guantes, zapatos antideslizantes y demás implementos de seguridad, lo que sumado a la entrega de escaleras especiales para este tipo de trabajos, permitían un seguro y normal cumplimiento de labores en esas condiciones. Lamentablemente, el día 16 de octubre de 2009, el demandante adoptó una decisión imprudente, que provocó su caída desde una altura mucho menor a la señalada por él en su libelo. En efecto, en todo tipo de edificaciones o trabajos en altura, el trabajo debe efectuarse siempre con el arnés debidamente amarrado a la cuerda de vida, para justamente efectuar las labores adecuadamente y prevenir así las caídas, arnés que, una vez concluidas las labores, debe ser desprendido para bajar a la superficie. No obstante lo anterior, haciendo caso omiso de las instrucciones emanadas de su empleador en este sentido y de las charlas de seguridad que reiteradamente se le impartieron, el señor Aliste Paredes procedió a desprender el arnés de la cuerda de vida y descendió imprudentemente y de forma acelerada, de manera que al bajar la escalera, no afianzó el pie al último peldaño de ésta y soltando las manos de la misma, perdió el equilibrio, cayendo de costado al sueldo, golpeándose en uno de sus hombros y cabeza. Precisado lo anterior, que la empresa contratista ha dado íntegro, cabal y oportuno cumplimiento a la obligación de protección y seguridad de los trabajadores que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, no concurriendo los presupuestos que permitan condenar a esa empresa y a mi representada, en forma solidaria, al pago de la indemnización por los perjuicios morales y patrimoniales invocados por la parte demandante. La caída que sufrió el señor Aliste Paredes fue a menos de un metro del suelo; La escalera estaba en perfectas condiciones para su uso y es justamente la que se utiliza en este tipo de labores; El señor Aliste Paredes, de acuerdo a lo informado por la empresa contratista, fue calificado en materia de prevención de riesgos; La empresa contratista cuenta con todos los elementos de seguridad para la ejecución segura de las labores de albañilería en faenas de construcción, los que siempre han sido entregados a sus trabajadores dependientes que prestan labores en la obra de mi representada, dentro de los que se incluye al señor Aliste Paredes; Que la empresa contratista, para efecto del seguro de accidente del trabajo, está afiliado al Instituto de Previsión Social y, por lo tanto, concurrió a la red hospitalaria que correspondía. Al respecto, cabe manifestar a SS. que del accidente derivaron consecuencias físicas de gravedad moderada que afectaron al señor Aliste Paredes, tales como, policontusiones leves y tec cerrado simple, todas las cuales no le produjeron consecuencias físicas que lamentar, ni le mermaron su porcentaje de capacidad de ganancia, en los términos de la ley N° 16.744, estando plenamente apto y capacitado para desarrollar cualquier labor remunerada. No obstante lo anterior, respecto a las supuestas secuelas físicas del accidente, éstas devienen de las limitaciones específicas que serán materia de prueba. Rechazan la amplitud de los conceptos utilizados para describirlas y reitera que el actor no tiene ninguna secuela del accidente y, por lo tanto, no ha mermado en lo más mínimo su capacidad de ganancia, por lo que sus aptitudes y destrezas permanecen intactas para ejecutar cualquier labor remunerada que él desee. Manifiesta que la demanda tampoco ha indicado de qué forma concreta el accidente de autos ha limitado y perturbado la vida laboral del actor y, sin ahondar en este asunto por carecer su parte de responsabilidad al efecto hay que señalar que no existe una “inutilidad” laboral, si quiera parcial, salvo aquella incapacidad temporal que fue cubierta íntegramente por el seguro de accidente del trabajo, que administra el Instituto de Previsión Social. En cuanto al lucro cesante concuerda con la alegación de la demandada principal, y agrega que las aptitudes físicas y mentales del actor permanecen intactas para desarrollar labores remuneradas, incluso mejor pagadas que las de un albañil.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

materia absolutamente alejada de su giro, ANASAC encargó a la empresa CVF Ingeniería y Construcción el levantamiento de galpones y secadores de semillas, correspondiente a la obra de ampliación de la Planta de Secado de Maíz, ubicada en Panamericana Sur Km. 41, Comuna de Paine. Para estos servicios, la empresa contratada utilizó trabajadores de su dependencia, entre los cuales se encontraba el señor Fernando Aliste Paredes, demandante en estos autos. El día 16 de octubre de 2009, fecha en que ocurrió el accidente, el demandante se encontraba efectuando labores de albañilería, a una altura aproximada de 3 metros. En estas circunstancias, para garantizar la seguridad del actor, específicamente, en lo que se refiere al trabajo en altura, la empresa contratista le proporcionó al demandante el arnés, cuerda de vida, casco de seguridad, guantes, zapatos antideslizantes y demás implementos de seguridad, lo que sumado a la entrega de escaleras especiales para este tipo de trabajos, permitían un seguro y normal cumplimiento de labores en esas condiciones. Lamentablemente, el día 16 de octubre de 2009, el demandante adoptó una decisión imprudente, que provocó su caída desde una altura mucho menor a la señalada por él en su libelo. En efecto, en todo tipo de edificaciones o trabajos en altura, el trabajo debe efectuarse siempre con el arnés debidamente amarrado a la cuerda de vida, para justamente efectuar las labores adecuadamente y prevenir así las caídas, arnés que, una vez concluidas las labores, debe ser desprendido para bajar a la superficie. No obstante lo anterior, haciendo caso omiso de las instrucciones emanadas de su empleador en este sentido y de las charlas de seguridad que reiteradamente se le impartieron, el señor Aliste Paredes procedió a desprender el arnés de la cuerda de vida y descendió imprudentemente y de forma acelerada, de manera que al bajar la escalera, no afianzó el pie al último peldaño de ésta y soltando las manos de la misma, perdió el equilibrio, cayendo de costado al sueldo, golpeándose en uno de sus hombros y cabeza. Precisado lo anterior, que la empresa contratista ha dado íntegro, cabal y oportuno cumplimiento a la obligación de protección y seguridad de los trabajadores que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, no concurriendo los presupuestos que permitan condenar a esa empresa y a mi representada, en forma solidaria, al pago de la indemnización por los perjuicios morales y patrimoniales invocados por la parte demandante. La caída que sufrió el señor Aliste Paredes fue a menos de un metro del suelo; La escalera estaba en perfectas condiciones para su uso y es justamente la que se utiliza en este tipo de labores; El señor Aliste Paredes, de acuerdo a lo informado por la empresa contratista, fue calificado en materia de prevención de riesgos; La empresa contratista cuenta con todos los elementos de seguridad para la ejecución segura de las labores de albañilería en faenas de construcción, los que siempre han sido entregados a sus trabajadores dependientes que prestan labores en la obra de mi representada, dentro de los que se incluye al señor Aliste Paredes; Que la empresa contratista, para efecto del seguro de accidente del trabajo, está afiliado al Instituto de Previsión Social y, por lo tanto, concurrió a la red hospitalaria que correspondía. Al respecto, cabe manifestar a SS. que del accidente derivaron consecuencias físicas de gravedad moderada que afectaron al señor Aliste Paredes, tales como, policontusiones leves y tec cerrado simple, todas las cuales no le produjeron consecuencias físicas que lamentar, ni le mermaron su porcentaje de capacidad de ganancia, en los términos de la ley N° 16.744, estando plenamente apto y capacitado para desarrollar cualquier labor remunerada. No obstante lo anterior, respecto a las supuestas secuelas físicas del accidente, éstas devienen de las limitaciones específicas que serán materia de prueba. Rechazan la amplitud de los conceptos utilizados para describirlas y reitera que el actor no tiene ninguna secuela del accidente y, por lo tanto, no ha mermado en lo más mínimo su capacidad de ganancia, por lo que sus aptitudes y destrezas permanecen intactas para ejecutar cualquier labor remunerada que él desee. Manifiesta que la demanda tampoco ha indicado de qué forma concreta el accidente de autos ha limitado y perturbado la vida laboral del actor y, sin ahondar en este asunto por carecer su parte de responsabilidad al efecto hay que señalar que no existe una “inutilidad” laboral, si quiera parcial, salvo aquella incapacidad temporal que fue cubierta íntegramente por el seguro de accidente del trabajo, que administra el Instituto de Previsión Social. En cuanto al lucro cesante concuerda con la alegación de la demandada principal, y agrega que las aptitudes físicas y mentales del actor permanecen intactas para desarrollar labores remuneradas, incluso mejor pagadas que las de un albañil.

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En cuanto al daño emergente no le consta que efectivamente el actor haya asumido los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos a raíz del accidente laboral, ni menos los montos implicados, por lo que será objeto de específica prueba que deberá rendir el señor Aliste Paredes. Y por último el daño moral al igual que respecto del lucro cesante, y sin perjuicio de la improcedencia de la indemnización misma, y en especial por el monto solicitado, que la carga de la prueba de la existencia del daño moral recae enteramente en la parte que la alega, por lo que, para estos efectos, negamos, pues no nos consta, tanto la existencia, como la envergadura de tal daño, lo que en todo caso corresponde probar a la parte demandante, no bastando la sola afirmación y valoración del demandante, para que exista el daño moral, sino que debe ser objeto de específica prueba que deberá rendirse. QUINTO: Que verificada la audiencia preparatoria con la presencia de ambas partes junto a sus apoderados se fijaron como hechos no controvertidos: 1. Fecha de inicio de la relación laboral 6 de octubre del 2009. 2. Fecha del accidente 16 de octubre de 2009, a las 12:50 horas. 3. Que la remuneración correspondía a $ 240.000. 4. Que las funciones por las cuales fue contratado el actor era de Albañil. Asimismo se fijaron como hechos controvertidos: 1. Efectividad que la demandada principal, habría tomado todas las medidas necesaria para evitar eficazmente el accidente sufrido por el actor.2. Forma y circunstancia en que se produce el accidente sufrido por el actor. 3. Naturaleza, característica y perjuicios de los daños sufridos por el actor. 4. Efectividad de corresponderle a la Empresa ANASAC S.A., algún tipo de responsabilidad laboral en el accidente sufrido por el demandante. SEXTO: Que la actora para acreditar sus pretensiones rindió prueba DOCUMENTAL consistente: a) Contrato de Trabajo de fecha 6 de octubre de 2009. b) Certificado de Urgencia Central de salud, emitido por la Corporación Municipal de La Florida. c) Declaración individual de accidente del trabajo, ante el Instituto de Normalización Previsional. d) Comprobante de ingreso de fiscalización de fecha 18 de noviembre del 2009. e) Certificado de Atención Unidad de Emergencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Hospital San Luis de Buin. f) Dos comprobantes de licencias médicas. g) Un certificado del Centro de Salud Familiar Santa Amalia, suscrito por doña Alejandra Maureira Parra, licenciada en trabajo social. h) Dos recetas médicas que indican el fármaco y la medida recomendada por el médico tratante. Además rindió confesional don Cristián Fernández, en su calidad de Representante Legal de la demandada CFV Ingeniería y Construcción, quien señala que Confesional representante demandada principal, describe las labores que desempeñaba el actor de albañilería, al momento del accidente estaba aplicando anticorrosivo a una vigas en altura, esa función es parte de la albañilería, el lugar del accidente es un recinto que se estaba desmantelando, quedó el radier y se levantaron muros nuevos, al momento del accidente el actor estaba sobre una escala y venía descendiendo después de cumplir su función, esta escalera de aluminio tenía gomas y apoyada sobre el radier, después del accidente fue a la obra y vio la escalera. Él generalmente visita la obra 3 veces a la semana. El lugar de apoyo de la escalera, estaba colocada sobre la viga para soportar la albañilería, la parte superior de la escalera, donde se estaba pintando, según su experiencia era la escalera el instrumento adecuado. Agrega que el actor contaba con línea de vida, casco, guantes, escaleras normadas, la labor el área que pinta se mueve y luego se corre, cuando son remates o no cabe el andamio, esto era un remate, se usa escalera. Indica que hubo una investigación por el accidente del trabajo, la investigación que leyó era una acción insegura, el que estaba a cargo del trabajador era el administrador jefe de obra Carlos Saldia y supervisor de obra señor Marqués. Además solicitó confesional del representante legal de la empres ANASAC, don Mario Lara Ecedin, quien no compareció a la audiencia de juicio. Finalmente solicito oficios al Hospital de Buin a fin de que informen a este Tribunal, sobre las atenciones médicas realizadas al demandante a contar del día 16 de octubre de 2009 y remita la ficha médica del paciente, dicho informe señala que el actor fue atendido el 16 de octubre a las 14:13 horas, la causa de la consulta fue accidente en la empresa, señala caída de 1.5 metros, hipótesis diagnóstica, Policontuso Tec simple no complicado, se ordenan radiografías y medicamento ketoprofeno. Agrega que no tiene el actor ficha clínica en ese establecimiento. Al Policlínico de La Florida Consultorio Santa Amalia, a fin de que informen a este Tribunal, sobre las atenciones médicas realizadas al demandante a contar del día 5 de noviembre de 2009 y remita

En cuanto al daño emergente no le consta que efectivamente el actor haya asumido los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos a raíz del accidente laboral, ni menos los montos implicados, por lo que será objeto de específica prueba que deberá rendir el señor Aliste Paredes. Y por último el daño moral al igual que respecto del lucro cesante, y sin perjuicio de la improcedencia de la indemnización misma, y en especial por el monto solicitado, que la carga de la prueba de la existencia del daño moral recae enteramente en la parte que la alega, por lo que, para estos efectos, negamos, pues no nos consta, tanto la existencia, como la envergadura de tal daño, lo que en todo caso corresponde probar a la parte demandante, no bastando la sola afirmación y valoración del demandante, para que exista el daño moral, sino que debe ser objeto de específica prueba que deberá rendirse. QUINTO: Que verificada la audiencia preparatoria con la presencia de ambas partes junto a sus apoderados se fijaron como hechos no controvertidos: 1. Fecha de inicio de la relación laboral 6 de octubre del 2009. 2. Fecha del accidente 16 de octubre de 2009, a las 12:50 horas. 3. Que la remuneración correspondía a $ 240.000. 4. Que las funciones por las cuales fue contratado el actor era de Albañil. Asimismo se fijaron como hechos controvertidos: 1. Efectividad que la demandada principal, habría tomado todas las medidas necesaria para evitar eficazmente el accidente sufrido por el actor.2. Forma y circunstancia en que se produce el accidente sufrido por el actor. 3. Naturaleza, característica y perjuicios de los daños sufridos por el actor. 4. Efectividad de corresponderle a la Empresa ANASAC S.A., algún tipo de responsabilidad laboral en el accidente sufrido por el demandante. SEXTO: Que la actora para acreditar sus pretensiones rindió prueba DOCUMENTAL consistente: a) Contrato de Trabajo de fecha 6 de octubre de 2009. b) Certificado de Urgencia Central de salud, emitido por la Corporación Municipal de La Florida. c) Declaración individual de accidente del trabajo, ante el Instituto de Normalización Previsional. d) Comprobante de ingreso de fiscalización de fecha 18 de noviembre del 2009. e) Certificado de Atención Unidad de Emergencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Hospital San Luis de Buin. f) Dos comprobantes de licencias médicas. g) Un certificado del Centro de Salud Familiar Santa Amalia, suscrito por doña Alejandra Maureira Parra, licenciada en trabajo social. h) Dos recetas médicas que indican el fármaco y la medida recomendada por el médico tratante. Además rindió confesional don Cristián Fernández, en su calidad de Representante Legal de la demandada CFV Ingeniería y Construcción, quien señala que Confesional representante demandada principal, describe las labores que desempeñaba el actor de albañilería, al momento del accidente estaba aplicando anticorrosivo a una vigas en altura, esa función es parte de la albañilería, el lugar del accidente es un recinto que se estaba desmantelando, quedó el radier y se levantaron muros nuevos, al momento del accidente el actor estaba sobre una escala y venía descendiendo después de cumplir su función, esta escalera de aluminio tenía gomas y apoyada sobre el radier, después del accidente fue a la obra y vio la escalera. Él generalmente visita la obra 3 veces a la semana. El lugar de apoyo de la escalera, estaba colocada sobre la viga para soportar la albañilería, la parte superior de la escalera, donde se estaba pintando, según su experiencia era la escalera el instrumento adecuado. Agrega que el actor contaba con línea de vida, casco, guantes, escaleras normadas, la labor el área que pinta se mueve y luego se corre, cuando son remates o no cabe el andamio, esto era un remate, se usa escalera. Indica que hubo una investigación por el accidente del trabajo, la investigación que leyó era una acción insegura, el que estaba a cargo del trabajador era el administrador jefe de obra Carlos Saldia y supervisor de obra señor Marqués. Además solicitó confesional del representante legal de la empres ANASAC, don Mario Lara Ecedin, quien no compareció a la audiencia de juicio. Finalmente solicito oficios al Hospital de Buin a fin de que informen a este Tribunal, sobre las atenciones médicas realizadas al demandante a contar del día 16 de octubre de 2009 y remita la ficha médica del paciente, dicho informe señala que el actor fue atendido el 16 de octubre a las 14:13 horas, la causa de la consulta fue accidente en la empresa, señala caída de 1.5 metros, hipótesis diagnóstica, Policontuso Tec simple no complicado, se ordenan radiografías y medicamento ketoprofeno. Agrega que no tiene el actor ficha clínica en ese establecimiento. Al Policlínico de La Florida Consultorio Santa Amalia, a fin de que informen a este Tribunal, sobre las atenciones médicas realizadas al demandante a contar del día 5 de noviembre de 2009 y remita ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

la ficha médica del paciente, el que informó indicando que el actor fue atendido el 5 de noviembre de 2009 a las 15:30 horas, traumatismo de 20 horas de evolución. Luego es atendido el 16 de noviembre de 2009, motivo de la consulta dolor en el hombro derecho a la movilización de la ESD, se confirma el dolor y las indicaciones son PRC 1X3X5D, ciclobenz 1X3X5D, se solicita eco de partes blanda del hombro derecho. Tratamiento Paracetamol de 500 mg. Luego tiene una atención el 18 de enero de 2010, motivo de la consulta: dolor hombro, no se ha realizado la ECO. Síndrome de abducción dolorosa del hombro. SÉPTIMO: Que para acreditar sus dichos el demandado principal en apoyo de sus afirmaciones acompañó a los autos las siguientes probanzas: DOCUMENTAL 1) Acta de requerimiento de documentación y citación emitido por la Inspección del Trabajo de fecha 15 de diciembre de 2009. 2) Copia de registrado de inducción emitido por ANASAC demandada solidaria en autos en el cual el demandante aclara a ver participado en el programa de inducción específico para el cargo de albañil de fecha 6 de octubre de 2009. 3) Copia de acta de charla de 5 minutos realizada por don Nelson Alfaro prevencionista de riesgo de la empresa de ANASAC. 4) Contrato de trabajo entre las partes de fecha 6 de octubre de 2009. 5) Registro de charla de derecho a saber de fecha 9 de octubre de 2009. 6) Certificado de atención de unidad de emergencia del Hospital San Luis de Buin de fecha 16 de octubre de 2009. 7) Declaración individual de accidente del trabajo de fecha 19 de octubre de 2009, emitido por CFV Ingeniería. 8) Copia reporte interno de investigación de accidente del trabajo entregado a ANASAC respecto a lo ocurrido el día del accidente de fecha 19 de octubre de 2009. 9) Letra de cambio N° 21.539 de fecha 16 de octubre de 2009, a la orden del Hospital de Buin por la cantidad de $ 59.750. 10) Orden de atención de urgencia Centro de Salud Santa Amalia de fecha 19 de octubre de 2009. 11) Contrato de prestación de servicios entre CFV Ingeniería y Construcción y don Guillermo Márquez Guzmán supervisor de obra, de fecha 6 de octubre de 2009 y se anexa una declaración jurada de don Nelson Alfaro y además se adjunta una foto de la escalera de donde el demandante se cayó. 12) Certificado emitido por consultorio Santa Amalia de fecha 16 de noviembre de 2009. 13) Copia del libro de asistencia de los meses octubre y noviembre de 2009. 14) Reglamento interno de la empresa ANASAC. 15) Factura emitida por Sociedad Comercial Green Space Ltda. de fecha 14 de octubre de 2009, a nombre de CFV Ingeniería y Construcción. 16) Nota de crédito de fecha 14 de octubre de 2009 a nombre de CFV Ingeniería y Construcción. 17) Factura emitida por INSEF a nombre de Christian Fernández CFV Ingeniería y Construcción, de fecha 15 de julio de 2009. 18) Ficha entrega y cargo a nombre de CFV Ingeniería y Construcción a nombre de don Fernando Segundo Aliste, firmado por éste. 19) Registro de copia de carta de aviso de terminación de contrato de trabajo de fecha 23 de noviembre de 2009. 20) Declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de octubre de 2009. Además rindió prueba. TESTIMONIAL: Guillermo Márquez Guzmán, constructor, trabajó para la demandada principal entre 6 de octubre al 26 de octubre de 2009, estaba como supervisor de la obra, le indicó al actor que subiera a la escalera a pintar la estructura, se cayó de unos 40 centímetros, posteriormente lo llevó al hospital, a él le dijo que estaba un poco ido, no asimilaba bien, luego fue llevado al hospital un chofer de la obra, no tuvo más contacto. Agrega que él le dio la orden para que subiera a la escalera, ya que no era peligroso, tenía su cola para amarrase. Agrega que en ese lugar no había una excavación, el actor

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la ficha médica del paciente, el que informó indicando que el actor fue atendido el 5 de noviembre de 2009 a las 15:30 horas, traumatismo de 20 horas de evolución. Luego es atendido el 16 de noviembre de 2009, motivo de la consulta dolor en el hombro derecho a la movilización de la ESD, se confirma el dolor y las indicaciones son PRC 1X3X5D, ciclobenz 1X3X5D, se solicita eco de partes blanda del hombro derecho. Tratamiento Paracetamol de 500 mg. Luego tiene una atención el 18 de enero de 2010, motivo de la consulta: dolor hombro, no se ha realizado la ECO. Síndrome de abducción dolorosa del hombro. SÉPTIMO: Que para acreditar sus dichos el demandado principal en apoyo de sus afirmaciones acompañó a los autos las siguientes probanzas: DOCUMENTAL 1) Acta de requerimiento de documentación y citación emitido por la Inspección del Trabajo de fecha 15 de diciembre de 2009. 2) Copia de registrado de inducción emitido por ANASAC demandada solidaria en autos en el cual el demandante aclara a ver participado en el programa de inducción específico para el cargo de albañil de fecha 6 de octubre de 2009. 3) Copia de acta de charla de 5 minutos realizada por don Nelson Alfaro prevencionista de riesgo de la empresa de ANASAC. 4) Contrato de trabajo entre las partes de fecha 6 de octubre de 2009. 5) Registro de charla de derecho a saber de fecha 9 de octubre de 2009. 6) Certificado de atención de unidad de emergencia del Hospital San Luis de Buin de fecha 16 de octubre de 2009. 7) Declaración individual de accidente del trabajo de fecha 19 de octubre de 2009, emitido por CFV Ingeniería. 8) Copia reporte interno de investigación de accidente del trabajo entregado a ANASAC respecto a lo ocurrido el día del accidente de fecha 19 de octubre de 2009. 9) Letra de cambio N° 21.539 de fecha 16 de octubre de 2009, a la orden del Hospital de Buin por la cantidad de $ 59.750. 10) Orden de atención de urgencia Centro de Salud Santa Amalia de fecha 19 de octubre de 2009. 11) Contrato de prestación de servicios entre CFV Ingeniería y Construcción y don Guillermo Márquez Guzmán supervisor de obra, de fecha 6 de octubre de 2009 y se anexa una declaración jurada de don Nelson Alfaro y además se adjunta una foto de la escalera de donde el demandante se cayó. 12) Certificado emitido por consultorio Santa Amalia de fecha 16 de noviembre de 2009. 13) Copia del libro de asistencia de los meses octubre y noviembre de 2009. 14) Reglamento interno de la empresa ANASAC. 15) Factura emitida por Sociedad Comercial Green Space Ltda. de fecha 14 de octubre de 2009, a nombre de CFV Ingeniería y Construcción. 16) Nota de crédito de fecha 14 de octubre de 2009 a nombre de CFV Ingeniería y Construcción. 17) Factura emitida por INSEF a nombre de Christian Fernández CFV Ingeniería y Construcción, de fecha 15 de julio de 2009. 18) Ficha entrega y cargo a nombre de CFV Ingeniería y Construcción a nombre de don Fernando Segundo Aliste, firmado por éste. 19) Registro de copia de carta de aviso de terminación de contrato de trabajo de fecha 23 de noviembre de 2009. 20) Declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales correspondiente al mes de octubre de 2009. Además rindió prueba. TESTIMONIAL: Guillermo Márquez Guzmán, constructor, trabajó para la demandada principal entre 6 de octubre al 26 de octubre de 2009, estaba como supervisor de la obra, le indicó al actor que subiera a la escalera a pintar la estructura, se cayó de unos 40 centímetros, posteriormente lo llevó al hospital, a él le dijo que estaba un poco ido, no asimilaba bien, luego fue llevado al hospital un chofer de la obra, no tuvo más contacto. Agrega que él le dio la orden para que subiera a la escalera, ya que no era peligroso, tenía su cola para amarrase. Agrega que en ese lugar no había una excavación, el actor

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cae en el piso, no cae en una excavación, los puntos superiores de la escalera estaban apoyados en el pilar, los puntos inferiores de la escalera apoyados en el cemento, los puntos superiores de la escalera estaban apoyados en el pilar, indica que el testigo estaba a unos 5 ó 6 metros. Agrega que el actor volvió a trabajar el mismo testigo lo iba a buscar a su casa para llevarlo a la obra. Finaliza señalando que el actor se le llamó la atención en tres ocasiones, porque no usaba los implementos de seguridad, indica que el actor podía usar el andamio, que estaban disponibles pero para la labor específica no era necesario el andamio. Contraexaminado, el testigo indica que el pilar, sobre el cual estaba apoyado la escalera, tenía un ancho de 12 cm, el ancho de la escalera es de 60 cm. no estaba apoyado las 4 puntas, pero la escalera estaba firme, la obra no era tan grande, había más personas presentes, Patricio, Carlos y Juan, enfatiza que el momento del accidente lo vio, estaba a 4 ó 5 metros. Considera que es más seguro el andamio, el trabajo era tan cortito, él le dijo al actor que pintara, no le dijo que usara la escalera o el andamio. Asimismo prestó testimonial don Juan José Bonifaf Muñoz: el testigo es ingeniero, trabajador de la demandada, al llegar al último peldaño el actor se cayó al piso de una altura de unos 50 cm. Indica que el realizó la investigación, llegó después del accidente, debía hacer la declaración de accidente, ya que se dejó una letra por la atención, el señor Saldia le dijo que alcanzó a conversar algo con el actor, hizo investigación cuando estaba en el hospital, debe llenarse el formulario, entrevista a las partes, en el hospital le explicaron que tenía, el resultado, él cometió una acción insegura y cayó en el último peldaño se golpeo hombro y nunca. Explica los conceptos condición insegura, y acción insegura, de esta forma condición insegura (sin implemento o utilizarlos mal). La acción es cuando la persona toma una decisión distinta a la instruida puede ser que el soltó las manos. El testigo llegó a la obra cuando al actor le estaban dando la salida, después se conversó con el actor y los otros trabajadores se hizo mesa redonda, el trabajador participó, le explicó el sistema de salud. Luego explica la capacitación que se les dio a los trabajadores, se les dan el derecho a saber y se le dan los elementos de seguridad, en esta obra se le pasa los zapatos de seguridad, guantes y cascos y pasan a la demandada solidaria. Explica que el actor estaba con arné con soga de vida, guantes, casco, bototos, vuelve a trabajar y ejecutó labores, conversó con él que se sentía bien, incluso se le dieron trabajos livianos. Contraexaminado indica que la acción insegura soltarse de las manos al bajar de la escalera. Enfatiza que la condición era segura, el pilar 25 a 30 cm, escalera no más de 40 cm. la escalera queda asentada, tiene gomas que se afirman al piso. Se determinó que la condición era segura, la escalera queda asentada y atrapada, el pilar es liso. Indica que el testigo cayó de unos 50 cm. esto se lo informaron unos soldadores que estaban en un andamio soltando estructura, grupo de gasfíter ellos declararon la altura. Es posible ocupar otros elementos, se trabaja con optimización de tiempo, son escaleras. La escalera queda más apoyada en el peldaño. El actor ejecutó la mayor cantidad de movimiento allí se pudo estabilizar, al bajar y poner el peso en la parte inferior de la escalera, el actor cae al bajar, donde se vuelve más estable. Nunca existe un 100% de seguridad, en el margen la labor se puede ejecutar con escalera. Por último depone don Carlos Saldias Moncoso: jefe de obra, conoce el motivo del juicio, es jefe de obra, está presente en la obra el día del accidente, estaba en colación, un trabajador le aviso que había un accidente, en el camino se topa con el actor, conversó con él, le contó del accidente y que se había pegado en la cabeza, le pregunto los datos personales, estaba con dolor no perdió el conocimiento. Él averiguó con las personas que cayó de un peldaño de una escalera de 36 cm de altura. El actor dijo que se pegó en la cabeza, pero los testigos dicen que no fue en la cabeza, cayó en el hormigón, no había excavación, llegaron a desarmar, luego excavaciones, estaba con los implementos de seguridad, la empresa mandante les exigía todos los implementos de seguridad y además ellos también con elementos de seguridad, su labor era albañil, se le encomendó pintar unos pilares. Agrega que las escaleras, tienen gomas antideslizantes, el piso que estaba apoyado, superficie plana, hormigón liso, una caída según le dijeron los testigos una caída tonta, tuvo licencia médica y volvió el 26 de octubre, lo vio estucando los muros, no vio que tuviera impedimento. Contraexaminado indica que el pilar que estaba sujeta la escalera de 10 por 10, y el ancho de la escalera 50 cm. en el pilar y la viga, los cuatro puntos. Y por último prueba Confesional, el demandante indica que el día del accidente el supervisor señor Márquez le encargó el trabajo de albañilería, consistente en limpiar los ladrillos, después tenía que aplicar anticorrosivo, iba bajando y la escalera se le volteó de lado, reconoce que tenía todos los elementos

cae en el piso, no cae en una excavación, los puntos superiores de la escalera estaban apoyados en el pilar, los puntos inferiores de la escalera apoyados en el cemento, los puntos superiores de la escalera estaban apoyados en el pilar, indica que el testigo estaba a unos 5 ó 6 metros. Agrega que el actor volvió a trabajar el mismo testigo lo iba a buscar a su casa para llevarlo a la obra. Finaliza señalando que el actor se le llamó la atención en tres ocasiones, porque no usaba los implementos de seguridad, indica que el actor podía usar el andamio, que estaban disponibles pero para la labor específica no era necesario el andamio. Contraexaminado, el testigo indica que el pilar, sobre el cual estaba apoyado la escalera, tenía un ancho de 12 cm, el ancho de la escalera es de 60 cm. no estaba apoyado las 4 puntas, pero la escalera estaba firme, la obra no era tan grande, había más personas presentes, Patricio, Carlos y Juan, enfatiza que el momento del accidente lo vio, estaba a 4 ó 5 metros. Considera que es más seguro el andamio, el trabajo era tan cortito, él le dijo al actor que pintara, no le dijo que usara la escalera o el andamio. Asimismo prestó testimonial don Juan José Bonifaf Muñoz: el testigo es ingeniero, trabajador de la demandada, al llegar al último peldaño el actor se cayó al piso de una altura de unos 50 cm. Indica que el realizó la investigación, llegó después del accidente, debía hacer la declaración de accidente, ya que se dejó una letra por la atención, el señor Saldia le dijo que alcanzó a conversar algo con el actor, hizo investigación cuando estaba en el hospital, debe llenarse el formulario, entrevista a las partes, en el hospital le explicaron que tenía, el resultado, él cometió una acción insegura y cayó en el último peldaño se golpeo hombro y nunca. Explica los conceptos condición insegura, y acción insegura, de esta forma condición insegura (sin implemento o utilizarlos mal). La acción es cuando la persona toma una decisión distinta a la instruida puede ser que el soltó las manos. El testigo llegó a la obra cuando al actor le estaban dando la salida, después se conversó con el actor y los otros trabajadores se hizo mesa redonda, el trabajador participó, le explicó el sistema de salud. Luego explica la capacitación que se les dio a los trabajadores, se les dan el derecho a saber y se le dan los elementos de seguridad, en esta obra se le pasa los zapatos de seguridad, guantes y cascos y pasan a la demandada solidaria. Explica que el actor estaba con arné con soga de vida, guantes, casco, bototos, vuelve a trabajar y ejecutó labores, conversó con él que se sentía bien, incluso se le dieron trabajos livianos. Contraexaminado indica que la acción insegura soltarse de las manos al bajar de la escalera. Enfatiza que la condición era segura, el pilar 25 a 30 cm, escalera no más de 40 cm. la escalera queda asentada, tiene gomas que se afirman al piso. Se determinó que la condición era segura, la escalera queda asentada y atrapada, el pilar es liso. Indica que el testigo cayó de unos 50 cm. esto se lo informaron unos soldadores que estaban en un andamio soltando estructura, grupo de gasfíter ellos declararon la altura. Es posible ocupar otros elementos, se trabaja con optimización de tiempo, son escaleras. La escalera queda más apoyada en el peldaño. El actor ejecutó la mayor cantidad de movimiento allí se pudo estabilizar, al bajar y poner el peso en la parte inferior de la escalera, el actor cae al bajar, donde se vuelve más estable. Nunca existe un 100% de seguridad, en el margen la labor se puede ejecutar con escalera. Por último depone don Carlos Saldias Moncoso: jefe de obra, conoce el motivo del juicio, es jefe de obra, está presente en la obra el día del accidente, estaba en colación, un trabajador le aviso que había un accidente, en el camino se topa con el actor, conversó con él, le contó del accidente y que se había pegado en la cabeza, le pregunto los datos personales, estaba con dolor no perdió el conocimiento. Él averiguó con las personas que cayó de un peldaño de una escalera de 36 cm de altura. El actor dijo que se pegó en la cabeza, pero los testigos dicen que no fue en la cabeza, cayó en el hormigón, no había excavación, llegaron a desarmar, luego excavaciones, estaba con los implementos de seguridad, la empresa mandante les exigía todos los implementos de seguridad y además ellos también con elementos de seguridad, su labor era albañil, se le encomendó pintar unos pilares. Agrega que las escaleras, tienen gomas antideslizantes, el piso que estaba apoyado, superficie plana, hormigón liso, una caída según le dijeron los testigos una caída tonta, tuvo licencia médica y volvió el 26 de octubre, lo vio estucando los muros, no vio que tuviera impedimento. Contraexaminado indica que el pilar que estaba sujeta la escalera de 10 por 10, y el ancho de la escalera 50 cm. en el pilar y la viga, los cuatro puntos. Y por último prueba Confesional, el demandante indica que el día del accidente el supervisor señor Márquez le encargó el trabajo de albañilería, consistente en limpiar los ladrillos, después tenía que aplicar anticorrosivo, iba bajando y la escalera se le volteó de lado, reconoce que tenía todos los elementos ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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de seguridad, se descolgó de donde estaba amarrado, cayó de un metro y medio y luego otro medio más por baldosas, 3 metros de caída. Agrega que no recuerda quien lo atendió, fue trasladado al Policlínico, ahora se entero, pero no recuerda ese día, perdió la conciencia, al ir bajando la escalera ésta se dobló, andaba con casco, antiparras y arnés, reconoce que volvió a trabajar, en ese momento no le dolía, al estucar el movimiento del hombro le dolía, alcanzó a trabajar 2 ó 3 días, para bajar se soltó porque estaba en la viga, con el andamio siempre amarrado. OCTAVO: Que ponderada la prueba de conformidad a los principios de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados, esta sentenciadora tiene por acreditado los siguientes hechos: 1. que el actor comenzó a prestar servicios para la demandante con fecha 6 de octubre de 2009, como albañil. Según el contrato de trabajo y lo reconocieron las parte. 2. Que con fecha 16 de octubre en la mañana el trabajador se cayó al ir bajando los peldaños de una escalera, a unos 60 cm. del suelo. 3. Que el actor contaba con todos los implementos de seguridad, esto es, casco, antiparras, guantes y zapatos de seguridad y cuerda de vida. Que estos hechos son acreditados con la declaración de los testigos de la demandada principal, quienes son contestes en señalar que el actor se cayó faltando unos peldaños para llegar al suelo, incluso refieren una altura de 40 cm el testigo señor Márquez y de 50 cm. el testigo señor Juan José Bonifaf Muñoz. Que los testigos indican que se le entregó los implementos de seguridad, lo que consta del documento denominado ficha entrega de cargo, donde está firmado que el actor recibe un par de guante, un casco y una antiparra. 4. Que producto del accidente el actor según el diagnóstico del Hospital de Buin, el actor fue atendido a las 14:13 horas, la causa de la consulta fue accidente en la empresa, señala caída de 1.5 metros, hipótesis diagnóstica, Policontuso Tec simple no complicado, se ordenan radiografías y como medicamento ketofrofeno 5. Que con fechas 5, 11 ambos de noviembre de 2009 y 18 de enero de 2010, fue atendido en el Policlínico de La Florida Consultorio Santa Amalia, consultando el actor por un fuerte dolor en el hombro derecho. Así se lee del oficio solicitado donde el diagnóstico es, traumatismo de 20 horas de evolución. Luego es atendido el 16 de noviembre de 2009, motivo de la consulta dolor en el hombro derecho a la movilización de la ESD, se confirma el dolor y las indicaciones son PRC 1X3X5D, ciclobenz 1X3X5D, se solicita eco de partes blanda del hombro derecho. Tratamiento Paracetamol de 500 mg. Luego tiene una atención el 18 de enero de 2010, motivo de la consulta: dolor hombro, no se ha realizado la ECO. Síndrome de abducción dolorosa del hombro. 6. Que la empresa demandada proporcionó al actor charlas de capacitación y derecho a saber, según consta de la copia de acta de charla de 5 minutos realizada por don Nelson Alfaro prevencionista de riesgo y el registro de charla de derecho a saber de fecha 9 de octubre de 2009, ambas firmadas por el actor. 7. Que el supervisor de obra señor Márquez encargó al actor el 16 de octubre de 2009, que subiera a la escalera a pintar una estructura que estaba a casi tres metros de altura. Según los dichos del propio testigo y lo relatado por el actor a absolver posiciones. 8. Que la escalera que utilizó el actor para realizar el trabajo convenido tenía goma en las patas y fue apoyada en un pilar de 25 a 30 cm, y la escalera tenía un ancho mayor de alrededor de 40 cm. Esto se da por acreditado con los dichos del testigo Juan Bonifaz, quien indica la escalera queda asentada. Y lo aseverado por el testigo señor Carlos Saldías, quien indica que el pilar era de 10 por 10, y el ancho de la escalera 50 cm. 9. Que la demandada realizó la respectiva investigación del accidente y la declaración individual de accidente del trabajo. Que en dichos documentos se consigna que al bajar una escalera no afianza el pie último peldaño, soltando los brazos pierde el equilibrio. NOVENO: Que asentado lo anterior, surge como normativa legal aplicable lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, norma de cuyo literal se desprende que la obligación de diligencia y cuidado que la ley impone al empleador en la especie, es de mayor entidad que la comúnmente exigida en los contratos bilaterales, pues no sólo es de cargo de aquél tomar todas las medidas de seguridad

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de seguridad, se descolgó de donde estaba amarrado, cayó de un metro y medio y luego otro medio más por baldosas, 3 metros de caída. Agrega que no recuerda quien lo atendió, fue trasladado al Policlínico, ahora se entero, pero no recuerda ese día, perdió la conciencia, al ir bajando la escalera ésta se dobló, andaba con casco, antiparras y arnés, reconoce que volvió a trabajar, en ese momento no le dolía, al estucar el movimiento del hombro le dolía, alcanzó a trabajar 2 ó 3 días, para bajar se soltó porque estaba en la viga, con el andamio siempre amarrado. OCTAVO: Que ponderada la prueba de conformidad a los principios de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados, esta sentenciadora tiene por acreditado los siguientes hechos: 1. que el actor comenzó a prestar servicios para la demandante con fecha 6 de octubre de 2009, como albañil. Según el contrato de trabajo y lo reconocieron las parte. 2. Que con fecha 16 de octubre en la mañana el trabajador se cayó al ir bajando los peldaños de una escalera, a unos 60 cm. del suelo. 3. Que el actor contaba con todos los implementos de seguridad, esto es, casco, antiparras, guantes y zapatos de seguridad y cuerda de vida. Que estos hechos son acreditados con la declaración de los testigos de la demandada principal, quienes son contestes en señalar que el actor se cayó faltando unos peldaños para llegar al suelo, incluso refieren una altura de 40 cm el testigo señor Márquez y de 50 cm. el testigo señor Juan José Bonifaf Muñoz. Que los testigos indican que se le entregó los implementos de seguridad, lo que consta del documento denominado ficha entrega de cargo, donde está firmado que el actor recibe un par de guante, un casco y una antiparra. 4. Que producto del accidente el actor según el diagnóstico del Hospital de Buin, el actor fue atendido a las 14:13 horas, la causa de la consulta fue accidente en la empresa, señala caída de 1.5 metros, hipótesis diagnóstica, Policontuso Tec simple no complicado, se ordenan radiografías y como medicamento ketofrofeno 5. Que con fechas 5, 11 ambos de noviembre de 2009 y 18 de enero de 2010, fue atendido en el Policlínico de La Florida Consultorio Santa Amalia, consultando el actor por un fuerte dolor en el hombro derecho. Así se lee del oficio solicitado donde el diagnóstico es, traumatismo de 20 horas de evolución. Luego es atendido el 16 de noviembre de 2009, motivo de la consulta dolor en el hombro derecho a la movilización de la ESD, se confirma el dolor y las indicaciones son PRC 1X3X5D, ciclobenz 1X3X5D, se solicita eco de partes blanda del hombro derecho. Tratamiento Paracetamol de 500 mg. Luego tiene una atención el 18 de enero de 2010, motivo de la consulta: dolor hombro, no se ha realizado la ECO. Síndrome de abducción dolorosa del hombro. 6. Que la empresa demandada proporcionó al actor charlas de capacitación y derecho a saber, según consta de la copia de acta de charla de 5 minutos realizada por don Nelson Alfaro prevencionista de riesgo y el registro de charla de derecho a saber de fecha 9 de octubre de 2009, ambas firmadas por el actor. 7. Que el supervisor de obra señor Márquez encargó al actor el 16 de octubre de 2009, que subiera a la escalera a pintar una estructura que estaba a casi tres metros de altura. Según los dichos del propio testigo y lo relatado por el actor a absolver posiciones. 8. Que la escalera que utilizó el actor para realizar el trabajo convenido tenía goma en las patas y fue apoyada en un pilar de 25 a 30 cm, y la escalera tenía un ancho mayor de alrededor de 40 cm. Esto se da por acreditado con los dichos del testigo Juan Bonifaz, quien indica la escalera queda asentada. Y lo aseverado por el testigo señor Carlos Saldías, quien indica que el pilar era de 10 por 10, y el ancho de la escalera 50 cm. 9. Que la demandada realizó la respectiva investigación del accidente y la declaración individual de accidente del trabajo. Que en dichos documentos se consigna que al bajar una escalera no afianza el pie último peldaño, soltando los brazos pierde el equilibrio. NOVENO: Que asentado lo anterior, surge como normativa legal aplicable lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, norma de cuyo literal se desprende que la obligación de diligencia y cuidado que la ley impone al empleador en la especie, es de mayor entidad que la comúnmente exigida en los contratos bilaterales, pues no sólo es de cargo de aquél tomar todas las medidas de seguridad

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necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores, sino que, además, debe hacerlo eficazmente. En consecuencia, atendido lo dispuesto en el ya citado artículo 184 del Código del Trabajo, correspondió a la empresa demandada acreditar que efectivamente tomó todas las medidas de seguridad que la naturaleza de las faenas ameritaba, para proteger eficazmente la vida y salud del actor, en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. Que corresponde entonces determinar qué medidas eficaces el empleador tomó para dar cumplimiento a este propósito y al respecto se suscitaron tres cuestiones que es necesario analizar a la luz de las medidas eficaces, entregar los implementos de seguridad (casco, antiparra cuerda de vida y zapatos de seguridad), usar la escalera para subir a pintar versus la utilización de un andamio, elemento de seguridad que la demandante apunta como central en su teoría del caso, a efectos de determinar la previsibilidad del accidente del actor y la forma en que, ya previsto el riesgo, debió haberse evitado por parte de la empleadora. a) En cuanto a los implementos de seguridad que existe coincidencia en los tres testigos presentados por la demandada para indicar que al actor se le otorgaron estos implementos, lo que es concordante con el documento donde aparece el actor recibiéndolos. Entiende esta sentenciadora que aquellos implementos en especial el casco contribuyó a que las consecuencias del accidente fueran más leves, lo que es ratificado por el testigo señor Juan José Bonifaz quien realizó la investigación del accidente. b) En cuanto a la utilización de la escalera: Que de acuerdo a la prueba rendida, se tiene que el actor el día 16 de octubre de 2009, se subió a realizar una labor en altura para lo cual utilizó por orden de su superior el señor Márquez una escalera, que una vez concluida la tarea y cuando iba descendiendo, en este punto el actor refiere que se cayó de una altura de 1.5 metros de altura tal como se consigna en la atención de urgencia que recibió, pero los tres testigos que deponen indican que no lo hizo de una altura superior a 60 cm, pues el accidente ocurre faltando unos pocos peldaños para descender. En conformidad a lo expuesto nuevamente surge una pregunta ¿resulta razonable exigir a la demandada la utilización del andamio, para una tarea que ya se había realizado anteriormente con escalera, sin que hubiese sido previsible el accidente del actor? No es razonable. Que como bien lo indica el testigo de la actora el señor José Bonifaz, al realizar la investigación del accidente, se llegó a la conclusión que este se produjo por una acción insegura del actor y no por una condición insegura señalando que al ir bajando el actor la escalera esta es más estable, porque el mayor riesgo hubiese sido al estar relocalizando la actividad en lo más alto, pero no al descender. DÉCIMO: Que para determinar la responsabilidad por culpa es necesario atender acerca de lo que razonablemente se puede esperar de quien tiene un deber de cuidado, en otras palabras el juicio de culpabilidad requiere comparar la conducta efectiva con la que debió efectuarse en concreto. Para el demandante la empresa ha incumplido el deber de protección eficaz representado en un cúmulo de infracciones a normas expresas de seguridad relativas a los riesgos y su prevención, imputando consecuencia directa de la desprotección a su empleador pues el accidente se hubiera evitado si el en vez de utilizar la escalera se le hubiese proporcionado el andamio para pintar. Por su parte la demandada alega que ha cumplido íntegramente con el deber de seguridad, que el accidente se ha originado por un hecho imputable al propio actor, que bajo descuidadamente la escalera y que la utilización del andamio no hubiere impedido el accidente, por cuanto el actor se cayó cuando estaba a unos 50 centimetros del suelo y no cuando estaba pintando en altura. UNDÉCIMO: Que esta sentenciadora no concuerda con la tesis de la demandante, que la escalera no resultaba segura, que debió haberse proporcionado el andamio, esto sin perjuicio que los propios testigos de la demandante concuerdan en indicar que la escalera estaba apoyada en un pilar de un diámetro menor al ancho de la escalera, este solo hecho no acarrea la responsabilidad del empleado, sobre todo cuando el accidente ocurre al ir bajando la escalera y faltando solo unos pocos peldaños para llegar al suelo. Y los testigos han indicado que la escalera estaba asentada en el pilar. Que en este contexto las medidas de seguridad adoptadas por la demandada en relación al día de los hechos, los implementos de seguridad, la escalera utilizada dan cuenta que resultaron eficaces pues no podría exigírsele que para evitar el accidente de suyo no predecible, siempre debiese para realizar un trabajo en altura utilizar el andamio.

necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores, sino que, además, debe hacerlo eficazmente. En consecuencia, atendido lo dispuesto en el ya citado artículo 184 del Código del Trabajo, correspondió a la empresa demandada acreditar que efectivamente tomó todas las medidas de seguridad que la naturaleza de las faenas ameritaba, para proteger eficazmente la vida y salud del actor, en los términos y modalidades a que legalmente estaba obligado. Que corresponde entonces determinar qué medidas eficaces el empleador tomó para dar cumplimiento a este propósito y al respecto se suscitaron tres cuestiones que es necesario analizar a la luz de las medidas eficaces, entregar los implementos de seguridad (casco, antiparra cuerda de vida y zapatos de seguridad), usar la escalera para subir a pintar versus la utilización de un andamio, elemento de seguridad que la demandante apunta como central en su teoría del caso, a efectos de determinar la previsibilidad del accidente del actor y la forma en que, ya previsto el riesgo, debió haberse evitado por parte de la empleadora. a) En cuanto a los implementos de seguridad que existe coincidencia en los tres testigos presentados por la demandada para indicar que al actor se le otorgaron estos implementos, lo que es concordante con el documento donde aparece el actor recibiéndolos. Entiende esta sentenciadora que aquellos implementos en especial el casco contribuyó a que las consecuencias del accidente fueran más leves, lo que es ratificado por el testigo señor Juan José Bonifaz quien realizó la investigación del accidente. b) En cuanto a la utilización de la escalera: Que de acuerdo a la prueba rendida, se tiene que el actor el día 16 de octubre de 2009, se subió a realizar una labor en altura para lo cual utilizó por orden de su superior el señor Márquez una escalera, que una vez concluida la tarea y cuando iba descendiendo, en este punto el actor refiere que se cayó de una altura de 1.5 metros de altura tal como se consigna en la atención de urgencia que recibió, pero los tres testigos que deponen indican que no lo hizo de una altura superior a 60 cm, pues el accidente ocurre faltando unos pocos peldaños para descender. En conformidad a lo expuesto nuevamente surge una pregunta ¿resulta razonable exigir a la demandada la utilización del andamio, para una tarea que ya se había realizado anteriormente con escalera, sin que hubiese sido previsible el accidente del actor? No es razonable. Que como bien lo indica el testigo de la actora el señor José Bonifaz, al realizar la investigación del accidente, se llegó a la conclusión que este se produjo por una acción insegura del actor y no por una condición insegura señalando que al ir bajando el actor la escalera esta es más estable, porque el mayor riesgo hubiese sido al estar relocalizando la actividad en lo más alto, pero no al descender. DÉCIMO: Que para determinar la responsabilidad por culpa es necesario atender acerca de lo que razonablemente se puede esperar de quien tiene un deber de cuidado, en otras palabras el juicio de culpabilidad requiere comparar la conducta efectiva con la que debió efectuarse en concreto. Para el demandante la empresa ha incumplido el deber de protección eficaz representado en un cúmulo de infracciones a normas expresas de seguridad relativas a los riesgos y su prevención, imputando consecuencia directa de la desprotección a su empleador pues el accidente se hubiera evitado si el en vez de utilizar la escalera se le hubiese proporcionado el andamio para pintar. Por su parte la demandada alega que ha cumplido íntegramente con el deber de seguridad, que el accidente se ha originado por un hecho imputable al propio actor, que bajo descuidadamente la escalera y que la utilización del andamio no hubiere impedido el accidente, por cuanto el actor se cayó cuando estaba a unos 50 centimetros del suelo y no cuando estaba pintando en altura. UNDÉCIMO: Que esta sentenciadora no concuerda con la tesis de la demandante, que la escalera no resultaba segura, que debió haberse proporcionado el andamio, esto sin perjuicio que los propios testigos de la demandante concuerdan en indicar que la escalera estaba apoyada en un pilar de un diámetro menor al ancho de la escalera, este solo hecho no acarrea la responsabilidad del empleado, sobre todo cuando el accidente ocurre al ir bajando la escalera y faltando solo unos pocos peldaños para llegar al suelo. Y los testigos han indicado que la escalera estaba asentada en el pilar. Que en este contexto las medidas de seguridad adoptadas por la demandada en relación al día de los hechos, los implementos de seguridad, la escalera utilizada dan cuenta que resultaron eficaces pues no podría exigírsele que para evitar el accidente de suyo no predecible, siempre debiese para realizar un trabajo en altura utilizar el andamio. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

DUODÉCIMO: Que atendido lo resuelto precedentemente, no se analizará los perjuicios sufridos por el actor con ocasión del accidente. Y visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 184, 210,420, 425, 453, 454, 459 del Código del Trabajo, artículos 5° y 69 de la ley N° 16.744; se declara: I. Negar lugar a la demanda sin costas por haber litigado con motivo plausible el demandante. II. Una vez ejecutoriada la sentencia revuélvanse los documentos a las partes. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT O-1229-2009. RUC 09 4 0032518 6. Dictada por doña Carolina Luengo Portilla, Jueza Titular, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

DUODÉCIMO: Que atendido lo resuelto precedentemente, no se analizará los perjuicios sufridos por el actor con ocasión del accidente. Y visto además lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 184, 210,420, 425, 453, 454, 459 del Código del Trabajo, artículos 5° y 69 de la ley N° 16.744; se declara: I. Negar lugar a la demanda sin costas por haber litigado con motivo plausible el demandante. II. Una vez ejecutoriada la sentencia revuélvanse los documentos a las partes. Regístrese y archívese en su oportunidad. RIT O-1229-2009. RUC 09 4 0032518 6. Dictada por doña Carolina Luengo Portilla, Jueza Titular, del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 436

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: O-313-2009 Cita online: CL/JUR/9026/2009 I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO Santiago, veintidós de diciembre de dos mil nueve. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció don Juan Pablo Coña Millar, 21 años de edad, chileno, soltero, domiciliado en calle 2 N° 634, comuna de Puente Alto, Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en procedimiento de aplicación general en contra de la sociedad Homecoating Ltda., del giro revestimientos, Rol Único Tributario N° 76.672.110-9, representada legalmente por don Mario Lemus Cifuentes, ingeniero industrial, ambos con domicilio en Sierra Bella N° 1384 comuna de Santiago Centro, Santiago, solicitando se condene a la demandada a pago de las siguientes indemnizaciones: a) la suma de $ 8.000.000 por indemnización por daño emergente, b) la suma de $ 158.400.000 por lucro cesante, c) la suma de $ 100.000.000 por indemnización del daño moral, todas con intereses y reajustes del artículo 63 del Código del Trabajo desde la fecha del accidente a la fecha del pago efectivo o las sumas que el Tribunal determine, todo con costas. Señala que fue contratado con fecha 3 de marzo de 2009, por la demandada, para prestar servicios como maestro pintor, teniendo por función operar como maestro pintor en las obras que su empleador le señalara. Indica que con fecha 8 de mayo de 2009 sufrió un accidente de trabajo, alrededor de las 16:30 horas, en circunstancias que se encontraba prestando sus servicios en la obra ubicada en calle Ochagavía N° 13021, comuna de San Bernardo, específicamente señala que se encontraba trabajando en altura en un andamio de dos cuerpos a una altura de cuatro metros, aproximadamente, del piso, al ir descendiendo del andamio se cae al piso producto del mal estado de los andamios, fracturándose la muñeca derecha y quedando en el piso, con una fractura expuesta. Luego de esto llamaron a una ambulancia, la que nunca llegó, y producto de ello lo llevaron en una camioneta de la empresa al Servicio de Salud Metropolitano Sur Hospital y CS el Pino, donde se le prestó atención de urgencia y luego se le trasladó al Hospital Barros Luco Trudeau, donde estuvo internado 13 días, siendo operado el día 20 de mayo del año en curso y en donde le implantaron una placa de aluminio, y fue dado de alta el día 21 de mayo del 2009. Agrega que con fecha 11 de agosto de 2009 debió ser intervenido nuevamente, en esta operación se le practicó una osteotomía correctora de extremo distal del radio con aporte de injerto óseo de cresta iliaca izquierda y liberación de nervio mediano por presentar una mala consolidación de fractura de muñeca derecha. Esta intervención se la tuvo que hacer en forma particular en el IST, siendo dado de alta el día 12 de agosto del año en curso. Actualmente sigue con tratamiento médico en su muñeca y ha debido costear personalmente su operación, medicación y tratamiento, ya que dice que su empleador no le tenía escriturado su contrato de trabajo, y no le ha pagado sus cotizaciones previsionales, por lo que no ha podido hacer uso de su previsión ni licencias médicas, es decir ha quedado absolutamente descubierto del sistema previsional, sin perjuicio de que le descontaban sus cotizaciones previsionales. Manifiesta además que la empresa no contaba con medidas de seguridad, ni con líneas de seguridad ni con una capacitación de las mismas. Tampoco hay en la empresa registro acerca de la existencia de Comité Paritario, ni registro de su accidente ante las autoridades pertinentes. No hubo capacitación, ni derecho a saber, ni elementos de protección. Agrega que desde la fecha del accidente ha estado con tratamientos médicos, sicológicos y siquiátricos, además que haber quedado con un grado de discapacidad de un 75% por el momento. En suma, el accidente se produjo por cuanto no existían los elementos de seguridad que se requieren, además los andamios se encontraban en mal estado. El demandante señala que su especialidad y nivel educacional sólo le permiten desempeñar este tipo de trabajos, y la fractura de su muñeca derecha resulta esencial para desempeñar este tipo de

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil nueve. VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que compareció don Juan Pablo Coña Millar, 21 años de edad, chileno, soltero, domiciliado en calle 2 N° 634, comuna de Puente Alto, Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en procedimiento de aplicación general en contra de la sociedad Homecoating Ltda., del giro revestimientos, Rol Único Tributario N° 76.672.110-9, representada legalmente por don Mario Lemus Cifuentes, ingeniero industrial, ambos con domicilio en Sierra Bella N° 1384 comuna de Santiago Centro, Santiago, solicitando se condene a la demandada a pago de las siguientes indemnizaciones: a) la suma de $ 8.000.000 por indemnización por daño emergente, b) la suma de $ 158.400.000 por lucro cesante, c) la suma de $ 100.000.000 por indemnización del daño moral, todas con intereses y reajustes del artículo 63 del Código del Trabajo desde la fecha del accidente a la fecha del pago efectivo o las sumas que el Tribunal determine, todo con costas. Señala que fue contratado con fecha 3 de marzo de 2009, por la demandada, para prestar servicios como maestro pintor, teniendo por función operar como maestro pintor en las obras que su empleador le señalara. Indica que con fecha 8 de mayo de 2009 sufrió un accidente de trabajo, alrededor de las 16:30 horas, en circunstancias que se encontraba prestando sus servicios en la obra ubicada en calle Ochagavía N° 13021, comuna de San Bernardo, específicamente señala que se encontraba trabajando en altura en un andamio de dos cuerpos a una altura de cuatro metros, aproximadamente, del piso, al ir descendiendo del andamio se cae al piso producto del mal estado de los andamios, fracturándose la muñeca derecha y quedando en el piso, con una fractura expuesta. Luego de esto llamaron a una ambulancia, la que nunca llegó, y producto de ello lo llevaron en una camioneta de la empresa al Servicio de Salud Metropolitano Sur Hospital y CS el Pino, donde se le prestó atención de urgencia y luego se le trasladó al Hospital Barros Luco Trudeau, donde estuvo internado 13 días, siendo operado el día 20 de mayo del año en curso y en donde le implantaron una placa de aluminio, y fue dado de alta el día 21 de mayo del 2009. Agrega que con fecha 11 de agosto de 2009 debió ser intervenido nuevamente, en esta operación se le practicó una osteotomía correctora de extremo distal del radio con aporte de injerto óseo de cresta iliaca izquierda y liberación de nervio mediano por presentar una mala consolidación de fractura de muñeca derecha. Esta intervención se la tuvo que hacer en forma particular en el IST, siendo dado de alta el día 12 de agosto del año en curso. Actualmente sigue con tratamiento médico en su muñeca y ha debido costear personalmente su operación, medicación y tratamiento, ya que dice que su empleador no le tenía escriturado su contrato de trabajo, y no le ha pagado sus cotizaciones previsionales, por lo que no ha podido hacer uso de su previsión ni licencias médicas, es decir ha quedado absolutamente descubierto del sistema previsional, sin perjuicio de que le descontaban sus cotizaciones previsionales. Manifiesta además que la empresa no contaba con medidas de seguridad, ni con líneas de seguridad ni con una capacitación de las mismas. Tampoco hay en la empresa registro acerca de la existencia de Comité Paritario, ni registro de su accidente ante las autoridades pertinentes. No hubo capacitación, ni derecho a saber, ni elementos de protección. Agrega que desde la fecha del accidente ha estado con tratamientos médicos, sicológicos y siquiátricos, además que haber quedado con un grado de discapacidad de un 75% por el momento. En suma, el accidente se produjo por cuanto no existían los elementos de seguridad que se requieren, además los andamios se encontraban en mal estado. El demandante señala que su especialidad y nivel educacional sólo le permiten desempeñar este tipo de trabajos, y la fractura de su muñeca derecha resulta esencial para desempeñar este tipo de

I. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO

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oficios. Por ello, de hecho y en la realidad, dice estar imposibilitado casi absolutamente para desempeñar el empleo o tarea para el cual me encontraba capacitado. Por otra parte, dice que al momento del accidente, no había ningún supervisor de seguridad ni experto en prevención de riesgos, y que desconoce si existe o no Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Señala que, en definitiva, quedará con su muñeca derecha completamente atrofiada, con todas las consecuencias y secuelas que ello significa. Durante todo este tiempo no ha gozado de ningún tipo de subsidio ni beneficio previsional y laboral, ya que su empleador no le ha pagado sus cotizaciones previsionales, y tampoco sus remuneraciones, lo cual en la actualidad le significa no tener ningún tipo de ingreso mensual, sumado a ello el que no puede trabajar en su oficio, ni en ningún otro que requiera usar su brazo. Los daños referidos son permanentes, ya que ha quedado con su muñeca derecha atrofiada, que es su herramienta de trabajo. Además ha tenido y deberá asistir a terapias posibles de rehabilitación, sufriendo dolores permanentes al intentar mover su mano derecha. Por todo lo relatado, el demandante estima haber sido víctima de un grave perjuicio y sufrimiento. El daño físico y psicológico que lo afecta lo mantienen con fuerte depresión y angustia, ya que no puede realizar las actividades a las que estaba acostumbrado. Manifiesta ni siquiera poder saludar. Este accidente y su tratamiento han significado la pérdida de todos sus entretenimientos comunes ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental, según expresa. Expresa que en cuanto a los daños sufridos cuya reparación demanda estos se desglosan en: Lucro cesante, por encontrarse imposibilitado de seguir desarrollando su actividad. Considerando que el demandante percibía una renta actualizada de $ 300.000 mensuales, tenemos una pérdida de ingresos del orden de los $ 158.400.000 por concepto de lucro cesante, calculando una expectativa de vida de 65 años. Daño emergente, comprende las sumas de dinero que el demandante ha debido desembolsar para su operación y medicamento, en este caso se demanda la suma de $ 8.000.000. Daño extra patrimonial, en este rubro se pide la indemnización del dolor físico, psicológico y mental sufrido por el demandante, con ocasión del accidente del trabajo y su tratamiento. Por este concepto, se reclama la suma de $ 100.000.000. En cuanto a los fundamentos de derecho y normas legales entre otros, cita el artículo 184 del Código del Trabajo señalando que la demandada infringió la obligación de seguridad que tiene para con sus trabajadores. Aluden también a la obligación de prevención y seguridad los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744, cuyo Reglamento fue aprobado por el decreto supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además cita obligaciones establecidas en el D.S. 594, de Reglamento de Seguridad Industrial. Señala que en este caso es aplicable el estatuto de la responsabilidad contractual citando el artículo 1556 del Código Civil. SEGUNDO: Que encontrándose debidamente notificada la demandada Homecoating Ltda. no contestó la demanda dentro del plazo legal. TERCERO: Que con fecha 29 de octubre de 2009 tuvo lugar la audiencia preparatoria. Por su parte con fecha 3 de diciembre de 2009, tuvo lugar la audiencia de juicio respectiva. CUARTO: Que llamadas las partes a conciliación sobre las bases propuestas por el tribunal, esta no se produjo. QUINTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba: A. Documental de la demandante: 1. Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino de fecha 8 de mayo de 2009. 2. Ficha clínica del demandante don Juan Pablo Coña Millar del Hospital Barros Luco Trudeau. 3. Informe médico del Dr. Conrado Arriagada, que da cuenta que el actor fue intervenido el día 11 de agosto de 2009. 4. Copia de control de atención médica del IST. 5. Copia del carnet de alta del actor, emitido por el Hospital Barros Luco. 6. Cinco boletas acreditan los gastos médicos remedios y consultas del actor.

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oficios. Por ello, de hecho y en la realidad, dice estar imposibilitado casi absolutamente para desempeñar el empleo o tarea para el cual me encontraba capacitado. Por otra parte, dice que al momento del accidente, no había ningún supervisor de seguridad ni experto en prevención de riesgos, y que desconoce si existe o no Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Señala que, en definitiva, quedará con su muñeca derecha completamente atrofiada, con todas las consecuencias y secuelas que ello significa. Durante todo este tiempo no ha gozado de ningún tipo de subsidio ni beneficio previsional y laboral, ya que su empleador no le ha pagado sus cotizaciones previsionales, y tampoco sus remuneraciones, lo cual en la actualidad le significa no tener ningún tipo de ingreso mensual, sumado a ello el que no puede trabajar en su oficio, ni en ningún otro que requiera usar su brazo. Los daños referidos son permanentes, ya que ha quedado con su muñeca derecha atrofiada, que es su herramienta de trabajo. Además ha tenido y deberá asistir a terapias posibles de rehabilitación, sufriendo dolores permanentes al intentar mover su mano derecha. Por todo lo relatado, el demandante estima haber sido víctima de un grave perjuicio y sufrimiento. El daño físico y psicológico que lo afecta lo mantienen con fuerte depresión y angustia, ya que no puede realizar las actividades a las que estaba acostumbrado. Manifiesta ni siquiera poder saludar. Este accidente y su tratamiento han significado la pérdida de todos sus entretenimientos comunes ordinarios de la vida, afectando incluso su salud mental, según expresa. Expresa que en cuanto a los daños sufridos cuya reparación demanda estos se desglosan en: Lucro cesante, por encontrarse imposibilitado de seguir desarrollando su actividad. Considerando que el demandante percibía una renta actualizada de $ 300.000 mensuales, tenemos una pérdida de ingresos del orden de los $ 158.400.000 por concepto de lucro cesante, calculando una expectativa de vida de 65 años. Daño emergente, comprende las sumas de dinero que el demandante ha debido desembolsar para su operación y medicamento, en este caso se demanda la suma de $ 8.000.000. Daño extra patrimonial, en este rubro se pide la indemnización del dolor físico, psicológico y mental sufrido por el demandante, con ocasión del accidente del trabajo y su tratamiento. Por este concepto, se reclama la suma de $ 100.000.000. En cuanto a los fundamentos de derecho y normas legales entre otros, cita el artículo 184 del Código del Trabajo señalando que la demandada infringió la obligación de seguridad que tiene para con sus trabajadores. Aluden también a la obligación de prevención y seguridad los artículos 66, 67 y 68 de la ley N° 16.744, cuyo Reglamento fue aprobado por el decreto supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además cita obligaciones establecidas en el D.S. 594, de Reglamento de Seguridad Industrial. Señala que en este caso es aplicable el estatuto de la responsabilidad contractual citando el artículo 1556 del Código Civil. SEGUNDO: Que encontrándose debidamente notificada la demandada Homecoating Ltda. no contestó la demanda dentro del plazo legal. TERCERO: Que con fecha 29 de octubre de 2009 tuvo lugar la audiencia preparatoria. Por su parte con fecha 3 de diciembre de 2009, tuvo lugar la audiencia de juicio respectiva. CUARTO: Que llamadas las partes a conciliación sobre las bases propuestas por el tribunal, esta no se produjo. QUINTO: Que para acreditar sus alegaciones la parte demandante rindió en la audiencia de juicio la siguiente prueba: A. Documental de la demandante: 1. Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino de fecha 8 de mayo de 2009. 2. Ficha clínica del demandante don Juan Pablo Coña Millar del Hospital Barros Luco Trudeau. 3. Informe médico del Dr. Conrado Arriagada, que da cuenta que el actor fue intervenido el día 11 de agosto de 2009. 4. Copia de control de atención médica del IST. 5. Copia del carnet de alta del actor, emitido por el Hospital Barros Luco. 6. Cinco boletas acreditan los gastos médicos remedios y consultas del actor.

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7. Copia del programa de atención de salud de tratamiento del actor de 9 de septiembre de 2009. 8. Certificado emitido por el Neurólogo Rodrigo Andrés Casanova Leiva. 9. Copia de factura N° 24 emitida por Adessy Chile Ltda., que da cuenta de set Trimed Placa volar ángulo fijo para el paciente Juan Pablo Coña Millar. 10. Copia de boleta de honorario emitida por Arsenalera, por atención al actor. 11. Copia de boleta electrónica emitida por el IST de fecha 25 de septiembre de 2009 da cuenta gastos en operación al actor. 12. Detalle de cuenta de cargo del paciente emitida por el IST a nombre del actor. 13. Cartola histórica de chequera electrónica de 1° de junio de 2009 a 24 de julio de 2009. B. Confesional: Citados legalmente no comparecieron a absolver posiciones por la demandada don Mario Lemus Cifuentes, y don Sebastián Lemus Pérez. C. Testimonial: 1. Don César Antonio Zuleta Pinilla, quien en síntesis expone que conoce al demandante, indica que el actor trabajaba en la empresa Homecoanting, estaba en una obra en San Bernardo se cayó en la obra en que prestaba servicios, trabajando en el andamio resbaló fracturándose su muñeca derecha, una fractura expuesta, y golpeándose en la cabeza lo llevaron al Barros Luco estuvo doce días hospitalizado, lo operaron de su muñeca derecha. Ha tenido gastos médicos porque la empresa no ha sido responsable asumiendo el costo de dos operaciones ha debido desembolsar como un millón. 2. Don Juan Eduardo Bobadilla Gutiérrez, señala en resumen que conoce al demandante y sabe que entre marzo a mayo de 2009, trabajaba en Ochagavía en la empresa demandada, trabajó hasta que tuvo el accidente cuando se cayó del andamio el 8 de mayo de 2009, de aproximadamente de 4 metros, a raíz del accidente tuvo fractura de la mano derecha, fue llevado al Hospital del Pino y después fue trasladado al Hospital Barros Luco ha sido operado dos veces de la muñeca, le consta porque la familia de él lo llamó para que le hiciera la carrera cuando el demandante se accidentó, ese día andaba don Sebastián Lemus en el hospital. 3. Don Mauricio Aguirre Soto, conoce a Sebastián Lemus es parte de la empresa en que trabajaba el demandante, no recuerda el nombre, se acuerda de la fecha del accidente, el día 8 de mayo de 2009, recibió la llamada del Sr. Lemus informando que el demandante se encontraban en el Hospital el Pino producto de una caída, fueron hacia el hospital y se encontraron con el señor Lemus y con el demandante con el brazo entablillado y una fractura expuesta, después lo trasladaron al Hospital Barros Luco, ahí fue hospitalizado y quedaron a la espera de la operación, lo operaron de la fractura, y estuvo como doce días hospitalizado, no quedó bien tuvo que ser nuevamente operado, han tenido que desembolsar dinero, más o menos $ 1.500.000 de pesos, el actor se ha debilitado no tiene la fuerza y el ánimo que tenía antes SEXTO: Que, por su parte, la demandada no rindió prueba por no haber comparecido en juicio. SÉPTIMO: Que no habiéndose contestado la demanda por la demandada se estiman tácitamente admitidos los siguientes hechos contenidos en la demanda, conforme lo dispone el artículo 453 número 1 inciso 7° del Código del Trabajo, los cuales son: a) Que existió relación laboral entre las partes, prestando servicios el actor de maestro pintor a la empresa demandada Homecoating Ltda. desde el día 3 de marzo de 2009. b) Que el ingreso mensual del actor era de $ 300.000, más gratificación mensual y horas extras. OCTAVO: Que con la prueba rendida en autos analizada conforme a las reglas de la sana crítica especialmente, Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino y ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, que contiene la atención de urgencia el día de los hechos, declaración de los testigos del demandante, la admisión tácita de la demandada, y confesión ficta del demandante, se tiene por establecido que el día 8 de mayo de 2009, alrededor de las 16:30 horas en circunstancias que el demandante se encontraba prestando servicios para la demandada en la obra ubicada en Ochagavía N° 13021, comuna de San Bernardo, trabajando en altura en un andamio a 4 metros, producto de ir descendiendo del andamio para ir a buscar una tineta de pintura, cae al piso. NOVENO: Que en autos el demandante ha ejercido la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, y ha quedado acreditado que el hecho en que se fundan las indemnizaciones

7. Copia del programa de atención de salud de tratamiento del actor de 9 de septiembre de 2009. 8. Certificado emitido por el Neurólogo Rodrigo Andrés Casanova Leiva. 9. Copia de factura N° 24 emitida por Adessy Chile Ltda., que da cuenta de set Trimed Placa volar ángulo fijo para el paciente Juan Pablo Coña Millar. 10. Copia de boleta de honorario emitida por Arsenalera, por atención al actor. 11. Copia de boleta electrónica emitida por el IST de fecha 25 de septiembre de 2009 da cuenta gastos en operación al actor. 12. Detalle de cuenta de cargo del paciente emitida por el IST a nombre del actor. 13. Cartola histórica de chequera electrónica de 1° de junio de 2009 a 24 de julio de 2009. B. Confesional: Citados legalmente no comparecieron a absolver posiciones por la demandada don Mario Lemus Cifuentes, y don Sebastián Lemus Pérez. C. Testimonial: 1. Don César Antonio Zuleta Pinilla, quien en síntesis expone que conoce al demandante, indica que el actor trabajaba en la empresa Homecoanting, estaba en una obra en San Bernardo se cayó en la obra en que prestaba servicios, trabajando en el andamio resbaló fracturándose su muñeca derecha, una fractura expuesta, y golpeándose en la cabeza lo llevaron al Barros Luco estuvo doce días hospitalizado, lo operaron de su muñeca derecha. Ha tenido gastos médicos porque la empresa no ha sido responsable asumiendo el costo de dos operaciones ha debido desembolsar como un millón. 2. Don Juan Eduardo Bobadilla Gutiérrez, señala en resumen que conoce al demandante y sabe que entre marzo a mayo de 2009, trabajaba en Ochagavía en la empresa demandada, trabajó hasta que tuvo el accidente cuando se cayó del andamio el 8 de mayo de 2009, de aproximadamente de 4 metros, a raíz del accidente tuvo fractura de la mano derecha, fue llevado al Hospital del Pino y después fue trasladado al Hospital Barros Luco ha sido operado dos veces de la muñeca, le consta porque la familia de él lo llamó para que le hiciera la carrera cuando el demandante se accidentó, ese día andaba don Sebastián Lemus en el hospital. 3. Don Mauricio Aguirre Soto, conoce a Sebastián Lemus es parte de la empresa en que trabajaba el demandante, no recuerda el nombre, se acuerda de la fecha del accidente, el día 8 de mayo de 2009, recibió la llamada del Sr. Lemus informando que el demandante se encontraban en el Hospital el Pino producto de una caída, fueron hacia el hospital y se encontraron con el señor Lemus y con el demandante con el brazo entablillado y una fractura expuesta, después lo trasladaron al Hospital Barros Luco, ahí fue hospitalizado y quedaron a la espera de la operación, lo operaron de la fractura, y estuvo como doce días hospitalizado, no quedó bien tuvo que ser nuevamente operado, han tenido que desembolsar dinero, más o menos $ 1.500.000 de pesos, el actor se ha debilitado no tiene la fuerza y el ánimo que tenía antes SEXTO: Que, por su parte, la demandada no rindió prueba por no haber comparecido en juicio. SÉPTIMO: Que no habiéndose contestado la demanda por la demandada se estiman tácitamente admitidos los siguientes hechos contenidos en la demanda, conforme lo dispone el artículo 453 número 1 inciso 7° del Código del Trabajo, los cuales son: a) Que existió relación laboral entre las partes, prestando servicios el actor de maestro pintor a la empresa demandada Homecoating Ltda. desde el día 3 de marzo de 2009. b) Que el ingreso mensual del actor era de $ 300.000, más gratificación mensual y horas extras. OCTAVO: Que con la prueba rendida en autos analizada conforme a las reglas de la sana crítica especialmente, Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino y ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, que contiene la atención de urgencia el día de los hechos, declaración de los testigos del demandante, la admisión tácita de la demandada, y confesión ficta del demandante, se tiene por establecido que el día 8 de mayo de 2009, alrededor de las 16:30 horas en circunstancias que el demandante se encontraba prestando servicios para la demandada en la obra ubicada en Ochagavía N° 13021, comuna de San Bernardo, trabajando en altura en un andamio a 4 metros, producto de ir descendiendo del andamio para ir a buscar una tineta de pintura, cae al piso. NOVENO: Que en autos el demandante ha ejercido la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, y ha quedado acreditado que el hecho en que se fundan las indemnizaciones ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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reclamadas ocurrió en circunstancias que el demandante prestaba servicios a la demandada según contrato de trabajo celebrado entre las partes de fecha 3 de marzo de 2009. DÉCIMO: Que, en relación a lo expuesto precedentemente, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad de las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes. Asimismo, el artículo 69 de la ley Nº 16.744 establece que cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, la víctima o demás personas a quienes el accidente cause daño podrá reclamar también contra éstos las otras indemnizaciones a que tenga derecho. UNDÉCIMO: Que así las cosas se establece una responsabilidad contractual por incumplimiento de la obligación de seguridad del empleador cuyo contenido es la necesaria adopción de todas aquellas medidas tendientes a evitar que en el lugar de trabajo se produzca algún accidente que pueda afectar la vida, la integridad física o la salud del trabajador. DUODÉCIMO: Que el peso de la prueba, conforme a las reglas del onus probandi, en cuanto al cumplimiento de la obligación de seguridad, corresponde al empleador, asimismo le corresponde acreditar la debida diligencia y cuidado, respondiendo de culpa levísima. DECIMOTERCERO: Que no habiendo comparecido la demandada en el juicio para ofrecer y rendir prueba, el empleador no acreditó en forma alguna que haya cumplido con la obligación referida, ni se ha acreditado la debida diligencia y cuidado. DECIMOCUARTO: Que el incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, especialmente en lo referido a la seguridad de los andamios y existencia de elementos de protección para trabajar en altura específicamente arnés de seguridad atendido el trabajo desarrollado por el actor, es causa directa del accidente sufrido por el demandante, toda vez que de haber existido éstas el accidente no se habría producido. DECIMOQUINTO: Que se encuentra acreditado en autos con los antecedentes médicos acompañados, especialmente Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino y ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, que el demandante sufrió a raíz del accidente poli traumatismo por caída de altura, contusión craneal, fractura desplazada muñeca derecha. DECIMOSEXTO: Que en cuanto a lo demandado por daño emergente, con la prueba rendida, especialmente Copia de factura N° 24 emitida por Adessy Chile Ltda., Copia de boleta de honorario emitida por Arsenalera, Copia de boleta electrónica emitida por el IST de fecha 25 de septiembre de 2009 da cuenta gastos en operación al actor, copia de boletas, detalle de cuenta de cargo del paciente emitida por el IST a nombre del actor, declaración de los testigos Sres. Suleta y Aguirre, teniendo en especial consideración que atendida la informalidad laboral el actor debió asumir los costos asociados a su tratamiento, el que incluyó dos operaciones a la muñeca derecha se tiene por acreditado un daño emergente de $ 1.500.000. DECIMOSÉPTIMO: Que en cuanto al lucro cesante que el demandante ha hecho consistir una pérdida de una ganancia o utilidad esperada, alegando la imposibilidad absoluta de desarrollando su actividad, esta pretensión será desestimada toda vez que no existe ningún antecedente médico que determine algún grado de incapacidad del demandante, el que debió ser aportado por el actor para determinar la procedencia de lo demandado por este concepto. DECIMOCTAVO: Que en cuanto a lo demandado por daño moral éste se define como el dolor, aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el dolor síquico o aun físico que se experimente a raíz de un suceso determinado. DECIMONOVENO: Que con la prueba rendida especialmente antecedentes médicos consistentes en Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino, ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, Copia de control de atención médica del IST., Copia del carnet de alta del actor, emitido por el Hospital Barros Luco. Copia del programa de atención de salud de tratamiento del actor, y declaración de los testigos Sres. Suleta, Bobadilla y Aguirre, que dan cuenta de los tratamientos de las lesiones, principalmente de la fractura que sufrió el demandante en su muñeca, además del tiempo de hospitalización desde la fecha del accidente al 21 de mayo de 2009, que fue intervenido por la fractura

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reclamadas ocurrió en circunstancias que el demandante prestaba servicios a la demandada según contrato de trabajo celebrado entre las partes de fecha 3 de marzo de 2009. DÉCIMO: Que, en relación a lo expuesto precedentemente, el artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad de las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes. Asimismo, el artículo 69 de la ley Nº 16.744 establece que cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, la víctima o demás personas a quienes el accidente cause daño podrá reclamar también contra éstos las otras indemnizaciones a que tenga derecho. UNDÉCIMO: Que así las cosas se establece una responsabilidad contractual por incumplimiento de la obligación de seguridad del empleador cuyo contenido es la necesaria adopción de todas aquellas medidas tendientes a evitar que en el lugar de trabajo se produzca algún accidente que pueda afectar la vida, la integridad física o la salud del trabajador. DUODÉCIMO: Que el peso de la prueba, conforme a las reglas del onus probandi, en cuanto al cumplimiento de la obligación de seguridad, corresponde al empleador, asimismo le corresponde acreditar la debida diligencia y cuidado, respondiendo de culpa levísima. DECIMOTERCERO: Que no habiendo comparecido la demandada en el juicio para ofrecer y rendir prueba, el empleador no acreditó en forma alguna que haya cumplido con la obligación referida, ni se ha acreditado la debida diligencia y cuidado. DECIMOCUARTO: Que el incumplimiento del empleador en orden a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, especialmente en lo referido a la seguridad de los andamios y existencia de elementos de protección para trabajar en altura específicamente arnés de seguridad atendido el trabajo desarrollado por el actor, es causa directa del accidente sufrido por el demandante, toda vez que de haber existido éstas el accidente no se habría producido. DECIMOQUINTO: Que se encuentra acreditado en autos con los antecedentes médicos acompañados, especialmente Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino y ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, que el demandante sufrió a raíz del accidente poli traumatismo por caída de altura, contusión craneal, fractura desplazada muñeca derecha. DECIMOSEXTO: Que en cuanto a lo demandado por daño emergente, con la prueba rendida, especialmente Copia de factura N° 24 emitida por Adessy Chile Ltda., Copia de boleta de honorario emitida por Arsenalera, Copia de boleta electrónica emitida por el IST de fecha 25 de septiembre de 2009 da cuenta gastos en operación al actor, copia de boletas, detalle de cuenta de cargo del paciente emitida por el IST a nombre del actor, declaración de los testigos Sres. Suleta y Aguirre, teniendo en especial consideración que atendida la informalidad laboral el actor debió asumir los costos asociados a su tratamiento, el que incluyó dos operaciones a la muñeca derecha se tiene por acreditado un daño emergente de $ 1.500.000. DECIMOSÉPTIMO: Que en cuanto al lucro cesante que el demandante ha hecho consistir una pérdida de una ganancia o utilidad esperada, alegando la imposibilidad absoluta de desarrollando su actividad, esta pretensión será desestimada toda vez que no existe ningún antecedente médico que determine algún grado de incapacidad del demandante, el que debió ser aportado por el actor para determinar la procedencia de lo demandado por este concepto. DECIMOCTAVO: Que en cuanto a lo demandado por daño moral éste se define como el dolor, aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el dolor síquico o aun físico que se experimente a raíz de un suceso determinado. DECIMONOVENO: Que con la prueba rendida especialmente antecedentes médicos consistentes en Hoja de atención de Urgencia del Hospital El Pino, ficha médica del demandante del Hospital Barros Luco Trudeau, Copia de control de atención médica del IST., Copia del carnet de alta del actor, emitido por el Hospital Barros Luco. Copia del programa de atención de salud de tratamiento del actor, y declaración de los testigos Sres. Suleta, Bobadilla y Aguirre, que dan cuenta de los tratamientos de las lesiones, principalmente de la fractura que sufrió el demandante en su muñeca, además del tiempo de hospitalización desde la fecha del accidente al 21 de mayo de 2009, que fue intervenido por la fractura

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que sufrió 2 veces, que además se ha sometido a exámenes y controles, y que sufrió la incertidumbre de no recibir la atención médica que como trabajador le correspondía ante un accidente de origen laboral, de lo que se encuentra acreditado que el actor ha sufrido dolor físico, angustia y aflicción derivada del accidente del trabajo de autos, y moderando la pretensión del actor por no encontrarse acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida, se hará lugar a la indemnización por daño moral regulándose en la suma de $ 3.000.000. VIGÉSIMO: Que las sumas establecidas como indemnizaciones por daño emergente y daño moral se reajustarán y devengarán los intereses establecidos en el artículo 63 del Código del Trabajo, en el caso de los reajustes desde el mes anterior que este fallo quede ejecutoriado y el mes anterior en que se produzca el pago efectivo y, tratándose de los intereses desde que el demandado se constituya en mora de pagar y hasta la fecha de dicho pago. VIGÉSIMO PRIMERO: Que el documento el Certificado emitido por el Neurólogo Rodrigo Andrés Casanova Leiva, no es suficiente para tener por acreditado algún daño de carácter neurológico, por no haberse aportado antecedentes que den cuenta de exámenes que determinen algún deterioro ni se cuenta con la declaración de dicho profesional, por lo que se le restará valor probatorio al documento. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el documento descrito en la consideración quinta documental número 13, esto es, cartola de chequera electrónica, por no ser su contenido de relevancia para la determinación de los hechos de la causa. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7°, 63, 184, 210, 420, 425 a 432 y 453 a 459 del Código del Trabajo, artículos 5°, 68, 69 y 88 de la ley Nº 16.744 y artículos 1547 inc. 3°, 1556 y 1557 del Código Civil se resuelve: I. Que se acoge la demanda deducida por indemnización de perjuicios del accidente del trabajo sufrido por el actor y se condena a la demandada Homecoating Ltda. a pagar al demandante don Juan Pablo Coña Millar la suma de $ 1.500.000 por indemnización del daño emergente y la suma de $ 3.000.000 por indemnización del daño moral. II. Que se rechaza lo demandado por lucro cesante. III. Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses determinados en el artículo 63 del Código del Trabajo, por el período establecido en la consideración vigésima. IV. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. V. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día, en caso contrario, pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de esta ciudad. Regístrese. RIT: O-313-2009 . Dictada por doña Natascha Eugenia Núñez Ursic, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

que sufrió 2 veces, que además se ha sometido a exámenes y controles, y que sufrió la incertidumbre de no recibir la atención médica que como trabajador le correspondía ante un accidente de origen laboral, de lo que se encuentra acreditado que el actor ha sufrido dolor físico, angustia y aflicción derivada del accidente del trabajo de autos, y moderando la pretensión del actor por no encontrarse acreditado en forma alguna que sufra algún grado de discapacidad ni que se encuentre incapacitado para trabajar o desarrollar en forma normal su vida, se hará lugar a la indemnización por daño moral regulándose en la suma de $ 3.000.000. VIGÉSIMO: Que las sumas establecidas como indemnizaciones por daño emergente y daño moral se reajustarán y devengarán los intereses establecidos en el artículo 63 del Código del Trabajo, en el caso de los reajustes desde el mes anterior que este fallo quede ejecutoriado y el mes anterior en que se produzca el pago efectivo y, tratándose de los intereses desde que el demandado se constituya en mora de pagar y hasta la fecha de dicho pago. VIGÉSIMO PRIMERO: Que el documento el Certificado emitido por el Neurólogo Rodrigo Andrés Casanova Leiva, no es suficiente para tener por acreditado algún daño de carácter neurológico, por no haberse aportado antecedentes que den cuenta de exámenes que determinen algún deterioro ni se cuenta con la declaración de dicho profesional, por lo que se le restará valor probatorio al documento. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que el documento descrito en la consideración quinta documental número 13, esto es, cartola de chequera electrónica, por no ser su contenido de relevancia para la determinación de los hechos de la causa. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7°, 63, 184, 210, 420, 425 a 432 y 453 a 459 del Código del Trabajo, artículos 5°, 68, 69 y 88 de la ley Nº 16.744 y artículos 1547 inc. 3°, 1556 y 1557 del Código Civil se resuelve: I. Que se acoge la demanda deducida por indemnización de perjuicios del accidente del trabajo sufrido por el actor y se condena a la demandada Homecoating Ltda. a pagar al demandante don Juan Pablo Coña Millar la suma de $ 1.500.000 por indemnización del daño emergente y la suma de $ 3.000.000 por indemnización del daño moral. II. Que se rechaza lo demandado por lucro cesante. III. Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses determinados en el artículo 63 del Código del Trabajo, por el período establecido en la consideración vigésima. IV. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. V. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día, en caso contrario, pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de esta ciudad. Regístrese. RIT: O-313-2009 . Dictada por doña Natascha Eugenia Núñez Ursic, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rancagua, treinta y uno de marzo de dos mil seis. VISTOS: A fojas 1, don Rafael Calderón Alarcón, obrero, domiciliado en Edificio Plaza Oriente, oficina 306, ciudad de Rancagua, interpone demanda en juicio ordinario del trabajo en contra de la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., representada por don Patricio Huidobro Navarrete, domiciliados en Calle Marchant Pereira N° 416, comuna de Providencia, Santiago. Funda su demanda en las circunstancias consistentes en que el día 6 de febrero de 2004, estando trabajando, perdió el equilibrio y se fue guarda abajo en el andamio que le servía de sostén, todo ello, debido a que la empresa para la cual trabajaba no le proporcionó los implementos de seguridad entre ellos el cinturón de seguridad, que le protegiera de la caída, agrega que fue a parar al suelo sin el uso del casco protector que se le había soltado. Expone que a consecuencia de la caída, sufrió traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto) la rotura de su masa ósea craneana, pómulo izquierdo, pérdida parcial de la visión y quebradura expuesta de muñeca de su mano derecha, que quedo inutilizada. Que en el trayecto al Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad perdió el conocimiento, el que vino a recuperar el día 11 de febrero, cinco días después de la caída. Sufriendo de dolores y lentos movimientos en el cuerpo. En la operación que se le practicó se le colocaron dos placas de titanio para cubrir facturas del frontal orbitaria y fractura pared anterior y posterior de senomaxilar izquierdo y una prótesis atornillada en la muñeca de su mano derecha. Agrega, que actualmente esté en reposo laboral en el Hospital del Trabajador con tratamientos en varios departamentos, como traumatológicos, neurologías, otorrinología, fisiatría, psiquiatría y sicología; además perdió audición del oído izquierdo y tiene rigidez en su mano derecha. Fundamenta, además, su demanda en haber dejado el demandado de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, al no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador a quien se le ordenó realizar un trabajo de alto riesgo y, asimismo, incumplió la obligación de seguridad que establecen los artículos 68 incisos 1° y 3° de la ley 16.744, en relación con el artículo 2320 inciso 1° del Código Civil. Alega, que a consecuencia de sus lesiones cerebrales, ha quedado expuesto a una epilepsia debido a los medicamentos suministrados. Añade que, el accidente no se habría producido de no mediar la negligencia y falta de cuidado de su empleador, fundamenta que las lesiones sufridas por el accidente repercuten dolorosamente en su estado de ánimo, especialmente por estar propenso a la epilepsia, la cual lo hace sentir menoscabado, pérdida de autoestima, estados depresivos, impotencia sexual, sufrimientos que equivalen a un daño moral que le deben ser indemnizados. Solicita se obligue a la empresa demandada al pago de las siguientes sumas: $ 40.000.000 millones de pesos, por daño físico, la suma de $ 80.000.000 millones de pesos, a título de daño moral, reservándose el derecho del lucro cesante que resultare de la diferencia de remuneraciones entre el monto de la pensión que se le asigne por incapacidad laboral, en relación con su remuneración actual. Por lo expuesto y disposiciones legales que invoca, concluye pidiendo se declare que el empleador indemnice al demandante los perjuicios sufridos con ocasión del accidente y, asimismo, se condene a ésta pagar en favor del actor la suma de $ 80.000.000 por concepto de daño moral y $ 40.000.000 millones de pesos, por concepto de lesiones físicas. Todo lo que demanda con más reajustes, intereses entre la fecha en que ocurrió el accidente y el pago efectivo, con costas. A fojas 15, don Patricio Huidobro Navarrete, expresa que contestando la demanda deducida en contra de su representada, Empresa Constructora A.C.M. Ltda., solicita su rechazo. Al efecto, esgrime que Rafael Calderón Alarcón ingresó a prestar servicios para la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., el 23 de noviembre del año 2003, sujeto a contrato de trabajo, para prestar servicios en las obras de reparaciones y remodelación del inmueble denominado Punta del Sol, ubicado en la comuna de Rancagua, bajo la supervisión del ingeniero Fernando Oliva Arratia y del jefe de obra Manuel Cornejo. Agrega que,

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 3995-2006 Cita online: CL/JUR/6065/2006

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 3995-2006 Cita online: CL/JUR/6065/2006

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Rancagua, treinta y uno de marzo de dos mil seis. VISTOS: A fojas 1, don Rafael Calderón Alarcón, obrero, domiciliado en Edificio Plaza Oriente, oficina 306, ciudad de Rancagua, interpone demanda en juicio ordinario del trabajo en contra de la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., representada por don Patricio Huidobro Navarrete, domiciliados en Calle Marchant Pereira N° 416, comuna de Providencia, Santiago. Funda su demanda en las circunstancias consistentes en que el día 6 de febrero de 2004, estando trabajando, perdió el equilibrio y se fue guarda abajo en el andamio que le servía de sostén, todo ello, debido a que la empresa para la cual trabajaba no le proporcionó los implementos de seguridad entre ellos el cinturón de seguridad, que le protegiera de la caída, agrega que fue a parar al suelo sin el uso del casco protector que se le había soltado. Expone que a consecuencia de la caída, sufrió traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto) la rotura de su masa ósea craneana, pómulo izquierdo, pérdida parcial de la visión y quebradura expuesta de muñeca de su mano derecha, que quedo inutilizada. Que en el trayecto al Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad perdió el conocimiento, el que vino a recuperar el día 11 de febrero, cinco días después de la caída. Sufriendo de dolores y lentos movimientos en el cuerpo. En la operación que se le practicó se le colocaron dos placas de titanio para cubrir facturas del frontal orbitaria y fractura pared anterior y posterior de senomaxilar izquierdo y una prótesis atornillada en la muñeca de su mano derecha. Agrega, que actualmente esté en reposo laboral en el Hospital del Trabajador con tratamientos en varios departamentos, como traumatológicos, neurologías, otorrinología, fisiatría, psiquiatría y sicología; además perdió audición del oído izquierdo y tiene rigidez en su mano derecha. Fundamenta, además, su demanda en haber dejado el demandado de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, al no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador a quien se le ordenó realizar un trabajo de alto riesgo y, asimismo, incumplió la obligación de seguridad que establecen los artículos 68 incisos 1° y 3° de la ley 16.744, en relación con el artículo 2320 inciso 1° del Código Civil. Alega, que a consecuencia de sus lesiones cerebrales, ha quedado expuesto a una epilepsia debido a los medicamentos suministrados. Añade que, el accidente no se habría producido de no mediar la negligencia y falta de cuidado de su empleador, fundamenta que las lesiones sufridas por el accidente repercuten dolorosamente en su estado de ánimo, especialmente por estar propenso a la epilepsia, la cual lo hace sentir menoscabado, pérdida de autoestima, estados depresivos, impotencia sexual, sufrimientos que equivalen a un daño moral que le deben ser indemnizados. Solicita se obligue a la empresa demandada al pago de las siguientes sumas: $ 40.000.000 millones de pesos, por daño físico, la suma de $ 80.000.000 millones de pesos, a título de daño moral, reservándose el derecho del lucro cesante que resultare de la diferencia de remuneraciones entre el monto de la pensión que se le asigne por incapacidad laboral, en relación con su remuneración actual. Por lo expuesto y disposiciones legales que invoca, concluye pidiendo se declare que el empleador indemnice al demandante los perjuicios sufridos con ocasión del accidente y, asimismo, se condene a ésta pagar en favor del actor la suma de $ 80.000.000 por concepto de daño moral y $ 40.000.000 millones de pesos, por concepto de lesiones físicas. Todo lo que demanda con más reajustes, intereses entre la fecha en que ocurrió el accidente y el pago efectivo, con costas. A fojas 15, don Patricio Huidobro Navarrete, expresa que contestando la demanda deducida en contra de su representada, Empresa Constructora A.C.M. Ltda., solicita su rechazo. Al efecto, esgrime que Rafael Calderón Alarcón ingresó a prestar servicios para la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., el 23 de noviembre del año 2003, sujeto a contrato de trabajo, para prestar servicios en las obras de reparaciones y remodelación del inmueble denominado Punta del Sol, ubicado en la comuna de Rancagua, bajo la supervisión del ingeniero Fernando Oliva Arratia y del jefe de obra Manuel Cornejo. Agrega que,

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con fecha 06 de febrero del año 2004, en circunstancias que el demandante se encontraba trabajando en la obra en cuestión, ocurrió el accidente expuesto en la demanda de autos. Agrega que, el día de los hechos como asimismo durante la totalidad de las jornadas laborales, su representada hace e hizo entrega a sus dependientes, incluido al actor, de la totalidad de los elementos de seguridad, equipos, materiales y herramientas idóneas y necesarias para los trabajos asignados. Asimismo, su representada cumple y cumplió con los reglamentos y disposiciones que regulan los servicios prestados por sus dependientes en las obras de construcción referidas precedentemente. Que cabe sobre este particular tener en consideración las características del lugar en que se realizan las obras Mall Puerta del Sol; recinto cerrado de aproximadamente doce mil metros cuadrados, lugar con gran cantidad de rincones y espacios distintos, delimitados entre sí, es decir, un lugar donde no existe una visión general del entorno, efectuándose labores en varios espacios físicos en forma paralela y simultánea. Luego añade que su representada como ya se señaló, proporcionó la totalidad de los elementos de seguridad, incluido el aludido cinturón de seguridad, elementos de seguridad que no fueron utilizados por el trabajador en la prestación de sus servicios, siendo en consecuencia el accidente del trabajo imputable a su propio actuar. Que el día de la ocurrencia de los hechos, seis de febrero de 2004 el supervisor a cargo de la obra representó al demandante su actuar negligente y lo conminó expresamente a cumplir con las normas de seguridad y utilización del equipo adecuado para el trabajo encomendado, que le había sido previamente entregado. Agrega que no existiría por parte de su representada; dolo o culpa ya que fueron entregados los elementos de seguridad pertinentes, instruyendo la utilización. Concluye expresando que en el improbable caso de prosperar la acción deberá aplicarse el artículo 2330 del Código Civil. A fojas 19 vuelta, se recibió la causa a prueba y se citó a las partes a comparendo de rigor. A fojas 43 y siguientes, rola acta, de comparendo de estilo, el que se celebró con asistencia del demandante, representante de la demandada y de los apoderados de ambas partes. Conciliación no se produjo y se procedió a recibir las pruebas que rolan en autos. A fojas 57, se citó a las partes para oír sentencia y se decretó como medida para mejor resolver, pedir cuenta de oficio despachado a la Asociación Chilena de Seguridad, medida que se cumplió a fojas 61 de autos. Encontrándose los autos en estado se traen para dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, don Rafael Calderón Alarcón, interpone demanda en juicio ordinario del trabajo en contra de la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., representada por don Patricio Huidobro Navarrete. Funda su demanda en las circunstancias consistentes en que el día 6 de febrero de 2004, estando trabajando, perdió el equilibrio y se fue guarda abajo en el andamio que le servía de sostén, todo ello, debido a que la empresa para la cual trabajaba no le proporcionó los implementos de seguridad entre ellos el cinturón de seguridad, que le protegiera de la caída, agrega que fue a parar al suelo sin el uso del casco protector que se le había soltado. Expone que a consecuencia de la caída, sufrió traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto) la rotura de su masa ósea craneana, pómulo izquierdo, pérdida parcial de la visión y quebradura expuesta de muñeca de su mano derecha, que quedó inutilizada. Que en el trayecto al Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad perdió el conocimiento, el que vino a recuperar el día 11 de febrero, cinco días después de la caída. Sufriendo de dolores y lentos movimientos en el cuerpo. En la operación que se le practicó se le colocaron dos placas de titanio para cubrir facturas del frontal orbitaria y fractura pared anterior y posterior de seno maxilar izquierdo y una prótesis atornillada en la muñeca de su mano derecha. Agrega, que actualmente está en reposo laboral en el Hospital del Trabajador con tratamientos en varios departamentos, como traumatológicos, neurologías, otorrinología, fisiatría, psiquiatría y sicología; además, perdió audición del oído izquierdo y tiene rigidez en su mano derecha. Fundamenta, además, su demanda en haber dejado el demandado de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, al no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador a quien se le ordenó realizar un trabajo de alto riesgo y, asimismo, incumplió la obligación de seguridad que establece el artículo 68 incisos 1° y 3° de la ley 16.744, en relación con el artículo 2320 inciso 1° del Código Civil. Alega, que a consecuencia de sus lesiones cerebrales, ha quedado expuesto a una epilepsia debido a los medica-

con fecha 06 de febrero del año 2004, en circunstancias que el demandante se encontraba trabajando en la obra en cuestión, ocurrió el accidente expuesto en la demanda de autos. Agrega que, el día de los hechos como asimismo durante la totalidad de las jornadas laborales, su representada hace e hizo entrega a sus dependientes, incluido al actor, de la totalidad de los elementos de seguridad, equipos, materiales y herramientas idóneas y necesarias para los trabajos asignados. Asimismo, su representada cumple y cumplió con los reglamentos y disposiciones que regulan los servicios prestados por sus dependientes en las obras de construcción referidas precedentemente. Que cabe sobre este particular tener en consideración las características del lugar en que se realizan las obras Mall Puerta del Sol; recinto cerrado de aproximadamente doce mil metros cuadrados, lugar con gran cantidad de rincones y espacios distintos, delimitados entre sí, es decir, un lugar donde no existe una visión general del entorno, efectuándose labores en varios espacios físicos en forma paralela y simultánea. Luego añade que su representada como ya se señaló, proporcionó la totalidad de los elementos de seguridad, incluido el aludido cinturón de seguridad, elementos de seguridad que no fueron utilizados por el trabajador en la prestación de sus servicios, siendo en consecuencia el accidente del trabajo imputable a su propio actuar. Que el día de la ocurrencia de los hechos, seis de febrero de 2004 el supervisor a cargo de la obra representó al demandante su actuar negligente y lo conminó expresamente a cumplir con las normas de seguridad y utilización del equipo adecuado para el trabajo encomendado, que le había sido previamente entregado. Agrega que no existiría por parte de su representada; dolo o culpa ya que fueron entregados los elementos de seguridad pertinentes, instruyendo la utilización. Concluye expresando que en el improbable caso de prosperar la acción deberá aplicarse el artículo 2330 del Código Civil. A fojas 19 vuelta, se recibió la causa a prueba y se citó a las partes a comparendo de rigor. A fojas 43 y siguientes, rola acta, de comparendo de estilo, el que se celebró con asistencia del demandante, representante de la demandada y de los apoderados de ambas partes. Conciliación no se produjo y se procedió a recibir las pruebas que rolan en autos. A fojas 57, se citó a las partes para oír sentencia y se decretó como medida para mejor resolver, pedir cuenta de oficio despachado a la Asociación Chilena de Seguridad, medida que se cumplió a fojas 61 de autos. Encontrándose los autos en estado se traen para dictar sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, don Rafael Calderón Alarcón, interpone demanda en juicio ordinario del trabajo en contra de la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., representada por don Patricio Huidobro Navarrete. Funda su demanda en las circunstancias consistentes en que el día 6 de febrero de 2004, estando trabajando, perdió el equilibrio y se fue guarda abajo en el andamio que le servía de sostén, todo ello, debido a que la empresa para la cual trabajaba no le proporcionó los implementos de seguridad entre ellos el cinturón de seguridad, que le protegiera de la caída, agrega que fue a parar al suelo sin el uso del casco protector que se le había soltado. Expone que a consecuencia de la caída, sufrió traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto) la rotura de su masa ósea craneana, pómulo izquierdo, pérdida parcial de la visión y quebradura expuesta de muñeca de su mano derecha, que quedó inutilizada. Que en el trayecto al Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad perdió el conocimiento, el que vino a recuperar el día 11 de febrero, cinco días después de la caída. Sufriendo de dolores y lentos movimientos en el cuerpo. En la operación que se le practicó se le colocaron dos placas de titanio para cubrir facturas del frontal orbitaria y fractura pared anterior y posterior de seno maxilar izquierdo y una prótesis atornillada en la muñeca de su mano derecha. Agrega, que actualmente está en reposo laboral en el Hospital del Trabajador con tratamientos en varios departamentos, como traumatológicos, neurologías, otorrinología, fisiatría, psiquiatría y sicología; además, perdió audición del oído izquierdo y tiene rigidez en su mano derecha. Fundamenta, además, su demanda en haber dejado el demandado de cumplir con las obligaciones que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo, al no tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador a quien se le ordenó realizar un trabajo de alto riesgo y, asimismo, incumplió la obligación de seguridad que establece el artículo 68 incisos 1° y 3° de la ley 16.744, en relación con el artículo 2320 inciso 1° del Código Civil. Alega, que a consecuencia de sus lesiones cerebrales, ha quedado expuesto a una epilepsia debido a los medicaACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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mentos suministrados. Añade que, el accidente no se habría producido de no mediar la negligencia y falta de cuidado de su empleador. Fundamenta que las lesiones sufridas por el accidente repercuten dolorosamente en su estado de ánimo, especialmente por estar propenso a la epilepsia, la cual lo hace sentir menoscabado, pérdida de autoestima, estados depresivos, impotencia sexual, sufrimientos que equivalen a un daño moral que le deben ser indemnizados. Solicita se obligue a la empresa demandada al pago de las siguientes sumas: $ 40.000.000 millones de pesos, por daño físico, la suma de $ 80.000.000 millones de pesos, a título de daño moral, reservándose el derecho del lucro cesante que resultare de la diferencia de remuneraciones entre el monto de la pensión que se le asigne por incapacidad laboral, en relación con su remuneración actual. Por lo expuesto y disposiciones legales que invoca, concluye pidiendo se declare que su empleador debe indemnizarle los perjuicios sufridos con ocasión del accidente y asimismo, se condene a éste pagarle la suma de $ 80.000.000 por concepto de daño moral y $ 40.000.000 millones de pesos, por concepto de lesiones físicas. Todo lo que demanda con más reajustes, intereses entre la fecha en que ocurrió el accidente y el pago efectivo, con costas. SEGUNDO: Que, a fojas 15 don Patricio Huidobro Navarrete, contestando la demanda deducida en contra de su representada, Empresa Constructora A.C.M. Ltda., solicita su rechazo. Al efecto, esgrime que Rafael Calderón Alarcón, ingresó a prestar servicios para la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., el 23 de noviembre del año 2003, sujeto a contrato de trabajo, para prestar servicios en las obras de reparaciones y remodelación del inmueble denominado Punta del Sol, ubicado en la comuna de Rancagua, bajo la supervisión del ingeniero Fernando Oliva Arratia y del jefe de obra Manuel Cornejo. Agrega que, con fecha 06 de febrero del año 2004, en circunstancias que el demandante se encontraba trabajando en la obra en cuestión, ocurrió el accidente expuesto en la demanda de autos. Añade que, el día de los hechos como asimismo durante la totalidad de las jornadas laborales, su representada hace e hizo entrega a sus dependientes, incluido al actor, de la totalidad de los elementos de seguridad, equipos, materiales y herramientas idóneas y necesarias para los trabajos asignados. Asimismo, su representada cumple y cumplió con los reglamentos y disposiciones que regulan los servicios prestados por sus dependientes en las obras de construcción referidas precedentemente. Que cabe sobre este particular tener en consideración las características del lugar en que se realizan las obras Mall Puerta del Sol; recinto cerrado de aproximadamente doce mil metros cuadrados, lugar con gran cantidad de rincones y espacios distintos, delimitados entre sí, es decir, un lugar donde no existe una visión general del entorno, efectuándose labores en varios espacios físicos en forma paralela y simultánea. Luego añade que su representada como ya se señaló, proporcionó la totalidad de los elementos de seguridad, incluido el aludido cinturón de seguridad, elementos de seguridad que no fueron utilizados por el trabajador en la prestación de sus servicios, siendo en consecuencia el accidente de trabajo imputable a su propio actuar. Que el día de la ocurrencia de los hechos, 06 de febrero de 2004, el supervisor a cargo de la obra representó al demandante su actuar negligente y lo conminó expresamente a cumplir con las normas de seguridad y utilización del equipo adecuado para el trabajo encomendado, que le había sido previamente entregado. Agrega que, no existiría por parte de su representada dolo o culpa ya que fueron entregados los elementos de seguridad pertinentes, instruyendo la utilización. Concluye expresando que en el improbable caso de prosperar la acción deberá aplicarse el artículo 2330 del Código Civil. TERCERO: Que, de los escritos fundamentales de demanda y contestación, es dable inferir que no se encuentra discutido en autos que en el mes de noviembre del 2003, don Rafael Calderón Alarcón, ingresó a prestar servicios para la Empresa Constructora A.C.M., en calidad de obrero, sin embargo, se controvierte la entrega y uso de elementos de seguridad y, asimismo, las circunstancias en que ocurrió el accidente del que alega haber sido víctima el trabajador; y la entidad de las lesiones. CUARTO: Que, con relación a la controversia relatada en: el considerando anterior, las partes rindieron la siguientes probanzas: Del demandante. Documental: a. A fojas 28, contrato de trabajo. b. A fojas 29, carta enviada por la constructora, que informaba término de contrato de trabajo. c. A fojas 30, fotocopia de carta enviada por la A.Ch.S. a don Fernando Oliva, informando la situación legal del paciente.

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mentos suministrados. Añade que, el accidente no se habría producido de no mediar la negligencia y falta de cuidado de su empleador. Fundamenta que las lesiones sufridas por el accidente repercuten dolorosamente en su estado de ánimo, especialmente por estar propenso a la epilepsia, la cual lo hace sentir menoscabado, pérdida de autoestima, estados depresivos, impotencia sexual, sufrimientos que equivalen a un daño moral que le deben ser indemnizados. Solicita se obligue a la empresa demandada al pago de las siguientes sumas: $ 40.000.000 millones de pesos, por daño físico, la suma de $ 80.000.000 millones de pesos, a título de daño moral, reservándose el derecho del lucro cesante que resultare de la diferencia de remuneraciones entre el monto de la pensión que se le asigne por incapacidad laboral, en relación con su remuneración actual. Por lo expuesto y disposiciones legales que invoca, concluye pidiendo se declare que su empleador debe indemnizarle los perjuicios sufridos con ocasión del accidente y asimismo, se condene a éste pagarle la suma de $ 80.000.000 por concepto de daño moral y $ 40.000.000 millones de pesos, por concepto de lesiones físicas. Todo lo que demanda con más reajustes, intereses entre la fecha en que ocurrió el accidente y el pago efectivo, con costas. SEGUNDO: Que, a fojas 15 don Patricio Huidobro Navarrete, contestando la demanda deducida en contra de su representada, Empresa Constructora A.C.M. Ltda., solicita su rechazo. Al efecto, esgrime que Rafael Calderón Alarcón, ingresó a prestar servicios para la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., el 23 de noviembre del año 2003, sujeto a contrato de trabajo, para prestar servicios en las obras de reparaciones y remodelación del inmueble denominado Punta del Sol, ubicado en la comuna de Rancagua, bajo la supervisión del ingeniero Fernando Oliva Arratia y del jefe de obra Manuel Cornejo. Agrega que, con fecha 06 de febrero del año 2004, en circunstancias que el demandante se encontraba trabajando en la obra en cuestión, ocurrió el accidente expuesto en la demanda de autos. Añade que, el día de los hechos como asimismo durante la totalidad de las jornadas laborales, su representada hace e hizo entrega a sus dependientes, incluido al actor, de la totalidad de los elementos de seguridad, equipos, materiales y herramientas idóneas y necesarias para los trabajos asignados. Asimismo, su representada cumple y cumplió con los reglamentos y disposiciones que regulan los servicios prestados por sus dependientes en las obras de construcción referidas precedentemente. Que cabe sobre este particular tener en consideración las características del lugar en que se realizan las obras Mall Puerta del Sol; recinto cerrado de aproximadamente doce mil metros cuadrados, lugar con gran cantidad de rincones y espacios distintos, delimitados entre sí, es decir, un lugar donde no existe una visión general del entorno, efectuándose labores en varios espacios físicos en forma paralela y simultánea. Luego añade que su representada como ya se señaló, proporcionó la totalidad de los elementos de seguridad, incluido el aludido cinturón de seguridad, elementos de seguridad que no fueron utilizados por el trabajador en la prestación de sus servicios, siendo en consecuencia el accidente de trabajo imputable a su propio actuar. Que el día de la ocurrencia de los hechos, 06 de febrero de 2004, el supervisor a cargo de la obra representó al demandante su actuar negligente y lo conminó expresamente a cumplir con las normas de seguridad y utilización del equipo adecuado para el trabajo encomendado, que le había sido previamente entregado. Agrega que, no existiría por parte de su representada dolo o culpa ya que fueron entregados los elementos de seguridad pertinentes, instruyendo la utilización. Concluye expresando que en el improbable caso de prosperar la acción deberá aplicarse el artículo 2330 del Código Civil. TERCERO: Que, de los escritos fundamentales de demanda y contestación, es dable inferir que no se encuentra discutido en autos que en el mes de noviembre del 2003, don Rafael Calderón Alarcón, ingresó a prestar servicios para la Empresa Constructora A.C.M., en calidad de obrero, sin embargo, se controvierte la entrega y uso de elementos de seguridad y, asimismo, las circunstancias en que ocurrió el accidente del que alega haber sido víctima el trabajador; y la entidad de las lesiones. CUARTO: Que, con relación a la controversia relatada en: el considerando anterior, las partes rindieron la siguientes probanzas: Del demandante. Documental: a. A fojas 28, contrato de trabajo. b. A fojas 29, carta enviada por la constructora, que informaba término de contrato de trabajo. c. A fojas 30, fotocopia de carta enviada por la A.Ch.S. a don Fernando Oliva, informando la situación legal del paciente.

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d. A fojas 31, informe médico N° 189.07.04, en el que se señala diagnóstico del demandante. e. A fojas 32, informe médico N° 40.11.04. f. A fojas 33 y 34, boletín informativo centro de atención ambulatoria Hospital del Trabajador Santiago. g. A fojas 38, declaración y evaluación de invalidez. Testimonial. Declaraciones de don Nolberto del Tránsito Villanueva Rubio, quien a fojas 44, expresa que realmente no sabe las labores que desarrollaba el demandante al ocurrir el accidente, porque se encontraba de guardia en el Shopping en la parte exterior donde estaba trabajando él, no sé las labores, no sabe cómo se produjo el accidente, no sabe decir si la demandada cumplió las medidas de seguridad, ya que como dice, trabajó afuera del Shopping, no sabe decir si hizo uso de los elementos de seguridad por lo mismo. Agrega, que en el momento que ocurrió el accidente lo llamaron como guardia de seguridad, para desalojar la gente que había en el lugar. Añade que vio al demandante a la salida que iba con un cuello ortopédico en la camilla. Señala que, en el momento no vio el andamio en que trabajaba el demandante, porque se encontraba protegiendo a la gente que se encontraba en el lugar. Declaraciones de doña Olga Luisa Martínez Jélvez, quien a fojas 45, expresa que, respecto a la naturaleza de los perjuicios sufridos por el demandante; a consecuencia del accidente él quedó retraído, que no es la persona que ella conoció, es una persona que cuidaba de la villa, lo ha visto agresivo, esta alterado en su carácter, es una persona estática, ida, no coordina bien las respuestas, no se ve una persona sana como él era antes ya que era normal podía andar en bicicleta, era trabajador, era útil ya que ayudaba también a los niños, él era guardia. Está deprimido, está desorientado, no esta lúcido, anda más retraído, está solo, a veces lo he visto en las esquinas fumando solo, y uno tiene que dirigirle la palabra, ya que el nunca nos pregunta a nosotros y como sabemos que está accidentado, nos preocupamos por él. Esta más ausente. Esto me consta ya que son vecinos y él pasa siempre por su casa o por el frente. Agrega que, no tiene precio la estimación del daño, porque es una enfermedad irreversible, para toda la vida va a estar así, pero siendo este el caso, cree que deberían ser $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos). Añade que el demandante se encuentra lesionado físicamente de su mano derecha, ello debido a que lo visitó en U.C.I. y; le vio las lesiones. Respecto a los grados de epilepsia del demandante, señala que, sí le ha visto convulsiones ya que una vez le fue a ayudar a la señora de él, además conoce bien a los epilépticos ya que tiene a dos personas con epilepsia. Agrega que es dueña de casa. Declaraciones de doña María de los Ángeles Reyes Bobadilla, quien a fojas 45 vta., expresa que respecto a la naturaleza de los perjuicios sufridos por el demandante a consecuencia del accidente, él perdió el conocimiento, ella lo fue a ver al hospital y estaba muy hinchado, no era reconocible, su cara muy hinchada, lleno de máquinas, no hablaba nada, estaba inconsciente, lo mudaban y eso fue impresionante para ella de verlo así, y estuvo como dos semanas en ese estado, ya que ella lo fue a ver como dos veces. Después que salió del hospital daba como no se que, ver la herida en la cabeza, ya que era un tajo grande, con su mano inmóvil. Agrega que, su parte psicológica quedó muy mal, porque de verse en las condiciones que estaba, a lo que era antes, ya que ahora es una persona muy agresiva, tímida, su autoestima está muy mala, ya que no puede trabajar en la forma que él está, con bastantes remedios, también es una persona que está hasta muy tarde en la calle y ella le dice que se retire a su domicilio, ya que está hasta la 01:00 hrs. de la madrugada, y no solo en una oportunidad sino en varias. Agregó además, que él está tomando remedios, ya que está propenso a una epilepsia. Añade que es impagable la forma en que él está, pero piensa que si tuviera que pagarle serían unos; $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) y cree que aún sería poco, ya que no puede trabajar nunca más por su inmovilidad de la mano. Todo le consta porque es vecina del demandante y anteriormente él era guardia en la Villa Nelson Pereira en donde vive ella. Agrega que, él antes del accidente era una persona normal, trabajadora y transitaba mucho en bicicleta ya que hacía recorrido por toda la villa, era alegre le gustaba hablar con los vecinos, muy responsable. Finalmente señala que es dueña de casa. Declaraciones de don Miguel Andrés Aravena Muñoz, quien a fojas 52, expresa que estaba en el recinto, cumpliendo sus labores de guardia de seguridad, pero no se encontraba en el lugar que ocurrió el accidente, ya que estaba afuera del recinto. Como guardia de seguridad me avisó el otro guardia don Nolberto Villanueva, que “se había caído un viejo y que había que avisarle a la ambulancia, pero él no

d. A fojas 31, informe médico N° 189.07.04, en el que se señala diagnóstico del demandante. e. A fojas 32, informe médico N° 40.11.04. f. A fojas 33 y 34, boletín informativo centro de atención ambulatoria Hospital del Trabajador Santiago. g. A fojas 38, declaración y evaluación de invalidez. Testimonial. Declaraciones de don Nolberto del Tránsito Villanueva Rubio, quien a fojas 44, expresa que realmente no sabe las labores que desarrollaba el demandante al ocurrir el accidente, porque se encontraba de guardia en el Shopping en la parte exterior donde estaba trabajando él, no sé las labores, no sabe cómo se produjo el accidente, no sabe decir si la demandada cumplió las medidas de seguridad, ya que como dice, trabajó afuera del Shopping, no sabe decir si hizo uso de los elementos de seguridad por lo mismo. Agrega, que en el momento que ocurrió el accidente lo llamaron como guardia de seguridad, para desalojar la gente que había en el lugar. Añade que vio al demandante a la salida que iba con un cuello ortopédico en la camilla. Señala que, en el momento no vio el andamio en que trabajaba el demandante, porque se encontraba protegiendo a la gente que se encontraba en el lugar. Declaraciones de doña Olga Luisa Martínez Jélvez, quien a fojas 45, expresa que, respecto a la naturaleza de los perjuicios sufridos por el demandante; a consecuencia del accidente él quedó retraído, que no es la persona que ella conoció, es una persona que cuidaba de la villa, lo ha visto agresivo, esta alterado en su carácter, es una persona estática, ida, no coordina bien las respuestas, no se ve una persona sana como él era antes ya que era normal podía andar en bicicleta, era trabajador, era útil ya que ayudaba también a los niños, él era guardia. Está deprimido, está desorientado, no esta lúcido, anda más retraído, está solo, a veces lo he visto en las esquinas fumando solo, y uno tiene que dirigirle la palabra, ya que el nunca nos pregunta a nosotros y como sabemos que está accidentado, nos preocupamos por él. Esta más ausente. Esto me consta ya que son vecinos y él pasa siempre por su casa o por el frente. Agrega que, no tiene precio la estimación del daño, porque es una enfermedad irreversible, para toda la vida va a estar así, pero siendo este el caso, cree que deberían ser $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos). Añade que el demandante se encuentra lesionado físicamente de su mano derecha, ello debido a que lo visitó en U.C.I. y; le vio las lesiones. Respecto a los grados de epilepsia del demandante, señala que, sí le ha visto convulsiones ya que una vez le fue a ayudar a la señora de él, además conoce bien a los epilépticos ya que tiene a dos personas con epilepsia. Agrega que es dueña de casa. Declaraciones de doña María de los Ángeles Reyes Bobadilla, quien a fojas 45 vta., expresa que respecto a la naturaleza de los perjuicios sufridos por el demandante a consecuencia del accidente, él perdió el conocimiento, ella lo fue a ver al hospital y estaba muy hinchado, no era reconocible, su cara muy hinchada, lleno de máquinas, no hablaba nada, estaba inconsciente, lo mudaban y eso fue impresionante para ella de verlo así, y estuvo como dos semanas en ese estado, ya que ella lo fue a ver como dos veces. Después que salió del hospital daba como no se que, ver la herida en la cabeza, ya que era un tajo grande, con su mano inmóvil. Agrega que, su parte psicológica quedó muy mal, porque de verse en las condiciones que estaba, a lo que era antes, ya que ahora es una persona muy agresiva, tímida, su autoestima está muy mala, ya que no puede trabajar en la forma que él está, con bastantes remedios, también es una persona que está hasta muy tarde en la calle y ella le dice que se retire a su domicilio, ya que está hasta la 01:00 hrs. de la madrugada, y no solo en una oportunidad sino en varias. Agregó además, que él está tomando remedios, ya que está propenso a una epilepsia. Añade que es impagable la forma en que él está, pero piensa que si tuviera que pagarle serían unos; $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) y cree que aún sería poco, ya que no puede trabajar nunca más por su inmovilidad de la mano. Todo le consta porque es vecina del demandante y anteriormente él era guardia en la Villa Nelson Pereira en donde vive ella. Agrega que, él antes del accidente era una persona normal, trabajadora y transitaba mucho en bicicleta ya que hacía recorrido por toda la villa, era alegre le gustaba hablar con los vecinos, muy responsable. Finalmente señala que es dueña de casa. Declaraciones de don Miguel Andrés Aravena Muñoz, quien a fojas 52, expresa que estaba en el recinto, cumpliendo sus labores de guardia de seguridad, pero no se encontraba en el lugar que ocurrió el accidente, ya que estaba afuera del recinto. Como guardia de seguridad me avisó el otro guardia don Nolberto Villanueva, que “se había caído un viejo y que había que avisarle a la ambulancia, pero él no ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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ingresó al recinto, ya que tenía que esperar la ambulancia para avisarle por dónde tenía que entrar y cuando llegó la ambulancia, recién ahí ingresó y se dio cuenta de quien se trataba, pero se mantuvo a una distancia prudente, para no perturbar a los paramédicos, o sea no vio como se produjo el accidente. Agrega que, lo primero que vio fue el casco, que estaba votado al borde de una muralla a unos 3 ó 4 metros de donde él estaba botado. Añade que, la empresa había llegado hace poco y no está muy preocupada de los implementos de seguridad, porque resulta que no se veían los implementos, se veía lo más básico, ya que él también ha trabajado en la construcción y tenía guantes, uno que otros lentes y cascos, y en ese momento él no vio cuerdas de vidas, arneses tampoco. Agrega que, él no podía decirle nada al encargado de los implementos, ya que como era él que mandaba, no se le podía decir nada. Ahora, hay una falta grave porque los cascos deben llevar barquejo, que es una huincha que sujeta el casco por debajo de la barbilla y esos cascos no lo tenían, ni siquiera tenían las piezas en donde van conectados y eran cascos simples. Manifiesta que no vio al demandante con cinturón de seguridad. Añade que el “viejo” que el dice corresponde al demandante. Precisa que como dijo anteriormente se mantuvo a una distancia prudente y no quiso acercarse, ya que como lo conocía de antes, quiso quedarse con la imagen de él como era antes, porque no quiso quedarse con su imagen trágica. Sólo lo vio tendido a la distancia, como a unos 5 ó 6 metros, lo único que se le notaba a la distancia, era que tenía los ojos muy sobresalidos. Confesional. Provocó; la confesión de don Patricio Huidobro Navarrete, quien a fojas 43, al tenor de las posiciones contenidas en el pliego de fojas 40, expresa que no se encontraba presente en la faena el día del accidente del demandante y que se encontraba Fernando Oliva que era el profesional que estaba a cargo de la obra y Manuel Cornejo, que es el jefe de la obra. Agrega respecto al motivo de pérdida de equilibrio y posterior caída del demandante, que no le consta, lo que sabe es que estaba arriba de un andamio, aproximadamente de 2 metros y que el tenía puesta una escalera sobre el andamio y que se cayó y tuvo un golpe en la cabeza, esto se lo contó el profesional Fernando Oliva, por teléfono, ya que él se encontraba, afuera de Santiago. Expresa que, le consta que el demandante desobedeció las instrucciones del supervisor Fernando Oliva, y él no usó el cinturón de seguridad, ello por lo que le dijo Fernando Oliva. Precisa que no le consta que el señor Oliva haya impedido que el demandante trabajara sin el cinturón de seguridad porque en el fondo la obra es muy grande, tenía mucho personal, dado el índole de la obra, ya que es muy grande, se imagina que el señor Oliva no tuvo la visión de que no estaba ocupando el cinturón. Del demandado. Documental: a. A fojas 21, contrato de trabajo. b. A fojas 22, certificado de atención otorgado por A.Ch.S. c. A fojas 23, certificado emitido por A.Ch.S., en el que consta que constructora A.C.M. Ltda. se encuentra asociada a esta institución desde 01 de febrero del año 2002. d. A fojas 24, certificado de A.Ch.S., en el que se informa al señor Fernando Oliva A. de la situación legal del trabajador Rafael Calderón Alarcón. e. A fojas 25, copia de carta enviada por Constructora A.C.M. Ltda. a Juan Pablo Fernández para solicitar un certificado de la situación legal de Rafael Calderón Alarcón. Testimonial. Declaraciones de don Fernando Andrés Oliva Arratia, quien a fojas 46 vta., expresa que el demandante estaba tapando unos nidos de hormigón en el muro, él no vio el accidente, pero le avisaron que Calderón se cayó, pero no le contaron cómo se cayó, los elementos de seguridad están al disposición de los trabajadores y hay que estar todos los días repitiéndoles que los implementos están allí y hay que decirles que lo utilicen, no, el demandante, no estaba utilizando los implementos de seguridad. Esto le consta ya que le avisaron y fue uno de los primeros en llegar y lo vio en el suelo, no había cuerda de vida, ni tampoco él estaba usando arnés de seguridad. Agrega que los elementos de seguridad requeridos para las labores en que ocurrió el accidente son tener el andamio afianzado al muro en este caso, una cuerda de vida, el arnés de seguridad y el casco. Precisa que el andamio: no estaba afianzado. Añade que el día del accidente la empresa contaba con los elementos de seguridad a que se ha referido y que al

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ingresó al recinto, ya que tenía que esperar la ambulancia para avisarle por dónde tenía que entrar y cuando llegó la ambulancia, recién ahí ingresó y se dio cuenta de quien se trataba, pero se mantuvo a una distancia prudente, para no perturbar a los paramédicos, o sea no vio como se produjo el accidente. Agrega que, lo primero que vio fue el casco, que estaba votado al borde de una muralla a unos 3 ó 4 metros de donde él estaba botado. Añade que, la empresa había llegado hace poco y no está muy preocupada de los implementos de seguridad, porque resulta que no se veían los implementos, se veía lo más básico, ya que él también ha trabajado en la construcción y tenía guantes, uno que otros lentes y cascos, y en ese momento él no vio cuerdas de vidas, arneses tampoco. Agrega que, él no podía decirle nada al encargado de los implementos, ya que como era él que mandaba, no se le podía decir nada. Ahora, hay una falta grave porque los cascos deben llevar barquejo, que es una huincha que sujeta el casco por debajo de la barbilla y esos cascos no lo tenían, ni siquiera tenían las piezas en donde van conectados y eran cascos simples. Manifiesta que no vio al demandante con cinturón de seguridad. Añade que el “viejo” que el dice corresponde al demandante. Precisa que como dijo anteriormente se mantuvo a una distancia prudente y no quiso acercarse, ya que como lo conocía de antes, quiso quedarse con la imagen de él como era antes, porque no quiso quedarse con su imagen trágica. Sólo lo vio tendido a la distancia, como a unos 5 ó 6 metros, lo único que se le notaba a la distancia, era que tenía los ojos muy sobresalidos. Confesional. Provocó; la confesión de don Patricio Huidobro Navarrete, quien a fojas 43, al tenor de las posiciones contenidas en el pliego de fojas 40, expresa que no se encontraba presente en la faena el día del accidente del demandante y que se encontraba Fernando Oliva que era el profesional que estaba a cargo de la obra y Manuel Cornejo, que es el jefe de la obra. Agrega respecto al motivo de pérdida de equilibrio y posterior caída del demandante, que no le consta, lo que sabe es que estaba arriba de un andamio, aproximadamente de 2 metros y que el tenía puesta una escalera sobre el andamio y que se cayó y tuvo un golpe en la cabeza, esto se lo contó el profesional Fernando Oliva, por teléfono, ya que él se encontraba, afuera de Santiago. Expresa que, le consta que el demandante desobedeció las instrucciones del supervisor Fernando Oliva, y él no usó el cinturón de seguridad, ello por lo que le dijo Fernando Oliva. Precisa que no le consta que el señor Oliva haya impedido que el demandante trabajara sin el cinturón de seguridad porque en el fondo la obra es muy grande, tenía mucho personal, dado el índole de la obra, ya que es muy grande, se imagina que el señor Oliva no tuvo la visión de que no estaba ocupando el cinturón. Del demandado. Documental: a. A fojas 21, contrato de trabajo. b. A fojas 22, certificado de atención otorgado por A.Ch.S. c. A fojas 23, certificado emitido por A.Ch.S., en el que consta que constructora A.C.M. Ltda. se encuentra asociada a esta institución desde 01 de febrero del año 2002. d. A fojas 24, certificado de A.Ch.S., en el que se informa al señor Fernando Oliva A. de la situación legal del trabajador Rafael Calderón Alarcón. e. A fojas 25, copia de carta enviada por Constructora A.C.M. Ltda. a Juan Pablo Fernández para solicitar un certificado de la situación legal de Rafael Calderón Alarcón. Testimonial. Declaraciones de don Fernando Andrés Oliva Arratia, quien a fojas 46 vta., expresa que el demandante estaba tapando unos nidos de hormigón en el muro, él no vio el accidente, pero le avisaron que Calderón se cayó, pero no le contaron cómo se cayó, los elementos de seguridad están al disposición de los trabajadores y hay que estar todos los días repitiéndoles que los implementos están allí y hay que decirles que lo utilicen, no, el demandante, no estaba utilizando los implementos de seguridad. Esto le consta ya que le avisaron y fue uno de los primeros en llegar y lo vio en el suelo, no había cuerda de vida, ni tampoco él estaba usando arnés de seguridad. Agrega que los elementos de seguridad requeridos para las labores en que ocurrió el accidente son tener el andamio afianzado al muro en este caso, una cuerda de vida, el arnés de seguridad y el casco. Precisa que el andamio: no estaba afianzado. Añade que el día del accidente la empresa contaba con los elementos de seguridad a que se ha referido y que al

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momento del accidente, él se encontraba en su oficina a unos 100 metros. Añade que el demandante no portaba los elementos de seguridad puesto que cuando él llegó, el andamio estaba en el suelo y como dijo anteriormente fue uno de los primeros en llegar y no había cuerda de vida ni arnés. Señala, además, que en la obra existían letreros pegados en distintas partes sobre la utilización de los elementos de seguridad. Agrega que, la empresa daba charlas de seguridad y que en el caso que el demandante hubiera utilizado los elementos de seguridad no habría quedado colgando. Además señala que el demandante en el momento del accidente estaba trabajando sobre una escalera y ésta a su vez sobre un andamio. Añade que, no se le exigió al demandante la instalación y trabajo sobre escalera. Agrega, no es un sistema apto la instalación de la escalera sobre un andamio, ya que si no se alcanza la altura se arma otro cuerpo de andamio más alto. Precisa que todo lo anterior le consta ya que era el administrador de esa obra. Indica que el andamio tenía una altura de 1,20 metros y la escalera sobre la cual estaba trabajando no sabría decirlo. Agrega que, como administrador de la obra tenía la obligación de supervisar si el demandante al momento del accidente tenía los elementos de seguridad. Añade que él no vio trabajando al demandante por ello no impidió que realizara las labores en dichas bendiciones. Finaliza señalando, que de haber estado presente ahí, habría evitado que el demandante pusiera la escalera y le hubiese hecho corregir la posición de trabajo o se le hubiese dicho que se fuera a colocar el arnés y la cuerda de vida, que no podía trabajar así y que afianzara el andamio al muro. Declaraciones de don Manuel Alberto Cornejo Carreño, quien a fojas 47 vta., expresa que el demandante en el momento del accidente estaba haciendo unos remates de estucos, estaba en un andamio y con casco, al momento del accidente él no se encontraba ahí, pero cuando le avisaron del accidente fue de inmediato y lo vio tirado en el suelo. Agrega qué, elementos de seguridad la empresa tenía, como arnés, cordeles, zapatos de seguridad también, pero la cuerda de vida no la utilizó, porque si hubiese estado amarrado, hubiese quedado colgando. Indica que lo anterior le consta ya que trabaja en la empresa y estaba a cargo en ese sector, ya que era jefe de obra. Señala que no se acuerda si el demandante, cuando yacía en el suelo, estaba con arnés o cinturón de seguridad, puesto que corrió a llamar a la ambulancia. Agrega que, habían colocados por toda la obra carteles que informaban sobre la necesidad de utilizar elementos de seguridad. Añade que, cuando él estuvo ahí el demandante estaba sobre el andamio (antes de que cayera), ello fue como una hora antes de que cayera y no estaba ocupando el arnés, ya que estaba sobre un andamio de 2,00 metros y no se requiere arnés en esa circunstancia. Agrega que, no sabe si el demandante trabajó sobre una escalera. Expresa que, en el momento del accidente del demandante, él se encontraba en la oficina con el jefe don Fernando Oliva. Añade que la forma en que se controla la utilización de los elementos de seguridad por la empresa se realiza en la mañana antes de salir a trabajar, reuniéndose con el ingeniero y se le daba una charla de cinco minutos a los trabajadores y se les exigía a los trabajadores que los utilizaran. Señala no saber cuál fue la causa del accidente. Agrega que, como jefe de obra y jefe inmediato del demandante no se encontraba en el lugar de trabajo de éste ya que había sido citado a la oficina y estaba con don Fernando Oliva. Expresa, además, que de haber estado presente en la obra no habría permitido que el demandante hubiere trabajado sin los elementos de seguridad. Añade que el demandante no quedó colgando ya que no estaba amarrado a la cuerda de vida. Finalmente reitera que no recuerda si el demandante estaba con el arnés ya que corrió a llamar a la ambulancia. Confesional. Provocó; la confesión de don Rafael Facundo Calderón Alarcón, quien a foja 43 vta., al tenor de las posiciones contenidas en el pliego de fojas 42, expresa que no es efectivo que la empresa demandada contaba y mantenía en la obra de remodelación del Edificio Punta del Sol, los elementos de seguridad requeridos para las labores, entre otros, cinturones de seguridad, arneses y cuerdas de vida. Agrega que, sí existían en la obra carteles instalados; que indicaban la obligación de utilizar los elementos de seguridad. Añade que, no leyó el reglamento de higiene y seguridad de la empresa que reglamenta y establece la obligación de utilización de los elementos de seguridad. Señala que, es efectivo que en la referida obra Edificio Punta del Sol, existía una bodega en la cual se guardaban elementos de seguridad y desde la cual debían ser retirados por los trabajadores. Agrega que, para ejecutar labores sobre el andamio de las características del que él cayó el día 6 de febrero de 2004, debió haberse atado a la correspondiente cuerda de vida y cinturón de seguridad o arnés, pero que a él no le pasaron nada. Aña-

momento del accidente, él se encontraba en su oficina a unos 100 metros. Añade que el demandante no portaba los elementos de seguridad puesto que cuando él llegó, el andamio estaba en el suelo y como dijo anteriormente fue uno de los primeros en llegar y no había cuerda de vida ni arnés. Señala, además, que en la obra existían letreros pegados en distintas partes sobre la utilización de los elementos de seguridad. Agrega que, la empresa daba charlas de seguridad y que en el caso que el demandante hubiera utilizado los elementos de seguridad no habría quedado colgando. Además señala que el demandante en el momento del accidente estaba trabajando sobre una escalera y ésta a su vez sobre un andamio. Añade que, no se le exigió al demandante la instalación y trabajo sobre escalera. Agrega, no es un sistema apto la instalación de la escalera sobre un andamio, ya que si no se alcanza la altura se arma otro cuerpo de andamio más alto. Precisa que todo lo anterior le consta ya que era el administrador de esa obra. Indica que el andamio tenía una altura de 1,20 metros y la escalera sobre la cual estaba trabajando no sabría decirlo. Agrega que, como administrador de la obra tenía la obligación de supervisar si el demandante al momento del accidente tenía los elementos de seguridad. Añade que él no vio trabajando al demandante por ello no impidió que realizara las labores en dichas bendiciones. Finaliza señalando, que de haber estado presente ahí, habría evitado que el demandante pusiera la escalera y le hubiese hecho corregir la posición de trabajo o se le hubiese dicho que se fuera a colocar el arnés y la cuerda de vida, que no podía trabajar así y que afianzara el andamio al muro. Declaraciones de don Manuel Alberto Cornejo Carreño, quien a fojas 47 vta., expresa que el demandante en el momento del accidente estaba haciendo unos remates de estucos, estaba en un andamio y con casco, al momento del accidente él no se encontraba ahí, pero cuando le avisaron del accidente fue de inmediato y lo vio tirado en el suelo. Agrega qué, elementos de seguridad la empresa tenía, como arnés, cordeles, zapatos de seguridad también, pero la cuerda de vida no la utilizó, porque si hubiese estado amarrado, hubiese quedado colgando. Indica que lo anterior le consta ya que trabaja en la empresa y estaba a cargo en ese sector, ya que era jefe de obra. Señala que no se acuerda si el demandante, cuando yacía en el suelo, estaba con arnés o cinturón de seguridad, puesto que corrió a llamar a la ambulancia. Agrega que, habían colocados por toda la obra carteles que informaban sobre la necesidad de utilizar elementos de seguridad. Añade que, cuando él estuvo ahí el demandante estaba sobre el andamio (antes de que cayera), ello fue como una hora antes de que cayera y no estaba ocupando el arnés, ya que estaba sobre un andamio de 2,00 metros y no se requiere arnés en esa circunstancia. Agrega que, no sabe si el demandante trabajó sobre una escalera. Expresa que, en el momento del accidente del demandante, él se encontraba en la oficina con el jefe don Fernando Oliva. Añade que la forma en que se controla la utilización de los elementos de seguridad por la empresa se realiza en la mañana antes de salir a trabajar, reuniéndose con el ingeniero y se le daba una charla de cinco minutos a los trabajadores y se les exigía a los trabajadores que los utilizaran. Señala no saber cuál fue la causa del accidente. Agrega que, como jefe de obra y jefe inmediato del demandante no se encontraba en el lugar de trabajo de éste ya que había sido citado a la oficina y estaba con don Fernando Oliva. Expresa, además, que de haber estado presente en la obra no habría permitido que el demandante hubiere trabajado sin los elementos de seguridad. Añade que el demandante no quedó colgando ya que no estaba amarrado a la cuerda de vida. Finalmente reitera que no recuerda si el demandante estaba con el arnés ya que corrió a llamar a la ambulancia. Confesional. Provocó; la confesión de don Rafael Facundo Calderón Alarcón, quien a foja 43 vta., al tenor de las posiciones contenidas en el pliego de fojas 42, expresa que no es efectivo que la empresa demandada contaba y mantenía en la obra de remodelación del Edificio Punta del Sol, los elementos de seguridad requeridos para las labores, entre otros, cinturones de seguridad, arneses y cuerdas de vida. Agrega que, sí existían en la obra carteles instalados; que indicaban la obligación de utilizar los elementos de seguridad. Añade que, no leyó el reglamento de higiene y seguridad de la empresa que reglamenta y establece la obligación de utilización de los elementos de seguridad. Señala que, es efectivo que en la referida obra Edificio Punta del Sol, existía una bodega en la cual se guardaban elementos de seguridad y desde la cual debían ser retirados por los trabajadores. Agrega que, para ejecutar labores sobre el andamio de las características del que él cayó el día 6 de febrero de 2004, debió haberse atado a la correspondiente cuerda de vida y cinturón de seguridad o arnés, pero que a él no le pasaron nada. AñaACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

de que, es efectivo que el día 6 de febrero del año 2004, al momento del accidente, no utilizaba arnés o cinturón de seguridad ni cuerda de vida. Expresa que es efectivo que el día del accidente trabajaba sobre una escalera instalada sobre un andamio. Agrega que, es efectivo que para efectos de ejecutar labores sobre escaleras éstas deben estar ancladas y que no lo exigían los empleados de la empresa demandada a cargo de la obra. Añade que, la escalera que él instaló no estaba anclada. Expresa que, la decisión de instalar la escalera sobre el andamio no fue suya sino que lo mandó el capataz cuyo nombre no recuerda. Agrega que, no es efectivo que el día 6 de febrero de 2004, los encargados de las obras lo instaron a la utilización de los elementos de seguridad. Finalmente señala que el día del accidente trabajaba solo sobre el andamio desde el que cayó. QUINTO: Que, las probanzas reseñadas en el considerando anterior, consistentes en documentos no objetados de contrario de falsos o faltos de integridad, confesional rendida por el representante legal de la demandada don Patricio Huidobro Navarrete y por el demandante don Rafael Calderón Alarcón; testimonial rendida por ambas partes apreciadas por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por establecido; en autos los siguientes hechos: 1°. Que, el día 25 de noviembre del año 2003, de Rafael Calderón Alarcón, ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia de la empresa Constructora A.C.M. Ltda. desempeñando las labores de jornal, en las faenas de remodelación del Edificio Shopping Center Punta del Sol, en una jornada distribuida de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y, de 12:30, a 10:00 horas, pactándose una remuneración $ 115.648 (ciento quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos) como sueldo fijo por mes. Además, se cancelaba mensualmente la gratificación legal correspondiente de $ 28.912 (veintiocho mil novecientos doce pesos). 2°. Que el día el día 06 de febrero de 2004, don Rafael Calderón Alarcón, estando trabajando sobre una escalera instalada sobre un andamio, perdió el equilibrio cayendo al suelo, todo ello, debido que la empresa para la cual trabajaba no le proporcionó los implementos de seguridad necesarios entre ellos el cinturón de seguridad, arnés y cuerda de vida, que le protegiera de la caída, de lo cual éste resulto con un traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto), hematoma sub galela B.O.M., fractura pared anterior y posterior de senomaxilar izquierda, fractura fronto orbitaria, fractura cigoma izquierda, fractura epífisis distal del radio A 3 izquierda. SEXTO: Que, los hechos establecidos en el considerando anterior sin duda permiten concluir que, en el caso sub lite, el actor don Rafael Calderón Alarcón, el día 06 de febrero del año 2004, tenía la calidad de dependiente de la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., y en tal virtud se le ordenó ejecutar labores sobre una escalera instalada sobre en un andamio sin proveerse de los implementos de seguridad que la labor requería para prevenir el accidente de que fue víctima. Que, en las condiciones antes descritas, forzoso es concluir que el empleador estando obligado a tomar todas las medidas necesarias tendientes a proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, según lo dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, no cumplió con su obligación, lo que permitió se produjera el accidente del que fue víctima el demandante, de modo que le asiste responsabilidad contractual por los daños sufridos por éste. SÉPTIMO: Que, con el mérito de lo razonado y concluido en los fundamentos precedentes se rechazan todas y cada una de las alegaciones efectuadas en contrario por la parte demandada. OCTAVO: Que, con relación a la pretensión de pago por el daño físico sufrido por el demandante como consecuencia del accidente de trabajo, debe apreciarse que las lesiones físicas, ciertamente, no pueden ser consideradas dentro de un daño material, puesto que su ponderación resulta invaluable al tratarse de un daño causado a una parte de su cuerpo. Oportuno es consignar, que el actor en su libelo de demanda se reserva el derecho para el cobro del lucro cesante que resulte de la diferencia de remuneraciones entre el monto de la pensión que se le asigne por incapacidad laboral, en relación con su remuneración actual, por lo que mal podría este sentenciador regular dicha materia ya que en el caso sub lite no se demanda. NOVENO: Que, el daño moral cuya indemnización se persigue es de índole subjetivo, encontrando su fundamento en la naturaleza de la psicología del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física y/o moral del individuo, y por

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de que, es efectivo que el día 6 de febrero del año 2004, al momento del accidente, no utilizaba arnés o cinturón de seguridad ni cuerda de vida. Expresa que es efectivo que el día del accidente trabajaba sobre una escalera instalada sobre un andamio. Agrega que, es efectivo que para efectos de ejecutar labores sobre escaleras éstas deben estar ancladas y que no lo exigían los empleados de la empresa demandada a cargo de la obra. Añade que, la escalera que él instaló no estaba anclada. Expresa que, la decisión de instalar la escalera sobre el andamio no fue suya sino que lo mandó el capataz cuyo nombre no recuerda. Agrega que, no es efectivo que el día 6 de febrero de 2004, los encargados de las obras lo instaron a la utilización de los elementos de seguridad. Finalmente señala que el día del accidente trabajaba solo sobre el andamio desde el que cayó. QUINTO: Que, las probanzas reseñadas en el considerando anterior, consistentes en documentos no objetados de contrario de falsos o faltos de integridad, confesional rendida por el representante legal de la demandada don Patricio Huidobro Navarrete y por el demandante don Rafael Calderón Alarcón; testimonial rendida por ambas partes apreciadas por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por establecido; en autos los siguientes hechos: 1°. Que, el día 25 de noviembre del año 2003, de Rafael Calderón Alarcón, ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia de la empresa Constructora A.C.M. Ltda. desempeñando las labores de jornal, en las faenas de remodelación del Edificio Shopping Center Punta del Sol, en una jornada distribuida de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y, de 12:30, a 10:00 horas, pactándose una remuneración $ 115.648 (ciento quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos) como sueldo fijo por mes. Además, se cancelaba mensualmente la gratificación legal correspondiente de $ 28.912 (veintiocho mil novecientos doce pesos). 2°. Que el día el día 06 de febrero de 2004, don Rafael Calderón Alarcón, estando trabajando sobre una escalera instalada sobre un andamio, perdió el equilibrio cayendo al suelo, todo ello, debido que la empresa para la cual trabajaba no le proporcionó los implementos de seguridad necesarios entre ellos el cinturón de seguridad, arnés y cuerda de vida, que le protegiera de la caída, de lo cual éste resulto con un traumatismo encéfalo craneano (T.E.C. abierto), hematoma sub galela B.O.M., fractura pared anterior y posterior de senomaxilar izquierda, fractura fronto orbitaria, fractura cigoma izquierda, fractura epífisis distal del radio A 3 izquierda. SEXTO: Que, los hechos establecidos en el considerando anterior sin duda permiten concluir que, en el caso sub lite, el actor don Rafael Calderón Alarcón, el día 06 de febrero del año 2004, tenía la calidad de dependiente de la Empresa Constructora A.C.M. Ltda., y en tal virtud se le ordenó ejecutar labores sobre una escalera instalada sobre en un andamio sin proveerse de los implementos de seguridad que la labor requería para prevenir el accidente de que fue víctima. Que, en las condiciones antes descritas, forzoso es concluir que el empleador estando obligado a tomar todas las medidas necesarias tendientes a proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, según lo dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, no cumplió con su obligación, lo que permitió se produjera el accidente del que fue víctima el demandante, de modo que le asiste responsabilidad contractual por los daños sufridos por éste. SÉPTIMO: Que, con el mérito de lo razonado y concluido en los fundamentos precedentes se rechazan todas y cada una de las alegaciones efectuadas en contrario por la parte demandada. OCTAVO: Que, con relación a la pretensión de pago por el daño físico sufrido por el demandante como consecuencia del accidente de trabajo, debe apreciarse que las lesiones físicas, ciertamente, no pueden ser consideradas dentro de un daño material, puesto que su ponderación resulta invaluable al tratarse de un daño causado a una parte de su cuerpo. Oportuno es consignar, que el actor en su libelo de demanda se reserva el derecho para el cobro del lucro cesante que resulte de la diferencia de remuneraciones entre el monto de la pensión que se le asigne por incapacidad laboral, en relación con su remuneración actual, por lo que mal podría este sentenciador regular dicha materia ya que en el caso sub lite no se demanda. NOVENO: Que, el daño moral cuya indemnización se persigue es de índole subjetivo, encontrando su fundamento en la naturaleza de la psicología del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho externo afecte la integridad física y/o moral del individuo, y por

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lo tanto su apreciación pecuniaria debe ser entregada a la estimación discrecional del sentenciador, en consecuencia, en el caso sub lite resulta evidente que el demandante don Rafael Calderón Alarcón, experimentó dolor y sufrimiento, como consecuencia de las lesiones descritas en el acápite 2° del fundamento quinto de este fallo, por lo que se estima procedente acoger la demanda por el rubro en comento, sólo por la suma que se expresará en la parte resolutiva de este fallo. DÉCIMO: Que, las restantes probanzas allegadas al proceso en nada alteran las conclusiones expresadas en los fundamentos anteriores. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 13, 63, 184, 425 y siguientes y 439 y siguientes del Código del Trabajo; 4°, 68 y 69 de ley 16.744, artículo 342 N°s. 1 y 3, 346 N° 3; y 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil, se resuelve: l. Que, se acoge la demanda de fojas 1, en cuanto se declara que la demandada Empresa Constructora A.C.M. Limitada, incumplió la obligación que prescribe el artículo 184 del Código del Trabajo y, por ende, se le condena a pagar a favor del demandante Rafael Calderón Alarcón, la suma de $ 12.000.000 (doce millones de pesos) por concepto de daño moral sufrido como consecuencia del accidente del trabajo ocurrido el día 06 de febrero de 2004; pago que deberá solucionarse con más el reajuste e interés que prevé el artículo 63 del Código del Trabajo. II. Que, se rechaza la demanda por concepto de daño físico. III. Que, no se condena a la demandada al pago de las costas de la causa, por no haber resultado totalmente vencida. Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese. Dictada por el señor Ricardo Araya Pérez, Juez Subrogante de este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. Autorizada por doña María Gabriela Aguirre Cortez, Secretaria Subrogante. Rol N° 86.602/C.P.

II. CORTE DE APELACIONES Rancagua, tres de julio de dos mil seis. VISTOS: I. En cuanto al recurso de casación en la forma. 1. Que la parte demandada ha deducido recurso de casación en la forma que si bien se entabla en otrosí de un escrito cuya petición principal se refiere a un recurso de apelación, de todas formas ha de analizarse primero, ya que forzoso es conocer si un fallo es válido o no, antes de razonar sobre si cabe confirmarlo, modificarlo o revocarlo, ejercicios que por supuesto no cabe realizar respecto de una sentencia nula. 2. Que el fundamento de la casación consiste en que faltan a la sentencia consideraciones de hecho y de derecho para dar por establecida la responsabilidad de la empresa, y no deja de llevar razón el recurrente, pues el fallador, en un esquema que ya ha merecido antes el reproche de esta Corte, describe en forma tan extensa como innecesaria toda la prueba, para luego, sin análisis ni razonamiento adicional, concluir que con ella se habrían acreditado determinados puntos, lo que desde luego, cuando menos respecto de los razonamientos de hecho, es una evidente falta. Con todo, esas deficiencias pueden ser reparadas con el remedio de la apelación y por esa sola razón no prosperará la casación de la forma intentada, atendido lo preceptuado por el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en su penúltimo inciso. II. En cuanto a los recursos de apelación. Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de sus motivos quinto a noveno, que se eliminan. Y TENIENDO ADEMÁS Y EN SU LUGAR PRESENTE: 3. Que en autos son hechos no debatidos la relación laboral que existió entre las partes y la existencia misma del accidente, ocurrido durante la faena, consistente en la caída del demandante desde un andamio. 4. Que sin perjuicio del tema relativo a la naturaleza y gravedad de las lesiones, lo centralmente debatido por la empresa es la responsabilidad que se le atribuye de contrario, puesto que asegura haber

Rancagua, tres de julio de dos mil seis. VISTOS: I. En cuanto al recurso de casación en la forma. 1. Que la parte demandada ha deducido recurso de casación en la forma que si bien se entabla en otrosí de un escrito cuya petición principal se refiere a un recurso de apelación, de todas formas ha de analizarse primero, ya que forzoso es conocer si un fallo es válido o no, antes de razonar sobre si cabe confirmarlo, modificarlo o revocarlo, ejercicios que por supuesto no cabe realizar respecto de una sentencia nula. 2. Que el fundamento de la casación consiste en que faltan a la sentencia consideraciones de hecho y de derecho para dar por establecida la responsabilidad de la empresa, y no deja de llevar razón el recurrente, pues el fallador, en un esquema que ya ha merecido antes el reproche de esta Corte, describe en forma tan extensa como innecesaria toda la prueba, para luego, sin análisis ni razonamiento adicional, concluir que con ella se habrían acreditado determinados puntos, lo que desde luego, cuando menos respecto de los razonamientos de hecho, es una evidente falta. Con todo, esas deficiencias pueden ser reparadas con el remedio de la apelación y por esa sola razón no prosperará la casación de la forma intentada, atendido lo preceptuado por el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en su penúltimo inciso. II. En cuanto a los recursos de apelación. Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de sus motivos quinto a noveno, que se eliminan. Y TENIENDO ADEMÁS Y EN SU LUGAR PRESENTE: 3. Que en autos son hechos no debatidos la relación laboral que existió entre las partes y la existencia misma del accidente, ocurrido durante la faena, consistente en la caída del demandante desde un andamio. 4. Que sin perjuicio del tema relativo a la naturaleza y gravedad de las lesiones, lo centralmente debatido por la empresa es la responsabilidad que se le atribuye de contrario, puesto que asegura haber

II. CORTE DE APELACIONES lo tanto su apreciación pecuniaria debe ser entregada a la estimación discrecional del sentenciador, en consecuencia, en el caso sub lite resulta evidente que el demandante don Rafael Calderón Alarcón, experimentó dolor y sufrimiento, como consecuencia de las lesiones descritas en el acápite 2° del fundamento quinto de este fallo, por lo que se estima procedente acoger la demanda por el rubro en comento, sólo por la suma que se expresará en la parte resolutiva de este fallo. DÉCIMO: Que, las restantes probanzas allegadas al proceso en nada alteran las conclusiones expresadas en los fundamentos anteriores. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 13, 63, 184, 425 y siguientes y 439 y siguientes del Código del Trabajo; 4°, 68 y 69 de ley 16.744, artículo 342 N°s. 1 y 3, 346 N° 3; y 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil, se resuelve: l. Que, se acoge la demanda de fojas 1, en cuanto se declara que la demandada Empresa Constructora A.C.M. Limitada, incumplió la obligación que prescribe el artículo 184 del Código del Trabajo y, por ende, se le condena a pagar a favor del demandante Rafael Calderón Alarcón, la suma de $ 12.000.000 (doce millones de pesos) por concepto de daño moral sufrido como consecuencia del accidente del trabajo ocurrido el día 06 de febrero de 2004; pago que deberá solucionarse con más el reajuste e interés que prevé el artículo 63 del Código del Trabajo. II. Que, se rechaza la demanda por concepto de daño físico. III. Que, no se condena a la demandada al pago de las costas de la causa, por no haber resultado totalmente vencida. Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese. Dictada por el señor Ricardo Araya Pérez, Juez Subrogante de este Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. Autorizada por doña María Gabriela Aguirre Cortez, Secretaria Subrogante. Rol N° 86.602/C.P. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

cumplido con entregar al trabajador los elementos necesarios de seguridad, sin que le quepa entonces participación de ninguna naturaleza en los hechos ni en sus consecuencias. 5. Que al respecto importante es detenerse en el hecho admitido, para analizar qué conducta le era exigible al demandado. El accidente se produce cuando un trabajador que preparaba mezcla de construcción en un andamio, pierde el equilibrio y cae, como consecuencia de no estar usando cinturón de seguridad ni atadura alguna. Así aparece por lo demás, del dicho de todos los testigos que sobre el particular declaran y en especial, a fs. 46 vta. de la declaración de don Fernando Oliva (dice que el trabajador debió usar cuerda de vida y arnés, entre otros elementos, pero no los estaba usando) y a fs. 48, de los dichos de don Manuel Cornejo, que más explícito aún, dice que el trabajador no usó la cuerda de vida y que si la hubiera usado, habría quedado colgando. Es claro, pues, que la empresa empleadora que le asignó esa labor en altura, debía proporcionarle cuerda o cinturón que le asegurara, precisamente para precaver caídas y que si no lo hizo, esa fue la causa del daño provocado con el accidente. 6. Que la cuarta posición del pliego de fs. 42, contestada afirmativamente por el actor, nos dice que en la obra existía una bodega desde la cual los trabajadores debían retirar los implementos de seguridad. Los testigos de la demandada, a su turno, contestes en ese hecho, afirman que la empresa disponía de los elementos pertinentes, para ser usados por los trabajadores. Ahora bien, la obligación legal pesa sobre la empresa, conforme al tenor del artículo 184 del Código del Trabajo, de forma tal que suya era la carga de probar la diligencia para adoptar todas las medidas conducentes a asegurar la vida e integridad del trabajador que laboraba en altura. Con la prueba reseñada, ese extremo no se logra, porque tener en una bodega elementos de seguridad, por mucho que se encuentren a disposición de los operarios, no constituye en absoluto la adopción de “todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores como manda la ley, y por ende no cumple el deber de proporcionar esos elementos con sólo tenerlos en la bodega. En efecto, en cuanto al contenido de tan amplia obligación, para el caso concreto, es bastante obvio que, si bien puede admitirse que en una obra de gran extensión y número de trabajadores no pueda vigilarse de modo continuo y permanente lo que cada operario haga o deje de hacer, cuando menos es ineludible deber de la empresa incorporado al contrato por la ley asegurarse de que al comenzar su jornada o al dirigirse al trabajo particularmente asignado, cada operario lleve el material de seguridad que para su desempeño sea necesario, que conozca sus instrucciones de uso y que durante la jornada se efectúe algún tipo de ronda o control respecto de la utilización efectiva de tales implementos. Ni la confesional ni la testimonial del demandado aportan nada en este sentido y antes al contrario, ninguno de los dos testigos de la empresa estaba presente al momento del accidente ni se sabe tampoco si tan siquiera estaban al momento de comenzar la labor de aquella jornada. Ello no obstante que el primer declarante admite que era el encargado de supervigilar el uso de los elementos de seguridad labor que no cumplió o al menos no puede afirmarse que cumpliera y el segundo reconoce, que toda la supervisión que se adoptaba al comenzar la jornada era dar una charla de cinco minutos que a todo evento no se afirma haber dado ese preciso día sobre el uso de los elementos de seguridad. Es decir, y a contrario sensu, la empresa no controlaba físicamente que cada trabajador partiera a sus labores premunido de esos elementos ni efectuaba luego control alguno, continuo ni discontinuo, de su uso en la práctica. 7. Que hay que insistir en que cuando se trata de cumplir una obligación laboral tan perentoria como extrema (debe tomar “todas las medidas necesarias ) cualquier omisión importa desobedecer el mandato legal. Y por ende a la luz de la naturaleza de la exigencia, ciertamente el deber de proporcionar los elementos de seguridad a trabajadores que desempeñan funciones peligrosas no se refiere sólo a tener a disposición de tales trabajadores dichos elementos en una bodega, sin que nadie parezca controlar si los toman o no, sino que además ese deber de proporcionar se refiere a entregárselos personal y controladamente para cada comienzo de labor, vigilando además, en cuanto sea posible, que los usen. Nada de lo anterior se probó en los autos y antes al contrario, de la testimonial del demandado queda claro que no se hizo ni lo uno ni lo otro. Ciertamente esas medidas insustituibles no se reemplazan con carteles ni con charlas, sin perjuicio de que tampoco se probó que al actor de estos autos se le haya dictado charla alguna sobre la seguridad ni sobre el uso de los implementos de rigor y, todavía más, no se probó que ese día específico se haya dictado alguna charla, pues los dos testigos declaran al respecto de manera absolutamente genérica.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

cumplido con entregar al trabajador los elementos necesarios de seguridad, sin que le quepa entonces participación de ninguna naturaleza en los hechos ni en sus consecuencias. 5. Que al respecto importante es detenerse en el hecho admitido, para analizar qué conducta le era exigible al demandado. El accidente se produce cuando un trabajador que preparaba mezcla de construcción en un andamio, pierde el equilibrio y cae, como consecuencia de no estar usando cinturón de seguridad ni atadura alguna. Así aparece por lo demás, del dicho de todos los testigos que sobre el particular declaran y en especial, a fs. 46 vta. de la declaración de don Fernando Oliva (dice que el trabajador debió usar cuerda de vida y arnés, entre otros elementos, pero no los estaba usando) y a fs. 48, de los dichos de don Manuel Cornejo, que más explícito aún, dice que el trabajador no usó la cuerda de vida y que si la hubiera usado, habría quedado colgando. Es claro, pues, que la empresa empleadora que le asignó esa labor en altura, debía proporcionarle cuerda o cinturón que le asegurara, precisamente para precaver caídas y que si no lo hizo, esa fue la causa del daño provocado con el accidente. 6. Que la cuarta posición del pliego de fs. 42, contestada afirmativamente por el actor, nos dice que en la obra existía una bodega desde la cual los trabajadores debían retirar los implementos de seguridad. Los testigos de la demandada, a su turno, contestes en ese hecho, afirman que la empresa disponía de los elementos pertinentes, para ser usados por los trabajadores. Ahora bien, la obligación legal pesa sobre la empresa, conforme al tenor del artículo 184 del Código del Trabajo, de forma tal que suya era la carga de probar la diligencia para adoptar todas las medidas conducentes a asegurar la vida e integridad del trabajador que laboraba en altura. Con la prueba reseñada, ese extremo no se logra, porque tener en una bodega elementos de seguridad, por mucho que se encuentren a disposición de los operarios, no constituye en absoluto la adopción de “todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores como manda la ley, y por ende no cumple el deber de proporcionar esos elementos con sólo tenerlos en la bodega. En efecto, en cuanto al contenido de tan amplia obligación, para el caso concreto, es bastante obvio que, si bien puede admitirse que en una obra de gran extensión y número de trabajadores no pueda vigilarse de modo continuo y permanente lo que cada operario haga o deje de hacer, cuando menos es ineludible deber de la empresa incorporado al contrato por la ley asegurarse de que al comenzar su jornada o al dirigirse al trabajo particularmente asignado, cada operario lleve el material de seguridad que para su desempeño sea necesario, que conozca sus instrucciones de uso y que durante la jornada se efectúe algún tipo de ronda o control respecto de la utilización efectiva de tales implementos. Ni la confesional ni la testimonial del demandado aportan nada en este sentido y antes al contrario, ninguno de los dos testigos de la empresa estaba presente al momento del accidente ni se sabe tampoco si tan siquiera estaban al momento de comenzar la labor de aquella jornada. Ello no obstante que el primer declarante admite que era el encargado de supervigilar el uso de los elementos de seguridad labor que no cumplió o al menos no puede afirmarse que cumpliera y el segundo reconoce, que toda la supervisión que se adoptaba al comenzar la jornada era dar una charla de cinco minutos que a todo evento no se afirma haber dado ese preciso día sobre el uso de los elementos de seguridad. Es decir, y a contrario sensu, la empresa no controlaba físicamente que cada trabajador partiera a sus labores premunido de esos elementos ni efectuaba luego control alguno, continuo ni discontinuo, de su uso en la práctica. 7. Que hay que insistir en que cuando se trata de cumplir una obligación laboral tan perentoria como extrema (debe tomar “todas las medidas necesarias ) cualquier omisión importa desobedecer el mandato legal. Y por ende a la luz de la naturaleza de la exigencia, ciertamente el deber de proporcionar los elementos de seguridad a trabajadores que desempeñan funciones peligrosas no se refiere sólo a tener a disposición de tales trabajadores dichos elementos en una bodega, sin que nadie parezca controlar si los toman o no, sino que además ese deber de proporcionar se refiere a entregárselos personal y controladamente para cada comienzo de labor, vigilando además, en cuanto sea posible, que los usen. Nada de lo anterior se probó en los autos y antes al contrario, de la testimonial del demandado queda claro que no se hizo ni lo uno ni lo otro. Ciertamente esas medidas insustituibles no se reemplazan con carteles ni con charlas, sin perjuicio de que tampoco se probó que al actor de estos autos se le haya dictado charla alguna sobre la seguridad ni sobre el uso de los implementos de rigor y, todavía más, no se probó que ese día específico se haya dictado alguna charla, pues los dos testigos declaran al respecto de manera absolutamente genérica.

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8. Que tampoco la simple entrega de un reglamento de seguridad y menos cuando se quiere regular la labor de personas cuya calificación intelectual y cultural no consta en lo absoluto ni puede presumirse, tratándose como se trata de un rubro caracterizado justamente por absorber la mano de obra menos calificada puede configurar esa extrema diligencia que es deber del empleador, y menos si no consta que se procediera a explicarlo detalladamente, pues justamente el acabado estudio de ese reglamento debió constituir el objeto de algunas de las charlas de seguridad sobre las que nada se sabe en autos, salvo las tan genéricas y vagas indicaciones que al respecto entregan los testigos del demandado, y que no se refieren al señalado documento. Así pues, sólo si el empleador hubiera cumplido todos los extremos de su obligación podría argumentar que proporcionó los elementos debidos y que, pese a ello, el hecho dañoso se produjo como consecuencia de causas independientes de su actuación. Como no ha sido así, lo que cabe concluir es justamente lo contrario, porque el accidente sí se debió al hecho de no usar el trabajador cuerda ni cinturón que lo asegurara, elementos que la empresa no le proporcionó, habida cuenta la amplitud que ya hemos dicho que ese término tiene, conforme al tenor del artículo 184 del Código del Ramo. 9. Que el resto de la prueba del demandado en nada altera lo razonado y en especial hay que hacer referencia a las demás posiciones admitidas por el actor respecto del pliego de fs. 42, porque la actividad peligrosa consistente en instalar una escalera sobre el andamio no habría sido, de todos modos, causa del daño, si el trabajador hubiera estado debidamente atado como correspondía. Así pues, hay aquí un accidente que se produce habiendo faltado el empleador a un deber legal y contractual de seguridad que tiene directa relación con el siniestro, de forma tal que si se hubiera cumplido con ese deber, el operario no hubiera caído ni se hubiera lesionado. Así pues, si ese siniestro produjo perjuicios, ellos son atribuibles, a título de culpa contractual, al empleador, quien debería responder de ellos al tenor de lo dispuesto por el artículo 69 de la ley 16.744. 10. Que respecto de los daños sufridos como consecuencia del accidente, consta de los documentos de fs. 31, 32, 33, 34, 38, 49, 50 y 58, que debido a la caída el actor padeció traumatismo encéfalo craneano abierto con fractura de cráneo y además fractura de muñeca, todo lo cual obligó a su hospitalización y tratamiento quirúrgico, evolucionando con daño orgánico cerebral, cefaleas, equilibrio regular, mareos leves y disminución de fuerza en la mano derecha, todo lo cual determinó una invalidez cuantificada en un 70%. Ahora bien, ese daño físico es el supuesto del daño moral. Probado el primero, sólo basta sustituirse mentalmente en el lugar del accidentado para comprender que ha debido sufrir también un dolor moral inseparable del anterior, padecimiento emocional que además aparece ratificado por el testimonio de María de los Ángeles Reyes y admitido en su alegato en estrados por el apoderado de la demandada, quien dando por supuesto en forma expresa que ese padecimiento físico y moral era innegable, argumentó respecto a la falta de responsabilidad de la empresa, lo que en este fallo ya se ha desvirtuado suficientemente, conforme al análisis de la obligación contractual y legal y de la prueba rendida al efecto. Cabe, pues, acceder a la petición de indemnizar el daño moral tomando en cuenta para regular su monto el inmenso mal causado por la circunstancia de haber quedado, al fin y al cabo, inútil para el trabajo el actor, y además afectado en forma definitiva en sus funciones físicas e intelectuales. 11. Que no puede pretenderse rebaja de la indemnización por exposición imprudente al daño, como solicitó subsidiariamente el apelante, porque no estamos aquí en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, en que pueda regir el artículo 2330 del Código Civil, sino en el de la responsabilidad contractual, como lo dice la demanda, lo que no cambia porque además de las normas aplicables se haya citado en el libelo en forma errada otras disposiciones. El caso es que aquí se trata de un trabajador que demanda a un empleador que no cumplió una obligación que la ley incorpora al contrato de trabajo y, por ende, siendo el daño consecuencia de ese incumplimiento, no queda sino condenar al pago de la indemnización por el monto que se regulará, sin atender a posibles imprudencias del propio accidentado. 12. Que en cambio cabe desechar el pago de indemnización; por el daño físico, pues ni las partes del cuerpo humano tienen precio y no es entonces ese un daño patrimonial ni puede incluirse en el extra patrimonial porque se confunde allí necesariamente con el daño moral, pues este último se produce justamente por el padecimiento físico; por el menoscabo del cuerpo, por la enfermedad, por las secue-

8. Que tampoco la simple entrega de un reglamento de seguridad y menos cuando se quiere regular la labor de personas cuya calificación intelectual y cultural no consta en lo absoluto ni puede presumirse, tratándose como se trata de un rubro caracterizado justamente por absorber la mano de obra menos calificada puede configurar esa extrema diligencia que es deber del empleador, y menos si no consta que se procediera a explicarlo detalladamente, pues justamente el acabado estudio de ese reglamento debió constituir el objeto de algunas de las charlas de seguridad sobre las que nada se sabe en autos, salvo las tan genéricas y vagas indicaciones que al respecto entregan los testigos del demandado, y que no se refieren al señalado documento. Así pues, sólo si el empleador hubiera cumplido todos los extremos de su obligación podría argumentar que proporcionó los elementos debidos y que, pese a ello, el hecho dañoso se produjo como consecuencia de causas independientes de su actuación. Como no ha sido así, lo que cabe concluir es justamente lo contrario, porque el accidente sí se debió al hecho de no usar el trabajador cuerda ni cinturón que lo asegurara, elementos que la empresa no le proporcionó, habida cuenta la amplitud que ya hemos dicho que ese término tiene, conforme al tenor del artículo 184 del Código del Ramo. 9. Que el resto de la prueba del demandado en nada altera lo razonado y en especial hay que hacer referencia a las demás posiciones admitidas por el actor respecto del pliego de fs. 42, porque la actividad peligrosa consistente en instalar una escalera sobre el andamio no habría sido, de todos modos, causa del daño, si el trabajador hubiera estado debidamente atado como correspondía. Así pues, hay aquí un accidente que se produce habiendo faltado el empleador a un deber legal y contractual de seguridad que tiene directa relación con el siniestro, de forma tal que si se hubiera cumplido con ese deber, el operario no hubiera caído ni se hubiera lesionado. Así pues, si ese siniestro produjo perjuicios, ellos son atribuibles, a título de culpa contractual, al empleador, quien debería responder de ellos al tenor de lo dispuesto por el artículo 69 de la ley 16.744. 10. Que respecto de los daños sufridos como consecuencia del accidente, consta de los documentos de fs. 31, 32, 33, 34, 38, 49, 50 y 58, que debido a la caída el actor padeció traumatismo encéfalo craneano abierto con fractura de cráneo y además fractura de muñeca, todo lo cual obligó a su hospitalización y tratamiento quirúrgico, evolucionando con daño orgánico cerebral, cefaleas, equilibrio regular, mareos leves y disminución de fuerza en la mano derecha, todo lo cual determinó una invalidez cuantificada en un 70%. Ahora bien, ese daño físico es el supuesto del daño moral. Probado el primero, sólo basta sustituirse mentalmente en el lugar del accidentado para comprender que ha debido sufrir también un dolor moral inseparable del anterior, padecimiento emocional que además aparece ratificado por el testimonio de María de los Ángeles Reyes y admitido en su alegato en estrados por el apoderado de la demandada, quien dando por supuesto en forma expresa que ese padecimiento físico y moral era innegable, argumentó respecto a la falta de responsabilidad de la empresa, lo que en este fallo ya se ha desvirtuado suficientemente, conforme al análisis de la obligación contractual y legal y de la prueba rendida al efecto. Cabe, pues, acceder a la petición de indemnizar el daño moral tomando en cuenta para regular su monto el inmenso mal causado por la circunstancia de haber quedado, al fin y al cabo, inútil para el trabajo el actor, y además afectado en forma definitiva en sus funciones físicas e intelectuales. 11. Que no puede pretenderse rebaja de la indemnización por exposición imprudente al daño, como solicitó subsidiariamente el apelante, porque no estamos aquí en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, en que pueda regir el artículo 2330 del Código Civil, sino en el de la responsabilidad contractual, como lo dice la demanda, lo que no cambia porque además de las normas aplicables se haya citado en el libelo en forma errada otras disposiciones. El caso es que aquí se trata de un trabajador que demanda a un empleador que no cumplió una obligación que la ley incorpora al contrato de trabajo y, por ende, siendo el daño consecuencia de ese incumplimiento, no queda sino condenar al pago de la indemnización por el monto que se regulará, sin atender a posibles imprudencias del propio accidentado. 12. Que en cambio cabe desechar el pago de indemnización; por el daño físico, pues ni las partes del cuerpo humano tienen precio y no es entonces ese un daño patrimonial ni puede incluirse en el extra patrimonial porque se confunde allí necesariamente con el daño moral, pues este último se produce justamente por el padecimiento físico; por el menoscabo del cuerpo, por la enfermedad, por las secueACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, doce de octubre de dos mil seis. A fojas 120: a lo principal, téngase presente y al otrosí, estese a lo que se resolverá. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que de acuerdo al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en el fondo deducidos a fojas 104 y 112 por la demandada y demandante, respectivamente. I. En cuanto al recurso de la demandada: SEGUNDO: Que la recurrente denuncia la vulneración de los artículos 2320 y, 2330 del Código Civil, 184 del Código del Trabajo y 69 de la ley N° 16.744; 1698 y 1713 del Código Civil, en relación con los artículos 356, 385, 401 y 402, del Código de Procedimiento Civil; 426, 455 y 456 del Código del Trabajo; expresando, en síntesis que, los sentenciadores del fondo habrían incurrido en error de derecho al decidir que su representada incumplió su obligación a pesar que se encuentra acreditado que el accidente ocurrió por la imprudencia del actor puesto que los elementos de seguridad se encontraban a su disposición y él no los usó, reconociendo también que no leyó el reglamento interno. Por lo anterior, afirma, se calificó erróneamente que existió responsabilidad del empleador en el accidente sufrido por el actor, atribuyéndole culpa, sin considerar que cumplió con la obligación al mantener los elementos de seguridad para evitarlo. Por lo anterior, sostiene que no concurren los presupuestos legales para dar lugar a la indemnización. También expresa que el peso de la prueba era de cargo de la actora y ésta no probó la negligencia o falta de cuidado de parte del empleador. Por el contrario, agrega, de la prueba rendida por su representado se acredita que su parte cumplió con las obligaciones y que el accidente se produjo por culpa imputable al actor. Pese a lo anterior, la demanda se acogió erróneamente, vulnerándose las normas de la sana crítica. TERCERO: Que en la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente, los siguientes:

las limitantes, o por otros trastornos que sufre el organismo, confundiéndose de manera inseparable uno y otro mal, de suerte que por eso se dice que para acreditar el daño moral, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, ya que probado aquello, el padecimiento que producen surge evidente de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el Juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. 13. Que el demandante pide además reservar el debate sobre lucro cesante, lo que no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos, y eso se refiere a todo el rubro. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otro, como es el lucro cesante. En la especie se litigó no sólo sobre la existencia del accidente y sobre la responsabilidad contractual de la empresa en el mismo, sino sobre el daño causado al trabajador; esto es, sobre los perjuicios, y por ende no cabe la reserva solicitada. Y visto además lo dispuesto por los artículos 463, 465 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de casación en la forma intentado por la demandada en contra de la sentencia de treinta y uno de marzo del año en curso, escrita de fs. 62 a 72, y se confirma la aludida sentencia, con declaración de que no se hace lugar a la reserva pedida respecto del lucro cesante, y de que se eleva a veinte millones de pesos ($ 20.000.000) la indemnización que la Empresa Constructora A.C.M. Limitada deberá pagar al demandante Rafael Calderón a título de indemnización por daño moral que se derivara del accidente causado por el incumplimiento del deber de adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad física del trabajador. Todo ello sin costas, por no haber resultado ninguna de las partes totalmente vencida. Regístrese y devuélvase con sus documentos en custodia. Redacción del Ministro señor Mera. Rol N° 76-2006. Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Titulares señor Raúl Mera Muñoz y señora Jacqueline Nash Álvarez y Abogado Integrante señora María Latife Anich.

III. CORTE SUPREMA

III. CORTE SUPREMA

las limitantes, o por otros trastornos que sufre el organismo, confundiéndose de manera inseparable uno y otro mal, de suerte que por eso se dice que para acreditar el daño moral, tratándose de lesiones, basta con acreditar la naturaleza y gravedad de éstas, ya que probado aquello, el padecimiento que producen surge evidente de inmediato, por la sola sustitución imaginaria que el Juez hace en el lugar del sujeto que las padeció. 13. Que el demandante pide además reservar el debate sobre lucro cesante, lo que no puede admitirse, porque para reservar los perjuicios es preciso no haber litigado sobre ellos, y eso se refiere a todo el rubro. No puede la parte demandar, probar y argumentar respecto de unos aspectos del perjuicio y reservarse otro, como es el lucro cesante. En la especie se litigó no sólo sobre la existencia del accidente y sobre la responsabilidad contractual de la empresa en el mismo, sino sobre el daño causado al trabajador; esto es, sobre los perjuicios, y por ende no cabe la reserva solicitada. Y visto además lo dispuesto por los artículos 463, 465 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de casación en la forma intentado por la demandada en contra de la sentencia de treinta y uno de marzo del año en curso, escrita de fs. 62 a 72, y se confirma la aludida sentencia, con declaración de que no se hace lugar a la reserva pedida respecto del lucro cesante, y de que se eleva a veinte millones de pesos ($ 20.000.000) la indemnización que la Empresa Constructora A.C.M. Limitada deberá pagar al demandante Rafael Calderón a título de indemnización por daño moral que se derivara del accidente causado por el incumplimiento del deber de adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad física del trabajador. Todo ello sin costas, por no haber resultado ninguna de las partes totalmente vencida. Regístrese y devuélvase con sus documentos en custodia. Redacción del Ministro señor Mera. Rol N° 76-2006. Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Titulares señor Raúl Mera Muñoz y señora Jacqueline Nash Álvarez y Abogado Integrante señora María Latife Anich.

Santiago, doce de octubre de dos mil seis. A fojas 120: a lo principal, téngase presente y al otrosí, estese a lo que se resolverá. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que de acuerdo al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en el fondo deducidos a fojas 104 y 112 por la demandada y demandante, respectivamente. I. En cuanto al recurso de la demandada: SEGUNDO: Que la recurrente denuncia la vulneración de los artículos 2320 y, 2330 del Código Civil, 184 del Código del Trabajo y 69 de la ley N° 16.744; 1698 y 1713 del Código Civil, en relación con los artículos 356, 385, 401 y 402, del Código de Procedimiento Civil; 426, 455 y 456 del Código del Trabajo; expresando, en síntesis que, los sentenciadores del fondo habrían incurrido en error de derecho al decidir que su representada incumplió su obligación a pesar que se encuentra acreditado que el accidente ocurrió por la imprudencia del actor puesto que los elementos de seguridad se encontraban a su disposición y él no los usó, reconociendo también que no leyó el reglamento interno. Por lo anterior, afirma, se calificó erróneamente que existió responsabilidad del empleador en el accidente sufrido por el actor, atribuyéndole culpa, sin considerar que cumplió con la obligación al mantener los elementos de seguridad para evitarlo. Por lo anterior, sostiene que no concurren los presupuestos legales para dar lugar a la indemnización. También expresa que el peso de la prueba era de cargo de la actora y ésta no probó la negligencia o falta de cuidado de parte del empleador. Por el contrario, agrega, de la prueba rendida por su representado se acredita que su parte cumplió con las obligaciones y que el accidente se produjo por culpa imputable al actor. Pese a lo anterior, la demanda se acogió erróneamente, vulnerándose las normas de la sana crítica. TERCERO: Que en la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente, los siguientes:

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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a) La existencia de la relación laboral entre las partes desde noviembre de 2003 conforme a lo cual el actor se desempeñó en calidad de obrero. b) No se ha controvertido que la causa del accidente fue la caída del actor desde un andamio. c) El empleador debió entregar al actor un cinturón o cuerda que le permitiera evitar la caída. d) El actor sufrió como consecuencia del accidente un traumatismo cráneo encefálico abierto con fractura de cráneo y de muñeca provocándole una invalidez del setenta por ciento de su capacidad laboral. CUARTO: Que sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes del proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores de la instancia, estimaron que el accidente del actor se produjo por responsabilidad del empleador y acogieron la demanda sólo en cuanto condenaron al demandado al pago de una indemnización ascendente a veinte millones por concepto de daño moral y rechazaron la demanda de indemnización por el daño físico. QUINTO: Que de lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado e insta por su alteración, desde que alega que se acreditó que el accidente ocurrió por la imprudencia del actor y que su parte puso a su disposición los elementos de seguridad necesarios para cumplir con sus funciones; lo que no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda agotada en las instancias respectivas. SEXTO: Que además, en términos generales, el establecimiento de tales presupuestos fácticos, no es susceptible de revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de tales hechos, los Jueces del grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que no ha ocurrido en la especie. SÉPTIMO: Que en cuanto a la eventual infracción al artículo 1698, del Código Civil, este no ha sido vulnerado toda vez que la carga de la prueba respecto del cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo, efectivamente correspondía al demandado y de acuerdo con lo resuelto en la sentencia se tuvo por establecido que no cumplió, razón por la cual la demanda fue acogida. OCTAVO: Que en cuanto a la supuesta vulneración de los artículos 1713 del Código Civil, 356, 385, 401 y 402 del Código del Procedimiento Civil, estas también serán desestimadas pues dichos preceptos legales no resultan aplicables al caso de autos, desde que dichas disposiciones dicen relación con la prueba legal y tasada y conforme ha quedado dicho, la prueba, en materia laboral, se aprecia de acuerdo con las reglas de la sana crítica. NOVENO: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación. II. En cuanto al recurso de casación en el fondo del demandante: DÉCIMO: Que la demandante denuncia la vulneración de los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; 1700 y 2329 del Código Civil, fundándose en que la sentencia, erróneamente no dio lugar al pago del daño físico y sólo otorgó veinte millones por concepto de daño moral. En efecto afirma el recurrente que conforme al artículo 2329 del Código Civil, corresponde reparar todo daño, incluyéndose tanto el patrimonial como el extrapatrimonial. A este respecto la sentencia consideró que el daño físico no es un daño patrimonial, no puede incluirse en el extrapatrimonial porque allí se confunde con el daño moral. Este daño físico atenta en contra la integridad corporal, reconocida constitucionalmente y debe ser indemnizada, pues es un daño distinto al daño moral. En cuanto al segundo error se ha producido al fijar la suma de veinte millones de pesos por daño moral, infringiendo así las reglas reguladoras de la prueba, pues en autos constan instrumentos públicos que han determinado la magnitud del daño y sentado las bases de una indemnización mayor que los sentenciadores del grado no supieron aquilatar, pues correspondía que ésta fuere fijada en no menos de ochenta millones de pesos.

a) La existencia de la relación laboral entre las partes desde noviembre de 2003 conforme a lo cual el actor se desempeñó en calidad de obrero. b) No se ha controvertido que la causa del accidente fue la caída del actor desde un andamio. c) El empleador debió entregar al actor un cinturón o cuerda que le permitiera evitar la caída. d) El actor sufrió como consecuencia del accidente un traumatismo cráneo encefálico abierto con fractura de cráneo y de muñeca provocándole una invalidez del setenta por ciento de su capacidad laboral. CUARTO: Que sobre la base de los hechos reseñados precedentemente y examinando la totalidad de los antecedentes del proceso en conformidad a las reglas de la sana crítica, los sentenciadores de la instancia, estimaron que el accidente del actor se produjo por responsabilidad del empleador y acogieron la demanda sólo en cuanto condenaron al demandado al pago de una indemnización ascendente a veinte millones por concepto de daño moral y rechazaron la demanda de indemnización por el daño físico. QUINTO: Que de lo expresado fluye que el recurrente impugna los hechos establecidos en el fallo atacado e insta por su alteración, desde que alega que se acreditó que el accidente ocurrió por la imprudencia del actor y que su parte puso a su disposición los elementos de seguridad necesarios para cumplir con sus funciones; lo que no es posible por esta vía, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, el establecimiento de los hechos, sobre la base de la apreciación de las probanzas allegadas al proceso, mediante las reglas de la sana crítica, queda agotada en las instancias respectivas. SEXTO: Que además, en términos generales, el establecimiento de tales presupuestos fácticos, no es susceptible de revisión por medio de este recurso, a menos que en la determinación de tales hechos, los Jueces del grado hayan desatendido las razones simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las pruebas referidas, cuestión que no ha ocurrido en la especie. SÉPTIMO: Que en cuanto a la eventual infracción al artículo 1698, del Código Civil, este no ha sido vulnerado toda vez que la carga de la prueba respecto del cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo, efectivamente correspondía al demandado y de acuerdo con lo resuelto en la sentencia se tuvo por establecido que no cumplió, razón por la cual la demanda fue acogida. OCTAVO: Que en cuanto a la supuesta vulneración de los artículos 1713 del Código Civil, 356, 385, 401 y 402 del Código del Procedimiento Civil, estas también serán desestimadas pues dichos preceptos legales no resultan aplicables al caso de autos, desde que dichas disposiciones dicen relación con la prueba legal y tasada y conforme ha quedado dicho, la prueba, en materia laboral, se aprecia de acuerdo con las reglas de la sana crítica. NOVENO: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación. II. En cuanto al recurso de casación en el fondo del demandante: DÉCIMO: Que la demandante denuncia la vulneración de los artículos 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; 1700 y 2329 del Código Civil, fundándose en que la sentencia, erróneamente no dio lugar al pago del daño físico y sólo otorgó veinte millones por concepto de daño moral. En efecto afirma el recurrente que conforme al artículo 2329 del Código Civil, corresponde reparar todo daño, incluyéndose tanto el patrimonial como el extrapatrimonial. A este respecto la sentencia consideró que el daño físico no es un daño patrimonial, no puede incluirse en el extrapatrimonial porque allí se confunde con el daño moral. Este daño físico atenta en contra la integridad corporal, reconocida constitucionalmente y debe ser indemnizada, pues es un daño distinto al daño moral. En cuanto al segundo error se ha producido al fijar la suma de veinte millones de pesos por daño moral, infringiendo así las reglas reguladoras de la prueba, pues en autos constan instrumentos públicos que han determinado la magnitud del daño y sentado las bases de una indemnización mayor que los sentenciadores del grado no supieron aquilatar, pues correspondía que ésta fuere fijada en no menos de ochenta millones de pesos. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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DECIMOPRIMERO: Que de lo expuesto precedentemente, aparece que el recurrente pretende contrariar los hechos sentados en el juicio, desde que alega que correspondía dar lugar a la indemnización por daño físico y que se elevara la indemnización fijada por daño moral, e insta por la alteración de tales conclusiones sin que se hayan denunciado la infracción de los artículos 455 y 456 que reglan la prueba en materia laboral, y que permitiría a este tribunal modificar lo resuelto, cuestión que no se ha hecho, pues se ha fundado en el artículo 1700 del Código Civil, inaplicable al caso de autos, pues dicha norma corresponde a la prueba legal o tasada. En cuanto al daño moral, esta Corte ya ha decidido anteriormente que el quántum indemnizatorio corresponde a una cuestión de hecho, privativa de los sentenciadores de la instancia. DECIMOSEGUNDO: Que por todo lo anteriormente razonado, el recurso en estudio carece de fundamento y será rechazada en esta etapa de la tramitación. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos por la demandada y demandante a fojas 104 y 112 respectivamente, contra la sentencia de tres de julio del año en curso, que se lee a fojas 97. Regístrese y devuélvase con su documento. Rol N° 3.995-06. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V. y los Abogados Integrantes señores Roberto Jacob Ch. y Ricardo Peralta A. Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro.

DECIMOPRIMERO: Que de lo expuesto precedentemente, aparece que el recurrente pretende contrariar los hechos sentados en el juicio, desde que alega que correspondía dar lugar a la indemnización por daño físico y que se elevara la indemnización fijada por daño moral, e insta por la alteración de tales conclusiones sin que se hayan denunciado la infracción de los artículos 455 y 456 que reglan la prueba en materia laboral, y que permitiría a este tribunal modificar lo resuelto, cuestión que no se ha hecho, pues se ha fundado en el artículo 1700 del Código Civil, inaplicable al caso de autos, pues dicha norma corresponde a la prueba legal o tasada. En cuanto al daño moral, esta Corte ya ha decidido anteriormente que el quántum indemnizatorio corresponde a una cuestión de hecho, privativa de los sentenciadores de la instancia. DECIMOSEGUNDO: Que por todo lo anteriormente razonado, el recurso en estudio carece de fundamento y será rechazada en esta etapa de la tramitación. Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos por la demandada y demandante a fojas 104 y 112 respectivamente, contra la sentencia de tres de julio del año en curso, que se lee a fojas 97. Regístrese y devuélvase con su documento. Rol N° 3.995-06. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V. y los Abogados Integrantes señores Roberto Jacob Ch. y Ricardo Peralta A. Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro. 454

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ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 141-2006 Cita online: CL/JUR/5509/2006 I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO Copiapó, veintiséis de julio de dos mil cinco. VISTOS: En lo principal de fojas 8, comparece Luis Bonifacio Castillo Castillo, maestro liniero, domiciliado en pasaje Padre Adolfo Kolpin N° 859, población Juan Pablo Segundo de esta ciudad señalando que viene en demandar en juicio ordinario laboral, por accidente del trabajo a su ex empleadora, Ingeniería Eléctrica S.A., representada por Enrique Inostroza Martínez, ingeniero eléctrico, ambos domiciliados en calle Las Heras N° 468, de Copiapó. Funda su demanda en que el 14 dé julio de 2001, fue contratado por la demandada, para desempeñarse como maestro liniero, en la faena denominada “parada de postes y armado de estructuras, sector Salvador Potrerillos II Etapa”; el 16 de julio de igual mes y año, sufrió un accidente del trabajo, cumpliendo labores para las cuales había sido contratado, consistente en una caída libre de 14 metros, la cual dice, fue de responsabilidad de su empleador, ya que ese día, se encontraba trabajando para la demandada en la ciudad de Diego de Almagro, realizando un parado de postes de hormigones y armado de estructura, pero no había en el lugar, un prevencionista de riesgos que pudiera asesorar a la empresa demandada, en evitar los riesgos propios de la actividad, agrega que se le hizo subir a un poste, sin un equipo de seguridad correspondiente, ya que su equipo se lo pasaron a otra persona, y no estaba en condiciones, que las trepaderas eran usadas y no habían sido soldadas con soplete, no encontrándose en buen estado, no siendo éste el modo de repararlas, así estas trepaderas, se abrieron en el punto de la soldadura o calentamiento, haciendo que el actor cayera desde los 14 metros, lo que le produjo una fractura del tobillo en el pie derecho, dice que, no obstante tratarse de un accidente del trabajo, sólo se le trasladó al Hospital de Diego de Almagro, derivándolo posteriormente a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción en Copiapó, donde lo trataron médicamente dándole de alta prematura y definitiva el 10 de enero de 2002, siendo luego despedido por su empleador al día siguiente, esto es, el 11 de enero de 2002, por conclusión del trabajo que dio origen al contrato, pero como consecuencia del accidente, dice quedó con secuelas graves, no puede caminar sin muletas, está incapacitado para trabajar, tiene fuertes dolores en el pie derecho y según lo informado por otros médicos, no podría haberse dado de alta ni estar en condiciones de trabajar. Cita las disposiciones de los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo, en relación con el 69 de la ley 16.744, que determina la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer estas materias, artículo 5° de la citada ley 16.744, que define el accidente del trabajo, artículos 7° y 184 del Código del Trabajo, que definen el contrato individual de trabajo y establecen la responsabilidad del empleador de tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y seguridad en las faenas, como también, los implementos necesarios para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, normas de las cuales se desprende que la responsabilidad del empleador es objetiva, por el solo hecho de ocurrir el accidente del trabajo, ya que falló en su obligación de salvaguardar la integridad del trabajador, cita además los artículos 1546 los contratos deben ejecutarse de buena fe, 1553 obligación de indemnizar los perjuicios moratorios y compensatorios, 1556 la indemnización comprende el daño emergente y lucro cesante, todos del Código Civil, agregando luego que los perjuicios se deben desde la mora del deudor, que en este caso, desde la ocurrencia del accidente del trabajo, por lo que el demandado debe indemnizarle en primer lugar, la suma no percibida desde el momento en que, previa un alta prematura por parte de la Mutual de Seguridad, la empresa le despidió sin haber recuperado su capacidad de trabajo, lo que estima en la suma de $ 12.000.000, más las sumas que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva en su caso, además indica que la empresa debe indemnizarle por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento en que se acoja su jubilación, la que estima en $ 74.880.000, finalmente, por los perjuicios morales que ha sufrido, al estar accidentado, despedido y

Copiapó, veintiséis de julio de dos mil cinco. VISTOS: En lo principal de fojas 8, comparece Luis Bonifacio Castillo Castillo, maestro liniero, domiciliado en pasaje Padre Adolfo Kolpin N° 859, población Juan Pablo Segundo de esta ciudad señalando que viene en demandar en juicio ordinario laboral, por accidente del trabajo a su ex empleadora, Ingeniería Eléctrica S.A., representada por Enrique Inostroza Martínez, ingeniero eléctrico, ambos domiciliados en calle Las Heras N° 468, de Copiapó. Funda su demanda en que el 14 dé julio de 2001, fue contratado por la demandada, para desempeñarse como maestro liniero, en la faena denominada “parada de postes y armado de estructuras, sector Salvador Potrerillos II Etapa”; el 16 de julio de igual mes y año, sufrió un accidente del trabajo, cumpliendo labores para las cuales había sido contratado, consistente en una caída libre de 14 metros, la cual dice, fue de responsabilidad de su empleador, ya que ese día, se encontraba trabajando para la demandada en la ciudad de Diego de Almagro, realizando un parado de postes de hormigones y armado de estructura, pero no había en el lugar, un prevencionista de riesgos que pudiera asesorar a la empresa demandada, en evitar los riesgos propios de la actividad, agrega que se le hizo subir a un poste, sin un equipo de seguridad correspondiente, ya que su equipo se lo pasaron a otra persona, y no estaba en condiciones, que las trepaderas eran usadas y no habían sido soldadas con soplete, no encontrándose en buen estado, no siendo éste el modo de repararlas, así estas trepaderas, se abrieron en el punto de la soldadura o calentamiento, haciendo que el actor cayera desde los 14 metros, lo que le produjo una fractura del tobillo en el pie derecho, dice que, no obstante tratarse de un accidente del trabajo, sólo se le trasladó al Hospital de Diego de Almagro, derivándolo posteriormente a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción en Copiapó, donde lo trataron médicamente dándole de alta prematura y definitiva el 10 de enero de 2002, siendo luego despedido por su empleador al día siguiente, esto es, el 11 de enero de 2002, por conclusión del trabajo que dio origen al contrato, pero como consecuencia del accidente, dice quedó con secuelas graves, no puede caminar sin muletas, está incapacitado para trabajar, tiene fuertes dolores en el pie derecho y según lo informado por otros médicos, no podría haberse dado de alta ni estar en condiciones de trabajar. Cita las disposiciones de los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo, en relación con el 69 de la ley 16.744, que determina la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer estas materias, artículo 5° de la citada ley 16.744, que define el accidente del trabajo, artículos 7° y 184 del Código del Trabajo, que definen el contrato individual de trabajo y establecen la responsabilidad del empleador de tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y seguridad en las faenas, como también, los implementos necesarios para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, normas de las cuales se desprende que la responsabilidad del empleador es objetiva, por el solo hecho de ocurrir el accidente del trabajo, ya que falló en su obligación de salvaguardar la integridad del trabajador, cita además los artículos 1546 los contratos deben ejecutarse de buena fe, 1553 obligación de indemnizar los perjuicios moratorios y compensatorios, 1556 la indemnización comprende el daño emergente y lucro cesante, todos del Código Civil, agregando luego que los perjuicios se deben desde la mora del deudor, que en este caso, desde la ocurrencia del accidente del trabajo, por lo que el demandado debe indemnizarle en primer lugar, la suma no percibida desde el momento en que, previa un alta prematura por parte de la Mutual de Seguridad, la empresa le despidió sin haber recuperado su capacidad de trabajo, lo que estima en la suma de $ 12.000.000, más las sumas que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva en su caso, además indica que la empresa debe indemnizarle por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento en que se acoja su jubilación, la que estima en $ 74.880.000, finalmente, por los perjuicios morales que ha sufrido, al estar accidentado, despedido y

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 141-2006 Cita online: CL/JUR/5509/2006 ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

sin ingreso económico alguno a su cónyuge y a sus tres hijos, de los cuales es y había sido hasta ahora el único sustento, lo que indica no se satisface con una suma inferior a los $ 12.000.000. Pide en definitiva que se condene a la demandada al pago de las sumas adeudadas o las que el tribunal determine, más las costas de la causa. A fojas 167 la abogado Sofía Mellibosky Grau, por la demandada Ingeniería Eléctrica S.A., primeramente, interpone excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal, por cuanto el Juzgado del Trabajo no es competente para conocer de las pretensiones que deduce el actor, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo y 69 de la ley 16.744 y las normas del derecho común, ya que las sumas pretendidas por éste dicen relación con el daño moral, y lucro cesante, indemnizaciones que no son establecidas por la legislación laboral o previsional, sino por las normas del derecho civil, siendo aplicables también al proceso penal, debiendo ser conocidas y falladas por un tribunal ordinario civil, por pertenecen al campo de la responsabilidad extracontractual, en este sentido dice que la historia fidedigna de la ley 19.447, al crear un nuevo ámbito de competencia a los Juzgados del Trabajo, mediante la letra f) del artículo 420, precisa y demuestra, que otorgó competencia a los Juzgados del Trabajo, sólo para conocer la responsabilidad contractual, emanada directamente del contrato de trabajo, como consecuencia del artículo 184 del Código del Trabajo, exceptuando la responsabilidad extracontractual, citando dichos antecedentes de la historia de la ley, por lo que pide se acoja la excepción, declarando que este tribunal es incompetente para conocer las reclamaciones de naturaleza extracontractual, derivadas de accidentes del trabajo y condenar al demandante en costas. En el primer otrosí, de fojas 34, en subsidio contesta la demandada, solicitando su rechazo, con costas, atendido que la acción deducida por indemnización de perjuicios, por circunstancias que no están claramente especificadas en la demanda, ya que se hizo una exposición imprecisa de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, ya que si bien dice interponer una demanda de indemnización de perjuicios, no expresa cuál es la causa real de pedir de la misma, si tiene origen contractual o extracontractual, si se trata de daño emergente o lucro cesante, no quedando clara entonces la competencia del tribunal, añade que en el entendido que acciona el actor por responsabilidad contractual, dice que el demandante funda su acción, en que fue contratado el 14 de julio de 2001, y se accidentó el 16 de igual año y mes, cumpliendo funciones, siendo el hecho de plena responsabilidad del empleador, pero si bien reconoce que el contrato se celebró el 14 de julio de 2001, el contrato era por obra o faena, señala que la empleadora tomó todas las medidas de control adecuado sobre las condiciones de seguridad, negando que se le haya hecho subir al demandante a un poste con un equipo de seguridad no correspondiente, que las trepaderas hayan sido usadas y soldadas con soplete y que no estuvieren en buen estado, que no se haya dispuesto los medios para el traslado del actor y que se haya provocado perjuicios ilegítimos al demandante, que no existe un incumplimiento contractual, ya que su parte otorgó al trabajador todos los equipos, elementos, accesorios e implementos se seguridad requeridos, con sus respectivas instrucciones, se tomaron políticas de prevención de riesgos, existía una permanente supervigilancia de las situaciones de riesgo, por parte de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que son evaluadas por el comité paritario, las que han redundado en óptimos niveles de seguridad, que la norma del artículo 184 del Código del Trabajo, establece un genérico deber de protección y seguridad de parte del empleador hacia sus trabajadores y no una obligación cuyo contenido se configura en la preocupación y adopción de las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, las cuales se tomaron en los hechos, por lo que al cumplirse dicho deber en la forma debida, y aun así se produce el accidente, ello sólo puede encontrar su razón en el trabajador, que no quiso ocupar los equipos de seguridad, cumplir con las órdenes impartidas y lisa y llanamente, desoyó e hizo caso omiso de las normas y procedimientos de seguridad, que en el caso sub lite es un accidente originado por la propia imprudencia del afectado, de este modo pretender que por el solo hecho de ocurrir un accidente, supone la existencia de una responsabilidad objetiva, con independencia de la conducta del trabajador, alega que su parte cumplió adecuada y cabalmente con todas las disposiciones legales y reglamentarias destinadas a prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contando con reglamento interno de orden, higiene y seguridad, estructuras y elementos de trabajo, seguros, cuenta con

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sin ingreso económico alguno a su cónyuge y a sus tres hijos, de los cuales es y había sido hasta ahora el único sustento, lo que indica no se satisface con una suma inferior a los $ 12.000.000. Pide en definitiva que se condene a la demandada al pago de las sumas adeudadas o las que el tribunal determine, más las costas de la causa. A fojas 167 la abogado Sofía Mellibosky Grau, por la demandada Ingeniería Eléctrica S.A., primeramente, interpone excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal, por cuanto el Juzgado del Trabajo no es competente para conocer de las pretensiones que deduce el actor, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo y 69 de la ley 16.744 y las normas del derecho común, ya que las sumas pretendidas por éste dicen relación con el daño moral, y lucro cesante, indemnizaciones que no son establecidas por la legislación laboral o previsional, sino por las normas del derecho civil, siendo aplicables también al proceso penal, debiendo ser conocidas y falladas por un tribunal ordinario civil, por pertenecen al campo de la responsabilidad extracontractual, en este sentido dice que la historia fidedigna de la ley 19.447, al crear un nuevo ámbito de competencia a los Juzgados del Trabajo, mediante la letra f) del artículo 420, precisa y demuestra, que otorgó competencia a los Juzgados del Trabajo, sólo para conocer la responsabilidad contractual, emanada directamente del contrato de trabajo, como consecuencia del artículo 184 del Código del Trabajo, exceptuando la responsabilidad extracontractual, citando dichos antecedentes de la historia de la ley, por lo que pide se acoja la excepción, declarando que este tribunal es incompetente para conocer las reclamaciones de naturaleza extracontractual, derivadas de accidentes del trabajo y condenar al demandante en costas. En el primer otrosí, de fojas 34, en subsidio contesta la demandada, solicitando su rechazo, con costas, atendido que la acción deducida por indemnización de perjuicios, por circunstancias que no están claramente especificadas en la demanda, ya que se hizo una exposición imprecisa de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, ya que si bien dice interponer una demanda de indemnización de perjuicios, no expresa cuál es la causa real de pedir de la misma, si tiene origen contractual o extracontractual, si se trata de daño emergente o lucro cesante, no quedando clara entonces la competencia del tribunal, añade que en el entendido que acciona el actor por responsabilidad contractual, dice que el demandante funda su acción, en que fue contratado el 14 de julio de 2001, y se accidentó el 16 de igual año y mes, cumpliendo funciones, siendo el hecho de plena responsabilidad del empleador, pero si bien reconoce que el contrato se celebró el 14 de julio de 2001, el contrato era por obra o faena, señala que la empleadora tomó todas las medidas de control adecuado sobre las condiciones de seguridad, negando que se le haya hecho subir al demandante a un poste con un equipo de seguridad no correspondiente, que las trepaderas hayan sido usadas y soldadas con soplete y que no estuvieren en buen estado, que no se haya dispuesto los medios para el traslado del actor y que se haya provocado perjuicios ilegítimos al demandante, que no existe un incumplimiento contractual, ya que su parte otorgó al trabajador todos los equipos, elementos, accesorios e implementos se seguridad requeridos, con sus respectivas instrucciones, se tomaron políticas de prevención de riesgos, existía una permanente supervigilancia de las situaciones de riesgo, por parte de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que son evaluadas por el comité paritario, las que han redundado en óptimos niveles de seguridad, que la norma del artículo 184 del Código del Trabajo, establece un genérico deber de protección y seguridad de parte del empleador hacia sus trabajadores y no una obligación cuyo contenido se configura en la preocupación y adopción de las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, las cuales se tomaron en los hechos, por lo que al cumplirse dicho deber en la forma debida, y aun así se produce el accidente, ello sólo puede encontrar su razón en el trabajador, que no quiso ocupar los equipos de seguridad, cumplir con las órdenes impartidas y lisa y llanamente, desoyó e hizo caso omiso de las normas y procedimientos de seguridad, que en el caso sub lite es un accidente originado por la propia imprudencia del afectado, de este modo pretender que por el solo hecho de ocurrir un accidente, supone la existencia de una responsabilidad objetiva, con independencia de la conducta del trabajador, alega que su parte cumplió adecuada y cabalmente con todas las disposiciones legales y reglamentarias destinadas a prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, contando con reglamento interno de orden, higiene y seguridad, estructuras y elementos de trabajo, seguros, cuenta con

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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un comité paritario de higiene y seguridad, con paramédicos en faena, da cursos de prevención de riesgos a sus trabajadores, se entregan elementos de seguridad a sus trabajadores y se les capacita permanentemente, al actor por su parte, se le entregó debidamente el reglamento interno de la empresa, por lo que tenía conocimiento de éste y de las demás instrucciones en las cuales se establecen las prohibiciones y obligaciones de cada trabajador de la empresa, lo que comprueba el cumplimiento de todas las disposiciones de seguridad requeridas, por lo que el accidente alegado por el actor no es atribuible en modo alguno al empleador, toda vez que se trata de un deber genérico, no precisando la ley la forma como se cumple dicho deber en cada caso concreto. Indica además que en este caso no existe responsabilidad objetiva, por cuanto la existencia de deber, como el de protección y seguridad no imponen obligaciones o garantías de resultados a todo evento, incluidos el dolo culpa o negligencia del trabajador, como en este caso, también alega que hay ausencia de culpa o dolo del empleador en las lesiones del actor, no pudiendo atribuírsele responsabilidad directa o indirecta, ya que este último contó durante todo el tiempo que trabajó para la demandada, con todos los elementos de seguridad personal existentes para la labor que desarrollaba, las condiciones de trabajo eran seguras, cumpliendo la demandada con todas las exigencias que la ley 16.744 requería. Por otra parte, sostiene que si se estima que la responsabilidad demandada es extracontractual opone las excepciones perentorias de: a) falta de requisitos de procedencia de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, ya que hay ausencia de antijuridicidad, por no existir conducta de la demandada, de infracción o vulneración de ninguna disposición legal, por lo que la acción deberá ser desechada, tampoco existe un hecho u omisión proveniente de culpa o dolo, el actor tampoco indica cuáles son los actos concretos que delatan una intención positiva de su parte en orden a inferirle injuria a su persona o propiedad dolo, o bien acreditar actos concretos que demostraran una falta de diligencia o cuidado propia de un hombre imprudente, que se tradujera al menos en una infracción a las normas legales, lo que no ha ocurrido, asimismo no existe relación de causalidad entre el hecho y el daño supuesto, el que no ha sido descrito y precisado, derivando como consecuencia necesaria del hecho ejecutado, tampoco ha probado la existencia de un daño cierto real y efectivo que deba ser indemnizable; b) la excepción de falta de requisitos legales para proponer la acción indemnizatoria deducida, fundada en que en la parte petitoria de la demanda, el actor se limita a solicitar concretamente, que sea condenada la demandada al pago de las sumas adeudadas o las sumas que el tribunal estime de justicia fijar, más las costas, por lo que necesariamente también debió solicitar se determinara primero existencia de la responsabilidad extracontractual y la consecuente obligación de indemnizar, por lo que si el actor no puso dentro de la esfera de conocimiento del tribunal la discusión de si estamos o no en presencia de responsabilidad extracontractual, resulta inútil discutir el quántum indemnizable, ya que ello tiene como antecedente previo el establecimiento del derecho a ser indemnizado, por lo que cualquier pronunciamiento del tribunal en este sentido excedería el ámbito de la litis, cayendo la sentencia en ultra petita; y c) en subsidio, improcedencia de las sumas demandadas por lucro cesante y daño moral, puesto que el actor en forma arbitraria y antojadiza, ha cuantificado el supuesto daño sufrido, atendido que los perjuicios patrimoniales que se demandan, no se sabe si corresponden a daño emergente o lucro cesante, los que estarían constituidos por la pérdida de ganancia por parte del actor, y tienen el carácter de compensatorios por lo que es susceptible de ser evaluado pecuniariamente con exactitud, debe haber certeza del daño, no siendo procedente la reparación de un perjuicio eventual o hipotético, además dice que las pretensiones del actor son inusitadas y desmesuradas, que incurre en un error al multiplicar la remuneración por el número de meses que corresponda, ya que percibir anticipadamente ingresos ocasiona un enriquecimiento ilícito debido a las rentas o intereses que dicha indemnización crecería a una tasa de interés cercana al 6% anual, si fuese colocada en el sistema bancario del país, que cabe considerar que si el actor siguiese trabajando para la demandada, no es tal ya que tenía contrato por obra o faena, la que terminó, por otra parte había que suponer que el actor extendiese su operación por el tiempo de trabajo activo y que además sobreviva a dicho período, y la indemnización debe sustentare en hechos reales y no en meras expectativas, por lo que objeta la base de cálculo de la indemnización por lucro cesante, en cuanto al daño moral, dice que la suma pretendida por este rubro, es de una cuantía extraordinaria, excediendo en mucho el carácter satisfactorio del daño moral, de acuerdo a los parámetros de nuestro ordenamiento civil, presentando al efecto una tabla de indemnizaciones por daño moral establecida por nuestros

un comité paritario de higiene y seguridad, con paramédicos en faena, da cursos de prevención de riesgos a sus trabajadores, se entregan elementos de seguridad a sus trabajadores y se les capacita permanentemente, al actor por su parte, se le entregó debidamente el reglamento interno de la empresa, por lo que tenía conocimiento de éste y de las demás instrucciones en las cuales se establecen las prohibiciones y obligaciones de cada trabajador de la empresa, lo que comprueba el cumplimiento de todas las disposiciones de seguridad requeridas, por lo que el accidente alegado por el actor no es atribuible en modo alguno al empleador, toda vez que se trata de un deber genérico, no precisando la ley la forma como se cumple dicho deber en cada caso concreto. Indica además que en este caso no existe responsabilidad objetiva, por cuanto la existencia de deber, como el de protección y seguridad no imponen obligaciones o garantías de resultados a todo evento, incluidos el dolo culpa o negligencia del trabajador, como en este caso, también alega que hay ausencia de culpa o dolo del empleador en las lesiones del actor, no pudiendo atribuírsele responsabilidad directa o indirecta, ya que este último contó durante todo el tiempo que trabajó para la demandada, con todos los elementos de seguridad personal existentes para la labor que desarrollaba, las condiciones de trabajo eran seguras, cumpliendo la demandada con todas las exigencias que la ley 16.744 requería. Por otra parte, sostiene que si se estima que la responsabilidad demandada es extracontractual opone las excepciones perentorias de: a) falta de requisitos de procedencia de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, ya que hay ausencia de antijuridicidad, por no existir conducta de la demandada, de infracción o vulneración de ninguna disposición legal, por lo que la acción deberá ser desechada, tampoco existe un hecho u omisión proveniente de culpa o dolo, el actor tampoco indica cuáles son los actos concretos que delatan una intención positiva de su parte en orden a inferirle injuria a su persona o propiedad dolo, o bien acreditar actos concretos que demostraran una falta de diligencia o cuidado propia de un hombre imprudente, que se tradujera al menos en una infracción a las normas legales, lo que no ha ocurrido, asimismo no existe relación de causalidad entre el hecho y el daño supuesto, el que no ha sido descrito y precisado, derivando como consecuencia necesaria del hecho ejecutado, tampoco ha probado la existencia de un daño cierto real y efectivo que deba ser indemnizable; b) la excepción de falta de requisitos legales para proponer la acción indemnizatoria deducida, fundada en que en la parte petitoria de la demanda, el actor se limita a solicitar concretamente, que sea condenada la demandada al pago de las sumas adeudadas o las sumas que el tribunal estime de justicia fijar, más las costas, por lo que necesariamente también debió solicitar se determinara primero existencia de la responsabilidad extracontractual y la consecuente obligación de indemnizar, por lo que si el actor no puso dentro de la esfera de conocimiento del tribunal la discusión de si estamos o no en presencia de responsabilidad extracontractual, resulta inútil discutir el quántum indemnizable, ya que ello tiene como antecedente previo el establecimiento del derecho a ser indemnizado, por lo que cualquier pronunciamiento del tribunal en este sentido excedería el ámbito de la litis, cayendo la sentencia en ultra petita; y c) en subsidio, improcedencia de las sumas demandadas por lucro cesante y daño moral, puesto que el actor en forma arbitraria y antojadiza, ha cuantificado el supuesto daño sufrido, atendido que los perjuicios patrimoniales que se demandan, no se sabe si corresponden a daño emergente o lucro cesante, los que estarían constituidos por la pérdida de ganancia por parte del actor, y tienen el carácter de compensatorios por lo que es susceptible de ser evaluado pecuniariamente con exactitud, debe haber certeza del daño, no siendo procedente la reparación de un perjuicio eventual o hipotético, además dice que las pretensiones del actor son inusitadas y desmesuradas, que incurre en un error al multiplicar la remuneración por el número de meses que corresponda, ya que percibir anticipadamente ingresos ocasiona un enriquecimiento ilícito debido a las rentas o intereses que dicha indemnización crecería a una tasa de interés cercana al 6% anual, si fuese colocada en el sistema bancario del país, que cabe considerar que si el actor siguiese trabajando para la demandada, no es tal ya que tenía contrato por obra o faena, la que terminó, por otra parte había que suponer que el actor extendiese su operación por el tiempo de trabajo activo y que además sobreviva a dicho período, y la indemnización debe sustentare en hechos reales y no en meras expectativas, por lo que objeta la base de cálculo de la indemnización por lucro cesante, en cuanto al daño moral, dice que la suma pretendida por este rubro, es de una cuantía extraordinaria, excediendo en mucho el carácter satisfactorio del daño moral, de acuerdo a los parámetros de nuestro ordenamiento civil, presentando al efecto una tabla de indemnizaciones por daño moral establecida por nuestros ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

tribunales superiores de justicia, en relación a la muerte y lesiones, las que según indica, demuestran la falta de racionalidad y sustento de las cifras planteadas por el actor, finalmente dice que de accederse a la acción al fijar alguna de las indemnizaciones, debe tenerse en cuenta que el actor se expuso imprudentemente al daño. A fojas 70, en lo principal, el actor contestó el traslado de la excepción de incompetencia, solicitando su rechazo, atendido que la responsabilidad que se pretende hacer efectiva por la acción es la contractual; derivada del accidente del trabajo, la que es de competencia de los Juzgados del Trabajo, según lo dispone, la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo. A fojas 72, se recibió la causa a prueba. A fojas 102 y siguientes se llevó a efecto la audiencia de conciliación y prueba. Llamadas las partes comparecientes a conciliación, esta no se produce, rindiéndose la prueba que rola en autos. A fojas 144, se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal: 1°. Que a fojas 167, la demandada interpuso excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal, por cuanto el Juzgado del Trabajo no es competente para conocer de las pretensiones que deduce el actor, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo y 69 de la ley 16.744, ya que las sumas pretendidas por éste dicen relación con el daño moral y lucro cesante, indemnizaciones que no son establecidas por la legislación laboral o previsional, sino por las normas del derecho civil, debiendo ser conocidas y falladas por un tribunal ordinario civil, por pertenecer al campo de la responsabilidad extracontractual, en este sentido dice que el nuevo ámbito de competencia de los Juzgados del Trabajo, establecido por la letra f) del artículo 420, es sólo para conocer la responsabilidad contractual emanada del contrato de trabajo, como consecuencia del artículo 184 del Código del Trabajo, exceptuando la responsabilidad extracontractual, por lo que pide se acoja la excepción y condenar al demandante en costas. 2°. Que, el actor a fojas 70, al contestar el traslado solicitó el rechazo de la excepción de incompetencia, atendido que la responsabilidad que se pretende hacer efectiva por la acción es la contractual, derivada del accidente del trabajo, la que es de competencia de los Juzgados del Trabajo, según lo dispone, la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo. 3°. Que, de la lectura de la demanda aparece que se acciona expresamente por los daños materiales y morales que emanan del incumplimiento contractual en que incurrió la empleadora y el precepto legal en que se apoya la acción intentada es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y salud de los trabajadores, norma que se encuentra incorporada a todo contrato laboral, siendo un elemento de su esencia. Así, como el actor demanda expresamente en virtud del deber de protección precedentemente aludido, resulta evidente que es competente para conocer de esta acción, un tribunal del trabajo, en conformidad a lo dispuesto en la letra f) del artículo 420 del citado Código, tal como lo ha fallado reiteradamente nuestra Excma. Corte Suprema, por lo que se rechazará la excepción de incompetencia deducida. II. En cuanto a la tacha deducida a fojas 114: 4°. Que, a fojas 114, la parte demandante dedujo la causal de inhabilidad para declarar en juicio en contra de la testigo Indra Marisela de Lourdes Vergara Pineda, contemplada en el número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, al ser cónyuge del representante legal del demandado y tener interés económico en la causa, por cuanto, según sus dichos tiene un 40 por ciento de participación en la empresa demandada, por lo que carece de imparcialidad, ya que de ser condenada, la demandada, ella y su marido, tendrán que pagar la indemnización que se pretende en autos, por lo que presume que su testimonio no será lo suficientemente imparcial. Por su parte, la demandada solicita el rechazo de la tacha deducida por cuanto, toda vez que, si bien reconoce que la testigo está casada con Enrique Hinostroza, éste no es el demandado, asimismo tampoco hay interés económico, puesto que en el evento que se dicte sentencia condenatoria, tanto la testigo como su cónyuge no son los demandados, toda vez que la sociedad constituye una persona jurídica distinta de los socios que la componen. En este sentido, nuestra jurisprudencia ha señalado que el interés en el resultado del juicio, que la ley establece como inhabilidad de los testigos para deponer en el mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 358

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

tribunales superiores de justicia, en relación a la muerte y lesiones, las que según indica, demuestran la falta de racionalidad y sustento de las cifras planteadas por el actor, finalmente dice que de accederse a la acción al fijar alguna de las indemnizaciones, debe tenerse en cuenta que el actor se expuso imprudentemente al daño. A fojas 70, en lo principal, el actor contestó el traslado de la excepción de incompetencia, solicitando su rechazo, atendido que la responsabilidad que se pretende hacer efectiva por la acción es la contractual; derivada del accidente del trabajo, la que es de competencia de los Juzgados del Trabajo, según lo dispone, la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo. A fojas 72, se recibió la causa a prueba. A fojas 102 y siguientes se llevó a efecto la audiencia de conciliación y prueba. Llamadas las partes comparecientes a conciliación, esta no se produce, rindiéndose la prueba que rola en autos. A fojas 144, se cita a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: I. En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal: 1°. Que a fojas 167, la demandada interpuso excepción dilatoria de incompetencia absoluta del tribunal, por cuanto el Juzgado del Trabajo no es competente para conocer de las pretensiones que deduce el actor, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 letra f) del Código del Trabajo y 69 de la ley 16.744, ya que las sumas pretendidas por éste dicen relación con el daño moral y lucro cesante, indemnizaciones que no son establecidas por la legislación laboral o previsional, sino por las normas del derecho civil, debiendo ser conocidas y falladas por un tribunal ordinario civil, por pertenecer al campo de la responsabilidad extracontractual, en este sentido dice que el nuevo ámbito de competencia de los Juzgados del Trabajo, establecido por la letra f) del artículo 420, es sólo para conocer la responsabilidad contractual emanada del contrato de trabajo, como consecuencia del artículo 184 del Código del Trabajo, exceptuando la responsabilidad extracontractual, por lo que pide se acoja la excepción y condenar al demandante en costas. 2°. Que, el actor a fojas 70, al contestar el traslado solicitó el rechazo de la excepción de incompetencia, atendido que la responsabilidad que se pretende hacer efectiva por la acción es la contractual, derivada del accidente del trabajo, la que es de competencia de los Juzgados del Trabajo, según lo dispone, la letra f) del artículo 420 del Código del Trabajo. 3°. Que, de la lectura de la demanda aparece que se acciona expresamente por los daños materiales y morales que emanan del incumplimiento contractual en que incurrió la empleadora y el precepto legal en que se apoya la acción intentada es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y salud de los trabajadores, norma que se encuentra incorporada a todo contrato laboral, siendo un elemento de su esencia. Así, como el actor demanda expresamente en virtud del deber de protección precedentemente aludido, resulta evidente que es competente para conocer de esta acción, un tribunal del trabajo, en conformidad a lo dispuesto en la letra f) del artículo 420 del citado Código, tal como lo ha fallado reiteradamente nuestra Excma. Corte Suprema, por lo que se rechazará la excepción de incompetencia deducida. II. En cuanto a la tacha deducida a fojas 114: 4°. Que, a fojas 114, la parte demandante dedujo la causal de inhabilidad para declarar en juicio en contra de la testigo Indra Marisela de Lourdes Vergara Pineda, contemplada en el número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, al ser cónyuge del representante legal del demandado y tener interés económico en la causa, por cuanto, según sus dichos tiene un 40 por ciento de participación en la empresa demandada, por lo que carece de imparcialidad, ya que de ser condenada, la demandada, ella y su marido, tendrán que pagar la indemnización que se pretende en autos, por lo que presume que su testimonio no será lo suficientemente imparcial. Por su parte, la demandada solicita el rechazo de la tacha deducida por cuanto, toda vez que, si bien reconoce que la testigo está casada con Enrique Hinostroza, éste no es el demandado, asimismo tampoco hay interés económico, puesto que en el evento que se dicte sentencia condenatoria, tanto la testigo como su cónyuge no son los demandados, toda vez que la sociedad constituye una persona jurídica distinta de los socios que la componen. En este sentido, nuestra jurisprudencia ha señalado que el interés en el resultado del juicio, que la ley establece como inhabilidad de los testigos para deponer en el mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 358

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N° 6 del Código de Procedimiento Civil, debe ser pecuniario, estimable en dinero, cierto y material Iltma. Corte de La Serena (12/01/2000) y Excma. Corte Suprema (20/04/1993) estimando este sentenciador que no se ha acreditado por la demandada, ni se desprende de sus dichos que afecte la inhabilidad alegada a la testigo, por cuanto en las sociedades de responsabilidad limitada, como la demandada, los socios arriesgan en la empresa social los bienes aportados, si la sociedad tiene pérdidas, pierden todo o parte de esos aportes, pero, nunca son responsables frente a terceros, ya que el artículo 4° de la ley 3.918, expresamente hace aplicables a estas sociedades los artículos 455 y 456 del Código de Comercio referencia que debe entenderse a los artículos 1° y 19 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, por lo que no son responsables sino hasta el monto de sus acciones aportes y son directa y exclusivamente responsables del pago de sus acciones aportes y no están obligados a devolver a la caja social las cantidades que hubieren percibido a título de beneficio, de tal modo que el socio no responde frente a terceros por las deudas sociales, ni siquiera en el evento de no haber efectuado su aporte, motivo por el que será desechada la causal de inhabilidad interpuesta. III. En cuanto a la acción principal: 5°. Que, Luis Bonifacio Castillo Castillo, demanda en juicio ordinario laboral, por accidente del trabajo a su ex empleadora, “Ingeniería Eléctrica S.A.”, representada por Enrique Inostroza Martínez, fundada en que el 14 de julio de 2001, fue contratado por la demandada, para desempeñarse como maestro liniero, sufriendo el 16 de julio de igual mes y año, un accidente del trabajo, cumpliendo labores, consistente en una caída libre de 14 metros, que le produjo una fractura del tobillo en el pie derecho, hechos detallados en la expositiva de este fallo, el que fue de responsabilidad de su empleador, posteriormente, lo trataron médicamente dándole de alta prematura y definitiva, el 10 de enero de 2002, siendo luego despedido por su empleador al día siguiente, por conclusión del trabajo que dio origen al contrato, pero señala que como consecuencia del accidente, quedó con secuelas graves, no puede caminar sin muletas, está incapacitado para trabajar, tiene fuertes dolores en el pie derecho y no podría haberse dado de alta ni estar en condiciones de trabajar. Establece que estos hechos generan responsabilidad objetiva contractual del empleador por no tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, por lo que el demandado debe indemnizarle las siguientes sumas: a) $ 12.000.000, por no percibir ingresos desde la fecha en que empresa le despidió, sin haber recuperado su capacidad de trabajo, más las sumas que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva en su caso, b) $ 74.880.000, por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento en que se acoja su jubilación, y c) $ 12.000.000, por los perjuicios morales que ha sufrido. Pide en definitiva que se condene, a la demandada al pago de las sumas adeudadas o las que el tribunal determine, más las costas de la causa. 6°. Que la demandada contestando la acción, solicita su rechazo, con costas, atendido que si bien dice el actor interponer una demanda de indemnización de perjuicios, no expresa cuál es la causa real de pedir de la misma, si tiene origen contractual o extracontractual, si se trata de daño emergente o lucro cesante; añade que en el entendido que acciona el actor por responsabilidad contractual, alega que la empleadora tomó todas las medidas de control adecuado sobre las condiciones de seguridad, negando las circunstancias del accidente relatadas por el actor y que se le hayan provocado perjuicios ilegítimos, no existiendo un incumplimiento contractual, según el tenor del artículo 184 del Código del Trabajo, por lo que al cumplirse dicho deber en la forma debida, y aun así se produce el accidente, ello sólo puede encontrar su razón en el trabajador, desoyó las normas y procedimientos de seguridad, por lo que es un accidente originado por la propia imprudencia del afectado, no siendo, atribuible en modo alguno al empleador, además indica que no existe responsabilidad objetiva, por cuanto la existencia del deber, como el de protección y seguridad no imponen obligaciones o garantías de resultados a todo evento, incluidos el dolo culpa o negligencia del trabajador, como en este caso, asimismo hay ausencia del culpa o dolo del empleador en las lesiones del actor, no pudiendo atribuírsele responsabilidad directa o indirecta. Por otra parte sostiene que si se estima que la responsabilidad demandada es extracontractual, dice que opone las excepciones perentorias de: a) falta de requisitos de procedencia de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual; b) la excepción de falta de requisitos legales para proponer la acción indemnizatoria deducida; y c) en subsidio, improcedencia de las sumas demandadas por lucro cesante y daño moral, según fundamentos reseñados en la expositiva,

N° 6 del Código de Procedimiento Civil, debe ser pecuniario, estimable en dinero, cierto y material Iltma. Corte de La Serena (12/01/2000) y Excma. Corte Suprema (20/04/1993) estimando este sentenciador que no se ha acreditado por la demandada, ni se desprende de sus dichos que afecte la inhabilidad alegada a la testigo, por cuanto en las sociedades de responsabilidad limitada, como la demandada, los socios arriesgan en la empresa social los bienes aportados, si la sociedad tiene pérdidas, pierden todo o parte de esos aportes, pero, nunca son responsables frente a terceros, ya que el artículo 4° de la ley 3.918, expresamente hace aplicables a estas sociedades los artículos 455 y 456 del Código de Comercio referencia que debe entenderse a los artículos 1° y 19 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, por lo que no son responsables sino hasta el monto de sus acciones aportes y son directa y exclusivamente responsables del pago de sus acciones aportes y no están obligados a devolver a la caja social las cantidades que hubieren percibido a título de beneficio, de tal modo que el socio no responde frente a terceros por las deudas sociales, ni siquiera en el evento de no haber efectuado su aporte, motivo por el que será desechada la causal de inhabilidad interpuesta. III. En cuanto a la acción principal: 5°. Que, Luis Bonifacio Castillo Castillo, demanda en juicio ordinario laboral, por accidente del trabajo a su ex empleadora, “Ingeniería Eléctrica S.A.”, representada por Enrique Inostroza Martínez, fundada en que el 14 de julio de 2001, fue contratado por la demandada, para desempeñarse como maestro liniero, sufriendo el 16 de julio de igual mes y año, un accidente del trabajo, cumpliendo labores, consistente en una caída libre de 14 metros, que le produjo una fractura del tobillo en el pie derecho, hechos detallados en la expositiva de este fallo, el que fue de responsabilidad de su empleador, posteriormente, lo trataron médicamente dándole de alta prematura y definitiva, el 10 de enero de 2002, siendo luego despedido por su empleador al día siguiente, por conclusión del trabajo que dio origen al contrato, pero señala que como consecuencia del accidente, quedó con secuelas graves, no puede caminar sin muletas, está incapacitado para trabajar, tiene fuertes dolores en el pie derecho y no podría haberse dado de alta ni estar en condiciones de trabajar. Establece que estos hechos generan responsabilidad objetiva contractual del empleador por no tomar las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, por lo que el demandado debe indemnizarle las siguientes sumas: a) $ 12.000.000, por no percibir ingresos desde la fecha en que empresa le despidió, sin haber recuperado su capacidad de trabajo, más las sumas que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva en su caso, b) $ 74.880.000, por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento en que se acoja su jubilación, y c) $ 12.000.000, por los perjuicios morales que ha sufrido. Pide en definitiva que se condene, a la demandada al pago de las sumas adeudadas o las que el tribunal determine, más las costas de la causa. 6°. Que la demandada contestando la acción, solicita su rechazo, con costas, atendido que si bien dice el actor interponer una demanda de indemnización de perjuicios, no expresa cuál es la causa real de pedir de la misma, si tiene origen contractual o extracontractual, si se trata de daño emergente o lucro cesante; añade que en el entendido que acciona el actor por responsabilidad contractual, alega que la empleadora tomó todas las medidas de control adecuado sobre las condiciones de seguridad, negando las circunstancias del accidente relatadas por el actor y que se le hayan provocado perjuicios ilegítimos, no existiendo un incumplimiento contractual, según el tenor del artículo 184 del Código del Trabajo, por lo que al cumplirse dicho deber en la forma debida, y aun así se produce el accidente, ello sólo puede encontrar su razón en el trabajador, desoyó las normas y procedimientos de seguridad, por lo que es un accidente originado por la propia imprudencia del afectado, no siendo, atribuible en modo alguno al empleador, además indica que no existe responsabilidad objetiva, por cuanto la existencia del deber, como el de protección y seguridad no imponen obligaciones o garantías de resultados a todo evento, incluidos el dolo culpa o negligencia del trabajador, como en este caso, asimismo hay ausencia del culpa o dolo del empleador en las lesiones del actor, no pudiendo atribuírsele responsabilidad directa o indirecta. Por otra parte sostiene que si se estima que la responsabilidad demandada es extracontractual, dice que opone las excepciones perentorias de: a) falta de requisitos de procedencia de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual; b) la excepción de falta de requisitos legales para proponer la acción indemnizatoria deducida; y c) en subsidio, improcedencia de las sumas demandadas por lucro cesante y daño moral, según fundamentos reseñados en la expositiva, ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

finalmente indica que de accederse a la acción al fijar alguna de las indemnizaciones debe tenerse en cuenta que el actor se expuso imprudentemente al daño. 7°. Que, de lo expuesto se desprende que se controvierte entre las partes, en primer lugar, si la responsabilidad derivada del accidente sufrido por el actor es contractual o extracontractual, si ésta es objetiva, y por otra parte, si el empleador cumplió o no con su deber general de protección de la vida y salud del trabajador, produciéndose el accidente por su culpa o dolo o por otra causa. 8°. Que, el actor a fin de acreditar los supuestos de la acción deducida rindió en autos, en su oportunidad, la siguiente prueba: i) Instrumental: consistente en los siguientes documentos no objetados: a) Copia de contrato de trabajo, a fojas 1 y 2, celebrado entre las partes en juicio, con fecha 14 de julio de 2001, para que el demandante se desempeñara como maestro liniero, la remuneración se acordó en la suma de $ 120.000 de sueldo base, más gratificación legal de $ 30.000, equivalente al 25% de las remuneración mensual; dice que terminará automáticamente en la fecha que concluya la faena que dio origen al contrato, esto es, “Segunda Etapa parado de postes y armado de estructuras sector El Salvador Potrerillos”, además se dejó constancia que el trabajador ingresó al servicio el 14 de octubre de 1994. b) Copia de liquidación de remuneraciones del actor, de fojas 3, del mes de junio de dos mil uno, por un total imponible de $ 164.000. c) Copia de finiquito de fojas 4, de fecha once de enero de dos mil dos, en el que se reconoce la relación laboral por el período del catorce de julio de dos mil uno al once de enero de dos mil dos y da cuenta del pago de la suma de $ 30.000, por el concepto que allí se indica, terminándose la misma por la causal del número 4 del artículo 159 del Código del Trabajo, vencimiento del plazo convenido, expresando en su parte final que fue ratificado ante Inspector del Trabajo el cinco de marzo de dos mil dos, dejándose constancia que el trabajador reservó su derecho a reclamar responsabilidad en siniestro de accidente del trabajo. d) Copia de carta de fecha once de enero de dos mil dos, de fojas 5, dirigida por la demandada al actor, mediante la cual le comunica que de acuerdo al artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo se pone término al contrato de trabajo, por vencimiento del plazo, por finalización de la “Segunda Etapa parado de postes y armado de estructuras sector El Salvador Potrerillos”. e) Copia de certificado de alta médica definitiva, de fojas 6, emitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el 10 de enero de 2002, indica que el demandante fue dado de alta, con diagnóstico de fractura pie derecho, señalando en el acápite “observaciones importantes”, la expresión faena liviana. f) Copia de certificado de término de tratamiento y prestaciones, de fojas 7, emitido por el Hospital de Copiapó de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el 08 de enero de 2002, indica que el demandante fue dado de alta médica de tipo definitiva concluyendo su atención médica el 10 de igual mes y año, con diagnóstico de luxofractura tobillo. También a fojas 8, en el segundo otrosí, y a fojas 121, solicitó oficios a la Mutual de Seguridad a fin que remita todos los datos que obren en su poder y en especial, acompañe copia de carta de fecha 04 de enero de 2002, el que contestado a fojas 30 y 125, remite los antecedentes solicitados consistentes en fotocopias de carta emitida por la empresa demandada de 09 de enero de 2002, de ingreso médico y de certificados de término de tratamiento y prestaciones, que rolan de fojas 14 a 29 y de fojas 126 a 129; a Codelco Chile División Salvador y Cosapi para que informen sobre lo expuesto por la demandada en relación al accidente de autos, siendo contestado sólo el remitido a la primera institución, señalando que la empresa demandada no tiene contratos con esa División. ii) Confesional: consistente en la absolución de posiciones del representante de la demandada, Enrique Hinostroza Martínez, quien a fojas 102, en relación con el pliego de fojas 97 a 98, en síntesis, admitió que se contrató los servicios del actor, no recordando la fecha exacta, que mientras éste trabajaba sufrió un accidente el 14 de julio de 2001, que consistió en la caída, desde un poste eléctrico, pero que no le constan los hechos, que luego el actor fue llevado al Hospital de Diego de Almagro y después a la Mutual de Seguridad de Copiapó, que fue finiquitado de manera legal, el 11 de enero de 2002, negando o desconociendo los demás hechos consignados en el pliego.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

finalmente indica que de accederse a la acción al fijar alguna de las indemnizaciones debe tenerse en cuenta que el actor se expuso imprudentemente al daño. 7°. Que, de lo expuesto se desprende que se controvierte entre las partes, en primer lugar, si la responsabilidad derivada del accidente sufrido por el actor es contractual o extracontractual, si ésta es objetiva, y por otra parte, si el empleador cumplió o no con su deber general de protección de la vida y salud del trabajador, produciéndose el accidente por su culpa o dolo o por otra causa. 8°. Que, el actor a fin de acreditar los supuestos de la acción deducida rindió en autos, en su oportunidad, la siguiente prueba: i) Instrumental: consistente en los siguientes documentos no objetados: a) Copia de contrato de trabajo, a fojas 1 y 2, celebrado entre las partes en juicio, con fecha 14 de julio de 2001, para que el demandante se desempeñara como maestro liniero, la remuneración se acordó en la suma de $ 120.000 de sueldo base, más gratificación legal de $ 30.000, equivalente al 25% de las remuneración mensual; dice que terminará automáticamente en la fecha que concluya la faena que dio origen al contrato, esto es, “Segunda Etapa parado de postes y armado de estructuras sector El Salvador Potrerillos”, además se dejó constancia que el trabajador ingresó al servicio el 14 de octubre de 1994. b) Copia de liquidación de remuneraciones del actor, de fojas 3, del mes de junio de dos mil uno, por un total imponible de $ 164.000. c) Copia de finiquito de fojas 4, de fecha once de enero de dos mil dos, en el que se reconoce la relación laboral por el período del catorce de julio de dos mil uno al once de enero de dos mil dos y da cuenta del pago de la suma de $ 30.000, por el concepto que allí se indica, terminándose la misma por la causal del número 4 del artículo 159 del Código del Trabajo, vencimiento del plazo convenido, expresando en su parte final que fue ratificado ante Inspector del Trabajo el cinco de marzo de dos mil dos, dejándose constancia que el trabajador reservó su derecho a reclamar responsabilidad en siniestro de accidente del trabajo. d) Copia de carta de fecha once de enero de dos mil dos, de fojas 5, dirigida por la demandada al actor, mediante la cual le comunica que de acuerdo al artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo se pone término al contrato de trabajo, por vencimiento del plazo, por finalización de la “Segunda Etapa parado de postes y armado de estructuras sector El Salvador Potrerillos”. e) Copia de certificado de alta médica definitiva, de fojas 6, emitido por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el 10 de enero de 2002, indica que el demandante fue dado de alta, con diagnóstico de fractura pie derecho, señalando en el acápite “observaciones importantes”, la expresión faena liviana. f) Copia de certificado de término de tratamiento y prestaciones, de fojas 7, emitido por el Hospital de Copiapó de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el 08 de enero de 2002, indica que el demandante fue dado de alta médica de tipo definitiva concluyendo su atención médica el 10 de igual mes y año, con diagnóstico de luxofractura tobillo. También a fojas 8, en el segundo otrosí, y a fojas 121, solicitó oficios a la Mutual de Seguridad a fin que remita todos los datos que obren en su poder y en especial, acompañe copia de carta de fecha 04 de enero de 2002, el que contestado a fojas 30 y 125, remite los antecedentes solicitados consistentes en fotocopias de carta emitida por la empresa demandada de 09 de enero de 2002, de ingreso médico y de certificados de término de tratamiento y prestaciones, que rolan de fojas 14 a 29 y de fojas 126 a 129; a Codelco Chile División Salvador y Cosapi para que informen sobre lo expuesto por la demandada en relación al accidente de autos, siendo contestado sólo el remitido a la primera institución, señalando que la empresa demandada no tiene contratos con esa División. ii) Confesional: consistente en la absolución de posiciones del representante de la demandada, Enrique Hinostroza Martínez, quien a fojas 102, en relación con el pliego de fojas 97 a 98, en síntesis, admitió que se contrató los servicios del actor, no recordando la fecha exacta, que mientras éste trabajaba sufrió un accidente el 14 de julio de 2001, que consistió en la caída, desde un poste eléctrico, pero que no le constan los hechos, que luego el actor fue llevado al Hospital de Diego de Almagro y después a la Mutual de Seguridad de Copiapó, que fue finiquitado de manera legal, el 11 de enero de 2002, negando o desconociendo los demás hechos consignados en el pliego.

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9°. Que, por su parte la demandada rindió prueba documental, confesional y testimonial: i) Instrumental: consistente en los siguientes documentos no objetados, todos agregados en el cuaderno separado de documentos: a) Certificado de alta médica definitiva, de fojas 1, también acompañado por el actor a fojas 6 del cuaderno principal, analizado en el motivo anterior. b) Certificado de término de tratamiento y prestaciones, de fojas 2 también acompañado por el demandante a fojas 7 de los autos principales. c) Contrato de trabajo, a fojas 3 y 4, celebrado entre las partes en juicio, ya acompañado por el actor a foja 1 y 2 del cuaderno principal. d) Carta de fecha once de enero de dos mil dos, de fojas 5, dirigida por la demandada a la Inspección Provincial del Trabajo, mediante la cual le comunica que de acuerdo al artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo se pone término al contrato de trabajo del actor, por vencimiento del plazo, por finalización de la “Segunda Etapa parado de postes y armado de estructuras sector El Salvador Potrerillos”. e) Recibo de admisión emitido por Correos de Chile, de fojas 6, de carta enviada por la demandada al actor con fecha once de enero de dos mil dos. f) Finiquito de fojas 7, también acompañado por el demandante a fojas 5 de los autos principales. g) Copia de boletas de honorarios, de fojas 8 y 9, emitidas por Gabriel Sergio Leonel Ortega Hidalgo y Rolando Quispe Núñez, el 3 y 30 de julio de 2001, respectivamente, por servicios en prevención de riesgos. h) Certificado de linieros, de fojas 10, emitido por Inel Limitada. i) Reglamento interno de seguridad e higiene, de fojas 11 a 19, de la empresa Ingeniería Eléctrica Limitada Inel Ltda. j) Informes de prevención, de fojas 20 a 37, elaborados por Gabriel Ortega Hidalgo, con sus respectivos anexos de las charlas impartidas los días 25 y 26 de mayo de 2001. k) Documentos relativos a procedimientos de “Seguridad en la recepción, almacenamiento, clasificación y transporte de materiales”, “seguridad sobre el almacenamiento, transporte y uso de densímetros y equipos nucleares”, “seguridad en las excavaciones realizadas en forma manual”, “seguridad en el transporte, uso y manejo de explosivos”, “seguridad en el desplazamiento de maquinaria pesada de construcción en carretera y sus cruces”, “procedimiento de medición de malla a tierra”, “¿Cómo actuar en caso de accidente de trabajo?”, “seguridad en la manipulación y acopio de postes pretensados”, “almacenamiento, clasificación y transporte de materiales”, “ingreso de personal por el portón de cañería de concentrado”, “seguridad en el montaje de crucetas”, “seguridad en el montaje de postes”, “seguridad en el relleno de excavaciones o fundaciones”, “procedimiento de relleno”, “procedimiento de montaje de postes y crucetas con camión pluma”, “seguridad en el montaje de crucetas”, todos del proyecto reemplazo línea 110 kv Diego de Almagro Potrerillos, contrato N° 00092 de fojas 38, 46, 56, 61, 72, 78, 89, 98, 113, 118, 126, 134, 141, 149, 156, 166, 174, 181, 188 y 205 del aludido cuaderno separado de documentos. ii) Que, asimismo, produjo la confesional del demandante, quien a fojas 104, en relación con el pliego de fojas 100 a 101, en síntesis, admitió que en la empresa demandada, existe una constante supervigilancia de las situaciones de riesgo, pero que las charlas son una vez a la semana, que la prevención de accidentes en la empresa ha sido asesorada por la Mutual de Seguridad, que la empresa le entregó un material de seguridad para laborar en la faena, que primero se le pasó un equipo bueno, pero después se lo cambió el supervisor, al que le hizo saber que el equipo estaba en malas condiciones, que las condiciones de trabajo eran inseguras, que nunca interpuso reclamo por incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo, que se hacían continuas inspecciones por parte de personal de Codelco Chile y que concurrió a dos o tres charlas con prevencionistas de riegos, negando o desconociendo los demás hechos consignados en el pliego. iii) Que, también rindió la testimonial consistente en la declaración de Indra Marisela de Lourdes Vergara Pineda y Antolín Guillermo Tirado Núñez y Esteban Enrique Páez Páez, los que legalmente examinados, señalan en síntesis, la primera a fojas 113 vuelta y siguientes, que efectivamente el actor sufrió un accidente durante el desempeño de sus labores, que se enteró del mismo telefónicamente, sabiendo que tuvo una fractura en un pie, siendo trasladado de urgencia al Hospital de Diego de Almagro, para

9°. Que, por su parte la demandada rindió prueba documental, confesional y testimonial: i) Instrumental: consistente en los siguientes documentos no objetados, todos agregados en el cuaderno separado de documentos: a) Certificado de alta médica definitiva, de fojas 1, también acompañado por el actor a fojas 6 del cuaderno principal, analizado en el motivo anterior. b) Certificado de término de tratamiento y prestaciones, de fojas 2 también acompañado por el demandante a fojas 7 de los autos principales. c) Contrato de trabajo, a fojas 3 y 4, celebrado entre las partes en juicio, ya acompañado por el actor a foja 1 y 2 del cuaderno principal. d) Carta de fecha once de enero de dos mil dos, de fojas 5, dirigida por la demandada a la Inspección Provincial del Trabajo, mediante la cual le comunica que de acuerdo al artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo se pone término al contrato de trabajo del actor, por vencimiento del plazo, por finalización de la “Segunda Etapa parado de postes y armado de estructuras sector El Salvador Potrerillos”. e) Recibo de admisión emitido por Correos de Chile, de fojas 6, de carta enviada por la demandada al actor con fecha once de enero de dos mil dos. f) Finiquito de fojas 7, también acompañado por el demandante a fojas 5 de los autos principales. g) Copia de boletas de honorarios, de fojas 8 y 9, emitidas por Gabriel Sergio Leonel Ortega Hidalgo y Rolando Quispe Núñez, el 3 y 30 de julio de 2001, respectivamente, por servicios en prevención de riesgos. h) Certificado de linieros, de fojas 10, emitido por Inel Limitada. i) Reglamento interno de seguridad e higiene, de fojas 11 a 19, de la empresa Ingeniería Eléctrica Limitada Inel Ltda. j) Informes de prevención, de fojas 20 a 37, elaborados por Gabriel Ortega Hidalgo, con sus respectivos anexos de las charlas impartidas los días 25 y 26 de mayo de 2001. k) Documentos relativos a procedimientos de “Seguridad en la recepción, almacenamiento, clasificación y transporte de materiales”, “seguridad sobre el almacenamiento, transporte y uso de densímetros y equipos nucleares”, “seguridad en las excavaciones realizadas en forma manual”, “seguridad en el transporte, uso y manejo de explosivos”, “seguridad en el desplazamiento de maquinaria pesada de construcción en carretera y sus cruces”, “procedimiento de medición de malla a tierra”, “¿Cómo actuar en caso de accidente de trabajo?”, “seguridad en la manipulación y acopio de postes pretensados”, “almacenamiento, clasificación y transporte de materiales”, “ingreso de personal por el portón de cañería de concentrado”, “seguridad en el montaje de crucetas”, “seguridad en el montaje de postes”, “seguridad en el relleno de excavaciones o fundaciones”, “procedimiento de relleno”, “procedimiento de montaje de postes y crucetas con camión pluma”, “seguridad en el montaje de crucetas”, todos del proyecto reemplazo línea 110 kv Diego de Almagro Potrerillos, contrato N° 00092 de fojas 38, 46, 56, 61, 72, 78, 89, 98, 113, 118, 126, 134, 141, 149, 156, 166, 174, 181, 188 y 205 del aludido cuaderno separado de documentos. ii) Que, asimismo, produjo la confesional del demandante, quien a fojas 104, en relación con el pliego de fojas 100 a 101, en síntesis, admitió que en la empresa demandada, existe una constante supervigilancia de las situaciones de riesgo, pero que las charlas son una vez a la semana, que la prevención de accidentes en la empresa ha sido asesorada por la Mutual de Seguridad, que la empresa le entregó un material de seguridad para laborar en la faena, que primero se le pasó un equipo bueno, pero después se lo cambió el supervisor, al que le hizo saber que el equipo estaba en malas condiciones, que las condiciones de trabajo eran inseguras, que nunca interpuso reclamo por incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo, que se hacían continuas inspecciones por parte de personal de Codelco Chile y que concurrió a dos o tres charlas con prevencionistas de riegos, negando o desconociendo los demás hechos consignados en el pliego. iii) Que, también rindió la testimonial consistente en la declaración de Indra Marisela de Lourdes Vergara Pineda y Antolín Guillermo Tirado Núñez y Esteban Enrique Páez Páez, los que legalmente examinados, señalan en síntesis, la primera a fojas 113 vuelta y siguientes, que efectivamente el actor sufrió un accidente durante el desempeño de sus labores, que se enteró del mismo telefónicamente, sabiendo que tuvo una fractura en un pie, siendo trasladado de urgencia al Hospital de Diego de Almagro, para ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

estabilizarlo psicológica y físicamente, para ser llevado a la Mutual de Seguridad en Copiapó, cuando ella llegó, vio al actor con dolor y llanto, preguntando por su situación al doctor, la que le dijo que era normal en ese tipo de accidentes, quedando hospitalizado, consultando permanentemente por su evolución, hasta que una vez estando en su oficina, vio que el actor, dejó la muleta que andaba trayendo, saltando en el pie supuestamente malo, diciéndole que sabía como hacerlo, para cojear y le extendieran la licencia; en cuanto al accidente, dice que el actor no puso bien el pie en la trepadera, resbalando, pero que existían todas las medidas de seguridad de protección al trabajador, lo que le consta porque vio charlas firmadas por prevencionistas de riesgos, en las que participó el actor; repreguntada señaló que sus mandantes de Codelco y Cosapi, supervisaban las obras y las medidas de seguridad, que además éstas contaban con prevencionistas de riesgos, que daban charlas, que la propia empresa Inel Limitada contaba con prevencionista de riesgos en la faena, que sabe que el actor fue dado de alta en forma definitiva; contrainterrogada, dijo que después de haber visto al actor caminando sin muletas, habló con el prevencionista de riesgo, y con su doctor tratante, que Codelco y Cosapi fueron informadas del accidente, que reconoce su firma en el documento de fojas 15, consistente en carta dirigida a la Mutual por la situación del actor, que éste fue despedido al día siguiente de su alta definitiva. Por su parte, el segundo testigo, a fojas 118 y siguientes, dice que le consta que el actor sufrió un accidente en el desempeño de sus labores, específicamente a unos cuatro kilómetros de Diego de Almagro, obra llamada reforzamiento de la línea 110.000 a Potrerillos, que consistía en parado de postes y armado de estructura para tendido eléctrico, hasta una planta de ese lugar, que el actor estaba contratado para cumplir labores de linieros que consiste en armar estructuras en altura, para ello necesita subir con equipo que se compone de un cinturón de seguridad y un par de trepaderas, más los elementos básicos de protección personal, que son guantes, lentes y zapatos de segundad, que el accidente que sufrió, ocurrió en el mes de julio, encontrándose con él en ese momento, cuando terminó de apretar la estructura por su lado, bajó del poste, para lo cual debe darse vuelta por el otro lado del poste, por la cara delgada, en que ya no caben las trepaderas, momento en que el actor resbaló por la misma, y llegando al suelo cayó con su peso en el pie que se dañó, luego dice que bajó a ver al actor, viendo que tenía el tobillo torcido, pero no sangraba, llamando a la camioneta que estaba más abajo y le dio instrucciones al chofer para que lo trajera a Diego de Almagro, mientras llamaba a las oficinas en Copiapó, para que informaran a la Mutual del accidente, agrega que las medidas de seguridad y protección estaban tomadas, el actor tenía el equipo completo, más el cinturón y las trepaderas, los utilizaba al momento del accidente, pero que al descender debe sacarlo para bajar, que los equipos y elementos de seguridad habían sido verificados por el prevencionista de riesgos de Cosapi, también en la obra existía un prevencionista de Inel Limitada, que era Gabriel Ortega, que a petición de Codelco, Cosapi les hizo un chequeo de los linieros, para saber si trepaban bien, prueba que pasó el actor, repreguntado dijo que Codelco y Cosapi, supervisaban las obras y las medidas de seguridad, que además éstas contaban con prevencionistas de riesgos, que daban charlas diarias, que fiscalizaban el equipo de seguridad cada diez días, que el día del accidente no recibió reclamos del actor, en cuanto al estado de sus equipos, que el accidente se debió a una mala maniobra, contra interrogado, señaló que conoce al actor hace once años trabajando como liniero, pero en otra empresa, anteriormente habían hecho trabajos para la misma empresa, que el actor tenía experiencia en su labor, que las trepaderas las aporta la empresa, que no le consta que se hayan abierto las trepaderas, que cuando se lleva tiempo como liniero, se pierde la costumbre de donde se colocan las trepaderas, lo que produce que se pueda resbalar y quedar mal puesta. 10°. Que, para resolver adecuadamente la cuestión controvertida es menester hacer algunas precisiones que den luz a la cuestión debatida. Sobre el particular cabe señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que el empleador es un deudor de seguridad a sus trabajadores y tal obligación de dar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

estabilizarlo psicológica y físicamente, para ser llevado a la Mutual de Seguridad en Copiapó, cuando ella llegó, vio al actor con dolor y llanto, preguntando por su situación al doctor, la que le dijo que era normal en ese tipo de accidentes, quedando hospitalizado, consultando permanentemente por su evolución, hasta que una vez estando en su oficina, vio que el actor, dejó la muleta que andaba trayendo, saltando en el pie supuestamente malo, diciéndole que sabía como hacerlo, para cojear y le extendieran la licencia; en cuanto al accidente, dice que el actor no puso bien el pie en la trepadera, resbalando, pero que existían todas las medidas de seguridad de protección al trabajador, lo que le consta porque vio charlas firmadas por prevencionistas de riesgos, en las que participó el actor; repreguntada señaló que sus mandantes de Codelco y Cosapi, supervisaban las obras y las medidas de seguridad, que además éstas contaban con prevencionistas de riesgos, que daban charlas, que la propia empresa Inel Limitada contaba con prevencionista de riesgos en la faena, que sabe que el actor fue dado de alta en forma definitiva; contrainterrogada, dijo que después de haber visto al actor caminando sin muletas, habló con el prevencionista de riesgo, y con su doctor tratante, que Codelco y Cosapi fueron informadas del accidente, que reconoce su firma en el documento de fojas 15, consistente en carta dirigida a la Mutual por la situación del actor, que éste fue despedido al día siguiente de su alta definitiva. Por su parte, el segundo testigo, a fojas 118 y siguientes, dice que le consta que el actor sufrió un accidente en el desempeño de sus labores, específicamente a unos cuatro kilómetros de Diego de Almagro, obra llamada reforzamiento de la línea 110.000 a Potrerillos, que consistía en parado de postes y armado de estructura para tendido eléctrico, hasta una planta de ese lugar, que el actor estaba contratado para cumplir labores de linieros que consiste en armar estructuras en altura, para ello necesita subir con equipo que se compone de un cinturón de seguridad y un par de trepaderas, más los elementos básicos de protección personal, que son guantes, lentes y zapatos de segundad, que el accidente que sufrió, ocurrió en el mes de julio, encontrándose con él en ese momento, cuando terminó de apretar la estructura por su lado, bajó del poste, para lo cual debe darse vuelta por el otro lado del poste, por la cara delgada, en que ya no caben las trepaderas, momento en que el actor resbaló por la misma, y llegando al suelo cayó con su peso en el pie que se dañó, luego dice que bajó a ver al actor, viendo que tenía el tobillo torcido, pero no sangraba, llamando a la camioneta que estaba más abajo y le dio instrucciones al chofer para que lo trajera a Diego de Almagro, mientras llamaba a las oficinas en Copiapó, para que informaran a la Mutual del accidente, agrega que las medidas de seguridad y protección estaban tomadas, el actor tenía el equipo completo, más el cinturón y las trepaderas, los utilizaba al momento del accidente, pero que al descender debe sacarlo para bajar, que los equipos y elementos de seguridad habían sido verificados por el prevencionista de riesgos de Cosapi, también en la obra existía un prevencionista de Inel Limitada, que era Gabriel Ortega, que a petición de Codelco, Cosapi les hizo un chequeo de los linieros, para saber si trepaban bien, prueba que pasó el actor, repreguntado dijo que Codelco y Cosapi, supervisaban las obras y las medidas de seguridad, que además éstas contaban con prevencionistas de riesgos, que daban charlas diarias, que fiscalizaban el equipo de seguridad cada diez días, que el día del accidente no recibió reclamos del actor, en cuanto al estado de sus equipos, que el accidente se debió a una mala maniobra, contra interrogado, señaló que conoce al actor hace once años trabajando como liniero, pero en otra empresa, anteriormente habían hecho trabajos para la misma empresa, que el actor tenía experiencia en su labor, que las trepaderas las aporta la empresa, que no le consta que se hayan abierto las trepaderas, que cuando se lleva tiempo como liniero, se pierde la costumbre de donde se colocan las trepaderas, lo que produce que se pueda resbalar y quedar mal puesta. 10°. Que, para resolver adecuadamente la cuestión controvertida es menester hacer algunas precisiones que den luz a la cuestión debatida. Sobre el particular cabe señalar que el precepto legal en que se apoya la acción intentada por el actor es el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores, impuesto por el legislador a los empleadores, en términos tales que el empleador es un deudor de seguridad a sus trabajadores y tal obligación de dar seguridad en el trabajo, bajo todos sus respectos, es una de las manifestaciones de aquel deber general de protección, cuyo cabal e íntegro cumplimiento es de una trascendencia superior a la de una simple obligación a que se somete una de las partes de una convención y, evidentemente, constituye un principio que se encuentra incorporado a todo contrato, siendo un elemento de la esencia de éstos y la importancia de su cumplimiento no queda entregada a la voluntad de las partes, sino que

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. 11°. Que, precisado el origen de la acción que se ha deducido la ley y el contrato de trabajo corresponde relacionarla con los efectos de las obligaciones, desde que aquella vinculación jurídica constituye una fuente de estos últimos. Dentro de las líneas rectoras generales y que, obviamente, reciben aplicación en materia laboral, aun cuando en esta sede el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra restringido como manera de proteger a una de las partes contratantes, esto es, el trabajador, se ubican la ley del contrato y la buena fe en la ejecución del mismo, entre otras y, obviamente, en este contexto, ha de concluirse que el incumplimiento de las obligaciones genera para las partes la subsecuente indemnización de perjuicios, como lógica consecuencia de la falta o mora en que ha incurrido uno de los contratantes, cuyo es el caso, y, con mayor razón, si se considera que el deber de protección encuentra su fuente inmediata en la ley laboral. 12°. Que, en esta línea argumenta, resulta que el legislador, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, ha previsto el subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la Ley N° 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, específicamente en su artículo 69, que a la letra reza, “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o, de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsable del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral, la norma no establece responsabilidad objetiva, por lo que al remitirla a las normas del derecho común, lleva a aplicar el sistema de responsabilidad subjetiva del Código Civil, sin embargo, este precepto no señala el grado de culpa de que responde el empleador”. 13°. Que, ante el silencio señalado, para tales efectos, esto es, determinar el grado de culpa, habrá de recurrirse al derecho común. Al respecto el artículo 1547 del Código Civil hace una clasificación tripartita de los contratos, según el beneficio que reportan a las partes. El deudor no es responsable sino de culpa lata en los contratos en que, por su naturaleza, sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se celebran para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima, en los casos en que el deudor es el único que reporta beneficios. Tal regla, sin embargo, admite flexibilidades que se deducen de la norma del artículo 2129 del mismo Código, según el mayor o menor interés del contratante. Ahora, la citada calificación tripartita, según el beneficio que reportan a las partes, es por cierto, extensiva al contrato de trabajo en su contenido patrimonial, esto es, en cuanto intercambio de remuneración por servicio. 14°. Que, no obstante lo señalado, resulta que en el contrato de trabajo, además del aludido contenido patrimonial, destacan básicamente el deber general de protección del empleador, a que aludíamos precedentemente, y los de lealtad y fidelidad que pesan sobre los trabajadores; en aquél se comprende el deber de seguridad, y los valores que se encuentran comprometidos en tal obligación no son de contenido patrimonial, pues importan, obviamente, la propia vida, la integridad física y psíquica y la salud del trabajador, es decir, bienes de tal naturaleza que, necesario resulta concluir, que el grado de culpa de que responde el empleador ante el incumplimiento de tal obligación es o puede asimilarse al de la levísima, establecida en el artículo 44 del Código Civil, esto es, la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (En este sentido Corte de Apelaciones de Santiago, Gaceta Jurídica N° 245, página 233 y Excma. Corte Suprema, Gaceta Jurídica N° 242, página 168). En suma, como ya se ha consignado, atento el hecho que el accidente ocurrió mientras existía una relación laboral contractual entre los actores y la demandada principal, y en momentos en que el trabajador ejecutaba labores para ésta, resulta que, para resolver la problemática de la indemnización, tanto material como moral, tenemos que, necesariamente, remitirnos a las normas de la responsabilidad contractual, y en especial al artículo 1547 del Código Civil que en su inciso tercero señala, “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega. En otras palabras, la culpa en materia contractual se presume”.

comprende una serie de pautas, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran reguladas mediante normas de orden público. 11°. Que, precisado el origen de la acción que se ha deducido la ley y el contrato de trabajo corresponde relacionarla con los efectos de las obligaciones, desde que aquella vinculación jurídica constituye una fuente de estos últimos. Dentro de las líneas rectoras generales y que, obviamente, reciben aplicación en materia laboral, aun cuando en esta sede el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra restringido como manera de proteger a una de las partes contratantes, esto es, el trabajador, se ubican la ley del contrato y la buena fe en la ejecución del mismo, entre otras y, obviamente, en este contexto, ha de concluirse que el incumplimiento de las obligaciones genera para las partes la subsecuente indemnización de perjuicios, como lógica consecuencia de la falta o mora en que ha incurrido uno de los contratantes, cuyo es el caso, y, con mayor razón, si se considera que el deber de protección encuentra su fuente inmediata en la ley laboral. 12°. Que, en esta línea argumenta, resulta que el legislador, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia de un contrato laboral, ha previsto el subsiguiente resarcimiento para el o los afectados, consagrando la acción pertinente en la Ley N° 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, específicamente en su artículo 69, que a la letra reza, “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o, de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:... b) la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsable del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral, la norma no establece responsabilidad objetiva, por lo que al remitirla a las normas del derecho común, lleva a aplicar el sistema de responsabilidad subjetiva del Código Civil, sin embargo, este precepto no señala el grado de culpa de que responde el empleador”. 13°. Que, ante el silencio señalado, para tales efectos, esto es, determinar el grado de culpa, habrá de recurrirse al derecho común. Al respecto el artículo 1547 del Código Civil hace una clasificación tripartita de los contratos, según el beneficio que reportan a las partes. El deudor no es responsable sino de culpa lata en los contratos en que, por su naturaleza, sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se celebran para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima, en los casos en que el deudor es el único que reporta beneficios. Tal regla, sin embargo, admite flexibilidades que se deducen de la norma del artículo 2129 del mismo Código, según el mayor o menor interés del contratante. Ahora, la citada calificación tripartita, según el beneficio que reportan a las partes, es por cierto, extensiva al contrato de trabajo en su contenido patrimonial, esto es, en cuanto intercambio de remuneración por servicio. 14°. Que, no obstante lo señalado, resulta que en el contrato de trabajo, además del aludido contenido patrimonial, destacan básicamente el deber general de protección del empleador, a que aludíamos precedentemente, y los de lealtad y fidelidad que pesan sobre los trabajadores; en aquél se comprende el deber de seguridad, y los valores que se encuentran comprometidos en tal obligación no son de contenido patrimonial, pues importan, obviamente, la propia vida, la integridad física y psíquica y la salud del trabajador, es decir, bienes de tal naturaleza que, necesario resulta concluir, que el grado de culpa de que responde el empleador ante el incumplimiento de tal obligación es o puede asimilarse al de la levísima, establecida en el artículo 44 del Código Civil, esto es, la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. (En este sentido Corte de Apelaciones de Santiago, Gaceta Jurídica N° 245, página 233 y Excma. Corte Suprema, Gaceta Jurídica N° 242, página 168). En suma, como ya se ha consignado, atento el hecho que el accidente ocurrió mientras existía una relación laboral contractual entre los actores y la demandada principal, y en momentos en que el trabajador ejecutaba labores para ésta, resulta que, para resolver la problemática de la indemnización, tanto material como moral, tenemos que, necesariamente, remitirnos a las normas de la responsabilidad contractual, y en especial al artículo 1547 del Código Civil que en su inciso tercero señala, “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega. En otras palabras, la culpa en materia contractual se presume”. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

15°. Que del análisis comparativo de los medios probatorios, apreciados en la forma que lo autoriza el artículo 455 del Código del Trabajo, es decir, conforme a las reglas de la sana crítica ha nacido el convencimiento en este sentenciador que, el accidente que la demandada y sus testigos reconocen se produjo mientras desempeñaba sus labores para la demandada que motivó la lesión del trabajador de autos y que sirve de fundamento a la acción resarcitoria que nos ocupa tuvo su origen, su causa, en las inadecuadas medidas de seguridad o protección que la empresa demandada tomaba en las faenas en que se desempeñaba el actor, atendida la naturaleza de las mismas, en especial en lo referente al estado y mantención de los equipos de seguridad, provocando por cierto la caída o resbalo del actor desde el poste en que estaba. Ahora bien, la forma inadecuada en que se velaba por el cumplimiento de las medidas de seguridad, fue en definitiva, la causa de la caída, por cuanto la responsabilidad en el accidente de la demandada queda establecida porque debiendo acreditar ella, conforme lo dispone el artículo 1547 inciso tercero del Código Civil, haber tomado todas las providencias y precauciones necesarias para evitar el accidente, no fue la prueba rendida en este sentido, suficiente para demostrar que los equipos de seguridad que el día del accidente fueron entregados al trabajador, se encontraban en buenas condiciones, o que el hecho se debió a una mala maniobra o a la imprudencia del actor, teniendo presente que el principio general en materia de responsabilidad es que la prueba de la debida diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, no existiendo elemento de convicción para que el tribunal pueda inferir que la demandada haya empleado el cuidado que le era legalmente exigible para impedir el accidente que sufrió el trabajador, o bien que ello fue a causa de un caso fortuito. 16°. Que, en cuanto a las alegaciones de la demandada, relativas a la improcedencia de la acción en caso de considerarse la responsabilidad extracontractual no serán analizadas, atendido el ámbito de responsabilidad que fue precisado, para el caso sub lite, en los motivos anteriores. 17°. Que, del modo que se ha venido diciendo, procede en consecuencia acoger la acción intentada por el trabajador porque la demandada no ha probado que cumplió con la obligación de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo o, en su defecto, que el accidente se debió a un caso fortuito o fuerza mayor como ha quedado dicho. 18°. Establecida, como ha quedado dicho, la responsabilidad de la demandada, procede que nos aboquemos a conocer los capítulos que comprende la acción resarcitoria intentada. En este sentido el actor demanda: a) $ 12.000.000, por no percibir ingresos desde la fecha en que empresa le despidió sin haber recuperado su capacidad de trabajo, más las sumas que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva en su caso, b) $ 74.880.000, por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento en que se acoja su jubilación, y c) $ 12.000.000, por los perjuicios morales que ha sufrido, sin indicar por cierto cómo llega a dicha suma. Ahora bien, si bien el actor, no lo dice expresamente, los dos primeros rubros corresponden al concepto de lucro cesante, que es la falta de acrecentamiento del patrimonio de una persona, en la medida que era razonable esperarlo, a causa de un hecho injusto de otra, no es en concepto de este sentenciador, la buena doctrina que la que no lleva insita la exigencia de la certidumbre del daño y, porque además, la reparación del daño no puede ir más allá de éste, ya que no es fuente de enriquecimiento ni de ganancia. Luego, si bien es cierto que el actor tenía 38 años de edad, a la época del accidente y que, no es descartable que hubiera podido continuar desempeñándose en las faenas en las que se lesionó, no lo es menos que carece esta judicatura de evidencia en orden a vincular a la parte demandada como empleadora del actor durante toda la secuela del juicio puesto que el propio trabajador firmó finiquito con fecha once de enero de dos mil dos, por la causal de término de vencimiento del plazo o hasta que no se declare su incapacidad parcial o alta definitiva cuya data aparece el 10 de enero de 2002 o hasta que el actor se acoja a jubilación, por cuanto no parece posible que la relación de dependencia que los ligaba al momento del siniestro, hubiere necesariamente de perdurar por más tiempo que la vigencia del contrato respectivo, siendo así, no se da la indispensable responsabilidad que siempre va anexa a la obligación de indemnizar. Por ello es que estima este sentenciador que, no es posible acceder a la demanda en cuanto pretende la suma de $ 12.000.000, por las sumas no percibidas por haber sido despedido sin recuperar su capacidad de trabajo, por cuanto, resulta razonable y prudente fijar como límite temporal del lucro cesante en la fecha de término del contrato que tenía el actor con su emplea-

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

15°. Que del análisis comparativo de los medios probatorios, apreciados en la forma que lo autoriza el artículo 455 del Código del Trabajo, es decir, conforme a las reglas de la sana crítica ha nacido el convencimiento en este sentenciador que, el accidente que la demandada y sus testigos reconocen se produjo mientras desempeñaba sus labores para la demandada que motivó la lesión del trabajador de autos y que sirve de fundamento a la acción resarcitoria que nos ocupa tuvo su origen, su causa, en las inadecuadas medidas de seguridad o protección que la empresa demandada tomaba en las faenas en que se desempeñaba el actor, atendida la naturaleza de las mismas, en especial en lo referente al estado y mantención de los equipos de seguridad, provocando por cierto la caída o resbalo del actor desde el poste en que estaba. Ahora bien, la forma inadecuada en que se velaba por el cumplimiento de las medidas de seguridad, fue en definitiva, la causa de la caída, por cuanto la responsabilidad en el accidente de la demandada queda establecida porque debiendo acreditar ella, conforme lo dispone el artículo 1547 inciso tercero del Código Civil, haber tomado todas las providencias y precauciones necesarias para evitar el accidente, no fue la prueba rendida en este sentido, suficiente para demostrar que los equipos de seguridad que el día del accidente fueron entregados al trabajador, se encontraban en buenas condiciones, o que el hecho se debió a una mala maniobra o a la imprudencia del actor, teniendo presente que el principio general en materia de responsabilidad es que la prueba de la debida diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, no existiendo elemento de convicción para que el tribunal pueda inferir que la demandada haya empleado el cuidado que le era legalmente exigible para impedir el accidente que sufrió el trabajador, o bien que ello fue a causa de un caso fortuito. 16°. Que, en cuanto a las alegaciones de la demandada, relativas a la improcedencia de la acción en caso de considerarse la responsabilidad extracontractual no serán analizadas, atendido el ámbito de responsabilidad que fue precisado, para el caso sub lite, en los motivos anteriores. 17°. Que, del modo que se ha venido diciendo, procede en consecuencia acoger la acción intentada por el trabajador porque la demandada no ha probado que cumplió con la obligación de seguridad que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo o, en su defecto, que el accidente se debió a un caso fortuito o fuerza mayor como ha quedado dicho. 18°. Establecida, como ha quedado dicho, la responsabilidad de la demandada, procede que nos aboquemos a conocer los capítulos que comprende la acción resarcitoria intentada. En este sentido el actor demanda: a) $ 12.000.000, por no percibir ingresos desde la fecha en que empresa le despidió sin haber recuperado su capacidad de trabajo, más las sumas que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva en su caso, b) $ 74.880.000, por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento en que se acoja su jubilación, y c) $ 12.000.000, por los perjuicios morales que ha sufrido, sin indicar por cierto cómo llega a dicha suma. Ahora bien, si bien el actor, no lo dice expresamente, los dos primeros rubros corresponden al concepto de lucro cesante, que es la falta de acrecentamiento del patrimonio de una persona, en la medida que era razonable esperarlo, a causa de un hecho injusto de otra, no es en concepto de este sentenciador, la buena doctrina que la que no lleva insita la exigencia de la certidumbre del daño y, porque además, la reparación del daño no puede ir más allá de éste, ya que no es fuente de enriquecimiento ni de ganancia. Luego, si bien es cierto que el actor tenía 38 años de edad, a la época del accidente y que, no es descartable que hubiera podido continuar desempeñándose en las faenas en las que se lesionó, no lo es menos que carece esta judicatura de evidencia en orden a vincular a la parte demandada como empleadora del actor durante toda la secuela del juicio puesto que el propio trabajador firmó finiquito con fecha once de enero de dos mil dos, por la causal de término de vencimiento del plazo o hasta que no se declare su incapacidad parcial o alta definitiva cuya data aparece el 10 de enero de 2002 o hasta que el actor se acoja a jubilación, por cuanto no parece posible que la relación de dependencia que los ligaba al momento del siniestro, hubiere necesariamente de perdurar por más tiempo que la vigencia del contrato respectivo, siendo así, no se da la indispensable responsabilidad que siempre va anexa a la obligación de indemnizar. Por ello es que estima este sentenciador que, no es posible acceder a la demanda en cuanto pretende la suma de $ 12.000.000, por las sumas no percibidas por haber sido despedido sin recuperar su capacidad de trabajo, por cuanto, resulta razonable y prudente fijar como límite temporal del lucro cesante en la fecha de término del contrato que tenía el actor con su emplea-

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dora, esto es, el 11 de enero de 2002, según finiquito de fojas 4, además de constar de este documento, que la demandada no adeuda remuneraciones u otras prestaciones que tengan su origen directo en el contrato de trabajo. Por otra parte, tampoco será posible acoger la acción, en la parte que pide se condene a la demandada al pago de la suma de $ 74.880.000, por haber disminuido su capacidad de trabajo, hasta el momento en que se acoja a jubilación, por cuanto las remuneraciones futuras del trabajador, no son más que meras expectativas para él, puesto que pudo fallecer en cualquier momento y no se garantiza que llegase a la edad de jubilación en buenas condiciones de salud o en plenitud de sus condiciones para trabajar. Finalmente, respecto del daño moral, entendido éste como el sufrimiento o afección psicológica que lesiona el espíritu, al herir sentimientos de afecto y familia, manifestándose en lógicas y notorias mortificaciones, pesadumbres y depresiones de ánimo, cabe señalar que necesariamente debe ser indemnizado, aun cuando se produzca en sede contractual, ello porque el legislador no lo excluye del artículo 1558 del Código Civil y, en el caso de autos, porque además el propio artículo 69 letra b) de la ley N° 16.744, expresamente lo hace procedente, razones por las cuales este tribunal accederá a la demanda por este capítulo y, en consecuencia, lo regulará prudencialmente en la suma de $ 3.000.000. En esta parte es útil consignar que, no obstante que el actor en su alegación hace mención a su familia, ella sin embargo no se hizo parte en estos autos como víctimas indirectas (comprendidas en la expresión “y demás personas a quienes el accidente cause daño”, del art. 69 N° 2 de la ley N° 16.744), de modo que, el daño moral fue reclamado directa y exclusivamente por la víctima directa. 19°. Las sumas que por esta sentencia se mandan pagar se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de su notificación y la del pago efectivo, con intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero reajustables a contar de la fecha de constitución en mora de la demandada. Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1545, 1546, 1547, 1551, 1556 y 1698 del Código Civil, 1° y 69 de la ley N° 16.744, y 10, 184, 420, 422, 425 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: I. Que no ha lugar a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal promovida en lo principal de fojas 34, por la demandada. II. Que no ha lugar a la tacha deducida por la demandante a fojas 114 contra la declaración de la testigo Indra Vergara Pineda. III. Que ha lugar a la demanda de lo principal de fojas 8, sólo en cuanto se condena a la demandada Ingeniería Eléctrica S.A., representada por Enrique Inostroza Martínez, a pagar al actor Luis Bonifacio Castillo Castillo, todos ya individualizados, la suma de $ 3.000.000 por daño moral. Se rechaza en lo demás la presente acción. IV. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol N° 2.515. Dictada por el señor Claudio Patricio Martínez Milet, Juez Subrogante. Autoriza doña Clara Perea Rojas, Secretaria Subrogante.

II. CORTE DE APELACIONES Copiapó, dieciocho de noviembre de dos mil cinco. VISTOS: En cuanto al recurso de casación en la forma: PRIMERO: Que en lo principal de la presentación de fojas 175, doña Sofía Mellibosky Grau, en representación de la demandada Ingeniería Eléctrica S.A., deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 145 y siguientes, por afectarle sostiene el vicio contemplado en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 del mismo Código y con el artículo 458 N° 5 del Código del Trabajo, esto es, no contener las consideraciones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al fallo. Agrega que la sentencia infringe los artículos 455, 456 y 458 números 4 y 5 del Código del Trabajo, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1689 del Código Civil.

Copiapó, dieciocho de noviembre de dos mil cinco. VISTOS: En cuanto al recurso de casación en la forma: PRIMERO: Que en lo principal de la presentación de fojas 175, doña Sofía Mellibosky Grau, en representación de la demandada Ingeniería Eléctrica S.A., deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 145 y siguientes, por afectarle sostiene el vicio contemplado en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 del mismo Código y con el artículo 458 N° 5 del Código del Trabajo, esto es, no contener las consideraciones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al fallo. Agrega que la sentencia infringe los artículos 455, 456 y 458 números 4 y 5 del Código del Trabajo, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1689 del Código Civil.

II. CORTE DE APELACIONES dora, esto es, el 11 de enero de 2002, según finiquito de fojas 4, además de constar de este documento, que la demandada no adeuda remuneraciones u otras prestaciones que tengan su origen directo en el contrato de trabajo. Por otra parte, tampoco será posible acoger la acción, en la parte que pide se condene a la demandada al pago de la suma de $ 74.880.000, por haber disminuido su capacidad de trabajo, hasta el momento en que se acoja a jubilación, por cuanto las remuneraciones futuras del trabajador, no son más que meras expectativas para él, puesto que pudo fallecer en cualquier momento y no se garantiza que llegase a la edad de jubilación en buenas condiciones de salud o en plenitud de sus condiciones para trabajar. Finalmente, respecto del daño moral, entendido éste como el sufrimiento o afección psicológica que lesiona el espíritu, al herir sentimientos de afecto y familia, manifestándose en lógicas y notorias mortificaciones, pesadumbres y depresiones de ánimo, cabe señalar que necesariamente debe ser indemnizado, aun cuando se produzca en sede contractual, ello porque el legislador no lo excluye del artículo 1558 del Código Civil y, en el caso de autos, porque además el propio artículo 69 letra b) de la ley N° 16.744, expresamente lo hace procedente, razones por las cuales este tribunal accederá a la demanda por este capítulo y, en consecuencia, lo regulará prudencialmente en la suma de $ 3.000.000. En esta parte es útil consignar que, no obstante que el actor en su alegación hace mención a su familia, ella sin embargo no se hizo parte en estos autos como víctimas indirectas (comprendidas en la expresión “y demás personas a quienes el accidente cause daño”, del art. 69 N° 2 de la ley N° 16.744), de modo que, el daño moral fue reclamado directa y exclusivamente por la víctima directa. 19°. Las sumas que por esta sentencia se mandan pagar se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de su notificación y la del pago efectivo, con intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero reajustables a contar de la fecha de constitución en mora de la demandada. Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1545, 1546, 1547, 1551, 1556 y 1698 del Código Civil, 1° y 69 de la ley N° 16.744, y 10, 184, 420, 422, 425 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: I. Que no ha lugar a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal promovida en lo principal de fojas 34, por la demandada. II. Que no ha lugar a la tacha deducida por la demandante a fojas 114 contra la declaración de la testigo Indra Vergara Pineda. III. Que ha lugar a la demanda de lo principal de fojas 8, sólo en cuanto se condena a la demandada Ingeniería Eléctrica S.A., representada por Enrique Inostroza Martínez, a pagar al actor Luis Bonifacio Castillo Castillo, todos ya individualizados, la suma de $ 3.000.000 por daño moral. Se rechaza en lo demás la presente acción. IV. Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Rol N° 2.515. Dictada por el señor Claudio Patricio Martínez Milet, Juez Subrogante. Autoriza doña Clara Perea Rojas, Secretaria Subrogante. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEGUNDO: Que la recurrente fundamenta la causal invocada en el hecho que el sentenciador no hace análisis alguno de la manera como se causaron los perjuicios ni de la relación de causalidad entre el accidente y el supuesto perjuicio causado. Añade que ello obedece a que el demandante no acreditó esas circunstancias y que siendo requisito básico de la responsabilidad contractual que el dolo o la culpa hayan sido causa directa y necesaria del daño producido, el actor debió acreditarlo, así como también debió acreditar el perjuicio sufrido y, en el evento de alegar la diligencia debida o caso fortuito, debió, asimismo, acreditarlos. Que el sentenciador al condenar a la demandada al pago de la suma de $ 3.000.000 por concepto de daño moral, sin que éste se haya acreditado en autos, sino sólo por los dichos del actor en su demanda, conlleva que la decisión que se revisa carece de las motivaciones que deben, necesariamente, sustentarla. TERCERO: Que de la simple lectura de la sentencia y del fundamento del recurso, se puede advertir que el sentenciador razonó adecuadamente en el sentido que sobre el empleador pesa el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores que le impone el legislador en el artículo 184 del Código del Trabajo, principio que se encuentra incorporado en todo contrato de trabajo. Que por su parte el artículo 1547 del Código Civil en su inciso 3° señala “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega, de lo que resulta que le correspondía al empleador acreditar que el elemento de trabajo utilizado por el trabajador para realizar la faena encomendada, se encontraba en buenas condiciones, cuestión que no probó. Así el sentenciador, del análisis comparativo de los medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica, llega al convencimiento que la caída del actor desde el poste en que se encontraba se debió a las inadecuadas medidas de seguridad o protección que la empresa demandada tomaba en las faenas en que se desempeñaba el actor, en especial, en lo referente al estado y mantención de los equipos de seguridad. En consecuencia, conteniendo la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho, como se lee, especialmente en sus considerandos 10°, 11°, 12°, 14° y 15°, la causal de nulidad que se invoca debe necesariamente ser rechazada. En cuanto a los recursos de apelación. Se reproduce la sentencia de alzada previa eliminación en el párrafo 2° de la parte expositiva la palabra “no” de la frase “... y no habían sido soldadas con soplete,...”; y a fojas 149, última línea, se reemplaza la palabra “imprudente” por “prudente”. Y teniendo, además, presente: QUINTO: Que la parte demandada ha opuesto en primer lugar la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del Tribunal, la que fundamenta en que el Tribunal Laboral no es competente para conocer de las acciones indemnizatorias que pretende el demandante por pertenecer éstas al ámbito de la responsabilidad extracontractual, por no estar regulados por el Código del Trabajo y por corresponder al Derecho Común, por remisión del artículo 69 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo. SEXTO: Que la responsabilidad contractual es la que emana de la convención o de la ley y la responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un hecho ilícito que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En ambos casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen al resarcimiento respectivo, pero, en la primera de ellas, debe necesariamente existir una vinculación entre las partes y, en la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, además, que tratándose de materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, esto es, por “una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada, no puede estimarse que la responsabilidad del empleador derive, propiamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia, y es esta legislación laboral la que establece el deber u obligación de seguridad para el empleador. SÉPTIMO: Que las partes en este juicio tenían la calidad de trabajador y empleador respectivamente, por lo que claramente existía un vínculo entre ellos, el contrato de trabajo, del que emana, entre otros, la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes y cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad contractual.

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

SEGUNDO: Que la recurrente fundamenta la causal invocada en el hecho que el sentenciador no hace análisis alguno de la manera como se causaron los perjuicios ni de la relación de causalidad entre el accidente y el supuesto perjuicio causado. Añade que ello obedece a que el demandante no acreditó esas circunstancias y que siendo requisito básico de la responsabilidad contractual que el dolo o la culpa hayan sido causa directa y necesaria del daño producido, el actor debió acreditarlo, así como también debió acreditar el perjuicio sufrido y, en el evento de alegar la diligencia debida o caso fortuito, debió, asimismo, acreditarlos. Que el sentenciador al condenar a la demandada al pago de la suma de $ 3.000.000 por concepto de daño moral, sin que éste se haya acreditado en autos, sino sólo por los dichos del actor en su demanda, conlleva que la decisión que se revisa carece de las motivaciones que deben, necesariamente, sustentarla. TERCERO: Que de la simple lectura de la sentencia y del fundamento del recurso, se puede advertir que el sentenciador razonó adecuadamente en el sentido que sobre el empleador pesa el deber general de protección de la vida y la salud de los trabajadores que le impone el legislador en el artículo 184 del Código del Trabajo, principio que se encuentra incorporado en todo contrato de trabajo. Que por su parte el artículo 1547 del Código Civil en su inciso 3° señala “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega, de lo que resulta que le correspondía al empleador acreditar que el elemento de trabajo utilizado por el trabajador para realizar la faena encomendada, se encontraba en buenas condiciones, cuestión que no probó. Así el sentenciador, del análisis comparativo de los medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica, llega al convencimiento que la caída del actor desde el poste en que se encontraba se debió a las inadecuadas medidas de seguridad o protección que la empresa demandada tomaba en las faenas en que se desempeñaba el actor, en especial, en lo referente al estado y mantención de los equipos de seguridad. En consecuencia, conteniendo la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho, como se lee, especialmente en sus considerandos 10°, 11°, 12°, 14° y 15°, la causal de nulidad que se invoca debe necesariamente ser rechazada. En cuanto a los recursos de apelación. Se reproduce la sentencia de alzada previa eliminación en el párrafo 2° de la parte expositiva la palabra “no” de la frase “... y no habían sido soldadas con soplete,...”; y a fojas 149, última línea, se reemplaza la palabra “imprudente” por “prudente”. Y teniendo, además, presente: QUINTO: Que la parte demandada ha opuesto en primer lugar la excepción dilatoria de incompetencia absoluta del Tribunal, la que fundamenta en que el Tribunal Laboral no es competente para conocer de las acciones indemnizatorias que pretende el demandante por pertenecer éstas al ámbito de la responsabilidad extracontractual, por no estar regulados por el Código del Trabajo y por corresponder al Derecho Común, por remisión del artículo 69 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo. SEXTO: Que la responsabilidad contractual es la que emana de la convención o de la ley y la responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un hecho ilícito que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En ambos casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen al resarcimiento respectivo, pero, en la primera de ellas, debe necesariamente existir una vinculación entre las partes y, en la segunda, tal nexo no se presenta. Cabe destacar, además, que tratándose de materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, esto es, por “una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada, no puede estimarse que la responsabilidad del empleador derive, propiamente, de esa convención, sino que al suscribirse un contrato de naturaleza laboral, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que rigen la materia, y es esta legislación laboral la que establece el deber u obligación de seguridad para el empleador. SÉPTIMO: Que las partes en este juicio tenían la calidad de trabajador y empleador respectivamente, por lo que claramente existía un vínculo entre ellos, el contrato de trabajo, del que emana, entre otros, la obligación que recae sobre el empleador de adoptar todas las medidas de seguridad pertinentes y cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad contractual.

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TIRO

ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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OCTAVO: Que establecida la naturaleza de la responsabilidad de que se trata, corresponde determinar la competencia de los juzgados laborales para conocer de este pleito, en la medida que se trata de dilucidar acerca de la posible incompetencia absoluta de estos tribunales. NOVENO: Que la norma del artículo 420 letra f) del Código del Trabajo dispone “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: f) los juicios en que se pretende hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 16.744”. Esta letra fue agregada al artículo 420 del citado Código, en virtud de la modificación introducida por el artículo 1° N° 3 de la ley N° 19.447 de 8 de febrero de 1996. Al respecto, el mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el cual esta ley fue enviada al Congreso Nacional, nos da luces sobre el sentido de esta modificación: “Se aclara expresamente la competencia que los juzgados laborales tienen para conocer de aquellas causas en que se persigue la responsabilidad, contractual derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales”. Al hacerlo así, se está reconociendo lo que parte importante de la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sostenido al resolver las causas que en esta materia se han sometido a su conocimiento. Esta precisión tiende a dar mayor certeza a las partes de la relación laboral acerca del ámbito de competencia de esta judicatura, garantizando así el más pleno ejercicio de los derechos que la ley consagra. DÉCIMO: En este mismo sentido se expresó el Subdirector del Trabajo en la discusión del proyecto, al señalar que éste resuelve una cuestión de competencia y dispone que la responsabilidad contractual del empleador, esto es, la que deriva del contrato de trabajo, es de competencia de los Juzgados del Trabajo, en tanto que la responsabilidad extracontractual corresponde a un juicio de lato conocimiento que es de competencia de los Juzgados Civiles, agregando que esta norma tiene por objeto dilucidar una controversia que se ha suscitado con frecuencia entre los Juzgados del Trabajo y los Juzgados Civiles respecto a cuáles son los tribunales competentes para conocer de los accidentes del trabajo. Atendido que la jurisprudencia no ha sido uniforme, la norma propone separar la responsabilidad contractual de lo que es la responsabilidad extracontractual. En primer lugar, porque en ambas la calificación del dolo y la culpa es distinta y, en segundo término, porque en una o en otra la posibilidad del daño moral es diferente. En consecuencia, hay una separación que es fundamental efectuar. La responsabilidad extracontractual debe ser de competencia de los Tribunales Civiles en un juicio de lato conocimiento. Por el contrario, la responsabilidad que deriva del contrato de trabajo, específicamente de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, en cuanto a que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, debe ser de competencia de los Juzgados del Trabajo. DECIMOPRIMERO: Asimismo, en las actas respectivas se deja constancia que preocupó a la comisión que la disposición propuesta usara la expresión “responsabilidad contractual del empleador”. Al respecto, el Honorable Senador, señor Thayer, estimó que no sería conveniente hacer una referencia expresa a la “responsabilidad contractual”, pues por el solo hecho de que se celebre un contrato de trabajo, liga al trabajador y al empleador a toda la normativa legal que ampara la seguridad en el trabajo. No son responsabilidades que emanan de lo que han contratado las partes, sino que de lo dispuesto en la ley como consecuencia de existir un contrato de trabajo. DECIMOSEGUNDO: Que, en fin, se estimó conveniente contemplar la norma propuesta suprimiendo la mención al carácter contractual de la responsabilidad del empleador y agregar que esta competencia será con exclusión de la responsabilidad extracontractual, a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 36.744, quedando el artículo con su actual redacción. DECIMOTERCERO: Que, en consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos, tendiente a hacer efectiva la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento del empleador del deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, en relación al accidente sufrido por el trabajador demandante, es de la competencia de los juzgados laborales, de manera que procede así declararlo y desechar la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal alegada por la demandada.

OCTAVO: Que establecida la naturaleza de la responsabilidad de que se trata, corresponde determinar la competencia de los juzgados laborales para conocer de este pleito, en la medida que se trata de dilucidar acerca de la posible incompetencia absoluta de estos tribunales. NOVENO: Que la norma del artículo 420 letra f) del Código del Trabajo dispone “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: f) los juicios en que se pretende hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 16.744”. Esta letra fue agregada al artículo 420 del citado Código, en virtud de la modificación introducida por el artículo 1° N° 3 de la ley N° 19.447 de 8 de febrero de 1996. Al respecto, el mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el cual esta ley fue enviada al Congreso Nacional, nos da luces sobre el sentido de esta modificación: “Se aclara expresamente la competencia que los juzgados laborales tienen para conocer de aquellas causas en que se persigue la responsabilidad, contractual derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales”. Al hacerlo así, se está reconociendo lo que parte importante de la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sostenido al resolver las causas que en esta materia se han sometido a su conocimiento. Esta precisión tiende a dar mayor certeza a las partes de la relación laboral acerca del ámbito de competencia de esta judicatura, garantizando así el más pleno ejercicio de los derechos que la ley consagra. DÉCIMO: En este mismo sentido se expresó el Subdirector del Trabajo en la discusión del proyecto, al señalar que éste resuelve una cuestión de competencia y dispone que la responsabilidad contractual del empleador, esto es, la que deriva del contrato de trabajo, es de competencia de los Juzgados del Trabajo, en tanto que la responsabilidad extracontractual corresponde a un juicio de lato conocimiento que es de competencia de los Juzgados Civiles, agregando que esta norma tiene por objeto dilucidar una controversia que se ha suscitado con frecuencia entre los Juzgados del Trabajo y los Juzgados Civiles respecto a cuáles son los tribunales competentes para conocer de los accidentes del trabajo. Atendido que la jurisprudencia no ha sido uniforme, la norma propone separar la responsabilidad contractual de lo que es la responsabilidad extracontractual. En primer lugar, porque en ambas la calificación del dolo y la culpa es distinta y, en segundo término, porque en una o en otra la posibilidad del daño moral es diferente. En consecuencia, hay una separación que es fundamental efectuar. La responsabilidad extracontractual debe ser de competencia de los Tribunales Civiles en un juicio de lato conocimiento. Por el contrario, la responsabilidad que deriva del contrato de trabajo, específicamente de lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, en cuanto a que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, debe ser de competencia de los Juzgados del Trabajo. DECIMOPRIMERO: Asimismo, en las actas respectivas se deja constancia que preocupó a la comisión que la disposición propuesta usara la expresión “responsabilidad contractual del empleador”. Al respecto, el Honorable Senador, señor Thayer, estimó que no sería conveniente hacer una referencia expresa a la “responsabilidad contractual”, pues por el solo hecho de que se celebre un contrato de trabajo, liga al trabajador y al empleador a toda la normativa legal que ampara la seguridad en el trabajo. No son responsabilidades que emanan de lo que han contratado las partes, sino que de lo dispuesto en la ley como consecuencia de existir un contrato de trabajo. DECIMOSEGUNDO: Que, en fin, se estimó conveniente contemplar la norma propuesta suprimiendo la mención al carácter contractual de la responsabilidad del empleador y agregar que esta competencia será con exclusión de la responsabilidad extracontractual, a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 36.744, quedando el artículo con su actual redacción. DECIMOTERCERO: Que, en consecuencia, ha de estimarse que la acción deducida en estos autos, tendiente a hacer efectiva la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento del empleador del deber de seguridad establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, en relación al accidente sufrido por el trabajador demandante, es de la competencia de los juzgados laborales, de manera que procede así declararlo y desechar la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal alegada por la demandada. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en la forma deducido por el demandado a fojas 221, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó el recurso de casación en

DECIMOCUARTO: Que en cuanto a las alegaciones de fondo de las partes, de los antecedentes agregados al proceso, aparece que la lesión sufrida por el actor se produjo en el cumplimiento de sus funciones laborales, consistentes en el parado de postes de hormigón y armado de estructura, sin que su empleador hubiere tomado todas las medidas necesarias de seguridad y protección en las faenas, especialmente en lo referido al estado y mantención de los equipos de seguridad, infringiendo el artículo 184 del Código del Trabajo, quedando por ello obligado a indemnizar los daños causados con dicha omisión. DECIMOQUINTO: Que la entidad de las lesiones sufridas por el trabajador se encuentran acreditadas en autos. Decimosexto: Que el actor demanda las siguientes prestaciones: a) $ 12.000.000 por no percibir ingresos desde la fecha que la empresa lo despidió, más las que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva, en su caso. b) $ 74.880.000 por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento que se acoja su jubilación. c) $ 12.000.000 por los perjuicios morales que ha sufrido. DECIMOSÉPTIMO: Que, para que el lucro cesante sea indemnizable, debe tratarse de la privación de una ganancia cierta y no de la posibilidad de su obtención en el largo plazo como se plantea en autos, toda vez que los contratos de trabajo y sus condiciones futuras se encuentran sujetos a diferentes contingencias que no pueden deducirse sólo con los antecedentes agregados al proceso, más aún tratándose, en la especie, de un contrato de trabajo para faena determinada, la que concluyó antes que al trabajador se le diera el alta definitiva. Por último, no se ha demostrado que se haya producido efectivamente una disminución de la capacidad de trabajo. DECIMOCTAVO: Que la lesión sufrida por el demandante, le ha producido un daño no solamente en su patrimonio sino en aquellos atributos que les son propios en su calidad de hombre, ser individual dotado de derechos inherentes a su condición de tal, entre los que es de la mayor importancia el que se tiene a la integridad física y psíquica, de esta forma cualquier daño, pérdida o menoscabo al cuerpo de un ser humano merece tanto más protección que el que se brinda al conjunto de sus bienes patrimoniales. DECIMONOVENO: Que, en estas condiciones nos encontramos con que las lesiones producidas en el accidente, constituyen un daño a su integridad física y psíquica, a sus bienes no patrimoniales, que debe ser indemnizado, en forma proporcional al sufrimiento y dolores que las heridas le causaron, estimándose que dada la magnitud de éstas, la cantidad determinada por el sentenciador de primer grado, aparece como justa y equitativa. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463, 465 y 473 del Código del Trabajo, 781 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por la demandada en lo principal de la presentación de fojas 175, en contra de la sentencia de veintiséis de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 145 y siguientes. Se confirma la sentencia apelada de veintiséis de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 145 y siguientes. Regístrese y devuélvase con su agregada. Redacción de la Abogada Integrante señora María Soledad Moreno Prohens. Rol N° 83-2005. Pronunciada por la Ministro Titular señora Luisa López Troncoso, la Fiscal Judicial señora Cecilia Marcó Hope y la Abogada Integrante señora María Soledad Moreno Prohens. Autoriza la Secretaria Subrogante doña Margarita García Correa.

III. CORTE SUPREMA

III. CORTE SUPREMA

DECIMOCUARTO: Que en cuanto a las alegaciones de fondo de las partes, de los antecedentes agregados al proceso, aparece que la lesión sufrida por el actor se produjo en el cumplimiento de sus funciones laborales, consistentes en el parado de postes de hormigón y armado de estructura, sin que su empleador hubiere tomado todas las medidas necesarias de seguridad y protección en las faenas, especialmente en lo referido al estado y mantención de los equipos de seguridad, infringiendo el artículo 184 del Código del Trabajo, quedando por ello obligado a indemnizar los daños causados con dicha omisión. DECIMOQUINTO: Que la entidad de las lesiones sufridas por el trabajador se encuentran acreditadas en autos. Decimosexto: Que el actor demanda las siguientes prestaciones: a) $ 12.000.000 por no percibir ingresos desde la fecha que la empresa lo despidió, más las que se devenguen durante la secuela del juicio y hasta que se declare su incapacidad parcial o su alta definitiva, en su caso. b) $ 74.880.000 por el hecho de haber disminuido su capacidad de trabajo y hasta el momento que se acoja su jubilación. c) $ 12.000.000 por los perjuicios morales que ha sufrido. DECIMOSÉPTIMO: Que, para que el lucro cesante sea indemnizable, debe tratarse de la privación de una ganancia cierta y no de la posibilidad de su obtención en el largo plazo como se plantea en autos, toda vez que los contratos de trabajo y sus condiciones futuras se encuentran sujetos a diferentes contingencias que no pueden deducirse sólo con los antecedentes agregados al proceso, más aún tratándose, en la especie, de un contrato de trabajo para faena determinada, la que concluyó antes que al trabajador se le diera el alta definitiva. Por último, no se ha demostrado que se haya producido efectivamente una disminución de la capacidad de trabajo. DECIMOCTAVO: Que la lesión sufrida por el demandante, le ha producido un daño no solamente en su patrimonio sino en aquellos atributos que les son propios en su calidad de hombre, ser individual dotado de derechos inherentes a su condición de tal, entre los que es de la mayor importancia el que se tiene a la integridad física y psíquica, de esta forma cualquier daño, pérdida o menoscabo al cuerpo de un ser humano merece tanto más protección que el que se brinda al conjunto de sus bienes patrimoniales. DECIMONOVENO: Que, en estas condiciones nos encontramos con que las lesiones producidas en el accidente, constituyen un daño a su integridad física y psíquica, a sus bienes no patrimoniales, que debe ser indemnizado, en forma proporcional al sufrimiento y dolores que las heridas le causaron, estimándose que dada la magnitud de éstas, la cantidad determinada por el sentenciador de primer grado, aparece como justa y equitativa. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463, 465 y 473 del Código del Trabajo, 781 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por la demandada en lo principal de la presentación de fojas 175, en contra de la sentencia de veintiséis de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 145 y siguientes. Se confirma la sentencia apelada de veintiséis de julio de dos mil cinco, escrita a fojas 145 y siguientes. Regístrese y devuélvase con su agregada. Redacción de la Abogada Integrante señora María Soledad Moreno Prohens. Rol N° 83-2005. Pronunciada por la Ministro Titular señora Luisa López Troncoso, la Fiscal Judicial señora Cecilia Marcó Hope y la Abogada Integrante señora María Soledad Moreno Prohens. Autoriza la Secretaria Subrogante doña Margarita García Correa.

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil seis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en la forma deducido por el demandado a fojas 221, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó el recurso de casación en

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la forma y confirmó la sentencia que, a su vez, dictó el tribunal a quo, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo. SEGUNDO: Que el demandante impugna la sentencia dictada el dieciocho de noviembre del año pasado, de fojas 208 a fojas 213, alegando la causal de impugnación del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil y 458 N° 5 del Código del Trabajo, sobre la base de decir que se han infringido los artículos 455, 456 y 458 N°s. 4 y 5 del Código del Trabajo, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil, sosteniendo que la sentencia no contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo. Se alega que el requisito básico de la responsabilidad contractual es que el dolo o culpa hayan sido causa directa y necesaria del daño producido, de manera que si no es posible establecer que el resultado lesivo ha sido producto de la violación o deber de cuidado, no es posible acoger la demanda. La infracción se ha producido al dar lugar a la demanda por daño moral de $ 3.000.000 por perjuicios que no se encuentran acreditados y el sentenciador no señala la manera cómo se produjeron. No hay prueba que lo demuestre y el daño no se presume, salvo en el caso de la cláusula penal y en las obligaciones de dinero. No existe prueba documental ni testimonial en que siquiera se insinúe este daño moral y no hay normas especiales acerca de su prueba. Agrega que no se analizó la relación causal entre el hecho y el supuesto daño ni los perjuicios que de ella deriven en la medida que forman parte de la esencia de la responsabilidad contractual. No se dice que la lesión sufrida por el demandante traiga como consecuencia, por sí sola, un daño moral, y afirma que la sentencia de primera instancia sólo analiza la existencia de una relación contractual y lo demás lo da por hecho. TERCERO: Que el recurso de nulidad formal deberá declarase inadmisible, puesto que los hechos en que funda el vicio que alega, no constituyen la causal invocada. En efecto, de la lectura de la sentencia atacada se puede constatar que ésta contiene los fundamentos de hecho y de derecho que el recurrente echa de menos, y que las conclusiones a la que los Jueces arriban sean... Rol N° 141-2006. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V. y los Abogados Integrantes señores Ricardo Peralta V. y Patricio Valdés A. Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señora Carola Herrera Brummer.

la forma y confirmó la sentencia que, a su vez, dictó el tribunal a quo, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo. SEGUNDO: Que el demandante impugna la sentencia dictada el dieciocho de noviembre del año pasado, de fojas 208 a fojas 213, alegando la causal de impugnación del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil y 458 N° 5 del Código del Trabajo, sobre la base de decir que se han infringido los artículos 455, 456 y 458 N°s. 4 y 5 del Código del Trabajo, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil, sosteniendo que la sentencia no contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo. Se alega que el requisito básico de la responsabilidad contractual es que el dolo o culpa hayan sido causa directa y necesaria del daño producido, de manera que si no es posible establecer que el resultado lesivo ha sido producto de la violación o deber de cuidado, no es posible acoger la demanda. La infracción se ha producido al dar lugar a la demanda por daño moral de $ 3.000.000 por perjuicios que no se encuentran acreditados y el sentenciador no señala la manera cómo se produjeron. No hay prueba que lo demuestre y el daño no se presume, salvo en el caso de la cláusula penal y en las obligaciones de dinero. No existe prueba documental ni testimonial en que siquiera se insinúe este daño moral y no hay normas especiales acerca de su prueba. Agrega que no se analizó la relación causal entre el hecho y el supuesto daño ni los perjuicios que de ella deriven en la medida que forman parte de la esencia de la responsabilidad contractual. No se dice que la lesión sufrida por el demandante traiga como consecuencia, por sí sola, un daño moral, y afirma que la sentencia de primera instancia sólo analiza la existencia de una relación contractual y lo demás lo da por hecho. TERCERO: Que el recurso de nulidad formal deberá declarase inadmisible, puesto que los hechos en que funda el vicio que alega, no constituyen la causal invocada. En efecto, de la lectura de la sentencia atacada se puede constatar que ésta contiene los fundamentos de hecho y de derecho que el recurrente echa de menos, y que las conclusiones a la que los Jueces arriban sean... Rol N° 141-2006. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V. y los Abogados Integrantes señores Ricardo Peralta V. y Patricio Valdés A. Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señora Carola Herrera Brummer. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Talca, quince de abril de dos mil tres. VISTOS: Que don Ramón Ernesto González González, obrero, domiciliado en Fundo Pangue, Pelarco, interpone demanda laboral de indemnización por accidente de trabajo en contra de su ex empleador Carlos Pozo Gesswein, ingeniero agrónomo, domiciliado en 1 Norte 801, oficina 502, Talca, señalando que el 10 de diciembre de 2001 fue contratado por la demandante para desempeñar labores de abonadura de maíz, en el Fundo Pangue, con una remuneración diaria de $ 4.000, que el 12 de diciembre del mismo año, por instrucciones de su empleador procedió a la descarga de un coloso y cuando realizaba la labor éste se desplazo hacia donde estaba, quedando aprisionado entre el coloso y el tractor, a raíz del accidente resultó con lesiones graves, quedando imposibilitado de concurrir a su trabajo, siendo despedido el 13 de marzo de 2002, solicitando que en definitiva se le condene a su ex empleador a pagarle: $ 724.000 a título de indemnización por lucro cesante y $ 2.000.000 a título de indemnización por daño moral, haciendo un total de $ 2.724.000 más los intereses y reajustes, con expresa condenación en costas. A fojas 13, don Carlos Pozo Gesswein, contesta la demanda y solicita el rechazo absoluto, debido a que la causa única y directa del accidente se debió a la conducta imprudente y temeraria del actor, con expresa condenación en costas. A fojas 24 vuelta, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta de autos. A fojas 53 vuelta, se citó a las partes a oír sentencia. Considerando: En cuanto a la excepción. PRIMERO: Que la parte demandada, en lo principal de su escrito de fojas 13, opone la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal, la que funda en que el procedimiento empleado por el demandante es legalmente improcedente, por tratarse de una responsabilidad extracontractual, contemplada en el número 6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 1 del citado artículo, señalando que el juicio ordinario laboral no es aplicable en la especie, puesto que los hechos materia de la demanda de autos son materia de un juicio ordinario civil y, por ende, deben ser conocidos por el Juez de Letras en lo Civil que corresponda. Solicitando, que sea acogida la excepción dilatoria de ineptitud del procedimiento y que en su oportunidad se declare que el procedimiento debe corregirse para ser tramitado en el procedimiento que legalmente corresponda, ante el Tribunal competente, con costas. SEGUNDO: Que la parte demandante evacuando el traslado conferido, solicita el rechazo de la excepción en todas sus partes, en razón de que la demanda interpuesta persigue la responsabilidad contractual del demandado y no la extracontractual. TERCERO: Que en efecto, del mérito de los antecedentes y en especial del documento que rola a fojas 3, se desprende que las partes se encuentran ligadas por vínculo contractual, desde el 10 de diciembre del año 2001, por ende, la responsabilidad invocada es contractual y no extracontractual como lo indica el incidentista, en consecuencia, deberá rechazarse la excepción opuesta. En cuanto al fondo: CUARTO: Que don Ramón Ernesto González González, ya individualizado, interpone demanda ordinaria laboral en contra de su ex empleador don Carlos Pozo Gesswein, solicitando la indemnización por accidente de trabajo y se condene al demandado al pago de las prestaciones que indica, por los conceptos que señala: que ingresó a trabajar el 10 de diciembre de 2001, para desempeñarse en labores de abonadura de maíz en el Fundo Pangue de propiedad del demandado pactando una remuneración al día de $ 4.000, que el día 12 de diciembre de 2001 su empleador le instruyó que procediera a la descarga de un coloso de su propiedad y mientras realizaba dicha labor, el coloso se desplazó hacia

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I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 4560-2003 Cita online: CL/JUR/3739/2010

ANTECEDENTES DEL FALLO Rol N°: 4560-2003 Cita online: CL/JUR/3739/2010

I. SENTENCIA DE PRIMER GRADO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Talca, quince de abril de dos mil tres. VISTOS: Que don Ramón Ernesto González González, obrero, domiciliado en Fundo Pangue, Pelarco, interpone demanda laboral de indemnización por accidente de trabajo en contra de su ex empleador Carlos Pozo Gesswein, ingeniero agrónomo, domiciliado en 1 Norte 801, oficina 502, Talca, señalando que el 10 de diciembre de 2001 fue contratado por la demandante para desempeñar labores de abonadura de maíz, en el Fundo Pangue, con una remuneración diaria de $ 4.000, que el 12 de diciembre del mismo año, por instrucciones de su empleador procedió a la descarga de un coloso y cuando realizaba la labor éste se desplazo hacia donde estaba, quedando aprisionado entre el coloso y el tractor, a raíz del accidente resultó con lesiones graves, quedando imposibilitado de concurrir a su trabajo, siendo despedido el 13 de marzo de 2002, solicitando que en definitiva se le condene a su ex empleador a pagarle: $ 724.000 a título de indemnización por lucro cesante y $ 2.000.000 a título de indemnización por daño moral, haciendo un total de $ 2.724.000 más los intereses y reajustes, con expresa condenación en costas. A fojas 13, don Carlos Pozo Gesswein, contesta la demanda y solicita el rechazo absoluto, debido a que la causa única y directa del accidente se debió a la conducta imprudente y temeraria del actor, con expresa condenación en costas. A fojas 24 vuelta, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta de autos. A fojas 53 vuelta, se citó a las partes a oír sentencia. Considerando: En cuanto a la excepción. PRIMERO: Que la parte demandada, en lo principal de su escrito de fojas 13, opone la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal, la que funda en que el procedimiento empleado por el demandante es legalmente improcedente, por tratarse de una responsabilidad extracontractual, contemplada en el número 6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el número 1 del citado artículo, señalando que el juicio ordinario laboral no es aplicable en la especie, puesto que los hechos materia de la demanda de autos son materia de un juicio ordinario civil y, por ende, deben ser conocidos por el Juez de Letras en lo Civil que corresponda. Solicitando, que sea acogida la excepción dilatoria de ineptitud del procedimiento y que en su oportunidad se declare que el procedimiento debe corregirse para ser tramitado en el procedimiento que legalmente corresponda, ante el Tribunal competente, con costas. SEGUNDO: Que la parte demandante evacuando el traslado conferido, solicita el rechazo de la excepción en todas sus partes, en razón de que la demanda interpuesta persigue la responsabilidad contractual del demandado y no la extracontractual. TERCERO: Que en efecto, del mérito de los antecedentes y en especial del documento que rola a fojas 3, se desprende que las partes se encuentran ligadas por vínculo contractual, desde el 10 de diciembre del año 2001, por ende, la responsabilidad invocada es contractual y no extracontractual como lo indica el incidentista, en consecuencia, deberá rechazarse la excepción opuesta. En cuanto al fondo: CUARTO: Que don Ramón Ernesto González González, ya individualizado, interpone demanda ordinaria laboral en contra de su ex empleador don Carlos Pozo Gesswein, solicitando la indemnización por accidente de trabajo y se condene al demandado al pago de las prestaciones que indica, por los conceptos que señala: que ingresó a trabajar el 10 de diciembre de 2001, para desempeñarse en labores de abonadura de maíz en el Fundo Pangue de propiedad del demandado pactando una remuneración al día de $ 4.000, que el día 12 de diciembre de 2001 su empleador le instruyó que procediera a la descarga de un coloso de su propiedad y mientras realizaba dicha labor, el coloso se desplazó hacia

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ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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donde se encontraba aprisionándolo entre el coloso y el tractor fijado a él, que debido a este accidente, resultó con lesiones graves en su parrilla costal, específicamente fracturas costales múltiples, por lo cual no pudo concurrir a sus labores de trabajo, durante un período de tiempo que abarcó desde la fecha del accidente hasta el 13 de marzo de 2002, fecha en la que concurrió a sus labores habituales y el empleador le indicó que estaba despedido. Debido a su ignorancia no realizó las gestiones para reclamar su despido, el cual se produjo el 13 de marzo de 2002, que debido al accidente sufrido se encontró incapacitado para desarrollar tarea alguna, significándole esto que no pudiera encontrar ningún tipo de trabajo, sufriendo diversos daños y perjuicios que solicita se le indemnicen según lo dispuesto en el artículo 184 inciso primero del Código del Trabajo y artículo 69 de la ley 16.744. En conformidad a lo expresado pide se cumpla con la obligación comprendida en el contrato de trabajo de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad física y mental de sus trabajadores en el desempeño de sus funciones. En consecuencia, corresponde al demandado el pago de las siguientes cantidades: $ 724.000 a título de indemnización por lucro cesante, cifra que resulta de multiplicar el sueldo diario de $ 4.000 por los 181 días que ha estado cesante a contar del 13 de marzo de 2002 hasta la presentación de la demanda, $ 2.000.000 a título de indemnización por daño moral, cifra que se origina a consecuencia del quiebre anímico y espiritual que le produjo el accidente, dichas sumas deberán ser canceladas con los intereses, reajustes respectivos y con expresa condenación en costas. QUINTO: Que la parte demandada contestando la demanda, solicita el rechazo de ésta por improcedente, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que señala. En efecto, el actor sufrió un accidente el día 11 de diciembre de 2001, durante su jornada de trabajo, sin embargo la ocurrencia del accidente se debió exclusivamente a la conducta imprudente y temeraria del actor, que en efecto, éste fue contratado el 10 de diciembre de 2001 como abonador, faena que debía cumplir en el Fundo Pangue, que la tarea de abonador carece de riesgo pues se desarrolla en pleno potrero y el accidente se produjo en el potrero en que se desarrollaba la faena de abonar los sembradíos allí existentes, en el lugar se encontraba un tractor y coloso de propiedad del demandado, debido a que el tractorista debía desarrollar funciones en otro predio debía desconectarse este coloso cargado de abonos. Dicha desconexión, fue sin mediar orden directa del demandado pues en esa oportunidad se encontraba en Talca, fue el demandante quien en forma imprudente sacó la lanza que une el coloso con el tractor, sin percatarse que el terreno estaba desnivelado, razón por la cual al ser desconectado del tractor se desplazó hacia adelante causando el accidente de marras, por lo que la ocurrencia de este accidente obedece en forma exclusiva a la inexcusable imprudencia de quien desarrolla esa labor, que en sí no representa riesgo alguno, siendo el trabajador quien se expuso más allá de lo razonable y prudente a que el coloso lo golpeara. Por lo expuesto solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas. SEXTO: Que se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho controvertido: Efectividad que el accidente acaecido el 11 de diciembre de 2001, se debió a culpa, omisión o negligencia de la demandada. Hechos que constituyen dicha culpa omisión o negligencia. SÉPTIMO: Que para acreditar los fundamentos de su acción el actor rindió prueba documental, consistente en certificado de 21 de febrero de 2002 del Hospital Regional de Talca, firmado por el jefe (S) S.O.M.E., consignando que Ramón Ernesto González González permaneció hospitalizado en el Servicio de Cirugía, desde el 12 de diciembre de 2001 al 19 de diciembre del mismo año, con politraumatismo, contusión tóraco abdominal complicada, fracturas costales derecha, hemotórax derecho y operación: pleurotomía mínima; Declaración Individual de Accidente del Trabajo, firmada por Carlos Pozo G. en la que se indica que Ramón E. González González, trabajador dependiente del Fundo Pangue, sufrió un accidente el día 12 de diciembre de 2001 y contrato de trabajo para faena determinada, de 10 de diciembre de 2001, entre el demandado propietario del Fundo Pangue Arriba y el actor, quien fue contratado para las labores de abonadura de maíz, con una remuneración diaria de $ 4.000 y que el contrato de trabajo termina conjuntamente con las labores que le dieron origen, para lo cual el trabajador se da por notificado para el desahucio. OCTAVO: Que, también el actor rindió confesional citando a absolver posiciones al demandado Carlos Pozo Gesswein, que rola al tenor del pliego de fojas 37 de autos, expresando que el accidente no se debió a su culpa, además que el no estaba presente y que el accidente era totalmente evitable, que el demandante estaba contratado para hacer trabajos como abonadora y no tenía por qué desenganchar

donde se encontraba aprisionándolo entre el coloso y el tractor fijado a él, que debido a este accidente, resultó con lesiones graves en su parrilla costal, específicamente fracturas costales múltiples, por lo cual no pudo concurrir a sus labores de trabajo, durante un período de tiempo que abarcó desde la fecha del accidente hasta el 13 de marzo de 2002, fecha en la que concurrió a sus labores habituales y el empleador le indicó que estaba despedido. Debido a su ignorancia no realizó las gestiones para reclamar su despido, el cual se produjo el 13 de marzo de 2002, que debido al accidente sufrido se encontró incapacitado para desarrollar tarea alguna, significándole esto que no pudiera encontrar ningún tipo de trabajo, sufriendo diversos daños y perjuicios que solicita se le indemnicen según lo dispuesto en el artículo 184 inciso primero del Código del Trabajo y artículo 69 de la ley 16.744. En conformidad a lo expresado pide se cumpla con la obligación comprendida en el contrato de trabajo de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad física y mental de sus trabajadores en el desempeño de sus funciones. En consecuencia, corresponde al demandado el pago de las siguientes cantidades: $ 724.000 a título de indemnización por lucro cesante, cifra que resulta de multiplicar el sueldo diario de $ 4.000 por los 181 días que ha estado cesante a contar del 13 de marzo de 2002 hasta la presentación de la demanda, $ 2.000.000 a título de indemnización por daño moral, cifra que se origina a consecuencia del quiebre anímico y espiritual que le produjo el accidente, dichas sumas deberán ser canceladas con los intereses, reajustes respectivos y con expresa condenación en costas. QUINTO: Que la parte demandada contestando la demanda, solicita el rechazo de ésta por improcedente, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que señala. En efecto, el actor sufrió un accidente el día 11 de diciembre de 2001, durante su jornada de trabajo, sin embargo la ocurrencia del accidente se debió exclusivamente a la conducta imprudente y temeraria del actor, que en efecto, éste fue contratado el 10 de diciembre de 2001 como abonador, faena que debía cumplir en el Fundo Pangue, que la tarea de abonador carece de riesgo pues se desarrolla en pleno potrero y el accidente se produjo en el potrero en que se desarrollaba la faena de abonar los sembradíos allí existentes, en el lugar se encontraba un tractor y coloso de propiedad del demandado, debido a que el tractorista debía desarrollar funciones en otro predio debía desconectarse este coloso cargado de abonos. Dicha desconexión, fue sin mediar orden directa del demandado pues en esa oportunidad se encontraba en Talca, fue el demandante quien en forma imprudente sacó la lanza que une el coloso con el tractor, sin percatarse que el terreno estaba desnivelado, razón por la cual al ser desconectado del tractor se desplazó hacia adelante causando el accidente de marras, por lo que la ocurrencia de este accidente obedece en forma exclusiva a la inexcusable imprudencia de quien desarrolla esa labor, que en sí no representa riesgo alguno, siendo el trabajador quien se expuso más allá de lo razonable y prudente a que el coloso lo golpeara. Por lo expuesto solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas. SEXTO: Que se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho controvertido: Efectividad que el accidente acaecido el 11 de diciembre de 2001, se debió a culpa, omisión o negligencia de la demandada. Hechos que constituyen dicha culpa omisión o negligencia. SÉPTIMO: Que para acreditar los fundamentos de su acción el actor rindió prueba documental, consistente en certificado de 21 de febrero de 2002 del Hospital Regional de Talca, firmado por el jefe (S) S.O.M.E., consignando que Ramón Ernesto González González permaneció hospitalizado en el Servicio de Cirugía, desde el 12 de diciembre de 2001 al 19 de diciembre del mismo año, con politraumatismo, contusión tóraco abdominal complicada, fracturas costales derecha, hemotórax derecho y operación: pleurotomía mínima; Declaración Individual de Accidente del Trabajo, firmada por Carlos Pozo G. en la que se indica que Ramón E. González González, trabajador dependiente del Fundo Pangue, sufrió un accidente el día 12 de diciembre de 2001 y contrato de trabajo para faena determinada, de 10 de diciembre de 2001, entre el demandado propietario del Fundo Pangue Arriba y el actor, quien fue contratado para las labores de abonadura de maíz, con una remuneración diaria de $ 4.000 y que el contrato de trabajo termina conjuntamente con las labores que le dieron origen, para lo cual el trabajador se da por notificado para el desahucio. OCTAVO: Que, también el actor rindió confesional citando a absolver posiciones al demandado Carlos Pozo Gesswein, que rola al tenor del pliego de fojas 37 de autos, expresando que el accidente no se debió a su culpa, además que el no estaba presente y que el accidente era totalmente evitable, que el demandante estaba contratado para hacer trabajos como abonadora y no tenía por qué desenganchar ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Talca, quince de septiembre de dos mil tres. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su motivo décimo que se elimina. Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS TAMBIÉN PRESENTE: PRIMERO: Que, en la especie, aun cuando la redacción de la demanda adolece de falta de rigurosidad jurídica, lo que se pretende es que el tribunal declare la responsabilidad contractual del demandado en el accidente de trabajo sufrido por el actor, y condene a Carlos Pozo Gesswein al pago de una indemnización de perjuicios que cubra tanto el lucro cesante como el daño moral sosteniendo que la responsabilidad del demandado emana de la infracción al artículo 184 del Código del Trabajo. SEGUNDO: Que en todo contrato de trabajo se distinguen tres contenidos: el jurídico instrumental, el patrimonial y el ético jurídico, siendo dentro de este último donde se ubica la protección que debe todo empleador a sus trabajadores, lo que tiene sustento legal en el artículo 184 del Código del Trabajo al señalar en forma imperativa: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. En la causa el actor reclama que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerle, del momento que no controló la descarga de abonos ni le otorgó elementos de protección para dicha labor, ni los elementos necesarios para prevenir el accidente que sufrió al desenganchar el coloso. TERCERO: Que en autos se encuentra acreditado, además, por la confesión extrajudicial del propio demandado contenida en la declaración individual de accidente del trabajo, que se lee a fojas 2 que las circunstancias del accidente fueron: “Desenganchando un coloso cargado con abonos, del tractor, soltó

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II. CORTE DE APELACIONES

el coloso labor que correspondía al operario del tractor, que la descarga de éste debía ser realizada por el tractorista y no por el abonador, cuando el carro está detenido. NOVENO: Que el demandante, asimismo rindió prueba testimonial con los dichos de don Bernardo Antonio Tapia Astete, quién expresa que vio al actor que no tenía ningún medio de protección, que no sabe quién le dio la orden para desenganchar el coloso, pero pudo ser el patrón o el encargado quien le dio la orden, que no conoce al empleador del accidentado, que Ramón fue llevado en ambulancia al hospital, ya que el coloso como estaba desenganchado se fue hacia delante y empujó a Ramón, que ahí apoyó el brazo hidráulico en el pecho, fue sacado por el tractorista y ahí Ramón cayó; y los dichos de don Patricio Osvaldo García Vilches, quien asevera, que vio el accidente como a las 9,30 de la mañana, que el coloso estaba en desnivel y apretó a Ramón contra el tractor quien no portaba ningún medio de protección o de seguridad para evitar el accidente, que la orden de desenganchar el coloso seguramente la dio el jefe; que no conoce al empleador y éste no estaba en el lugar del accidente. DÉCIMO: Que del análisis de las probanzas rendidas precedentemente, ponderadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditado que el demandante, fue contratado por la demandada a partir del 10 de diciembre de 2001, como abonador, incluso el contrato de trabajo acompañado por el actor, “contrato de trabajo para faenas determinadas”, pero no logró acreditar con la prueba rendida en autos en forma alguna que haya tenido la obligación de desempeñar otras labores o de tractorista o desempeñar un trabajo distinto para el cual fue contratado o que el demandado lo hubiere autorizado para manipular el tractor en cuyo caso, el empleador habría tenido consecuencialmente que proporcionarle la implementación de seguridad que se requiere, medios de seguridad que no eran necesarios para realizar la labor de abonador para lo que fue contratado. Por estos razonamientos y visto, además lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil y 4°, 7°, 439 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: Que se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta en lo principal de fojas 4, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar el demandante. Anótese. Pronunciada por la señora Albina Rivas Reyes, Juez Subrogante. Rol N° 700-2002.

el coloso labor que correspondía al operario del tractor, que la descarga de éste debía ser realizada por el tractorista y no por el abonador, cuando el carro está detenido. NOVENO: Que el demandante, asimismo rindió prueba testimonial con los dichos de don Bernardo Antonio Tapia Astete, quién expresa que vio al actor que no tenía ningún medio de protección, que no sabe quién le dio la orden para desenganchar el coloso, pero pudo ser el patrón o el encargado quien le dio la orden, que no conoce al empleador del accidentado, que Ramón fue llevado en ambulancia al hospital, ya que el coloso como estaba desenganchado se fue hacia delante y empujó a Ramón, que ahí apoyó el brazo hidráulico en el pecho, fue sacado por el tractorista y ahí Ramón cayó; y los dichos de don Patricio Osvaldo García Vilches, quien asevera, que vio el accidente como a las 9,30 de la mañana, que el coloso estaba en desnivel y apretó a Ramón contra el tractor quien no portaba ningún medio de protección o de seguridad para evitar el accidente, que la orden de desenganchar el coloso seguramente la dio el jefe; que no conoce al empleador y éste no estaba en el lugar del accidente. DÉCIMO: Que del análisis de las probanzas rendidas precedentemente, ponderadas conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditado que el demandante, fue contratado por la demandada a partir del 10 de diciembre de 2001, como abonador, incluso el contrato de trabajo acompañado por el actor, “contrato de trabajo para faenas determinadas”, pero no logró acreditar con la prueba rendida en autos en forma alguna que haya tenido la obligación de desempeñar otras labores o de tractorista o desempeñar un trabajo distinto para el cual fue contratado o que el demandado lo hubiere autorizado para manipular el tractor en cuyo caso, el empleador habría tenido consecuencialmente que proporcionarle la implementación de seguridad que se requiere, medios de seguridad que no eran necesarios para realizar la labor de abonador para lo que fue contratado. Por estos razonamientos y visto, además lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil y 4°, 7°, 439 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: Que se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta en lo principal de fojas 4, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar el demandante. Anótese. Pronunciada por la señora Albina Rivas Reyes, Juez Subrogante. Rol N° 700-2002.

II. CORTE DE APELACIONES

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Talca, quince de septiembre de dos mil tres. VISTO: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su motivo décimo que se elimina. Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS TAMBIÉN PRESENTE: PRIMERO: Que, en la especie, aun cuando la redacción de la demanda adolece de falta de rigurosidad jurídica, lo que se pretende es que el tribunal declare la responsabilidad contractual del demandado en el accidente de trabajo sufrido por el actor, y condene a Carlos Pozo Gesswein al pago de una indemnización de perjuicios que cubra tanto el lucro cesante como el daño moral sosteniendo que la responsabilidad del demandado emana de la infracción al artículo 184 del Código del Trabajo. SEGUNDO: Que en todo contrato de trabajo se distinguen tres contenidos: el jurídico instrumental, el patrimonial y el ético jurídico, siendo dentro de este último donde se ubica la protección que debe todo empleador a sus trabajadores, lo que tiene sustento legal en el artículo 184 del Código del Trabajo al señalar en forma imperativa: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. En la causa el actor reclama que su empleador no tomó las medidas necesarias para protegerle, del momento que no controló la descarga de abonos ni le otorgó elementos de protección para dicha labor, ni los elementos necesarios para prevenir el accidente que sufrió al desenganchar el coloso. TERCERO: Que en autos se encuentra acreditado, además, por la confesión extrajudicial del propio demandado contenida en la declaración individual de accidente del trabajo, que se lee a fojas 2 que las circunstancias del accidente fueron: “Desenganchando un coloso cargado con abonos, del tractor, soltó

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el enganche creyendo que el coloso estaba equilibrado, lo que no fue así ya que el coloso se corrió hacia delante aprisionándolo contra el tractor”; se encuentra establecido, también, que el accidente ocurrió dentro de la jornada de trabajo y cumpliendo faenas propias del giro productivo del empleador. CUARTO: Que la circunstancia que en el contrato de trabajo rolado a fojas 3, se indique que la función del trabajador es la de “abonadura de maíz”, no excluye per se la acción que ejecutó el actor, ya que en el contrato no se define en qué consiste la acción de “abonadura”, nada se dice dónde ella empieza ni dónde termina, pudiendo incluir tareas como cargar los sacos de abono, descargarlos, apilarlos, guardar los sacos desocupados, etc., a más que como contrapartida del deber de protección, el contenido ético jurídico considera, por parte del trabajador, el deber de colaboración. Es un hecho de la causa que otro condujo el tractor que arrastraba el coloso, que a su vez el actor no contaba con elementos de protección que al desenganchar el coloso éste se fue para adelante aprisionándolo y que el conductor del tractor sacó al accidentado, es decir, el actor desempeñando una tarea dentro de la jornada de trabajo, sufrió un accidente del trabajo, con los resultados que se señalan en el certificado de fojas 1, sin constar con las medidas de seguridad que dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, las que se entienden incorporadas al contrato de trabajo. QUINTO: Que, la circunstancia que se alegue que el actor estaba contratado sólo para la abonadura, no exime tampoco al empleador de su obligación de tomar todas las medidas de seguridad que la actividad productiva que desarrolla exija, toda vez que del propio mérito de la causa fluye que el abono era la carga del coloso, que era arrastrado por un tractor y que en el sector a abonar debió ser descargado. Por ende, aun cuando aceptase que la labor del trabajador era, sólo, la de abonar, aplicando la experiencia, que es propia de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, el empleador debió prever la posibilidad de accidentes, tomando medidas de seguridad al respecto, ya que es cosa sabida, que en los campos son recurrentes los accidentes en que se ven involucrados tractores y colosos, ya sea por la inexperiencia de los choferes, la topografía de los caminos y senderos u otras circunstancias. SEXTO: Que, conforme a lo razonado, aplicando el artículo 184 del Código en comento, él estaba obligado, a proporcionar a sus trabajadores elementos de seguridad, tales como cascos; pero también aplicando la experiencia, en el caso sub lite, es de todo previsible que la carga, descarga y abonadura, propiamente tal, requiere de protección para la cintura y columna de los trabajadores que realizan dicha tarea, lo que de haber ocurrido, necesariamente, habría reducido el daño. Pero, aún más, el artículo 184 del Código ya citado, le impone al empleador la obligación de mantener las condiciones adecuadas de seguridad en las faenas y de proporcionar “implementos necesarios”, lo que implícitamente comprende, la indispensable obligación de capacitación, debiendo relacionar, adecuadamente, el artículo mencionado, con la disposición 179 del mismo compendio legal, en cuanto la empresa es responsable de la capacitación ocupacional de sus trabajadores con el fin de permitirles mejores “condiciones de vida”. En la causa ha quedado demostrado que el coloso al desengancharse se deslizó, lo que significa que el conductor del tractor, empleado del demandado, no tomó las medidas necesarias para que ello no ocurriera, demostrando falta de pericia, pero además, falta la capacitación laboral lo que motivó el accidente, siendo sus consecuencias, entonces producto de la carencia de elementos de seguridad; todo tanto lo primero como lo último es de responsabilidad del empleador, de índole contractual, ya que la obligación nace del contrato, por remisión de la ley. SÉPTIMO: Que del mérito de autos se acredita que el actor estuvo hospitalizado, desde el 12 al 19 de diciembre del año 2001 con diagnóstico de politraumatismo, contusión toracoabdominal ¿complicada?, fracturas costales derecha, hemotórax derecho, practicándosele una pleurotomía mínima, lo que se declaró como accidente del trabajo, el 20 de diciembre de ese año. El demandante argumenta que fue despedido al volver a su trabajo el 13 de marzo de 2002, es decir, manifiesta que estuvo sin realizar su trabajo por un lapso de tres meses, aproximadamente, sin embargo no se ha establecido en autos si durante ese tiempo recibió subsidio por accidente del trabajo, si continuó percibiendo remuneraciones por parte del empleador, o si no percibía remuneraciones. Con todo, el documento de fojas 2, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, constituye una presunción suficiente de que el actor estuvo bajo el amparo de la ley sobre accidente del trabajo, por lo que no resulta procedente acoger la demanda en cuanto al lucro cesante pretendido.

el enganche creyendo que el coloso estaba equilibrado, lo que no fue así ya que el coloso se corrió hacia delante aprisionándolo contra el tractor”; se encuentra establecido, también, que el accidente ocurrió dentro de la jornada de trabajo y cumpliendo faenas propias del giro productivo del empleador. CUARTO: Que la circunstancia que en el contrato de trabajo rolado a fojas 3, se indique que la función del trabajador es la de “abonadura de maíz”, no excluye per se la acción que ejecutó el actor, ya que en el contrato no se define en qué consiste la acción de “abonadura”, nada se dice dónde ella empieza ni dónde termina, pudiendo incluir tareas como cargar los sacos de abono, descargarlos, apilarlos, guardar los sacos desocupados, etc., a más que como contrapartida del deber de protección, el contenido ético jurídico considera, por parte del trabajador, el deber de colaboración. Es un hecho de la causa que otro condujo el tractor que arrastraba el coloso, que a su vez el actor no contaba con elementos de protección que al desenganchar el coloso éste se fue para adelante aprisionándolo y que el conductor del tractor sacó al accidentado, es decir, el actor desempeñando una tarea dentro de la jornada de trabajo, sufrió un accidente del trabajo, con los resultados que se señalan en el certificado de fojas 1, sin constar con las medidas de seguridad que dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, las que se entienden incorporadas al contrato de trabajo. QUINTO: Que, la circunstancia que se alegue que el actor estaba contratado sólo para la abonadura, no exime tampoco al empleador de su obligación de tomar todas las medidas de seguridad que la actividad productiva que desarrolla exija, toda vez que del propio mérito de la causa fluye que el abono era la carga del coloso, que era arrastrado por un tractor y que en el sector a abonar debió ser descargado. Por ende, aun cuando aceptase que la labor del trabajador era, sólo, la de abonar, aplicando la experiencia, que es propia de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, el empleador debió prever la posibilidad de accidentes, tomando medidas de seguridad al respecto, ya que es cosa sabida, que en los campos son recurrentes los accidentes en que se ven involucrados tractores y colosos, ya sea por la inexperiencia de los choferes, la topografía de los caminos y senderos u otras circunstancias. SEXTO: Que, conforme a lo razonado, aplicando el artículo 184 del Código en comento, él estaba obligado, a proporcionar a sus trabajadores elementos de seguridad, tales como cascos; pero también aplicando la experiencia, en el caso sub lite, es de todo previsible que la carga, descarga y abonadura, propiamente tal, requiere de protección para la cintura y columna de los trabajadores que realizan dicha tarea, lo que de haber ocurrido, necesariamente, habría reducido el daño. Pero, aún más, el artículo 184 del Código ya citado, le impone al empleador la obligación de mantener las condiciones adecuadas de seguridad en las faenas y de proporcionar “implementos necesarios”, lo que implícitamente comprende, la indispensable obligación de capacitación, debiendo relacionar, adecuadamente, el artículo mencionado, con la disposición 179 del mismo compendio legal, en cuanto la empresa es responsable de la capacitación ocupacional de sus trabajadores con el fin de permitirles mejores “condiciones de vida”. En la causa ha quedado demostrado que el coloso al desengancharse se deslizó, lo que significa que el conductor del tractor, empleado del demandado, no tomó las medidas necesarias para que ello no ocurriera, demostrando falta de pericia, pero además, falta la capacitación laboral lo que motivó el accidente, siendo sus consecuencias, entonces producto de la carencia de elementos de seguridad; todo tanto lo primero como lo último es de responsabilidad del empleador, de índole contractual, ya que la obligación nace del contrato, por remisión de la ley. SÉPTIMO: Que del mérito de autos se acredita que el actor estuvo hospitalizado, desde el 12 al 19 de diciembre del año 2001 con diagnóstico de politraumatismo, contusión toracoabdominal ¿complicada?, fracturas costales derecha, hemotórax derecho, practicándosele una pleurotomía mínima, lo que se declaró como accidente del trabajo, el 20 de diciembre de ese año. El demandante argumenta que fue despedido al volver a su trabajo el 13 de marzo de 2002, es decir, manifiesta que estuvo sin realizar su trabajo por un lapso de tres meses, aproximadamente, sin embargo no se ha establecido en autos si durante ese tiempo recibió subsidio por accidente del trabajo, si continuó percibiendo remuneraciones por parte del empleador, o si no percibía remuneraciones. Con todo, el documento de fojas 2, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, constituye una presunción suficiente de que el actor estuvo bajo el amparo de la ley sobre accidente del trabajo, por lo que no resulta procedente acoger la demanda en cuanto al lucro cesante pretendido. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON RESULTADO DE LESIONES LEVES

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RETIRO

TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

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TRATADO DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil tres. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que a fojas 84 vuelta se lee certificado en que consta que estos autos ingresaron a la Secretaría de esta Corte el veintitrés de octubre del año en curso. Que el recurrente de casación, según aparece del certificado de fojas 85 no compareció a esta Corte para continuar con la tramitación del recurso. Que, en tales circunstancias, y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 779, 200 y 201 del Código de Procedimiento Civil, deberá declararse desierto el expresado recurso. Por lo anteriormente señalado y de acuerdo a las normas legales citadas, se declara desierto el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 71, contra la sentencia de quince de septiembre de dos mil tres, que se lee a fojas 68. Regístrese y devuélvase. Rol N° 4.560-03. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores, Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V. y Orlando Álvarez H. y el Abogado Integrante señor Juan Infante P. Santiago, 18 de noviembre de 2003.

OCTAVO: Que, en cambio, como del contrato celebrado entre el actor y el demandado nació la obligación para este último, de proporcionar las medidas de protección a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo, al no hacerlo como ha quedado demostrado, infringió dicho artículo y, consecuencialmente, el contrato, naciendo para él la obligación de indemnizar, toda vez que de dicho incumplimiento se derivó un perjuicio para el trabajador lo que quedó, suficientemente acreditado en la causa. NOVENO: Que como lo ha definido la mayoría de los tratadistas el daño es de toda lesión, disminución o menoscabo sufrido por un bien o interés jurídico y el daño moral es una lesión en los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, que es de naturaleza extrapatrimonial y que produce agravio, dolor, en este caso, en el derecho a la seguridad e integridad individual, que el contrato le aseguraba al imponer al empleador las condiciones de protección que señala el artículo 184 del Código del Trabajo. Con lo razonado, disposiciones legales citadas y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 471, 472, y 473 del Código del Trabajo, se revoca la sentencia apelada de quince de abril del presente año, que se lee de fojas 54 a 56 vuelta en cuanto rechazó en todas sus partes la demanda de fojas 4 y, en su lugar se declara que se le acoge con relación a la indemnización del daño moral quedando obligado, en consecuencia, Carlos Pozo Gesswein a pagar a Ramón Ernesto González González la suma de un millón de pesos, por concepto de indemnización del daño moral sufrido por éste en el accidente del trabajo ocurrido el 12 de diciembre de 2001, derivado del incumplimiento de las normas de protección contenidas en el contrato de trabajo por remisión del artículo 184 del Código del Trabajo, sin costas por estimar que hubo motivo plausible para litigar. La cantidad antes indicada deberá ser reajustada conforme a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, a contar de la fecha de la notificación de la demanda y hasta su entero y cumplido pago. Se previene que el presidente señor Biel, fue de opinión de fijar en quinientos mil pesos la antedicha indemnización y hacer aplicable el reajuste sólo a partir del cúmplase de esta sentencia. Redacción del Presidente de la Segunda Sala, Ministro señor Rodrigo Biel Melgarejo. Regístrese y devuélvase. Rol N° 1.926. Pronunciado por el Presidente de la Segunda Sala señor Rodrigo Biel Melgarejo, Fiscal señor Gabriel Poblete Poblete y Abogado Integrante señor Jenaro Bobadilla Briones. No firma el señor Poblete P. por encontrarse con permiso.

III. CORTE SUPREMA

III. CORTE SUPREMA

OCTAVO: Que, en cambio, como del contrato celebrado entre el actor y el demandado nació la obligación para este último, de proporcionar las medidas de protección a que se refiere el artículo 184 del Código del Trabajo, al no hacerlo como ha quedado demostrado, infringió dicho artículo y, consecuencialmente, el contrato, naciendo para él la obligación de indemnizar, toda vez que de dicho incumplimiento se derivó un perjuicio para el trabajador lo que quedó, suficientemente acreditado en la causa. NOVENO: Que como lo ha definido la mayoría de los tratadistas el daño es de toda lesión, disminución o menoscabo sufrido por un bien o interés jurídico y el daño moral es una lesión en los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto, que es de naturaleza extrapatrimonial y que produce agravio, dolor, en este caso, en el derecho a la seguridad e integridad individual, que el contrato le aseguraba al imponer al empleador las condiciones de protección que señala el artículo 184 del Código del Trabajo. Con lo razonado, disposiciones legales citadas y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 471, 472, y 473 del Código del Trabajo, se revoca la sentencia apelada de quince de abril del presente año, que se lee de fojas 54 a 56 vuelta en cuanto rechazó en todas sus partes la demanda de fojas 4 y, en su lugar se declara que se le acoge con relación a la indemnización del daño moral quedando obligado, en consecuencia, Carlos Pozo Gesswein a pagar a Ramón Ernesto González González la suma de un millón de pesos, por concepto de indemnización del daño moral sufrido por éste en el accidente del trabajo ocurrido el 12 de diciembre de 2001, derivado del incumplimiento de las normas de protección contenidas en el contrato de trabajo por remisión del artículo 184 del Código del Trabajo, sin costas por estimar que hubo motivo plausible para litigar. La cantidad antes indicada deberá ser reajustada conforme a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, a contar de la fecha de la notificación de la demanda y hasta su entero y cumplido pago. Se previene que el presidente señor Biel, fue de opinión de fijar en quinientos mil pesos la antedicha indemnización y hacer aplicable el reajuste sólo a partir del cúmplase de esta sentencia. Redacción del Presidente de la Segunda Sala, Ministro señor Rodrigo Biel Melgarejo. Regístrese y devuélvase. Rol N° 1.926. Pronunciado por el Presidente de la Segunda Sala señor Rodrigo Biel Melgarejo, Fiscal señor Gabriel Poblete Poblete y Abogado Integrante señor Jenaro Bobadilla Briones. No firma el señor Poblete P. por encontrarse con permiso.

Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil tres. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que a fojas 84 vuelta se lee certificado en que consta que estos autos ingresaron a la Secretaría de esta Corte el veintitrés de octubre del año en curso. Que el recurrente de casación, según aparece del certificado de fojas 85 no compareció a esta Corte para continuar con la tramitación del recurso. Que, en tales circunstancias, y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 779, 200 y 201 del Código de Procedimiento Civil, deberá declararse desierto el expresado recurso. Por lo anteriormente señalado y de acuerdo a las normas legales citadas, se declara desierto el recurso de casación en el fondo deducido a fojas 71, contra la sentencia de quince de septiembre de dos mil tres, que se lee a fojas 68. Regístrese y devuélvase. Rol N° 4.560-03. Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores, Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V. y Orlando Álvarez H. y el Abogado Integrante señor Juan Infante P. Santiago, 18 de noviembre de 2003.

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